En el submundo de las personas curiosas, las siglas OCW, si no son familiares ya, lo serán pronto. OCW significa OpenCourseWare, que es la expresión que han inventado las grandes universidades del mundo para democratizar sus materiales académicos.
En las universidades se hacen cursos. En esos cursos, un profesor recomienda o exige a los alumnos leer o visualizar determinados materiales (libros, artículos, películas, registros sonoros) y después les califica, de diversa manera, cuando, a través del aprovechamiento de esos conocimientos, los alumnos pasan un examen, redactan un ensayo, etc.
Todo esto, hasta ahora, pasaba dentro de un espacio cerrado llamado aula. Pero la filosofía de la OCW es otra. La filosofía es: ¿por qué no dejar abierta la puerta y que entre cualquiera?
Entendámonos. OCW no significa universidad abierta con campus virtual, al estilo de la Universitat Oberta de Cataluña. Instituciones como la UOC son universidades con sus matrículas, sus títulos y sus historias. Un OCW es un lugar donde hay estudiantes que siguen un curso y otros que no. Simplemente, leen. Como declara una de las primeras universidades que han hecho un espacio propio en internet para su OCW, la universidad católica de Notre Dame en Indiana, EEUU, el servicio ha sido diseñado tanto para estudiantes universitarios como para autodidactos que, simplemente, estén buscando ampliar conocimientos sobre un tema. Eso sí, conocer el curso también supone trabar conocimiento sobre el profesor que lo ha diseñado y, de alguna manera, poder contactar con él o con ella.
Por lo que he podido ver en la red, el mayor proveedor actual de OCW probablemente sea el Massachussetts Institute of Technology; el cual, además, y gracias al portal Universia, cuenta con información replicada en español. Esto quiere decir que sí, que, efectivamente, esto ha empezado más por las ciencias que por las letras; lo cual os lo cuento porque, de los que me escribís privadamente (por cierto, gracias, que de momento nadie me ha escrito para malquistarme sino para todo lo contrario), soléis informarme, casi inmediatamente, de que sois de ciencias.
La lista de cursos del MIT es, en efecto, bastante grandecita. Sobre todo si leéis el inglés, porque las que tienen versión en español son sólo una pequeñísima parte. Algunos de estos cursos, por cierto, tienen grupos de discusión.
Por lo que sé de esta historia, no es sino la punta de iceberg. La mayoría de las grandes universidades americanas están preparando sus ofertas de OCW.
¿Universidades españolas con oferta de OCW? La respuesta es, exactamente, la que estais imaginando.
Historias de España
sábado, febrero 17, 2007
miércoles, febrero 14, 2007
De alamedas y recuerdos
A pesar de la otitis y de la mala leche que me pone, debo partir de viaje. Estaré fuera un par de días en los que descansareis de mí. Pero antes quería dejaros algo, algo rescatado del baúl de los recuerdos.
Latinoamérica y España. Yo creo que por muy europeos que nos queramos sentir los españoles, y por mucho que lo seamos, un español que no sienta un vínculo especial hacia los países hispanoparlantes de América es, por fuerza, un español que desconoce su Historia, su cultura y su esencia. Españoles y americanos compartimos una Historia, no siempre fácil ni amigable, y un idioma. Mucho más de lo que tienen pueblos que se sienten hermanados.
Quizá por eso, las cosas de allá las sentimos, no pocas veces, de una forma especial. Si se trata de otro lugar, necesitamos que el suceso, para llegarnos, tenga íntima relación con nosotros, con nuestras ideas o nuestras querencias. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica casi cualquier cosa que ocurra nos importa.
Yo crecí en un rincón de España, La Coruña, Galicia, en el que medio país o estaba allí o había vuelto de allí. A mi alrededor había cafeterías que se llamaban Montevideo, o Buenos Aires; y los mejores amigos de mis padres, gallegos hasta la cepa, hablaban con un marcado acento caraqueño. Entonces, las noticias que nos llegaban, a través de la televisión (la única; he descubierto que contarle a los jovenzanos españoles que hubo un tiempo en el que sólo había dos canales de televisión les sorprende sobremanera), las tomábamos como algo casi local, porque siempre cualquier problema, cualquier movida, afectaba a alguien que era conocido de alguien o pariente de alguien a quien, asimismo, nosotros conocíamos. En Galicia aún se puede hoy asistir a fiestas (yo os recomiendo, sobre todo si sois larpeiros y por lo tanto de buen comer, la festa do carneiro ó espeto, en Moraña, Pontevedra) donde sobre las amplias tradiciones milenarias cabalgan los usos que los emigrantes trajeron de sus tierras de adopción.
Es por todo esto que tengo un recuerdo muy angustiado del golpe de Estado del 73 en Chile. Me acuerdo de una misa, sábado por la tarde, en la parroquia de las Esclavas de María, al final de la playa de Riazor. Fue la misa del sábado posterior al golpe y la dictó un sacerdote a quien llamábamos El Chileno porque había pasado muchos años allí y conservaba el acento. Aquel cura era un rollo impresionante en las homilías; cada vez que, entrando en la iglesia con mis padres, veía yo que le tocaba a él, bufaba. Es la única vez que recuerdo que no dijo homilía alguna. Su voz, por otra parte, lo decía todo en cada oración. Y, a la salida, como he dicho, todo eran dimes y diretes, tú qué sabes de tus primos, Aurelio ya llamó y está bien, que no, mujer, en Buenos Aires no ha pasado nada de nada...
Así pues, voy a tener un atrevimiento, y pido disculpas por adelantado. Hoy voy a escribir sobre un asunto que no está en mi cultura ni en mi experiencia vital. Esto no se debe hacer. Pero, qué narices, es mi blog, así pues es la Historia, pero también mis historias.
En todo caso, vierto aquí unas cuantas lecturas para contaros lo que sé, a día de hoy, de lo que ocurrió aquel día de septiembre de 1973.
Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas hicieron los deberes. Amparándose en el derecho que la legislación les otorgaba de comprobar la existencia de armas en manos de civiles no autorizados para ello, diversas patrullas militares visitaron buena parte de las emisoras de radio del país. Muchos de los trabajadores de dichas emisoras se sintieron felices al comprobar que los milicos no encontraban armas; pero en realidad, los militares no habían ido para eso. Habían ido a sabotear las emisoras. A silenciar a Allende.
A lo largo de la madrugada han llegado a Santiago noticias de extraños movimientos de tropas en las zonas de San Felipe y los Andes, amén del acuartelamiento de la guarnición del propio Santiago, de la que el ministro de Defensa no sabía nada. En la calle Tomás Moro, situada en el barrio alto de Santiago, residencia de Salvador Allende, se encontraban ya, muy de madrugada, el propio Allende y sus ministros de Interior (Carlos Briones) y de Defensa (Orlando Letelier). Amén de varias decenas de miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), la única fuerza armada que, al fin y a la postre, lo defenderá.
Pero el primer problema surgirá en Valparaíso. En dicha población costera se encuentra gran parte de la flota chilena, convocada allí para unas maniobras conjuntas con la armada de Estados Unidos, la Operación Unitas. Los marinos ya le habían plantado cara a Allende, al que habían exigido la cabeza del comandante en jefe, almirante Raúl Montero, a favor del vicealmirante José Toribio Merino. Tal vez Allende interpretó el gesto de la flota de partir, en la tarde del día 10, hacia alta mar, como un signo de que la sangre no iba a llegar al río. Si fue así, se equivocó, porque aquel movimiento significaba exactamente lo contrario.
Porque la flota vuelve popas a las 5.30 horas del día 10. En todos los barcos, los altavoces anuncian a la marinería que retornan a Valparaíso para unirse a una insurrección militar cuyo objetivo es derrocar a Allende. La noticia llega a Tomás Moro aproximadamente una hora después, y genera una auténtica histeria. Allende se pone en contacto con José María Sepúlveda, Director General de Carabineros. En el Chile de 1973, como en la España de 1936 la Guardia Civil, los carabineros son cruciales, con sus 25.000 efectivos armados. Sepúlveda asevera su lealtad al presidente, pero lo que no sabe es que los conspiradores han contado con ello; para entonces, quien realmente manda en lo carabineros es el general César Mendoza, mucho menos proclive a la legalidad que él.
Augusto Olivares, amigo íntimo de Allende y director de la televisión nacional, que está con él y le hace de secretario, trata, infructuosamente, de contactar con los generales en jefe de los tres ejércitos: con Augusto Pinochet (Tierra) y Gustavo Leigh (Aire), no lo conseguirá porque ya no están, ni van a ir, a sus despachos del ministerio de Defensa. Con el almirante Montero (Mar), porque los conspiradores le han cortado todos los teléfonos; como han hecho también con el general Brady, responsable de la guarnición de Santiago.
Orlando Letelier llama al ministerio del que es titular, donde le atiende el vicealmirante Patricio Carvajal. Con total tranquilidad, éste le dice que no pasa nada y le anima a ir al ministerio a comprobarlo. Letelier cae en la trampa: nada más pisar el ministerio, será detenido.
Allende divide a sus GAP en tres grupos: el primero, de 23 hombres armados, le seguirá al palacio de la Moneda. El segundo se queda en Tomás Moro, acopiando armamento pesado, e irá más tarde (aunque, como veremos, éste será uno de los primeros reveses que recibirá el presidente). El tercero se queda defendiendo la casa del presidente, donde está su mujer, Hortensia Bussi de Allende. El presidente sale de su domicilio armado con la metralleta con la que quedará retratado para el mundo; un regalo de Fidel Castro con la inscripción A mi compañero de armas, Salvador.
La Moneda está ya, para entonces, reforzada con 300 carabineros con tanquetas. Sin embargo, a tan temprana hora la cosa ya no está clara en este cuerpo. El general Parada, prefecto de Santiago, no se define.
A las siete y media, las radios emiten la proclama de la Junta Militar, formada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, director general de carabineros. La proclama intitula a la Junta como salvadora de Chile frente al «yugo marxista» y trata de evitar los movimientos revolucionarios aseverando a los trabajadores que sus logros económicos y sociales serán respetados «en lo fundamental», sin más explicaciones.
A pesar de la exitosa labor de sabotaje de las estaciones de radio, dos de ellas adictas a Allende, Radio Corporación y Radio Magallanes, aún funcionan a esa hora. Ambas conectan sus estaciones para operar como una sola. En ese momento, el general Gustavo Leigh lanza un mensaje al ministerio de Defensa: si no hay rendición, a las once de la mañana bombardeará la Moneda.
Según algunos testimonios, bastante lógicos por otra parte, la noticia de la proclama altera notablemente al presidente Allende. Pero será inmediatamente después, más o menos a las nueve y veinte de la mañana, cuando reciba la noticia que, a la postre, será un rejón de muerte para su resistencia: los dimes y diretes, las vacilaciones, las dudas de los carabineros han cesado: los trescientos hombres que protegen el palacio presidencial deciden retirarse. Inmediatamente después, comienzan las negociaciones, desde el ministerio de Defensa, para que Allende se rinda. Su respuesta es: «me defenderé hasta el final, y el último tiro de esta metralleta me lo pegaré aquí», señalándose el paladar.
No obstante esta declaración tan categórica, Allende llamó (por gentes interpuestas) a los miembros de la Junta, asegurando que deseaba parlamentar con ellos en la Moneda. Los militares respondieron con la negativa e instándole a rendirse. En Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que están sublevadas desde antes, un bando anima a la población a colocar banderas de Chile en los balcones si está de acuerdo con el movimiento; las ciudades, obviamente, se llenan de banderas.
A las 10 en punto comienzan las hostilidades en Santiago. Rápidamente, el centro de la ciudad se convierte en una ensalada de tiros.
Poco después, Allende logrará transmitir su último discurso a través de radio Magallanes. El discurso en el que pronunció ese famoso «sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
No faltan quienes intentan convencer a Allende de que se rinda y haga uso de la oferta de la Junta Militar (sobre cuya sinceridad nunca podremos estar seguros) de ofrecerle una salida del país. José Tohá, ex ministro amigo de Allende; y Carlos Briones, titular de Interior, lo intentaron inútilmente. En realidad, no cabe duda, por los testimonios, de que la decisión de Allende era firme. Pero también conviene tener en cuenta otros factores. Cuando menos a esa hora, es posible que Allende confiase en algunos elementos contrarios al golpe. Por ejemplo: dado que estaba aislado, no podía saber con certeza si se había producido algún levantamiento popular, en un país en el que se hablaba (y es que una cosa es lo que se habla y otra la verdad de las cosas) de 15.000 militantes de la Unidad Popular armados y dispuestos a luchar. También podía pensar que aquel golpe era algo así como el Tancazo de 29 de junio de aquel mismo año, que había sido finalmente sofocado. Otros testimonios indican que el presidente tampoco creyó demasiado en la amenaza de Leigh, pues consideraba que la aviación no sería capaz de bombardear la Moneda sin causar serios daños a otros edificios de la zona.
De hecho, las burlas de Allende fueron, en parte, su condena. Tras el Tancazo, Allende no había ocultado los comentarios sardónicos hacia los tanques que había utilizado, sin éxito, el coronel Souper para tomar la Moneda. En el golpe de septiembre, los tanques que rodearon la moneda fueron tanques Sherman, mucho más potentes y versátiles que los que había utilizado Souper. Los había hecho poner a punto el general Pinochet.
A eso de las 10,30, Allende recibe un nuevo revés. El grupo de GAP que llega de Tomás Moro con el armamento pesado, crucial para poder responder al ejército en igualdad de condiciones, es recibido con ráfagas de metralleta de los carabineros en la entrada al palacio de la calle Morandé. El presidente pierde ahí a unos hombres y unas armas que le son vitales. Y un revés más: la guardia de palacio se va, con el resto de los carabineros.
Cuando, al filo de las once de la mañana, surquen el cielo santiaguino los aviones Hawker Hunter que unos minutos antes han partido de Concepción, a unos 400 kilómetros de la capital, Allende tiene a su lado a unas cuarenta personas. Quedan con él los ministros Briones, Jaime Tohá (Agricultura) y Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores); el subsecretario de Interior, Daniel Vergara, y el ex ministro José Tohá; Osvaldo Puccio, secretario del presidente, Fernando Flores, Secretario General del Gobierno, Augusto Olivares, director de la televisión nacional, y otros altos funcionarios.
Allende llama al ministerio de defensa a las 10,45 horas. Solicita diez minutos para que salgan las mujeres. El general Baeza, que fue quien atendió esa llamada y concedió la breve tregua para la salida de las seis féminas, declararía que, en esa conversación, el tono de voz del presidente había cambiado radicalmente; su voz había perdido todo rastro de agresividad, de donde cabe estimar que, probablemente, fue en la cercanía del bombardeo aéreo cuando Allende acató su destino.
El ataque aéreo se aplaza a las 11.30 horas. Por la puerta de Morandé salen mujeres y también hombres, entre ellos dos hijas de Allende, una de ellas embarazada. Sin embargo, hay una mujer que se ha quedado en la Moneda: Miriam Contreras Bell, más conocida como La Payita, secretaria privada de Allende, que no le abandonará.
A las 11.52, los aviones realizan la primera pasada sobre la Moneda, acción que repetirán siete veces más en los siguientes veinte minutos. Allende y los suyos han resistido el bombardeo en el sótano del jardín de invierno, pero ahora suben de nuevo al segundo piso, para rechazar el ataque de la infantería y la artillería. Según algunos testimonios, en ese momento Allende todavía tiene esperanzas. Cree que tres de sus ministros (Briones, Almeyda y Tohá) han salido en el grupo de liberados antes del ataque, y espera que puedan parlamentar. Sin embargo, todavía están en la Moneda. Se han refugiado en el sótano de la Cancillería, y allí encuentran, milagrosamente, un teléfono que funciona. Llegan a hablar con el ayudante de Pinochet, quien promete enviarles un vehículo para recogerlos, aunque minutos después se echará atrás, aduciendo el fuerte tiroteo. La penúltima (eso sí, más que probablemente inútil) tentativa de negociación ha quedado rota. Al parecer, las condiciones sobre las que pretendía negociar Allende eran: alto el fuego inmediato, garantías de que las poblaciones obreras no serían bombardeadas, inclusión de común acuerdo de un civil en la Junta golpista, e inicio de las negociaciones entre las partes; a cambio de lo cual Allende estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Si es cierto que esta oferta existió o pudo existir, no lo es menos que, frente a él, lo que tenía el presidente era un enemigo dispuesto al exterminio.
A las 12.30, los aviones bombardean la residencia privada de Allende.
Pasada esa hora, el general Javier Palacios, director de Instrucción del ejército, comienza la operación propiamente dicha de toma de la Moneda y apresamiento del presidente Allende.
A eso de la una y pico de la tarde, la Moneda se llena de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros. Allende, entonces, decide enviar a parlamentar a tres personas: Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio. Sin embargo, en el ministerio de Defensa el vicealmirante Carvajal recibe la oferta de los emisarios con una negativa rotunda. Esa noticia provoca en Allende la convicción de que ha de rendirse. Augusto Olivares, que es quien ha comunicado con el ministerio para obtener la negativa, baja al primer piso tras comunicárselo a Allende, y se mete en un baño en el que, tras orinar y hacer unos chistes con el doctor Óscar Soto, se pega un tiro. Es más que probable, ya lo hemos leído, que la intención de Allende fuese, desde muy en la mañana, no rendirse personalmente en caso alguno. Pero lo que es, también, evidente, es que si algún resquicio de duda le pudiera quedar, el suicidio de su amigo y colaborador lo embocó definitivamente hacia su propia muerte autoinfligida.
Cuando el general Palacios entra en la Moneda, aún bajo una lluvia de balas, un delantal blanco de médico ondea ya en una ventana del palacio, en señal de rendición. Una vez dentro, Palacios ordena al doctor Soto que suba al segundo piso a comunicar a Allende que tiene diez minutos para rendirse. Allende le contesta:
‑Bajen, bajen todos. Yo bajaré el último.
Pasan los diez minutos y en el segundo piso no dejan de disparar. A todas luces, los GAP aún supervivientes han decidido compartir el destino de su jefe. En el segundo piso del palacio hay una larga galería, la galería de los presidentes, donde están los bustos de todos los dirigentes de la nación. En ese pasillo se luchará puerta a puerta. Cuando llegan al salón O’Higgins, está en llamas; el sable del héroe de la independencia chilena se salva de milagro.
En el salón de la Independencia encontrarán a Allende, sentado, con la cabeza levemente ladeada. Un hombre muerto. Un mito que nace.
Latinoamérica y España. Yo creo que por muy europeos que nos queramos sentir los españoles, y por mucho que lo seamos, un español que no sienta un vínculo especial hacia los países hispanoparlantes de América es, por fuerza, un español que desconoce su Historia, su cultura y su esencia. Españoles y americanos compartimos una Historia, no siempre fácil ni amigable, y un idioma. Mucho más de lo que tienen pueblos que se sienten hermanados.
Quizá por eso, las cosas de allá las sentimos, no pocas veces, de una forma especial. Si se trata de otro lugar, necesitamos que el suceso, para llegarnos, tenga íntima relación con nosotros, con nuestras ideas o nuestras querencias. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica casi cualquier cosa que ocurra nos importa.
Yo crecí en un rincón de España, La Coruña, Galicia, en el que medio país o estaba allí o había vuelto de allí. A mi alrededor había cafeterías que se llamaban Montevideo, o Buenos Aires; y los mejores amigos de mis padres, gallegos hasta la cepa, hablaban con un marcado acento caraqueño. Entonces, las noticias que nos llegaban, a través de la televisión (la única; he descubierto que contarle a los jovenzanos españoles que hubo un tiempo en el que sólo había dos canales de televisión les sorprende sobremanera), las tomábamos como algo casi local, porque siempre cualquier problema, cualquier movida, afectaba a alguien que era conocido de alguien o pariente de alguien a quien, asimismo, nosotros conocíamos. En Galicia aún se puede hoy asistir a fiestas (yo os recomiendo, sobre todo si sois larpeiros y por lo tanto de buen comer, la festa do carneiro ó espeto, en Moraña, Pontevedra) donde sobre las amplias tradiciones milenarias cabalgan los usos que los emigrantes trajeron de sus tierras de adopción.
Es por todo esto que tengo un recuerdo muy angustiado del golpe de Estado del 73 en Chile. Me acuerdo de una misa, sábado por la tarde, en la parroquia de las Esclavas de María, al final de la playa de Riazor. Fue la misa del sábado posterior al golpe y la dictó un sacerdote a quien llamábamos El Chileno porque había pasado muchos años allí y conservaba el acento. Aquel cura era un rollo impresionante en las homilías; cada vez que, entrando en la iglesia con mis padres, veía yo que le tocaba a él, bufaba. Es la única vez que recuerdo que no dijo homilía alguna. Su voz, por otra parte, lo decía todo en cada oración. Y, a la salida, como he dicho, todo eran dimes y diretes, tú qué sabes de tus primos, Aurelio ya llamó y está bien, que no, mujer, en Buenos Aires no ha pasado nada de nada...
Así pues, voy a tener un atrevimiento, y pido disculpas por adelantado. Hoy voy a escribir sobre un asunto que no está en mi cultura ni en mi experiencia vital. Esto no se debe hacer. Pero, qué narices, es mi blog, así pues es la Historia, pero también mis historias.
En todo caso, vierto aquí unas cuantas lecturas para contaros lo que sé, a día de hoy, de lo que ocurrió aquel día de septiembre de 1973.
Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas hicieron los deberes. Amparándose en el derecho que la legislación les otorgaba de comprobar la existencia de armas en manos de civiles no autorizados para ello, diversas patrullas militares visitaron buena parte de las emisoras de radio del país. Muchos de los trabajadores de dichas emisoras se sintieron felices al comprobar que los milicos no encontraban armas; pero en realidad, los militares no habían ido para eso. Habían ido a sabotear las emisoras. A silenciar a Allende.
A lo largo de la madrugada han llegado a Santiago noticias de extraños movimientos de tropas en las zonas de San Felipe y los Andes, amén del acuartelamiento de la guarnición del propio Santiago, de la que el ministro de Defensa no sabía nada. En la calle Tomás Moro, situada en el barrio alto de Santiago, residencia de Salvador Allende, se encontraban ya, muy de madrugada, el propio Allende y sus ministros de Interior (Carlos Briones) y de Defensa (Orlando Letelier). Amén de varias decenas de miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), la única fuerza armada que, al fin y a la postre, lo defenderá.
Pero el primer problema surgirá en Valparaíso. En dicha población costera se encuentra gran parte de la flota chilena, convocada allí para unas maniobras conjuntas con la armada de Estados Unidos, la Operación Unitas. Los marinos ya le habían plantado cara a Allende, al que habían exigido la cabeza del comandante en jefe, almirante Raúl Montero, a favor del vicealmirante José Toribio Merino. Tal vez Allende interpretó el gesto de la flota de partir, en la tarde del día 10, hacia alta mar, como un signo de que la sangre no iba a llegar al río. Si fue así, se equivocó, porque aquel movimiento significaba exactamente lo contrario.
Porque la flota vuelve popas a las 5.30 horas del día 10. En todos los barcos, los altavoces anuncian a la marinería que retornan a Valparaíso para unirse a una insurrección militar cuyo objetivo es derrocar a Allende. La noticia llega a Tomás Moro aproximadamente una hora después, y genera una auténtica histeria. Allende se pone en contacto con José María Sepúlveda, Director General de Carabineros. En el Chile de 1973, como en la España de 1936 la Guardia Civil, los carabineros son cruciales, con sus 25.000 efectivos armados. Sepúlveda asevera su lealtad al presidente, pero lo que no sabe es que los conspiradores han contado con ello; para entonces, quien realmente manda en lo carabineros es el general César Mendoza, mucho menos proclive a la legalidad que él.
Augusto Olivares, amigo íntimo de Allende y director de la televisión nacional, que está con él y le hace de secretario, trata, infructuosamente, de contactar con los generales en jefe de los tres ejércitos: con Augusto Pinochet (Tierra) y Gustavo Leigh (Aire), no lo conseguirá porque ya no están, ni van a ir, a sus despachos del ministerio de Defensa. Con el almirante Montero (Mar), porque los conspiradores le han cortado todos los teléfonos; como han hecho también con el general Brady, responsable de la guarnición de Santiago.
