El marxista naïf (5)

En mayo, la DC presenta un informe en el Senado sobre los 2.000 fundos que el MIR ha expropiado manu revolutionaria con la pasividad, si no la anuencia, del gobierno de la Unidad Popular. Para como, toda esa comprensión no le servirá de nada a Allende, pues el MIR acabará peleado con él. Están, también, los fracasos de la política económica del ministro Pedro Vuscovic, otro personaje como Allende, totalmente bienintencionado pero con los ojos tan velados por la ideología que no acaba de ver que la expansión monetaria a lo bestia con la que pretende resolver todos los males no hace sino revivir el gran fantasma de los chilenos, sobre todo los más humildes: la inflación galopante. Ya a principios del 72, el gobierno tuvo que reconocerse, aunque fuese en privado, que la denominada «batalla de la producción» se había perdido. El año, además, terminó con un rosario de caceroladas de mujeres en diversas ciudades, como protesta por la política económica.

La situación es tan jodida que el Partido Comunista, a través de uno de sus articulistas, lanza este recado en la revista El Siglo: «Sería funesto seguir ampliando el número de enemigos y, por el contrario, deben hacerse concesiones».

Llueve en Chile. Y su presidente, Salvador Allende Gossens, oye llover.

Las cosas, no obstante, pueden ir a peor.

El 12 de mayo de 1972, en la cuna del MIR, la ciudad de Concepción, se autorizan varias manifestaciones a la vez. Una es progubernamental, la otra está patrocinada por el MIR y la tercera es de la oposición conservadora. Allende ordenó que las tres demostraciones tuviesen  horarios distintos. Si con eso pretendía evitar las hostias, es que, verdaderamente, era más naïf aún de lo que cabe sospechar. Nadie, salvo el siempre disciplinado Partido Comunista, se hizo caso. Las manis se solaparon, así pues llovieron los palos y las piedras, y un estudiante de ultraizquierda, llamado Caamaño, falleció en el tumulto.

El MIR, siguiendo el libro del buen revolucabestro, se echa al monte. La situación es tan comprometida que acabará provocando la antes mentada defección del PIR, que se fue de la Unidad Popular precisamente por lo pastueña que la veía con los que querían la revolución total, pasar a cuchillo a los burgueses, bla; hacen de Pinochets rojos, vaya. La situación se encona de tal manera que incluso uno de los elementos de presión sobre Allende, el senador socialista Altamirano, une su voz con la de Luis Corvalán, jefe del PCCh, para pedir calma. El Partido Comunista, por boca de Corvalán, realiza un diagnóstico que no puede ser más acertado: «no queda más remedio que hablar de la posibilidad de una guerra civil. Hay sectores de la ultraderecha y la ultraizquierda, que quieren este desenlace o que, sin quererlo, trabajan objetivamente en tal dirección». El veterano comunista sabe lo que dice. Bueno, él y cualquiera, porque, para entonces, PyL y el Partido Nacional están ya pidiendo, descaradamente y en la calle, un golpe de Estado militar que acabe con el presidente.

Otra línea evolutiva que se produjo entre el 71 y el 72 es la radicalización parlamentaria. Como ya hemos dicho, en el Congreso chileno el Partido Nacional y la Democracia Cristiana tienen la capacidad de formar una mayoría sólida. Eduardo Frei lo sabe y por eso trata de arrastrar a su partido a la alianza con el Partido Nacional; pero la democracia cristiana tiene muchos elementos demasiado de izquierdas como para creer en esa alianza. Por eso, cuando el Partido Nacional comienza a pensar en acusar parlamentariamente a los ministros, cosa que puede hacer legalmente si considera que han realizado actos contrarios a la Constitución, se encuentra con el bloqueo de la DC, que se niega a colaborar. Aún así, a finales del 71, el PN acusa en el parlamento a José Tohá, ministro del Interior y miembro del entourage personal del presidente.

Allende responde con una crisis de gobierno en los comienzos del 72. Los comunistas conservan sus tres carteras, los radicales dos, los socialistas pierden una (cuatro), la izquierda cristiana y la radical una cada una; y, finalmente, una para el MAPU, y otra independiente. Allende, siguiendo las indicaciones del Congreso, cesa a Tohá en Interior; y lo nombra ministro de Defensa. A partir de ese momento, el gobierno pasará a la ofensiva contra sus enemigos. En abril, la Unidad Popular patrocina una gran marcha, y en junio inicia conversaciones con la Democracia Cristiana, con la intención de aislar tácticamente al Partido Nacional y asegurar apoyo parlamentario sólido para el presidente. Allende y el presidente de la DC, Renán Fuentealba, se entendieron a la perfección; fruto de ello, la DC retiró un proyecto de ley presentado en el Parlamento que habría recortado los poderes del gobierno y el presidente; y Allende, en contraprestación, sacrificó a uno de sus álfiles: Pedro Vuscovic.

