Carlos III (6: lo de los jesuitas)

Rigodones que ya hemos bailado:

El infante sin posibilidades que llegó a ser rey por ser un Farnesio
De Varsovia a Nápoles
María Amalia
En España
El rey viudo

Tal y como ya he explicado, la alianza entre España y Francia fue algo muy estrecho como consecuencia del llamado Pacto de Familia firmado por el rey Carlos. Responder a los grandes intereses geopolíticos de Francia obligó a España a realizar acciones que, a finales del siglo XVIII, eran consideradas como algo del pasado, reflujo de tiempos anteriores que se consideraban ya olvidados. El principal de ellos sería la decisión española de invadir Portugal.

En efecto, había habido un tiempo en el cual la soberanía de Portugal, su capacidad y derecho de ser una nación por sí sola, había estado muy en cuestión por los españoles. Pero esos tiempos habían pasado mucho tiempo atrás. La península ibérica de la segunda mitad del siglo XVIII, por así decirlo, estaba ya acostumbrada a la idea de que portugueses y españoles eran gentes diferentes que se organizaban en naciones diferentes. Sin embargo, ahora se optó por la estrategia de tratar de convencer, y convencerse, de que España debía invadir el país ibérico.

En realidad, era Francia quien lo quería. Portugal, consciente de su creciente debilidad desde el tiempo de los grandes navegantes había tocado a su fin, había tenido la clara, e inteligente, visión de que le hacía falta incorporarse a una alianza sólida y cuasipermanente que le otorgase capacidad geopolítica. Por razones obvias, no la más pequeña de ellas su tradicional animadversión hacia España, eligió a Inglaterra como socio tecnológico. Francia, la verdad es que sin base, consideraba que la amistad anglolusa le daba a Londres la capacidad de emplazar en Portugal tropas que podrían hostigar la península; algo que Inglaterra, en realidad, no estaba en condiciones, ni presupuestarias ni logísticas, de garantizar (aunque finalmente es lo que acabaría haciendo durante nuestra guerra contra el pérfido galo). Sin embargo, para los franceses era un punto que Portugal llegase a estar dominada políticamente, o militarmente, por los españoles; y sus terminales en Madrid supieron bien cómo excitar en nosotros el recuerdo de la invasión del país por el duque de Alba durante el reinado de Felipe II, y la fracasada expedición de Felipe IV que, la verdad, tampoco quedaba tan lejos en el recuerdo.

El rey de Portugal, instado por los aliados mediterráneos a cerrar sus puertos a los barcos ingleses, se negó. El 20 de mayo de 1762 estableció esta doctrina en un comunicado en el que afirmaba no tener el más mínimo deseo de malquistarse con sus vecinos, pero añadiendo que tampoco encontraba razones para enfrentarse con el inglés. La Corte de Madrid, interpretando a su manera (los políticos siempre hacen esto) lo que se le estaba diciendo, llegó a la, digamos, conclusión de que Inglaterra estaba a punto de invadir Portugal, cosa que como ya he dicho no habría podido hacer ni aunque hubiese querido. Y, consecuentemente, anunció que las tropas borbónicas iban a pasar la raya.

Militarmente hablando, la operación no tenía contestación. La capacidad bélica española en ese momento era de unos 60.000 efectivos, protegidos por el hecho de que se podían centrar en la operación portuguesa pues en cualquier otro frente los franceses los apoyaban. A esta respetable tropa, los lusos podían oponer unos 20.000 hombres, en general mal pertrechados, más unos 10.000 que, con mucha suerte, podría ser capaz de hacerles llegar su aliado inglés. De hecho, la ayuda enviada por los ingleses fue menor, unos 6.000 hombres, si bien llegaron al mando de un militar de elevada calidad, el conde de Lippe, de procedencia germana. Lippe hizo lo que pudo para crear un ejército portugués que, en realidad, no existía.

