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miércoles, enero 30, 2008

Don Carlos

El Romanticismo es buena cosa para la cultura. Supuso la ruptura con la relativa frialdad neoclásica y, en general, introdujo en el mundo de las formas y de la estética un gusto por lo irracional que, de unas formas o de otras, ha hecho evolucionar la cultura en los últimos doscientos años. Sin embargo, para la Historia no ha sido tan bueno. Los románticos, ya se ha dicho, tenían un punto irracional del que hacían gala y, además, profesaban una admiración sin límite por algunas etapas históricas, como la Edad Media, que los hacía poco equilibrados a la hora de juzgar los tiempos pasados.

La Historia de España es, de alguna manera, víctima del punto de vista romántico. Son varios los episodios que se podrían citar, pero hoy me voy a referir a uno muy concreto: la vida del infante Don Carlos, hijo de Felipe II llamado a sucederle al frente del Imperio español sobre el que nunca se ponía el sol. Diversos escritores románticos, y muy especialmente Schiller (en música, Verdi), se fijaron en el mito de este desgraciado hijo de rey, presuntamente esclavizado y martirizado por su extraño padre. La verdad es que su padre era realmente extraño. Más bien, casi toda la familia Austria desde los Reyes Católicos hasta el Rey Prudente era para echarla de comer aparte. Con tiempo iremos hablando de ellos, poco a poco. Pero con ser Felipe raro, no es esa rareza, y mucho menos su pretendida crueldad, la que está detrás de los sufrimientos de Don Carlos.

El problema del infante era, simple y llanamente, que estaba como una regadera.

En 1568, Europa se conmocionó con la casi increíble noticia del arresto del infante Don Carlos, que entonces tenía 23 años de edad, por orden de su propio padre. No es muy normal que los príncipes vayan a la trena como cualquier chorizo de la plaza de Callao. Menos aún aquel hombre, que estaba llamado a dominar el mundo, pues iba a heredar de su padre España, los Países Bajos, las posesiones italianas, la América española, amén de casarse con la hija mayor del emperador alemán Maximiliano II la cual, para más inri, según las crónicas de la época estaba que te cagas. Todo esto se fue a la mierda con el arresto, y terminó de irse cinco meses después, cuando Don Carlos moría en la cárcel.

Pero vayamos por partes. Flash back. Ahora en la película se ve la imagen de una real boda fastuosa mientras unas letras superpuestas nos informan: «25 años antes». En efecto, estamos en 1543, cuando aún faltan dos años para que nazca Don Carlos, y la boda acojonante a la que acudimos es la que se produce entre Felipe, hijo del emperador Carlos V de Alemania y I de España, y María, la hija del rey Joao III de Portugal. Marido y mujer que, además, son primos carnales, puesto que la madre de la novia, Catalina, era hermana del emperador Carlos; no quedando ahí la cosa pues el padre de la novia, el rey Joao, y la madre del novio, Isabel, también eran hermanos. Así pues, Felipe y María eran doblemente primos, casi hermanos.

Hay quien dice que el tabú del incesto existe en todas las sociedades para evitar estas cosas, es decir que la sangre se vicie por la vía de no obtener, por así decirlo, genomas de refresco. Así pues, que Carlos saliese rarito puede tener que ver con esa consanguineidad. Aunque hay otros factores. Creo que hoy es también claro que no pocas locuras tienen carácter hereditario y, al fin y al cabo, Felipe II llevaba en su ADN la firma de Juana, llamada por la Historia La Loca, en mi opinión con entero merecimiento del mote aunque modernos relectores históricos la quieran reivindicar. El tercer factor que cabe citar es el embarazo en sí. Al parecer, María de Portugal tenía dificultades para superar, corpóreamente hablando, la edad del pavo y convertirse en una mujer hecha y derecha que se pudiera dedicar a la actividad principal de toda princesa, esto es quedarse embarazada. Los médicos de la Corte, por ello, realizaron con ella toda serie de putadas, entre las que no faltaron sangrías periódicas.

Cualquier mujer que esté hoy o lo haya estado en edad de criar sabe que el primer consejo que le dan a una mujer en una clínica de fertilidad cuando va allí a ver si le pueden dar Zumosol a sus óvulos es: «sáquese usted un poquito de sangre cada noche, y verá cómo la preñez viene sola». En fin, la medicina antigua tenía estas gilipolleces. Es evidente que si a una embarazada le provocamos una anemia lo que estamos haciendo es ponerle las cosas al feto más difíciles que a McGyver. Como consecuencia del tratamiento recibido, pues, María estaba muy débil cuando, en 1545, se quedó finalmente embarazada. Y esto no es algo con lo que haya que especular pues, tan sólo cuatro días después del parto del niño, su corazón dijo al carajo, y se paró for good.

Carlos mostró desde muy niño rasgos de cierto desequilibrio cruel. Por ejemplo, llegó a herir a tres de sus nodrizas mediante otros tantos mordiscos violentos en sus pezones. Las cosas que se saben de él recuerdan mucho al último Austria, el rey Carlos II, llamado El Hechizado. Como a él, a Don Carlos le costó mucho aprender a hablar, pues tenía tres años cuando empezó a balbucear algunas palabras; cuando lo hizo, hablaba como un gilipollas, motivo por el cual le cortaron el frenillo de la lengua (como puede verse, Don Carlos era un desequilibrado; pero, en manos de aquellos médicos, se convertía en desequilibrado y medio).

Una característica de algunos desequilibrados, que los hace tan adecuados para el trabajo de dictador, es la insensibilidad hacia el dolor ajeno. Carlos, de eso, tenía mucho; además, era príncipe, y eso ayudaba. Con siete años se cabreó con un paje y, ni corto ni perezoso, exigió que fuese ahorcado. Como no le hicieron caso, se declaró en huelga de hambre, que sólo abandonó cuando ahorcaron en su presencia a un muñeco que se parecía al paje; de donde deducimos que tampoco debía de ser un lince precisamente pues hasta yo, que soy medio idiota, sé distinguir a mi vecino de un muñeco que se parece a mi vecino.

Otro aspecto refinado de su crueldad se manifestaba con los animales. Los conejos que le traían los hacía asar vivos y tuvo una tortuga como mascota, a la que encabronó de tal manera con sus jueguecitos que, un día, la tortuga le mordió en un dedo. Ni corto ni perezoso, le arrancó la cabeza de un mordisco. Otro día se encerró en una caballeriza con veinte caballos, a los que maltrató del tal manera que los equinos acabaron inservibles y bañándose en su propia sangre.

Desde muy chiquito, abandonó la primera persona al hablar. Se refería a sí mismo como «el niño», y hablaba de sí mismo en tercera persona. Aunque esto, probablemente, no es muy raro; he visto a algunos niños pequeños hacerlo durante una temporada.

Es mi convencimiento personal, aparte de que me parece un hecho completamente lógico, que el hecho de ser príncipe agravó la locura de Don Carlos, sobre todo por la vía de la megalomanía. Hay que recordar, en este punto, que el muchacho apenas tenía once años de edad cuando fue elevado de la condición de infante a la de príncipe. Un episodio con su abuelo Carlos deja claro que aquel zote pensaba que todo el mundo estaba a su servicio. Como es bien sabido, el emperador se retiró en vida, para morir en el bellísimo monasterio de Yuste. Cuando llegó a España para su retiro, paró unos días en Valladolid, donde conoció a su nieto, al que entonces aún no había visto en toda su vida. Llevaba el emperador un artilugio entonces desconocido en España: una estufa portátil. Su nieto la vio y se encaprichó con ella. El viejo emperador, por supuesto, le contestó que y unos cojones. Entonces Don Carlos montó un expolio de tal calibre que el mismísimo Carlos V, acojonado, tuvo que jurarle solemnemente que, a su muerte, él heredaría la puta estufa. Sólo entonces se tranquilizó el príncipe.

Caprichoso hasta la médula, Carlangas hacía cosas de guardia urbano. Su primo el rey de Portugal trajo una vez un elefante de África y se lo regaló. Don Carlos quedó tan prendado del proboscídeo que hacía que se lo subiesen a su habitación. No le arriendo la ganancia al personal de limpieza del palacio cada vez que el animal se cagase por el pasillo.

El domingo 19 de abril de 1562, Don Carlos bajaba las escaleras de su residencia en Alcalá de Henares. En una escalera resbaló, bajó rodando y se pegó un hostión con la cabeza contra una puerta cerrada. Tuvo fiebres unos días, lo normal, pero cosa de una semana después, la herida de la cabeza se complicó y comenzó a supurar. La fiebre subió, el príncipe comenzó a irse por la pata abajo y la pierna derecha dejó de responderle. Lo dieron por muerto con seguridad, hasta el punto que el rey Felipe llegó a ordenar los funerales. No obstante, los médicos acabaron salvándolo mediante una trepanación con la que limpiaron la herida. Aunque lo que España creyó en aquel entonces fue otra cosa pues, después de la operación, alguien se acordó de que en un convento cercano se veneraban los huesos de un tal fraile Diego que había sido muy bueno, así pues fueron allí, pillaron el esqueleto, lo acostaron en la cama junto al enfermo y anduvieron un rato tamborileándole con los huesos en la cabeza al moribundo, que acabó por recuperarse, tal vez porque la impresión de despertarte y encontrarte acostado con un esqueleto es una de esa cosas que te aminan a levantarte. Pero la enfermedad fue tan grave que, cuando se levantó de la cama, pesaba menos de 40 kilos. Tenía 17 años.

Hay quien dice que el príncipe nunca se recuperó de aquella hostia. En 1564 lo encontramos ya incorporado a la Corte, pues ya era mayor, se había acordado ya el matrimonio con Ana la buenorra, y tenía que convertirse en un auténtico cortesano. La descripción que nos dejó el embajador alemán en Madrid del candidato es como para salir huyendo el día de la boda. Nos dice que el príncipe tenía el cabello castaño, la frente alta, ojos verdes, barbilla saliente (marca de la casa), cutis indefinido, estrechez de pecho (herencia de su anémica crisis de dos años antes), un hombro más alto que el otro, una pierna izquierda bastante más larga que la derecha, muslos exageradamente delgados y, en general, dificultades visibles para el uso de la mitad derecha de su cuerpo. Voz atiplada y un poco femenina, rara vez se aseaba, comía como una bestia y nunca bebía alcohol, aunque el agua había que filtrársela con nieve porque nunca la encontraba suficientemente fría.

O sea: igualito que Richard Gere en Oficial y Caballero, sólo que codificado.

El pueblo informado y los maledicentes de la Corte bautizaron a Don Carlos «el capón». Si hemos de creer en el paralelismo entre Don Carlos y Carlos II, deberíamos recordar aquí que, en la autopsia de El Hechizado, una de las cosas que sorprendió a los médicos fue que tenía unos testículos minúsculos que, al parecer, aparecieron negros y como marchitos. Dado que la Historia tiene por casi cierto que Don Carlos pudo sufrir raquitismo en su infancia (lo que explicaría los muslines y otras cosas), es posible que eso también afectase a su sexualidad. Los hombres de la corte de Felipe II iban contando a los embajadores que lo que ocurría es que su primera vez no había sido gran cosa y, por eso, había resuelto permanecer doncello hasta el matrimonio, como el chico que ama a Laura. Pero es una explicación poco convincente. De hecho, en 1567 contrató a tres médicos que le ayudasen a follar. Le prepararon un brebaje, pero debía de ser peor que la Viagra porque a la chica que se tenía que pasar por la piedra le pagaron un pastón y le compraron una casa para que no fuese por ahí contando lo que había pasado o, mejor dicho, lo que no había pasado. Aún así, todo Madrid se enteró de la historia.

Con el tiempo en la Corte, su megalomanía empeoró. Un día caminaba por la calle ya en la noche y tuvo la mala suerte de no oír las voces de alguien que, desde una ventana, lanzaba a la calle unos orines y quizás otros productos corpóreos más sólidos, como entonces era costumbre porque las casas no tenían water close. Encabronado, dio orden de que todos los habitantes de la casa fuesen muertos y la casa quemada, y costó bastante no cumplir la orden. En otra ocasión al duque de Alba, por oscuras razones, se le tiró con un puñal en la mano.

En 1567, Felipe II resuelve suspender su proyectada visita a los Países Bajos. El megalómano Don Carlos llega a la conclusión que eso es un desaire hacia él, una muestra de desconfianza. Es el momento en el que rompe ya definitivamente con su padre, al que desde ese momento odiará como a la tortuga que un día le mordió. Además, decide huir de España. Su locura fue probablemente en aumento pues desarrolló una manía persecutoria en que la quería ver el palacio repleto de enemigos, hasta tal punto que un mecánico francés, Luis de Foix, tuvo que construirle un artilugio que le permitía atrancar la puerta de la habitación desde la cama. Se hizo construir un libro de hierro para poder tirárselo a la cabeza a quien entrase a por él en la habitación.

Lo que sabemos es que Felipe II estuvo puntualmente informado de los planes de su hijo. Don Carlos le confesó sus planes a Don Juan de Austria, hijo bastardo del emperador Carlos, a quien le faltó tiempo para contárselo al rey. Asimismo, Don Carlos, en el curso de una confesión, aseveró que sentía un odio mortal hacia su padre, motivo por el cual el fraile confesor no sólo le dio la absolución, sino que se fue rápidamente con el queo al rey (y ole con ole y ole el secreto de confesión).