Orlando Letelier llama al ministerio del que es titular, donde le atiende el vicealmirante Patricio Carvajal. Con total tranquilidad, éste le dice que no pasa nada y le anima a ir al ministerio a comprobarlo. Letelier cae en la trampa: nada más pisar el ministerio, será detenido.
Allende divide a sus GAP en tres grupos: el primero, de 23 hombres armados, le seguirá al palacio de la Moneda. El segundo se queda en Tomás Moro, acopiando armamento pesado, e irá más tarde (aunque, como veremos, éste será uno de los primeros reveses que recibirá el presidente). El tercero se queda defendiendo la casa del presidente, donde está su mujer, Hortensia Bussi de Allende. El presidente sale de su domicilio armado con la metralleta con la que quedará retratado para el mundo; un regalo de Fidel Castro con la inscripción A mi compañero de armas, Salvador.
La Moneda está ya, para entonces, reforzada con 300 carabineros con tanquetas. Sin embargo, a tan temprana hora la cosa ya no está clara en este cuerpo. El general Parada, prefecto de Santiago, no se define.
A las siete y media, las radios emiten la proclama de la Junta Militar, formada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, director general de carabineros. La proclama intitula a la Junta como salvadora de Chile frente al «yugo marxista» y trata de evitar los movimientos revolucionarios aseverando a los trabajadores que sus logros económicos y sociales serán respetados «en lo fundamental», sin más explicaciones.
A pesar de la exitosa labor de sabotaje de las estaciones de radio, dos de ellas adictas a Allende, Radio Corporación y Radio Magallanes, aún funcionan a esa hora. Ambas conectan sus estaciones para operar como una sola. En ese momento, el general Gustavo Leigh lanza un mensaje al ministerio de Defensa: si no hay rendición, a las once de la mañana bombardeará la Moneda.
Según algunos testimonios, bastante lógicos por otra parte, la noticia de la proclama altera notablemente al presidente Allende. Pero será inmediatamente después, más o menos a las nueve y veinte de la mañana, cuando reciba la noticia que, a la postre, será un rejón de muerte para su resistencia: los dimes y diretes, las vacilaciones, las dudas de los carabineros han cesado: los trescientos hombres que protegen el palacio presidencial deciden retirarse. Inmediatamente después, comienzan las negociaciones, desde el ministerio de Defensa, para que Allende se rinda. Su respuesta es: «me defenderé hasta el final, y el último tiro de esta metralleta me lo pegaré aquí», señalándose el paladar.
No obstante esta declaración tan categórica, Allende llamó (por gentes interpuestas) a los miembros de la Junta, asegurando que deseaba parlamentar con ellos en la Moneda. Los militares respondieron con la negativa e instándole a rendirse. En Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que están sublevadas desde antes, un bando anima a la población a colocar banderas de Chile en los balcones si está de acuerdo con el movimiento; las ciudades, obviamente, se llenan de banderas.
A las 10 en punto comienzan las hostilidades en Santiago. Rápidamente, el centro de la ciudad se convierte en una ensalada de tiros.
Poco después, Allende logrará transmitir su último discurso a través de radio Magallanes. El discurso en el que pronunció ese famoso «sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
No faltan quienes intentan convencer a Allende de que se rinda y haga uso de la oferta de la Junta Militar (sobre cuya sinceridad nunca podremos estar seguros) de ofrecerle una salida del país. José Tohá, ex ministro amigo de Allende; y Carlos Briones, titular de Interior, lo intentaron inútilmente. En realidad, no cabe duda, por los testimonios, de que la decisión de Allende era firme. Pero también conviene tener en cuenta otros factores. Cuando menos a esa hora, es posible que Allende confiase en algunos elementos contrarios al golpe. Por ejemplo: dado que estaba aislado, no podía saber con certeza si se había producido algún levantamiento popular, en un país en el que se hablaba (y es que una cosa es lo que se habla y otra la verdad de las cosas) de 15.000 militantes de la Unidad Popular armados y dispuestos a luchar. También podía pensar que aquel golpe era algo así como el Tancazo de 29 de junio de aquel mismo año, que había sido finalmente sofocado. Otros testimonios indican que el presidente tampoco creyó demasiado en la amenaza de Leigh, pues consideraba que la aviación no sería capaz de bombardear la Moneda sin causar serios daños a otros edificios de la zona.
De hecho, las burlas de Allende fueron, en parte, su condena. Tras el Tancazo, Allende no había ocultado los comentarios sardónicos hacia los tanques que había utilizado, sin éxito, el coronel Souper para tomar la Moneda. En el golpe de septiembre, los tanques que rodearon la moneda fueron tanques Sherman, mucho más potentes y versátiles que los que había utilizado Souper. Los había hecho poner a punto el general Pinochet.
A eso de las 10,30, Allende recibe un nuevo revés. El grupo de GAP que llega de Tomás Moro con el armamento pesado, crucial para poder responder al ejército en igualdad de condiciones, es recibido con ráfagas de metralleta de los carabineros en la entrada al palacio de la calle Morandé. El presidente pierde ahí a unos hombres y unas armas que le son vitales. Y un revés más: la guardia de palacio se va, con el resto de los carabineros.
Cuando, al filo de las once de la mañana, surquen el cielo santiaguino los aviones Hawker Hunter que unos minutos antes han partido de Concepción, a unos 400 kilómetros de la capital, Allende tiene a su lado a unas cuarenta personas. Quedan con él los ministros Briones, Jaime Tohá (Agricultura) y Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores); el subsecretario de Interior, Daniel Vergara, y el ex ministro José Tohá; Osvaldo Puccio, secretario del presidente, Fernando Flores, Secretario General del Gobierno, Augusto Olivares, director de la televisión nacional, y otros altos funcionarios.
Allende llama al ministerio de defensa a las 10,45 horas. Solicita diez minutos para que salgan las mujeres. El general Baeza, que fue quien atendió esa llamada y concedió la breve tregua para la salida de las seis féminas, declararía que, en esa conversación, el tono de voz del presidente había cambiado radicalmente; su voz había perdido todo rastro de agresividad, de donde cabe estimar que, probablemente, fue en la cercanía del bombardeo aéreo cuando Allende acató su destino.
El ataque aéreo se aplaza a las 11.30 horas. Por la puerta de Morandé salen mujeres y también hombres, entre ellos dos hijas de Allende, una de ellas embarazada. Sin embargo, hay una mujer que se ha quedado en la Moneda: Miriam Contreras Bell, más conocida como La Payita, secretaria privada de Allende, que no le abandonará.
A las 11.52, los aviones realizan la primera pasada sobre la Moneda, acción que repetirán siete veces más en los siguientes veinte minutos. Allende y los suyos han resistido el bombardeo en el sótano del jardín de invierno, pero ahora suben de nuevo al segundo piso, para rechazar el ataque de la infantería y la artillería. Según algunos testimonios, en ese momento Allende todavía tiene esperanzas. Cree que tres de sus ministros (Briones, Almeyda y Tohá) han salido en el grupo de liberados antes del ataque, y espera que puedan parlamentar. Sin embargo, todavía están en la Moneda. Se han refugiado en el sótano de la Cancillería, y allí encuentran, milagrosamente, un teléfono que funciona. Llegan a hablar con el ayudante de Pinochet, quien promete enviarles un vehículo para recogerlos, aunque minutos después se echará atrás, aduciendo el fuerte tiroteo. La penúltima (eso sí, más que probablemente inútil) tentativa de negociación ha quedado rota. Al parecer, las condiciones sobre las que pretendía negociar Allende eran: alto el fuego inmediato, garantías de que las poblaciones obreras no serían bombardeadas, inclusión de común acuerdo de un civil en la Junta golpista, e inicio de las negociaciones entre las partes; a cambio de lo cual Allende estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Si es cierto que esta oferta existió o pudo existir, no lo es menos que, frente a él, lo que tenía el presidente era un enemigo dispuesto al exterminio.
A las 12.30, los aviones bombardean la residencia privada de Allende.
Pasada esa hora, el general Javier Palacios, director de Instrucción del ejército, comienza la operación propiamente dicha de toma de la Moneda y apresamiento del presidente Allende.
A eso de la una y pico de la tarde, la Moneda se llena de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros. Allende, entonces, decide enviar a parlamentar a tres personas: Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio. Sin embargo, en el ministerio de Defensa el vicealmirante Carvajal recibe la oferta de los emisarios con una negativa rotunda. Esa noticia provoca en Allende la convicción de que ha de rendirse. Augusto Olivares, que es quien ha comunicado con el ministerio para obtener la negativa, baja al primer piso tras comunicárselo a Allende, y se mete en un baño en el que, tras orinar y hacer unos chistes con el doctor Óscar Soto, se pega un tiro. Es más que probable, ya lo hemos leído, que la intención de Allende fuese, desde muy en la mañana, no rendirse personalmente en caso alguno. Pero lo que es, también, evidente, es que si algún resquicio de duda le pudiera quedar, el suicidio de su amigo y colaborador lo embocó definitivamente hacia su propia muerte autoinfligida.
Cuando el general Palacios entra en la Moneda, aún bajo una lluvia de balas, un delantal blanco de médico ondea ya en una ventana del palacio, en señal de rendición. Una vez dentro, Palacios ordena al doctor Soto que suba al segundo piso a comunicar a Allende que tiene diez minutos para rendirse. Allende le contesta:
‑Bajen, bajen todos. Yo bajaré el último.
Pasan los diez minutos y en el segundo piso no dejan de disparar. A todas luces, los GAP aún supervivientes han decidido compartir el destino de su jefe. En el segundo piso del palacio hay una larga galería, la galería de los presidentes, donde están los bustos de todos los dirigentes de la nación. En ese pasillo se luchará puerta a puerta. Cuando llegan al salón O’Higgins, está en llamas; el sable del héroe de la independencia chilena se salva de milagro.
En el salón de la Independencia encontrarán a Allende, sentado, con la cabeza levemente ladeada. Un hombre muerto. Un mito que nace.
martes, febrero 13, 2007
Periodismo pírrico
El otro día, cuando comenté la cachondada de La Razón sobre la Noche de los Cristales Rotos en Alcorcón, el dicho titular desapareció como por arte de magia de la edición en internet. Supongo que lo vería más gente que yo, claro, pues modesto criticón soy yo. No sé si ahora ocurrirá lo mismo.
Leo en El Semanal Digital (las cursivas son mías): «Incluso en círculos socialistas lo reconocen a Elsemanaldigital.com, y se muestran sorprendidos, por ejemplo, ante la pírrica agenda oficial del presidente del Gobierno para esta semana, en la que solamente se han incluido dos encuentros (...)».
¿Cooomor? ¿La agenda del presidente, pírrica? ¡Pero si el que estaba en guerra era el presidente anterior!
Pirro de Épiro fue rey de Ídem unos 400 años antes de Cristo. Entonces, Roma empezaba a ser el gendarme de Occidente, pero Grecia mantenía sus posesiones imperialistas en el Mediterráneo, eso que se ha dado en llamar la Magna Grecia. Evidentemente, la expansión creciente de Roma le tocaba las bowlings a los griegos, y la cosa se puso fea cuando los romanos medio sitiaron Tarento por mar. Pirro era aliado de Tarento y allí que mandó un formidable ejército de 20.000 marines, 3.000 jinetes y 36 elefantes, con trompa y todo. Con estos mimbres le encendió el pelo a los romanos en la batalla de Heraclea.
En dicha batalla, sin embargo, Pirro le hizo unos 15.000 muertos a los romanos, pero perdió, asimismo, 7.000 efectivos. Fue una pérdida, sobre todo, cualitativa, pues murieron la mayor parte de los oficiales y de los mandos del ejército epirota. De ahí que, desde entonces, se dijese que con un par de victorias más como ésa, Pirro podía considerarse acabado.
Una victoria pírrica, desde entonces, significa aquello que nos cuesta tanto esfuerzo conseguir que nos agota, hasta ser, de hecho, más una derrota que otra cosa.
Y, ahora. ¿Me queréis explicar cómo narices puede una agenda ser pírrica? ¿Con quién narices se va a reunir Zapatero que piensa plantearle batalla, ganarla y, sin embargo, perderla?
El secretito es éste: hay gente que entiende que pírrico significa pequeño, débil, insulso. Pero si pírrico significa pequeño, entonces napoleónico significa resistente a la oxidación. Ya puestos...
Leo en El Semanal Digital (las cursivas son mías): «Incluso en círculos socialistas lo reconocen a Elsemanaldigital.com, y se muestran sorprendidos, por ejemplo, ante la pírrica agenda oficial del presidente del Gobierno para esta semana, en la que solamente se han incluido dos encuentros (...)».
¿Cooomor? ¿La agenda del presidente, pírrica? ¡Pero si el que estaba en guerra era el presidente anterior!
Pirro de Épiro fue rey de Ídem unos 400 años antes de Cristo. Entonces, Roma empezaba a ser el gendarme de Occidente, pero Grecia mantenía sus posesiones imperialistas en el Mediterráneo, eso que se ha dado en llamar la Magna Grecia. Evidentemente, la expansión creciente de Roma le tocaba las bowlings a los griegos, y la cosa se puso fea cuando los romanos medio sitiaron Tarento por mar. Pirro era aliado de Tarento y allí que mandó un formidable ejército de 20.000 marines, 3.000 jinetes y 36 elefantes, con trompa y todo. Con estos mimbres le encendió el pelo a los romanos en la batalla de Heraclea.
En dicha batalla, sin embargo, Pirro le hizo unos 15.000 muertos a los romanos, pero perdió, asimismo, 7.000 efectivos. Fue una pérdida, sobre todo, cualitativa, pues murieron la mayor parte de los oficiales y de los mandos del ejército epirota. De ahí que, desde entonces, se dijese que con un par de victorias más como ésa, Pirro podía considerarse acabado.
Una victoria pírrica, desde entonces, significa aquello que nos cuesta tanto esfuerzo conseguir que nos agota, hasta ser, de hecho, más una derrota que otra cosa.
Y, ahora. ¿Me queréis explicar cómo narices puede una agenda ser pírrica? ¿Con quién narices se va a reunir Zapatero que piensa plantearle batalla, ganarla y, sin embargo, perderla?
El secretito es éste: hay gente que entiende que pírrico significa pequeño, débil, insulso. Pero si pírrico significa pequeño, entonces napoleónico significa resistente a la oxidación. Ya puestos...
lunes, febrero 12, 2007
Proceso a un rey (o ex rey, según se mire)
La Historia de la mayoría de las grandes naciones es la historia de una dialéctica entre sus sociedades y sus dinastías gobernantes. No existen muchos ejemplos en el mundo como el de Japón, que sigue siendo una monarquía, además ocupada por la misma dinastía. La mayor parte de los países ha tenido reyes de dinastías diferentes y relaciones con ellos en ocasiones muy conflictivas y violentas. Británicos y franceses, sin ir más lejos, han llevado a sus reyes al cadalso. No es nuestro caso. A los españoles no nos va eso de cortarle la cabeza a un rey en la plaza pública. Lo cual no quiere decir que nuestra relación con ellos haya sido fácil. Hicimos, por ejemplo, una guerra para traer a un rey, Fernando VII, que nos salió rana y antiliberal, motivo por el cual tuvimos más de un problema con él, hasta el punto de que, algunos años después, a Isabel II la echamos de España. Ha habido momentos de la Historia de España en los que ser rey de la nación ha sido tan poco chollo que, incluso, hay un rey que fue recibido con la mayor de las indiferencias, Amadeo de Saboya, quien al llegar a Madrid se encontró una ciudad silenciosa cuyos habitantes estaban a cualquier otra cosa menos a recibirle. Claro que Amadeo había llegado a ser rey después de una subasta entre las dinastías europeas en la que nadie quiso pujar, lo cual es todo un síntoma. Algún día, también, contaremos esto.
Sin embargo, con diferencia, el rey de España con el que los españoles exteriorizaron en mayor parte sus diferencias es Alfonso XIII, abuelo de nuestro actual rey Juan Carlos. Es un caso único en la Historia de España porque es un rey encausado por el pueblo.
Tras el advenimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, el nuevo régimen estableció una denominada Comisión de Responsabilidades, destinada a depurar éstas en relación con las agresiones que a la acción constitucional se habían producido en el pasado reciente. En la práctica, esta comisión se convirtió en un encausamiento de la dictadura del general Primo de Rivera, quienes en ella colaboraron y, muy especialmente, el rey Alfonso XIII como impulsor de esta deriva antidemocrática.
El acta de acusación de esta Comisión, nacida de las Cortes constituyentes, es de extremada dureza con el ya ex rey. Asevera de él que mostró «desde sus albores una irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto». Varias veces, durante el debate parlamentario de la causa, sería recordada la anécdota que cuenta en sus memorias precisamente quien le defendió en dicha sesión, el conde de Romanones; anécdota según la cual el rey, tras la toma de posesión de su primer gobierno, lo hizo llamar de nuevo cuando ya los ministros se habían retirado a sus casas para tratar no sé qué nombramiento militar. Esta anécdota quedó grabada como ejemplo evidente de lo caprichitos que era don Alfonso.
El acta de acusación imputaba también al rey de ser imperialista y, en aras de esos deseos de dominación, haber impulsado la guerra de Marruecos contra el sentir y los intereses del pueblo español. La guerra de Marruecos, que empezó en 1909, alcanzó su clímax en la matanza de Annual, un hecho tan desastroso que ni siquiera el rey pudo sustraerse de que de ella se hiciera una investigación razonablemente libre e independiente, la del general Picasso. Dicha investigación, dice el acta, hizo evidente que «el verdadero responsable del impremeditado avance de Annual (…) fue el propio rey, el cual, directamente y a espaldas del Consejo de Ministros, dispuso aquella operación militar».
Tras realizarse el informe Picasso, el rey decretó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, esperando, según interpretación que hacían los firmantes del acta de acusación, que los resultados le fuesen favorables. Sin embargo no fue así, y el nuevo gobierno dictaminó que el informe Picasso y las responsabilidades consiguientes fuesen vistos en el parlamento. Pero no hubo tal, porque aquellas Cortes no volvieron a reunirse tras irse de vacaciones de verano en 1923. En septiembre, Primo de Rivera dio el golpe de Estado.
En contra de Alfonso XIII citaba aquel acta hechos que consideraba incontrovertibles y otros indicios, como su famoso discurso de Córdoba de 1921, del que algún día hablaremos, en el que, en efecto, insinuó algo así como que si los políticos elegidos no hacían lo que debían, él tendría que actuar.
El acta de acusación encontraba también una veta de culpabilidad del rey en el hecho de que la reacción de la inmensa mayoría de las guarniciones militares, tras el pronunciamiento de Primo en Barcelona, fue ponerse a sus órdenes. De esta manera, argumentaban los diputados republicanos, si no fuere cierto que el rey maquinaba para que dicho golpe se produjese, lo habría podido parar con facilidad, pues quienes tenían que inclinar la balanza, los militares, no hicieron otra cosa que esperar sus órdenes.
Muy interesante es el párrafo del acta en el que se analiza hasta qué punto le es aplicable al rey el artículo 48 de la Constitución de 1876, vigente en ese momento (las Cortes Constituyentes, por propia definición, aún diseñaban la Constitución de la República). En las palabras del acta, la Historia da la vuelta a la esquina y afirma que «su irresponsabilidad [del rey] sólo puede ampararle cuando actúa dentro de la Constitución»; en otras palabras, un rey no puede aducir su condición real cuando no actúa conforme a las normas de la democracia que le ha designado rey. Un principio que hoy nos parece obvio, pero que hace setenta años no estaba tan claro. No se puede aducir la inviolabilidad constitucional de un monarca que destruye la constitución con sus actos, nos dice el acta. Y, siendo un hecho que la dictadura de Primo incumplió los plazos constitucionales para convocar nuevas Cortes, es obvio, para los redactores, que el rey agredió a dicha Constitución, trabajó contra ella, por lo que no le cabía amparo en dicha norma.
El acta, no obstante, tenía sus torpezas. La principal de ella, declarar al rey culpable de un delito de lesa majestad, ya que «si los ataques al monarca, privándole de su libertad e imponiéndole actos contrarios a su voluntad, con violencia o intimidación grave, constituyen delito de lesa majestad contra el rey, es evidente que éste puede ser responsable de igual delito cuando realiza tales desafueros contra la soberanía del pueblo». Por elegante que sea el argumento, lo cierto es que, y quedó claro en el debate parlamentario, eso de que a un rey le declaren culpable de un delito de lesa majestad es una gilipollez. En todo caso, también le hacían culpable del delito de rebelión militar; es decir, lo ponían al frente del golpe de Estado de Primo de Rivera, del que éste habría sido tan sólo un ejecutor.
En el capítulo de penas, se fijaban:
- La pérdida de todos sus títulos y honores (motivo por el cual, los políticos de izquierdas se referían a él como «el ex rey», por cuanto había perdido la calificación de monarca.
- Aunque, dice el acta, sus actos son merecedores de la pena capital, se proponía la de reclusión perpetua en caso de que volviese a pisar España.
- Incautación por el Estado de todos los bienes de su propiedad en España.
Dos diputados de corte conservador, Antonio Royo Vilanova y José Centeno, firmaron un voto particular en el que, sucintamente, y sin negar la traición del rey al pueblo a través de sus movimientos anticonstitucionales, recordaban la generosidad del pueblo español el 14 de abril, cuando el rey abandonó España sin ser hostigado por nadie, y venían a proponer dar seguimiento a esa actitud, más pasota que perseguidora, con una condena por alta traición que conllevase el destierro y la inhabilitación.
Como he dicho antes, en la sesión del Congreso que estudió este acta y la votó, la defensa del rey fue hecha por Álvaro de Figueroa, conde de Romanones. Esto es una opinión personal y por lo tanto debéis así tomarla; pero debo confesar que, en mi opinión, Romanones estuvo más brillante que el acusador, el Fiscal de la República y luego Director General de Seguridad, Ángel Galarza. De hecho, quizás este discurso de Romanones, que fue un poco su canto de cisne, fue el mejor de los que pronunció en su larga vida parlamentaria (y maniobrera).
Comenzó el diputado liberal dinástico atacando el acta por su escasa solidez jurídica. En efecto, la Comisión de Responsabilidades calificaba el delito e imponía la pena basándose en hechos que consideraba palmarios, pero sin acopiar ni un solo testimonio de cargo o de descargo. «Vosotros», le espetó a la Comisión de Responsabilidades y al parlamento en pleno, «vais a faltar, al condenarle, a uno de los principios básicos del derecho penal, y es que nadie puede ser condenado sin ser oído». Asimismo, Romanones utilizó, con habilidad, el éxito cívico del 14 de abril (un cambio de régimen radical en el no corrió ni una gota de sangre) para negar el acta de acusación; puesto que, dijo, si los acusadores afirmaban que el rey había trabajado durante treinta años para conseguir la total obediencia del ejército, resultaba obvio que no lo había conseguido, pues el 14 de abril ni un espadón había levantado su sable para impedir que se tuviese que ir de España.
Negó, asimismo, las acusaciones de afanes imperialistas porque, dijo, hasta llegar la dictadura de Primo de Rivera España era un país constitucional, con un gobierno constitucional, así pues regía al completo la regulación de la Constitución de 1876 en el sentido de que el rey era inviolable y de los actos de gobierno (por ejemplo, la guerra de Marruecos) era responsable el gobierno. Esta argumentación era tan intachable que hasta el mismísimo Indalecio Prieto, parlamentario del PSOE y por lo tanto en las antípodas de Romanones, admitió su validez en la prensa de la época.
La madre del cordero, de todas maneras, era la dictadura. Y aquí, con algo menos de cintura, se defendió Romanones, como cantaban los de Palacagüina, como gato panza arriba.
