La "normalidad" del 36 (7: Más de lo mismo)

En efecto, la calle, en abril, sigue a su bola. En Villapadora, Sevilla, durante las movilizaciones de una huelga campesina se produce un muerto. Los propietarios de tierra huyen del pueblo ante las amenazas que reciben. Una votación para elegir el alcalde de Huelva termina con un socialista muerto. En Huévar, Sevilla, otra huelga campesina provoca dos muertos; uno más en Badalatosa, de la misma provincia. En Abarán, Murcia, un grupo asalta el domicilio de un derechista y mata a su hijo a puñaladas. Otro derechista muere en Siles, Jaén. Lo de Siles es, en realidad, peor. Las izquierdas se rebelan y la guardia municipal se les une. Cuando llega la guardia civil a poner orden, los municipales abren fuego contra ellos, hiriendo al teniente que iba al mando. A ello se suceden unos enfrentamientos en los que muere un vecino sin significación política.

No es el único caso. En Consuegra (Toledo), miembros de la guardia municipal asesinan al guarda mayor de la Comunidad de Labradores. En Daimiel, Ciudad Real, el alcalde intenta suspender una procesión religiosa y, al no conseguirlo, ordena a los municipales que la tiroteen.

En Ceuta, el decano del colegio de abogados y ex diputado de la CEDA, De las Heras, también es asesinado. En Beniopa, Valencia, donde los izquierdistas se han incautado la iglesia por la patilla, un ex militante de la FAI es asesinado por ex compañeros.

Un magistrado de la Audiencia de Sevilla resulta gravemente herido en un atentado. En Valencia, los vecinos de los pueblos de Jaraco y Tabernes de Valldigna, al parecer de tendencias políticas distintas, quedan para pegarse. Un muerto. En Cartaya, Huelva, los enfrentamientos entre campesinos y guardia civil dejan cuatro manifestantes muertos. En Baza, Granada, un grupo de izquierdistas rodea al guardia civil José Herrerías Medina, que saca su pistola y causa dos muertos.

El 23 de abril, en Lébrija, se producía un conflicto bastante común en aquella época. Los jornaleros habían entrado en los campos y trabajado en los mismos sin haber sido contratados, y ahora pretendían que se les pagasen los jornales. Hubo follón. El teniente de la guardia civil Francisco López Cepero Ovelar les habló y advirtió de que no toleraría desmanes. Luego fue a parlamentar con el alcalde y, a la salida del ayuntamiento, fue abordado por los campesinos, que dispersó un guardia apellidado Galisteo disparando al aire. Esa noche ardieron un convento, el domicilio del alcalde y el centro de Acción Popular. El teniente López, que no tenía teléfono en su casa, salió en la noche hacia el cuartel para dar las órdenes oportunas. Los manifestantes lo vieron y rodearon. Él sacó su arma y disparó al aire. Iba a hacer otro disparo, pero el arma se le encasquilló. En ese momento, los que lo rodeaban lo cogieron. Lo tiraron al suelo, lo patearon, lo golpearon con barras de hierro y una azada. Luego, ya cadáver o tal vez moribundo, lo arrastraron por las calles.

La mujer del teniente, desde el balcón de su casa, fue testigo de todo.

En Alfaro (Logroño) es asesinado un joven de Acción Popular. En Haro es asesinado otro derechista y asaltada una sede partidaria. En Zaragoza, los obreros en huelga de una obra se apiolan al contratista. En Yecla (Murcia) el asesinado es el secretario del Sindicato Obrero Católico. Otro muerto en Arganda, durante un choque de partidarios políticos. En Sevilla es asesinado un profesor de la Escuela de Artes y Oficios. Una bomba estalla en Loyola, Guipúzcoa, causando un muerto. En Madrid, unos desconocidos disparan contra un obrero derechista y una mujer cubana, matando al primero de ellos. En Bilbao chocan sendos grupos de socialistas y tradicionalistas; un muerto más. En Albalate del Obispo, Teruel, un agricultor mata a un propietario a tiros.