El domingo 18 de enero de 1568, sabiendo el rey por el correo mayor Raimundo de Taxis que Don Carlos había pedido caballos frescos y que, por lo tanto, la huida era inminente, Felipe II hizo romper en secreto el artilugio que atrancaba la puerta, esperó a que su hijo estuviese dormido y entonces, acompañado por Ruy Gómez de Silva, el duque de Feria, el prior Antonio de Toledo y Luis Quijada, se fue a por él.

Lo encontraron en la habitación dormido con un yelmo puesto, una cota de malla y una espada junto a él. Sin despertarlo, le quitaron la espada, una pistola que tenía bajo la almohada y el libro de hierro. Cuando se despertó, el rey le informó, glacialmente, que estaba preso y que nunca volvería a salir de aquella habitación, que unos lacayos ya estaban cegando clavando maderas en las ventanas. Don Carlos reaccionó malamente. Intentó tirarse al fuego de la chimenea, pero el cura se lo impidió. Luego agarró un candelabro con el que intentó abrirse la cabeza a hostiones, pero también se lo impidieron.

En su cautiverio, que finalmente se produjo en una torre de palacio, Don Carlos se negó a comer y cayó en un estado catatónico que recuerda al de la reina Juana; pasaba horas tumbado en el suelo mirando a ninguna parte. A veces se tostaba en la estufa y otras mandaba pedir hielo, lo picaba, lo extendía dentro de la cama y luego se metía dentro, casi desnudo.

En julio de 1568 se tomó una empanada enorme entera que le dio mucha sed. Para calmarla tomó cantidades enormes de agua helada, como era su costumbre. La consecuencia fue una diarrea brutal que, débil como estaba, acabó con él el 24 de julio, a las cuatro de la mañana. Las crónicas nos dicen que murió plenamente consciente, confortado con los santos sacramentos y pidiendo perdón por sus ofensas tanto a Dios como a su padre. A mí, la verdad, me cuesta creerlo.

El gran misterio histórico de esta movida es la razón del arresto. Algunos historiadores han llegado a decir que Don Carlos no huía a humo de pajas; que en realidad había llegado a algún tipo de entendimiento con los rebeldes de los Países Bajos para irse allí y, una vez huido, liderar una secesión del territorio bajo su corona. A mí esta teoría siempre me ha costado creerla, primero porque, que yo sepa, las constancias documentales, siquiera de la sospecha, son escasas. Y, en segundo lugar, está el propio Don Carlos. Era un tipo tan desequilibrado que, aunque sólo fuese por su propia seguridad, es más que probable que se encontrase muy vigilado por los agentes de su padre. Si en condiciones normales es difícil conspirar contra un rey, ¿cómo será de difícil cuando ese mismo rey, conspires o no, está vigilándote hasta cuando vasa mear?

La lista de los reyes de España tiene algunos hitos bastante negrillos. Algunos reyes han sido malos y otros muy malos. Y todo parece indicar, la verdad, que, se pongan Schiller y Giuseppe Verdi debubito supino, decubito prono o como se pongan, si este pollo llega a reinar, hoy lo recordaríamos en el pelotón de los torpes.

lunes, noviembre 27, 2006

El Rey... ¿prudente?

En recientes comentarios a otro post se ha afirmado que la quiebra económica de España (aunque, más propiamente, deberíamos decir de Castilla) proviene ya de los tiempos teóricamente victoriosos del propio Imperio. Y es verdad. En los mismos años en los que España era el imperio sobre el que nunca se ponía el sol, notablemente aquéllos en los que reinó Felipe II, el Rey Prudente, ya se estaban poniendo las bases de lo que fue el progresivo derrumbe del país que se produciría en los siglos siguientes. Hoy vamos, pues, a intentar retratar aquellos años.

En 1559, la recaudación impositiva en Castilla supuso 3.000.000 de ducados. Ese año, se estima que los gastos incurridos por el presupuesto público fueron de 2.300.000 ducados, de los que 740.000 correspondieron al presupuesto de defensa, otros 700.000 a gastos de la Corte, y aproximadamente 1.500.000 de ducados al servicio de los juros (más abajo explicaré lo que eran; en todo caso, más información aquí). En otras palabras, Castilla era un territorio fuertemente gravado por las deudas pasadas derivadas de las aventuras militares de Carlos I de España y V de Alemania; pero, aún así, sus ingresos eran capaces de sobrellevar dichas cargas con cierta holgura. Se diría que era, por lo tanto, un emisor con riesgo-país asumible.

Sesenta años más tarde, en 1621, la recaudación se había multiplicado por tres y llegó a 10.500.000 ducados. Sin embargo, los gastos habían crecido más considerablemente. Para empezar, el servicio de los juros había pasado a suponer 5.600.000 ducados, o sea se había multiplicado por 3,7. Los gastos de la corte, poco más de 1.000.000 de ducados, seguían en su línea. Había aparecido una nueva partida presupuestaria, el sostenimiento de las posesiones de la corona en Flandes, que importaba nada menos que 3.100.000 ducados. Y los gastos de defensa se habían multiplicado por cuatro, hasta casi tres millones de ducados anuales. Como consecuencia, había un déficit de algo más de un millón de ducados o, lo que es lo mismo, por cada 10 ducados que el Estado ingresaba, gastaba 11. Un déficit público del 10%: Felipe II no habría entrado en el euro ni emborrachando al mismo tiempo a Chirac, Merkel y Blair. La deuda pública (los juros) consumía por sí sola la mitad de la recaudación total. De un país en esta situación hoy diríamos que es un país quebrado.

Y, sin embargo, aquel país quebrado era el dueño del mundo. De hecho, ése era su gran problema.

Empecemos por las fuentes de financiación. Porque una Historia hermosa de estudiar es, por paradójico que lo parezca, la Historia de la Hacienda. Los impuestos no han sido siempre los mismos, ni lo ha sido tampoco la forma de recaudarlos. De hecho, el Estado renacentista no recaudaba impuestos. Sabía que realizar esa labor era extraordinariamente caro y costoso. Por eso, alquilaba las rentas del Reino, en los procesos llamados de encabezamiento. Por periodos, se subastaba la recaudación de impuestos, de forma que el adjudicatario abonaba al Estado dicha recaudación, con un descuento, y procedía a recaudar para sí. El beneficio estaba en el descuento o, eventualmente, en recaudar más de lo previsto. Así pues, los recaudadores de impuestos eran trabajadores del sector privado cuyo éxito dependía de sacar cuanto más, mejor. La mala fama del recaudador de impuestos estaba bien ganada. Algunos impuestos, en todo caso, eran recaudados por las ciudades para el rey.

Otro aspecto curioso, a nuestros ojos, de aquella Hacienda, era que la carestía y los peligros del traslado de capitales hacía que éste se desechase en muchas ocasiones. El Dioni habría tenido poco trabajo en la España del Renacimiento. Por lo tanto, las rentas recaudadas se solían gastar más o menos en el mismo lugar que se recaudaban, con lo cual los mecanismos de solidaridad territorial, en un Estado desde luego mucho menos desarrollado que el nuestro, eran, además, especialmente complejos.

La mayor parte de los impuestos eran indirectos. En Castilla había existido por tradición un impuesto directo, sobre las rentas, denominado cartinega, pero había perdido importancia.

El principal impuesto era la alcabala, una especie de precursor del IVA que gravaba las ventas de bienes raíces y otros objetos de cierto lujo, tales como los paños. La alcabala aparece a menudo ligada a la tercia, un ingreso estatal procedente del diezmo que cobraba la Iglesia católica de sus feligreses (la décima parte, cuando menos teórica, de sus rentas). El diezmo eclesiástico se cobraba en tres partes: la del episcopado, la del clero y la destinada a levantar iglesias y conventos. De este último tercio del diezmo, el Estado percibía dos tercios (tercias), por lo que las tercias venían a suponer, por lo tanto, dos novenos del diezmo total o, si se quiere, dos nonagésimas partes de la riqueza teórica del contribuyente.

La Historia de aquella época marca, de hecho, toda una lucha por parte del poder real para conseguir que la Iglesia suelte parte de su riqueza a favor de las finanzas estatales. Además de percibir las tercias, con el tiempo se crearon las tres gracias, a saber: el impuesto de cruzadas, cuyo origen es una bula papal al Estado que éste acabó por perpetuar; el excusado y el subsidio. La cruzada sufragaba los establecimientos militares de África, mientras que el subsidio pagaba las galeras. Los expertos en Hacienda no paraban de recomendarle al rey que sujetase los gastos militares de forma que se ajustasen a estos ingresos de procedencia eclesiástica. Nunca lo consiguieron.

La tercera renta ordinaria del Estado era el maestrazgo, que pagaban los maestres por serlo, esto es, por estar socialmente por encima de la gleba. A ésta se sumaba a la renta de aduanas o almojarifazgo, que ya era muy parecida a la actual, con la salvedad de que, entonces, los portazgos estaban situados no sólo en fronteras exteriores, sino también interiores. El ejemplo más claro era el puerto seco entre Castilla y Aragón.

La corona cobraba también las llamadas regalías, que eran un pago derivado de la explotación de minas y otras actividades, así como la trata de esclavos. Pero, sin duda, el impuesto más suculento para el Estado era el denominado servicio de los millones, obtenido a partir de recargos en el vino, el vinagre, el aceite, la carne, el jabón y las velas de sebo. O sea, lo que se dice un impuesto sobre las bebidas alcohólicas, el lujo (poca gente se podía permitir la carne entonces) y la luz (que era con velas, claro), todo en uno. Los millones llegaron a aportarle a Felipe II, a principios del siglo XVII, hasta 3 millones de ducados en un año, pero eran unos ingresos difíciles de conseguir, porque debían ser pactados con las Cortes. En puridad, aquellas Cortes eran básicamente una reunión de municipios con los que discutir los millones, y no siempre el rey se llevaba el gato al agua. Felipe IV, acompañado del Conde-duque de Olivares, viajaría en el siglo XVII a Barcelona para obtener de la España no castellana servicios de millones para financiar sus muchas guerras, y volvió con las manos vacías.

Un impuesto curioso era la sisa, que consistía en entregar mayores cantidades de vino u otros bienes por el mismo valor. La palabra se consolidó en nuestro idioma y hoy sisa significa robo o pequeño hurto, a menudo cometido por una persona que maneja dinero de otros. Sisar es lo que hace, por ejemplo, un niño que le hace un recado a su madre y, al volver a casa, miente levemente en el precio de lo que ha comprado, para quedarse con la diferencia.

Otra figura de aquella época que se ha quedado a vivir en nuestro idioma era la concesión de monopolios comerciales (a cambio de dinero) que hacía la corona. Se llamaban estancos.

Otros pequeños impuestos eran tasas finalistas con fines militares; por ejemplo, las fardas. La farda mayor, por ejemplo, era un impuesto sobre la propiedad que se imponía a los moriscos, y se gastaba en las defensas de Granada.

A todo esto hay que unir la llegada de plata de Indias, que ingresaba en el sistema metal precioso y valioso. La llegada masiva de plata generó en algunos periodos problemas de inflación y, a la larga, jugó en contra de las monedas de vellón que también circulaban por Castilla, generando en la práctica un sistema de doble referencia. Los banqueros de los reyes españoles siempre querían cobrar en plata, por supuesto. Y algunos de ellos tenían la sartén por el mango, porque eran dueños de las minas de azufre europeas, y España necesitaba ese azufre para obtener la plata. La plata de América, en todo caso, salvó a Felipe II en las últimas décadas del siglo XVI pues, desde 1577, se había visto obligado a reducir las alcabalas ante lo que probablemente fue un caso de insumisión fiscal masiva.

En tan temprana fecha como 1557 y 1560, Felipe II se vio obligado a suspender pagos a sus financieros, quiebra que inició la tendencia explosiva de la emisión de juros. Los juros eran títulos de deuda pública relativamente parecidos a los actuales. Devengaban un interés, pero su diferencia fundamental estaba en que, dado que hace 500 años el Estado no era garantía de nada (al revés de lo que ocurre hoy en día con las emisiones de riesgo soberano), la garantía del juro (garantía de pago) estaba en las rentas de la corona. Por lo tanto los juros estaban siempre vinculados (situados, se decía) a una determinada renta o recaudación y, en consecuencia, nada más recibir un juro, su propietario procuraba mudarlo lo antes posible a una renta más segura. La consolidación de 1560 supuso la emisión masiva de juros al 5%. Algunas opiniones ven en esta política la creación del hidalgo español improductivo: quien era rico y recibía juros se convertía en un rentista; su actividad consistía en cobrar aquellos intereses, sin trabajar.

Claro que la Hacienda, ya lo hemos visto, es sólo la mitad de la historia. Hasta 1560, más o menos, Felipe II logró sostener su imperio sin pegarse casi con nadie. Pero, a partir de ahí, entró en una dinámica de guerra total agotadora. En muy poco tiempo vinieron a unirse la defensa de Malta, la sublevación protestante en Flandes, la rebelión de Granada y las peleas con el Turco en el Mediterráneo. Solo esta última partida costaba un millón y medio de ducados al año. Las defensas en el Atlántico demandaban el doble. A todo esto hay que añadir que la mayoría de las estimaciones, hechas por los historiadores, se basan en documentación estatal que se refiere, en realidad, a gastos ordinarios. Las campañas extraordinarias se presupuestaban por separado, siendo difícil saber cuánto añaden. Por ejemplo, la victoria de Lepanto le costó, a todos los coligados, 1.100.000 ducados. Tratar de darle en el bebe a Inglaterra (con los resultados que conocemos), por su parte, le costó a Castilla la friolera de 7 millones (debo recordaros, si os habéis perdido, que la recaudación por rentas ordinarias venía a suponer unos 10 millones); y aún y con eso, ya antes de hacerse a la mar, a los integrantes de la Armada se les debían 300.000 ducados que no se les habían podido pagar.