Según el viejo político liberal, era cierto que los generales le habían profesado obediencia al rey en las primeras horas del golpe; pero no sin recordarle, al mismo tiempo, que comulgaban con las ideas e intenciones de Primo de Rivera. Además, en un golpe de efecto, leyó durante su intervención un telegrama, en ese momento inédito, remitido por el propio Primo al rey. Telegrama en el que el jefe del golpe de Estado le decía al rey que no pensaba dar marcha atrás y terminaba anunciando, lúgubremente, que estaba dispuesto a dar «carácter sangriento» a su asonada si fuese necesario. Claramente, Romanones se quería subir a una ola, la de los muchos españoles que le reconocían a Alfonso XIII la inteligencia de darse el piro de España el 14 de abril para evitar males mayores, tratando de convencer al parlamento de que en 1923 había hecho exactamente lo mismo: aceptar la dictadura para evitar un baño de sangre. Cómo es que no encontró el momento de darle la vuelta al calcetín en siete años, es algo que no explicó, claro.
Su siguiente estrategia fue repartir marrones. Ponerle un ventilador a la mierda, decimos hoy; Antonio Maura decía colocar una turbina en la cloaca. El rey no convocó las nuevas Cortes que la Constitución exigía, reconoció; pero también es cierto que quienes presionaron para que así fuese, el propio Romanones y el político liberal-demócrata Melquíades Álvarez (presente en las Cortes republicanas), se quedaron solos. O sea, el rey no quiso Cortes, pero España tampoco. En este argumento, claro, Romanones olvidaba que una cosa es ser rey y otra ser pueblo y que si uno quiere ser rey tiene que saber ser más valiente, mucho más valiente, que el pueblo.
Su siguiente ataque fue hacia los nacionalistas catalanes, a los que les recordó que cuando Primo dio el golpe de Estado en Barcelona, en dicha ciudad ni dios movió un dedo en contra de él. Los diputados catalanes protestaron airadamente, pero lo cierto es que Romanones, mutatis mutandis, tenía toda la razón.
Y, por último, Romanones hizo suyo el argumento que el principal político de la dictadura, José Calvo Sotelo, entonces exiliado fuera de España, había expresado ya por carta. El pacto tácito entre la República y el rey, firmado a eso de las dos de la tarde del 14 de abril.
La historia es ésta: el día 14, conforme se fue sabiendo de la victoria de los republicanos en los principales ayuntamientos de España, la cosa se fue caldeando. En Eibar se declaró la república y un grupo de activistas lograron colgar una bandera republicana en el madrileño Palacio de Comunicaciones, en la plaza de la Cibeles, ése que ahora se ha quedado Gallardón. A eso de las dos de la tarde Romanones, en su condición de íntimo amigo del rey, decidió parlamentar la situación con Niceto Alcalá-Zamora, que era la cabeza visible de las fuerzas republicanas coligadas en el Pacto de San Sebastián. La entrevista se celebró en el domicilio del doctor Gregorio Marañón y a ella asistieron Romanones, Marañón, el doctor Pittaluga y el también médico Mateo Jiménez Quesada, los tres últimos en plan mamporrero más que nada. En dicha reunión, Romanones, tras admitir que la deriva republicana no había quién la parase, pidió unos días para la marcha del rey, y Alcalá-Zamora insistió en que Alfonso XIII debía abandonar palacio antes de la puesta del sol.
Cosa que hizo. Y, argumentaban los monárquicos, ¿acaso no fue eso un pacto político de alto nivel?
Romanones dijo en el parlamento, recordando que la Comisión de Responsabilidades consideraba al rey merecedor de la pena de muerte (aunque se la cambiaba graciosamente por las que ya he citado): «Si el ex rey hubiera sido entonces [el 14 de abril] condenado a muerte, yo os aseguro que la República no hubiera venido sin sangre». Dicho de otra forma: el interés de España el 14 de abril era evitar la violencia y ambas partes, republicanos y rey, pactaron para que ello fuese así. Pero dicho pacto excluía, tácitamente, la fijación posterior de culpas. El rey, tras el magnánimo gesto que tantas vidas había ahorrado, no podía ser ahora acusado. O sea, Romanones venía a dar a Alfonso XIII un tratamiento parecido al de esos delincuentes que en las pelis americanas de policía pactan la confesión de culpabilidad para reducir condena o evitarla por completo.
Esta tesis fue contestada por el propio Alcalá-Zamora el cual, tras pedir la palabra, dijo, entre otras cosas, que «sin conciertos y sin pactos, el Gobierno no fue ni el obstáculo ni el amparo para la huida del ex rey, ni el escollo ni el jaleador de la ira popular; el pueblo quedó en libertad y el Gobierno no azuzó la ira de la multitud». O sea, defendía la idea de que el rey se fue porque no tuvo más remedio y que los republicanos cumplieron su parte no animando al personal a perseguirlo.
Ángel Galarza, que ya digo que en mi opinión estuvo torpón y hasta inoportuno, empezó por decir la gilipollez de que el acta de la Comisión se limitaba, en lo que se refiere a los hechos anteriores al golpe de Primo, a «estudiar al sujeto del delito»; cualquiera que lea el acta verá que esa afirmación es una tontería. Entre otras torpezas, acusó al rey de estar en connivencia con el general Fernández Silvestre en la catástrofe de Annual, y lo hizo utilizando una frase, «puesto que de ello pueden existir pruebas», de ésas que levantan más dudas que certezas, así pues no valen para nada. Sin embargo, por muy torpe que fuera Galarza, tenía elementos muy sólidos a su favor. Especialmente, y por ahí atacó, el hecho, palmario, de que cuando Primo de Rivera, avanzada la dictadura, se dirigió al rey indicándole que la fase militar de la misma se podía dar por acabada éste, en lugar de optar por la vuelta a la democracia, siquiera formal, optó por la dictadura civil, con un a modo de Cortes orgánicas ademocráticas. Decisión ésta que, se ponga Romanones decúbito supino, decúbito prono o de canto, tomó Alfonso sin tener pistola alguna en la nuca.
Eso sí, Galarza regresó a la gilipollez antijurídica al tratar de justificar la calificación de delitos del acta de la Comisión. Reconoció que los delitos de lesa majestad y de rebelión militar podrían no estar definidos en el Código Penal; pero, argumentó con más inocencia que otra cosa, «los delitos que cometen los reyes no están en los artículos de los códigos». ¡Leñe! En el dicho caso, ¿dónde están? ¿En el Libro Gordo de Petete? Joder con el señor Fiscal de la República...
Algún grupo de diputados más versados en derecho que Galarza et altera (Pedro Rico, Fernando Rey, José Domínguez Barbero, Claudio Sánchez Albornoz, Bernardino Valle, Mariano Ruiz Funes y Melchor Marial) les salvaron el culo presentando una proposición a la Mesa del Congreso en la que colocaban los puntos sobre las íes adecuadas: el rey era acusado de alta traición, delito que sí contemplaba el Código Penal, y declarado fuera de la ley para que, «decaído de todos sus derechos y privado la paz jurídica, la República deberá incautarse de sus bienes, y cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional».
Lo que no estuvo presente en aquel debate, salvo tangencialmente, y esto fue utilizado por los monárquicos para zaherir al gobierno, fueron las acusaciones de corrupción. En realidad, ésta había sido la primera línea de ataque de los republicanos contra el rey Alfonso, sobre todo a través del durísimo discurso que pronunció Indalecio Prieto la tarde del viernes 25 de abril de 1930; un discurso que, por lo que veo, incluso los biógrafos del político vascoasturiano tienden a olvidar.
En aquel año de 1930, un catedrático de Derecho que había sido primorriverista hasta las cachas, Quintiliano Saldaña, había publicado un libro, La orgía áurea de la Dictadura según las referencias que tengo, en el que insinuaba la corrupción real con estas frases (las cursivas son mías), referidas al contrato de concesión del monopolio telefónico español: «Que estén reconocidos a la piedad que detiene mi pluma para no escribir estos nombres. Y con ellos, otros más altos. Y luego otro, todavía más. El cheque de los 600.000 dólares [un pastón de pastones]. Todo, todo se ha de saber, por el megáfono de la Justicia, el día en que se exijan las responsabilidades de la dictadura».
Prieto recogió en su discurso este testigo y fue más allá en las insinuaciones, hasta el punto de que todo el mundo en la atiborrada sala del Ateneo en la calle del Prado; todo el mundo en Madrid; todo el mundo en España entendió que estaba señalando con el dedo al rey y a su entorno. Sin embargo, como he dicho, en el debate parlamentario nada de esto apareció. Y, de hecho, Prieto acabaría, como ministro de Hacienda de la República, teniendo más de un problemilla con alguno de los negocios que había denunciado, como el del monopolio de petróleos.
En todo caso, y como ya habéis leído, la condena de Alfonso XIII suponía la incautación de sus bienes en·España. El primer paso de dicha incautación fue abrir la caja de caudales que existía en el Palacio Real (supongo que ahí seguirá), en la que se encontraron:
- 150.000 pesetas en billetes.
- Acciones por valor de 6.800.000 pesetas, propiedad de Alfonso XIII.
- Acciones por valor de 11.715.000 pesetas, cuya propiedad no estaba clara.
- Una llave de oro y rubíes, llave de Andalucía, regalo a Isabel II.
- Cinco collares del Toisón de Oro.
- Una llave de Cádiz.
- Una llave de oro, regalo a la regente María Cristina.
- Una barra de plata de las minas de Potosí (Perú).
- Un estuche con un pergamino, propiedad de María Cristina.
- Monedas de oro, medallas, planchas de plata y otros objetos valiosos.
Asimismo, al rey se le incautaron los siguientes bienes inmobiliarios:
- Una participación en la casa situada entonces en el número 11 de la calle Eduardo Dato, por valor de 385.687,43 pesetas.
- Un solar en el distrito de Buenavista, si bien había indicios de que había sido ya vendido.
- Una casa en la carretera de Extremadura 44, cuyo usufructo había sido cedido por la regente María Cristina a La Gota de Leche, que no sé muy bien qué era. Valor desconocido.
- También en Madrid: una casa en la calle de Antillón, también con usufructo cedido a un asilo de niños. Así como otra en la calle de la Espadaña, también cedida.
- Los muebles del palacio de Pedralbes (el palacio en sí había sido ya donado al Ayuntamiento de Barcelona).
- El palacio de Miramar, en San Sebastián, tasado en 4.210.914 pesetas.
- Villa María, también en San Sebastián, cedida a la Cruz Roja.
- Lore-Toki, un caserío guipuzcoano dedicado a la cría de caballos de carreras, tasado en 151.528,40 pesetas.
- El caserío donostiarra de Ollo, 91.972,80 pesetas.
- El caserío de Amasorraín, 172.349,20 pesetas.
- La península y palacio de la Magdalena en Santander, tasados en 2.584.048,45 pesetas.
- La isla de Cortegada en Pontevedra, sin tasar.
- El torreón de Balsaín en Segovia, tasado en 10.000 pesetas, incluyendo solar y huertas (5.000 pesetas) y las caballerizas (6.250).
- Una porción en una casa sita en el paseo de Santo Tomás, en Ávila, inmueble cedido a los padres dominicos para un colegio.
He buscado en la base de datos del BOE alguna referencia que me permita saber cuál fue la suerte de esta sentencia. Sospecho que el franquismo debió de revertir la decisión de las Cortes republicanas, que como habéis leído declararon a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena fuera de la ley, devolviéndole por lo tanto esa paz jurídica que la sentencia republicana le negaba. Lo que no sé es qué ocurrió con las incautaciones, si fueron devueltas a la familia, o los bienes se justipreciaron (habría algunos imposibles de devolver, por su carácter mueble), o qué.
O quizá no, o no del todo. Porque lo cierto es que los ataques furibundos contra Alfonso XIII ni de coña se acabaron con la República. De hecho, el libro más crítico, más que crítico insultante en algunos pasajes, que he leído contra este rey (y es que no sé si llamarlo ex rey, puesto que existe una sentencia que lo decae de todos sus títulos), se titula Sobre la caída de Alfonso XIII (Tomás Echeverría, Sevilla, ECESA, 1966) y, para que os hagáis una idea del perfil de su autor, sólo os copiaré aquí el pie de imprenta: «Se terminó de imprimir este libro en los talleres de la Editorial Católica Española SA, en Sevilla, el día 29 de septiembre de 1966, festividad de San Miguel Arcángel, defensor de la verdad. ¡Que su poder aguerrido proteja a la España, paladín de la Iglesia, contra el peligro del liberalismo, venciéndolo por Cristo Rey y para Cristo y España, a las órdenes de María, Reina, y consiguiendo para la Patria la continuidad del 18 de julio, en que fue rescatada, y que la sangre de tantos mártires reclama!»
Republicano, republicano, lo que se dice republicano, el libro no lo es mucho, ¿no os parece?
Sin embargo, con diferencia, el rey de España con el que los españoles exteriorizaron en mayor parte sus diferencias es Alfonso XIII, abuelo de nuestro actual rey Juan Carlos. Es un caso único en la Historia de España porque es un rey encausado por el pueblo.
Tras el advenimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, el nuevo régimen estableció una denominada Comisión de Responsabilidades, destinada a depurar éstas en relación con las agresiones que a la acción constitucional se habían producido en el pasado reciente. En la práctica, esta comisión se convirtió en un encausamiento de la dictadura del general Primo de Rivera, quienes en ella colaboraron y, muy especialmente, el rey Alfonso XIII como impulsor de esta deriva antidemocrática.
El acta de acusación de esta Comisión, nacida de las Cortes constituyentes, es de extremada dureza con el ya ex rey. Asevera de él que mostró «desde sus albores una irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto». Varias veces, durante el debate parlamentario de la causa, sería recordada la anécdota que cuenta en sus memorias precisamente quien le defendió en dicha sesión, el conde de Romanones; anécdota según la cual el rey, tras la toma de posesión de su primer gobierno, lo hizo llamar de nuevo cuando ya los ministros se habían retirado a sus casas para tratar no sé qué nombramiento militar. Esta anécdota quedó grabada como ejemplo evidente de lo caprichitos que era don Alfonso.
El acta de acusación imputaba también al rey de ser imperialista y, en aras de esos deseos de dominación, haber impulsado la guerra de Marruecos contra el sentir y los intereses del pueblo español. La guerra de Marruecos, que empezó en 1909, alcanzó su clímax en la matanza de Annual, un hecho tan desastroso que ni siquiera el rey pudo sustraerse de que de ella se hiciera una investigación razonablemente libre e independiente, la del general Picasso. Dicha investigación, dice el acta, hizo evidente que «el verdadero responsable del impremeditado avance de Annual (…) fue el propio rey, el cual, directamente y a espaldas del Consejo de Ministros, dispuso aquella operación militar».
Tras realizarse el informe Picasso, el rey decretó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, esperando, según interpretación que hacían los firmantes del acta de acusación, que los resultados le fuesen favorables. Sin embargo no fue así, y el nuevo gobierno dictaminó que el informe Picasso y las responsabilidades consiguientes fuesen vistos en el parlamento. Pero no hubo tal, porque aquellas Cortes no volvieron a reunirse tras irse de vacaciones de verano en 1923. En septiembre, Primo de Rivera dio el golpe de Estado.
En contra de Alfonso XIII citaba aquel acta hechos que consideraba incontrovertibles y otros indicios, como su famoso discurso de Córdoba de 1921, del que algún día hablaremos, en el que, en efecto, insinuó algo así como que si los políticos elegidos no hacían lo que debían, él tendría que actuar.
El acta de acusación encontraba también una veta de culpabilidad del rey en el hecho de que la reacción de la inmensa mayoría de las guarniciones militares, tras el pronunciamiento de Primo en Barcelona, fue ponerse a sus órdenes. De esta manera, argumentaban los diputados republicanos, si no fuere cierto que el rey maquinaba para que dicho golpe se produjese, lo habría podido parar con facilidad, pues quienes tenían que inclinar la balanza, los militares, no hicieron otra cosa que esperar sus órdenes.
Muy interesante es el párrafo del acta en el que se analiza hasta qué punto le es aplicable al rey el artículo 48 de la Constitución de 1876, vigente en ese momento (las Cortes Constituyentes, por propia definición, aún diseñaban la Constitución de la República). En las palabras del acta, la Historia da la vuelta a la esquina y afirma que «su irresponsabilidad [del rey] sólo puede ampararle cuando actúa dentro de la Constitución»; en otras palabras, un rey no puede aducir su condición real cuando no actúa conforme a las normas de la democracia que le ha designado rey. Un principio que hoy nos parece obvio, pero que hace setenta años no estaba tan claro. No se puede aducir la inviolabilidad constitucional de un monarca que destruye la constitución con sus actos, nos dice el acta. Y, siendo un hecho que la dictadura de Primo incumplió los plazos constitucionales para convocar nuevas Cortes, es obvio, para los redactores, que el rey agredió a dicha Constitución, trabajó contra ella, por lo que no le cabía amparo en dicha norma.
El acta, no obstante, tenía sus torpezas. La principal de ella, declarar al rey culpable de un delito de lesa majestad, ya que «si los ataques al monarca, privándole de su libertad e imponiéndole actos contrarios a su voluntad, con violencia o intimidación grave, constituyen delito de lesa majestad contra el rey, es evidente que éste puede ser responsable de igual delito cuando realiza tales desafueros contra la soberanía del pueblo». Por elegante que sea el argumento, lo cierto es que, y quedó claro en el debate parlamentario, eso de que a un rey le declaren culpable de un delito de lesa majestad es una gilipollez. En todo caso, también le hacían culpable del delito de rebelión militar; es decir, lo ponían al frente del golpe de Estado de Primo de Rivera, del que éste habría sido tan sólo un ejecutor.
En el capítulo de penas, se fijaban:
- La pérdida de todos sus títulos y honores (motivo por el cual, los políticos de izquierdas se referían a él como «el ex rey», por cuanto había perdido la calificación de monarca.
- Aunque, dice el acta, sus actos son merecedores de la pena capital, se proponía la de reclusión perpetua en caso de que volviese a pisar España.
- Incautación por el Estado de todos los bienes de su propiedad en España.
Dos diputados de corte conservador, Antonio Royo Vilanova y José Centeno, firmaron un voto particular en el que, sucintamente, y sin negar la traición del rey al pueblo a través de sus movimientos anticonstitucionales, recordaban la generosidad del pueblo español el 14 de abril, cuando el rey abandonó España sin ser hostigado por nadie, y venían a proponer dar seguimiento a esa actitud, más pasota que perseguidora, con una condena por alta traición que conllevase el destierro y la inhabilitación.
Como he dicho antes, en la sesión del Congreso que estudió este acta y la votó, la defensa del rey fue hecha por Álvaro de Figueroa, conde de Romanones. Esto es una opinión personal y por lo tanto debéis así tomarla; pero debo confesar que, en mi opinión, Romanones estuvo más brillante que el acusador, el Fiscal de la República y luego Director General de Seguridad, Ángel Galarza. De hecho, quizás este discurso de Romanones, que fue un poco su canto de cisne, fue el mejor de los que pronunció en su larga vida parlamentaria (y maniobrera).
Comenzó el diputado liberal dinástico atacando el acta por su escasa solidez jurídica. En efecto, la Comisión de Responsabilidades calificaba el delito e imponía la pena basándose en hechos que consideraba palmarios, pero sin acopiar ni un solo testimonio de cargo o de descargo. «Vosotros», le espetó a la Comisión de Responsabilidades y al parlamento en pleno, «vais a faltar, al condenarle, a uno de los principios básicos del derecho penal, y es que nadie puede ser condenado sin ser oído». Asimismo, Romanones utilizó, con habilidad, el éxito cívico del 14 de abril (un cambio de régimen radical en el no corrió ni una gota de sangre) para negar el acta de acusación; puesto que, dijo, si los acusadores afirmaban que el rey había trabajado durante treinta años para conseguir la total obediencia del ejército, resultaba obvio que no lo había conseguido, pues el 14 de abril ni un espadón había levantado su sable para impedir que se tuviese que ir de España.
Negó, asimismo, las acusaciones de afanes imperialistas porque, dijo, hasta llegar la dictadura de Primo de Rivera España era un país constitucional, con un gobierno constitucional, así pues regía al completo la regulación de la Constitución de 1876 en el sentido de que el rey era inviolable y de los actos de gobierno (por ejemplo, la guerra de Marruecos) era responsable el gobierno. Esta argumentación era tan intachable que hasta el mismísimo Indalecio Prieto, parlamentario del PSOE y por lo tanto en las antípodas de Romanones, admitió su validez en la prensa de la época.
La madre del cordero, de todas maneras, era la dictadura. Y aquí, con algo menos de cintura, se defendió Romanones, como cantaban los de Palacagüina, como gato panza arriba.
Según el viejo político liberal, era cierto que los generales le habían profesado obediencia al rey en las primeras horas del golpe; pero no sin recordarle, al mismo tiempo, que comulgaban con las ideas e intenciones de Primo de Rivera. Además, en un golpe de efecto, leyó durante su intervención un telegrama, en ese momento inédito, remitido por el propio Primo al rey. Telegrama en el que el jefe del golpe de Estado le decía al rey que no pensaba dar marcha atrás y terminaba anunciando, lúgubremente, que estaba dispuesto a dar «carácter sangriento» a su asonada si fuese necesario. Claramente, Romanones se quería subir a una ola, la de los muchos españoles que le reconocían a Alfonso XIII la inteligencia de darse el piro de España el 14 de abril para evitar males mayores, tratando de convencer al parlamento de que en 1923 había hecho exactamente lo mismo: aceptar la dictadura para evitar un baño de sangre. Cómo es que no encontró el momento de darle la vuelta al calcetín en siete años, es algo que no explicó, claro.
Su siguiente estrategia fue repartir marrones. Ponerle un ventilador a la mierda, decimos hoy; Antonio Maura decía colocar una turbina en la cloaca. El rey no convocó las nuevas Cortes que la Constitución exigía, reconoció; pero también es cierto que quienes presionaron para que así fuese, el propio Romanones y el político liberal-demócrata Melquíades Álvarez (presente en las Cortes republicanas), se quedaron solos. O sea, el rey no quiso Cortes, pero España tampoco. En este argumento, claro, Romanones olvidaba que una cosa es ser rey y otra ser pueblo y que si uno quiere ser rey tiene que saber ser más valiente, mucho más valiente, que el pueblo.
Su siguiente ataque fue hacia los nacionalistas catalanes, a los que les recordó que cuando Primo dio el golpe de Estado en Barcelona, en dicha ciudad ni dios movió un dedo en contra de él. Los diputados catalanes protestaron airadamente, pero lo cierto es que Romanones, mutatis mutandis, tenía toda la razón.
Y, por último, Romanones hizo suyo el argumento que el principal político de la dictadura, José Calvo Sotelo, entonces exiliado fuera de España, había expresado ya por carta. El pacto tácito entre la República y el rey, firmado a eso de las dos de la tarde del 14 de abril.
La historia es ésta: el día 14, conforme se fue sabiendo de la victoria de los republicanos en los principales ayuntamientos de España, la cosa se fue caldeando. En Eibar se declaró la república y un grupo de activistas lograron colgar una bandera republicana en el madrileño Palacio de Comunicaciones, en la plaza de la Cibeles, ése que ahora se ha quedado Gallardón. A eso de las dos de la tarde Romanones, en su condición de íntimo amigo del rey, decidió parlamentar la situación con Niceto Alcalá-Zamora, que era la cabeza visible de las fuerzas republicanas coligadas en el Pacto de San Sebastián. La entrevista se celebró en el domicilio del doctor Gregorio Marañón y a ella asistieron Romanones, Marañón, el doctor Pittaluga y el también médico Mateo Jiménez Quesada, los tres últimos en plan mamporrero más que nada. En dicha reunión, Romanones, tras admitir que la deriva republicana no había quién la parase, pidió unos días para la marcha del rey, y Alcalá-Zamora insistió en que Alfonso XIII debía abandonar palacio antes de la puesta del sol.
Cosa que hizo. Y, argumentaban los monárquicos, ¿acaso no fue eso un pacto político de alto nivel?
Romanones dijo en el parlamento, recordando que la Comisión de Responsabilidades consideraba al rey merecedor de la pena de muerte (aunque se la cambiaba graciosamente por las que ya he citado): «Si el ex rey hubiera sido entonces [el 14 de abril] condenado a muerte, yo os aseguro que la República no hubiera venido sin sangre». Dicho de otra forma: el interés de España el 14 de abril era evitar la violencia y ambas partes, republicanos y rey, pactaron para que ello fuese así. Pero dicho pacto excluía, tácitamente, la fijación posterior de culpas. El rey, tras el magnánimo gesto que tantas vidas había ahorrado, no podía ser ahora acusado. O sea, Romanones venía a dar a Alfonso XIII un tratamiento parecido al de esos delincuentes que en las pelis americanas de policía pactan la confesión de culpabilidad para reducir condena o evitarla por completo.