Arden en abril las sedes de los periódicos Gaceta de Levante (Alcoy), El Correo de Lérida, El Guadalete y El Diario (Jerez).

Leandro García Bayona, agente de policía, fallece en Castellón a disparos de unos anarquistas. En Almería muere un guardia de Asalto. En Viana, Navarra, el asesinado es el guardia civil Manuel Elbusto Osés.

En Gijón, el guardia civil Manuel Vela Rodríguez fue asesinado por un grupo que pasó delante de él a la salida del cuartel en un coche, y le disparó una ráfaga de balas. El gobernador civil, Fernando Bosque, ordenó que no hubiese cortejo fúnebre en el entierro. Las derechas, sin embargo, desobedecieron, lo que provocó que el propio Bosque se plantase delante de la comitiva profiriendo, entre otras cosas, frases injuriosas contra la Guardia Civil. Los falangistas que iban en la comitiva se encargaron de que la cosa terminase a tiros.

El 14 de abril, Día de la República, fue celebrado en Jerez mediante el asalto al que había sido el centro de Falange. Dentro había un falangista, Joaquín Bernal, que repelió el primer ataque a tiros. Luego fue detenido por la guardia civil, quien se lo llevó al calabozo. En el camino hacia el mismo recibió un tiro en el pecho, otro en un brazo y un tercero en la espalda, éste a quemarropa. Los manifestantes la tomaron después con la propia Guardia Civil, que acabó causando un muerto más. Aún así, los manifestantes proclamaron los soviets y detuvieron a más de sesenta derechistas. A partir del segundo día de los tres del conflicto, la guardia civil permaneció acuartelada por orden del gobernador.

En Barcelona, los obreros del metal fueron a la huelga. Un obrero que quería trabajar fue asesinado y arrojado a un paso a nivel. Otro, miembro del Sindicato Autónomo, también fue asesinado. Los huelguistas asaltaron un autobús y desvalijaron a sus 25 integrantes. Finalmente, el día 26 fueron asesinados los hermanos José y Miguel Badia, vinculados al Somatén y la policía autónoma durante el bienio derechista.

En Madrid, el día 7, un falangista llamado José Nicasio Rivogorda entregó una cesta de huevos en casa de Eduardo Ortega y Gasset, abogado del Socorro Rojo Internacional que, además, le había conseguido una colocación. La cesta llevaba una bomba que al estallar causó heridas a la mujer del abogado.

Como guinda para este pastel, el día 13 de abril cae muerto en los adoquines de Madrid el juez Manuel Pedregal, que había sido ponente en la causa contra Manuel Álvarez, uno de los dos detenidos por el atentado contra Jiménez de Asúa. A Álvarez le cayeron, el día 9, 25 años, y Falange contestó llevándose por delante a su señoría.

La crónica del orden público en abril, por lo tanto, está ya bien repleta de sucesos bastante poco edificantes. Y, sin embargo, para quienes consideréis que esto que habéis leído ya es suficiente, deberé deciros que me he dejado lo mejor. Todavía no me ha dado tiempo a contaros por qué pienso que los días 14 y 15 de abril se clavó el último clavo de la rampa que habría de descendernos hacia la guerra civil. Todavía no os he contado, pues, que en este 1936 tan «normal» pasaron cosas como que una persona fuese asesinada a pocos metros del presidente del Gobierno, y que un entierro se convirtiese en una batalla campal en el mismo centro de Madrid.

El 14 de abril de 1936 amaneció el aniversario de la República, un aniversario en el que, seguro, mucha gente, a pesar de todo lo que estaba pasando, aún tenía confianza en aquel régimen. Apenas 40 horas después, eran muchos los que la habían perdido. Y la «culpa» de todo la tuvieron un alférez de la guardia civil y un teniente de la guardia de Asalto; uno, por morir, y el otro, por casi matar.

Por supuesto, continuará.

La "normalidad" del 36 (6: Au revoire, Président!)