La caída de Vuscovic fue como un mensaje de que el allendismo parecía avenirse a, en aras a una entente con la DC, moderar su programa económico. Sin embargo, no era tan así; la UP tenía sus líneas rojas. En la negociación con la DC, se negó a olvidarse de la nacionalización de alguna que otra empresa que los centristas le pedían, o exigían, dejase en paz. Las conversaciones, por lo tanto, duraron sólo dos semanas; y en su descarrilamiento Fuentealba, líder de una facción más progresista del partido, perdió la partida frente a Eduardo Frei.

Frei, una vez ganada fortalecido dentro de su partido, lo cual suponía virar a la DC hacia el acuerdo con el PN, pone el punto de mira en las elecciones de 1973. Para ganarlas, decide, en una decisión irresponsable que muchos han tomado antes que él y muchos la tomarán después (es posible, de hecho, que en la España de hoy alguien lo esté pensando), mover la calle. Factor común Congreso enviando proyectos de ley gubernamentales a la vía muerta y acosando, cuando no acusando, a los ministros.

El 14 de septiembre de 1972, en declaraciones públicas, Allende denuncia lo que denomina el Plan Septiembre, consistente en inestabilizar el país mediante una huelga monstruo entre los transportistas. Para entonces, la Unidad Popular ya está poniendo su granito de arena para el buen rollito a base de manifas monstruo por todo el país. Los transportistas lo niegan todo. El MIR se apresta a anunciar que hará todo lo posible para detener la conspiración.

En octubre del 72, el hijo de un gallego, antiguo militante socialista, se convierte en el principal protagonista de la vida chilena: León Villarín es el Presidente de la Confederación Nacional de Camioneros, desde la que surgirá el principal órdago al allendismo. 

El marxista naïf (4)

Esta medida, nacionalizar el cobre, sí que la propone al legislativo, pues, como ya hemos sugerido, sabe que cuenta con avales superiores a cualquier otra iniciativa, ya que ya el gobierno Frei ha intentado que el 51% del capital de la denominada Gran Minería esté en manos del Estado chileno. El 11 de julio, que por ello fue instaurado por el allendismo como feriado (Día de la Dignidad Nacional) las minas de los tres gigantes estadounidenses (Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation) son nacionalizadas.

El gobierno Allende había decidido dar la vuelta de tuerca realmente importante: el enfrentamiento económico con los Estados Unidos. Lo cual quiere decir: la nacionalización del cobre. La primera víctima, por contarlo todo, fueron las estaciones meteorológicas americanas situadas en Chile, una de ellas en la Isla de Pascua, que fueron evacuadas. Después, el gobierno decretó la nacionalización de las minas del cobre. El 19 de julio de 1971, la Casa Blanca –Nixon- contestó. El gobierno americano anunció la aplicación de la denominada enmienda González, que se basaba en la ya famosa en mienda Hickenlooper, por la cual los EEUU pueden frenar, congelar o negar asistencia económica a todo gobierno que indemnice inadecuadamente a una empresa del país. Además, contestó con una restricción del crédito internacional a varios países latinoamericanos, especialmente Chile y Bolivia, país éste que también estaba abordando nacionalizaciones en el sector petrolífero. Al mes siguiente, el Eximbank le niega a Chile un gran crédito de 21 millones de dólares. Luego llega el Banco Interamericano del Desarrollo. Hay que decir que esta política por parte de Nixon es ciega y sectaria. El crédito de Eximbank se había pedido para poder comprar tres aviones Boeing para la línea LAN Chile; así pues, fue la empresa de Seattle, americana por los cuatro costados, la que pagó el pato.

No conozco a nadie que dude de la legitimidad de la medida tomada por Allende; de hecho, ya estaba insinuada por la política anterior de la Democracia Cristiana. Sin embargo, el error de Allende en este punto no fue el qué, sino el cómo. Con esas ínfulas típicas que a veces se dan a las cosas nuevas, recibidas como generadoras de un antes y un después pero rara vez objeto de un análisis reposado, buena parte de la izquierda mundial recibió con albricias la que entonces se denominó Doctrina Allende, rebautizada por la famosa revista Newsweek como matemática marxista.

