La guerra civil bis (9)

Tras el gobierno Llopis, la República en el exilio entra en cierta contradicción, pues será Álvaro de Albornoz, la misma persona que en la lejana reunión parisina del 39 opinaba que ya no había gobierno republicano, quien presida tal cosa. Martínez Barrio intentó antes que Giral, Pi i Suñer o Aguirre formasen dicho gobierno. Pero los tres se negaron ante la imposibilidad de convocar a filas al PSOE, la UGT y la CNT. Finalmente, y a su pesar, Barrio tuvo que claudicar y encargar la formación de un gobierno formado exclusivamente por republicanos de la izquierda burguesa. Es éste el gobierno Albornoz, compuesto por:

• Presidente y ministro de Asuntos Exteriores, Álvaro de Albornoz (IR).
• Justicia y Hacienda: Fernando Valera (UR).
• Ministro de Gobernación: Julio Just (IR).
• Ministro de Defensa: general Hernández Sarabia (independiente).
• Ministro de Emigración: Manuel Torres Campañá (UR).
• Ministro de Instrucción Pública e Información: Salvador Quemades (IR).
• Ministro de Economía: Eugenio Arauz (Partido Federal).

Lo primero que quiere hacer Albornoz es convocar a las Cortes. Así, consigue del presidente Barrio dicha convocatoria, que se gira el 17 de septiembre de 1947 previendo la reunión para el 23 de noviembre. Se contaba con la anuencia del gobierno francés, que incluso había prestado el castillo de Blois. Esta reunión, sin embargo, no se produjo tal y como estaba prevista, al acelerarse los acontecimientos en Naciones Unidas. Por su parte, por esos mismos tiempos Prieto tuvo una destacada actuación internacional, siendo recibido por altas autoridades tanto en París como en Londres. Su problema, sin embargo, era que las negociaciones con los monárquicos no avanzaban. Gil-Robles, siguiendo evidentemente las instrucciones de Juan de Borbón a juzgar por el tono de su nota de respuesta a la Ley de Sucesión, se negaba en redondo a aceptar ningún referendo sobre la forma de Estado, sino la aceptación de la monarquía por parte de los republicanos (que es, hemos de recordar una vez más, exactamente lo que acabaría pasando en el 75). En estas condiciones, un acuerdo total entre republicanos y monárquicos antifranquistas se hacía imposible, por mucho que porfiaban en ello tanto Reino Unido como, cada vez más, Francia.

El 6 de noviembre de 1947, en Lake Success, la comisión política de Naciones Unidas anuncia que el asunto de España se va a tratar de nuevo. Un tecnicismo procedimental, sin embargo, aplazó esta discusión hasta el 10. Pero estamos aún quince días antes de la fecha teóricamente prevista para la celebración de las Cortes republicanas; esto es lo que explica que fuesen aplazadas.

El día 11, la delegación polaca, que como vemos actuó en todo momento de punta de lanza del bloque de Este, presenta una propuesta de resolución que conmina a la Asamblea de la ONU a tomar en un mes como máximo una decisión sobre medidas a aplicar contra España en el marco del artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas. Esto es, Polonia apuesta por el bloqueo económico a Franco. Argumentaba Óscar Lange que el famoso plazo razonable de la resolución adoptada el año anterior estaba más que vencido. Checoslovaquia, la URSS, Bielorrusia y Yugoslavia apoyaron la moción. Y, más allá, la gran inmensidad blanca: todo el resto de la Asamblea votó en contra, considerando inaplicable a la España de Franco el mentado artículo 41 pues, hay que recordarlo, su aplicación presupone que aquél sobre quien se aplica sea una amenaza para la paz internacional; y a finales de 1947 estaba ya bastante claro que Franco no pensaba atacar a nadie.