Una vez más, en todo caso, nos encontramos ante un cierto capricho real que hubo de pagar el conjunto de la operación. El rey Carlos tenía en gran estima a su hermana Marianina, reina de Portugal. Y por evitar una humillación excesiva y tratar de alejar el teatro de los enfrentamientos de su emplazamiento, decidió dar la espalda al plan más lógico que, en una situación de desequilibrio táctico como aquél, había tenido más posibilidad de éxito, esto es: avanzar por el valle del Tajo directamente hacia Lisboa, consciente de que tomar la capital hubiera supuesto tomar Portugal. En lugar de eso, el rey favoreció una estrategia más dispersa, con acciones en diversos puntos de la frontera ibérica.

Las tropas al mando de un militar para entonces ya provecto, el marqués de Sarria, eran víctimas de ese dicho popular tan sabio que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. La situación se trató de mudar colocando al conde de Aranda al frente de las operaciones. Aranda sí que se percató desde el primer momento de que la estrategia necesaria pasaba por un avance rápido por el trazado del Tajo; pero para entonces ya era tarde, puesto que los portugueses e ingleses habían organizado, de forma relativamente efectiva, sus defensas en ese trayecto. La llegada del otoño, que fue prácticamente como un invierno, unida a la natural hostilidad de los portugueses hacia el invasor, provocó que el ejército español se enfrentase a una seria falta de apoyo logístico, por lo que Aranda decidió retirarse a territorio español para hibernar allí. Pero las tropas españolas ya no regresarían de sus cuarteles de invierno. La invasión quedó en amago, pero tendría importantes consecuencias en las décadas por venir, pues intensificó la anglofilia portuguesa, lo cual habría de ser un problema para España unos quince años después cuando, enfrentada de nuevo a Inglaterra y de nuevo a causa de los intereses de Francia, el aparentemente neutral Portugal practicase un descarado apoyo hacia los ingleses.

No fue, sin embargo, la invasión de Portugal la única medida con sabor a antiguo que tomó el rey español. En este terreno también hay que situar la decisión, ciertamente muy presionada por las consecuencias del motín de Esquilache, de expulsar de España a los jesuitas.

Aunque probablemente no es necesario, conviene recordar, en este sentido, que España tenía cierta tradición en esto de expulsar de su país a grandes masas de residentes. Lo había hecho en 1492 con los judíos, lo había repetido diez años después con los mudéjares, y aun tiempo después lo hizo con los moriscos. España, social y políticamente, pues, ha sido uno de esos países (porque hay varios) que han creído tener el derecho para borrar de su faz a todo aquél que no les cuadra. Sin embargo, en esta práctica hay un hiato histórico que, cuando menos en mi opinión, va más o menos desde el Renacimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la doctrina renace en manos de naciones mucho más desarrolladas y colonialistas, que comienzan a realizar la misma acción de desplazamiento masivo de pueblos lejos de sus dominios; hasta llegar a los grandes desplazamientos, o movimientos de los refugiados como los llamamos, del siglo XX, impulsados por motivos políticos y/o xenófobos. Es en este sentido en el cual al menos yo encuentro la expulsión de los jesuitas como un gesto un tanto históricamente dislocado; aunque ésta, desde luego, es una visión discutible.