La Doctrina Allende no cuestionaba el derecho del propietario de un bien nacionalizado a recibir un justiprecio. Sin embargo, matizaba, y vaya si lo matizaba, ese derecho, aseverando que, para fijar ese justiprecio, había que tener en cuenta los beneficios obtenidos durante el tiempo de propiedad, y su legitimidad social. Dicho de forma muy esquemática: en el caso de que un gobierno expropie a un banquero que explotase a sus trabajadores no pagándoles lo suficiente, el justiprecio del banco debería ser minorado en el monto de dicha explotación.

Como idea no está mal. Como tampoco es mala idea lo de las balanzas fiscales entre comunidades autónomas. Ambas teorías, sin embargo, adolecen del mismo problema: son incalculables. Para calcular el beneficio o pérdida social inducido por la explotación de un bien por un empresario, hay que hacer asunciones; por ejemplo, cuál es el salario digno que una persona debe cobrar. Las asunciones, por definición, son subjetivas. Máxime cuando uno es juez y parte.

Este problema se podría haber resuelto, más o menos, si el gobierno chileno hubiese acudido a algún arbitraje internacional que avalase los cálculos. Pero no fue así. Cierto es, desde luego, que los trabajo de cálculo relacionados con las minas fueron hechos con la colaboración de empresas externas. Pero, vaya: una era una organización francesa llamada Sofremines, que lo mismo era muy imparcial; pero la otra era un equipo de expertos enviado desde la URSS, con un ministro a la cabeza.

Allende, en un salto mortal bastante burdo, se convirtió en la persona que calcularía el precio que él mismo debería pagar;  por mucho que, formalmente, fuese la Contraloría del Estado la encargada del cálculo técnico, suya, por así decirlo, es la redacción del decreto supremo 92, de 28 de diciembre de 1971, donde establecía que la rentabilidad socialmente aceptable de las minas de cobre había de ser del 10%, y que todo lo que estuviese por encima no se pagaría.  Obviamente, en no pocas ocasiones esta cuenta le salió cero, o cantidades bajas que, efectivamente, podía pagar. E, incluso, en el caso de la Kennecott, el cálculo resultante fue que no sólo no había que pagarle un duro, sino que los americanos le debían a Chile más de 300 millones de dólares.

La Doctrina Allende generó, a mi modo de ver, graves problemas a Chile más allá de sus fronteras, graves problemas de credibilidad que, que yo sepa, no han sido aun totalmente valorados por los historiadores económicos. Además, fortaleció la posición de los EEUU en el ámbito internacional, que ya, de por sí, no suele ser debilucha. La Doctrina Allende fue un gran error, quizá el mayor de los errores de Salvador Allende durante su mandato.

Otro de los problemas inesperados para el gobierno fue la conflictividad en la propia minería. El marxismo tiene un punto mesiánico y buenista según el cual, como procede a liberar al obrero de la alienación de su plusvalía por el burgués, no cabe esperar que dicho obrero se rebote. En general, los países comunistas han hecho valer esta predicción del marxismo a base de susurrarle al obrero que como se le ocurra protestar lo llevan a la Lubianka. No fue el caso de Allende, que era un marxista mucho más liberal que el resto de los marxistas que en la Historia han gobernado, aún sumados y multiplicados por 27. Allende dejó hacer, y se encontró con que los mineros, por mucho que les hubiesen nacionalizado, compañero, se pusieron a protestar. Eran, en general, obreros privilegiados en lo que al salario se refiere. El precio del cobre cayó, la demanda acostumbrada también lo hizo (la Kennecott, en un movimiento que, la verdad, no cabe reprocharle, redujo en un 60% su demanda a las minas otrora de su propiedad, sólo el primer año; el segundo, ya ni compró). Con todo ello, se resintieron los salarios, y vino la conflictividad. Allende fue a Chuqui, que en Chile no es un muñeco diabólico sino una localidad minera, a decirles a los esforzados proletarios que tuviesen paciencia y esperasen a que los obreros de otros sectores consiguiesen sus objetivos sociales; y los esforzados proletarios le señalaron un columpio del parque, y le instaron a utilizarlo. Incluso, en noviembre de 1971, durante su visita a Chile, el compañero Fidel se dejó caer por la mina de Chuquicamata y le dio a los camaradas mineros que se alineasen con la política del gobierno. Los de la pica y la linterna le señalaron al Faro de la Revolución Latinoamericana el mismo columpio donde, meses antes, habían subido al propio Allende. En 1972, el conflicto se cerró. Sí. Pero no mediante la gimnasia revolucionaria, compañero, sino doblándole el sueldo a los mineros.