En la tarde, un grupo de países latinoamericanos prorrepublicanos (Cuba, Guatemala, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y Chile) presentan otra moción también contra Franco, pero en términos mucho más etéreos. Para sorpresa general, tres países europeos (Bélgica, Holanda y Luxemburgo, o sea lo que se conocía como el Benelux) presentaron una propuesta que se limitaba a sorprenderse de que hubiera habido países que no retiraron los embajadores, a pesar de lo estatuido en la resolución entonces vigente.

La Comisión política, finalmente, salió de este impasse. Y no creeríais cómo lo hizo. Los más listos de entre vosotros tal vez hayais adivinado que lo hizo... creando una subcomisión.

Esta subcomisión comenzó a trabajar el mismo día siguiente, 12 de noviembre, con la participación de Cuba, Panamá, México, Guatemala, Uruguay, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polonia, Yugoslavia e India. El punto que se encontró en común en sus discusiones fue pasarle la pelota al Consejo de Seguridad. Así pues, se aprobó una resolución que se reafirmaba en la resolución de 12 de diciembre de 1946 y otorgaba la confianza al Consejo de Seguridad para que «ejerza sus responsabilidades tan pronto como considere que la situación de España lo exija». Llevada la moción a la Comisión Política, Reino Unido se apresuró a declarar que la veía guay y que la votaría. Gromiko, por la URSS, anunció que también lo haría, aunque la consideraba floja. Esas dos tomas de palabra aprobaron la moción de facto. La votación fue un mero formalismo.

Finalmente, la Asamblea aprobó la moción. Pero si las aspiraciones republicanas se habían debilitado ya en la subcomisión y la comisión, en la Asamblea fue peor aún. Merced a los votos combinados de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Australia, República Dominicana, El Salvador, Grecia, Honduras, Holanda, Nicaragua, Perú, Filipinas, Turquía y África del Sur, de la resolución se quitó el literal: «renueva la resolución adoptada en esta fecha [12 de diciembre de 1946] respecto a las relaciones de los Estados miembros y de las Naciones Unidas con España». Esto es: de una resolución ya bastante edulcorada se quitó incluso la referencia a la renovación de la recomendación de retirar los embajadores. Lo que empezó, por lo tanto, con Polonia pidiendo el bloqueo económico, terminó con Naciones Unidas admitiendo que cada uno haría con su embajador lo que le petase.

En los bajos fondos de la diplomacia internacional de la ONU, había un nuevo factor que jugaría a partir de entonces en contra de la causa antifranquista. A Franco, esto es bien sabido, nunca le gustaron los judíos. Acabó tolerándolos de forma oficiosa, pero, a pesar de las prisas que se dió por dejar de ser fascista, nunca abandonó esa cosa tan nazi de considerar a los judíos los padres de casi todo mal, y en su último mitin de la plaza de Oriente, tras los fusilamientos del 75, enfermo y achacoso, aún sacaría a pasear eso tan típico en él de la conjura judeomasónica que, con la pertinaz sequía, han quedado en el recuerdo como dos de sus mantras más habituales.

En 1947, un nuevo asunto estaba en ebullición en el ámbito internacional: el asunto palestino. Era ésta una pelea del mayor interés para los países árabes, hasta entonces más bien proclives a apoyar, de alguna manera, la causa del antifranquismo en la ONU. Sin embargo, ya en aquella Asamblea de 1947, durante las discusiones del asunto palestino, recibieron el apoyo de países como Argentina o El Salvador, en ese momento decididos apoyos del franquismo. Los argentinos, sobre todo, cuando llegó el momento de votar la resolución sobre España, se cobraron el favor. Es por esto que Afganistán, Egipto, Irak, Líbano, Pakistán y Arabia Saudita, naciones que en su mayoría se habían mostrado proclives a los postulados republicanos, cambiaron su voto en la votación de la resolución y se abstuvieron.

Pasada aquella Asamblea, hasta Albornoz, que como presidente del Gobierno estaba obligado a ser el eterno optimista, tuvo que reconocer que en los medios del exilio la depresión podía cortarse hasta con un cuchillito de ésos de mierda que te dan en los aviones.

