O se entiende, o no se entiende

Iba a despedirme a la francesa, es decir por el procedimiento de quedarme simplemente callado hasta el regreso de mis vacaciones ya el año que viene, pero finalmente he cogido ánimos para escribir unas líneas.

El 20 de octubre de 1931, los gestores de la recién estrenada II República Española tenían algo ya bien claro sobre ella misma: era, además de otras cosas, un casi insoluble problema de orden público. En realidad, desde el mes de abril no habían dejado de pasar cosas feas. Había elementos monárquicos que no se habían tomado muy bien lo del cambio de régimen. Había elementos en el mismo régimen que se habían tomado demasiado bien el cambio, asumiendo que la República les permitiría cositas como quemar iglesias y conventos; y es un hecho que les dejó. Por último, también había en España grupos que, sin ser puramente republicanos, habían visto la llegada de la República con unas ilusiones que, sin embargo, apenas meses después se les empezaban a ajar, por lo que habían comenzado ya a montar sus acostumbradas violentas algaradas sindicales.

El régimen sentía su necesidad de defenderse; y se defendió el 20 de octubre con la aprobación de un texto legal que, en algún que otro foro y forillo, he calificado yo, y por la presente recalifico, como protofascista o protodictatorial.

Resulta curioso lo poco, poquísimo que se habla en los libros de Historia sobre esta Ley de Defensa de la República. Que yo sepa, por no haber no ha habido todavía ni un historiador que se haya enterrado en vida en los sótanos del Ministerio del Interior (y digo esto porque supongo que allí tendrán sus archivos, si es que los conservan) para hacer la nómina completa y exacta de todos los actos del entonces llamado departamento de Gobernación que provocó dicha ley. Sea como sea, la ley en sí es una cuestión batallona para los aficionados a la Historia. Aquéllos que se sienten más cercanos a los planteamientos de las izquierdas republicanas la ven una ley lógica para un régimen que estaba siendo acosado; uno, viene a decir este argumento, cuando es agredido, se defiende. Otras voces más críticas suelen recordar la crítica que recibió esta ley en sus tiempos contemporáneos por parte de las derechas. Una vez que hubo Constitución se le dijo, por ejemplo, al presidente Azaña que, cuando enviaba ejemplares de la misma a embajadores y otros receptores significados, debería hacer acompañar la Carta Magna con una copia de la LDR para que el lector se pudiese hacer una impresión cabal del ordenamiento jurídico español. Y decían eso porque, en su opinión, la LDR era una ley que, en la práctica, anulaba la Constitución.

¿Qué dice la LDR? Pues, sucintamente, dos cosas. En primer lugar, dice qué es ser enemigo de la República. Entre las cosas que definen en la LDR al enemigo de la República hay algunas que tienen mucho sentido: resistirse a la autoridad, tener armas ilícitamente, fomentar el golpismo militar... Pero hay otras de difícil pase. Por ejemplo, según la ley «toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado» es ser enemigo de la República. O sea, que si hoy estuviese vigente la ley, decir, un suponer, que el Tribunal Constitucional no funciona o no sirve para nada sería colocarse bajo la aplicación de la Ley; tampoco se podría criticar a las autonomías. Otra disposición nos dice que es enemigo de la República quien haga apología del régimen monárquico y/o exhiba sus símbolos. Aplicando el Derecho comparado, si la LDR, como pretenden algunos, era plenamente democrática, entonces sería plenamente democrático que la actual monarquía española prohibiese la apología de la República y el uso en público de su bandera. Con un par.

La segunda cosa que dice la LDR son las cosas que le pueden pasar a un enemigo de la República. El enemigo, según dicha norma, podía ser confinado, desterrado o multado; podía ver interrumpidos sus actos públicos, clausurados sus locales, intervenidas sus cuentas e incautadas sus armas.

En los dos párrafos anteriores hay, a mi modo de ver, tralla suficiente para sacarle los colores a la Ley de Defensa de la República. Con todo, todavía no hemos dicho lo peor. Lo peor de esa ley es que otorgaba la función de aplicarla al ministro de la Gobernación.

Es éste un punto que, cuando menos en mi experiencia, resulta difícil de transmitir cuando se discute con algún aficionado a la Historia proclive a hacer un juicio comprensivo de la II República. Cuando menos mis interlocutores habituales no parecen ser capaces de enteder, o yo de explicarles, que el hecho de que una norma con unas previsiones tan duras (recordemos que prevé hasta el extrañamiento) pueda aplicarse sin participación del poder judicial, la convierte en una ley sospechosa. Que la Ley de Defensa de la República otorgue a un ministro la potestad de aplicarla convierte a ese ministro en un Guardián de la Revolución; ahí reside su carácter, más que no democrático, antidemocrático.