¿Labró la nacionalización del cobre la perdición de Allende? En mi opinión, sin duda. La idea de nacionalizar el cobre, unida a la torpe terquedad en que ambas partes, EEUU y Chile, acabaron cayendo, acabó con las posibilidades del presidente de evitar el raid golpista. La reacción de Washington fue sobreactuada, excesivamente intransigente y, a la postre, aval de una intervención intolerable en los asuntos internos del país. Pero Chile tampoco se puede ir de rositas en el juicio de este enfrenamiento. El secretario de asuntos latinoamericanos estadounidense, John H. Crimmins, llegó a ofrecer a los negociadores chilenos una rebaja de la tensión a cambio de una voluntad indemnizadora algo más intensa que salvase la cara del conflicto. La delegación que había viajado a Washington, formada fundamentalmente por comunistas, simplemente se negó, como se negó a un arbitraje internacional en la materia. En todo caso, Allende no se podía permitir un acuerdo en las negociaciones de Washington. Ni el Partido Socialista, enormemente radicalizado, ni los no-socios-pero-socios del MIR se lo habrían permitido.

Sin embargo, es un error considerar que Estados Unidos decidió acabar con Allende para recuperar los derechos económicos de tres o cuatro multinacionales. La mano de la Casa Blanca es más larga, y sus condicionamientos más profundos. En mi opinión, lo que acabó por decidir a Kissinger y Nixon de ir contra Allende con todo lo gordo fue la combinación entre la nacionalización del cobre, la visita de Fidel a finales del 71, y el hecho evidente que Allende no estaba dispuesto e echar del pequeño planeta de la Unidad Popular a ese Principito indignado que era el mundo MIR, formalmente no integrado en la coalición de gobierno pero de hecho identificado con ella en lo esencial.

Estados Unidos decidió acabar con Allende por la misma razón que jamás habría permitido que, un suponer, el Partido Comunista Italiano hubiese desbancado a la Democracia Cristiana del poder en la Italia de los cincuenta. Por la misma razón por la cual los cada vez más aislados sedicentes representantes de la República Española en el Exilio recibían, sistemáticamente, reproches en el Foreign Office por hablarse con los comunistas. Chile estaba, está, en el patio de atrás de los Estados Unidos. Y en el patio de atrás de los Estados Unidos, el jefe no se anda con gilipolleces. Se cometió un error, que se llamó Cuba; uno y no más, Satanás. A día de hoy no podemos descartar, en lo absoluto, que ese error, tener que aceptar la supervivencia del régimen castrista, no le costase la vida a John Kennedy; esto nos da la medida de la importancia de las cosas para según qué gente. Allende quedó marcado el 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional; y, paradójicamente, él mismo acabaría señalándole a los americanos el camino por el que joderle.

Por el camino, la nacionalización del cobre supuso graves problemas externos para Chile, sobre todo por el flanco de la Kennecott. De forma inmediata a la nacionalización, en noviembre de 1971, se creó el Tribunal Especial del Cobre, formado básicamente por las grandes cabezas de la judicatura chilena, para resolver los conflictos surgidos en los justiprecios, o sea la Doctrina Allende. La Kennecott apeló ante dicho Tribunal, pero el Tribunal, casi un año después (agosto del 72), se declararía incompetente para juzgar las indemnizaciones fijadas por la Contraloría y Allende, lo cual es un tanto exótico (si no podían juzgarlo ellos… ¿quién quedaba? ¿Dios? ¿Marx? ¿Belén Esteban?). 

Ya el 4 de febrero de ese año de 1972, la Kennecott había obtenido de un tribunal de Nueva York el embargo de diversos bienes chilenos. Pero el 8 de septiembre de 1972, justo un día después de que el Tribunal haya reafirmado su declaración de incompetencia, Frank Milliken, presidente de la Kenn, anuncia la retirada de la multinacional del Tribunal, o sea la ruptura frontal con Chile, y pone a los abogados a trabajar. El 30 de septiembre, apenas 20 días después, los abogados de la Braden Cooper, del grupo Kennecott, presentan ante el Tribunal de Gran Instancia de París la petición de embargo de 1.750 toneladas de cobre chileno que en ese momento navegan en un barco llamadol Birthe Oldendorf con rumbo a Le Havre. Los estibadores de dicho puerto se negarán a descargar la mercancía cuando sean informados de que va a terminar en manos de los americanos.

El 2 de noviembre se celebra un acto de conciliación en el tribunal parisino (fallido, claro) entre la Braden Cooper y Codelco, el organismo público chileno coordinador del asunto del cobre. Los abogados chilenos, en un ejercicio de cierto cinismo jurídico en mi opinión, defienden que un tribunal extranjero no puede entender de cosas que forman parte de una reforma constitucional de un Estado. Según este argumento, como digo un tanto folklórico en mi opinión, el día que un país se secuestre y dicte una reforma constitucional según la cual los ciudadanos rubios se tendrán que cortar una pierna, a la justicia internacional no le quedará sino aplaudir con las orejas.