Si, por lo menos, Albornoz fracasase para alimentar a Prieto, algo tendría que llevarse a la boca el antifranquismo. Pero es que esto tampoco ocurre. Los intentos del PSOE de aglutinar a todo el antifranquismo en una solidaridad española naufragan por incomparecencia de los republicanos que apoyan al gobierno en el exilio y por la práctica descomposición de la ANFD del interior. Para colmo, el republicanismo, digamos, oficial, sigue aún emperrado en no darse cuenta de que todos los apoyos que puede obtener llegan del mismo lado del mundo. En el congreso de Izquierda Republicana, Albornoz asevera que «España es un país a la vez occidental y oriental», chorrada histórico-antropológica donde las haya, y que «tenemos que afirmar nuestro papel de árbitro entre los dos bloques». El republicanismo en el exilio sigue sin poder renunciar al apoyo del bloque comunista, algo que le juega claramente en contra en según qué despachos. Y éstos son la IR del exterior. Los del interior son aún peores. La IR del interior de España declara a Reino Unido enemigo de España, y la responsabiliza de la pervivencia de Franco. Cosas de la vida: Esquerra Republicana de Cataluña contestaría a este manifiesto instando a Izquierda Republicana a residenciarse en la URSS. Por su parte, Prieto dirá: «España debe formar parte del bloque occidental europeo. La neutralidad que acaba de proponer el señor Albornoz es imposible».

El 10 de febrero de 1948, como consecuencia del resultado de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la desunión de los republicanos bien evidenciada por Albornoz y Prieto y, no hay que olvidarlo, de la labor porculizante de la diplomacia franquista, cae el único baldón real que soportaban las espaldas de Franco: Francia abre sus fronteras. Los republicanos tratan de convencer al mundo de que ya se lo esperaban. Y ya se lo esperaban, sí; pero eso no reduce el jodimiento ni medio centímetro.

En mayo, el Consejo Europeo celebra reunión en La Haya. Su comisión política aprueba una resolución condenatoria del franquismo en términos que difícilmente pueden ser más etéreos. Para colmo, Reino Unido la entierra en la llamada comisión de coordinación, por lo que la asamblea ni siquiera la conoce. Eso sí, a dicho congreso han sido invitados Prieto y Gil-Robles (otro bofetón de Londres al gobierno teóricamente legítimo de la República en el exilio) y ha permitido al líder socialista pronunciar un discurso en el que proclama su equidistancia de lo que denomina los dos totalitarismos: franquismo y comunismo. Qué mala memoria la del viejo zorro socialista.

Pero a este circo le van a seguir creciendo los enanos. De hecho, hay un enano que está a punto de darles un disgusto jodidillo.

En el verano de 1948, la veleta de una casa de Estoril, que llevaba años queriendo mirar hacia el sur, da un giro inesperado de 180 grados, mandando a tomar por culo el sueño de una convergencia entre antifranquistas monárquicos y republicanos.

La guerra civil bis (8)

En efecto, el 17 de diciembre de 1946, en México, Indalecio Prieto pronuncia un discurso furibundo contra el gobierno Giral. Debemos recordar, en este sentido, que desde el primer momento Prieto dejó claro y diáfano que su apoyo al gobierno Giral estaba basado únicamente en que éste fuese eficiente en la consecución de sus objetivos. Sin embargo, la lectura de Prieto sobre el resultado de la Asamblea de la ONU no iba por ahí. Apoyándose en el hecho de que la ONU no había decidido ninguna sanción económica contra Franco y sí, en cambio, una medida de adscripción voluntaria como es la retirada de embajadores (y no le faltaba razón: unos la llevaron a cabo, y otros no), Prieto sustantivó su idea de que la estrategia Giral se había demostrado menos eficiente que la unión de todas las fuerzas antifranquistas, monárquicos incluidos, y el desarrollo de un proyecto como el propugnado por Reino Unido para formar un gobierno provisional con miembros de derecha y de izquierda.