Esta tesis fue contestada por el propio Alcalá-Zamora el cual, tras pedir la palabra, dijo, entre otras cosas, que «sin conciertos y sin pactos, el Gobierno no fue ni el obstáculo ni el amparo para la huida del ex rey, ni el escollo ni el jaleador de la ira popular; el pueblo quedó en libertad y el Gobierno no azuzó la ira de la multitud». O sea, defendía la idea de que el rey se fue porque no tuvo más remedio y que los republicanos cumplieron su parte no animando al personal a perseguirlo.
Ángel Galarza, que ya digo que en mi opinión estuvo torpón y hasta inoportuno, empezó por decir la gilipollez de que el acta de la Comisión se limitaba, en lo que se refiere a los hechos anteriores al golpe de Primo, a «estudiar al sujeto del delito»; cualquiera que lea el acta verá que esa afirmación es una tontería. Entre otras torpezas, acusó al rey de estar en connivencia con el general Fernández Silvestre en la catástrofe de Annual, y lo hizo utilizando una frase, «puesto que de ello pueden existir pruebas», de ésas que levantan más dudas que certezas, así pues no valen para nada. Sin embargo, por muy torpe que fuera Galarza, tenía elementos muy sólidos a su favor. Especialmente, y por ahí atacó, el hecho, palmario, de que cuando Primo de Rivera, avanzada la dictadura, se dirigió al rey indicándole que la fase militar de la misma se podía dar por acabada éste, en lugar de optar por la vuelta a la democracia, siquiera formal, optó por la dictadura civil, con un a modo de Cortes orgánicas ademocráticas. Decisión ésta que, se ponga Romanones decúbito supino, decúbito prono o de canto, tomó Alfonso sin tener pistola alguna en la nuca.
Eso sí, Galarza regresó a la gilipollez antijurídica al tratar de justificar la calificación de delitos del acta de la Comisión. Reconoció que los delitos de lesa majestad y de rebelión militar podrían no estar definidos en el Código Penal; pero, argumentó con más inocencia que otra cosa, «los delitos que cometen los reyes no están en los artículos de los códigos». ¡Leñe! En el dicho caso, ¿dónde están? ¿En el Libro Gordo de Petete? Joder con el señor Fiscal de la República...
Algún grupo de diputados más versados en derecho que Galarza et altera (Pedro Rico, Fernando Rey, José Domínguez Barbero, Claudio Sánchez Albornoz, Bernardino Valle, Mariano Ruiz Funes y Melchor Marial) les salvaron el culo presentando una proposición a la Mesa del Congreso en la que colocaban los puntos sobre las íes adecuadas: el rey era acusado de alta traición, delito que sí contemplaba el Código Penal, y declarado fuera de la ley para que, «decaído de todos sus derechos y privado la paz jurídica, la República deberá incautarse de sus bienes, y cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional».
Lo que no estuvo presente en aquel debate, salvo tangencialmente, y esto fue utilizado por los monárquicos para zaherir al gobierno, fueron las acusaciones de corrupción. En realidad, ésta había sido la primera línea de ataque de los republicanos contra el rey Alfonso, sobre todo a través del durísimo discurso que pronunció Indalecio Prieto la tarde del viernes 25 de abril de 1930; un discurso que, por lo que veo, incluso los biógrafos del político vascoasturiano tienden a olvidar.
En aquel año de 1930, un catedrático de Derecho que había sido primorriverista hasta las cachas, Quintiliano Saldaña, había publicado un libro, La orgía áurea de la Dictadura según las referencias que tengo, en el que insinuaba la corrupción real con estas frases (las cursivas son mías), referidas al contrato de concesión del monopolio telefónico español: «Que estén reconocidos a la piedad que detiene mi pluma para no escribir estos nombres. Y con ellos, otros más altos. Y luego otro, todavía más. El cheque de los 600.000 dólares [un pastón de pastones]. Todo, todo se ha de saber, por el megáfono de la Justicia, el día en que se exijan las responsabilidades de la dictadura».
Prieto recogió en su discurso este testigo y fue más allá en las insinuaciones, hasta el punto de que todo el mundo en la atiborrada sala del Ateneo en la calle del Prado; todo el mundo en Madrid; todo el mundo en España entendió que estaba señalando con el dedo al rey y a su entorno. Sin embargo, como he dicho, en el debate parlamentario nada de esto apareció. Y, de hecho, Prieto acabaría, como ministro de Hacienda de la República, teniendo más de un problemilla con alguno de los negocios que había denunciado, como el del monopolio de petróleos.
En todo caso, y como ya habéis leído, la condena de Alfonso XIII suponía la incautación de sus bienes en·España. El primer paso de dicha incautación fue abrir la caja de caudales que existía en el Palacio Real (supongo que ahí seguirá), en la que se encontraron:
- 150.000 pesetas en billetes.
- Acciones por valor de 6.800.000 pesetas, propiedad de Alfonso XIII.
- Acciones por valor de 11.715.000 pesetas, cuya propiedad no estaba clara.
- Una llave de oro y rubíes, llave de Andalucía, regalo a Isabel II.
- Cinco collares del Toisón de Oro.
- Una llave de Cádiz.
- Una llave de oro, regalo a la regente María Cristina.
- Una barra de plata de las minas de Potosí (Perú).
- Un estuche con un pergamino, propiedad de María Cristina.
- Monedas de oro, medallas, planchas de plata y otros objetos valiosos.
Asimismo, al rey se le incautaron los siguientes bienes inmobiliarios:
- Una participación en la casa situada entonces en el número 11 de la calle Eduardo Dato, por valor de 385.687,43 pesetas.
- Un solar en el distrito de Buenavista, si bien había indicios de que había sido ya vendido.
- Una casa en la carretera de Extremadura 44, cuyo usufructo había sido cedido por la regente María Cristina a La Gota de Leche, que no sé muy bien qué era. Valor desconocido.
- También en Madrid: una casa en la calle de Antillón, también con usufructo cedido a un asilo de niños. Así como otra en la calle de la Espadaña, también cedida.
- Los muebles del palacio de Pedralbes (el palacio en sí había sido ya donado al Ayuntamiento de Barcelona).
- El palacio de Miramar, en San Sebastián, tasado en 4.210.914 pesetas.
- Villa María, también en San Sebastián, cedida a la Cruz Roja.
- Lore-Toki, un caserío guipuzcoano dedicado a la cría de caballos de carreras, tasado en 151.528,40 pesetas.
- El caserío donostiarra de Ollo, 91.972,80 pesetas.
- El caserío de Amasorraín, 172.349,20 pesetas.
- La península y palacio de la Magdalena en Santander, tasados en 2.584.048,45 pesetas.
- La isla de Cortegada en Pontevedra, sin tasar.
- El torreón de Balsaín en Segovia, tasado en 10.000 pesetas, incluyendo solar y huertas (5.000 pesetas) y las caballerizas (6.250).
- Una porción en una casa sita en el paseo de Santo Tomás, en Ávila, inmueble cedido a los padres dominicos para un colegio.
He buscado en la base de datos del BOE alguna referencia que me permita saber cuál fue la suerte de esta sentencia. Sospecho que el franquismo debió de revertir la decisión de las Cortes republicanas, que como habéis leído declararon a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena fuera de la ley, devolviéndole por lo tanto esa paz jurídica que la sentencia republicana le negaba. Lo que no sé es qué ocurrió con las incautaciones, si fueron devueltas a la familia, o los bienes se justipreciaron (habría algunos imposibles de devolver, por su carácter mueble), o qué.
O quizá no, o no del todo. Porque lo cierto es que los ataques furibundos contra Alfonso XIII ni de coña se acabaron con la República. De hecho, el libro más crítico, más que crítico insultante en algunos pasajes, que he leído contra este rey (y es que no sé si llamarlo ex rey, puesto que existe una sentencia que lo decae de todos sus títulos), se titula Sobre la caída de Alfonso XIII (Tomás Echeverría, Sevilla, ECESA, 1966) y, para que os hagáis una idea del perfil de su autor, sólo os copiaré aquí el pie de imprenta: «Se terminó de imprimir este libro en los talleres de la Editorial Católica Española SA, en Sevilla, el día 29 de septiembre de 1966, festividad de San Miguel Arcángel, defensor de la verdad. ¡Que su poder aguerrido proteja a la España, paladín de la Iglesia, contra el peligro del liberalismo, venciéndolo por Cristo Rey y para Cristo y España, a las órdenes de María, Reina, y consiguiendo para la Patria la continuidad del 18 de julio, en que fue rescatada, y que la sangre de tantos mártires reclama!»
Republicano, republicano, lo que se dice republicano, el libro no lo es mucho, ¿no os parece?
viernes, febrero 09, 2007
Hace 4.000 años que queremos saber cuántos somos
En la torpe programación mental que me voy haciendo para estimar los asuntos que podría tratar en estos post estaban, esta semana, el juicio político al que la República sometió al rey Alfonso XIII, y que culminó en una sentencia por alta traición; así como unas notas que voy recopilando para construir la crónica de la triste jornada de septiembre en la que fue derrocado el presidente de Chile, Salvador Allende. No obstante, hoy me ha podido otro de mis impulsos.
Alguna vez os he hablado de algún blog cuya lectura disfruto. Uno de éstos, que nunca he comentado, es Wonkapistas. La sociología fue mi segunda opción de carrera universitaria; no la estudié porque soy muy buen chico, tenía buenas notas y, por lo tanto, no se me pudo negar la primera elección. Pero este dato debe bastar para demostrar que es una disciplina que, en algún momento de mi vida, captó mi interés. Hoy capta mi curiosidad. Allí, en Wonkapistas me refiero, encontraréis quienes aún no conozcáis ese espacio un trabajo muy pulcro de análisis social en el que su autor, me parece a mí, se desquita del hecho de que su vida oficial y laboral tenga que transcurrir por unos derroteros concretos, así pues drena su curiosidad por otras movidas a través de sus anotaciones. Creo que esto es lo que hace grande internet en general y la blogosfera en particular; en buena parte, es una manera de aprovecharse de los conocimientos, con perdón, residuales, de auténticos intelectuales. Una manera inexistente hasta hoy.
Yo las cosas que admiro tiendo a imitarlas. Así pues, hoy quiero hablaros de cosas de las que estoy seguro que Wonka os disertaría mucho mejor. Porque todo tiene historia en esta vida, y la ciencia que está en la sala de máquinas de la sociología, es decir la estadística, no es una excepción.
La estadística nace por dos necesidades claras: el censo y el catastro. El censo cuenta personas y el catastro patrimonios, sobre todo tierras. Podemos decir que, desde el momento que existen organizaciones administrativas razonablemente complejas, existen cosas como la leva militar y la cobranza de impuestos; realidades, ambas, para las que es necesario saber cuántas personas y cuántas riquezas hay en un país. Veintidós siglos antes de nacer Jesucristo, ya hubo un emperador en China, de nombre Yao, que abordó la división de su país en provincias, nueve, empresa que complementó con una medición de las tierras, así como un censo de sus equipamientos y de sus habitantes. Así pues, la estadística, de alguna manera, lleva entre nosotros ya más de 4.000 años.
Los pueblos antiguos no tenían transportes adecuados y, además, carecían de personal suficientemente cualificado para ser encuestador. Por este motivo, en la antigüedad los censos se valían de mecanismos intermedios para los arqueos o inventarios, especialmente la religión. Por ejemplo, en la Atenas de los tiempos aristotélicos, los habitantes tenían la arraigada costumbre de ofrecer una medida de trigo a la diosa Minerva por cada hijo nacido y una de cebada por cada fallecido; motivo por el cual los estadísticos del tiempo, que eran los sacerdotes, no contaban personas, sino donaciones de trigo y de cebada, información con la cual estimaban el movimiento natural de la población.
En la misma línea el rey romano Servio Tulio, el primero que creó una organización que de verdad tuviese datos fiables de su pueblo, estableció que cada barrio de Roma levantase un monumento a su deidad propiciatoria. En el día del patrón, cada vecino estaba obligado a dar como donativo una moneda al sacerdote, y se establecía el tipo de moneda a entregar si se era hombre o mujer o según la edad que se tuviese; luego el sacerdote (además de forrarse) contaba las monedas, y elaboraba el censo del área. Para poder medir el movimiento natural de la población, Servio Tulio estableció que las familias deberían hacer una donación determinada a la diosa Lucina por el nacimiento de un hijo, otro a la diosa Libitina por el fallecimiento, y uno especial a la diosa Juventus por cada varón que llegaba a la edad de vestir la toga viril. Independientemente de ello, el pueblo romano era contado cada cinco años, tras haber sido oportunamente convocado para ello al Campo de Marte; actividad que era dirigida por un magistrado especial, el Censor, que no viene de censurar, sino de censo.
El censo más famoso de la Historia de Roma es el de Augusto, puesto que fue el que obligó a José a llevarse a su mujer embarazada, María, desde Nazaret hasta Belén. El matrimonio se encontraba allí cuando el parto de Jesucristo precisamente para cumplir con el censo augustiano. En los tiempos imperiales, el plazo intercensos se dilató: de cinco pasó a diez años (es el plazo que tenemos nosotros ahora, por ejemplo) y, tras la reforma de Constantino, quince.
Existen otros métodos de contabilización en el mundo antiguo que no dejan de ser curiosos. Por ejemplo, Robert Graves nos refiere en El conde Belisario que, en Constantinopla, era costumbre reunir al ejército que marchaba de campaña en alguna campa, donde cada soldado clavaba una estaca en el suelo. A la vuelta de la batalla o de la guerra, los soldados se reunían en la misma explanada y cada uno arrancaba una estaca. Luego se contaban las que quedaban clavadas para conocer las bajas.
En la Europa medieval fue especialmente famoso, complejo y meritorio el censo y catastro realizado por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, más o menos a mediados del siglo XI. Era una operación política, pues don William le había encendido el pelo a los sajones, antiguos inquilinos de la isla, y necesitaba contabilizar (y dar con ello estabilidad jurídica) a los cambios de propiedad a favor de los suyos. Será por eso que los sajones conocieron este censo como Doomsday Book, literalmente Libro del Juicio Final.
Los habitantes originarios de la América que hoy habla español parecen ser los primeros inventores de los gráficos. Hernán Cortés dice haber visto en México registros pintados, donde se expresaban los cambios de población y las riquezas de los habitantes. Y en Perú, según Garcilaso de la Vega, los indígenas tenían un conocimiento exacto de su población, distribución geográfica, edades, condición civil, etc., mediante censos sistemáticos que expresaban mediante un complejo sistema de cordones de colores. Combinando los colores y los nudos de los cordones conseguían expresar gráficamente los guarismos. O sea, como el Excel, pero sin Excel.
En España tampoco esperamos al nacimiento de la estadística en sí para hacer estadísticas. En 1351, las Cortes castellanas, convocadas por Pedro I (ya sabéis, el alanceador de reyes moros refugiados), dispuso la creación del Becerro de las Behetrías (una behetría, según he podido saber, es un terreno propiedad de un campesino libre que tiene, además, la libertad de elegir señor feudal, siempre y cuando lo haga dentro de un determinado linaje). Este censo recogía los señoríos de las merindades de Castilla. Los Reyes Católicos, siempre atentos a las novedades del Estado renacentista, dictaminaron el empadronamiento de los habitantes de Castilla y Aragón, trabajo del que surgió una estimación cercana a los 8 millones de habitantes. No obstante, cuando sesenta años después, en 1541, Carlos V hiciera un censo por razones fiscales, sólo le salieron 4,2 millones de contribuyentes, lo cual hace pensar que Isabel y Fernando sumaron mal (frase ésta que, ahora que la he escrito, veo que tiene más de un significado). En aquellos años, no obstante, no quedó terreno en Hispania por censar. Cataluña, Vascongadas, Navarra y el Reino de Valencia tuvieron sus censos.
Felipe II, por su parte, realizó dos empadronamientos. Uno, en 1587, le dio 6,630 millones de ciudadanos. El otro, en 1594, le dio 6,888 millones, aunque esta cifra probablemente sea más baja que la real, porque dicho empadronamiento se hizo para fijar el servicio de los millones (un impuesto) del que había personas que estaban exentas y, probablemente, no fueron contadas.
Con esa afición tan suya a los proyectos acromegálicos a la par que irrealizables, Felipe II albergó el plan de compilar una descripción minuciosísima de España, pueblo a pueblo. En siete años, de los 13.000 pueblos que había entonces en España, Felipe II había conseguido que le contestasen 636, y hubo de abandonarse.
En 1748, siendo rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada hizo un nuevo censo, del que salieron 7,473 millones de habitantes. Al conde de Aranda, ministro que lo fue de Carlos III, le salieron, veinte años después, 9,307 millones de habitantes. En 1787, Floridablanca repitió el ensayo, y ya calculó 10.409.879 habitantes. Los españoles, a las puertas de la Revolución Francesa, éramos ya two digits.
Ahora la cosa iba en serio. En 1802 se crea la primera Oficina de Estadística existente en España, la cual no pudo hacer gran cosa porque fue invadida, junto con el resto del país, por el pérfido francés, que traía en el zurrón, sin embargo, las ideas que luego nos pasaríamos cien años intentando imponer. José Bonaparte, el triste Pepe Botella tan odiado por el pueblo de Madrid, abordó en 1810 un censo de vecinos.
De 23 de junio de 1813 data la obligación a los ayuntamientos de llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, confirmada por la ley de 3 de febrero de 1823. En 1833, cuando se dividió España en 49 provincias, se calculó la población en 12.286.941 habitantes. En 1836 se hace el primer padrón de extranjeros. De 1844 es la primera estadística criminal.
En 1856 se crea la Comisión Estadística General del Reino, el primer organismo centralizado para la realización de censos y otros trabajos. En 1857 había terminado ya su primer censo (15.464.340 habitantes), que repitió en 1860 (15.673.536).
En 1873 nace el Instituto Geográfico y Estadístico, que será el germen de lo que hoy conocemos como Instituto Nacional de Estadística.
El INE tiene algunas malas costumbres y otras muchas buenas. Entre las buenas está la decisión de escanear su biblioteca de publicaciones estadísticas y ponerla a disposición de los lectores ávidos en su página web. A ello y, más concretamente, a la introducción a la Memoria Estadística de 1912, le debéis buena parte de estas torpes notas.
Alguna vez os he hablado de algún blog cuya lectura disfruto. Uno de éstos, que nunca he comentado, es Wonkapistas. La sociología fue mi segunda opción de carrera universitaria; no la estudié porque soy muy buen chico, tenía buenas notas y, por lo tanto, no se me pudo negar la primera elección. Pero este dato debe bastar para demostrar que es una disciplina que, en algún momento de mi vida, captó mi interés. Hoy capta mi curiosidad. Allí, en Wonkapistas me refiero, encontraréis quienes aún no conozcáis ese espacio un trabajo muy pulcro de análisis social en el que su autor, me parece a mí, se desquita del hecho de que su vida oficial y laboral tenga que transcurrir por unos derroteros concretos, así pues drena su curiosidad por otras movidas a través de sus anotaciones. Creo que esto es lo que hace grande internet en general y la blogosfera en particular; en buena parte, es una manera de aprovecharse de los conocimientos, con perdón, residuales, de auténticos intelectuales. Una manera inexistente hasta hoy.
Yo las cosas que admiro tiendo a imitarlas. Así pues, hoy quiero hablaros de cosas de las que estoy seguro que Wonka os disertaría mucho mejor. Porque todo tiene historia en esta vida, y la ciencia que está en la sala de máquinas de la sociología, es decir la estadística, no es una excepción.
La estadística nace por dos necesidades claras: el censo y el catastro. El censo cuenta personas y el catastro patrimonios, sobre todo tierras. Podemos decir que, desde el momento que existen organizaciones administrativas razonablemente complejas, existen cosas como la leva militar y la cobranza de impuestos; realidades, ambas, para las que es necesario saber cuántas personas y cuántas riquezas hay en un país. Veintidós siglos antes de nacer Jesucristo, ya hubo un emperador en China, de nombre Yao, que abordó la división de su país en provincias, nueve, empresa que complementó con una medición de las tierras, así como un censo de sus equipamientos y de sus habitantes. Así pues, la estadística, de alguna manera, lleva entre nosotros ya más de 4.000 años.
Los pueblos antiguos no tenían transportes adecuados y, además, carecían de personal suficientemente cualificado para ser encuestador. Por este motivo, en la antigüedad los censos se valían de mecanismos intermedios para los arqueos o inventarios, especialmente la religión. Por ejemplo, en la Atenas de los tiempos aristotélicos, los habitantes tenían la arraigada costumbre de ofrecer una medida de trigo a la diosa Minerva por cada hijo nacido y una de cebada por cada fallecido; motivo por el cual los estadísticos del tiempo, que eran los sacerdotes, no contaban personas, sino donaciones de trigo y de cebada, información con la cual estimaban el movimiento natural de la población.
En la misma línea el rey romano Servio Tulio, el primero que creó una organización que de verdad tuviese datos fiables de su pueblo, estableció que cada barrio de Roma levantase un monumento a su deidad propiciatoria. En el día del patrón, cada vecino estaba obligado a dar como donativo una moneda al sacerdote, y se establecía el tipo de moneda a entregar si se era hombre o mujer o según la edad que se tuviese; luego el sacerdote (además de forrarse) contaba las monedas, y elaboraba el censo del área. Para poder medir el movimiento natural de la población, Servio Tulio estableció que las familias deberían hacer una donación determinada a la diosa Lucina por el nacimiento de un hijo, otro a la diosa Libitina por el fallecimiento, y uno especial a la diosa Juventus por cada varón que llegaba a la edad de vestir la toga viril. Independientemente de ello, el pueblo romano era contado cada cinco años, tras haber sido oportunamente convocado para ello al Campo de Marte; actividad que era dirigida por un magistrado especial, el Censor, que no viene de censurar, sino de censo.
El censo más famoso de la Historia de Roma es el de Augusto, puesto que fue el que obligó a José a llevarse a su mujer embarazada, María, desde Nazaret hasta Belén. El matrimonio se encontraba allí cuando el parto de Jesucristo precisamente para cumplir con el censo augustiano. En los tiempos imperiales, el plazo intercensos se dilató: de cinco pasó a diez años (es el plazo que tenemos nosotros ahora, por ejemplo) y, tras la reforma de Constantino, quince.
Existen otros métodos de contabilización en el mundo antiguo que no dejan de ser curiosos. Por ejemplo, Robert Graves nos refiere en El conde Belisario que, en Constantinopla, era costumbre reunir al ejército que marchaba de campaña en alguna campa, donde cada soldado clavaba una estaca en el suelo. A la vuelta de la batalla o de la guerra, los soldados se reunían en la misma explanada y cada uno arrancaba una estaca. Luego se contaban las que quedaban clavadas para conocer las bajas.
En la Europa medieval fue especialmente famoso, complejo y meritorio el censo y catastro realizado por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, más o menos a mediados del siglo XI. Era una operación política, pues don William le había encendido el pelo a los sajones, antiguos inquilinos de la isla, y necesitaba contabilizar (y dar con ello estabilidad jurídica) a los cambios de propiedad a favor de los suyos. Será por eso que los sajones conocieron este censo como Doomsday Book, literalmente Libro del Juicio Final.
Los habitantes originarios de la América que hoy habla español parecen ser los primeros inventores de los gráficos. Hernán Cortés dice haber visto en México registros pintados, donde se expresaban los cambios de población y las riquezas de los habitantes. Y en Perú, según Garcilaso de la Vega, los indígenas tenían un conocimiento exacto de su población, distribución geográfica, edades, condición civil, etc., mediante censos sistemáticos que expresaban mediante un complejo sistema de cordones de colores. Combinando los colores y los nudos de los cordones conseguían expresar gráficamente los guarismos. O sea, como el Excel, pero sin Excel.
