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La ultraizquierda en la Casa Blanca, y el tenaz grupo de pecadores en el exilio
Ya no somos tan amigos
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… Y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, espada de Trento, se bajó los pantalones
Los altos funcionarios del franquismo y del ejército español esperaban que la llegada a la Casa Blanca de un presidente republicano mejoraría las cosas. Pero no fue así. El gobierno Eisenhower dejó pronto muy claro que no daría un paso adelante en las ayudas mientras los acuerdos correspondientes no estuviesen firmados; más o menos el mismo tipo de palos en las ruedas que habían puesto los demócratas. El embajador Areilza reaccionó a este viejo entorno (ya que de nuevo no tenía nada) tratando de acelerar las cosas de otra manera: le propuso a la Administración estadounidense que la planificación de la ayuda pendiente, que se iba a hacer en tres años, se concentrase en dos.
Tras
mucho cabildeo, el Departamento de Estado decidió aceptar la propuesta española;
lo hizo, sin embargo, arrancando de Areilza el compromiso de que España dejaría
de coquetear con la idea de pedir más dinero; que los 465 millones de dólares que
estaban previstos serían toda la historia. Aquello, además, se dotó de un tufo de
“una y no más, santo Tomás”; aquellos dineros eran todo lo que España podía esperar.
Washington,
por lo demás, estaba preocupada por el hecho de que Franco, a mediados de los años
cincuenta, siguiera pensando que un país se puede gestionar económicamente como
si fuese un cuartel; y, consecuentemente, no estuviese dispuesto a liberalizar adecuadamente
su economía. Que la economía española siguiese siendo un momio rígido e híper regulado,
desde muchos puntos de vista, a los estadounidenses se la traía floja. Pero, sin
embargo, había aspectos de esa cerrazón que sí les afectaban, y cuyo cambio, de
hecho, habían reclamado en las negociaciones del acuerdo.
La madre
del cordero, aquí, era el tema cambiario. La primera España franquista, la de la
autarquía, era un sistema económico que se basaba en varios principios, uno de los
cuales era procurar que ni una sola divisa que entrase en España y se convirtiese
en pesetas pudiera salir del país. Esto, obviamente, era un problema para los defensores
en Washington de la colaboración con España, ya que se enfrentaban a constantes
quejas de los empresarios estadounidenses que decidían invertir en el país, y no
podían repatriar sus beneficios. Franco, como digo, firmó en los acuerdos de 1953
que eso lo iba a cambiar. Pero lo firmó, claro, como esas muchas cosas que se firman
con nula intención de cumplirlas.
Lo cierto
es que aquel problema olía a naftalina que te cagas. La cerrazón a la salida de
recursos del país traía causa en una ley, la llamada de Ordenación y Defensa de
la Industria Nacional, que databa nada menos que del 24 de noviembre de 1939. Como
Franco fue muy cuco a la hora de no dotar a España de una Constitución (una referencia
normativa que podría haber hecho borrón y cuenta nueva de la legislación anterior),
la derogación de una norma así dependía única y exclusivamente de su voluntad; y
el general, eso era obvio, no quería.
Entre las
muchas cosas que Franco había llegado a controlar completamente con la instauración
de su dictadura, y que ni siquiera se planteaba soltar, estaba era el comercio
exterior. Dominar plenamente el comercio exterior tenía notables ventajas para un
régimen dictatorial como el franquismo; ponía en sus manos herramientas para acelerar
la disposición de numerario cuando interesaba, o para todo lo contrario. Por no
mencionar que la concesión de licencias exclusivas de importación fue uno de los
mecanismos preferidos del general para mantener contentos a muchos de los elementos
de su variopinto régimen, e incluso a elementos que le eran de alguna manera contrarios, como Manuel Hedilla.
El control
que quería tener Franco sobre la actividad exterior de su economía era tal que,
incluso, en el marco de los acuerdos con los Estados Unidos, le prohibió a los empresarios
estadounidenses el contacto directo con los españoles. Todo tenía que hacerse a
través de los funcionarios. Cualquier empresario estadounidense que se plantease invertir en España se lo tenía que contar antes a José Luis Ábalos.