La conferencia de Prieto de 17 de diciembre, a pesar de concluir con la recomendación al PSOE de retirarse del gobierno Giral que éste no atendería, es un hito histórico en el antifranquismo republicano. Es la primera vez que se plantea sin ambages una idea que la República en el exilio nunca se había planteado hasta entonces: la idea de que la unión contra Franco exigía del concurso de fuerzas que en su día no estuvieron en el Frente Popular, que incluso lo combatieron. Aceptar esta idea era demasiado para la mayoría de los republicanos históricos, los cuales, desde casi 1931, habían tenido, en no pocos casos, un concepto patrimonial de la República que les llevó a considerar que todo lo que fuese gobierno de otros grupos que no fueran ellos no era República.

El 22 de enero de 1947, ante el apoyo expectante del PSOE y el explícito recibido por Izquierda Republicana, Giral reúne a su gobierno. En dicha reunión, Giral presenta un programa que, en su sustancia, pretende recoger el guante arrojado por Estados Unidos y tomar para sí la labor de derribar a Franco. Para ello, dicho programa propone la intensificación de las acciones de resistencia en el interior de España. Eso sí, Giral, que por mucho que esté en contra sabe que las palabras de Prieto pisan el terreno firme de una oposición de interior que cada vez se siente más divorciada de sus antiguos líderes exiliados, incluye en su programa la unión y coordinación de todas las fuerzas de interior en un Consejo de Resistencia.

Es Sánchez Guerra, al fin y al cabo uno de los miembros del republicanismo más cercano a las derechas, el que le arroja a Giral el jarro de agua fría a la cara. En su intervención, opina que el catedrático de Farmacia no es la persona más indicada para llevar a cabo el programa que acaba de explicar porque, añade, una vez agotadas, en la Asamblea General, todas las posibilidades de ganar la guerra civil bis en el ámbito internacional, no queda otra que la convergencia con la oposición de derechas del interior del país. El viejo político independiente dimite como ministro y lo mismo harán, tras consultar a su organización, los ugetistas Trifón Gómez y Enrique de Francisco. Martínez Prieto y Leiva, de la CNT, hacen lo propio, con lo que lo que denominamos partidos de izquierda burguesa se quedan solos.

De todas las tomas de posición que se hacen públicas en esa hora, quizá la más puesta en razón sea, al menos en mi opinión, sea la de la CNT. Los anarquistas consideran que los resultados, o más bien los no-resultados, de la Asamblea de la ONU, colocan «la solución del problema español fuera del alcance del instrumento legitimista de la República: el gobierno republicano del doctor Giral»; además de referirse a la «política de intransigencia» del gobierno Giral que la ha «separado abiertamente» tanto de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas como de la propia ONU.

Los cenetistas, que en la Historia de España son culpables de haber hecho tanto y tanto análisis radicalmente desenfocado son, sin embargo, y en estos momentos, quienes mejor leen el partido. La ONU quiere lo que quiere, y está dispuesta a llegar hasta donde está. La oposición de interior tiene los huevos pelados de que la detengan y la fostien en las comisarías. En esas condiciones, los antifranquistas de interior, que empiezan a ser tratados como verdaderos antifranquistas por encima de los exiliados y de los maquis que le hacen la guerra a Franco, lo que quieren es que Franco se vaya, y no les importa cómo. Si ha de irse mediando un pacto en el que el sueño republicano del 31 sea arrugado como kleenex y arrojado a la basura de la Historia, pues se hará. Y, de hecho, se hizo.

El presidente Martínez Barrio encarga formar gobierno al republicano Augusto Barcia, con la instrucción de buscar el mayor consenso posible, pero bajo el factor común de que el objetivo de lucha del gobierno ha de ser la reinstauración de la República. En esas condiciones, tanto PSOE como UGT le dan el no a Barcia; CNT, por su parte, le señala que, siendo Barcia un estrecho colaborador de Giral, no ve diferencia con el cambio. Barcia, por lo tanto, fue compelido por las circunstancias a renunciar al encargo. Por ello, Barrio encargó la labor a Rodolfo Llopis, quien sí que logró formar gobierno sobre la base de acercar posiciones con la oposición del interior y alineamiento con la ONU pero, eso sí, exigiendo que, el día que se celebrase esa consulta al pueblo español, fuese el gobierno de la República el que tuviese el mando del país; el gran cambio, sin embargo, es que la República, ahora, acepta, cosa que no hacía el gobierno Giral, que en dicho gobierno haya carteras en manos de fuerzas de derechas.