Con todo, la auténtica sangría económica de Felipe II se llamó Flandes. Pocas veces defender la fe católica salió tan caro. En los años buenos, al principio, financiar la guerra flamenca costó millón y medio de ducados al año; conforme la cosa se fue poniendo fea, la cantidad se dobló. En 1608, la guerra de Flandes había costado 110 millones de ducados (una vez más: unas once veces la recaudación de impuestos de todo un año. Haced la cuenta con los Presupuestos Generales del Estado de este año, y ya veréis lo que os sale).

En septiembre de 1575, Felipe II haría el último intento serio de arreglar las cosas, forzando una nueva quiebra. En realidad, el objetivo de aquella quiebra fue poner los juros y los compromisos en manos castellanas o, lo que es lo mismo, mandar a freír espárragos a los banqueros genoveses que le tenían agarrado por los cataplines. Pero fracasó. La guerra atlántica, la Pérfida Albión, cambió esos planes y, para 1581, ya no quedaban fortunas en Castilla para financiar al Rey Tiraduros. Felipe II heredó de Carlos I un endeudamiento de 30 millones de ducados y dejó otro más cerca de 150 que de 100 millones.

Se habla mucho de los Tercios de Flandes como ejemplo de ejército cruel que sometía las poblaciones que invadía a pillaje. En este panorama, cabe entender que, para muchos soldados, el saqueo era la única forma de cobrar algo. El soldado de la época de Felipe II es, en efecto, un ladrón, un extorsionador y, las más de las veces, alguien que, dado que no cobra, compagina el oficio militar con cualquier otro, convirtiéndose en una especie de militar a tiempo parcial.

En suma: la Historia del reinado de Felipe II y algunos años después es la Historia de un Estado que no se resigna a ser pequeño. Las evidencias eran bastante evidentes en el sentido de que Castilla ya no daba más de sí y que había una dependencia excesiva de la plata americana, recurso volátil donde los haya. El Rey Prudente probó a recargar las alcabalas, imponer sisas, pedir millones; pero nunca, que se sepa, acudió a la solución más lógica, que hubiera sido la tijera. El pie forzado fue siempre conseguir ingresos suficientes para poder armar galeras suficientes, equipar tercios por doquier, para seguir demostrando la grandeza de Castilla, que era la grandeza de España.

El Rey Prudente. Otro día hablaremos de lo que hacía por las noches, después de haber arruinado a su imperio.

martes, noviembre 21, 2006

Curiosas ausencias

Navegando que te navegaré, acabé hace unos días en la página oficial del partido Socialista Obrero Español (PSOE), o sea http://www.psoe.es/. Estaba buscando referencias históricas y quedé, cómo no, decepcionado. Nuestros partidos políticos actuales, y me refiero específicamente a aquéllos que tienen una larga historia detrás, están lógicamente muy interesados en poner a disposición del público sus propuestas para la mejora del acceso a la vivienda o su visión de la seguridad ciudadana, hemos éstos de gran importancia presente; pero no parecen tener ninguna pulsión acerca de la importancia pasada.

Nuestros políticos no parecen darse cuenta, o no quieren, de que la imagen del investigador histórico, especialmente el amateur que, como yo, no vive de esto y por lo tanto no tiene mañanas para ir a donde quiera a tomar notas; esa imagen, digo, ha cambiado. Hoy, el investigador histórico ya no es sólo el tipo embutido en legajos o cajas de documentación; también es una persona que, con paciencia y esfuerzo, navega con su ordenador desde su casa, bajándose e imprimiéndose imágenes de documentos para su estudio y cotejo.

En fin, además de esta crítica, que hago extensiva a todas las fuerzas políticas de este país con más de treinta años de historia, que son unas cuantas, así como a fundaciones varias, me gustaría detenerme sobre la visión que el PSOE tiene de sí mismo y de su pasado. Está en el subapartado Historia del apartado Nuestro Partido. Allí, a base de textos breves, se cuenta la Historia del PSOE en sus diversas etapas. A continuación os copio todos los textos hasta la muerte de Franco. Todas las cursivas y negritas que leeréis son mías, y después del texto explicaré por qué.




«El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias.
El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año.

El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial.

Desde entonces, ha orientado su labor hacia el logro de los grandes ideales emancipatorios del socialismo, con los cambios lógicos de estrategia que los momentos históricos han impuesto en cada caso, y que libre y democráticamente han decidido el conjunto de los afiliados.

Desde su fundación en 1879, el Partido fue aumentando el número de sus militantes y asentando su base teórica. La necesidad de defender adecuadamente los derechos de los trabajadores impulsó la creación de una organización sindical socialista. Así nació la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo Congreso fundacional se celebró en Barcelona, en 1888.

En las elecciones de 1910, Pablo Iglesias obtuvo un escaño y se convirtió en la primera voz del movimiento obrero español que se pudo oír en el Parlamento.

Esta progresiva implantación del socialismo español fue permitiendo plantear una importante crítica social y una creciente contestación popular a las limitaciones políticas de la Restauración, cuyo sistema permitía que los derechos civiles fueran burlados y que se produjese el reparto de poder entre los partidos liberal y conservador y el turno en el desempeño de las tareas de Gobierno.

La condición no beligerante de España durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, hizo posible un cierto desarrollo económico que permitió amasar importantes fortunas a determinados sectores de la burguesía, mientras que los trabajadores sufrían las consecuencias de una tremenda subida de precios, que disminuía por días la capacidad adquisitiva de sus salarios. El malestar ante esta situación, junto a la creciente demanda de libertades más efectivas planteada por amplios sectores de la población, crearon un ambiente de movilización social a favor de un cambio político, a cuyo frente se pusieron el PSOE y la UGT, encabezando un movimiento huelguístico que conmocionó a la burguesía en agosto de 1917 y que fue duramente reprimido.

Los acontecimientos de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la fundación de la III Internacional por Lenin introdujeron elementos de división en el movimiento obrero internacional. En España, el intento de "dirigismo" de la Internacional Leninista suscitó un vivo debate en el PSOE, que dio lugar a que los partidarios de Lenin en este Partido lo abandonaran para fundar el Partido Comunista de España (PCE).

Tras los siete años de dictadura militar del general Primo de Rivera, la alternativa republicana, apoyada por el PSOE, triunfa en las elecciones del 14 de abril de 1931, dando lugar a la inmediata instauración de la II República, en un clima de entusiasmo popular.

Los candidatos socialistas en coalición con los republicanos obtienen 115 escaños en el Parlamento. Juntos emprenden una decidida política de reformas impulsada por un Gobierno en el que están presentes tres ministros socialistas: Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.

Esas reformas, especialmente la Reforma Agraria y la Legislación Laboral, son contestadas con una dura oposición por las fuerzas políticas de derechas.

La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) obtendrá un importante apoyo en las elecciones de noviembre de 1933, dando lugar al desplazamiento de las fuerzas progresistas del poder.

El endurecimiento de las posiciones conservadoras y el fuerte impacto popular causado por la represión de la revolución de Asturias, provocaron la unión de las fuerzas progresistas republicanas en un único bloque político: el Frente Popular, que ganó las elecciones de 1936, lo que permitió continuar la política de reformas iniciada en 1931. Sin embargo, estas expectativas se vieron truncadas por el golpe de estado militar que, alentado por la derecha española, sumió al país en una cruenta guerra civil que se prolongó desde 1936 a 1939.

El apoyo del fascismo internacional a Franco, la inhibición de los países democráticos, la mayor disponibilidad de recursos económicos de los sublevados y otros factores, dieron lugar, tras largos y duros combates, a la derrota del Gobierno de la República.

El desenlace de la guerra civil abrió un periodo histórico difícil para la sociedad española, en general, y para los socialistas, en particular.

A pesar de ello, siguieron combatiendo en la clandestinidad o desde el exilio. En 1953, Tomás Centeno, Secretario General de UGT y dirigente del PSOE, moría víctima de la represión en la Dirección General de Seguridad. Dos años después, había en el penal de Burgos más de 1.200 socialistas, llegando a coincidir en las cárceles franquistas un total de seis Comisiones Ejecutivas.

Sin embargo, el PSOE durante el franquismo desarrolló una significativa acción opositora, participando en las huelgas de los años 50 y 60, enfrentándose a la dictadura en condiciones muy duras y sometido a una constante persecución policial.

Ya en los años 70, el PSOE se convierte en una seria amenaza para el declinante régimen franquista, por sus relaciones con las fuerzas democráticas europeas y su imagen de partido socialista democrático dentro de España. En 1974 se celebra en Suresnes (Francia) el 26 Congreso del Partido, que elige a Felipe González Secretario General.

Cuando en 1976 (aún en la clandestinidad), el Partido decide celebrar en Madrid su 27 Congreso, el PSOE está jugando ya un papel fundamental en la vida política española. La legalización del Partido Socialista se produce en febrero de 1977.


La creación, junto con otros partidos democráticos, de una coordinadora común de oposición y negociación, obliga a abrir un proceso de reforma política que desemboca en las elecciones democráticas de 1977, en las que triunfa la UCD, mientras el PSOE se consolida como el primer partido de la oposición.»


Bien. A raíz de este texto, los personajes fundamentales de la historia del PSOE, de 1879 a 1977, fueron:

- Pablo Iglesias, que lo fundó y luego salió diputado.
- Francisco Largo Caballero, que fue ministro en el primer gobierno de la República.
- Indalecio Prieto, por lo mismo.
- Fernando de los Ríos, por lo mismo.
- Tomás Centeno, por ser víctima de la represión franquista.
- Felipe González, por ser elegido secretario general en 1974.

Esta nómina olvida:

- Que Francisco Largo Caballero, además de ser ministro de Trabajo en el primer gobierno de la República, fue Presidente del Gobierno durante la guerra (lo de que fue Consejero de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera puedo entender que el PSOE no tenga demasiadas ganas de ponerlo).


- Que Indalecio Prieto, además de ser ministro de Hacienda en los tiempos de la República, fue ministro durante la guerra encargado de la dirección nada menos que de las operaciones bélicas.


- Que hubo un militante del PSOE llamado Juan Negrín (del que, desde luego, el PSOE abomina como si fuese el Maligno) que presidió el Gobierno de España durante buena parte de la guerra.


- Que hubo otro dirigente del PSOE, llamado Julián Besteiro, que fue presidente del Congreso. También es cierto que impulsó y colaboró activamente en el golpe del coronel Casado contra la República. Pero también es cierto que, al final de la guerra, se quedó en Madrid (y fue el único) a enfrentar su destino, muriendo enfermo en la cárcel. En mi opinión, y con todos mis respetos hacia Tomás Centeno y su familia, si hay que citar a un socialista significado muerto por la represión de Franco, ese alguien es Julián Besteiro.

- Que entre Pablo Iglesias, fundador; y Felipe González, secretario general en Suresnes, el PSOE tuvo unos cuantos dirigentes de partido, notablemente el propio Largo Caballero y, por ejemplo, Rodolfo Llopis, que fue SG durante los años de la clandestinidad.

Más allá, las otras itálicas tienen que ver con cosas como:

- No se dice quién organizó la huelga general de 1917 (Largo Caballero, Besteiro y Saborit).


- Se cita de pasada la Revolución de Asturias (se dice que la CEDA la utilizó para su reacción derechista), con lo que el texto pasa de puntillas sobre dos hechos: primero, que la Revolución de Asturias fue un golpe de Estado revolucionario en toda regla, cuyo principal objetivo era hacerse con los edificios principales del gobierno en Madrid; y dos, que el PSOE fue quien organizó aquella movida.

- De hecho, este resumen, ladinamente, trata de desbastar al PSOE de la República de toda veleidad revolucionaria marxista aseverando que los partidarios de Lenin se fueron todos al PCE; y olvida, supongo que interesadamente, que Largo Caballero, o sea su líder, era llamado el Lenin español (también por, entre otros, las Juventudes Socialistas) y que hay mogollón de fotos de la época de manifestaciones en las que su retrato es paseado junto con el del ruso aquél bajito y con barba de chivo.

- Se dice que el PSOE apoyó la alternativa republicana en 1930. Lo cual es verdad, aunque sólo con la puntita. En un texto algo más sincero que éste, debería reconocerse que Indalecio Prieto estuvo en el Pacto de San Sebastián a título personal y que, de hecho, a Largo no le gustó un pelo que hubiese ido.

- Otra verdad a medias, por no decirlo de otra manera, que contiene el texto es la aseveración de que uno de los factores a favor de Franco en la guerra fue «la mayor disponibilidad de recursos económicos de los sublevados». El bando republicano contaba, como acabamos de ver en un reciente post, con un cash de casi 4.000 millones de pesetas de la época y, es más, en el first strike del golpe de Estado, retuvo casi todas, si no todas, las grandes áreas productivas del país, notablemente el norte industrial, Cataluña y Levante. El 19 de julio de 1936, la mayor parte del PIB español era republicana.