El hecho de que el franquismo estuviese incumpliendo, si no la letra, desde luego el espíritu, de los acuerdos firmados con los Estados Unidos, no le impidió al régimen desdecirse de las febles promesas del embajador Areilza, y exigir un incremento de la ayuda estadounidense. El primer pronunciamiento público en tal sentido fue un discurso de Jaime Argüelles, entonces subsecretario de Economía Exterior. Fue el 24 de febrero de 1954, en Bilbao, y ante los miembros de la cámara de comercio estadounidense en España. Teniendo en cuenta lo que os acabo de decir en el sentido de que Franco controlaba totalmente el comercio exterior, ya podéis ir imaginándoos quién había inspirado el discurso.
La respuesta
de Washington, que se veía venir y tal vez por eso Argüelles trató de pisar el acelerador,
llegó en el sentido exactamente contrario. Algunas semanas después del acto de Bilbao,
Dulles comunicó a la Administración española que en Estados Unidos se estaba desarrollando
toda una nueva planificación para hacer más eficiente la ayuda exterior; y que el
apoyo a España se vería afectado por ello.
El anuncio
provocó un viaje relámpago, en aquel mes de abril, de Manuel Arburúa. La intención
del alto funcionario de comercio exterior español era convencer a los burócratas
estadounidenses de que España debería ser una excepción dentro de la regla general
provocada por la Comisión Randall. Arburúa algo rascó; aunque no pudo conseguir
todos sus objetivos.
Arburúa,
en todo caso, viajó con una zanahoria dentro de la maleta. Cuando llegó a Estados
Unidos, anunció que el gobierno español había aceptado como propio el objetivo de
liberalizar la economía española y, muy particularmente, la flexibilización en la convertibilidad, es decir, la repatriación de divisas.
No obstante, matizó el gobierno español, este objetivo debería aplazarse hasta el
momento en que España dejase de presentar déficit comercial, y la situación de sus
reservas hubiese mejorado.
El franquismo,
en todo caso, tenía un aliado en sus peticiones, que era la embajada estadounidense
en Madrid. En la casa del embajador James Clement Dunn se consideraba que en España
siempre se había sobrevalorado en exceso las posibilidades de la ayuda estadounidense
(algo que, a su manera, se critica en Bienvenido Mr. Marshall); y que, consecuentemente,
si ahora la ayuda se recortaba, se corría el peligro de que la opinión pública española
(ella sola, o empujada por el aparato falangista) pudiera volverse rabiosamente
antiamericana.
Dunn, además, no terminaba de comulgar con el principio general que animaba la ayuda de Estados Unidos a España: ser lo suficientemente elevada como para poder consolidar las necesidades de presencia militar estadounidense en el país; pero sin suponer una implicación excesiva en el sistema político español. Aunque Dunn comprendía el objetivo mayor de impedir que su país apareciese como garante de un régimen dictatorial como el franquista, entendía que, a mediados de los años cincuenta, ya la única salida racional del franquismo era la que finalmente fue, es decir, evolucionar hacia la democracia; ya que nadie más estaría en condiciones de traer dicha democracia a España por alguna otra vía. Podemos decir, pues, que Dunn tenía eso que los actuales graduados en Historia llaman "una visión superada".
Sin embargo, aceptar el principio general de que sería
el franquismo el que sucedería al franquismo equivalía a aceptar una estrategia
basada en darle oxígeno a aquellas porciones del franquismo caracterizadas por sus
puntos de vista más liberales y seudo, o proto,
democráticos. Estas tendencias, sin embargo, no tendrían la oportunidad de
desarrollarse si la economía española no se liberalizaba y modernizaba. Un proceso
que había que financiar.
Este
argumento abrió la lata. Finalmente, los estadounidenses comunicaron a Arburúa que
la ayuda sería incrementada; aunque el volumen y el calendario quedaron en el aire.
Aquel
mismo año, el 13 de agosto de 1954, el eterno senador McCarran logró introducir
una enmienda al texto de la Mutual Security Appriopiations Act, por medio
de la que se autorizaba la concesión a España de 55 millones de dólares para la
adquisición de excedentes agrícolas. Se estatuía, además, que la mayor parte del
dinero generado por esas compras debería invertirse en estabilizar la economía española.
Eso sí, la Administración estadounidense trató de integrar esa cantidad dentro de
la ayuda ya presupuestada para 1954; algo a lo que obviamente se negó la Administración
española, que consideraba que esa pasta era una pasta, como dicen los catalanes,
a más a más.
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