El gobierno quedó formado de la siguiente manera.

• Presidente y ministro de Estado: Rodolfo Llopis (PSOE).
• Justicia: Manuel de Irujo (PNV).
• Hacienda: Fernando Valera (UR).
• Defensa: Julio Just (IR).
• Instrucción Pública: Miquel Santaló (Izquierda Catalana).
• Emigración: Trifón Gómez (UGT).
• Economía nacional: un ministro comunista de posterior designación (Uribe, si no estoy errado).
• Información: un ministro cenetista de posterior designación.

En esta lista, en todo caso, falta el gran muñidor, que no es otro que Indalecio Prieto, la auténtica alma de este proyecto de creación de una Asamblea Constituyente en la que sólo faltarían los franquistas que siguiesen siéndolo (es decir, ni a los franquistas renegados como Ridruejo se les negaba ya sitio). La gran oposición republicana, plasmada en un manifiesto dado a la prensa, proviene del negrinismo.

En marzo de 1947, Llopis es recibido por el presidente belga y su ministro de Asuntos Exteriores, en un importante espaldarazo diplomático a su política; espaldarazo que completó en marzo Edouard Herriot, presidente de la Asamblea Francesa, recibiendo al gobierno en pleno. Llopis, como todos los republicanos del exilio, quería saber una cosa. Quería saber cuál era el significado que habría quedarle al sintagma «en un plazo razonable» que, como recordará todo paciente lector de estas notas, se encontraba en la resolución de Naciones Unidas. Spaak, el ministro belga, opinó que ese plazo deberían ser seis meses, lo cual equivaldría a decir que, si Franco no se había ido en junio de ese año, la ONU tendría que tomar las medidas pertinentes.

La clave de esta nueva etapa, digamos, semilegitimista de la República en el exilio, es, claramente, las negociaciones con los monárquicos. Pero éstas no son nada fáciles. Los monárquicos quieren en 1947 lo mismo que querrán durante todo el franquismo y otendrán en la Transición: que, cualquiera que sea la consulta que se le haga al pueblo español, dicha consulta sea posterior a la instauración de la monarquía como forma de Estado. El antiguo Frente Popular, por su parte, insistía en la necesidad de un tratamiento absolutamente neutro, para que el pueblo español pudiese decidir libremente.

Republicanos y monárquicos, en todo caso, se habían olvidado de que en el tablero había una pieza más: Franco.

En marzo de 1947, Luis Carrero Blanco, subsecretario entonces de Presidencia del Gobierno, se presenta en Estoril, asumiendo la incómoda misión de presentarle a Juan de Borbón el proyecto de ley de Sucesión del franquismo; el texto legal que dice que España es un Reino y, por lo tanto, debe ser gobernado por un rey; pero, al mismo tiempo, deja la cuestión de decidir qué rey en manos de Franco. El 31 de marzo, a las 11 de la mañana, se produce la entrevista, que fue la leche. Carrero le dió el proyecto al Borbón para que lo estudiase, y se fue. Diez minutos después, regresó y le dio al vizconde de Rocamora el recado de que le dijese al jefe de la casa borbónica que el proyecto que le había dado iba a ser anunciado esa misma noche por Radio Nacional. Para cuando Juan de Borbón quiso pedirle explicaciones al almirante, éste se había ido a la naja.