En España tampoco esperamos al nacimiento de la estadística en sí para hacer estadísticas. En 1351, las Cortes castellanas, convocadas por Pedro I (ya sabéis, el alanceador de reyes moros refugiados), dispuso la creación del Becerro de las Behetrías (una behetría, según he podido saber, es un terreno propiedad de un campesino libre que tiene, además, la libertad de elegir señor feudal, siempre y cuando lo haga dentro de un determinado linaje). Este censo recogía los señoríos de las merindades de Castilla. Los Reyes Católicos, siempre atentos a las novedades del Estado renacentista, dictaminaron el empadronamiento de los habitantes de Castilla y Aragón, trabajo del que surgió una estimación cercana a los 8 millones de habitantes. No obstante, cuando sesenta años después, en 1541, Carlos V hiciera un censo por razones fiscales, sólo le salieron 4,2 millones de contribuyentes, lo cual hace pensar que Isabel y Fernando sumaron mal (frase ésta que, ahora que la he escrito, veo que tiene más de un significado). En aquellos años, no obstante, no quedó terreno en Hispania por censar. Cataluña, Vascongadas, Navarra y el Reino de Valencia tuvieron sus censos.
Felipe II, por su parte, realizó dos empadronamientos. Uno, en 1587, le dio 6,630 millones de ciudadanos. El otro, en 1594, le dio 6,888 millones, aunque esta cifra probablemente sea más baja que la real, porque dicho empadronamiento se hizo para fijar el servicio de los millones (un impuesto) del que había personas que estaban exentas y, probablemente, no fueron contadas.
Con esa afición tan suya a los proyectos acromegálicos a la par que irrealizables, Felipe II albergó el plan de compilar una descripción minuciosísima de España, pueblo a pueblo. En siete años, de los 13.000 pueblos que había entonces en España, Felipe II había conseguido que le contestasen 636, y hubo de abandonarse.
En 1748, siendo rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada hizo un nuevo censo, del que salieron 7,473 millones de habitantes. Al conde de Aranda, ministro que lo fue de Carlos III, le salieron, veinte años después, 9,307 millones de habitantes. En 1787, Floridablanca repitió el ensayo, y ya calculó 10.409.879 habitantes. Los españoles, a las puertas de la Revolución Francesa, éramos ya two digits.
Ahora la cosa iba en serio. En 1802 se crea la primera Oficina de Estadística existente en España, la cual no pudo hacer gran cosa porque fue invadida, junto con el resto del país, por el pérfido francés, que traía en el zurrón, sin embargo, las ideas que luego nos pasaríamos cien años intentando imponer. José Bonaparte, el triste Pepe Botella tan odiado por el pueblo de Madrid, abordó en 1810 un censo de vecinos.
De 23 de junio de 1813 data la obligación a los ayuntamientos de llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, confirmada por la ley de 3 de febrero de 1823. En 1833, cuando se dividió España en 49 provincias, se calculó la población en 12.286.941 habitantes. En 1836 se hace el primer padrón de extranjeros. De 1844 es la primera estadística criminal.
En 1856 se crea la Comisión Estadística General del Reino, el primer organismo centralizado para la realización de censos y otros trabajos. En 1857 había terminado ya su primer censo (15.464.340 habitantes), que repitió en 1860 (15.673.536).
En 1873 nace el Instituto Geográfico y Estadístico, que será el germen de lo que hoy conocemos como Instituto Nacional de Estadística.
El INE tiene algunas malas costumbres y otras muchas buenas. Entre las buenas está la decisión de escanear su biblioteca de publicaciones estadísticas y ponerla a disposición de los lectores ávidos en su página web. A ello y, más concretamente, a la introducción a la Memoria Estadística de 1912, le debéis buena parte de estas torpes notas.
martes, febrero 06, 2007
¿Dejà vu?
En el día de hoy, una de las noticias que más pita en los medios españoles tiene que ver con el Estatuto de Cataluña. Como, gracias al Google Analytics, puedo saber de dónde se conectan algunos lectores y hay accesos desde varias partes del globo, quizá sea necesario explicar algunas cosas. Si no es así, pido perdón por el coñazo.
Durante los años 2005 y 2006, impulsado por el cambio de gobierno generado en las elecciones del 2004, donde las derechas cedieron el poder a las izquierdas, se ha producido un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de (entre otras regiones) Cataluña, proceso que, en el caso catalán, ha sido extraordinariamente polémico, yo diría que por tres causas:
La primera, de orden filosófico, porque los redactores de la nueva constitución autonómica querían que, cuando menos en su preámbulo, se afirmase la identidad nacional de Cataluña; algo que tiene su importancia porque las naciones son soberanas y reconocer que un territorio de España es una nación equivaldría a declararlo soberano por sí mismo y en sí mismo. Eso sí, hay toda una discusión jurídica, interminable, sobre el valor jurídico que tiene una afirmación hecha en el preámbulo de una norma, y no en su articulado.
El segundo motivo de polémica es la pasta. Cataluña se siente, desde hace algo más de cien años, contribuyente neta de España. Lo cual quiere decir que aporta más dinero (impuestos) del que recibe (gasto público). Esta afirmación es discutida por unos, que aseveran que las cuentas hay que hacerlas de otra manera; y combatida por otros, que consideran que, por definición, una región rica ha de ser, en un esquema de solidaridad territorial, contribuyente neta. En el fondo de la cuestión, sin embargo, no está tanto (o a mí me lo parece) la cuestión de si pone o no pone más que otros, como la discusión sobre el modelo de financiación. El nacionalismo catalán añora el sistema foral de cupo que disfrutan el País Vasco y Navarra, porque es notablemente más soberano. En un sistema de cupo, la región o reino afectados cobran los impuestos y, posteriormente, negocian con el Estado el valor de los servicios que éste ha realizado en su territorio, y le pagan por ello. Entre las autonomías denominadas de régimen común, Cataluña incluida, el sistema es otro: es el Estado el que recauda los impuestos (aunque hay algunos cedidos) y las autonomías le piden pasta.
El tercer problema es el idioma que, en realidad, no hace sino acrisolar todas las vertientes culturales de la identidad nacional, que suelen ser las más enraizadas y, consecuentemente, defendidas o atacadas, por ambas partes, con mayor virulencia.
El Estatuto catalán fue aprobado ya por el parlamento español hace algunos meses, bien es verdad que con cambios que a mí me parecen bastante sustanciales sobre la redacción inicial (aunque ya digo que en esto hay tantas opiniones como traseros). Sin embargo, queda un tramo, un tramo olvidado por muchos pero que tiene su importancia: la oportuna sentencia del Tribunal Constitucional.
El TC es el tribunal en el que se dirimen aquellos casos en los que lo que se ventila es si una actuación es o no acorde con la Constitución Española. El principal partido opositor de los dos nuevos estatutos de Cataluña (el inicialmente redactado y el finalmente aprobado), es decir el Partido Popular, hizo uso de la prerrogativa que tiene de presentar un amplio recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto, recurso en el que pide al tribunal que se defina sobre prácticamente toda la norma. Este recurso, de hecho, convierte al TC en una tercera cámara, después del Congreso y del Senado, que tendrá que dirimir, votar, el Estatuto.
¿Qué pasó ayer? Bueno, pues lo que pasó es que el TC hizo pública su decisión sobre una, por así decirlo, cuestión de orden presentada por el PP, anterior a la sentencia en sí, que era la recusación de uno de los jueces que tenían que participar en el fallo. Se trata de Pablo Pérez Tremps, hoy magistrado del Constitucional pero que ayer, siendo jurista en ejercicio, realizó, al parecer, un trabajo sobre el Estatuto encargado por la Generalitat de Cataluña. El PP argumentaba que aquel informe era una pieza más del trabajo realizado para redactar el Estatuto y que, en consecuencia, Pérez Tremps iba a dirimir la constitucionalidad de un texto que él mismo había contribuido a redactar, lo cual es un contrasentido. Sea o no cierto este argumento, lo que sí es cierto es que el TC, por ajustado margen, ha decidido atenderlo. Pérez Tremps ha sido recusado y ahora no podrá participar en el dictamen que sostendrá el fallo del Constitucional.
La prensa se ha apresurado a hacer una identificación, o sea: juez partidario de recusar a Pérez Tremps = juez partidario de la inconstitucionalidad del Estatuto. En fin, es un poco precipitada. A mí me parece que el caso de Pérez Tremps era bastante evidente, hasta el punto que, si debo escribir mi opinión personal, no es que esté bien recusado; es que debería haber sido él quien, voluntariamente, se hubiese declarado incompetente. Pero eso no prejuzga, en lo absoluto, un juicio sobre la constitucionalidad de la norma, precisamente por lo evidente que resulta la recusación.
Todo esto, no obstante, sólo es una introducción para legos. Como aquí hablamos de Historia, no nos vamos a separar de la línea. Porque a mí, cuando he leído estas noticias, y a pesar de que, como digo, me parece absolutamente exagerado concluir de la recusación que va a haber un fallo judicial claramente contrario al Estatuto, sí se me ha planteado qué es lo que puede ocurrir si es así. Y me he acordado de que España y Cataluña ya estuvieron en la misma tesitura, en junio de 1934.
Con la llegada de la República, en España se formaron unas Cortes netamente de izquierdas que, de la mano de Manuel Azaña, presidente del Gobierno, iniciaron una labor importante de desarrollo de legislaciones de corte social. Esta labor, además de parir otras medidas laborales diseñadas por Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, tuvo un punto importante en la reforma agraria. España, hace 70 años, era aún un país fundamentalmente agrario y la propiedad de la tierra estaba notablemente concentrada, especialmente en el sur. Los grandes terratenientes eran quienes se habían beneficiado de las desamortizaciones del siglo XIX, y había zonas, como Andalucía y Extremadura, donde había grandes bolsas de jornaleros en paro.
La reforma agraria nunca funcionó bien. Los elementos burgueses del Gobierno presionaron para que las expropiaciones de tierras (pues la Constitución permitía expresamente la expropiación de bienes económicos por interés social) fuesen a cambio de indemnizaciones justipreciadas, lo cual dificultó notablemente el reparto de tierras. Hoy hay toda una corriente de escritores e historiadores empeñada en demostrar que la reforma fue mejor de lo que se dice; pero esa afirmación se da de bruces con la evidentísima decepción que sintieron los jornaleros de izquierdas por sus escasos avances, decepción que acabaría cristalizando en los tristísimos sucesos de Castilblanco y, sobre todo, Casas Viejas, que acabarían por costarle el puesto a Azaña y el gobierno a las izquierdas.
A pesar del mal funcionamiento, el gobierno aprobó medidas, entre ellas una Ley de Términos Municipales que establecía medidas como que un patrón no podía contratar jornaleros de otra población si quedaban parados en aquélla donde radicaban las tierras. Fue una medida para impedir que los patronos, ante la eventualidad de grupos de jornaleros organizados en el Pueblo A, capaces por lo tanto de conseguir salarios dignos, se fuesen al Pueblo B a contratar a otros menos organizados por la mitad de precio. Los terratenientes reaccionaron con bastante cabreo e iniciaron medidas obstruccionistas, que se resumen en el famoso eslogan que se les atribuyó, dirigido a los jornaleros: «Comed República».
En noviembre de 1933, la cosa cambió. Hubo unas elecciones que ganaron de largo las derechas, sobre todo por el desencanto creado por Casas Viejas y, dicen algunos sociólogos, porque por primera vez votaron las mujeres, entonces mayoritariamente conservadoras. Como ya hemos contado aquí, la llegada de las derechas al poder supuso un automático frenazo al desarrollo del Estatuto de Cataluña, que ya había sido aprobado pero al que le quedaban aún muchas cosas por dirimir.
En Cataluña gobernaban las izquierdas. Era presidente Lluis Companys y la Esquerra Republicana el partido de referencia. Este gobierno catalán quiso, también, regular el sector agrario, un sector presidido en buena parte por relaciones de arriendo, en ocasiones verbales como era entonces muy común en el agro, conocidas como la rabassa morta. Por ello, el gobierno catalán dictó una ley, la Ley de Cultivos, en la que, entre otras cosas, regulaba (artículo 8, según la documentación que he podido leer) las atribuciones de una Junta Arbitral existente para dirimir conflictos entre arrendador y arrendatario.
Aquel artículo 8 estaba redactado con el espíritu de la reforma agraria que, como ya os he dicho, se había abordado en Madrid meses antes. Así pues, establecía que la Junta Arbitral podría establecer las condiciones de la rabassa entre el propietario y arrendatario inicial o, si lo consideraba conveniente, con otro arrendatario diferente, fuera éste una persona física, una cooperativa, un sindicato…
La Ley de Cultivos catalana gustó más bien poco a los terratenientes catalanes. Con un gobierno de izquierdas, sin embargo, se habrían tenido que callar. Pero en Madrid gobernaban las derechas. Y lo que hizo el gobierno presidido por el Partido Radical fue denunciar la Ley de Cultivos catalana en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Y ganó.
Es cierto que la Constitución permitía la disposición de los bienes económicos por razones sociales. Pero el Tribunal entendió que esa potestad constitucional le era concedida sólo al Estado central y entendió que la citada ley catalana era una intromisión de una autonomía en una competencia estatal (regulación de la propiedad privada).
¿Cuál fue la reacción de los catalanes? El 12 de junio de 1934, el presidente Lluis Companys se presentó ante el parlamento autonómico con la intención de presentar el nuevo texto de la Ley de Cultivos; el texto diseñado para superar los problemas de constitucionalidad que había señalado el Tribunal de Garantías.
Presentó la misma ley. Exactamente la misma. Copiada hasta la coma. A día de hoy, y si exceptuamos la acción armada de octubre de aquel mismo año, nunca una autonomía ha planteado un conflicto tan grave con el Estado.
La sesión del 12 de junio fue tormentosa. Los mossos d’esquadra tuvieron que aplicarse bien a fondo para evitar que el público, que ya no cabía en la tribuna de visitantes, siguiese entrando en el edificio. Un grupo de militantes de Estat Catalá, formación que, como su propio nombre indica, era claramente independentista, intentaron colgar una bandera de su partido en el mismo balcón del parlamento. Adabal, diputado de la conservadora Lliga Regionalista, casi fue linchado en la calle a su llegada.
En su discurso, Companys apartó con rapidez las exquisiteces jurídicas del conflicto y lo llevó al terreno político, reclamando el total apoyo a sus tesis porque, dijo, «frente a un ataque a Cataluña, no pueden existir divisiones entre los que nos sentimos catalanes». Ese «los que nos sentimos catalanes» fue una puyita, muy típica de él, a los miembros de la Lliga, a los que negaba la condición de amantes de Cataluña (cosa que a un catalanista, obviamente, le jode más que cualquier otra cosa).
Acto seguido, anunció que la ley presentada era exactamente la misma que había sido tumbada por el Tribunal, y anunció que «el Gobierno [catalán] la hará cumplir, pase lo que pase y sea como sea». Confesión que arrancó un largo aplauso cerrado, tan escandaloso que el presidente tuvo que amenazar al público con echarlo si no se callaba.
Acto seguido, Companys holló los terrenos que realmente le importaban; la madre de cordero. Porque el problema con el gobierno de Madrid, el gobierno de derechas, no era tanto la Ley de Cultivos (ésa era sólo la fiebre) como el retraso o, más bien, parón que había sufrido la negociación de las transferencias (la enfermedad). De persistir esa actitud obstruccionista de Madrid, dijo, «nuestra autonomía iría desfalleciendo de tristeza, iría perdiendo el color y el carácter para terminar desviándose y hundiéndose por la cobardía o por la estupidez de los catalanes». Más aún: ante un «alzamiento monárquico y centralista de todas las tierras hispánicas», que era algo que la izquierda temía entonces, «Cataluña daría la gran batalla, porque nosotros no queremos morir de asco ni de vergüenza». Como se ve, Companys ya tenía, en junio del 34, la cabeza amueblada para hacer lo que hizo en octubre.
¿Que cómo terminó esto? Pues no lo sé, la verdad. En octubre, Companys metió la pata hasta el corvejón y decidió aprovechar el golpe de Estado revolucionario liderado por el PSOE y la UGT en Madrid (aunque sólo medró en Asturias) para impulsar la proclamación del Estado catalán de la República Federal Española (así lo definió en su alocución, a las 20,20 horas del 6 de octubre, desde el balcón del palacio de la Generalitat) e iniciar un proceso de sedición cuya consecuencia sería la suspensión de la autonomía durante el resto del bienio de derechas. Para cuando gobernó el Frente Popular, la Ley de Cultivos ya no era un problema.
Esto fue lo que pasó. Para saber lo que pueda pasar en el futuro, os diría que os equivocáis de blog; tal vez en el de Iker Jiménez o el de Rappel, si es que tienen, os lo cuenten.
Durante los años 2005 y 2006, impulsado por el cambio de gobierno generado en las elecciones del 2004, donde las derechas cedieron el poder a las izquierdas, se ha producido un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de (entre otras regiones) Cataluña, proceso que, en el caso catalán, ha sido extraordinariamente polémico, yo diría que por tres causas:
La primera, de orden filosófico, porque los redactores de la nueva constitución autonómica querían que, cuando menos en su preámbulo, se afirmase la identidad nacional de Cataluña; algo que tiene su importancia porque las naciones son soberanas y reconocer que un territorio de España es una nación equivaldría a declararlo soberano por sí mismo y en sí mismo. Eso sí, hay toda una discusión jurídica, interminable, sobre el valor jurídico que tiene una afirmación hecha en el preámbulo de una norma, y no en su articulado.
El segundo motivo de polémica es la pasta. Cataluña se siente, desde hace algo más de cien años, contribuyente neta de España. Lo cual quiere decir que aporta más dinero (impuestos) del que recibe (gasto público). Esta afirmación es discutida por unos, que aseveran que las cuentas hay que hacerlas de otra manera; y combatida por otros, que consideran que, por definición, una región rica ha de ser, en un esquema de solidaridad territorial, contribuyente neta. En el fondo de la cuestión, sin embargo, no está tanto (o a mí me lo parece) la cuestión de si pone o no pone más que otros, como la discusión sobre el modelo de financiación. El nacionalismo catalán añora el sistema foral de cupo que disfrutan el País Vasco y Navarra, porque es notablemente más soberano. En un sistema de cupo, la región o reino afectados cobran los impuestos y, posteriormente, negocian con el Estado el valor de los servicios que éste ha realizado en su territorio, y le pagan por ello. Entre las autonomías denominadas de régimen común, Cataluña incluida, el sistema es otro: es el Estado el que recauda los impuestos (aunque hay algunos cedidos) y las autonomías le piden pasta.
El tercer problema es el idioma que, en realidad, no hace sino acrisolar todas las vertientes culturales de la identidad nacional, que suelen ser las más enraizadas y, consecuentemente, defendidas o atacadas, por ambas partes, con mayor virulencia.
El Estatuto catalán fue aprobado ya por el parlamento español hace algunos meses, bien es verdad que con cambios que a mí me parecen bastante sustanciales sobre la redacción inicial (aunque ya digo que en esto hay tantas opiniones como traseros). Sin embargo, queda un tramo, un tramo olvidado por muchos pero que tiene su importancia: la oportuna sentencia del Tribunal Constitucional.
El TC es el tribunal en el que se dirimen aquellos casos en los que lo que se ventila es si una actuación es o no acorde con la Constitución Española. El principal partido opositor de los dos nuevos estatutos de Cataluña (el inicialmente redactado y el finalmente aprobado), es decir el Partido Popular, hizo uso de la prerrogativa que tiene de presentar un amplio recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto, recurso en el que pide al tribunal que se defina sobre prácticamente toda la norma. Este recurso, de hecho, convierte al TC en una tercera cámara, después del Congreso y del Senado, que tendrá que dirimir, votar, el Estatuto.
¿Qué pasó ayer? Bueno, pues lo que pasó es que el TC hizo pública su decisión sobre una, por así decirlo, cuestión de orden presentada por el PP, anterior a la sentencia en sí, que era la recusación de uno de los jueces que tenían que participar en el fallo. Se trata de Pablo Pérez Tremps, hoy magistrado del Constitucional pero que ayer, siendo jurista en ejercicio, realizó, al parecer, un trabajo sobre el Estatuto encargado por la Generalitat de Cataluña. El PP argumentaba que aquel informe era una pieza más del trabajo realizado para redactar el Estatuto y que, en consecuencia, Pérez Tremps iba a dirimir la constitucionalidad de un texto que él mismo había contribuido a redactar, lo cual es un contrasentido. Sea o no cierto este argumento, lo que sí es cierto es que el TC, por ajustado margen, ha decidido atenderlo. Pérez Tremps ha sido recusado y ahora no podrá participar en el dictamen que sostendrá el fallo del Constitucional.
La prensa se ha apresurado a hacer una identificación, o sea: juez partidario de recusar a Pérez Tremps = juez partidario de la inconstitucionalidad del Estatuto. En fin, es un poco precipitada. A mí me parece que el caso de Pérez Tremps era bastante evidente, hasta el punto que, si debo escribir mi opinión personal, no es que esté bien recusado; es que debería haber sido él quien, voluntariamente, se hubiese declarado incompetente. Pero eso no prejuzga, en lo absoluto, un juicio sobre la constitucionalidad de la norma, precisamente por lo evidente que resulta la recusación.
Todo esto, no obstante, sólo es una introducción para legos. Como aquí hablamos de Historia, no nos vamos a separar de la línea. Porque a mí, cuando he leído estas noticias, y a pesar de que, como digo, me parece absolutamente exagerado concluir de la recusación que va a haber un fallo judicial claramente contrario al Estatuto, sí se me ha planteado qué es lo que puede ocurrir si es así. Y me he acordado de que España y Cataluña ya estuvieron en la misma tesitura, en junio de 1934.
Con la llegada de la República, en España se formaron unas Cortes netamente de izquierdas que, de la mano de Manuel Azaña, presidente del Gobierno, iniciaron una labor importante de desarrollo de legislaciones de corte social. Esta labor, además de parir otras medidas laborales diseñadas por Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, tuvo un punto importante en la reforma agraria. España, hace 70 años, era aún un país fundamentalmente agrario y la propiedad de la tierra estaba notablemente concentrada, especialmente en el sur. Los grandes terratenientes eran quienes se habían beneficiado de las desamortizaciones del siglo XIX, y había zonas, como Andalucía y Extremadura, donde había grandes bolsas de jornaleros en paro.
La reforma agraria nunca funcionó bien. Los elementos burgueses del Gobierno presionaron para que las expropiaciones de tierras (pues la Constitución permitía expresamente la expropiación de bienes económicos por interés social) fuesen a cambio de indemnizaciones justipreciadas, lo cual dificultó notablemente el reparto de tierras. Hoy hay toda una corriente de escritores e historiadores empeñada en demostrar que la reforma fue mejor de lo que se dice; pero esa afirmación se da de bruces con la evidentísima decepción que sintieron los jornaleros de izquierdas por sus escasos avances, decepción que acabaría cristalizando en los tristísimos sucesos de Castilblanco y, sobre todo, Casas Viejas, que acabarían por costarle el puesto a Azaña y el gobierno a las izquierdas.
A pesar del mal funcionamiento, el gobierno aprobó medidas, entre ellas una Ley de Términos Municipales que establecía medidas como que un patrón no podía contratar jornaleros de otra población si quedaban parados en aquélla donde radicaban las tierras. Fue una medida para impedir que los patronos, ante la eventualidad de grupos de jornaleros organizados en el Pueblo A, capaces por lo tanto de conseguir salarios dignos, se fuesen al Pueblo B a contratar a otros menos organizados por la mitad de precio. Los terratenientes reaccionaron con bastante cabreo e iniciaron medidas obstruccionistas, que se resumen en el famoso eslogan que se les atribuyó, dirigido a los jornaleros: «Comed República».
En noviembre de 1933, la cosa cambió. Hubo unas elecciones que ganaron de largo las derechas, sobre todo por el desencanto creado por Casas Viejas y, dicen algunos sociólogos, porque por primera vez votaron las mujeres, entonces mayoritariamente conservadoras. Como ya hemos contado aquí, la llegada de las derechas al poder supuso un automático frenazo al desarrollo del Estatuto de Cataluña, que ya había sido aprobado pero al que le quedaban aún muchas cosas por dirimir.
