Pros y contras

Con vuestro permiso, dado que mi blog económico lo tengo prácticamente abandonado, me animo a colocar este off-topic aquí, en medio de la historia de los comuneros.

El caso es que me he fijado, supongo que como mucha gente, en la declaración de ayer del Presidente del Gobierno, en el sentido de que es necesario reducir el déficit público, pero piano piano, para no comprometer el crecimiento económico.

Dice bien el presidente. Lo que teme que le pase a él le ocurrió a Roosevelt en la crisis del 29: la atacó creando el Estado social y mediante un programa de obras públicas que hizo declarar a uno de los miembros de su gobierno que EEUU tenía varios millones de personas empleadas sin que, en realidad, se supiera muy bien qué estaban haciendo. Aquello recuperó el tono de la economía estadounidense pero, precisamente cuando Roosevelt consideró que la cosa ya había madurado y que podía cerrar la espita, a la retirada del gasto público le siguió una coyuntura casi peor que la anterior.

Lo que quizás no le guste tanto oír a Zapatero es que esta confesión suya de ayer, de alguna forma, le quita la razón, a él y a tantos keynesianos como él que consideran que de las crisis de confianza se puede salir a base de poner a funcionar en las oficinas públicas la máquina de gastar. El hecho de que ahora la economía española esté atrapada en una pretendida dependencia del gasto público, y que lo haga sin haber salido de la crisis, es la mejor demostración de que no se puede salir de ésta exclusivamente con recetas de gasto público.

Pero, en todo caso, me gustaría hacer dos o tres reflexiones un poco más en profundo, con la ayuda de la Contabilidad Nacional. ¿Tan importante ha sido el papel del sector público?

He dividido España (o, más concretamente, los sectores institucionales de su economía) en sólo dos partes: Administraciones Públicas, y resto. En el resto, por lo tanto, están los hogares, las empresas financieras y las no financieras. Para este análisis, he juzgado que su tratamiento diferenciado apenas aportaría nada.

Empezando por el valor añadido bruto, o si lo preferís la riqueza generada, la evolución reciente de estas magnitudes es como sigue:

En los años inmediatamente anteriores a la crisis (años muy buenos económicamente), el VAB de las Administraciones Públicas se situó en un 11,7%, más o menos, del VAB total de la economía. Dicho de otra forma, de cada 100 euros de riqueza generados, 11,7 lo eran por el actor público. En el conjunto del 2009, concretamente, se ha ido al 13,7%, es decir ha ganado dos puntos porcentuales de PIB, que son algo así como 20.000 millones de euros. Aquí tenemos, pues, la contribución del gasto público al evitamiento de la crisis. Podríamos decir que si el Estado no hubiera hecho nada; si no hubiese modificado su actuación por el estallido de la crisis y se hubiese obstinado en mantener su papel como era antes de comenzar, la caída del PIB habría sido mucho más grave, en torno a dos puntos de riqueza que el PIB del 2009 sí tiene y no habría tenido si las AAPP no hubiesen reaccionado.

¿Se ha sustantivado este mayor papel de las AAPP a través del consumo final?

El consumo final de las AAPP rozaba, antes de la crisis, el 10% del consumo final de la economía, y en el 2009 se situó en el 11,4%. Según mis cálculos, el consumo añadido por las AAPP como consecuencia de la crisis (o sea, esos 1,4 puntos porcentuales de más) vienen a suponer unos 11.250 millones de euros.

Donde, para mi gusto, ha estado la participación verdaderamente relevante de las AAPP, sobre todo en términos relativos, ha sido en la formación bruta de capital fijo o, como la llamábamos de soltera, inversión. Sumemos las magnitudes de las AAPP y del resto de la economía.

En primer lugar, hay que darse cuenta de que la curva de la formación bruta de capital presenta diferencias respecto de las otras que hemos visto: en este caso, la quiebra de la tendencia observada hasta el 2007 es muchísimo más radical. La inversión ha caído mucho más que el consumo o el VAB. Hay que tener en cuenta, desde luego, que los proyectos inversores de las empresas no financieras se han frenado, como también lo ha hecho la FBCF de los hogares, que está compuesta casi exclusivamente por compra de vivienda.