Como respuesta a este putadón, auténtica jugada de trilero que demuestra que o bien Franco o bien alguien cercano a él estaba bien dotado para el timo, el 7 de abril Juan de Borbón publica su famoso manifiesto, en el que dice que la nueva ley «prevé un sistema [sucesorio] por completo opuesto al de las leyes que históricamente han regulado la sucesión de la corona», citando nombres como el de Balmes, y soltando por la boca lindezas democráticas del calado de la que sigue: «Frente a este intento, yo tengo el deber inexcusable de hacer una pública y solemne afirmación del supremo principio de la legitimidad que encarno, de los imprescindibles derechos de soberanía que la Providencia de Dios ha querido que vinieran a confluir en mi persona». Asimismo, el jefe de la casa real borbónica se muestra partidario de «un Estado de Derecho inspirado en los principios esenciales de la vida de la Nación y que obligue por igual a gobernantes y gobernados».

En mi opinión, esta nota de Juan de Borbón fue muy poco reflexionada por él y por su entorno porque, o yo estoy muy equivocado, o dice exactamente lo que El Pardo esperaba que dijese. Desde un punto de vista democrático de segunda mitad de siglo XX, es una nota casi, o sin casi, impresentable. El jefe de la casa real no se refiere al concepto de democracia; se permite citar a teóricos más viejos (y fachas) que mear de pie contra la tapia de una iglesia; cita a la providencia divina a la hora de desplegar los méritos por los cuales los españoles deben aceptarle; por supuesto, ni se acuerda de la solución plebiscitaria que se supone que apoya en las negociaciones con los republicanos; y, en general, lo que hace es, como digo, hacerle un favor al franquismo. Tras el manifiesto, Franco bien podrá susurrar: «si pensáis que yo soy facha, mirad éste...»

Para más inri, la reacción de los republicanos a un proyecto de ley que define España como un reino no puede ser otra que decir que España es una república y eso es lo que debe volver a ser.

Ambos, monárquicos y republicanos, cayeron en el trile del franquismo, que los dejó en bragas, y sin desgastarse. Los republicanos se dedicaron a decir, en entrevistas periodísticas, que aún era posible el acuerdo con los monárquicos. Pero ese acuerdo, el 8 de abril de 1947, estaba un poco más lejos, se mirase como se mirase.

Como en una relación causa-efecto (y es que probablemente lo es), al antifanquismo le crecen los enanos. Los socialistas del exilio cada vez dejan más claro que no creen que las instituciones republicanas deban pervivir. En el interior, los comunistas abandonan la ANFD, incapaces de superar sus diferencias con socialistas y cenetistas partidarios de la entente con los monárquicos.

En el plano internacional, la ONU deja claro que no se cree el referendo franquista de la Ley de Sucesión y, más aún, deja a España fuera tanto de la conferencia de Estados europeos como del Plan Marshall. Sin embargo, el tiempo pasa, el «plazo razonable» se consume, y el Consejo de Seguridad no parece dispuesto a mover un dedo. Llopis trata de presionarles dando una imagen de unidad antifranquista convocando las Cortes republicanas, incluso, opina Prieto, con presencia de diputados de derechas; pero dicha reunión no se produce. En septiembre, en Toulouse, el PSOE celebra un congreso en el que se acuerda que la solución al problema español pasa por la actuación de todas las fuerzas antifascistas sin excepción; y que es necesario apoyar «fórmulas más realizables»; una forma elegante de decir que los socialistas ya no se creen la milonga de que los españoles van a recibir algún día a la República en el exilio aplaudiendo con las orejas.

En su discurso, Prieto utiliza la palabra «enemigo» para definir al Partido Comunista, lo que introduce una grave disensión dentro del republicanismo, ya que otras formaciones, como IR, UR o algunos nacionalistas, no son partidarios de participar en ningún viaje en el que no estén los comunistas. Finalmente, el congreso aprueba una resolución por la que se apuesta por las fórmulas de transición defendidas por Naciones Unidas (en realidad, por la Nota Tripartita) y estableciendo la implantación de la República como algo accidental que si viene, viene; y si no, pues no. El PSOE, concluye la resolución, participará en el gobierno siempre y cuando éste no le estorbe (ésta es la palabra usada en la resolución) en sus actuaciones.