El 29 de noviembre, no obstante, los chilenos ganan: el tribunal de París, al devolverles el control del cobre de El Havre, admite los dos pilares de la tesis chilena: la legalidad de la Doctrina Allende y la inimputabilidad, fuera de Chile, de Codelco. Más o menos por esas fechas, la Kennecott solicita a un tribunal de Vatseras, en Suecia, el embargo del cobre de un barco que se dirige a dicho país. El tribunal se lo deniega, pero inmoviliza el cobre.

Pese a la victoria inicial, el 9 de enero de 1973, los abogados de la Kennecott consiguen que un tribunal alemán decrete el embargo de 3.000 toneladas de cobre.

Para entonces, principios de 1973, Chile está ya en una situación bipolar. El proyecto de la Unidad Popular ha tenido como consecuencia quebrar la unidad de la democracia cristiana lo que, en la práctica, hace que el país se divida en los que están con Allende, y los que están en contra. Unos muy con, y otros muy, pero muy contra. Tanto las acciones de Patria y Libertad como las de los denominados Grupos Rolando Matus difícilmente se pueden considerar otra cosa que terrorismo reaccionario. Pero la actuación del MIR tiene de respetuosa con la forma y el fondo democráticos lo que yo de piloto del SEPLA. En junio del 71, el asesinato de Pérez Zujovic tuvo como consecuencia la primera alianza estratégica entre la DC y el derechista Partido Nacional (primo hermano de los Rolando Matus) en la llamada Confederación Democrática. Dos años después, esa alianza está cerca ya de ser de hierro. Antes, incluso, se producen indicios que Allende, en  muchas cosas tan íntegro como miope, no sabe ver. El socialista Hernán de Canto pierde la alcaldía de Valparaíso a manos del candidato democratacristiano.  La Unidad Popular, a continuación, sufre una pequeña grieta con la defección parcial del PIR, Partido de Izq   uierda Radical, el ala izquierda de la DC (el ala izquierda-izquierda, el MAPU, permanece fiel a Allende). En enero del 72, la DC gana en las elecciones legislativas en las provincias de Linares y O’Higgins.

El marxista naïf (3)

Los primeros meses de gobierno de Allende fueron aclarando dos divorcios; o, mejor dicho, uno y medio, porque el allendismo nunca se divorció, en realidad, de la ultraizquierda. Evidentemente, la extrema derecha, Patria y Libertad, se extrañó por completo de los actos y proyectos del presidente, y a las pocas semanas de ocupar éste la Casa de la Moneda ya le prescribía la muerte que acabó teniendo. Por su parte, la ultraizquierda del MIR y de Vanguardia Organizada del Pueblo vaticinaba la sustitución de Allende por otro presidente más revolucionario; pero nunca terminaba de cortar las amarras con un gobierno que, al fin y al cabo, estaba haciendo más cosas que ninguno en la línea que ellos pretendían. Todo esto era presenciado a prudente distancia por el PC Chileno, a causa sobre todo de sus vínculos con Moscú, es decir con un centro de poder para el cual Chile sólo era una pieza más de un complejo ajedrez y que, por lo tanto, tampoco estaba dispuesto a darlo todo. 

El 8 de junio de 1971, el régimen vivió su primera gran prueba de fuego cuando la Vanguardia asesinó al político democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic. Las acusaciones a la Unidad Popular no se hicieron esperar pero Allende, llevando hasta el final el principio de respeto total a la legalidad y al orden, lavó esa mancha con una investigación en la que los terroristas fueron finalmente descubiertos.

Por el camino, y bajo la batuta del ministro Vuscovic, en Chile comenzaron a nacionalizarse industrias a puñados. Es elemento habitual de la literatura más proallendista recordar que esa situación se produjo en un ambiente de fuga masiva de capitales; el aeropuerto de Santiago se preñó de viajeros que volaban a Argentina con maletas que parecían embarazadas de cuero. Pero también es cierto que no tiene mucho sentido dejar el dinero dentro de un circuito que está siendo crecientemente nacionalizado; por mucho que la fuga de capitales sea una acción insolidaria, no lo es menos que quien aborda un proyecto para hacer estatal una parte fundamental de la economía, para tener bajo su sobaco un tercio del suelo agrícola de Chile como pretendía la ODEULAN, más le valdría haber previsto este efecto, porque cae de cajón.