- No se rinde el homenaje justo que merece la oposición interna del PSOE en los años difíciles y, muy especialmente, la muy meritoria labor de Antonio Amat (a quien, esto hay que reconocerlo, sí homenajea, un poquito, el Partido Socialista de Euskadi)

Tienen su miga estos textos. Especialmente, como ya he dicho, la actitud que el PSOE guarda hacia Juan Negrín y hacia los oscuros años de la primera posguerra, cuando en el seno del partido pasaron muchas cosas, pocas de ellas agradables (discutieron por la pasta).

Pero yo, que soy no sé si un romántico o un gilipollas, pienso que los partidos políticos tienen una responsabilidad que va más allá de la que puedan tener otras instituciones más de medio pelo. Es difícilmente creíble en el presente un partido político que es incapaz de asumir su Historia; y yo creo que todos, racionalmente, podemos reconocer, sin problemas, que en cien años de Historia no es que pueda haber, es que tiene que haber momentos oscuros.

sábado, noviembre 18, 2006

Objetivo: salvar a José Antonio

Pasado mañana lunes, 20 de noviembre, se producirá el aniversario de la muerte frente al pelotón de fusilamiento de la cárcel de Alicante, de José Antonio Primo de Rivera. Hoy, este aniversario ha quedado para la celebración de algunos grupúsculos políticos con tan poco apoyo que son extraparlamentarios. Sin embargo, no hace mucho tiempo, ese aniversario era conmemorado por España entera. Porque resulta que ese grupúsculo, la Falange Española, era una especie de partido único que gobernaba el país; aunque es lo más lógico escribir una especie porque el sistema político franquista era un sistema muy sui generis: más que de partido único, era de líder único.

De José Antonio se ha hablado mucho y es, por lo tanto, personaje muy conocido. Era hijo del general Miguel Primo de Rivera, que había sido dictador de España entre 1923 y 1930, y cuya defección fue el principio del fin de la monarquía de Alfonso XIII. Cuentan las crónicas que era un abogado no exento de habilidad como litigante, aunque siempre tuvo un temperamento violento. Salta, nunca mejor dicho, a la escena de la Historia de España durante un acto en Madrid en el que un conferenciante tuvo palabras peyorativas para su padre. José Antonio, desde una fila trasera del público, saltó desde el respaldo del asiento anterior hacia el escenario para darse de hostias con el conferenciante.

Fundó Falange Española, un partido de corte fascista mucho más mussoliniano que hitleriano, que más tarde se fusionaría con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, de parecida ideología, para formar Falange España y de las JONS. El asesinato del militante Matías Montero fue para él un acicate; cuentan las crónicas que estaba en una cacería cuando recibió la noticia y que, nada más saberla, declaró que sus días de vida cómoda se habían acabado. Yo tengo una foto de José Antonio saliendo del cementerio ese día, y es lo cierto que su rostro lo dice todo.

En tiempos de la República fueron tan comunes los entierros de falangistas muertos violentamente que a José Antonio le pusieron el mote de Simón el Enterrador. Fue parlamentario durante los años de gobiernos de las derechas, aunque sin siquiera acercarse a la posibilidad de gobernar. En febrero de 1936, en las elecciones que ganó el Frente Popular, cometió el error de no pactar con las derechas la inclusión de candidatos de Falange en sus listas. Es bastante chusco pensar que a José Antonio siempre le preocupara que Falange fuese utilizada por otros, porque eso exactamente es lo que hizo Franco con el partido que él había fundado.

La llegada del Frente Popular al gobierno supuso la ilegalización de Falange y la detención de sus dirigentes. Decisión que no puede considerarse en modo alguno ni inmoderada ni antidemocrática. Si consideramos una brutalidad el asesinato por socialistas del diputado José Calvo Sotelo, no podemos olvidar que fueron falangistas joseantonianos los que, algunos meses antes, intentaron hacer lo mismo con un diputado socialista en la calle Goya de Madrid.

José Antonio decía que quería «una España alegre y faldicorta» y algunas otras cosas que suenan bien; pero no cabe duda de que propugnaba, con claridad, un estado fascista. Los 27 puntos programáticos de Falange dejan poco lugar a dudas al respecto. Además de contener algunas de las coletillas propias del franquismo (aquello de «España es una unidad de destino en lo universal» que repetíamos como loros todos los estudiantes de Formación del Espíritu Nacional), los puntos falangistas hablaban sin ambages de un Estado totalitario que, en pura ortodoxia fascista, otorgaba al hombre el derecho a ser libre, pero siempre en el seno de una supraestructura de mayor importancia, la nación. Su gran baza estratégica (punto 9) era la concepción de España como un inmenso sindicato de productores, es decir una especie de Estado sindical (éste, «¡Estado sindical!», era el grito reivindicativo de los falangistas en el primer franquismo) que, a la larga, venía a significar organizar la sociedad como un ejército. Sin embargo, el falangismo tenía indudables ribetes anticapitalistas (véase el punto 10, por ejemplo), que llevaba a algunos de sus miembros más radicales a proponer medidas como la nacionalización de la banca. Se han señalado no pocas veces puntos de anclaje entre falangismo y anarcosindicalismo y hay bastantes testimonios, de hecho, de que parte de la militancia del primero provino del segundo, y aún del marxismo.

Como ya se ha dicho casi todo, a mí me gustaría hoy escribir unas líneas sobre algo que yo creo que se conoce poco, y son los planes y negociaciones que hubo en su día, estallada ya la guerra, para sacar a José Antonio de la cárcel.

José Antonio, por suerte para él, había sido trasladado, en julio de 1936, de la cárcel Modelo de Madrid, donde más que probablemente habría sido masacrado junto con otros correligionarios como Ruiz de Alda, a la de Alicante. Esto permitió que hubiese negociaciones para canjearlo por algún preso republicano de la misma importancia. El candidato fundamental era el hijo del líder socialista Francisco Largo Caballero. Cuando estalló la guerra, este muchacho estaba cumpliendo el servicio militar en la unidad de Transmisiones del Regimiento de El Pardo. El regimiento de El Pardo era claramente golpista, hasta el punto de en su seno se llegó a albergar un plan para asesinar al presidente Manuel Azaña, que tenía allí su residencia. Este plan no se llevó a cabo pero, al estallar la guerra y fracasar el golpe en Madrid, este regimiento se marchó a las cercanas posiciones de Segovia, en poder de los nacionales, y se llevó con él a Largo Caballero hijo. Lo trasladaron a Sevilla, donde Gonzalo Queipo de Llano lo custodiaba.

En septiembre de 1936, el padre de este muchacho, Francisco Largo Caballero, accedió a la presidencia del Gobierno. Su antecesor en el cargo, José Giral, entonces ministro sin cartera encargado, entre otras, de la labor de gestionar los canjes de prisioneros, planteó ante el consejo (formado por socialistas, comunistas, PNV, Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Catalunya) el canje Primo de Rivera/Largo Caballero. Pues bien: no sólo todos los grupos políticos se mostraron contrarios al canje, sino que el propio presidente zanjó el tema con una frase lapidaria: «Señores, no me obliguen ustedes a sumir el papel de Guzmán el Bueno».

A pesar de este fracaso palmario, los falangistas no tiraron la toalla. El periodista y escritor falangista Eugenio Montes, gran amigo de José Antonio, tuvo encuentros en París con personas más o menos cercanas con el gobierno del Frente Popular: José Ortega y Gasset, Felipe Sánchez Román y Santiago Alba.

Según escribió Maximiliano García Venero en la biografía por encargo de Manuel Hedilla, que entonces era el Jefe Nacional de Falange, Montes viajó a Burgos desde París para informar al propio Hedilla de que sus gestionen habían tenido éxito, y que Indalecio Prieto, ministro socialista, exigía treinta rehenes y seis millones de pesetas a cambio del líder falangista. Sin embargo, poco tiempo después Prieto, o quienquiera que fuese que hablaba en nombre de Prieto si es que la oferta existió en realidad, se desdijo de ella aduciendo, argumento creíble, que la cárcel de Alicante estaba custodiada por milicianos de la Federación Anarquista Ibérica, y que el Gobierno no tenía autoridad para llegar allí y ordenar que sacasen ni a ese preso ni a ninguno. Esto es, ya digo, más que probablemente cierto, porque los primeros meses de guerra, yo diría que el primer año por lo menos, fueron un lamentable espectáculo de desgobierno en el área republicana, con las bandas y partidos campando por sus respetos. Como muestra, cuando Dolores Ibárruri, La Pasionaria, se dirigía a París algunos meses después, se encontró con la humillante escena de que, a su paso por Barcelona, unos milicianos anarquistas le exigiesen el pasaporte e incluso coqueteasen con la idea de impedirle seguir viaje. Lo cuenta ella misma, indignada, en sus memorias.

La Opción C de Falange fue pasar a la acción. Agustín Aznar, un destacado miembro del partido (sin relación con los Aznar de los que desciende el ex presidente del Gobierno), se fue a visitar a Franco a Cáceres en compañía de otros doce falangistas y después fue a ver a Queipo, quien le dio un millón de pesetas extraídos de la caja del Banco de España de Sevilla. Era septiembre de 1936.

Una vez conseguido el dinero, la partida de falangistas embarcó en la futura patria de Rocío Jurado, Chipiona, en el torpedero alemán Iltis, que les llevó hasta Alicante. A la zona roja, pues.

En Alicante contaban con la ayuda, fundamentalmente, de un alemán, Joaquim von Knobloch, que había sido nombrado cónsul alemán honorario en la ciudad levantina, aunque rechazado por el gobierno republicano por ser miembro del NSDAP (el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler).

Agustín Aznar, el falangista de mayor fuste en aquella brigadilla, entró en Alicante con un pasaporte alemán a nombre de August Gaetner, expedido por el consulado alemán en Sevilla. Para desembarcar tuvo que hacerlo de tapadillo, porque el encargado de negocios de la embajada alemana en Madrid, Voelckers, que estaba en Alicante para organizar allí las dependencias consulares, prohibió el desembarco de los españoles desde el torpedero.

Una vez en Alicante, Aznar tomó con contacto con las hermanas Carmen y Matilde Pérez, ambas falangistas e hijas de un práctico del puerto de Alicante que, si hemos de creer el testimonio que ellas mismas dan en el libro de García Venero, pasó, a través de Von Knobloch, información sobre buques llegados al puerto para que fuesen bombardeados por los sublevados.

Entre todos buscaron a un rojo sobornable. Éste resultó ser un tipo al que apodaban El Vaselina (probablemente cenetista). Von Knobloch se le acercó y, haciéndose pasar por periodista, le ofreció 10.000 pesetas por conseguirle una entrevista con Primo de Rivera. Como viese que El Vaselina no le hacía ascos a la historia, se lanzó y le ofreció un millón por liberarlo. El Vaselina contestó lo que los matones de Don Vito Corleone: es difícil, pero se puede intentar.

Entonces, Von Knobloch le dijo que le presentaría a un francés que era quien iba a financiar la operación. El francés era Agustín Aznar.

El Vaselina les dijo que había que darse prisa. Según él, habían llegado de Málaga varias personas con la única intención de matar a José Antonio. De hecho el gobernador de la provincia, el republicano Vázquez Limón, había reforzado la guardia de la cárcel.

A Agustín Aznar intentan detenerlo pocas horas después de aquella entrevista. Se zafa como puede. Entonces se intenta llevarlo al torpedero, pero Voecklers se niega y, más aún, insta a su protocónsul para que el falangista salga de la embajada antes de cuatro horas.

Von Knoblock busca un uniforme de teniente de navío alemán para camuflar a Aznar. El tema es problemático, porque el falangista está gordísimo. Finalmente, con una chaqueta ajustadita y unos pantalones prendidos con imperdibles, Aznar, acompañado por los otros falangistas, embarca en una nave que se hará famosa para la Historia algunos años más tarde: el Graf von Spee.

Von Knoblock fue expulsado de Alicante, ante sus actuaciones claramente pronazis, pero desde Sevilla siguió trabajando para el rescate del líder de Falange.

Entonces, llega el plan D, urdido de la siguiente manera: El consignatario de la naviera Ybarra en Sevilla, Gabriel Ravello, iría a Alicante previamente provisto de algunos millones de pesetas. Una vez llegado su barco, y por costumbre inveterada, los marinos debían presentar sus respetos al gobernador civil, por lo que éste subiría al barco. Una vez en el barco, el práctico del puerto (el falangista Pérez de quien ya hemos hablado, o sea el padre de Carmen y de Matilde) procuraría un encuentro discreto entre Vázquez Limón y Ravello en el que éste trataría de sobornar al gobernador para que salvase a José Antonio.

En el buque cisterna Hansa, y tras una entrevista de Von Knobloch con el propio Franco en el que éste fue informado del plan, llegaron a Alicante el diplomático nazi, Ravello y Pedro Gamero, otro de los falangistas de postín. Llamaron a Voecklers para que subiese al barco a visitarlos, pero éste se negó. Parece que está bastante claro que este Voecklers no quería saber nada con la liberación de José Antonio; lo cual no quiere decir, necesariamente, que fuese prorrepublicano. Ya he dicho que la Falange le hacía mucho más tilín a Mussolini.

Sin embargo, estando ellos en el puerto llegó otro barco alemán, el Deutschland, cuyo mando, el almirante Carls, era mucho más proclive a la cosa. Se mostró dispuesto a ayudar a la conspiración. La operación de subida al barco del gobernador se montó en otro barco alemán, el Sillacs. Pero se presentó Voecklers, y prohibió a Von Knobloch que intentase abordar al gobernador. Los alemanes no volvieron a intentar la liberación.