El congreso del PSOE de Toulouse, que fue rabiosamente anticomunista, colocó a Llopis, socialista, en una posición desabrida, pues presidía un gobierno con participación de los comunistas y de otros grupos que consideraban dicha participación absolutamente necesaria. «Las decisiones tomadas por su partido en Toulouse», le escribirá a Llopis Vicente Uribe, ministro comunista, «son una amenaza de guerra civil entre los republicanos». Tan desagrida es la situación, que el gobierno Llopis, como no puede ser de otra forma, cae el 6 de agosto.

La guerra civil bis (7)

Apenas 24 horas después de la apertura de la Asamblea en Flushing Meadows, comienzan las buenas noticias para la República. Trygve Lie, secretario general, cita la permanencia del régimen fascista en España en su primer informe a la Asamblea y, apenas unas horas después, Bélgica anuncia que pretende proponer que el asunto de coloque en el orden del día, entre otras cosas por la protección dada por la España de Franco a Leon Degrelle. Contra Franco se suceden las intervenciones de Noruega, Bielorrusia, Checoslovaquia, Francia y el propio Molotov, ministro soviético. El 1 de noviembre, se aprobaba sin votos en contra colocar el asunto en el orden del día de la Asamblea.

El 4 de noviembre, el delegado cubano, en connivencia con Fernando de los Ríos, presenta una moción iluminada por Prieto quien, en los últimos tiempos, ha madurado la idea de un referendo sobre el modo de Estado en España, bajo la vigilancia de los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, esta propuesta, además de recibir la oposición procedente de su inviabilidad, es también recibida con hostilidad por el gobierno Giral, que se considera el único gobierno democrático legítimo de España y, por lo tanto, no está dispuesto a admitir la propuesta de formar un gobierno de hombres buenos en España que sustituya al del exilio en la legalidad.

El 4 de diciembre, el Comité Político y de Seguridad de la Asamblea inicia la discusión del asunto español. Polonia abre el fuego con las acusaciones ya conocidas, y es totalmente apoyada por Venezuela. A continuación, el senador estadounidense Conally presenta una propuesta de resolución en la que se recomienda que la España de Franco sea excluida de todos los organismos internacionales. La moción dice también: «El pueblo español debe probar al mundo que tiene un gobierno cuya autoridad procede del consentimiento de los gobernados y que a fin de alcanzar este objetivo, el general Franco tiene que que entregar sus poderes a un gobierno provisional representativo del pueblo español que respete la libertad de palabra, de religión y de reunión y que convoque unas elecciones, a favor de las cuales el pueblo español, liberado de toda coacción y de toda intimidación, pueda expresar su voluntad».

Esta resolución, en suma, es un intento de sustantivar el principio de no intervención y dejar del lado del propio pueblo español, por así decirlo, la tarea de conseguir que Franco se vaya. Además, se caracteriza por cierto ninguneo al gobierno del exilio, por aceptar la doctrina Prieto de un gobierno interno formado por personalidades cuya función sería convocar las elecciones.

Más allá, Conally, durante la defensa de su moción, asevera con claridad que el objetivo de sustituir a Franco por un gobierno democrático no puede alcanzarse mediante una acción del exterior. En Flushing Meadows, pues, se disuelve, por primera vez, la esperanza, un tanto vana la verdad, de los republicanos en el sentido de que el mundo libre iba a mover un solo tanque para echar a Franco de España. Más allá, Conally expresa una idea que no es en modo alguno nueva: la ruptura de relaciones diplomáticas y el bloqueo económico, lejos de suponer un problema para Franco, lo supondrían para el pueblo español (décadas después, los defensores del castrismo dirán lo mismo del bloqueo americano a Cuba). Insinúa el senador norteamericano que Franco no es un problema para la seguridad internacional, y vuelve a sacar a pasear el concepto de la Nota Tripartita en el sentido de que todo cambio en España debe producirse sin guerra civil. Al día siguiente, sir Hartley Shawcross, delegado británico, suscribe hasta las comas de la argumentación de Washington, destacando, si cabe, con mayor fuerza aún el argumento de no intervención: si tan amante de la democracia es el pueblo español, llega a decir, acabará encontrando el camino para imponerla. Tanto una como otra potencia parecen dispuestas a esperar lo que haga falta para que eso ocurra. Y eso, exactamente eso, es lo que hicieron. Francia y la URSS, entre otros, intervienen a favor de la moción polaca. Ante la cerrazón de posiciones, la Comisión decide... crear una Subcomisión.