Si los socialistas chilenos hubiesen leído la Historia de la II República española, también habrían previsto un efecto que, en parte, parece les pilló por sorpresa: el cierre patronal de facto producido en los fundos chilenos, que secó la producción agrícola; igual que pasó en España, sobre todo, durante la primera reforma agraria republicana.

Como consecuencia, Chile entró en una dinámica de moneda crecientemente desvalorizada, algo contra lo que el gobierno luchó poniendo a funcionar la maquinita de hacer billetes (o sea, echando gasolina a la hoguera); y, al igual que pasó en España durante la guerra civil en zona republicana, la toma del poder de gestión de las empresas por los trabajadores devino en una inmediata caída de la productividad y, en general, de la eficiencia. 

Ya en abril de 1971, Vuscovic tuvo que anunciar la imposición de contingentes a la industria nacional; no máximos, sino mínimos. «Se trata de producir más», sentenció.  De hecho, oigamos al mismísimo Allende: «mientras no se forme una conciencia política, y los obreros, los campesinos y los empleados, no entiendan que este país sólo progresa produciendo más y trabajando más, este país, sencillamente, va al fracaso». Esta frase, por cierto, instila otro de los elementos identificadores del allendismo, siempre según mi opinión: la Unidad Popular era un gobierno de izquierdas, y como gobierno de izquierdas actuó un poco como si considerase que los trabajadores harían lo que ella les pidiese, porque sí. 

Es error común de muchos políticos olvidar que el común de los mortales no se rige tanto por principios ideológicos como ellos. El trabajador medio no come de las teorías de Lenin o las formulaciones de Gramsci. Su vida consiste en estar atento a la relación entre lo que gana y lo que le cuesta vivir, y montarla, si puede, cuando lo primero baja y lo segundo sube. Presos de una convicción un tanto angélica sobre las masas revolucionarias, ese Pueblo magnificado en la teoría marxista que, por lo visto, nunca se equivoca y nunca ataca a gobernantes de izquierdas, los dirigentes de la UP nunca pensaron encontrarse con el problema de que los trabajadores fueran a ser menos eficientes cuando les quitasen de en medio a su empresario; y mucho menos que fuesen a montar movidas reivindicativas salariales contra ellos. Pero los trabajadores lo hicieron: los textiles; los taxistas de Santiago, que montaron la mundial para conseguir la bajada de bandera de cinco pesos; e incluso, sorpresa de sorpresas, los trabajadores de las minas de cobre nacionalizadas. 

Como ilustración de esto que digo, de esta suerte de incapacidad de entender que pobre y trabajador no quiere decir revolucionario y menos aún marxista, copio aquí la descripción que el propio Allende hizo del problema nuclear de la reforma agraria: «La ley permite expropiar enseguida la tierra, pero hay que discutir con el patrón sobre los animales, maquinaria y todos los complementos del trabajo agrícola. El hecho de decir: “se expropia tal fundo” no implica que pase de inmediato a la Corporación de Reforma Agraria. Entonces, el campesino dice: “si este fundo está expropiado, es nuestro”. Y este fundo no va a ser entregado, como suyo, a los campesinos, sino que, sencillamente, lo trabajaremos en cooperativa y, en excepcionales casos, en haciendas del Estado. Eso hay muchos campesinos que no lo comprenden. Y es que hace falta tiempo y crear una conciencia».

En lo tocante a la llamada a producir más, las grandes empresas privadas, en general, objetaron de colaborar con el gobierno. Y, aunque el gobierno les había amenazado con multas e incluso la nacionalización, se la tuvo que envainar no pocas veces. A los empresarios les era muy fácil justificarse: no producían porque no podían importar materias primas que necesitaban. Lo cual, con la moneda local compitiendo a barrigazos en el torneo de los siete trampolines, era una puñetera verdad.

De todas formas, hay otro factor. Según el balance que haría el general Augusto Pinochet en las primeras semanas de su dictadura, la cifra de empresas nacionalizadas o intervenidas de forma significativa por la Unidad Popular rondó las 800. Casi todas ellas lo fueron desde el inicio del gobierno de la Unidad Popular hasta mediados de 1972. A partir de entonces, las nacionalizaciones se frenaron casi en seco. Un periodista tan poco sospechoso de ser crítico con Allende como Ted Córdova-Claure, en su libro Allende, No, reconoce que la clave de ese frenazo fue «la falta de autoridad de los interventores, en general tan sólo autoridades políticas, para imponer la necesaria disciplina de producción». 