Abril de 1936 se inicia con uno de los hechos más debatidos de la pequeña Historia de aquel medio año que transcurre hasta el golpe de Estado. Debatido porque no hay mucho acuerdo en torno a por qué ocurrió lo que ocurrió. Lo que ocurrió, sucintamente, fue la destitución de Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República y su sustitución, tras una votación en el Palacio de Cristal del Retiro, por Manuel Azaña.

Las motivaciones y, por así decirlo, engranajes de este cambio no están del todo claras. En primer lugar, hay que decir que, sin duda alguna, en el proceso jugaron las ambiciones personales. Sería muy difícil imaginar que Azaña no quisiera ser Presidente de la República. Como primer ministro se había llevado unos palos de la leche, lo cual siempre deja cicatrices; y, además, la situación en el 36, que vamos describiendo, no invitaba precisamente a creer que los malos momentos fuesen irrepetibles. Acostarse jefe del gobierno en la primera mitad de 1936 venía a equivaler a acostarse preguntándose si en algún lugar de España, en ese preciso momento, no se estaría produciendo un nuevo Casas Viejas, un nuevo Castilblanco, un nuevo Arnedo, una nueva sublevación del Llobregat, otra Asturias, un nuevo atentado falangista. Para alguien como Azaña, que tantas plumas se había dejado en los escándalos del 33, es lógico que esa perspectiva no fuese muy atractiva; y, además, la Presidencia de la República, con sus palcos de ópera; con sus innúmeros actos ateneístas rodeado por los de la ceja propia; con sus recepciones rimbombantes en salones un día borbónicos, capaces de henchir la vejiga del orgullo incluso en el caso de alguien que, como Azaña, la tenía bien grande; la presidencia de la República, digo, con todos esos gajes, no podía dejar de ser atractiva para este señor que fue el primer español de una larga lista que cree que Manuel Azaña marca un antes y un después en la Historia de España.

Eso, Azaña. Otros, no podemos saberlo con precisión, pero sí podemos imaginarnos que también sintieron el mordisco de la ambición. Y me refiero a Prieto, aunque su ambición no era presidir la República, sino ocupar el sillón que Azaña dejaría vacante.

Cuando uno repasa la Historia de la fantasmagórica República en el exilio y se da cuenta que incluso en esos tiempos llegó a haber peleas sin cuento por presidirla y presidir su gobierno, a pesar de que equivalía a presidir la nada, se da cuenta de que, cuando esa ambición era cierta, es decir se refería a una presidencia real, debió de ser la misma pero elevada a una potencia de dos dígitos. ¿Prieto soñó con ser presidente del Gobierno? Sin el menor rastro de duda. Convicción personal de que lo merecía (como Azaña) no le faltaba, y tampoco le faltaron, seguro, corifeos de mesa camilla que le dijeran que era el candidato ideal. ¿Lo soñó Martínez Barrio? Probablemente, no. MB sabía que era el as en la manga que Azaña se quería guardar para presidir el gobierno si la cosa se ponía fea (tesis ésta que mueve a preguntarse cuál podía ser el concepto que tenía Azaña de ponerse feas las cosas). Largo: no. Largo Caballero, con seguridad, nunca quiso ser presidente de la República, ni del Gobierno.

Pero lo importante no es eso.

A mi modo de ver, todo lo que rodea la cuestión de la segunda Presidencia de la segunda República tiene que ver con algo que creo haber escrito ya. Todos, y todos quiere decir todos, y cada uno de los intervinientes en la formación del Frente Popular se metieron en aquel merdé convencidos de que podrían manipular al resto. Azaña, después del mitin de Mestalla en el que decenas de miles de personas lo aclamaron, creía que él era el faro de las izquierdas de España; idea que también tenía de sí mismo, con muchísima más razón, Largo Caballero. Entre ambos, Indalecio Prieto consideraba que podría hacerle un trile a su correligionario Largo (que era, al mismo tiempo, el tipo que más le envidiaba) y llevar al PSOE al redil de apoyarle a la hora de okupar la izquierda burguesa convirtiéndose en mano derecha de Azaña. Los comunistas tenían en marcha un plan, el diseñado por la Internacional, de realizar alianzas burguesas para madurar hacia la revolución. Y los anarquistas consideraban que, tras haber inclinado la balanza electoral a favor del Frente Popular, se les debía su comunismo libertario.