Aquí es donde se ha dado un relevo más claro. En el año 2006, último completo de la larga expansión económica que ha precedido a esta crisis, la inversión pública fue exactamente del 12% de la inversión total de la economía. En el año 2009 ha trepado hasta el 17,6%. Las AAPP han puesto en juego 14.600 millones de euros adicionales de inversión, según mis cálculos, inducidos por la crisis. Evidentemente, si esto se frenase, y si no hay cambio en la tendencia descendente del resto de la economía, el resultado sería complejo.

Existen, pues, muchos elementos para sustentar la afirmación hecha de que no se puede parar la máquina de gastar sin comprometer el crecimiento económico. Pero aún hay otro dato.

La Contabilidad Nacional por sectores institucionales calcula una última línea que es la capacidad o necesidad de financiación de cada sector; es decir, en qué medida cada sector, o la economía en su conjunto, es capaz de generar los recursos que necesita para financiar la actividad que está realizando. Una vez más, veamos el gráfico con la serie histórica de esta magnitud.

El principio de la serie (año 2000) define muy bien la situación de la economía española en sus años buenos: una economía suavemente deficitaria, con necesidad neta de financiación, a la que puede responder, sin embargo, con facilidad merced a su elevado ritmo de creación de riqueza, y con un sector público que es prácticamente superavitario o en todo caso está muy cercano al equilibrio. En los años de economía acelerada, 2005 y siguientes, la posición de financiación de los sectores privados (resto de la economía) se deteriora notablemente; tanto empresas como, sobre todo, familias, se sobreendeudan, en un proceso que no será por veces que instituciones como el Banco de España destacaron alarmados, a lo cual el actor público reacciona convirtiéndose en un ente superavitario en materia de capacidad de financiación.

En los años 2008 y 2009, la situación cambia radicalmente. Los sectores privados, que estaban endeudándose a mansalva para financiar su expansión porque la economía iba bien, reaccionan con inmediatez al deterioro de la situación económica iniciando una corrección radical de su posición de endeudamiento que, asimismo, es una reacción a la restricción del crédito. La curva cambia de dirección de una forma brusca, de manera que apenas necesitan año y medio para pasar de una situación de profundo déficit de financiación a situación cero o, como dicen los comerciantes del Rastro, ni p'a ti ni p'a mí.

Las Administraciones Públicas toman el camino contrario, en una estrategia anticíclica, como decía, de corte keynesiano. El Estado gasta cuando la economía ahorra, consciente de que tiene que operar de contrapeso para matizar las consecuencias de la crisis.

El problema es dónde sitúa esto a las AAPP el final del 2009. Con una necesidad de financiación de 117.000 millones de euros, el actor público se encuentra con unas altísimas necesidades de conseguir recursos, lo cual lo convierte en un competidor de primera magnitud en los mercados de capitales, no desde luego como demandante de préstamos bancarios sino, fundamentalmente, como emisor de deuda, así como mediante la gestión de sus propias deudas comerciales, pues pagar con retraso no deja de ser una forma de financiarse a corto plazo.

Hay, pues, un balance: el balance entre la vertiente traumatúrgica del gasto público, que es innegable y se traduce en su evidente rol de sostén de la economía para que no caiga más de lo que ha caído; y la vertiente tóxica, que consiste en las distorsiones y frenos al propio crecimiento que introduce el Estado como ente necesitado de una financiación que por ello deja de recibir el resto de la economía. Esta vertiente tóxica es la que sitúa, además, en sus justos términos las consecuencias de los eventuales downgrading de la deuda española, pues a menos rating, más spread, luego la deuda es más cara (hay que ofrecer más tipo para venderla) y se produce un efecto explosivo, autoalimentado, que hace que cada vez cueste más cubrir esa necesidad de financiación.

Soluciones, sólo hay dos: o el Estado gasta menos, o el resto de la economía toma el relevo y comienza a invertir, recupera su tono de consumo y creación de valor añadido. En puridad, hay una tercera vía, y es que el Estado recaude más, es decir, mejore su posición de financiación aumentando sus ingresos, que es lo que persigue la subida del IVA. Pero si veis la curva del consumo final acabaréis por llegar a la conclusión, o al menos a mí me ha pasado, de que a menos que la curva descendente que se ve en la gráfica deje de serlo, subir el IVA puede ser hacerse un pan con unas tortas, porque la base imponible del impuesto, que al fin y al cabo es el consumo, al ser menor, podría incluso revertir menos recaudación.

El problema que yo tengo es que, a día de hoy, no sé cuál de las dos soluciones, o las dos, se ha tomado.