Este balance nos dice dos cosas: una, que el gobierno ocupó la dirección de las empresas estatalizadas no con personas que supiesen lo que se hacían, sino que tenían la ideología, y tal vez las amistades, adecuadas. Dos, que esas personas o no pudieron o no quisieron evitar que las empresas cayesen en la turbia espiral de la cogestión de los trabajadores que, como sabemos bien por los pobres resultados de las industrias de guerra en la retaguardia republicana española durante la guerra civil, no suele funcionar lo que se dice bien.

El plan de estatalización, por lo tanto, chocó con dos cosas, ambas relacionadas, una vez más, con la sencillez de pensamiento con que Allende había enfrentado el problema: una, el hecho de que los obreros, cuando ven deteriorados los que consideran sus derechos, protestan; y tener que protestar contra un camarada no les detiene (a menos que ese camarada les condene a muerte, véase Stalin). Dos, que la Unidad Popular estuvo muy lejos de hacer una gestión modélica de las estatalizaciones, convirtiéndolas en cotolengos de comisarios políticos; ocupando puestos donde había que saber ingeniería con personas que lo que sabían era levantar el puño a buen ritmo.

Otro problema de las estatalizaciones fue la credibilidad de su situación provisoria. Con el tiempo, hasta Allende y sus análisis se dieron cuenta de que, en un país que era mayoritariamente burgués y de centro-derecha, el gobierno no podía ir por ahí anunciando la implantación del marxismo. Así pues, cuando las estatalizaciones comenzaron, el presidente se dedicó a decir que en Chile había sólo (¡sólo!) 91 empresas cuya nacionalización era necesaria, y que las demás que se interviniesen era ejercer un «control público transitorio», con la finalidad de devolverlas. Sin embargo, el hecho de que el volumen de empresas intervenidas fuese ocho veces el prometido no ayudó a que la gente creyese estas palabras. Y, además, a Allende le surgió otro problema, sempiterno problema: su izquierda. Los trabajadores de esas empresas que algún día se devolverían, azuzados por los grupos que gritaban «avanzar sin transar», la ultraizquierda que, le gustase o no al allendismo, formaba parte de él, se negaron. Lógico. Cuando has llegado a ser el cogestor de tu curro, ¿qué aliciente verás en que la empresa le sea devuelta algún día a Don Ramón?

En diciembre de 1970, el proyecto de la Unidad Popular había recibido un balón de oxígeno por su izquierda. Tras la muerte, en un enfrentamiento con comunistas, del universitario mirista Óscar Arnaldo Ríos, el MIR, que hasta entonces se había extrañado de la labor del gobierno, decidió adoptar una actitud más moderada, retirando presión sobre el Ejecutivo. Pero el gobierno, en realidad, registraba los problemas por su derecha. Muy pronto, la policía comenzó a informar de conspiraciones desmanteladas, como la Acción Parral, destinada a acojonar a los comerciantes con la inminencia de un saqueo por activistas de ultraizquierda, buscando sembrar el caos en Santiago; o las reuniones de ex combatientes rumanos de la segunda guerra mundial en la residencia de Luis Callis, al parecer miembro del Partido Nazi.

A pesar del balón de oxígeno, no creo que sea alejarse dramáticamente de la realidad que, de alguna manera, todos debieran aceptar, si decimos que la izquierda de Allende no dejó de ser nunca un problema para su proyecto. En Cautín, por ejemplo, tanto el MIR como el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, desoyeron las órdenes del gobierno de colaborar con una reforma agraria tasada, con sus decretos y sus cositas, y se aplicaron a ocupar fundos sí o sí (otra analogía con la España republicana, pues esto mismo fue lo que pasó, sobre todo, durante la primavera del 36). En Pucón, un agricultor, Ronaldo Martus, falleció tiroteado mientras protegía su propiedad. Las acusaciones sobre el gobierno se sucedieron con fuerza. El allendismo, por lo tanto, se encontró con el mismo problema con el que se encontró el Frente Popular en la España del 36: la acción de ésos de los que la historiografía de izquierdas, quizá porque no le cuadran demasiado en su visión de una República idílica, considera incontrolados, como si por tener dicha calidad ya el gobierno no tuviese la responsabilidad de controlarlos. En mi opinión, los intentos del gobierno de Allende por controlar a sus incontrolados fueron más sinceros; pero igual de inútiles.

Ciertamente, mientras el 18 de julio del 36, cuando la legalidad republicana entró en una fase bien distinta, muchos de quienes habían cometido los desafueros en defensa de la revolución, entre ellos los asesinos de Calvo Sotelo, seguían por la calle haciéndose pajas a gusto, en Temuco la Corte de Apelaciones se apresuró a abrir un proceso y una investigación de total seriedad sobre la muerte de Martus. Pero eso no detuvo al MIR-MCR. La Unidad Popular se empleó contra los ocupadores ilegales, pero no paró la espiral. Los mapuches consideraban aquellas ocupaciones como plenamente legales, por referirse a tierras que decían habían sido suyas. Y los propietarios (es decir, la derecha) pronto dejó de confiar en el que el gobierno le fuese a resolver el problema, y empezó a tomarse la justicia por su mano. 