Todo el mundo, como digo, consideraba que podía manipular a los otros. Por eso, todos se pusieron de acuerdo, rápidamente, para manipular la Presidencia del Estado.

La Constitución republicana tenía una cláusula antipresidencialista cuyo objetivo era impedir que un Presidente venal se perpetuase en el puesto a base de disolver las Cortes que no le fuesen afectas. En consecuencia, la Carga Magna establecía que un presidente de la República que disolviese las Cortes dos veces tendría que dimitir. La tesis del Frente Popular fue que eso precisamente es lo que había hecho Alcalá: la primera, cuando disolvió las Cortes constituyentes; y la segunda, cuando disolvió las de la derecha para las elecciones del 36. Alcalá, por su parte, consideraba que la disolución de unas cortes constituyentes es algo preceptivo cuando la Constitución ha sido aprobada, así pues ésa no debía contar.

Es un debate de técnica jurídica constitucional que Alcalá, supongo que para su sorpresa pues era académico de Jurisprudencia y fino jurista, perdió. No lo perdió por la solidez de los argumentos en contra. Lo perdió porque todo el mundo en el Frente Popular se juramentó para apoyar la tesis de que debía ser cesado. Aún le cabía a Zamora una posibilidad, y es que las derechas, al fin y al cabo una minoría relevante, pusieran pies en pared. Pero eso era wishful thinking. Las derechas se pusieron de canto, se alienaron del proceso, porque la cosa no iba con ellas. Gil-Robles, es de comprender, no iba a mover un dedo a favor del tipo que, durante dos años, hizo uso de todo tipo de subterfugios para impedir aquello que la aritmética parlamentaria dictaba con claridad: que era la CEDA la que debía gobernar. Para Calvo Sotelo, Goicoechea y demás, Alcalá era un sucio traidor. El único que, en puridad, apoyaba al Presidente era el gallego egoisto-gilipollas. Y eso y nada…

Azaña quería ser presidente de la República. Prieto también lo quería, para ponerse él de primer ministro. Pero, y ésta es mi tesis porque hay historiadores que creen en otras, hubo un tipo que, al fin y a la postre, les engañó a todos: Francisco Largo Caballero.

Dice la famosa frase que la mano que mece la cuna mueve el mundo. En política, la mano que mece la calle es la que lo mueve. Largo Caballero tenía la calle y la fuerza electoral; esto es algo que los diletantes de salón señores Azaña y Prieto, siempre rodeados de hagiógrafos en vida que les repetían una y otra vez eso de tú sí que vales, macho, no podían entender. Indalecio Prieto estaba embarcado en una sorda guerra interior en el PSOE contra el caballerismo en la que logró indudables victorias, como la colocación de su amigo González Peña en la estructura partidaria; pero Largo, sin embargo, tenía un control total sobre la UGT, desde que en diciembre de 1933 se había deshecho de Besteiro y Saborit y colocado en puestos claves de la organización a sus fieles De Francisco, Pretel, Del Rosal, etc., muchos de los cuales acabarían siendo en la guerra más comunistas que otra cosa.

Si el pígnico socialista asturvasco hubiese mirado un poquito más por la ventana, a la calle, se había dado cuenta de que no tenía redaños para plantarle cara a Largo. A él, sin embargo, no le iban esas cosas. Su terreno era la tribuna de las Cortes y las tribunas de papel de los periódicos. Como en éstas, sobre todo la segunda, dominaba, se creía, cuarta más, cuarta menos, que todo el monte era orgasmo. Todo político, tarde o temprano, desarrolla resiliencia a las críticas y proclividad a rodearse de personas más mediocres que él que le dicen lo inteligente que es y jamás someten a crítica sus ideas o estrategias. Prieto fue de éstos, como lo fue Azaña. Sánchez Albornoz sugería en sus octogenarias entrevistas que todo el mundo en la izquierda burguesa se burlaba de Largo Caballero cuando, en las distintas reuniones, repetía como un loro eso de «hay que hacer la revolución». Resulta increíble que alguien pudiese burlarse con remoquetes de esas palabras, cuando en la calle la gente moría fruto de la violencia política en una tasa absolutamente insoportable.