Esta subcomisión aprobará una resolución que sigue calificando el régimen de Franco de fascista y recomienda «que se impida al gobierno español franquista adherirse a las instituciones internacionales creadas por Naciones Unidas (...) hasta la formación de un gobierno aceptable en España». Asimismo, recomienda que, «si en un plazo razonable no queda establecido un gobierno que obtenga su autoridad de la voluntad de los gobernados (...) el Consejo de Seguridad estudie las medidas adecuadas a tomar para remediar esta situación» (párrafo éste que no puede ser más etéreo). Por último, recomienda «desde ahora a todos los miembros de las Naciones Unidas que retiren de Madrid los embajadores y ministros plenipotenciarios allí acreditados». La Asamblea adoptó finalmente esta resolución con el voto a favor de Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, Chile, China, Checoslovaquia, Dinamarca, Etiopía, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, India, Irán, Liberia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Filipinas, Polonia, Suecia, Ucrania, Reino Unido, EEUU, Uruguay, URSS, Venezuela y Yugoslavia. En contra votaron Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú. Se abstuvieron Afganistán, Canadá, Colombia, Cuba, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, Países Bajos, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Sudáfrica.

Fue una victoria para la República. La posición inicial de Londres y Washington había sido matizada, y se había conseguido la abstención de los países árabes, a los que Franco había tentado insinuando la liberación del pueblo marroquí del Protectorado.

Pero, si la República ganó, ¿por qué empezaron a ir mal las cosas?

Hay una teoría, la más conspiranoica de todas. Según ella, los tentáculos de las cloacas del franquismo serían muy largos y contarían con elementos en el exilio para dar por culo. Sinceramente, no la creo. Franco tenía un enorme poder, pero en el interior de España. Fuera del país, viviendo donde vivían, la mayoría de los prebostes republicanos eran intocables y, al fin y a la postre, la estrategia del exilio era cosa de cuatro.

Otra teoría nos llevaría a considerar que los dos semi-perdedores de la Asamblea, Reino Unido y EEUU, que empezaban a ver ventajas en la pervivencia de Franco y, sobre todo, veían un montón de incertidumbres en la democratización del país, moviesen sus hilos. Esta tesis sí que es más creíble, aunque no sé si alguna vez se demostrará por completo.

Hay, en todo caso, una tercera hipótesis, tan humana como, por lo tanto, creíble: la simple y pura envidia. En paralelo a la pelea por el regreso de la democracia a España había una pelea de poder; una pelea en torno a quién la haría regresar y cómo y, consecuentemente, quién se pondría la medalla. No hay que olvidar, además, que esta pelea se producía entre tendencias ideológicas que se habían llevado literalmente a hostias en un pasado no muy lejano; y si se habían unido en el Frente Popular de las elecciones del 36 era porque, de alguna manera, todos pensaban estar aprovechándose de los otros, y todos pensaban que podrían deshacerse de compañeros incómodos cuando les conviniese.

Sea como sea, la alegría de la República dura 48 putas horas. El 15 de diciembre, la Asamblea vota la resolución que, en España, hizo a Franco sacar a las calles a miles de españoles que mostraban su inquebrantable adhesión con pancartas que decían cosas como «Si ellos tienen UNO, nosotros tenemos DOS». Pero el 17 de diciembre, estalla la bomba.