En Cataluña gobernaban las izquierdas. Era presidente Lluis Companys y la Esquerra Republicana el partido de referencia. Este gobierno catalán quiso, también, regular el sector agrario, un sector presidido en buena parte por relaciones de arriendo, en ocasiones verbales como era entonces muy común en el agro, conocidas como la rabassa morta. Por ello, el gobierno catalán dictó una ley, la Ley de Cultivos, en la que, entre otras cosas, regulaba (artículo 8, según la documentación que he podido leer) las atribuciones de una Junta Arbitral existente para dirimir conflictos entre arrendador y arrendatario.
Aquel artículo 8 estaba redactado con el espíritu de la reforma agraria que, como ya os he dicho, se había abordado en Madrid meses antes. Así pues, establecía que la Junta Arbitral podría establecer las condiciones de la rabassa entre el propietario y arrendatario inicial o, si lo consideraba conveniente, con otro arrendatario diferente, fuera éste una persona física, una cooperativa, un sindicato…
La Ley de Cultivos catalana gustó más bien poco a los terratenientes catalanes. Con un gobierno de izquierdas, sin embargo, se habrían tenido que callar. Pero en Madrid gobernaban las derechas. Y lo que hizo el gobierno presidido por el Partido Radical fue denunciar la Ley de Cultivos catalana en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Y ganó.
Es cierto que la Constitución permitía la disposición de los bienes económicos por razones sociales. Pero el Tribunal entendió que esa potestad constitucional le era concedida sólo al Estado central y entendió que la citada ley catalana era una intromisión de una autonomía en una competencia estatal (regulación de la propiedad privada).
¿Cuál fue la reacción de los catalanes? El 12 de junio de 1934, el presidente Lluis Companys se presentó ante el parlamento autonómico con la intención de presentar el nuevo texto de la Ley de Cultivos; el texto diseñado para superar los problemas de constitucionalidad que había señalado el Tribunal de Garantías.
Presentó la misma ley. Exactamente la misma. Copiada hasta la coma. A día de hoy, y si exceptuamos la acción armada de octubre de aquel mismo año, nunca una autonomía ha planteado un conflicto tan grave con el Estado.
La sesión del 12 de junio fue tormentosa. Los mossos d’esquadra tuvieron que aplicarse bien a fondo para evitar que el público, que ya no cabía en la tribuna de visitantes, siguiese entrando en el edificio. Un grupo de militantes de Estat Catalá, formación que, como su propio nombre indica, era claramente independentista, intentaron colgar una bandera de su partido en el mismo balcón del parlamento. Adabal, diputado de la conservadora Lliga Regionalista, casi fue linchado en la calle a su llegada.
En su discurso, Companys apartó con rapidez las exquisiteces jurídicas del conflicto y lo llevó al terreno político, reclamando el total apoyo a sus tesis porque, dijo, «frente a un ataque a Cataluña, no pueden existir divisiones entre los que nos sentimos catalanes». Ese «los que nos sentimos catalanes» fue una puyita, muy típica de él, a los miembros de la Lliga, a los que negaba la condición de amantes de Cataluña (cosa que a un catalanista, obviamente, le jode más que cualquier otra cosa).
Acto seguido, anunció que la ley presentada era exactamente la misma que había sido tumbada por el Tribunal, y anunció que «el Gobierno [catalán] la hará cumplir, pase lo que pase y sea como sea». Confesión que arrancó un largo aplauso cerrado, tan escandaloso que el presidente tuvo que amenazar al público con echarlo si no se callaba.
Acto seguido, Companys holló los terrenos que realmente le importaban; la madre de cordero. Porque el problema con el gobierno de Madrid, el gobierno de derechas, no era tanto la Ley de Cultivos (ésa era sólo la fiebre) como el retraso o, más bien, parón que había sufrido la negociación de las transferencias (la enfermedad). De persistir esa actitud obstruccionista de Madrid, dijo, «nuestra autonomía iría desfalleciendo de tristeza, iría perdiendo el color y el carácter para terminar desviándose y hundiéndose por la cobardía o por la estupidez de los catalanes». Más aún: ante un «alzamiento monárquico y centralista de todas las tierras hispánicas», que era algo que la izquierda temía entonces, «Cataluña daría la gran batalla, porque nosotros no queremos morir de asco ni de vergüenza». Como se ve, Companys ya tenía, en junio del 34, la cabeza amueblada para hacer lo que hizo en octubre.
¿Que cómo terminó esto? Pues no lo sé, la verdad. En octubre, Companys metió la pata hasta el corvejón y decidió aprovechar el golpe de Estado revolucionario liderado por el PSOE y la UGT en Madrid (aunque sólo medró en Asturias) para impulsar la proclamación del Estado catalán de la República Federal Española (así lo definió en su alocución, a las 20,20 horas del 6 de octubre, desde el balcón del palacio de la Generalitat) e iniciar un proceso de sedición cuya consecuencia sería la suspensión de la autonomía durante el resto del bienio de derechas. Para cuando gobernó el Frente Popular, la Ley de Cultivos ya no era un problema.
Esto fue lo que pasó. Para saber lo que pueda pasar en el futuro, os diría que os equivocáis de blog; tal vez en el de Iker Jiménez o el de Rappel, si es que tienen, os lo cuenten.
sábado, febrero 03, 2007
El mito de las Cortes republicanas
La Historia está llena de tópicos. La mayoría son ciertos, en todo o en parte. Otros carecen de justificación. Uno de los que siempre me han sorprendido más es el que sostiene la alta calidad retórica de las Cortes de la República. He escuchado, no pocas veces, a muchas personas hablar de la altísima altura retórica que, como media, mostraba el Congreso en los años de la República. Este mito nace, tal vez, del hecho de que de aquellas Cortes formaron parte personas de gran altura intelectual, como José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno; quienes, por cierto, no escribieron sus mejores páginas en el Diario de Sesiones. También contribuye al mito el hecho de que uno de los grandes personajes de aquellos debates, Manuel Azaña, pase por ser lo que era: un político con un nivel cultural por encima de la media.
Todos estos factores, sin embargo, no impiden que la mayoría de los debates parlamentarios de los tiempos de la República estuviesen presididos por una zafiedad que hoy difícilmente se aceptaría en la misma tribuna. Para demostrar esta convicción mía, voy, en este post, a acudir a diversos ejemplos, todos ellos, por cierto, tomados del primer bienio de la República, 1931-1932, es decir la etapa constituyente. De esta manera me ahorro, por así decirlo, etapas parlamentarias como la inmediatamente anterior a la guerra, en la que se produjeron nada veladas defensas de fascismo y amenazas directas de muerte. Hablamos, pues, de los tiempos buenos.
En los tiempos buenos, 27 de agosto de 1931, el entonces ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, atacó los fueros vascos con este argumento: «(…) el antiguo fuero era un fuero tan anticlerical, tan sensato y tan humano, que llega a disponer, como en el Fuero vizcaíno, que cada cura tuviese su barragana para tranquilidad de todos los vecinos.»
30 de septiembre de 1931. Interviene una de las escasas diputadas de las Cortes, la señorita Campoamor, en el curso de un debate con un diputado de la izquierda. Su anuncio «le voy a decir a su Señoría tan sólo dos cosas», es saludado por un diputado que grita: «¡Cuidado, que a esa edad todas son beatas!» Este tipo de interrupciones era común en aquellas Cortes por lo visto tan ecuánimes (por cierto, que el debate sobre la pertinencia o no de conceder a la mujer derecho al voto en las elecciones del 33 no tiene desperdicio).
En el Diario de Sesiones del 18 de noviembre de 1931 encontramos una perla retórica de uno de los diputados entonces más belicosos, Joaquín Pérez Madrigal, un radical-socialista que era conocido como El Jabalí de las Cortes. Dice: «Quería decir, señor presidente, que en una intervención, nocturna por cierto, acudí a un acto del primer jabalí de la República, el señor Unamuno, y le imputé la paternidad de una carta que apareció inserta en el órgano huérfano de la dictadura. Esta inculpación, acaso temeraria, vive en el Diario de Sesiones, no ha tenido la rectificación adecuada por el órgano legítimo que podría desmentirla, que es el primer jabalí de la República (…)». Palabras que son contestadas por un diputado no demasiado lejano ideológicamente del que había hablado, el señor Balbontín, con este dechado de respeto: «(…) Termino rogando a los señores De la Villa, Pérez Madrigal y demás jabalíes del Partido Radical-Socialista, verdaderos jabalíes de bazar, de cartón piedra, jabalíes de pega (se produce un escándalo). Os lanzáis unas veces contra la minoría agraria y otras contra nosotros; pero ni una sola vez habéis lanzado un grito de protesta contra el Gobierno. ¡Esclavos! ¡Siervos! (Arrecia el escándalo)».
Ese mismo día, que debió ser movidito, un diputado conservador, Casanueva, reprocha a la diputada de la izquierda Margarita Nelken que no haya hecho nunca profesión pública de españolismo. A lo que el inefable Pérez Madrigal contesta gritando: «Es usted un diputado faccioso». El presidente del Congreso, Besteiro, le pide por tres veces que retire una imputación tan directa, a lo cual se niega.
Otro interesante y elevado clinch entre Balbontín y Pérez Madrigal. El 16 de marzo de 1932. El primero de ellos está atacando a un diputado radical-socialista, Félix Gordón Ordás, por seguir apoyando al Gobierno. Cuando Gordón le está contestando que él es dueño de sus actos, Pérez Madrigal grita: «¡El señor Balbontín vive de las mujeres!» A lo que el apelado contesta: «El señor Pérez Madrigal se ha hartado de robar máquinas Yost. Es un ladronzuelo vulgar (Escándalo). Cállese su Señoría, que ha sido del Directorio y tomó champán con el Dictador [Primo de Rivera] (…) El señor Pérez Madrigal, cuando llevaba la representación en Córdoba de las máquinas Yost, y tengo pruebas de ello, fue destituido por quedarse con el importe de las ventas (…)».
Aquellas Cortes estaban repletas de eso. Fulano cometió tal o cual irregularidad, tengo las pruebas, nunca las muestro, pero ahí queda.
El 26 de abril de 1932, el ministro de la Gobernación (Casares Quiroga) pronuncia esta perla: «Si de algo tengo un cierto remordimiento, si de algo mi conciencia de ministro de la República tiene que arrepentirse, si de algo tiene que reprocharse el ministro a quien habéis entregado un arma para defender la República, es de no haberla utilizado antes contra la Judicatura» [y que viva Montesquieu].
13 de julio de 1932. Interviene Gil-Robles. Critica a un diputado de la izquierda, Menéndez, de quien dice que siempre ha sido un burgués y «jamás ha tenido título alguno para representar al proletariado». Menéndez responde: «Su Señoría es un perfecto imbécil». A requerimiento de Gil-Robles, el presidente, Besteiro, requiere al diputado que retire el insulto.
«MENÉNDEZ: ¿Cuál?
BESTEIRO: No lo sé.
MENÉNDEZ: ¿Lo de perfecto? Pues lo dejo en imperfecto imbécil, y queda retirada.»
El tal Menéndez era subsecretario del Gobierno cuando decía estas lindezas. Y Gil-Robles, pues como siempre, haciendo amigos…
Solazaos con este diálogo del 19 de octubre de 1932 entre un diputado gubernamental, Álvarez Angulo, y el ya famoso Balbontín.
ÁLVAREZ ANGULO: (…) Pero yo he de decir que ese Colegio de Abogados no se ha ocupado cuando han ido los deportados sindicalistas a Bata…
BALBONTÍN: Y vosotros tampoco.
ÁLVAREZ ANGULO: Su Señoría se acuerda siempre de ellos a la hora de comer.
BALBONTÍN: Y habéis votado en contra.
ÁLVAREZ ANGULO: Frente a los consortes. Yo digo que su Señoría es un frutero consorte y frutero con suerte, que ha vivido del Consorcio.
BALBONTÍN: ¡Usted carece de vergüenza política! No tiene derecho a hablar así (…) Besteiro le llama al orden.
ÁLVAREZ ANGULO: Señor Balbontín, yo no le he tuteado nunca a su Señoría porque tengo a menos hablar con su Señoría, y le ruego que me respete, como yo lo hago.
BALBONTÍN: Está usted haciendo el ridículo, amigo.
ÁLVAREZ ANGULO: Yo haré todo el ridículo que quiera su Señoría; pero su Señoría, que ha sido toda la vida un cobarde, lo ha sido ahora en el Colegio de Abogados al no levantarse contra los calumniadores del régimen.
BALBONTÍN: ¡A su Señoría le parto yo la cara!
9 de noviembre de 1932. Miguel Maura, ex ministro de la Gobernación, republicano de corte conservador, habla en el Parlamento. En el curso de un intercambio de requiebros aparentemente sin importancia, Pérez Madrigal (políticamente a su izquierda) le dice: «Aquí siempre tenemos mucha gracia». Maura contesta: «y mucha desvergüenza». Por mucho que se lo exige el Presidente Besteiro, se niega a retirar el insulto. Sólo tras mucha porfía consigue convencerle de que delegue en él la decisión, y entonces Besteiro retira el insulto en su nombre.
Gil Robles, el 9 de febrero de 1933. Moderada intervención: «(…) lo que yo he dicho, y reafirmo aquí, es que, no todas, sino algunas autoridades de la República, en vez de tener en la mano un bastón de mando, deberían tener un grillete».
En los tiempos actuales que vivimos hay, como tiene que ser, división de opiniones parlamentarias. Cuando se produce un debate del Estado de la Nación, unos quieren ver ganador al líder de la oposición y otros al presidente del Gobierno. Pero una cosa está clara: si cualquiera de los dos dijese cualquiera de las cosas que aquí se han reproducido, ya no habría duda: sería el perdedor.
Así pues, cierto es que nuestros parlamentarios de hoy en día apenas dominan la retórica. Que todo lo leen, que tienen escasa capacidad polémica y, además, suelen darle, cada vez que abren la boca, patadas al idioma. Pero decir eso no puede equivaler a decir, en justicia, que cualquier pasado fue mejor.
Hay pasados que, si pudiéramos, deberíamos cambiar.
Todos estos factores, sin embargo, no impiden que la mayoría de los debates parlamentarios de los tiempos de la República estuviesen presididos por una zafiedad que hoy difícilmente se aceptaría en la misma tribuna. Para demostrar esta convicción mía, voy, en este post, a acudir a diversos ejemplos, todos ellos, por cierto, tomados del primer bienio de la República, 1931-1932, es decir la etapa constituyente. De esta manera me ahorro, por así decirlo, etapas parlamentarias como la inmediatamente anterior a la guerra, en la que se produjeron nada veladas defensas de fascismo y amenazas directas de muerte. Hablamos, pues, de los tiempos buenos.
En los tiempos buenos, 27 de agosto de 1931, el entonces ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, atacó los fueros vascos con este argumento: «(…) el antiguo fuero era un fuero tan anticlerical, tan sensato y tan humano, que llega a disponer, como en el Fuero vizcaíno, que cada cura tuviese su barragana para tranquilidad de todos los vecinos.»
30 de septiembre de 1931. Interviene una de las escasas diputadas de las Cortes, la señorita Campoamor, en el curso de un debate con un diputado de la izquierda. Su anuncio «le voy a decir a su Señoría tan sólo dos cosas», es saludado por un diputado que grita: «¡Cuidado, que a esa edad todas son beatas!» Este tipo de interrupciones era común en aquellas Cortes por lo visto tan ecuánimes (por cierto, que el debate sobre la pertinencia o no de conceder a la mujer derecho al voto en las elecciones del 33 no tiene desperdicio).
En el Diario de Sesiones del 18 de noviembre de 1931 encontramos una perla retórica de uno de los diputados entonces más belicosos, Joaquín Pérez Madrigal, un radical-socialista que era conocido como El Jabalí de las Cortes. Dice: «Quería decir, señor presidente, que en una intervención, nocturna por cierto, acudí a un acto del primer jabalí de la República, el señor Unamuno, y le imputé la paternidad de una carta que apareció inserta en el órgano huérfano de la dictadura. Esta inculpación, acaso temeraria, vive en el Diario de Sesiones, no ha tenido la rectificación adecuada por el órgano legítimo que podría desmentirla, que es el primer jabalí de la República (…)». Palabras que son contestadas por un diputado no demasiado lejano ideológicamente del que había hablado, el señor Balbontín, con este dechado de respeto: «(…) Termino rogando a los señores De la Villa, Pérez Madrigal y demás jabalíes del Partido Radical-Socialista, verdaderos jabalíes de bazar, de cartón piedra, jabalíes de pega (se produce un escándalo). Os lanzáis unas veces contra la minoría agraria y otras contra nosotros; pero ni una sola vez habéis lanzado un grito de protesta contra el Gobierno. ¡Esclavos! ¡Siervos! (Arrecia el escándalo)».
Ese mismo día, que debió ser movidito, un diputado conservador, Casanueva, reprocha a la diputada de la izquierda Margarita Nelken que no haya hecho nunca profesión pública de españolismo. A lo que el inefable Pérez Madrigal contesta gritando: «Es usted un diputado faccioso». El presidente del Congreso, Besteiro, le pide por tres veces que retire una imputación tan directa, a lo cual se niega.
Otro interesante y elevado clinch entre Balbontín y Pérez Madrigal. El 16 de marzo de 1932. El primero de ellos está atacando a un diputado radical-socialista, Félix Gordón Ordás, por seguir apoyando al Gobierno. Cuando Gordón le está contestando que él es dueño de sus actos, Pérez Madrigal grita: «¡El señor Balbontín vive de las mujeres!» A lo que el apelado contesta: «El señor Pérez Madrigal se ha hartado de robar máquinas Yost. Es un ladronzuelo vulgar (Escándalo). Cállese su Señoría, que ha sido del Directorio y tomó champán con el Dictador [Primo de Rivera] (…) El señor Pérez Madrigal, cuando llevaba la representación en Córdoba de las máquinas Yost, y tengo pruebas de ello, fue destituido por quedarse con el importe de las ventas (…)».
Aquellas Cortes estaban repletas de eso. Fulano cometió tal o cual irregularidad, tengo las pruebas, nunca las muestro, pero ahí queda.
El 26 de abril de 1932, el ministro de la Gobernación (Casares Quiroga) pronuncia esta perla: «Si de algo tengo un cierto remordimiento, si de algo mi conciencia de ministro de la República tiene que arrepentirse, si de algo tiene que reprocharse el ministro a quien habéis entregado un arma para defender la República, es de no haberla utilizado antes contra la Judicatura» [y que viva Montesquieu].
13 de julio de 1932. Interviene Gil-Robles. Critica a un diputado de la izquierda, Menéndez, de quien dice que siempre ha sido un burgués y «jamás ha tenido título alguno para representar al proletariado». Menéndez responde: «Su Señoría es un perfecto imbécil». A requerimiento de Gil-Robles, el presidente, Besteiro, requiere al diputado que retire el insulto.
«MENÉNDEZ: ¿Cuál?
BESTEIRO: No lo sé.
MENÉNDEZ: ¿Lo de perfecto? Pues lo dejo en imperfecto imbécil, y queda retirada.»
El tal Menéndez era subsecretario del Gobierno cuando decía estas lindezas. Y Gil-Robles, pues como siempre, haciendo amigos…
Solazaos con este diálogo del 19 de octubre de 1932 entre un diputado gubernamental, Álvarez Angulo, y el ya famoso Balbontín.
ÁLVAREZ ANGULO: (…) Pero yo he de decir que ese Colegio de Abogados no se ha ocupado cuando han ido los deportados sindicalistas a Bata…
BALBONTÍN: Y vosotros tampoco.
ÁLVAREZ ANGULO: Su Señoría se acuerda siempre de ellos a la hora de comer.
BALBONTÍN: Y habéis votado en contra.
ÁLVAREZ ANGULO: Frente a los consortes. Yo digo que su Señoría es un frutero consorte y frutero con suerte, que ha vivido del Consorcio.
BALBONTÍN: ¡Usted carece de vergüenza política! No tiene derecho a hablar así (…) Besteiro le llama al orden.
ÁLVAREZ ANGULO: Señor Balbontín, yo no le he tuteado nunca a su Señoría porque tengo a menos hablar con su Señoría, y le ruego que me respete, como yo lo hago.
BALBONTÍN: Está usted haciendo el ridículo, amigo.
ÁLVAREZ ANGULO: Yo haré todo el ridículo que quiera su Señoría; pero su Señoría, que ha sido toda la vida un cobarde, lo ha sido ahora en el Colegio de Abogados al no levantarse contra los calumniadores del régimen.
BALBONTÍN: ¡A su Señoría le parto yo la cara!
9 de noviembre de 1932. Miguel Maura, ex ministro de la Gobernación, republicano de corte conservador, habla en el Parlamento. En el curso de un intercambio de requiebros aparentemente sin importancia, Pérez Madrigal (políticamente a su izquierda) le dice: «Aquí siempre tenemos mucha gracia». Maura contesta: «y mucha desvergüenza». Por mucho que se lo exige el Presidente Besteiro, se niega a retirar el insulto. Sólo tras mucha porfía consigue convencerle de que delegue en él la decisión, y entonces Besteiro retira el insulto en su nombre.
Gil Robles, el 9 de febrero de 1933. Moderada intervención: «(…) lo que yo he dicho, y reafirmo aquí, es que, no todas, sino algunas autoridades de la República, en vez de tener en la mano un bastón de mando, deberían tener un grillete».
En los tiempos actuales que vivimos hay, como tiene que ser, división de opiniones parlamentarias. Cuando se produce un debate del Estado de la Nación, unos quieren ver ganador al líder de la oposición y otros al presidente del Gobierno. Pero una cosa está clara: si cualquiera de los dos dijese cualquiera de las cosas que aquí se han reproducido, ya no habría duda: sería el perdedor.
Así pues, cierto es que nuestros parlamentarios de hoy en día apenas dominan la retórica. Que todo lo leen, que tienen escasa capacidad polémica y, además, suelen darle, cada vez que abren la boca, patadas al idioma. Pero decir eso no puede equivaler a decir, en justicia, que cualquier pasado fue mejor.
Hay pasados que, si pudiéramos, deberíamos cambiar.
miércoles, enero 31, 2007
¡Por Alá, qué tropa!
A lo mejor me equivoco, pero creo que si unos nobles y reyes tienen fama de haberse matado los unos a los otros, ésos son los nobles italianos del Renacimiento. Todo el mundo conoce las turbias historias de los Borgia, los Colonna o los Orsini. Asimismo, otro lugar común de la Historia es contemplar a los reyes musulmanes de Al-Andalus como diferencialmente más civilizados que sus enemigos cristianos. En ambos mitos hay bastante de verdad, pero no pocos ingredientes de falsedad.
Y si no, que se lo digan a los emires nazaríes, entre los cuales la muerte era cosa, más que posible, probable.
La dinastía nazarí reinó en Granada y seguía reinando cuando Fernando el Católico la tomó, expulsando al sensible Boabdil, ése al que su madre reprochó el no haber sabido defender Granada como un hombre. Hoy os voy a contar, sucintamente, la historia de los emires nazaríes durante un siglo, desde principios del siglo XIV hasta principios del XV. Y espero convenceros de que ser emir no era entonces ningún chollo.
A principios del siglo XIV, reinaba en Granada Muhammad al-Majlu, conocido como Muhammad III. Nuestro buen Muhammad tenía un problema: veía menos que Pepe Leches. Quizá tenía glaucoma, o alguna otra dolencia grave de la vista, porque el hecho es que estaba casi ciego. Esta circunstancia animó al primer ministro, ibn al-Hakim, para montar una conspiración y apartar al pobre Muhammad del poder. Se puso de acuerdo con Nasr, hermano del emir, y el 14 de marzo de 1309 lo destronaron. Nasr fue entronizado y al ciego lo enviaron a Almuñécar, a tomar las aguas. Sin embargo, a finales de 1310, Nasr enfermó muy gravemente y hubo que traer de vuelta a Muhammad a Granada. Estaba a punto de ser entronizado de nuevo cuando Nasr tuvo una recuperación supersónica, con lo que suspendió toda la movida. Según todas las trazas, la anécdota hizo que Nasr le viese las orejas al lobo, así pues se fue al palacio donde estaba su hermano, lo agarró por el cuello, y lo ahogó en una alberca. ¿Conocéis esa frase hecha que dice «eres más malo que pegarle a un ciego»? Pues Nasr lo era, pues no le pegó, sino que lo ahogó. Y no era cualquier ciego, sino su hermano ciego.