En paralelo, visto el fracaso, Hedilla y Aznar le plantean a Franco la opción de una toma de comandos. Según García Venero, Franco dio su aprobación (aunque debo decir que no era su estilo, y resulta difícil de creer). El caso es que un centenar de falangistas fue concentrado en Sevilla, entre los cuales, por cierto, se encontraba, siempre según García Venero, el primer español que brilló en la elite de los pesos pesados de boxeo: Paulino Uzcudun. Fue un mes y medio de entrenamiento, pero el comando no llegó a actuar. El plan necesitaba de la complicidad de alguien en zona roja pero, a pesar de ofrecer los falangistas ocho millones y rescatar, junto con José Antonio, al cómplice, no lograron encontrar uno.

Se ha dicho, y yo lo creo, que el empeño republicano por fusilar a José Antonio fue un error. Algunas teorías sostienen, un poco en línea con lo que aquí se ha contado de fuente falangista, que Indalecio Prieto quería que José Antonio acabase en zona nacional, porque consideraba que sus ideas anticapitalistas minarían la retaguardia ideológica de los sublevados y sembrarían la división. No lo sé, pero tiene lógica que alguien, aunque sólo fuese una persona, tuviese en la cúpula republicana la claridad de mente como para darse cuenta de eso. La Falange luchó al lado de Franco con la misma bravura que lo habría hecho de haber estado José Antonio para darle las órdenes. La muerte del Jefe Nacional no minó un ápice la combatividad del bando sublevado y su supervivencia, como poco, habría supuesto un problema para Franco pues, con bastante probabilidad, José Antonio habría puesto muchas dificultades al decreto de unificación que creó la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

Pero esto ya son juicios históricos, esto es, subjetivos.

martes, noviembre 14, 2006

El oro de Moscú

Diciembre de 1956. Estación de tren de Austerlitz, en París. Dos parejas ya maduras toman el tren que une la capital de Francia con Madrid. Bueno, en realidad no. Una de las dos mujeres, probablemente por nervios, tomará un tren con destino a Madrid que no es, sin embargo, aquél en el que las cuatro personas tienen billete. Finalmente podrán reunirse en Burdeos y terminar viaje todos juntos.

Los dos hombres son Mariano Ansó, ex ministro de Justicia del presidente Juan Negrín durante la guerra; y Antonio Melchor de las Heras, abogado del Estado y asesor jurídico del ministerio franquista de Asuntos Exteriores. Ansó lleva, más o menos, veinte años sin poder pisar España. Va a Madrid a entregar algo. Un legado.

El viaje es continuación de una gestión realizada el día 18 de diciembre de ese año, unos días antes pues, por Rómulo Negrín, quien comparece ante Enrique Pérez-Hernández y Moreno, cónsul adjunto de España en París, para hacer entrega de todos los documentos que su padre, Juan Negrín, fallecido algunos días antes en París, atesoraba sobre el oro español entregado en depósito en el Comisariado del Pueblo de Hacienda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El viaje a Madrid viene a completar esta gestión.

Antes de ese día, y también después, los mitos y leyendas en torno al llamado oro de Moscú han sido constantes y, de hecho, a pesar del paso del tiempo es un asunto que aún da bastante que hablar.

Hagamos un poco de historia.

Con el estallido de la guerra, una de las cosas que se rompió fue el Banco de España. Y no sólo por la decisión de la Generalidad de Cataluña, que ya hemos visto, de intervenir sus sedes en la región. Además, entre su cúpula hubo deserciones, sobre todo la del subgobernador, Pedro Pan, que se pasó a la zona nacional. Asimismo, uno de los más reputados miembros de su Servicio de Estudios, Fernández Baños, fue trasladado en diciembre de 1936 a Valencia, desde donde gestionó la salida de España de toda su familia y de él mismo, incorporándose también el Banco de España franquista. Con esto la gestión del Banco, en un momento en el que toda gestión pasó a ser política, no se pudo, en modo alguno, independizar del proceso.

Ya el 13 de septiembre de 1936, Manuel Azaña, presidente de la República; y Juan Negrín, ministro de Hacienda, aparecen como firmantes de un decreto semiclandestino (su facsímil puede consultarse en el libro de Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Madrid, Espejo de España, 1976) que autoriza al gobierno, ante el hecho palmario de que las tropas nacionales avanzan hacia Madrid, a trasladar el oro existente en el Banco de España a lugar seguro. Antes incluso de esa fecha, el ministro de Hacienda anterior a Negrín, Enrique Ramos, ya había solicitado autorización al gobierno para que el banco vendiese unos 25 millones de pesetas en oro, aunque en este caso se trataba de defender a la peseta en los mercados internacionales.

Los cálculos más afinados consideran que, en el momento de estallar el conflicto, hay en el Banco de España oro por valor de 5.295 millones de pesetas (para que os hagáis una idea, y apoyándonos en datos que ya he escrito en pasados post, eso viene a ser más o menos el gasto de guerra de Cataluña entre 1936 y 1939, multiplicado por cuatro).

El gobierno de Largo Caballero toma la decisión, que siempre será polémica, de trasladar el oro a Moscú. Y digo que es polémica porque será interminable la discusión sobre si, como defienden quienes apoyaron la medida, Moscú era el único destino posible; o existían otras alternativas. La primera, obviamente, es Suiza. Sin embargo, Suiza presentaba el problema de que el oro debería atravesar físicamente Francia, y Francia había mostrado ya cierta hostilidad hacia el uso exterior de divisas y metales preciosos por parte de la República, así que una incautación siempre era posible; de hecho, el gobierno español tenía de tiempo atrás un oro depositado en Mont de Marsans, también con el objetivo de utilizarlo para defender la peseta, y ahora el gobierno francés se negaba a movilizarlo a petición de sus legítimos dueños (los franceses, siempre tan amigos de decidir por otros). Por su parte, la fría actitud de Reino Unido lo descartaba como objetivo. Moscú presentaba la ventaja de que el viaje era posible, entre Cartagena y Odessa, por un mar relativamente controlado en el que no se produciría la intercepción de mercantes rusos. Algunos críticos con la medida apuntan que se pudo pensar en Nueva York. Ahí queda la duda.

Por cierto, que hubo un voluntario: el gobierno catalán. La Generalidad se ofreció para que Barcelona fuese el destino, entonces seguro, del oro español. Su idea, que yo sepa, no fue nunca considerada ni medio en serio.

Entre julio de 1937 y enero de 1937 comenzó a salir oro de España, aunque no por la vía ni con el destino que se ha hecho famoso. Entre dichas fechas, la República vendió al Banco de Francia (sí, al presunto incautador) 194 toneladas de oro que valdrían, según mis cálculos, unos 1.500 millones de pesetas. Es sólo en una segunda fase que las reservas restantes (sigo con mis cuentas: unos 3.900 millones) fueron trasladadas a Cartagena, donde la mayoría sería embarcada con destino a Rusia. En total, 7.800 cajas por un valor de unos 518 millones de dólares (los mentados 3.900 millones de pesetas).

El traslado a Cartagena fue realizado por carabineros, miembros por lo tanto de un cuerpo de orden público que dependía directamente del propio ministerio de Hacienda. Hay testimonios de que todos eran militantes socialistas. No obstante, algunos puntos del transporte fueron vigilados por una unidad del denominado Quinto Regimiento, al mando de Valentín González, El Campesino, entonces furibundo comunista. Este detalle labró la leyenda de que el traslado del oro fue también controlado por los comunistas, leyenda que parece ser eso mismo más que otra cosa.

El 25 de octubre de 1936, el oro se cargó en cuatro barcos rusos: el Jruso, el Neva, el Kim y el Volgores. En dichos barcos viajaban funcionarios del Banco de España y de la Dirección General del Tesoro, encargados de comprobar el recuento del oro a la llegada a Rusia.

A partir de ahí, todo parece indicar que las cosas dejaron de funcionar.

En primer lugar, el oro fue utilizado, durante toda la guerra, como pago por el material de guerra y auxiliar con que la URSS proveyó a la República. Sin embargo, la calidad de esa ayuda está sometida a duda. En su inicio, los pedidos de armas deberían ser realizados por una institución centralizada, la Comisión de Armamento y Munición, y repartidos en el ejército republicano por una unidad de la misma que se estableció en Albacete, cuyo presidente era Diego Martínez Barrio (presidente de las Cortes, asimismo) y su comisario político el diputado Ángel Pestaña, máximo representante del anarquismo trientista, de carácter más moderado que el de la CNT o la FAI. Esta oficina central de entregas, sin embargo, nunca llegó a funcionar adecuadamente, según testimonio del gobernador civil de Albacete en aquellos tiempos (Justo Martínez Amutio: Chantaje a un pueblo, Madrid, G. del Toro, 1974). Un aspecto todavía no demasiado estudiado es la influencia que tuvo en la eficiencia bélica de la República esta distribución ineficiente de los recursos que llegaban, los cuales, según Amutio, se dedicarían preferentemente a unidades comunistas. El referido memorialista se queja, además, de algo que también refieren otras fuentes, que es la escasa calidad del material vendido por los rusos a alto precio. Incluso, en el colmo de la ineficacia, se queja de entregas de aviones en los que el fuselaje fue desembarcado en Levante y los motores en Bilbao. Gerald Howson, probablemente el estudioso más serio y sólido de la ayuda militar soviética a la República, ha calculado que, sólo mintiendo en el tipo de cambio (usando cambios erróneos peseta-dólar), la URSS le pudo chulear a la República unos 50 millones de dólares. Los rusos, por cierto, exigían el pago previo al envío del material; cosa que no le pasó a Franco, el cual, por ejemplo, en 1944 todavía estaba cerrando pufos con los alemanes. Y eso a pesar de que la garantía del pago (el oro) estaba bajo su custodia.

En paralelo, los funcionarios que hemos dejado en los mercantes camino de Odessa llegaron allí y pronto comprobaron que los rusos eran insultantemente lentos realizando una operación coñazo, pero al fin y al cabo fácil, como es contar 7.800 cajas. A los funcionarios se les había dicho que estarían más o menos un mes fuera de España (habían calculado diez días de curro para el arqueo) y, transcurrido dicho mes, fueron a quejarse al embajador español en Moscú, Marcelino Pascua, pues tenían la sensación de que ni en cuatro meses iban a terminar ( o sea: cuatro meses son como 100 días laborables, que para 7.800 cajas salen a 78 cajas por día; trabajando 10 horas, nos sale que los rusos venían tardando en contar 8 cajas a la hora).

Consecuencia de las protestas: a los dos meses, fueron realojados, cada uno en solitario. Se les colocó un policía de escolta que no les dejaba ni para orinar y se les censuró la correspondencia con sus propios familiares. Algunos de ellos, en realidad, no regresarían a España en toda la guerra.

El 1 de agosto de 1938, según comunicación recibida por Negrín, las reservas de oro estaban ya prácticamente agotadas. Como la República.

El oro de Moscú no fue dilapidado ni tampoco fue, como pretendió la propaganda franquista, utilizado por los republicanos exiliados para vivir como curas en París o en México. Según las cuentas entregadas por Rómulo Negrín y Mariano Ansó, y que han sido estudiadas por el historiador económico Pablo Martín Aceña (El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus), el que fuera presidente del Gobierno republicano durante la guerra se guardó mucho de custodiar los comprobantes que, básicamente, demuestran el uso del oro para la compra de material militar. Que ese material fuese, como dicen testigos como Martínez Amutio, para comprar no el material necesario, sino el que los consejeros soviéticos consideraban necesario; que fuese o no distribuido de una forma equitativa entre las unidades que lo necesitaban; que fuese de buena o mala calidad, ya es otra historia.

No obstante lo dicho, los republicanos en el exilio tienen, a mi entender, un borrón no demasiado aclarado a día de hoy, sobre el cual las cuentas de Negrín, obviamente, no dicen nada. Porque si las operaciones con el oro se hicieron con recibos y libramientos de por medio, las incautaciones no se hicieron así. Durante la guerra ambos bandos procedieron a incautar bienes de sus enemigos, o los que ellos consideraban que lo eran. Franco, por ejemplo, incautó las sedes de los partidos políticos y centrales sindicales. Y la República se hizo con joyas, obras de arte, dinero y otras riquezas cuyo monto no se puede fijar como el del oro de Moscú, porque cuando llegan a tu casa y te quitan un collar de oro a punta de pistola, no sueles pedir recibo. Ni quien te lo quita ofrecértelo.

Este punto de la Historia permanece más bien oscuro. Pero basta por hoy. He redactado esta entrada con un monumental dolor de cabeza, aunque a mí consultar libros me relaja, así pues estos párrafos me han hecho el efecto que a mi mujer le hace la valeriana. Os he utilizado de terapia ;O)

Pero lo de las incautaciones deberá quedar para otro día, otro post.

lunes, noviembre 06, 2006

Comerciantes

«La buena tela, en el arca se vende». Hay mucha gente que piensa de verdad que este viejo refrán se refiere a la tendencia de muchas madres antiguas a mantener a sus jóvenes vírgenes en casa, aisladas de contacto con todo hombre, hasta el momento de casarlas. Pero, en realidad, esta interpretación no es sino una derivación de su significado inicial. Es un refrán de comerciantes, pero para entenderlo plenamente hay que empezar por comprender que el comercio es una de las cosas que ha cambiado, y mucho, con el tiempo.