En mi opinión, es obligación de la Historia ser especialmente dura, en este punto, con estos dos especuladores de la nada que se llamaron Manuel Azaña e Indalecio Prieto. Carecían de bases. Carecían de votos. Carecían de fuerza social. Carecían, incluso, de fuerza estatal, pues la mitad del ejército, para cuando ellos estaban pensando en quedarse con el machito de las presidencias de la República y del Consejo de Ministros, ya estaba conspirando para fusilarlos. La calle llevaba, a principios de abril, mes y medio dictando su sentencia con letras de sangre y odio. El proyecto del Frente Popular, si es que alguna vez fue un proyecto de, como diría Azaña un par de años más tarde, Paz, Piedad y Perdón, había para entonces descarrilado o, más bien, cambiado de vía y dado un giro de no menos de 90 grados. Ellos, sin embargo, siguieron creyendo en el plan original, un plan consistente en que un líder sin bases sociales y otro medio líder que disputaba, en desventaja, la dominación del mayor partido de España, fuesen a meter en vereda a fuerzas absolutamente desmandadas, que se sentían ganadoras de las elecciones y que, en algún caso, incluso lo eran.

Largo, mucho más ídem que ellos, aplicó sin embargo, si hemos de creer en las confesiones de Araquistain ya en la posguerra, la táctica del pescador. El primer barbo que picó fue Azaña. Le dio carrete, y le dio carrete, y más, hasta dejar que el infatuado político, y con él toda la izquierda burguesa, se empalmase con la idea de presidir la República. Luego implicó a Prieto en la movida, pues fue Prieto quien, levantándose en el Congreso y aprobando la moción oportuna, clavó en último clavo del ataúd en el que fue enterrada la presidencia de Alcalá-Zamora. Dejó que ambos creyesen sus cositas: Azaña, que como Presidente iba a poder hacer algo; y Prieto, que sería el primer ministro de Azaña.

Él, mientras tanto, mecía la cuna.

Pero vayamos con el relato de la alborada abrileña. Lo primero que ven los días de abril es la marcha atrás del Gobierno, que decide no convocar las elecciones municipales que llegaron a estar previstas en un decreto de fecha 17 de marzo. La razón de la desconvocatoria es obvia, y doble. Por un lado, es una locura convocar unos comicios en un país en cuyas esquinas andan tirios y troyanos a hostia limpia; hacerlo equivaldría a invitarlos a concentrarse en un ring llamado colegio electoral. La segunda razón es que las izquierdas, apenas mes y medio después de haber ganado las elecciones o haberse proclamado ganadores, barruntan que los resultados ya no van a ser los mismos, más que nada porque la gente tiende a no votar a gobiernos que no garanticen el orden público. Del 5 de abril es la motita del BOE que aplaza los comicios locales, sin saber, obviamente, que dicho aplazamiento lo sería por cuarenta años.

Las Cortes se constituyen definitivamente el 3 de abril, eligen a Martínez Barrio presidente y, acto seguido y sin solución de continuidad, tienen conocimiento de la proposición no de ley firmada por sus señorías Prieto, Largo Caballero, Uribe, Pestaña, Ibárruri, Tomás, De Francisco, Comas, Galarza, Pedroso, Jiménez de Asúa, Álvarez del Vayo, Corominas, Tranal y Moreno, todos ellos socialistas y comunistas, solicitando que se investigase la licitud de las decisiones presidenciales de disolución. Habló pasionalmente Prieto en favor de la propuesta. Y se adhirió Azaña, quien, por el camino, utilizó su uso de la palabra para hacer una especie de discurso programático de su gobierno, que contenía esta frase que, en mi humilde, no tiene desperdicio: «¿Es que se puede decir a las muchedumbres irritadas o maltratadas, hambreadas durante dos años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no transparezcan [sic] en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria?». Dicho de otra forma: yo, presidente del Gobierno, sé bien que los míos, los que me votaron, andan por las calles haciendo el cabra. Pero qué quieren que les diga, pobrecitos; los han puteado y no saben ser tan ecuánimes como yo, así que dejémosles que maten, que roben, que incendien y que apaleen.