Este Nasr tan buena persona y amigo de la institución familiar sería destronado por Ismail I, un caudillo que lo atacó desde Málaga y lo cercó en la misma Alhambra. Nasr negoció seguir con vida a cambio de que se le permitiese ser señor de Guadix, a lo que Ismail accedió. Nada más llegar a su nueva plaza, Nasr, que como vemos era un musulmán español al mismo tiempo que un punto filipino, se alzó contra el emir, aliándose con Castilla y favoreciendo varias victorias de los cristianos (una prueba más que esa idea de la guerra entre moros y cristianos tiene más grietas que las mejillas de una cantaora jubilada). Lo que sabemos es que, ocho años y pico después de haber dejado el trono, Nasr murió de forma repentina. Pudo ser la morbilidad de la época, sí; o pudo ser que Ismail se lo cargó.
Ismail I, por su parte, reinó desde 1314, pero apenas duró hasta 1325. En dicho año fue asesinado, al parecer por una venganza personal. Cierto día, el emir le echó una bronca a Muhammad, que era hijo de su primo. El chorreo debió de ser de tal calibre que el tal Muhammad, quien probablemente tampoco tenía mucho aguante, resolvió responder asesinando a su rey (sí, hay gente que tiene unos prontos jodidos). Según las crónicas cristianas, la bronca fue por unas mamellas: Muhammad había capturado a una cristiana que al parecer estaba muy buena, Ismail se la quiso quedar y el medio sobrino le respondió que se columpiase.
El tal Muhammad no estaba hecho para los planes sutiles. Simplemente, esperó al emir cierto día que iba a impartir justicia y en la misma puerta del palacio, en medio del mogollón, le arreó tres estocadas que lo dejaron tieso. Los conjurados intentaron huir, pero la policía se los cargó allí donde los encontró; a ellos y a unos cuantos ciudadanos más, probablemente, inocentes, a los que consideró sospechosos.
A Ismail I le sucedió Muhammad IV. Este emir, que era muy joven (tenía 18 años cuando murió), había guerreado con Castilla y solicitado la ayuda de los ejércitos del Magreb, gracias a los cuales pudo recuperar Gibraltar. Tras esta victoria, Castilla se avino a firmar un armisticio, por lo que los ejércitos contendientes volvieron a casa. Regresaba el casi adolescente Muhammad a Granada cuando fue objeto de una emboscada cerca de Algeciras en la que, cómo no, fue asesinado.
A Muhammad IV lo sucedió su hermano Yusuf I, de quien algo bueno podemos decir: lejos de estar implicado en el asesinato de su hermano, y aunque fue entronizado con el apoyo de dichos asesinos, esperó pacientemente algún tiempo para poder vengarse de ellos (al cabecilla del asesinato lo deportó a Túnez, para ser exactos). Yusuf, además, fue un rey cojonudo, por lo que dicen las crónicas, amén del dato de su dilatado periodo, que abarca desde 1333 hasta 1354. Gobernó en una Granada sin grandes conflictos, estable y feliz. El tipo de rey que muere en la cama. Pero, quia. Ni de coña.
El 19 de octubre de 1354, se celebraba en Granada la ruptura del ayuno sagrado de los musulmanes, celebración que culminaba en un gran acto de oración. En el último acto de postrarse del emir, cuando estaba por lo tanto tocando el suelo con la frente, un hombre negro, al parecer retrasado mental, se le abalanzó y le clavó un puñal. El emir murió poco después y el asesino fue entregado al pueblo, que lo linchó y quemó vivo.
Este asesinato tiene un poco el mismo tufo que el atentado fallido que sufrió, pocas décadas después, Fernando el Católico en Barcelona. En ambos casos tenemos a un tipo retrasado que parece actuar solo, aunque los historiadores han dado muchas vueltas, en ambos casos, a la hipótesis de que pudiera haber instigadores por detrás. Algo que no se ha podido probar nunca. Y podemos pensar que es que un magnicidio siempre tiene una razón de ser. Pero después de haber vivido en el pasado reciente casos como el del intento de asesinato de Ronald Reagan, cometido por un pirado en medio de una empanada mental, es como para dudarlo. Sin embargo, en el caso de Yusuf, justo es consignar que algunas crónicas señalan que su asesino era hijo bastardo de Muhammad IV, el anterior emir y hermano suyo, por lo que, quizá, dentro de sus escasas entendederas pudo llegar a creer, o tal vez alguien le convenció, de que tenía derecho al trono.
A Yusuf I lo sucedió su primogénito, Muhammad V, pero el 23 de agosto de 1359, una revuelta palaciega lo derrocó. El beneficiario de la movida fue Ismail II, que entonces tenía apenas veinte años, y a quien Muhammad V, probablemente porque ya sabía de qué palo iba el niño, había mandado encerrar en compañía de su madre Maryam. No os creáis que el hecho de que fuesen hermanastros fue lo que movió a Ismail a respetar la vida de Muhammad. Si no se lo apioló durante el golpe de Estado fue porque no lo encontró; estaba en Guadix de viaje.
Llegar Ismail al poder y empezar otros a pensar en llevárselo por delante fue todo uno. El más ambicioso de ellos resultó ser su primo segundo y cuñado, Muhammad b. Abi l-Walid Ismail, que había sido el espadón que había ayudado a Ismail a quedarse con el trono. En realidad, este pollo era el que gobernaba en Granada, pero probablemente tenía sus roces con el emir formal, así que decidió quitárselo de en medio. La noche del 13 de julio de 1360, lo cercó en uno de sus palacios. Ismail, una vez rodeado, ofreció someterse a un nuevo encierro, como antaño. Su primo, sin embargo, lo hizo decapitar y le tiró la cabeza a la gente para que jugase con ella. A continuación, el hermano de sangre de Ismail, Quays, que era tan sólo un niño, también fue ejecutado. Así que el primo llegó al emirato, con el nombre de Muhammad VI.
Este Muhammad VI, llamado El Bermejo por los cristianos, se hizo con el poder, como acabamos de decir, tras quitarse de en medio al incómodo Ismail. Sin embargo, recordaréis que Ismail había destronado a un emir, Muhammad V, que estaba en Guadix de viaje cuando fueron a por él. Esto se reveló como un problema. Poco a poco, Muhammad V fue reuniendo partidarios y más partidarios, y llegó un momento en el que el emir tuvo claro que el antiguo emir tenía fuerza suficiente como para plantarle cara. Por cobardía o por constancia de que carecía de fuerzas, Muhammad VI tomó, ni corto ni perezoso, la decisión de pillar el tesoro nazarí, ponerlo en unos carros y marcharse a Castilla, donde solicitó la protección del rey Pedro I el Cruel.
El rey cristiano, en principio, hizo como que recibía encantado al huésped. Sin embargo, dos semanas después de la llegada, el 27 de abril de 1362, estando ambos en Tablada, lo mató de un lanzazo. Obviamente, lo hizo por la pasta. Porque hay que entender que la acción del rey cristiano fue alucinante y muy criticada, incluso entre los cristianos. Para la moral de aquella época, un rey que pedía asilo era intocable. Por eso, las crónicas de la época, por lo menos las procristianas, defienden la teoría de que Muhammad jamás pidió permiso al rey castellano para visitarle, luego nunca solicitó su protección, lo que, en teoría, daría derecho a El Cruel para matarlo.
De todas formas, para cuando El Bermejo la diñó, Muhammad V ya reinaba en Granada, de nuevo. Y murió, ¡por fin uno!, de muerte natural. Aunque esto, debéis saberlo, incluso lo ponen en duda algunos historiadores.
Tras la muerte de Muhammad V, le sucedió su hijo Yusuf II, quien tomó los servicios de un valido o primer ministro, un tal Jalid. Lo primero que hizo Jalid, visto lo visto, fue librar a su rey de la presencia, siempre molesta y levemente asesina, de sus hermanos; así que tomó a Saad, Muhammad y Nasr, los tres hermanos de Yusuf, y los encerró en otras tantas mazmorras, donde se pudrieron hasta morir.
Una vez superados los obstáculos, Jalid decidió que, en realidad, él era quien tenía todo el mérito de la gestión de gobierno, así pues resolvió matar a su rey. Para ello se amigó con el médico de la corte, el judío Yahya b. al-Saig, para envenenarlo. Lo malo es que el emir se enteró a tiempo: al primer ministro lo despedazó vivo a golpes de espada, y al judío lo degolló en prisión.
Se podría pensar que el rey se había garantizado una larga vida. Pero lo cierto es que su vida apenas se prolongó unos meses más. El 5 de octubre de 1392, el emir murió envenenado, con un envenenamiento digno de James Bond: el sultán de Fez le regaló una camisa envenenada, de forma que, tras ponérsela, empezó a sentirse mal y, dicen las crónicas, murió cayéndosele la carne a trozos.
Una vez que el emir murió, lo sucedió un hermano suyo, de nombre Muhammad, que reinó como Muhammad VII y, según todas las trazas, estuvo implicado con el sultán de Fez en el asunto de la camisa que hacía bastante más que picar. En realidad, Muhammad tenía otro hermano mayor, Yusuf, que por lo tanto tenía derecho a ser rey antes que él. Pero Muhammad lo convenció con el expeditivo método de encarcelarlo en Salobreña. Después de eso, reinó varios años en constante conflicto con Castilla, pero murió el 11 de mayo de 1408. Lo realmente increíble es que murió como su hermano: envenenado con una prenda. Hay que ser gilipollas para caer en la misma trampa que uno mismo ha tendido en el pasado.
En el espacio de cien años, pues, la monarquía nazarí tuvo diez reyes, de los cuales al menos ocho murieron violentamente. Diez reyes frente a seis en Castilla y cinco en Aragón. Este es un dato de gran importancia para explicar que, algunas décadas después, el reino de Granada estuviese tan debilitado frente al empuje de los reyes católicos.
A los reyes musulmanes les gustaban los buenos baños y las poesías bellas, ciertamente. Pero a navajeros tampoco les ganaba nadie. Como diría el conde de Romanones, ¡joder qué tropa!
Y si no, que se lo digan a los emires nazaríes, entre los cuales la muerte era cosa, más que posible, probable.
La dinastía nazarí reinó en Granada y seguía reinando cuando Fernando el Católico la tomó, expulsando al sensible Boabdil, ése al que su madre reprochó el no haber sabido defender Granada como un hombre. Hoy os voy a contar, sucintamente, la historia de los emires nazaríes durante un siglo, desde principios del siglo XIV hasta principios del XV. Y espero convenceros de que ser emir no era entonces ningún chollo.
A principios del siglo XIV, reinaba en Granada Muhammad al-Majlu, conocido como Muhammad III. Nuestro buen Muhammad tenía un problema: veía menos que Pepe Leches. Quizá tenía glaucoma, o alguna otra dolencia grave de la vista, porque el hecho es que estaba casi ciego. Esta circunstancia animó al primer ministro, ibn al-Hakim, para montar una conspiración y apartar al pobre Muhammad del poder. Se puso de acuerdo con Nasr, hermano del emir, y el 14 de marzo de 1309 lo destronaron. Nasr fue entronizado y al ciego lo enviaron a Almuñécar, a tomar las aguas. Sin embargo, a finales de 1310, Nasr enfermó muy gravemente y hubo que traer de vuelta a Muhammad a Granada. Estaba a punto de ser entronizado de nuevo cuando Nasr tuvo una recuperación supersónica, con lo que suspendió toda la movida. Según todas las trazas, la anécdota hizo que Nasr le viese las orejas al lobo, así pues se fue al palacio donde estaba su hermano, lo agarró por el cuello, y lo ahogó en una alberca. ¿Conocéis esa frase hecha que dice «eres más malo que pegarle a un ciego»? Pues Nasr lo era, pues no le pegó, sino que lo ahogó. Y no era cualquier ciego, sino su hermano ciego.
Este Nasr tan buena persona y amigo de la institución familiar sería destronado por Ismail I, un caudillo que lo atacó desde Málaga y lo cercó en la misma Alhambra. Nasr negoció seguir con vida a cambio de que se le permitiese ser señor de Guadix, a lo que Ismail accedió. Nada más llegar a su nueva plaza, Nasr, que como vemos era un musulmán español al mismo tiempo que un punto filipino, se alzó contra el emir, aliándose con Castilla y favoreciendo varias victorias de los cristianos (una prueba más que esa idea de la guerra entre moros y cristianos tiene más grietas que las mejillas de una cantaora jubilada). Lo que sabemos es que, ocho años y pico después de haber dejado el trono, Nasr murió de forma repentina. Pudo ser la morbilidad de la época, sí; o pudo ser que Ismail se lo cargó.
Ismail I, por su parte, reinó desde 1314, pero apenas duró hasta 1325. En dicho año fue asesinado, al parecer por una venganza personal. Cierto día, el emir le echó una bronca a Muhammad, que era hijo de su primo. El chorreo debió de ser de tal calibre que el tal Muhammad, quien probablemente tampoco tenía mucho aguante, resolvió responder asesinando a su rey (sí, hay gente que tiene unos prontos jodidos). Según las crónicas cristianas, la bronca fue por unas mamellas: Muhammad había capturado a una cristiana que al parecer estaba muy buena, Ismail se la quiso quedar y el medio sobrino le respondió que se columpiase.
El tal Muhammad no estaba hecho para los planes sutiles. Simplemente, esperó al emir cierto día que iba a impartir justicia y en la misma puerta del palacio, en medio del mogollón, le arreó tres estocadas que lo dejaron tieso. Los conjurados intentaron huir, pero la policía se los cargó allí donde los encontró; a ellos y a unos cuantos ciudadanos más, probablemente, inocentes, a los que consideró sospechosos.
A Ismail I le sucedió Muhammad IV. Este emir, que era muy joven (tenía 18 años cuando murió), había guerreado con Castilla y solicitado la ayuda de los ejércitos del Magreb, gracias a los cuales pudo recuperar Gibraltar. Tras esta victoria, Castilla se avino a firmar un armisticio, por lo que los ejércitos contendientes volvieron a casa. Regresaba el casi adolescente Muhammad a Granada cuando fue objeto de una emboscada cerca de Algeciras en la que, cómo no, fue asesinado.
A Muhammad IV lo sucedió su hermano Yusuf I, de quien algo bueno podemos decir: lejos de estar implicado en el asesinato de su hermano, y aunque fue entronizado con el apoyo de dichos asesinos, esperó pacientemente algún tiempo para poder vengarse de ellos (al cabecilla del asesinato lo deportó a Túnez, para ser exactos). Yusuf, además, fue un rey cojonudo, por lo que dicen las crónicas, amén del dato de su dilatado periodo, que abarca desde 1333 hasta 1354. Gobernó en una Granada sin grandes conflictos, estable y feliz. El tipo de rey que muere en la cama. Pero, quia. Ni de coña.
El 19 de octubre de 1354, se celebraba en Granada la ruptura del ayuno sagrado de los musulmanes, celebración que culminaba en un gran acto de oración. En el último acto de postrarse del emir, cuando estaba por lo tanto tocando el suelo con la frente, un hombre negro, al parecer retrasado mental, se le abalanzó y le clavó un puñal. El emir murió poco después y el asesino fue entregado al pueblo, que lo linchó y quemó vivo.
Este asesinato tiene un poco el mismo tufo que el atentado fallido que sufrió, pocas décadas después, Fernando el Católico en Barcelona. En ambos casos tenemos a un tipo retrasado que parece actuar solo, aunque los historiadores han dado muchas vueltas, en ambos casos, a la hipótesis de que pudiera haber instigadores por detrás. Algo que no se ha podido probar nunca. Y podemos pensar que es que un magnicidio siempre tiene una razón de ser. Pero después de haber vivido en el pasado reciente casos como el del intento de asesinato de Ronald Reagan, cometido por un pirado en medio de una empanada mental, es como para dudarlo. Sin embargo, en el caso de Yusuf, justo es consignar que algunas crónicas señalan que su asesino era hijo bastardo de Muhammad IV, el anterior emir y hermano suyo, por lo que, quizá, dentro de sus escasas entendederas pudo llegar a creer, o tal vez alguien le convenció, de que tenía derecho al trono.
A Yusuf I lo sucedió su primogénito, Muhammad V, pero el 23 de agosto de 1359, una revuelta palaciega lo derrocó. El beneficiario de la movida fue Ismail II, que entonces tenía apenas veinte años, y a quien Muhammad V, probablemente porque ya sabía de qué palo iba el niño, había mandado encerrar en compañía de su madre Maryam. No os creáis que el hecho de que fuesen hermanastros fue lo que movió a Ismail a respetar la vida de Muhammad. Si no se lo apioló durante el golpe de Estado fue porque no lo encontró; estaba en Guadix de viaje.
Llegar Ismail al poder y empezar otros a pensar en llevárselo por delante fue todo uno. El más ambicioso de ellos resultó ser su primo segundo y cuñado, Muhammad b. Abi l-Walid Ismail, que había sido el espadón que había ayudado a Ismail a quedarse con el trono. En realidad, este pollo era el que gobernaba en Granada, pero probablemente tenía sus roces con el emir formal, así que decidió quitárselo de en medio. La noche del 13 de julio de 1360, lo cercó en uno de sus palacios. Ismail, una vez rodeado, ofreció someterse a un nuevo encierro, como antaño. Su primo, sin embargo, lo hizo decapitar y le tiró la cabeza a la gente para que jugase con ella. A continuación, el hermano de sangre de Ismail, Quays, que era tan sólo un niño, también fue ejecutado. Así que el primo llegó al emirato, con el nombre de Muhammad VI.
Este Muhammad VI, llamado El Bermejo por los cristianos, se hizo con el poder, como acabamos de decir, tras quitarse de en medio al incómodo Ismail. Sin embargo, recordaréis que Ismail había destronado a un emir, Muhammad V, que estaba en Guadix de viaje cuando fueron a por él. Esto se reveló como un problema. Poco a poco, Muhammad V fue reuniendo partidarios y más partidarios, y llegó un momento en el que el emir tuvo claro que el antiguo emir tenía fuerza suficiente como para plantarle cara. Por cobardía o por constancia de que carecía de fuerzas, Muhammad VI tomó, ni corto ni perezoso, la decisión de pillar el tesoro nazarí, ponerlo en unos carros y marcharse a Castilla, donde solicitó la protección del rey Pedro I el Cruel.
El rey cristiano, en principio, hizo como que recibía encantado al huésped. Sin embargo, dos semanas después de la llegada, el 27 de abril de 1362, estando ambos en Tablada, lo mató de un lanzazo. Obviamente, lo hizo por la pasta. Porque hay que entender que la acción del rey cristiano fue alucinante y muy criticada, incluso entre los cristianos. Para la moral de aquella época, un rey que pedía asilo era intocable. Por eso, las crónicas de la época, por lo menos las procristianas, defienden la teoría de que Muhammad jamás pidió permiso al rey castellano para visitarle, luego nunca solicitó su protección, lo que, en teoría, daría derecho a El Cruel para matarlo.
De todas formas, para cuando El Bermejo la diñó, Muhammad V ya reinaba en Granada, de nuevo. Y murió, ¡por fin uno!, de muerte natural. Aunque esto, debéis saberlo, incluso lo ponen en duda algunos historiadores.
Tras la muerte de Muhammad V, le sucedió su hijo Yusuf II, quien tomó los servicios de un valido o primer ministro, un tal Jalid. Lo primero que hizo Jalid, visto lo visto, fue librar a su rey de la presencia, siempre molesta y levemente asesina, de sus hermanos; así que tomó a Saad, Muhammad y Nasr, los tres hermanos de Yusuf, y los encerró en otras tantas mazmorras, donde se pudrieron hasta morir.
Una vez superados los obstáculos, Jalid decidió que, en realidad, él era quien tenía todo el mérito de la gestión de gobierno, así pues resolvió matar a su rey. Para ello se amigó con el médico de la corte, el judío Yahya b. al-Saig, para envenenarlo. Lo malo es que el emir se enteró a tiempo: al primer ministro lo despedazó vivo a golpes de espada, y al judío lo degolló en prisión.
Se podría pensar que el rey se había garantizado una larga vida. Pero lo cierto es que su vida apenas se prolongó unos meses más. El 5 de octubre de 1392, el emir murió envenenado, con un envenenamiento digno de James Bond: el sultán de Fez le regaló una camisa envenenada, de forma que, tras ponérsela, empezó a sentirse mal y, dicen las crónicas, murió cayéndosele la carne a trozos.
Una vez que el emir murió, lo sucedió un hermano suyo, de nombre Muhammad, que reinó como Muhammad VII y, según todas las trazas, estuvo implicado con el sultán de Fez en el asunto de la camisa que hacía bastante más que picar. En realidad, Muhammad tenía otro hermano mayor, Yusuf, que por lo tanto tenía derecho a ser rey antes que él. Pero Muhammad lo convenció con el expeditivo método de encarcelarlo en Salobreña. Después de eso, reinó varios años en constante conflicto con Castilla, pero murió el 11 de mayo de 1408. Lo realmente increíble es que murió como su hermano: envenenado con una prenda. Hay que ser gilipollas para caer en la misma trampa que uno mismo ha tendido en el pasado.
En el espacio de cien años, pues, la monarquía nazarí tuvo diez reyes, de los cuales al menos ocho murieron violentamente. Diez reyes frente a seis en Castilla y cinco en Aragón. Este es un dato de gran importancia para explicar que, algunas décadas después, el reino de Granada estuviese tan debilitado frente al empuje de los reyes católicos.
A los reyes musulmanes les gustaban los buenos baños y las poesías bellas, ciertamente. Pero a navajeros tampoco les ganaba nadie. Como diría el conde de Romanones, ¡joder qué tropa!
martes, enero 30, 2007
Cartas Cruzadas (I): el conde-duque de Olivares
Hoy, Inasequible y yo mismo iniciamos una nueva sección, o subsección o lo que sea, de este Historias de España. Se trata de las Cartas Cruzadas.
Creo que ya he dicho que vivimos en ciudades diferentes. Así pues, Ina y yo hacemos lo que los amigos que no quieren perder el contacto: escribirnos. Buena parte de nuestros mensajes ya los leeis, pues son textos para el blog. Pero también hay otros en los que, básicamente, polemizamos.
La polémica no es que no sea mala, es que es guay. Polemizar está muy bien, es divertido y, si se polemiza con las orejas bien abiertas, normalmente se aprende mucho. Es por esto que hemos pensado en polemizar un poco. Hay muchas cosas en la Historia de España en las que Ina y yo estamos bastante en desacuerdo. Os puedo adelantar que hemos hecho un breve intercambio de posibles asuntos de polémica, y hay unos cuantos en que no es que pensemos diferente; es que pensamos radicalmente diferente.
Os vamos a dar la ocasión de elegir. De vez en cuando, Ina y yo nos cruzaremos cartas, previamente pactadas entre ambos, para defender posturas distintas sobre un mismo hecho histórico. Vosotros, si las leeis, podréis formar vuestra propia opinión, consolidar la que ya tenéis, o cambiarla. Cualquiera de las posibilidades vale. Si alguien está pensando en esas cosas de internet que la gente vota y luego se suman los resultados, ah, lo siento; el editor de este blog, aquí presente, se declara absolutamente incapaz de esas goyerías. El que quiera votar, que vote en el apartado de mensajes, y será bien recibido. Sobre todo si vota por mí ;-)
En fin, al torrao, que dicen los que saben de esto que internet nadie lee más allá de veinte líneas (o sea, todos vosotros sois masocas).
Nuestras primeras cartas cruzadas se refieren al conde-duque de Olivares. El conde-duque ha pasado a la Historia como el ejemplo del valido, o preferido, de un rey, quizá al alimón con Godoy, que lo fue algunos años más tarde. El valido es aquel personaje que goza del favor y de la confianza del rey y, por lo tanto, hace y deshace en el gobierno de la nación a su sombra. El conde-duque fue valido de Felipe IV, y la Historia no le da muy buena imagen. Inasequible se deja llevar por esa corriente y opina que el conde-duque es un personaje nefasto de nuestra Historia. Y yo no pienso así.