La distancia entre Allende y el MIR se acreció; obsesionado con cumplir la ley, el presidente llegó a hacer algo que es anatema en las reformas agrarias revolucionarias: devolverle tierras a propietarios que, a los ojos de la ley, las habían perdido por motivos ilegales. Al mismo Temuco fue Allende a decir que los propietarios que hubiesen cumplido la ley (es decir, que hubiesen invertido en el bienestar de sus jornaleros) no tenían nada que temer. Pero para entonces la derecha no le escuchaba. En el área de Linares, durante la ocupación legal de una finca, un ingeniero agrónomo, Hernán Mery, fue enviado a parcelar el Purgatorio.

En medio de esta conflictiva puesta en vigor de la nueva economía, el humor del Congreso y el Senado, donde no olvidemos que la Unidad Popular está en minoría, es cada vez peor; más antigubernamental. Pero no por ello Allende decide cambiar el ritmo y transar. Buen conocedor de los vericuetos legislativos como ex presidente del Senado que es, Allende aprovecha estas esquinas y pequeños huecos para colar su política económica. Un ejemplo es el de la nacionalización de la banca, que ejecuta por medio de la Corporación de Comercio, que se va haciendo, paulatinamente, con las acciones de los ahorradores pequeños y medianos. Así, la banca termina siendo estatal sin haber tenido que pasar por el cuerpo legislativo para obtener el nihil obstat.

Más o menos del primer año de mandato data un grave error de la Unidad Popular. Salvador Allende, que ya hemos dicho era en 1970 un político fracasado, había intentado muchas veces llegar al gobierno sin conseguirlo; eso, y la enorme desigualdad social de Chile, había provocado en el presidente unas prisas enormes por descontarla. De hecho, en el Chile de Allende acabaron por aplicarse medidas de dudosa legalidad, como que tender una línea telefónica en el chalé de una persona rica fuese mucho más caro que en el apartamento de un barrio humilde. Pero, más allá de esa progresividad que le causó enormes problemas al gobierno, en el primer año de su mandato, subido a la grupa de un análisis económico que calificaremos de pobre por no ser bastante más rudos y despreciativos, decidió mejorar las condiciones del obrero mediante aumentos salariales hasta del 100%. 

Es bastante lógico pensar que Salvador Allende Gossens no se hablase con José Antonio Girón de Velasco, uno de los leones más rugientes del franquismo irredento. Lástima para el chileno, en todo caso. Si se hubiesen hablado, Girón le podría haber contado que a mediados de los cincuenta del siglo pasado a él, entonces ministro de Trabajo, se le ocurrió la misma idea. ¿Los obreros viven mal? ¡Pues que cobren un 25% más, y Arriba España! 

Arriba España, una polla. Girón le podría haber contado a Allende lo que pasó, que no fue otra cosa que lo que pasó en Chile. Más dinero es más masa monetaria,  más masa monetaria más inflación, inflación es espiral, y, al final, los precios suben un huevo más que los salarios. El obrero cobra un 100% más, pero es un 20%, un 30%, un 50% más pobre. Bull’s eye!

Para colmo, para cuando la inflación se desbocó por causa de estos aumentos salariales, el gobierno perdió los nervios y, en lugar de gestionar la masa monetaria, la multiplicó de modo y forma que algunos escritores de la época se quejan de que «el Banco Central se ha convertido en una imprenta». El exceso de efectivo en circulación era en 1970 de 12.000 millones de dólares. La Junta Militar, a las pocas semanas de llegar al poder (1973), lo valoró en 406.000 millones. Sic.

El allendismo provocó, en términos generales, un importante deterioro en el nivel de vida de los chilenos, también de los más humildes a los que defendía. Este hecho explica la enorme conflictividad que ha de llegar; explica los conflictos entre un gobierno marxista y los obreros que son su Luz; y explica que la Unidad Popular lleve a cabo, lo antes posible y echando mano de interpretaciones un tanto forzadas, el principal elemento en el que sabe que puede encontrar el acuerdo de todos los chilenos porque, lejos de estar situado en el terreno de las ideas económicas o sociales, se sitúa en el terreno del orgullo nacional.

El 12 de mayo de 1971, Allende propone al Congreso la nacionalización del cobre.