El episodio de la expulsión de los jesuitas, en todo caso, es de gran interés, cuando menos para mí, dado que forma parte de uno de los procesos del siglo XVIII español que me parecen más interesantes, como es el enfrentamiento entre el rey (el Estado) y la Iglesia por el poder efectivo. Los Borbones trajeron muchas cosas a España, y una de ellas es lo que llamamos regalismo: la convicción de que, en la competición por la cúpula del poder, por la última palabra, entre el rey y la Iglesia, ha de ganar el primero de éstos. El regalismo tiene una honda tradición francesa, ya que es en este país donde se presentó antes y con más fuerza. Francia, de hecho, cuando menos hasta el concilio de Trento siempre intentó, de alguna manera, construir una Iglesia nacional francesa, fiel a los postulados de Roma cuando menos desde que lo de Avignón salió mal, pero ligada al Louvre a la hora de obedecer en el día a día. Hasta el siglo XVI, cada vez que un rey francés consideraba que el Papa se estaba extralimitando a la hora de marcarlo a través de los curas, reunía a los teólogos de la Sorbona para que éstos, obedientemente, dictaminasen que tenía derecho a convocar un sínodo, y o bien lo convocaba,  o bien amagaba con convocarlo. Francia, que además tuvo pronto que librar una terrible batalla religiosa interna con los hugonotes, consideraba que la Iglesia tenía que plegarse a los intereses del poder temporal. Cuando Trento dejó claro que eso no lo iba a aceptar el papado fue cuando comenzó a desarrollar el regalismo propiamente dicho, esto es: zapatero a tus zapatos, la Iglesia es muy importante, pero que se dedique a sus importancias: que bautice niños y bendiga la mesa, pero en los asuntos temporales mando yo, que para eso soy el rey.

Por la importancia que tiene este principio es por lo que, en este blog, le he dedicado ya algunas notas y reflexiones a la figura del cardenal Richelieu, que es señero y seminal en la conformación de este regalismo al que todo le da igual con tal de hacer grande a la Corona; regalismo que hoy en día permanece en toda su extensión e intensidad, sólo que sustituyendo a la Corona por el Estado; y es por ello que, en realidad, las democracias actuales, si bien suelen despreciar con displicencia al absolutismo, en realidad son su producto (eso de que las raíces de la democracia moderna hay que buscarlas en la antigua Grecia es, la verdad, como de coña).

La principal acusación que se levantó contra los jesuitas, en efecto, fue la de difundir doctrinas contrarias al soberano; doctrinas antirregalistas procedentes, en esencia, del hecho de que los jesuitas, por orden fundacional, deben obediencia, antes que a nadie, al Papa. La Constitución de la II República y su legislación de orden público habrían todavía de acordarse de este detalle, al propugnar la ilegalización de toda aquella organización que deba su obediencia a cualquier ente extranjero (aunque, que se sepa, nadie durante la República se planteó utilizar esta normativa para ilegalizar al Partido Comunista...) Los jesuitas, en efecto, no son jesuitas nacionales, sino grey papal; y, como tales, no se sentían ni en la necesidad ni en la obligación de cumplir órdenes emanadas del poder civil. La orden, pues, fue acusada de estar en el origen de las doctrinas, afirma su escrito de acusación, “contrarias a la debida obediencia de los súbditos a las leyes”. En un efecto que es muy normal en la Historia, aquél por el cual quien combate un hecho lo hace reproduciéndolo, el regalismo carlino, que se lanza como un solo hombre contra los excesos inquisitoriales de los jesuitas y su práctica de prohibirle a los fieles las lecturas que consideran impías (los famosos índices, nacidos en Trento y efectivamente aventados por la Compañía de Jesús), acaba por generar él mismo un Índice de libros prohibidos, puesto que decreta poco recomendable para los españoles la lectura de los grandes juristas jesuitas a los que considera padres de las teorías contrarias al rey.

Una buena prueba de que la lectura de la Historia, no sólo también, sino especialmente cuando la hacen los historiadores, suele estar impregnada de elementos ideológicos, es que podamos leer o escuchar muchas veces a los conocedores de la Historia elaborar lacrimógenas soflamas respecto de los atentados cometidos por España contra sí misma, contra su cultura y contra su progreso, mediante la expulsión de algunos de sus miembros; y que, en el marco de este discurso, habitualmente se citen como ejemplos la expulsión de los judíos y el exilio republicano tras la guerra civil. Nadie o casi nadie, en este discurso, quiere acordarse de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, expulsión que, sin embargo, fue un golpe mortal para la cultura española, incluyendo nuestra aportación a elementos del saber como la ciencia jurídica. Es, de hecho, un aspecto muy poco tratado y estudiado porque, tal vez, son aquellos jesuitas dieciochescos expulsados de segunda; expulsados, además, por un rey cuyos defectos no suelen destacarse.