Las tiendas antiguas, de hace cien años o así, eran, para empezar, lugares muy oscuros. Eran locales que no se habían diseñado para estar en ellos. De hecho, buena parte de los comerciantes lo que hacían era sacar parte de su mercancía a la calle (al estilo de lo que hacen aún hoy los fruteros), que era donde el cliente escogía. Se entraba para pagar.

En los comercios de materias no perecederas, notablemente el textil, la mercancía se guardaba en unos arcones que solían situarse debajo del mostrador. Dentro de esos arcones era donde el comerciante guardaba su mejor mercancía, a salvo de robos y deterioros. De ahí el refrán.

El comercio tiene mucho que ver con el desarrollo económico español del siglo XX, porque es el destino natural de las rentas conforme éstas iban incrementándose. No obstante, hasta hace relativamente poco tiempo fue una actividad durísima (con esto, conste, no quiero decir que ahora sea un bailecito). En las primeras décadas del siglo XX, ser aprendiz en un comercio era llevar una vida rayana en el esclavismo. Los dependientes de comercio trabajaban de sol a sol, seis días a la semana e, incluso, muy a menudo vivían en las trastiendas, en lugares mal iluminados, pobremente calentados en invierno, sobre jergones. De hecho, al vivir estos dependientes en régimen de internado (el bajo salario se compensaba con la comida y la cama), en realidad no pocas veces compaginaban la venta con el trabajo de empleados de hogar. Según una investigación realizada en 1912 por el Instituto de Reformas Sociales, la jornada laboral media era de doce horas en invierno y dieciséis en verano. Esa fue la triste vida de algunos de vuestros abuelos; de uno de los míos, sin ir más lejos.

En España las cosas se vendían todavía como en el siglo XVIII mientras que en Europa las cosas ya empezaban a cambiar. Los primeros grandes almacenes parisinos, tales como Bon Marché o Le Louvre, se abrieron antes de 1900. Sin embargo, en el caso de Madrid, hubo una novedad que impulsó, en gran medida, el desarrollo de un nuevo comercio: la Gran Vía.

Sólo la Mutualidad de Incendios de Madrid perdió cerca de 2.000 clientes (casas que desaparecieron) con la construcción de la Gran Vía. Esto nos debe dar la medida del pedazo de obra que supuso la creación de esa arteria comercial, cuyas obras enervaron a los madrileños bastante más que las de Gallardón pues el actual alcalde de Madrid no ha tenido que soportar que se compusiese una zarzuela (el espectáculo masivo del momento) sobre el asunto. Una vez hecha, sin embargo, el interés del Gobierno era que la Gran Vía, al estilo de lo que ocurre con otras avenidas en París o Londres, se convirtiese en una calle escaparate. La Gran Vía, en este sentido, desplazó a otros centros de comercio anteriores de Madrid, tales como la calle Fuencarral o la plaza de Tirso de Molina. En la Gran Vía, calle de Pi i Margall, se situaron, por ejemplo, los almacenes Madrid-París, digno primer ejemplo de inversión extranjera en el sector, pues la sociedad que los propugnó estaba relacionada con las famosísimas Galeries Lafayette de París.

En Barcelona, por la época, abrieron los almacenes Jorba (que luego compraría Galerías Preciados, y cuya fama queda demostrada por el hecho de que Galerías se llamaba en Barcelona Jorba Preciados). Aunque la mayor experiencia de comercio a lo grande en la otra gran metrópoli española son los almacenes El Siglo, que ya estaban abiertos 15 años antes de terminar el siglo XIX. El Siglo empezó como un negocio sinérgico (sus dueños, Eduardo Conde y Pablo del Puerto, eran empresarios textiles) y fue creciendo en la oferta de venta conforme los almacenes fueron teniendo éxito. Estaban situados en la Rambla de los Estudios hasta que ardieron, unos treinta años después de su apertura, cuando se movieron a la calle Pelai. El Siglo fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, editó su propia revista; asimismo, también apostó por la expansión geográfica: a mediados de siglo tenía diez sucursales fuera de Barcelona, sobre todo en Andalucía. He encontrado una reciente noticia de un diario levantino informando de un proyecto de la administración valenciana, consistente en instalar una dotación en el antiguo edificio de Almacenes El Siglo. Que aún use la prensa de hoy esta referencia nos demuestra lo hondo que caló en nuestra sociedad este experimento pionero.

En los tiempos de la II República, un emigrante asturiano que había estado en Cuba (por cierto: igual que Eduardo Conde) regresó a España y abrió un comercio. Era Pepín Fernández, y el comercio era Sederías Carretas. Como socio capitalista para el proyecto contaba con otro paisano asturiano, César Rodríguez, que seguía en Cuba. Con él estaba su sobrino, que empezó en los años veinte a trabajar en las tiendas cubanas; se llamaba Ramón Areces.

¿Por qué Cuba ejerce esta gran influencia sobre la modernización del comercio español? Pues por dos razones. La primera, porque el comercio cubano estaba en manos de quienes habían colonizado la isla, o sea nosotros. La segunda, porque está a un tirito de los Estados Unidos, que era donde se estaba meneando la auténtica renovación del comercio al por menor. Fernández y Areces, cada uno a su manera, aprendieron algunas reglas fundamentales del comercio moderno, que podríamos resumir de la siguiente forma:

1.- El cliente puede entrar en una tienda para más cosas que para comprar. De hecho, puede que entre sin estar muy convencido de comprar. O sea: uno no va a una tienda cuando necesita algo, sino cuando, simplemente, va de tiendas.

2.- Para que hacer eso, entrar a mirar, le motive, el cliente tiene que tener la mercancía a la vista. Así pues, se acabaron los baúles, los arcones y las tonterías ésas de que la mercancía se vende sola. La mercancía tiene que currarse el ser vendida y para eso ha de ser vista.

3.- El mostrador separa a cliente y comerciante. A tomar por saco el mostrador.

4.- El vendedor se dedica a vender. Pero no a vender cuanto más pueda. Para que haga eso, hace falta animarle con una cosa que se llama comisión.

5.- Las mercancías hay que dividirlas en secciones.

6.- El regateo es un atraso. El cliente lo que quiere es que cada cosa que se le venda lleve puesto un precio.

7.- El comercio se basa en la garantía de calidad, y en la garantía de que, si dicha calidad falla, el cliente recupera su dinero.

Pepín Fernández, en sus Sederías Carretas, fue especialmente categórico al iniciar una nueva etapa de relación entre dependiente y cliente. Tal y como había visto en Cuba, exigió a sus dependientes que se presentasen en las tiendas siempre pulcramente vestidos, los hombres afeitados, con la boca limpia (sic), y les prohibió tutear al cliente.

En 1935, en plena expansión, Pepín Fernández se encontró con que su tienda de Carretas no podía crecer, así pues comenzó a albergar el proyecto de construir un gran comercio en la calle Preciados. A tal efecto compró allí dos casas colindantes, pero no pudo empezar las obras porque aún había dentro inquilinos y hubo de negociar con ellos su salida. Para comenzar a rentabilizar la inversión, acordó con el propietario de una de las fincas que acababa de comprar, Julián Gordo, el traspaso de una sastrería que éste tenía en los bajos de la casa, llamada El Corte Inglés. Fue entonces cuando Areces regresó de Cuba. Se puso a buscar un local para comenzar su vida como comerciante y Fernández le ofreció temporalmente la sastrería. Areces no le quiso cambiar el nombre porque el establecimiento tenía cierto prestigio en aquel Madrid.

A partir, sobre todo, del final de la guerra, y más aún de la década de los cincuenta, entre estos dos antiguos compañeros de fatigas emigrantes, Pepín Fernández y Ramón Areces, se abrió la más interesante y feroz historia de competencia económica de la historia económica reciente de España. Ambos comercios, Galerías Preciados y El Corte Inglés, comenzaron a prosperar como grandes almacenes, con ventaja para Galerías Preciados más o menos hasta los años setenta y cambio de tendencia desde entonces, progresivamente hasta que, en 1995, El Corte Inglés compró Galerías Preciados. Ésta es la razón, lo digo para los lectores más jóvenes, de que en no pocas zonas de España haya dos El Corte Inglés muy cercanos; la razón es que, en su origen, eran un El Corte Inglés y un Galerías Preciados; los competidores solían abrir uno muy cerca del otro.

Estos grandes almacenes inventaron, durante sus primeros años, algunas de las costumbres que hoy se nos han inculcado. Inventaron, en gran parte, el regalo de Navidad. Inventaron los regalos con ocasión de las onomásticas más comunes (sobre todo San José y el Día del Pilar). Inventaron el Día de los Enamorados, el Día de la Madre e incluso, si la memoria no me falla (a ver los cebolletas del blog, si me pueden ayudar) incluso inventaron una especie de Día del Estudiante, que era el veintitantos de junio, cuando terminaban los colegios, y consistía en recibir un regalito por haber aprobado y tal.

Y, sobre todo, inventaron una cosa: dos meses tiene el año, enero y julio, en el que la venta baja. Son meses, además, llamados meses «posbalance», pues ocurren después de las dos grandes formulaciones de cuentas del año (31 de diciembre y 30 de junio). La idea es: ¿y si bajamos los precios en esos meses y drenamos circulante a lo bestia?

O sea, las rebajas. Una institución española, una, grande y libre. Una unidad de destino en lo universal. Nuestra llave hacia la modernidad y el progreso.

En 1960, por cada peseta que facturaba El Corte Inglés, Galerías vendía tres. La cadena de Pepín Fernández había sido más rápida en desarrollar su oferta, su expansión geográfica en las grandes ciudades españolas, y algunas técnicas de márquetin (así, la venta por catálogo). Sin embargo, esto tiene su lógica porque Areces, como dejó dicho en la mayoría de las pocas entrevistas que concedió en su vida, era un campeón de la autofinanciación. El dueño de El Corte Inglés le tenía alergia a los créditos, así pues nunca expandió un negocio que no pudiese autofinanciar. De esta manera, iba más despacio. Aunque en 1960 podría acelerar la marcha gracias a una persona bien conocida: Fidel Castro. El triunfo de la revolución en Cuba supuso que su tío y socio capitalista, César Rodríguez, abandonase Cuba y retornase a España con su dinero. Esto insufló, sin duda, capacidad de crecimiento a El Corte Inglés.

La primera vez seria que Areces le dio en el bebe a su competidor fue en Barcelona, pues allí El Corte Inglés se adelantó en la expansión, comprando además un edificio impresionante de situación y empaque, el de la plaza de Cataluña. A partir de ese momento, El Corte Inglés comenzaría a llevar a Galerías un poco con la lengua fuera, tomando decisiones en ocasiones precipitadas o poco estudiadas.

La fórmula de Galerías y El Corte Inglés hasta más o menos mediados de los años sesenta era bastante sencilla. Según solía contarme mi padre, si ibas a uno de estos dos centros a comprarte una chaqueta, sabías dos cosas. Una, que te saldría más barata que en cualquier otra tienda. Otra, que a partir del día que la estrenases no pararías de cruzarte por la calle con personas que llevarían la misma chaqueta. Así las cosas, estos grandes almacenes fueron la espadaña del capitalismo cutre de los españoles que, hasta mediados de los sesenta, apenas podían pensar en lujos. Ese tipo que, en aquella película de Chico Ibáñez Serrador, ahorra durante años y años, sisándose de sus pequeños vicios, para comprar un televisor.

Sin embargo, a partir de 1965, más o menos, muchos españoles comenzaron a tener un poco de pasta. Cuando una mujer tiene dinero para comprar, difícilmente la convencerás vendiéndole un vestido que media ciudad se pone también. Llegó el momento de la diferenciación, de la exclusividad si se quiere. Y aquí es donde el modelo Galerías, que siguió siendo más o menos el mismo, se apartó del modelo El Corte Inglés. Areces busca clientes de cierto mayor poder adquisitivo. Abre centros en las mejores zonas de las ciudades, inventa marcas y trata de dar calidad. Galerías, mientras tanto, abre algunos centros en localidades pequeñas que no logran funcionar y, además, financia esa expansión con crédito externo, es decir se endeuda. En realidad, Galerías nunca se recuperó de la grave crisis generada por la guerra del Yon Kippur (la crisis del petróleo), aunque no fue hasta 1978 que arrojó pérdidas por primera vez. Desde entonces, la Historia se cuenta a base de una expansión continuada de El Corte Inglés, que hoy hace prácticamente de todo (agencia de viajes, hipermercados, telefonía, informática…), mientras que Galerías pasó por un rosario de propiedades hasta acabar, a principios de los ochenta, en manos de José María Ruiz Mateos y sus gran holding empresarial Rumasa, que fue expropiado por el Gobierno. El final de la historia, en 1995, ya lo he referido antes.

Os recomiendo: Toboso Sánchez, Pilar: Grandes almacenes y almacenes populares en España. Una visión histórica.

domingo, noviembre 05, 2006

El problema de la pasta en el Estatuto catalán del 32

Bueno, pues dado que un pasado post me ofrecí para desarrollar este asunto y hubo votos a favor de que lo hiciese, esto que estás leyendo es un pequeño ensayo en el que voy a tratar de resumir lo que sé sobre lo que fue el primer intento serio por organizar las relaciones económicas y, sobre todo, tributarias, entre un Estado español descentralizado y la principal región no foral con deseos y derechos para ello: Cataluña.

