El marxista naïf (4)

Esta medida, nacionalizar el cobre, sí que la propone al legislativo, pues, como ya hemos sugerido, sabe que cuenta con avales superiores a cualquier otra iniciativa, ya que ya el gobierno Frei ha intentado que el 51% del capital de la denominada Gran Minería esté en manos del Estado chileno. El 11 de julio, que por ello fue instaurado por el allendismo como feriado (Día de la Dignidad Nacional) las minas de los tres gigantes estadounidenses (Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation) son nacionalizadas.

El gobierno Allende había decidido dar la vuelta de tuerca realmente importante: el enfrentamiento económico con los Estados Unidos. Lo cual quiere decir: la nacionalización del cobre. La primera víctima, por contarlo todo, fueron las estaciones meteorológicas americanas situadas en Chile, una de ellas en la Isla de Pascua, que fueron evacuadas. Después, el gobierno decretó la nacionalización de las minas del cobre. El 19 de julio de 1971, la Casa Blanca –Nixon- contestó. El gobierno americano anunció la aplicación de la denominada enmienda González, que se basaba en la ya famosa en mienda Hickenlooper, por la cual los EEUU pueden frenar, congelar o negar asistencia económica a todo gobierno que indemnice inadecuadamente a una empresa del país. Además, contestó con una restricción del crédito internacional a varios países latinoamericanos, especialmente Chile y Bolivia, país éste que también estaba abordando nacionalizaciones en el sector petrolífero. Al mes siguiente, el Eximbank le niega a Chile un gran crédito de 21 millones de dólares. Luego llega el Banco Interamericano del Desarrollo. Hay que decir que esta política por parte de Nixon es ciega y sectaria. El crédito de Eximbank se había pedido para poder comprar tres aviones Boeing para la línea LAN Chile; así pues, fue la empresa de Seattle, americana por los cuatro costados, la que pagó el pato.

No conozco a nadie que dude de la legitimidad de la medida tomada por Allende; de hecho, ya estaba insinuada por la política anterior de la Democracia Cristiana. Sin embargo, el error de Allende en este punto no fue el qué, sino el cómo. Con esas ínfulas típicas que a veces se dan a las cosas nuevas, recibidas como generadoras de un antes y un después pero rara vez objeto de un análisis reposado, buena parte de la izquierda mundial recibió con albricias la que entonces se denominó Doctrina Allende, rebautizada por la famosa revista Newsweek como matemática marxista.

La Doctrina Allende no cuestionaba el derecho del propietario de un bien nacionalizado a recibir un justiprecio. Sin embargo, matizaba, y vaya si lo matizaba, ese derecho, aseverando que, para fijar ese justiprecio, había que tener en cuenta los beneficios obtenidos durante el tiempo de propiedad, y su legitimidad social. Dicho de forma muy esquemática: en el caso de que un gobierno expropie a un banquero que explotase a sus trabajadores no pagándoles lo suficiente, el justiprecio del banco debería ser minorado en el monto de dicha explotación.

Como idea no está mal. Como tampoco es mala idea lo de las balanzas fiscales entre comunidades autónomas. Ambas teorías, sin embargo, adolecen del mismo problema: son incalculables. Para calcular el beneficio o pérdida social inducido por la explotación de un bien por un empresario, hay que hacer asunciones; por ejemplo, cuál es el salario digno que una persona debe cobrar. Las asunciones, por definición, son subjetivas. Máxime cuando uno es juez y parte.

Este problema se podría haber resuelto, más o menos, si el gobierno chileno hubiese acudido a algún arbitraje internacional que avalase los cálculos. Pero no fue así. Cierto es, desde luego, que los trabajo de cálculo relacionados con las minas fueron hechos con la colaboración de empresas externas. Pero, vaya: una era una organización francesa llamada Sofremines, que lo mismo era muy imparcial; pero la otra era un equipo de expertos enviado desde la URSS, con un ministro a la cabeza.

Allende, en un salto mortal bastante burdo, se convirtió en la persona que calcularía el precio que él mismo debería pagar;  por mucho que, formalmente, fuese la Contraloría del Estado la encargada del cálculo técnico, suya, por así decirlo, es la redacción del decreto supremo 92, de 28 de diciembre de 1971, donde establecía que la rentabilidad socialmente aceptable de las minas de cobre había de ser del 10%, y que todo lo que estuviese por encima no se pagaría.  Obviamente, en no pocas ocasiones esta cuenta le salió cero, o cantidades bajas que, efectivamente, podía pagar. E, incluso, en el caso de la Kennecott, el cálculo resultante fue que no sólo no había que pagarle un duro, sino que los americanos le debían a Chile más de 300 millones de dólares.