La LDR colocó en manos de un gobierno que, como todos los democráticos, es todo lo provisional que quieran los votantes, en posición de actuar impunemente contra quien le diese la gana. Como digo, las calificaciones del «enemigo de la República» son tan genéricas e interpretables que casi cualquiera que nos ponga la proa puede ser objeto de la acción punitiva ejercida desde un ámbito administrativo, y no judicial. Los defensores apostillan: pero, ¿y si se ejerce ese poder con mesura? Y yo respondo: ¿y si se ejerce con desmesura?

Pasado un rato, la conversación se acaba. Se llega a uno de esos puntos binarios: o tu contraparte entiende algo, o no. Si lo entiende no hay discusión posible, pues la interpretación es evidente. Y si no lo entiende también se ha acabado, porque por mucho que se le explique, no lo va a entender. Es como intentar convencer a un perturbado de que no se prenda fuego; el mismo hecho de tener que convencerle nos está diciendo que ello no será posible.

Me he acordado estas horas de esta movida leyendo en internet las noticias sobre la borrascosa votación de ayer sobre la conocida como Ley Sinde. He visto y he leído un montón de reacciones más o menos exageradas, algunas de ellas muy vistosas por tratarse de valoraciones hechas por personas con una importante imagen pública. Los autores, los creadores, han puesto el grito en el cielo; la ministra dice que nos van a mandar a la VI Flota porque en Estados Unidos no se habla de otra cosa. Y así mucho, como dicen que decían del Bolero de Ravel.

En fin. La discusión sobre los derechos de autor, sobre qué es y qué no es la propiedad intelectual en el siglo XXI, es una discusión que está pendiente de tener. Ambas partes, esto es autores y consumidores de autorías, no parecen demasiado animados a iniciarla; pero tendrán que hacerlo, porque lo que es un hecho es que el mundo ha cambiado y hoy las cosas ya no son como hace apenas quince o veinte años. Los derechos de autor, tal y como los concebimos hoy en día, son como los fielatos y almojarifazgos medievales: el mundo, hoy, ya no los permite como han sido hasta ahora. Su alternativa es cambiar, o no ser.

Pero lo que los defensores de la Ley Sinde no parecen entender es que hay un elemento previo a la justicia o injusticia de la relación entre piratería y derechos de autor. Como en la LDR, el problema no es ya quién y cómo se va a ver afectado por ella; el problema es que su aplicación, en sí misma, no es democrática.

En realidad, lo que los autores no entienden es que la enorme torpeza de esta ministra, la soberbia con la que ella y los de su cinéfilo barrio parecen estar acostumbrados a llevarse siempre el gato al agua, es la culpable de la situación. Los británicos suelen decir (aunque al parecer no es cierto) que la forma de cocinar una rana viva es meterla en agua fría, luego poner la olla bajo un fuego muy bajo, e irlo subiendo muy poco a poco. Tal y como están las cosas, la previsión de que la aplicación punitiva de la ley vaya a correr por cuenta de una instancia no judicial viene a suponer tirar la rana a las brasas directamente. En cuanto los políticos han descubierto esto, y han descubierto que hay millones de ranas en la acequia, han salido huyendo como posesos. Normal.

Se suele decir: bueno, pero, ¿acaso un ayuntamiento no cierra una carnicería cuando no reúne las condiciones sanitarias mínimas? Pues sí. Pero es que resulta que comer carne no es un derecho fundamental en España; y el derecho a la información, sí. Y se responde: pero las páginas que se hubieran cerrado no son páginas de información. Y esto tiene la respuesta: cierto. Si la ley se aplica con mesura, no hay problema. Pero, ¿y si se aplica con desmesura? Ítem más: si un legislador tiene, porque siempre la tiene, la posibilidad de encomendar a la judicatura la decisión sobre una materia y aún así se la abroga personalmente, ¿no da derecho eso a sospechar que pretende aplicar dicha potestad con cierto nivel de desmesura? Si tan ponderado y cuidadoso pretende ser, ¿por qué no deja trabajar a los jueces?

No niego que la protección de los derechos de autor en España necesite de un reforzamiento que equilibre efectos negativos que actualmente se producen. Como no niego que la Ley de Defensa de la República, lejos de ser una conachada inventada por cuatro políticos aburridos después de una noche de juerga, fue la respuesta a una necesidad sentida por las fuerzas republicanas. Pero la legitimidad de fondo no puede servir de eximente para el error de forma.

O se entiende, o no se entiende.