Esta vez, y sin que sirva de precedente, le he dado ventaja a Ina: escribí yo primero mi carta. La próxima vez, supongo, será él quien comience.
En fin, aquí están las cartas para vuestra lectura. Eso sí, recordad, mientras las repasais, que yo soy setenta mil veces más simpático que mi oponente.
Cartas cruzadas: el conde-duque
La carta de JdJ
Querido Inasequible:
Sé por dónde vas a ir. Es por esto que he decidido escribir yo primero. Sé que vas a elaborar un argumento muy a lo Paul Kennedy y me vas a contar que un país tiene que ser capaz de afrontar las labores que puede pagar, y que no fue ése el caso del conde-duque de Olivares. Supongo que piensas que a este primer ministro de Felipe IV le tocó la triste labor histórica de convencer a un país de que ya no era un imperio (de que tenía, de hecho, incluso problemas para ser un país); labor que no cumplió y, por eso, el juicio que la Historia haga de él tiene que ser negativo.
Yo soy un poco más blando con el conde-duque.
Me fastidia la imagen del valido, en el sentido de preferido del rey, actuando constantemente a su antojo y a su capricho. El conde-duque de Olivares, para mí, fue más bien el pobre diablo que, por ambición sin duda, echó sobre sus espaldas la labor de seguir haciendo como que España era grande. Así pues, lejos de ser una persona que hizo lo que le salió de las narices, fue más bien un estadista que hizo, mutatis mutandis, lo que pudo.
En el Consejo de Castilla, que vendría a ser como el Consejo de Ministros de hoy más o menos, el conde-duque llegó a sentarse, durante muchos años, con personajes que habían conocido al Rey Prudente, a Felipe II, a la figura que, entonces, era tomada como señera de los good old days en los que el Imperio español ganaba todos los partidos por goleada. Cabe preguntarse a cuántas de las campañas bélicas que tuvo que afrontar España durante la etapa del conde-duque, es decir la guerra en Flandes, el conflicto de la Valtelina, los crecientes problemas en América et altera, a cuántas de ellas, digo, podría haber renunciado el conde-duque. A cuatro siglos de distancia resulta muy fácil decir: haber dejado los intereses italianos al pairo, si no se podía pagar un Ejército para defenderlos. O: haber pactado una paz definitiva en Flandes, que se había convertido en el Iraq del Imperio Español.
España, sin embargo, era en el siglo XVII un animal herido; y si los leones pudiesen escribir blogs te contarían, Ina, lo que pasa cuando un león viejo da muestras de debilidad a la vista de una manada de hienas. El conde-duque de Olivares fue un gobernante obligado a gestionar una situación que él no había creado y cuyo círculo vicioso tampoco era capaz de romper. Ese círculo vicioso era: necesitaba ser fuerte para poder conservar el control sobre la riqueza que quedaba en su poder, pero la riqueza que quedaba en su poder ya era, a todas luces, insuficiente para financiar esa defensa. Pero eso, ya te digo, no es algo que inventase él, porque no fue él quien creó el imperio en el que nunca se pone el sol.
Hay signos de que Olivares hizo verdaderamente lo que pudo, con enormes dosis de pragmatismo. Cuando el crédito de España se agotó en la banca genovesa, pactó los asientos con los banqueros portugueses, todos o casi todos ellos descendientes de los judíos que, displicentemente, echó de España esa señora que también está, un poco, en el origen de los insomnios del valido: Isabel de Castilla, esa reina a la que a veces pienso que deberíamos llamar Isabel la Talibán, pues no hay que creer en Alá para ser talibán; de hecho, odiarlo a muerte es una forma de serlo. Asimismo, Olivares intentó generar un Estado moderno al pretender que la corona de Aragón se comiese el marrón imperial en igual proporción a la de Castilla. Se fue a Barcelona con el rey para convencer a los «otros españoles» y se llevó lo que se merecía (un «no» rotundo en varios idiomas autonómicos), porque tiene leches que mientras dura la fiesta y te estás forrando en Potosí digas que todo eso es de Castilla y que los levantinos no se muevan de Nápoles, pero cuando vengan mal dadas aparezcas con la factura, pongas cara de gilipollas y preguntes: ¿Pagamos a escote, Neng? Eso lo hizo Olivares, sí. Pero, de nuevo, ¿es responsabilidad suya que España llegase a tan tardía fecha como el siglo XVII sin haberse estructurado como Estado moderno, como ya habían hecho otros como Francia, como Inglaterra?
Dicho lo dicho, Ina. No lo hizo bien, pero hizo lo que pudo. Los taurófilos, salvo que sean de los tendidos más exigentes, saben que la faena de un torero hay que juzgarla en consonancia con el toro que le han soltado del corral. Un torero, por bueno que sea, no puede ligar una faena repleta de arte con una alimaña de malas intenciones. El morlaco que toreó el conde-duque era un toro jodido, jodidísimo. No digo que merezca una oreja ni una vuelta al ruedo; pero un respetuoso silencio, por lo menos, sí.
Es clemencia que te pido para este pobre hombre, en la villa de Madrid, en plenas calendas de enero.
La carta de Inasequible Aldesaliento
Querido Juan:
Los políticos heredan las situaciones igual que los jugadores de mus reciben las manos. Les gusten o no, ésas son las cartas con las que tienen que jugar y en función de ellas decidir si van a la grande o a la chica y hasta dónde van a echar faroles. Así pues, a los políticos hay que juzgarles por lo que hicieron con la mano que les cayó en gracia y si los envites que echaron eran conmensurados con las cartas que tenían.
El Conde-Duque de Olivares heredó una mano difícil, pero no desesperada. Heredó el mayor imperio de la Cristiandad, un imperio capaz de movilizar recursos muy importantes, pero que se enfrentaba a varios problemas importantes: el severo endeudamiento ocasionado por las continuas guerras; los numerosos compromisos políticos (frenar al Turco en el Mediterráneo, enfrentarse a los holandeses en Flandes y en las Indias Orientales, apoyar a los Habsburgo austriacos, asegurarse la hegemonía en Italia…); los problemas logísticos derivados de la necesidad de defender y garantizar las comunicaciones entre los distintos territorios que componían ese imperio; la decadencia económica producida por la llegada de los metales preciosos americanos, que habían matado a los productores nacionales; el hecho de que el imperio lo componía un conjunto de reinos disparejos, que sólo se parecían en su decisión de mantener sus libertades tradicionales y resistirse a las intervenciones y demandas reales.
El Conde-Duque de Olivares se fijó un objetivo básico: restablecer el nombre de España al nivel que se imaginaba que había estado en los tiempos de Felipe II, el gran referente para los españoles de su tiempo. Para ello intentó modificar la base económica del reino. Estimaba que del imperio podían extraerse aún más recursos. Las medidas que se propuso (creación de bancos que financiasen las industrias, recurso a los banqueros portugueses para romper la dependencia que se tenía de la banca genovesa, control de las importaciones para impedir la salida de la plata y reducir la competencia a la industria nacional, el intento de que todos los reinos aportasen a su propia defensa…) eran acertadas, pero fallaron en su aplicación. Las oligarquías urbanas y las élites de los distintos reinos se opusieron a las medidas y en casi todos los casos Olivares acabó o bien aguando sus planes iniciales o bien suprimiéndolos. Dada la estructura política de la Monarquía española, intentar imponer esas medidas revolucionarias, y para muchos tiránicas, podía conducir a rebeliones. De hecho, el fin de Olivares fue precipitado por las rebeliones de Portugal y Cataluña, en cuyo desencadenamiento la Unión de Armas propuesta por Olivares jugó un papel importante. Posiblemente la estructura política de la Monaquía española hubiese impedido a cualquier político ir más allá de lo que fue Olivares y la mano dura que Olivares hubiera podido emplear al comienzo de su valimiento y no empleó, sólo hubiera servido para que las rebeliones de Portugal y Cataluña se produjesen diez años antes de lo que se produjeron.
Si la vía de la reforma económica para aumentar los ingresos estaba casi vedada, sólo quedaba la vía de la reducción del gasto. Aquí Olivares intentó cortar algunos abusos al comienzo de su valimiento, pero con el tiempo el derroche en los gastos corrientes de la Casa Real volvió por donde solía. Un buen ejemplo está en la extravagante construcción del Palacio del Buen Retiro, extravagante para una monarquía endeudada y en guerra como la española.
Otra manera de recortar gastos hubiera sido reduciendo los compromisos exteriores y adoptando una política exterior más realista. Por desgracia, salvo durante la segunda mitad del reinado de Felipe III, la política exterior española estuvo guiada por los principios y no por el realismo. España era el adalid del catolicismo y el imperio central de la Cristiandad. Sólo los desastres consecutivos de la paz de Westfalia (1648) y de la Paz de los Pirineos (1659) pudieron acabar de convencer a los estadistas españoles de que los tiempos de Felipe II estaban muertos y era preciso otra política exterior. Cuando Olivares asumió el valimiento, aún ocupaban posiciones de poder hombres que llevaban subidos al machito desde los añorados tiempos de Felipe II y para los que la palabra compromiso era un término malsonante. El primer fallo garrafal de Olivares fue no comprender que la situación internacional había cambiado y que hacía falta una política exterior más modesta y que consumiese menos recursos.
Tal vez uno de los grandes problemas de Olivares es que en sus primeros años de valimiento logró algunos éxitos exteriores inesperados: la conquista de Breda (de la que a largo plazo lo único que realmente sacó España fue un cuadro maravilloso de Velázquez), la victoria sobre los holandeses en Brasil, la derrota de la expedición inglesa contra Cádiz… Esos éxitos incitaban al optimismo, pero no significaban por sí solos la victoria.
Aquí entra un rasgo del carácter de Olivares. Sospecho que psicológicamente era un ciclotímico, una persona que alternaba con facilidad las euforias y las depresiones. En los buenos momentos, cuando la fortuna le sonreía, podía comerse el mundo y elaboraba planes que eran un poco como la cuenta de la lechera. Cuando las desgracias se abatían sobre él, como ocurrió a menudo a partir de 1631, se hundía. Por desgracia el eufórico que había en él siempre acababa saliendo a flote y terminaba elaborando nuevos planes quiméricos y costosos.
El Olivares eufórico de finales de la década de los 20 es el que desempolva los planes de invasión de las Islas Británicas, se propone que España vuelva a ser una potencia naval de primer orden, elabora una estrategia para hacerle la guerra comercial a los holandeses tan complicada que requería hasta que España tuviera una base en el Báltico, se compromete a fondo con los Habsburgo austriacos en el Imperio e inicia la desastrosa aventura de Mantua. Cuando la suerte se le acabe en la década de los treinta, se encontrará con más frentes abiertos que recursos para afrontarlos.
En resumen, Olivares fue un gobernante trabajador, inteligente y bienintencionado, cuyo mayor fallo fue intentar llevar con treinta años de retraso el mismo tipo de política exterior prestigiosa y costosa que había llevado a cabo Felipe II, sin entender que el mundo había cambiado, la relaciones de poder estaban modificándose y que eran necesarios objetivos exteriores más modestos.
Creo que ya he dicho que vivimos en ciudades diferentes. Así pues, Ina y yo hacemos lo que los amigos que no quieren perder el contacto: escribirnos. Buena parte de nuestros mensajes ya los leeis, pues son textos para el blog. Pero también hay otros en los que, básicamente, polemizamos.
La polémica no es que no sea mala, es que es guay. Polemizar está muy bien, es divertido y, si se polemiza con las orejas bien abiertas, normalmente se aprende mucho. Es por esto que hemos pensado en polemizar un poco. Hay muchas cosas en la Historia de España en las que Ina y yo estamos bastante en desacuerdo. Os puedo adelantar que hemos hecho un breve intercambio de posibles asuntos de polémica, y hay unos cuantos en que no es que pensemos diferente; es que pensamos radicalmente diferente.
Os vamos a dar la ocasión de elegir. De vez en cuando, Ina y yo nos cruzaremos cartas, previamente pactadas entre ambos, para defender posturas distintas sobre un mismo hecho histórico. Vosotros, si las leeis, podréis formar vuestra propia opinión, consolidar la que ya tenéis, o cambiarla. Cualquiera de las posibilidades vale. Si alguien está pensando en esas cosas de internet que la gente vota y luego se suman los resultados, ah, lo siento; el editor de este blog, aquí presente, se declara absolutamente incapaz de esas goyerías. El que quiera votar, que vote en el apartado de mensajes, y será bien recibido. Sobre todo si vota por mí ;-)
En fin, al torrao, que dicen los que saben de esto que internet nadie lee más allá de veinte líneas (o sea, todos vosotros sois masocas).
Nuestras primeras cartas cruzadas se refieren al conde-duque de Olivares. El conde-duque ha pasado a la Historia como el ejemplo del valido, o preferido, de un rey, quizá al alimón con Godoy, que lo fue algunos años más tarde. El valido es aquel personaje que goza del favor y de la confianza del rey y, por lo tanto, hace y deshace en el gobierno de la nación a su sombra. El conde-duque fue valido de Felipe IV, y la Historia no le da muy buena imagen. Inasequible se deja llevar por esa corriente y opina que el conde-duque es un personaje nefasto de nuestra Historia. Y yo no pienso así.
Esta vez, y sin que sirva de precedente, le he dado ventaja a Ina: escribí yo primero mi carta. La próxima vez, supongo, será él quien comience.
En fin, aquí están las cartas para vuestra lectura. Eso sí, recordad, mientras las repasais, que yo soy setenta mil veces más simpático que mi oponente.
Cartas cruzadas: el conde-duque
La carta de JdJ
Querido Inasequible:
Sé por dónde vas a ir. Es por esto que he decidido escribir yo primero. Sé que vas a elaborar un argumento muy a lo Paul Kennedy y me vas a contar que un país tiene que ser capaz de afrontar las labores que puede pagar, y que no fue ése el caso del conde-duque de Olivares. Supongo que piensas que a este primer ministro de Felipe IV le tocó la triste labor histórica de convencer a un país de que ya no era un imperio (de que tenía, de hecho, incluso problemas para ser un país); labor que no cumplió y, por eso, el juicio que la Historia haga de él tiene que ser negativo.
Yo soy un poco más blando con el conde-duque.
Me fastidia la imagen del valido, en el sentido de preferido del rey, actuando constantemente a su antojo y a su capricho. El conde-duque de Olivares, para mí, fue más bien el pobre diablo que, por ambición sin duda, echó sobre sus espaldas la labor de seguir haciendo como que España era grande. Así pues, lejos de ser una persona que hizo lo que le salió de las narices, fue más bien un estadista que hizo, mutatis mutandis, lo que pudo.
En el Consejo de Castilla, que vendría a ser como el Consejo de Ministros de hoy más o menos, el conde-duque llegó a sentarse, durante muchos años, con personajes que habían conocido al Rey Prudente, a Felipe II, a la figura que, entonces, era tomada como señera de los good old days en los que el Imperio español ganaba todos los partidos por goleada. Cabe preguntarse a cuántas de las campañas bélicas que tuvo que afrontar España durante la etapa del conde-duque, es decir la guerra en Flandes, el conflicto de la Valtelina, los crecientes problemas en América et altera, a cuántas de ellas, digo, podría haber renunciado el conde-duque. A cuatro siglos de distancia resulta muy fácil decir: haber dejado los intereses italianos al pairo, si no se podía pagar un Ejército para defenderlos. O: haber pactado una paz definitiva en Flandes, que se había convertido en el Iraq del Imperio Español.
España, sin embargo, era en el siglo XVII un animal herido; y si los leones pudiesen escribir blogs te contarían, Ina, lo que pasa cuando un león viejo da muestras de debilidad a la vista de una manada de hienas. El conde-duque de Olivares fue un gobernante obligado a gestionar una situación que él no había creado y cuyo círculo vicioso tampoco era capaz de romper. Ese círculo vicioso era: necesitaba ser fuerte para poder conservar el control sobre la riqueza que quedaba en su poder, pero la riqueza que quedaba en su poder ya era, a todas luces, insuficiente para financiar esa defensa. Pero eso, ya te digo, no es algo que inventase él, porque no fue él quien creó el imperio en el que nunca se pone el sol.
Hay signos de que Olivares hizo verdaderamente lo que pudo, con enormes dosis de pragmatismo. Cuando el crédito de España se agotó en la banca genovesa, pactó los asientos con los banqueros portugueses, todos o casi todos ellos descendientes de los judíos que, displicentemente, echó de España esa señora que también está, un poco, en el origen de los insomnios del valido: Isabel de Castilla, esa reina a la que a veces pienso que deberíamos llamar Isabel la Talibán, pues no hay que creer en Alá para ser talibán; de hecho, odiarlo a muerte es una forma de serlo. Asimismo, Olivares intentó generar un Estado moderno al pretender que la corona de Aragón se comiese el marrón imperial en igual proporción a la de Castilla. Se fue a Barcelona con el rey para convencer a los «otros españoles» y se llevó lo que se merecía (un «no» rotundo en varios idiomas autonómicos), porque tiene leches que mientras dura la fiesta y te estás forrando en Potosí digas que todo eso es de Castilla y que los levantinos no se muevan de Nápoles, pero cuando vengan mal dadas aparezcas con la factura, pongas cara de gilipollas y preguntes: ¿Pagamos a escote, Neng? Eso lo hizo Olivares, sí. Pero, de nuevo, ¿es responsabilidad suya que España llegase a tan tardía fecha como el siglo XVII sin haberse estructurado como Estado moderno, como ya habían hecho otros como Francia, como Inglaterra?
Dicho lo dicho, Ina. No lo hizo bien, pero hizo lo que pudo. Los taurófilos, salvo que sean de los tendidos más exigentes, saben que la faena de un torero hay que juzgarla en consonancia con el toro que le han soltado del corral. Un torero, por bueno que sea, no puede ligar una faena repleta de arte con una alimaña de malas intenciones. El morlaco que toreó el conde-duque era un toro jodido, jodidísimo. No digo que merezca una oreja ni una vuelta al ruedo; pero un respetuoso silencio, por lo menos, sí.
Es clemencia que te pido para este pobre hombre, en la villa de Madrid, en plenas calendas de enero.
La carta de Inasequible Aldesaliento
Querido Juan:
Los políticos heredan las situaciones igual que los jugadores de mus reciben las manos. Les gusten o no, ésas son las cartas con las que tienen que jugar y en función de ellas decidir si van a la grande o a la chica y hasta dónde van a echar faroles. Así pues, a los políticos hay que juzgarles por lo que hicieron con la mano que les cayó en gracia y si los envites que echaron eran conmensurados con las cartas que tenían.
El Conde-Duque de Olivares heredó una mano difícil, pero no desesperada. Heredó el mayor imperio de la Cristiandad, un imperio capaz de movilizar recursos muy importantes, pero que se enfrentaba a varios problemas importantes: el severo endeudamiento ocasionado por las continuas guerras; los numerosos compromisos políticos (frenar al Turco en el Mediterráneo, enfrentarse a los holandeses en Flandes y en las Indias Orientales, apoyar a los Habsburgo austriacos, asegurarse la hegemonía en Italia…); los problemas logísticos derivados de la necesidad de defender y garantizar las comunicaciones entre los distintos territorios que componían ese imperio; la decadencia económica producida por la llegada de los metales preciosos americanos, que habían matado a los productores nacionales; el hecho de que el imperio lo componía un conjunto de reinos disparejos, que sólo se parecían en su decisión de mantener sus libertades tradicionales y resistirse a las intervenciones y demandas reales.
El Conde-Duque de Olivares se fijó un objetivo básico: restablecer el nombre de España al nivel que se imaginaba que había estado en los tiempos de Felipe II, el gran referente para los españoles de su tiempo. Para ello intentó modificar la base económica del reino. Estimaba que del imperio podían extraerse aún más recursos. Las medidas que se propuso (creación de bancos que financiasen las industrias, recurso a los banqueros portugueses para romper la dependencia que se tenía de la banca genovesa, control de las importaciones para impedir la salida de la plata y reducir la competencia a la industria nacional, el intento de que todos los reinos aportasen a su propia defensa…) eran acertadas, pero fallaron en su aplicación. Las oligarquías urbanas y las élites de los distintos reinos se opusieron a las medidas y en casi todos los casos Olivares acabó o bien aguando sus planes iniciales o bien suprimiéndolos. Dada la estructura política de la Monarquía española, intentar imponer esas medidas revolucionarias, y para muchos tiránicas, podía conducir a rebeliones. De hecho, el fin de Olivares fue precipitado por las rebeliones de Portugal y Cataluña, en cuyo desencadenamiento la Unión de Armas propuesta por Olivares jugó un papel importante. Posiblemente la estructura política de la Monaquía española hubiese impedido a cualquier político ir más allá de lo que fue Olivares y la mano dura que Olivares hubiera podido emplear al comienzo de su valimiento y no empleó, sólo hubiera servido para que las rebeliones de Portugal y Cataluña se produjesen diez años antes de lo que se produjeron.
Si la vía de la reforma económica para aumentar los ingresos estaba casi vedada, sólo quedaba la vía de la reducción del gasto. Aquí Olivares intentó cortar algunos abusos al comienzo de su valimiento, pero con el tiempo el derroche en los gastos corrientes de la Casa Real volvió por donde solía. Un buen ejemplo está en la extravagante construcción del Palacio del Buen Retiro, extravagante para una monarquía endeudada y en guerra como la española.
Otra manera de recortar gastos hubiera sido reduciendo los compromisos exteriores y adoptando una política exterior más realista. Por desgracia, salvo durante la segunda mitad del reinado de Felipe III, la política exterior española estuvo guiada por los principios y no por el realismo. España era el adalid del catolicismo y el imperio central de la Cristiandad. Sólo los desastres consecutivos de la paz de Westfalia (1648) y de la Paz de los Pirineos (1659) pudieron acabar de convencer a los estadistas españoles de que los tiempos de Felipe II estaban muertos y era preciso otra política exterior. Cuando Olivares asumió el valimiento, aún ocupaban posiciones de poder hombres que llevaban subidos al machito desde los añorados tiempos de Felipe II y para los que la palabra compromiso era un término malsonante. El primer fallo garrafal de Olivares fue no comprender que la situación internacional había cambiado y que hacía falta una política exterior más modesta y que consumiese menos recursos.
Tal vez uno de los grandes problemas de Olivares es que en sus primeros años de valimiento logró algunos éxitos exteriores inesperados: la conquista de Breda (de la que a largo plazo lo único que realmente sacó España fue un cuadro maravilloso de Velázquez), la victoria sobre los holandeses en Brasil, la derrota de la expedición inglesa contra Cádiz… Esos éxitos incitaban al optimismo, pero no significaban por sí solos la victoria.
Aquí entra un rasgo del carácter de Olivares. Sospecho que psicológicamente era un ciclotímico, una persona que alternaba con facilidad las euforias y las depresiones. En los buenos momentos, cuando la fortuna le sonreía, podía comerse el mundo y elaboraba planes que eran un poco como la cuenta de la lechera. Cuando las desgracias se abatían sobre él, como ocurrió a menudo a partir de 1631, se hundía. Por desgracia el eufórico que había en él siempre acababa saliendo a flote y terminaba elaborando nuevos planes quiméricos y costosos.
El Olivares eufórico de finales de la década de los 20 es el que desempolva los planes de invasión de las Islas Británicas, se propone que España vuelva a ser una potencia naval de primer orden, elabora una estrategia para hacerle la guerra comercial a los holandeses tan complicada que requería hasta que España tuviera una base en el Báltico, se compromete a fondo con los Habsburgo austriacos en el Imperio e inicia la desastrosa aventura de Mantua. Cuando la suerte se le acabe en la década de los treinta, se encontrará con más frentes abiertos que recursos para afrontarlos.
En resumen, Olivares fue un gobernante trabajador, inteligente y bienintencionado, cuyo mayor fallo fue intentar llevar con treinta años de retraso el mismo tipo de política exterior prestigiosa y costosa que había llevado a cabo Felipe II, sin entender que el mundo había cambiado, la relaciones de poder estaban modificándose y que eran necesarios objetivos exteriores más modestos.
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