A mi modo de ver, un presidente del Gobierno espera dos minutos a ver si los que provocan disturbios son capaces de ser ecuánimes. Y si, pasados dos minutos, no lo son, saca a la calle a los de la porra, que para eso los tiene y para eso el Estado de Derecho, que no deja de ser por ello menos democrático, le ha concecido eso que los juristas llaman el monopolio de la violencia legal.

El día 7, los mismos firmantes de la proposición dan un paso más presentando otra que, directamente, insta a las Cortes a declarar ilegal la disolución de enero del 36. Tras un debate de cuatro horas en el que hubo de todo (incluso una pizpireta intervención de Gil Robles, quien vino a insinuar que si se declaraba ilegal la disolución, habría que votar otra vez, sugerencia que colocó la adrenalina de Prieto en unos niveles que ríete tú de Chernobyl), la cosa se aprobó y se preparó una notificación para el presidente más parecida al deshaucio de un sin techo que a un inpeachment. Alcalá-Zamora se negó a recibir a la comisión que fue a darle el papelito a su casa, por lo que ésta tuvo que entregársela a su secretario en el Palacio Real.

Mientras todo esto ocurría, la calle iba a su bola.

Si estáis hartos de sangre, iros de vacaciones. Esto no ha hecho más que empezar.

La "normalidad" del 36 (5: marzo de hostias y muertos)

(Debo pediros a los seguidores de esta serie, y sobre todo a los que colgais comentarios, disculpas. Tengo muy poco tiempo para escribir estos días y escaso acceso a internet. La serie va lenta, pero si alguien está interesado, que no pierda el interés, que la acabaré).

El atentado contra Jiménez de Asúa marca una nueva etapa para Falange, pero también para el gobierno republicano. A partir de ese momento, el ambiente entre los republicanos será de tolerancia cero hacia la formación de Primo de Rivera, y su objetivo acabar con ella.

El entierro del policía José Gisbert no pudo ser pacífico. Una persona murió apuñalada en la calle Barquillo, y un militar de uniforme agredido. Se arrasaron una armería y una cafetería. En la noche, arden dos iglesias y la sede del viejo periódico primorriverista La Nación. Un conato de incendio del ABC es impedido por las fuerzas del orden.

La jornada del 13 de marzo adquiere una importancia esencial porque, aunque ya hemos visto en estas notas que hay pueblos de España donde lo ocurrido podría verse como un juego de niños, el hecho de que estos hechos ocurran en la capital de España multiplica su gravedad. De hecho, el Gobierno, que se reunió el 13 por la mañana para estudiar la convocatoria de elecciones municipales, siguió reunido hasta la madrugada del 14 haciendo un seguimiento de los sucesos y declarando, ya doblada la esquina de las doce de la noche, que «hay que evitar cierta clase de excesos [no sé si con esto querían decir que hay excesos que no se deben evitar], siendo los autores del Frente Popular los más interesados en ello».

Ya en la noche del 13 están detenidos José Antonio y la cúpula de Falange. El hijo del ex-dictador ya no saldrá de entrerrejas. Cuatro días después, 17, las actividades del partido quedan suspendidas por orden gubernativa.

El 15 de marzo por la tarde comenzaron su andadura las Cortes del Frente Popular. Fue una sesión preparatoria presidida por Largo Caballero, puesto que su acta de diputado había sido la primera en llegar al registro. Sin embargo, fue sólo una breve presidencia formal que Largo cedió inmediatamente al diputado electo de mayor edad, el almirante Ramón de Carranza, monárquico.