Y escribo este texto como escribo muchos de este blog, es decir: para tratar de demostraros a vosotros, pacientes lectores, que no todo lo que brilla en la distancia de la Historia es tan brillante. En el famosísimo Estatuto catalán de 1932 hubo muchas chapuzas. Y la parcela económico-tributaria no le fue a la zaga.

En fin, como dijo Jack El Destripador, vayamos por partes.

Empecemos por los antecedentes.

Durante el siglo XIX, el catalanismo se va estructurando lentamente. Comienza por lo más obvio, que es la identificación lingüística y cultural; pero, conforme Cataluña se va convirtiendo en uno de los dos pulmones económicos de España (pulmón de hierro en Asturias-País Vasco, pulmón de algodón, seda y lino en Cataluña), va tomando conciencia sobre el agravio económico. Ésta no es una idea ni nueva ni original; lo encontramos en otros países, como Italia. Paulatinamente, esta idea (Cataluña aporta a España más de lo que España aporta a Cataluña) va generando su contraversión, según la cual la prosperidad de Cataluña se habría generado a costa de sacrificios por parte del resto del país, notablemente la imposición de altos aranceles a la importación para proteger la industria catalana.

En mi opinión, ambas opiniones tienen parte de verdad, aunque ambas son sustancialmente falsas. Respecto de la primera: es cierto que Cataluña tiende a ser contribuyente neto del conjunto español. Exactamente igual que Alemania lo es de la Unión Europea, y eso no nos parece mal. No nos parece mal porque hace ya muchas décadas que hemos admitido la idea de que el gasto público, cuando tiene un carácter social, progresista y democrático, debe ser anticíclico, lo cual quiere decir, entre otras muchas cosas, que está ahí para intentar equilibrar los desequilibrios regionales. Lo cual, por cierto, no tiene ni pizca de altruismo: cuanto más rica sea, un suponer, Extremadura, más extremeños comprarán el salchichón de Casa Sendra, que está, por cierto, que lo paladeas y se paran los relojes.

Los catalanes no pagan más por ser catalanes, sino por ser ricos. Y su queja se asemeja a la del creso que se queja de que le cobren un 43% de impuestos.

Respecto de la segunda: el problema de Castilla radica en que su modelo económico, que la hizo potencial mundial durante siglos, se fue a la mierda hace unos trescientos años. Castilla vivía de la plata de América, que dejó de manar porque nada dura eternamente, y de las exportaciones de lana, que fue superada por otros productos en el orbe mundial. De que haya pueblos en España que fueron la leche y hoy tengan una existencia mortecina puede haber varios culpables; pero Cataluña no está entre ellos. Con los aranceles, la economía española se protegió en su conjunto. Sin aranceles, cierto, los productos de importación habrían sido más baratos. La pregunta, sin embargo, es quién los habría comprado.

Nuestra historia, en todo caso, comienza en 1868. Un año tan glorioso para la Historia de España que en él se produjo una revolución que denominamos La Gloriosa, que lanzaría la primera experiencia republicana española. En el mismo año de dicha revolución, un interesante catalanista, Valentí Almirall, redacta las conocidas como Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña. Este documento es el primer intento por expresar el derecho de Cataluña a tener, por así decirlo, un presupuesto propio y gestionarlo; aunque su redacción es tan etérea y nebulosa que dice el qué, pero no dice el cómo. Eso sí, el documento es de corte federal.

¿Qué quiere decir «federal»? Bueno, muchas cosas, pero, a efectos de lo que aquí hablamos, significa algo muy sencillo: concebir un Estado de estados en el que son éstos los que tienen el derecho de recaudar los impuestos, y el Estado vive de lo que se le transfiere. La alternativa al federalismo es lo que podríamos denominar autonomismo, donde los términos se invierten: es el Estado quien tiene derecho a fijar impuestos, y los estados (autonomías) viven de lo que se les transfiere. La Constitución de la I República española establece un sistema parecido, del que parece concluirse (no es que esté muy bien redactada, en mi opinión), que las regiones tienen la obligación de contribuir a los gastos del Estado proporcionalmente a su riqueza, pero que pueden hacerlo organizando su recaudación por su cuenta.

Pero la I República duró poco, como ya sabréis. Así pues, su Constitución es más una curiosidad histórica de una tendencia marcada.

En 1892, los catalanes dan otro paso adelante con las Bases de Manresa, redactadas con ocasión de una asamblea convocada por la Unió Catalana. Estas bases son un referente importante para el nacionalismo catalán porque establecen con mayor claridad que los ensayos anteriores la potestad de Cataluña para establecer y recaudar impuestos (Base Sexta).

En 1898, estos sentimientos en gran parte se exacerban. El motivo de ello es, cómo no, el desastre de Cuba que, como es bien sabido, genera toda una corriente de pesimismo nacional y de reflexión profunda sobre todas las cosas que en el país están mal organizadas. Una de esas cosas es el autonomismo o federalismo (al gusto). Para los nacionalistas catalanes, la intensa autocrítica abierta por el desastre del 98 excita esa idea de la región trabajadora y productiva contrapuesta a un centro (Madrid) burocratizado e ineficiente. En dicho año, los denominados Cinco Presidentes (de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País; Fomento del Trabajo Nacional; Instituto Agrícola Catalán de San Isidro [¿a que mola el patrón de Madrid aquí?], Ateneo de Barcelona y de la Lliga de Defensa Industrial y Comercial) le remiten un mensaje a la regente, María Cristina (la que nos quería gobernar) en el que se refieren a los «hábitos de pereza» enraizados en el español medio, a «las delicias de la nómina» contrapuestas al «rudo trabajo corporal y de la mente». Sin embargo, estos catalanistas son más modestos que los redactores de las Bases de Manresa pues, más que exigir la potestad federal de regir por completo sus destinos económicos, solicitan, como elemento intermedio, la realización de un concierto económico al estilo de los territorios forales (es habitual, y en la negociación del actual Estatuto catalán ocurrió, que, perdida la batalla del federalismo, bien como tal, bien disfrazado de pitufina, se reclame la vía del concierto). Esta petición está en el fondo del conocido como tancament de caixes, que fue una huelga de pago de impuestos llevada a cabo por comerciantes e industriales catalanes en 1899.

En 1905, el nacionalismo catalán se radicalizará, en gran parte a causa de un suceso de corte parecido, salvando las distancias, al que recientemente hemos vivido con las caricaturas de Mahoma. Una publicación satírica de Barcelona, Cu-Cut!, dedicada sobre todo a excitar los sentimientos catalanistas antiespañoles, publicó una serie de viñetas satíricas burlándose del ejército. Como respuesta, entre doscientos y trescientos oficiales asaltaron la publicación y sus imprentas y, ya de paso, también fueron a por La Veu de Catalunya, publicación mucho más seria ligada a la Lliga Regionalista de Françesc Cambó. El 11 de febrero de 1906, y un poco como respuesta a esta prepotencia a la que la Ley de Jurisdicciones dio además el marchamo de legal, todas las fuerzas catalanistas se unen bajo la denominación Solidaritat Catalana. Esta formación alumbra en 1907 un programa electoral, elaborado por Prat de la Riba, conocido como el Programa del Tivoli. En este papel, el catalanismo se desmelena y solicita ya, sin ambages, unos recursos económicos propios y un deslinde claro entre las haciendas de los municipios, regiones y Estado.

Las aspiraciones nacionalistas se sustantivarán durante años mediante una figura, la mancomunidad de municipios, hacia la cual la legislación estatal es comprensiva e incluso favorecedora. No obstante, la regulación real de las mancomunidades es más posibilista, pues el mecanismo elegido por el propio Prat de la Riba en sus Bases de la Mancomunidad Catalana (1911) se limitan a una sencilla fórmula aritmética de cesión de impuestos, según la cual los ingresos cedidos a la mancomunidad catalana serán los resultantes de aplicar a los ingresos tributarios obtenidos en Cataluña el porcentaje resultante de dividir gasto estatal por ingreso estatal (retened este asunto, pues os lo volveréis a encontrar). Canalejas quiso seriamente impulsar este proyecto, en el que no olvidemos el Estado retenía el monopolio recaudador; su asesinato, sin embargo, terminó por bloquear la iniciativa. La ley de mancomunidades finalmente aprobada (1913, gobierno Sánchez Guerra) no contemplaba la posibilidad de cesión de impuestos.

El principio de separación de haciendas se plantea por primera vez en algún lugar distinto de documentos políticos o doctrinales, que yo sepa, en las Bases para la Autonomía de Cataluña redactadas por una comisión mixta de parlamentarios y consejeros de la Mancomunidad. Concretamente, este documento plantea la cesión de las contribuciones directas.

¿Directas? En términos tributarios, grosso modo, podemos hablar, además de tasas, arbitrios y otras cosas, de impuestos directos, porque gravan la obtención o posesión de riqueza en sí; o indirectos, porque su hecho imponible no es la riqueza en sí, sino su uso. Es impuesto directo el Impuesto sobre la Renta. Indirecto, el impuesto sobre el alcohol, porque nos cobra al hacer uso de nuestra riqueza para comprar dicho alcohol.

La Mancomunidad catalana sería disuelta en 1925, es decir por la dictadura de Primo de Rivera. Tres años después, los separatistas catalanes se reúnen en La Habana bajo la presidencia de Françesc Macià. Las cosas están muy calientes.

La República

Algunos testigos de la reunión de San Sebastián en la que las fuerzas republicanas se juramentaron contra Alfonso XIII han dejado escrito que la práctica totalidad de los debates se consumieron en las cuestiones vasca y catalana, cuyos defensores estuvieron incluso a punto de bloquear aquel acuerdo. Así las cosas, a nadie ha de extrañar que el asunto de la ordenación territorial fuese, yo diría que junto con el laicismo y la reforma agraria, una de las grandes cuestiones que hubo que abordar desde el mismísimo primer día de la República. La declaración por Lluis Companys el mismo 14 de abril de 1931, desde un balcón de la Plaza de San Jaime, del Estado Catalán, no invitaba precisamente a tomarse mucho tiempo.

Las cosas había que hacerlas deprisa. Pero tampoco tanto. Los nacionalistas catalanes, en aquella hora primera, se desempeñaron con unas prisas y una chapucería que acabaría por comunicarse a su Estatuto, con consecuencias no muy buenas. El 10 de junio de 1931, la Diputación Provisional de la Generalidad (o sea, el Ente Preautonómico) dictaba la orden de elaborar un Estatuto. Dicho Estatuto fue entregado el 14 de septiembre por Macià en Madrid. Tres meses y un par de semanas para elaborar un Estatuto. Se dieron demasiada prisa.

En realidad, este borrador de Estatuto, conocido como Estatuto de Nuria porque fue en esta población donde fue redactado, fue obra de los políticos catalanes Jaume Carner, Martí Esteve, Rafel Campanals, Antoni Xirau i Palau y Pere Coromines, todos ellos diputados de la Generalidad. Y lo redactaron en cuatro días. Sí. Cuatro. Estuvieron cinco días en Nuria, pero el quinto día, según el propio Coromines, se fueron a hacer una excursión en burro. Sometido a refrendo en julio, el borrador fue votado afirmativamente por 595.205 catalanes (las catalanas se quedaron en casa) y negativamente por 3.286, de un censo electoral de 792.574 personas (hombres, se entiende).

El Estatuto de Nuria otorgaba al Estado la facultad de legislar en materia impositiva, pero reservaba para Cataluña la recaudación. La financiación de los servicios que a partir de entonces realizaría la autonomía se realizaría mediante la cesión de tributos directos, considerando como tales: la contribución territorial rústica y urbana (en el caso de la urbana, se trata del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es un tributo local); la contribución industrial y del comercio, que podría identificarse, muy bastamente, con el Impuesto de Actividades Económicas; la contribución sobre utilidades y la riqueza mobiliaria, que podría identificarse como una especie de mezcla de impuesto sobre la renta y de sociedades, aunque en aquel entonces no existía propiamente un impuesto sobre la renta progresivo y tan importante a efectos de recaudación como el que tenemos hoy; y, por último, el denominado impuesto sobre derechos reales, que gravaba tanto las transmisiones patrimoniales como las transmisiones mortis causa, es decir las sucesiones y herencias.

Como puede verse, el planteamiento del Estatuto de Nuria era muy moderno, pues hoy en día las autonomías viven en buena parte de los sucesores contemporáneos de aquellos impuestos. Sin embargo, este juicio tiene truco. Para que las situaciones fuesen totalmente comparables, haría falta que el Estado tuviese un impuesto tan potente como el IRFP, y no lo tenía. En realidad, el nacionalismo catalán estaba reclamando meter la mano en todo el centro de la caja y, como veremos pronto, incluso la muy democrática y autonomista II República reaccionó a ello. En sentido contrario.

Siendo como fue el Estatuto de Nuria la base de la discusión entre Madrid y Barcelona, dicha discusión arrastró todos sus pecados, sobre todo uno: el redactado se había hecho sin un mínimo soporte técnico. De hecho, Coromines reconoce en sus escritos que, en una primera valoración, la conclusión es que el coste real de los servicios transferidos a Cataluña por mor de dicho borrador de Estatuto sería de una tercera parte de los ingresos por todos los impuestos que Cataluña demandaba.