La Doctrina Allende generó, a mi modo de ver, graves problemas a Chile más allá de sus fronteras, graves problemas de credibilidad que, que yo sepa, no han sido aun totalmente valorados por los historiadores económicos. Además, fortaleció la posición de los EEUU en el ámbito internacional, que ya, de por sí, no suele ser debilucha. La Doctrina Allende fue un gran error, quizá el mayor de los errores de Salvador Allende durante su mandato.

Otro de los problemas inesperados para el gobierno fue la conflictividad en la propia minería. El marxismo tiene un punto mesiánico y buenista según el cual, como procede a liberar al obrero de la alienación de su plusvalía por el burgués, no cabe esperar que dicho obrero se rebote. En general, los países comunistas han hecho valer esta predicción del marxismo a base de susurrarle al obrero que como se le ocurra protestar lo llevan a la Lubianka. No fue el caso de Allende, que era un marxista mucho más liberal que el resto de los marxistas que en la Historia han gobernado, aún sumados y multiplicados por 27. Allende dejó hacer, y se encontró con que los mineros, por mucho que les hubiesen nacionalizado, compañero, se pusieron a protestar. Eran, en general, obreros privilegiados en lo que al salario se refiere. El precio del cobre cayó, la demanda acostumbrada también lo hizo (la Kennecott, en un movimiento que, la verdad, no cabe reprocharle, redujo en un 60% su demanda a las minas otrora de su propiedad, sólo el primer año; el segundo, ya ni compró). Con todo ello, se resintieron los salarios, y vino la conflictividad. Allende fue a Chuqui, que en Chile no es un muñeco diabólico sino una localidad minera, a decirles a los esforzados proletarios que tuviesen paciencia y esperasen a que los obreros de otros sectores consiguiesen sus objetivos sociales; y los esforzados proletarios le señalaron un columpio del parque, y le instaron a utilizarlo. Incluso, en noviembre de 1971, durante su visita a Chile, el compañero Fidel se dejó caer por la mina de Chuquicamata y le dio a los camaradas mineros que se alineasen con la política del gobierno. Los de la pica y la linterna le señalaron al Faro de la Revolución Latinoamericana el mismo columpio donde, meses antes, habían subido al propio Allende. En 1972, el conflicto se cerró. Sí. Pero no mediante la gimnasia revolucionaria, compañero, sino doblándole el sueldo a los mineros.

¿Labró la nacionalización del cobre la perdición de Allende? En mi opinión, sin duda. La idea de nacionalizar el cobre, unida a la torpe terquedad en que ambas partes, EEUU y Chile, acabaron cayendo, acabó con las posibilidades del presidente de evitar el raid golpista. La reacción de Washington fue sobreactuada, excesivamente intransigente y, a la postre, aval de una intervención intolerable en los asuntos internos del país. Pero Chile tampoco se puede ir de rositas en el juicio de este enfrenamiento. El secretario de asuntos latinoamericanos estadounidense, John H. Crimmins, llegó a ofrecer a los negociadores chilenos una rebaja de la tensión a cambio de una voluntad indemnizadora algo más intensa que salvase la cara del conflicto. La delegación que había viajado a Washington, formada fundamentalmente por comunistas, simplemente se negó, como se negó a un arbitraje internacional en la materia. En todo caso, Allende no se podía permitir un acuerdo en las negociaciones de Washington. Ni el Partido Socialista, enormemente radicalizado, ni los no-socios-pero-socios del MIR se lo habrían permitido.

Sin embargo, es un error considerar que Estados Unidos decidió acabar con Allende para recuperar los derechos económicos de tres o cuatro multinacionales. La mano de la Casa Blanca es más larga, y sus condicionamientos más profundos. En mi opinión, lo que acabó por decidir a Kissinger y Nixon de ir contra Allende con todo lo gordo fue la combinación entre la nacionalización del cobre, la visita de Fidel a finales del 71, y el hecho evidente que Allende no estaba dispuesto e echar del pequeño planeta de la Unidad Popular a ese Principito indignado que era el mundo MIR, formalmente no integrado en la coalición de gobierno pero de hecho identificado con ella en lo esencial.

Estados Unidos decidió acabar con Allende por la misma razón que jamás habría permitido que, un suponer, el Partido Comunista Italiano hubiese desbancado a la Democracia Cristiana del poder en la Italia de los cincuenta. Por la misma razón por la cual los cada vez más aislados sedicentes representantes de la República Española en el Exilio recibían, sistemáticamente, reproches en el Foreign Office por hablarse con los comunistas. Chile estaba, está, en el patio de atrás de los Estados Unidos. Y en el patio de atrás de los Estados Unidos, el jefe no se anda con gilipolleces. Se cometió un error, que se llamó Cuba; uno y no más, Satanás. A día de hoy no podemos descartar, en lo absoluto, que ese error, tener que aceptar la supervivencia del régimen castrista, no le costase la vida a John Kennedy; esto nos da la medida de la importancia de las cosas para según qué gente. Allende quedó marcado el 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional; y, paradójicamente, él mismo acabaría señalándole a los americanos el camino por el que joderle.