La única función de la sesión era proveer esa presidencia y convocar la reunión formal al día siguiente. Así lo hizo Carranza y, tras hacerlo, levantó la sesión. Fue en ese momento en el que el diputado izquierdista Ossorio Tafall le conminó a dar un viva a la República. A ello, Carranza, a pesar de ser gaditano, contestó con un castizo: «No me da la gana». Los diputados de izquierdas respondieron a eso poniéndose a cantar La Internacional, arengados, desde la tribuna, por uno de los cuatro secretarios recién nombrados, el comunista Uribe.

Poco más tarde de aquello, cuando Largo Caballero aún no había podido llegar a casa, el domicilio fue tiroteado. La policía detuvo a dos falangistas, Ricardo Marchitorena y Manuel Álvarez.

El 16 se constituyeron las Cortes y se eligió presidente de las mismas a Diego Martínez Barrio. El 17 se formó la comisión de revisión de actas, bajo la presidencia de Indalecio Prieto.

Cuestión histórica espinosa ésta de la revisión de actas. Los historiadores tienden a no poner en duda el hecho de que el Frente Popular ganó las elecciones; aseveración que a mí, cuando menos, me parece un tanto temeraria teniendo en cuenta que, que yo sepa, nadie, jamás, ha podido hacer una relación meticulosa de en cuántos colegios electorales puede considerarse la votación limpia; es decir, en cuántos puntos de votación se realizó un recuento y un acta convenientemente garantizado por las fuerzas del orden, o sea por el gobernador civil, y una remisión también por vía segura.

Pero, bueno, aún aceptando esta victoria, el hecho de que Portela el egoisto-gilipollas cometiese el desafuero de permitir que la misma coalición que había ganado las elecciones estuviese en el Gobierno en el momento en que dicha victoria había de ser fijada o medida hizo que la cuestión de las actas permanezca, cualquiera que fuese el resultado del 16 de febrero (que, insisto, al menos yo desconozco), como un borrón jodidillo en la pequeña historia de este año tan importante.

Se alegaron más de 200 actas en Cáceres, Granada, Cuenca, Pontevedra, La Coruña, Málaga, Soria... De todas estas alegaciones, se anularon 32 actas. Casualmente, todas correspondían a diputados no pertenecientes al Frente Popular. La revisión de estas actas se hizo con la intención poco escondida de volverlas a favor del Frente Popular, a pesar de que en algunas de estas circunscripciones era inimaginable que las derechas pudiesen perder, como por ejemplo Cuenca.

Indalecio Prieto, que comenzó contestando con tono rubalcabiano los dicterios de Gil Robles sobre la manipulación de la comisión, acabó él mismo dimitiendo de su presidencia «por temor de que no pueda ser absoluta mi conformidad con los dictámenes que la Comisión haya de emitir en adelante, hasta el punto de que no podría sostenerlos ni con mi firma ni con mi palabra». Llama la atención, la verdad, que los hagiógrafos de Prieto suelan citar esta anécdota en términos encomiásticos, alabándole la integridad al político asturvasco. La verdad, a mi me parece algo de lo que no es muy lógico estar orgulloso. Prieto salió de najas de una comisión que presidía y en la que sabía bien, sus palabras son bastante evidentes, que se estaban cometiendo irregularidades sin cuento. Lo loable en un político que ve una actuación corrupta es que la denuncie y si hace falta arrostre las consecuencias de ello. Pero aplaudirle por mirar hacia otro lado, en fin...

Un ejemplo evidente de lo elástico de los criterios de aquella comisión fue la discusión de las actas de Orense, donde se jugaba nada menos que el derecho de José Calvo Sotelo a ser diputado. La intentona de la mayoría de anular este acta llevó a Calvo Sotelo a decir que a él el régimen parlamentario le importaba más bien poco y a decir aquéllo de «a España se le sirve aquí y fuera de aquí». Aquello fue, es mi opinión obviamente incomprobable, una inteligente celada. Con esa frase, Calvo Sotelo intentó que las izquierdas pensaran exactamente lo que pensaron: que el político gallego era mucho más peligroso en la calle que bajo el techo de la Carrera de San Jerónimo. Así pues, Calvo Sotelo conservó su acta.