La reacción estatal no se hace esperar. De la definición que de España hace la Constitución del 31 se pueden decir muchas cosas; pero que es la definición de un Estado federal no es una de ellas. En paralelo al propio diseño constitucional, Indalecio Prieto, desde el ministerio de Hacienda, le hizo el juego sucio a los catalanes distribuyendo cifras manipuladas que venían a señalar, de forma muy exagerada, el efecto, por otra parte real, que acabamos de señalar de que la Generalidad pedía demasiado dinero para los servicios que iba a gestionar. De hecho, se nombró una comisión de técnicos para que realizase un informe sobre ingresos y gastos para aclarar las cosas. Esta comisión, formada por José de Lara, Agustín Viñuales y Francisco de Cárdenas por Madrid, todos ellos técnicos hacendísticos; y por Rafel Campanals, Pere Coromines y Guillem Virgili por parte catalana (Virgili era el experto en números), funcionó también que al final redactó… dos informes. En el informe de Madrid aparecía un descuadre de más de 500 millones de pesetas (dado para comparar: en aquel entonces, el presupuesto de las cuatro diputaciones provinciales catalanas sumaba 50 millones). En el informe de Barcelona, el descuadre prácticamente no existía.

En este clima de consenso y entendimientos mutuos comenzó la discusión del Estatuto en las Cortes, con su correspondiente informe de la ponencia. Ponencia que deja el Estatuto de Nuria de una forma que no lo reconocería, que diría Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió.

Para empezar, el Estatuto salido de la ponencia compromete a la Generalidad a contribuir al Estado con todos sus impuestos y figuras análogas, salvo los que expresamente se le cedan. O sea, se vuelve al concepto autonomista, en lugar de al federalista.

En segundo lugar, por lo que se refiere a los recursos cedidos, de la lista han desaparecido la contribución de utilidades y el impuesto de derechos reales. Eso sí, para la contribución de utilidades se arbitra una especie de sistema de concierto a la vasca: Cataluña la recauda, pero pagando una cuota fija al Estado.

Desaparece la limitación, que existía en el borrador de Nuria, de que el Estado no podría imponer nuevas contribuciones directas en Cataluña. O sea, el Estado sigue reteniendo la plena potestad de decidir cómo y de qué manera le va a cobrar impuestos a los catalanes, algo que el Estatuto de Nuria no contemplaba. Es más: para establecer nuevos gravámenes, la Generalidad precisaría del nihil obstat de Madrid.

Si os fijáis, esta ponencia fija un esquema en el que hay de todo. Hay tributos cedidos, hay tributos en los que Cataluña sólo participa en los ingresos (el impuesto del timbre, en el que se le reservaba una parte por los actos gravados en su territorio) y hay tributos en régimen de concierto. O sea: una especie de totumrevolutum de solidez técnica cero. Y es que cuando alguien se aplica a corregir algo que está mal hecho, suele dejarlo aún peor.

La discusión parlamentaria del Estatuto fue interminable y repleta de actos de sabotaje democrático. La del Estatuto actual parece, a su lado, una discusión de ursulinas en el patio de un colegio. El asunto fue tan grave que la razón de que el Estatuto catalán del 32 sea tan coñazo, con unos artículos interminables, fue que se decidió concentrar materias en cuantos menos artículos mejor, para así reducir la posibilidad de petardear el debate vía presentación de enmiendas.

En puridad, el debate sólo se lubricó después de agosto del 32, cuando fracasó el golpe de Estado del general Sanjurjo.

La estrategia de los catalanes ya no es conseguir la autonomía financiera. Se han leído la Constitución de la República y saben que, tal y como está redactado su artículo 18, no tienen nada que hacer por ahí. Así pues, se lanzan a una carrera para conseguir cuantas más cesiones de tributos, mejor. Con horror, comprueban que Madrid sólo parece dispuesto de verdad a cederles la contribución territorial. En el debate y en las negociaciones, el mismísimo Manuel Azaña tendrá que desplegar todas sus artes de negociador. Finalmente, se llegará a una especie de solución que no será ni el Estatuto de Nuria ni el dictamen de la ponencia.

En primer lugar, lo aprobado supone, en términos de rubgy, una patada a seguir. Porque la madre del cordero es la fijación de los recursos con que contará Cataluña; pero la valoración real de los recursos se deja a la decisión de una Comisión Mixta, paritaria, creada al efecto.

A la hora de definir las reglas por que se regirá este reparto futuro es donde el Estatuto la caga bien. Su artículo 16 establece tres reglas, dos de las cuales son bastante lógicas (se refieren al coste que hasta el momento han tenido los servicios transferidos y la actualización del mismo conforme lo haga el gasto estatal). Pero la otra, la segunda, será fuente de discusiones hasta el final. Textualmente dispone: [para la determinación de los recursos se tendrá en cuenta] un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior [los gastos del Estado en los servicios transferidos] por razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.

La gallina.

¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que lo que pasa es esto. Vamos a suponer que Cataluña tiene un solo servicio transferido. La educación, por ejemplo. Con el sistema del Estatuto del 32, Cataluña adquiere el derecho a recibir una serie de ingresos impositivos generados en su región, de forma total para la contribución territorial (en la que Cataluña tiene, pues potestad normativa; bueno, también está el asunto del impuesto de cédulas personales, pero bastante liado está ya este texto). Sin embargo, para el resto (con la excepción del timbre), carece de dicha capacidad normativa y además soporta la condición de recibir los recursos sólo cuando pueda demostrar que ha generado unos gastos equivalentes a esos ingresos. Por lo tanto, periódicamente (cada cinco años), la famosa Comisión Mixta ha de estudiar cómo ha evolucionado el gasto del Estado en educación, y dicho incremento sería el que asimismo permitiría a Cataluña.

Así las cosas, el Estatuto impedía a Cataluña una política fiscal desgravatoria, incluso en el impuesto que realmente tenía cedido, es decir la contribución territorial. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que Cataluña tiene una sola competencia (educación) y un solo ingreso (la contribución territorial). Si al inicio de la cuenta la contribución recauda 100 y la educación cuesta 100, pongamos que a los cinco años la recaudación ha disminuido a 80 porque la Generalidad ha decido rebajar el impuesto a sus ciudadanos. Si, en ese caso, el Estado hubiese mantenido la relación entre ingreso y gasto en educación (por ejemplo, al principio gastase 1.000 e ingresase 1.000, y a los cinco años gastase 1.200 e ingresase 1.200), entonces esa recaudación de 80 sería tomada como los recursos con los que Cataluña debería asumir su gasto: habría tenido que reducirlo. Lo que sí hacía era potenciar la eficiencia recaudatoria: en la medida en que la Generalidad consiguiese recaudar 120 y gastar 100, de mantenerse la relación estatal entre ingreso y gasto, consolidaría esa diferencia a su favor.

Este último ejemplo es el que estaba, sin duda, en la mente de lo contrarios al Estatuto. según cálculos del entonces joven economista José Larraz, el consumo de carne en Cataluña era entre un 25% y un 30% superior a la media de España, el de tabaco un 56% y la posesión de automóviles de turismo un 100%. Era obvio que Cataluña era una región rica, susceptible, por lo tanto, de mejoras recaudatorias.

De los 375 millones de pesetas recaudados por el Estado en Cataluña en 1930, 44 correspondieron a la contribución territorial. Hasta allí llegaba la autonomía financiera catalana. Los gastos por los servicios traspasados totalizaban 70 millones. Así pues, Cataluña, puesto que no podía financiar su gasto con el impuesto transferido, necesitaba de la transmisión de los impuestos directos previstos en el Estatuto.

Pero para eso tenía que pasar por la Comisión Mixta.

Como ya sabréis, la II República tuvo tres grandes etapas: hasta 1933, un periodo constituyente de centro-izquierda; de finales del 33 a febrero del 36, gobiernan las derechas, con mayor dureza tras la Revolución de Asturias (en la que Companys declaró el Estado Catalán, lo que provoca la suspensión de la autonomía); por fin, desde febrero a julio del 36, un gobierno de izquierdas. En realidad, las transferencias de dinero, es decir la concreción de verdad del Estatuto, no marchó bien hasta el tercero.

Contra lo que pueda parecer, la etapa de Azaña al frente del gobierno (pre-33) fue bastante parca para Cataluña. El planteamiento mental de Azaña queda bastante claro con la humorada que se le ocurre para la primera reunión de la Comisión Mixta. Al terminar, les dice a los catalanes si no han reparado en el retrato antiguo que preside la sala. Cuando los catalanes lo miran despistados, les informa de que es un retrato de Felipe V.

Buscad a un catalán nacionalista y habladle de Felipe V. Cuando se os esté comiendo por las patas, entenderéis que el chistecito no tuvo ni puta gracia. Y que fue una muestra más del extraño sentido del humor de Azaña, entre inteligente y despreciativo.

La Comisión empieza a enredarlo todo aprobando el traspaso de servicios pero sin valorarlos. O sea: se acuerda que Cataluña se encargará de los servicios de, por ejemplo, aviación civil, pero no se acuerda cuánto valen. Asimismo, la comisión se enfanga en el traspaso de la contribución territorial y en el asuntillo ése de la regla del porcentaje sobre los gastos minusvalorados. El 28 de mayo del 33, Macià lanza un ultimátum: voy hacia Madrid, dice, a por lo mío. Y, si no me lo dan, caña. Esta amenaza surte efecto: en una semana se desbloquea lo de la contribución y la valoración de algunos servicios.

En el mismo mes de junio, tras una crisis de gobierno, entra en el ministerio de Hacienda Agustín Viñuales, con quien los catalanes se las prometen muy felices. Pero pinchan en hueso. El problema es la cagadita dejada en el Estatuto con el asunto de la regla de los servicios minusvalorados o sin gasto en Cataluña. Los catalanes tienen una alternativa, pero Viñuales no quiere verla ni en pintura y, de hecho, propone un sistema a todas luces cicatero. Según un breve relato escrito de Companys (era ministro de Marina, así pues asistía al Consejo de Ministros), en agosto Azaña se enfrentó con su propio ministro de Hacienda por esta cuestión, ante lo cual Viñuales permaneció impasible el ademán. Es más: los socialistas le canearon las espinillas al presidente, pues Prieto se expresó de acuerdo con el ministro de los cuartos y Largo Caballero se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo sólo en la valoración de los gastos de sanidad.

Solución: Azaña se apioló al tal Viñuales.

Pero, claro, luego, muy pronto, llega Casas Viejas y las elecciones y los gobiernos cada vez más de derechas del Partido Radical. En marzo de 1934, tras una remodelación gubernamental, llegará al ministerio de Hacienda un político radical, Marraco, que ya se había destacado durante el debate parlamentario del Estatuto como poco partidario. La verdad es que les hizo la vida imposible. Marraco era un maestro del despiste, pues en marzo aprobó la valoración definitiva de la contribución territorial, pero hacía acompañar en el decreto a dicha valoración de una serie de condiciones según las cuales todo parecía indicar que la Generalidad tendría el traspaso cuando al ministro le naciese en la nalga un Julio Iglesias que se pusiera a cantar La Traviata en swahili. Básicamente: hasta el traspaso total de los servicios a la Generalidad, el Estado seguiría recaudando la contribución y, aún después, se reservaba el derecho a meter una representación del Ministerio de Hacienda en el órgano recaudador catalán.

Tras no pocas amenazas y palabras gruesas, los catalanes consiguen entre mayo y agosto la valoración de diversos servicios (básicamente, los que se llevaban discutiendo desde principios del 33, que ya les valía) y sobrepasar, con ello, la recaudación de la contribución territorial; tiempo para discutir la transferencia de pasta de otros impuestos directos, para poder completar el gasto tal y como prevé el Estatuto.

Y Marraco cogió su fusil.

Ya he dicho que en el impuesto de derechos reales, siguiente a ceder, se mezclaban las transmisiones patrimoniales y el caudal relicto, es decir las herencias. Pues bien: tras oportuna marracada, del caudal relicto nunca más se supo. Mediando un argumento técnico que es cierto (ambos hechos imponibles son de naturaleza distinta, y es que lo son y por eso hoy son objeto de dos impuestos distintos), el ministro de Hacienda se quedó la parte sucesoria sin transferir.

Tras la Revolución de Asturias y la suspensión de la autonomía, y hasta febrero del 36, la actividad se ralentizó, aunque aún así se decidieron traspasos de servicios. Tras la victoria del Frente Popular, por supuesto, la historia es otra: en junio del 36 se acuerda el traspaso de la sanidad y la incorporación del impuesto de derechos reales al caudal de recursos de la Generalidad. Nada de esto, sin embargo, tiene prácticamente virtualidad, pues en julio estallará la guerra.

En suma: el Estatuto catalán de 1932, en su aspecto hacendístico y por lo tanto económico, fue una chapuza basada en el compromiso. Más preocupados por alumbrar un Estatuto que por hacerlo bien, los políticos que lo diseñaron, en Madrid y en Barcelona, pintaron algo que tenía más cabos sueltos que una falúa de bajura. De hecho, su aprobación provocó reuniones, decretos, y conflictos constantes durante dos años completos después de su aprobación, demostrando que su letra poco significaba. Además, el nivel de autonomía presupuestaria con que contaba Cataluña en aquel Estatuto creo que no tiene comparación con el actual. Ya he dicho al principio de este plúmbeo comentario que a veces nos parece que el pasado fue la hostia cuando, en realidad, no fue sino el fangal en el que nos movemos los contemporáneos.

Si has llegado hasta aquí, habrás de saber que había más tortura. Tenía preparadas mis notas sobre la actuación de la Generalidad durante la guerra y, sobre todo el llamado Plan Tarradellas. Pero te ha salvado mi mujer, que me exige que prepare la cena.