Carlos de Borbón llegó a la conclusión de que no llegaría nunca a un acuerdo con Roma en el que ésta aceptase su prevalencia en un montón de aspectos de la vida del país en el que reinaba. En esas circunstancias, y conscientes de que los jesuitas siempre serían una quinta columna de su contrario, resolvió echarlos del país. Lo hizo, además, con una eficiencia que pocas veces había mostrado, y mostraría, la capacidad ejecutiva del gobierno español. Para sorpresa de propios y extraños, edificios y sedes, notablemente los colegios, que estaban regidos y ocupados por jesuitas, lo fueron durante el 31 de marzo de 1767, para amanecer al día siguiente vacíos, sin un solo rector o un solo maestro, pues todos estaban tomando el camino del exilio. Tanta preocupación se tenía en que las órdenes fuesen finalmente cursadas que la orden destinada a Manila, el punto más lejano de las posesiones coloniales españolas, se envió por cuadruplicado por cuatro correos distintos con cuatro itinerarios también distintos; teniendo uno de ellos, Pedro de Lentilla, nada menos que atravesar todo el continente europeo, Siberia y China, para desde aquellas costas embarcar hacia Filipinas.

Como he dicho, todos los alcaldes de España fueron instruidos para presentarse con las últimas luces del día del 31 de marzo en los locales de los jesuitas y, una vez reunidos éstos, leerles la orden de expulsión. Tras la lectura, los miembros de la Compañía eran divididos en grupos de diez y, grupo a grupo, se les iba permitiendo ir a sus celdas a empacar sus pertenencias, de manera que sin haber vuelto los primeros diez no se dejaba ir a los segundos. Una vez hechas las maletas, los estaban esperando unos coches de caballos que los llevaban a los puertos designados, donde en barcos también previstos fueron llevados a los Estados Pontificios. El Papa, ante esta avalancha, demostró muy bien su espíritu sempiterno (y en verdad que da igual cómo se llame, y en qué época reine sobre la cristiandad católica) según el cual todo le parece bien cuando le sirven a él pero cuando se trata de que él sirva para algo las cosas cambian. En otras palabras: se negó a alojar en sus Estados a los hombres que habían sido expulsados de España por defenderlo.

¿Cabe considerar lo que la simpleza de algún que otro historiador, y la comodidad de tanto profesor de Historia, afirma cuando dice que los jesuitas pagaron con su exilio el haber sido los instigadores del motín de Esquilache? Bueno, parece que, con todos los años que han pasado, años durante los cuales las pruebas fehacientes de esta afirmación se han buscado en casos con ahínco, resulta difícil decir que el delito esté totalmente probado. Sin embargo, lo que para mí es bastante claro es que, si no fueron los jesuitas los que levantaron al pueblo contra un ministro que los quería borbonear, y consecuentemente los levantaron contra el borboneo en sí, lo que sí es cierto es que, en buena parte, el espíritu que estaba detrás del motín de Esquilache, el espíritu de la resistencia frente a la autoridad real, el apoyo a la idea de que el mando de un rey tiene sus límites, sí que se puede encontrar en las elaboraciones jurídicas y morales de los jesuitas.

Que hubo sacerdotes entre los instigadores del motín es algo que nos dicen las fuentes contemporáneas; y esta implicación, desde el primer momento, hizo pensar a muchos que el asunto se lo iban a cobrar a los jesuitas. Pero es que, además, hay que tener en cuenta que, dentro de la propia Iglesia, el movimiento de animadversión hacia los jesuitas era muy fuerte, sobre todo por sus grandes riquezas y posesiones. De hecho, el gobierno, bien seguro de la respuesta que recibiría, consultó a los eclesiásticos sobre la pertinencia de la expulsión, y encontró que cinco sextas partes del estamento estaba a favor de la medida.