Por el camino, la nacionalización del cobre supuso graves problemas externos para Chile, sobre todo por el flanco de la Kennecott. De forma inmediata a la nacionalización, en noviembre de 1971, se creó el Tribunal Especial del Cobre, formado básicamente por las grandes cabezas de la judicatura chilena, para resolver los conflictos surgidos en los justiprecios, o sea la Doctrina Allende. La Kennecott apeló ante dicho Tribunal, pero el Tribunal, casi un año después (agosto del 72), se declararía incompetente para juzgar las indemnizaciones fijadas por la Contraloría y Allende, lo cual es un tanto exótico (si no podían juzgarlo ellos… ¿quién quedaba? ¿Dios? ¿Marx? ¿Belén Esteban?). 

Ya el 4 de febrero de ese año de 1972, la Kennecott había obtenido de un tribunal de Nueva York el embargo de diversos bienes chilenos. Pero el 8 de septiembre de 1972, justo un día después de que el Tribunal haya reafirmado su declaración de incompetencia, Frank Milliken, presidente de la Kenn, anuncia la retirada de la multinacional del Tribunal, o sea la ruptura frontal con Chile, y pone a los abogados a trabajar. El 30 de septiembre, apenas 20 días después, los abogados de la Braden Cooper, del grupo Kennecott, presentan ante el Tribunal de Gran Instancia de París la petición de embargo de 1.750 toneladas de cobre chileno que en ese momento navegan en un barco llamadol Birthe Oldendorf con rumbo a Le Havre. Los estibadores de dicho puerto se negarán a descargar la mercancía cuando sean informados de que va a terminar en manos de los americanos.

El 2 de noviembre se celebra un acto de conciliación en el tribunal parisino (fallido, claro) entre la Braden Cooper y Codelco, el organismo público chileno coordinador del asunto del cobre. Los abogados chilenos, en un ejercicio de cierto cinismo jurídico en mi opinión, defienden que un tribunal extranjero no puede entender de cosas que forman parte de una reforma constitucional de un Estado. Según este argumento, como digo un tanto folklórico en mi opinión, el día que un país se secuestre y dicte una reforma constitucional según la cual los ciudadanos rubios se tendrán que cortar una pierna, a la justicia internacional no le quedará sino aplaudir con las orejas.

El 29 de noviembre, no obstante, los chilenos ganan: el tribunal de París, al devolverles el control del cobre de El Havre, admite los dos pilares de la tesis chilena: la legalidad de la Doctrina Allende y la inimputabilidad, fuera de Chile, de Codelco. Más o menos por esas fechas, la Kennecott solicita a un tribunal de Vatseras, en Suecia, el embargo del cobre de un barco que se dirige a dicho país. El tribunal se lo deniega, pero inmoviliza el cobre.

Pese a la victoria inicial, el 9 de enero de 1973, los abogados de la Kennecott consiguen que un tribunal alemán decrete el embargo de 3.000 toneladas de cobre.

Para entonces, principios de 1973, Chile está ya en una situación bipolar. El proyecto de la Unidad Popular ha tenido como consecuencia quebrar la unidad de la democracia cristiana lo que, en la práctica, hace que el país se divida en los que están con Allende, y los que están en contra. Unos muy con, y otros muy, pero muy contra. Tanto las acciones de Patria y Libertad como las de los denominados Grupos Rolando Matus difícilmente se pueden considerar otra cosa que terrorismo reaccionario. Pero la actuación del MIR tiene de respetuosa con la forma y el fondo democráticos lo que yo de piloto del SEPLA. En junio del 71, el asesinato de Pérez Zujovic tuvo como consecuencia la primera alianza estratégica entre la DC y el derechista Partido Nacional (primo hermano de los Rolando Matus) en la llamada Confederación Democrática. Dos años después, esa alianza está cerca ya de ser de hierro. Antes, incluso, se producen indicios que Allende, en  muchas cosas tan íntegro como miope, no sabe ver. El socialista Hernán de Canto pierde la alcaldía de Valparaíso a manos del candidato democratacristiano.  La Unidad Popular, a continuación, sufre una pequeña grieta con la defección parcial del PIR, Partido de Izq   uierda Radical, el ala izquierda de la DC (el ala izquierda-izquierda, el MAPU, permanece fiel a Allende). En enero del 72, la DC gana en las elecciones legislativas en las provincias de Linares y O’Higgins.