¡Pero es que ya había sido anulada!

La comisión, sin embargo, la des-anuló, con todal desparpajo. Donde dije digo, digo Diego. ¿El Derecho, las normas, todo eso?

El 25 de marzo, en el cine Europa, Margarita Nelken, auténtica apostolesa de la democracia donde las haya, recién llegada de un viaje por Moscú, brama desde la tribuna: «La dictadura del proletariado es indispensable para establecer el socialismo». Más aún: «Para dictar justicia de clases no hacen falta magistrados reaccionarios. Basta con un panadero, que no importa que no sepa de leyes con tal de que sepa qué es la revolución». Ese mismo mes de marzo, en casa de Álvarez del Vayo, cada vez más cercano a los comunistas, se gesta la mayor victoria estratégica de éstos últimos durante el 36: la fusión del Partido Comunista con las Juventudes Socialistas, de la que es importante muñidor un joven y prometedor político llamado Santiago Carrillo.

El número de Claridad, órgano caballerista, de 19 de marzo, incluye el programa reivindicativo del PSOE en ese momento. Su primer punto es la toma del poder por la clase trabajadora por cualesquiera medios. El manifiesto termina anunciando la concertación con el PCE con vistas a una fusión.

El 17, ante unos gravísimos conflictos en la facultad de Derecho de Madrid, se decreta la caducidad de todas las matrículas, debiendo los estudiantes, uno a uno, solicitar la renovación a la Junta de Facultad. Seis días después, dos estudiantes mueren, hemos de suponer que a manos de estudiantes de medicina pues son acuchillados con un bisturí. Otro más fallece de un disparo. En Garabanzo, Asturias, es asaltado el domicilio del maestro, quien es asesinado en la acción. Ese mismo día, en Albacete, arden dos iglesias, el llamado Casino Primitivo, la sede de Albacete Religioso, la de Acción Popular, la del Diario de Albacete e incluso la del Club Cinegético. En Cieza, Murcia, las patrullas de polis aficionados sin placa ni autorización llegan a detener a sesenta personas. En Yecla, a lo largo de varios días, se prende fuego a 14 iglesias.

En Villanueva de Castellón es asesinado un militante de Derecha Regional Valenciana. En Sestao, Vizcaya, un joven es asesinado de ocho disparos. En Oviedo, un comunista es asesinado a tiros por falangistas. José Martínez Fernández, ex alcalde derechista de Mula (Murcia) es también tiroteado hasta la muerte. En Villazopeque, Burgos, hay un muerto en la reyerta producida después de que un joven haya sido agredido en la espalda con una hoz. La prisión de Lora del Río, Sevilla, es asaltada, acción durante la cual mueren dos funcionarios. En Piñeres, Asturias, un grupo de comunistas secuestra a un tal Francisco Álvarez, de Acción Popular, y lo asesina despeñándolo por un barranco. José Aramburu Lasarte, peneuvista, fallece a tiros en San Sebastián. Un cenetista muere en La Coruña durante el asalto de un local de la asociación empresarial local. En Madrid, un frutero es asesinado a tiros.

Alfredo Martínez, ex ministro de Trabajo de las derechas, cae asesinado a tiros en Oviedo. En Granja de Torrehermosa, Badajoz, un agente de la autoridad, Andrés Herrera Gordillo, es rodeado por izquierdistas, que lo disparan y apuñalan y, una vez muerto, lo apedrean. Al padre, que estaba presente, le dan una somanta de palos. El 25, en Bonete, Albacete, es asesinado el guardia civil Joaquín Alcázar. Como sospechosos del asesinato son detenidos el presidente de la Casa del Pueblo y varios concejales del PSOE.

Marzo, lo vemos, es sangriento. Pero abril será peor.

Mucho peor.

Los días 14 y 15 de abril se clavará el que, en mi opinión, es el penúltimo clavo necesario para apuntalar la inevitabilidad de la guerra.