Francorrupción: El escándalo Matesa (3): De "Ésta es su vida" a la dimisión

Matesa como enigma
El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí) 
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez

  

En septiembre de 1968, Aduanas emite las primeras actas sobre Matesa. La primera es una futesa relativa a un pequeño descuadre que Matesa acepta sin problema. La segunda ya es otra cosa: 831 millones. Ahí la empresa pone pies en pared. Ese mismo mes entra a trabajar en Matesa Juan Ignacio Trillo y López Mancisidor; pocas semanas después lo hará Lorenzo Zabala Rici, técnico comercial del Estado excedente. Ambos formarán una pareja interesante en este asunto.

En diciembre, Víctor Castro, director general de Aduanas, envía una nota reservada a otros órganos de la Administración en la que expresa sus dudas sobre diversas operaciones de Matesa. El ministro de Hacienda le ordena una investigación a fondo. Más aún: en marzo de 1969, el ministro de Hacienda, Juan José Espinosa San Martín, aprueba el retraso en el pago de las desgravaciones fiscales a Matesa. Sin embargo, un mes después la Carta del Exportador le será renovada a la empresa.

El 5 de abril de 1969, Vila Reyes alcanza su máximo punto de reconocimiento. Televisión Española, siempre atenta a las mamadas y, sobre todo, a las succiones comepollísticas a destiempo, le dedica al empresario un episodio de Ésta es su vida, quizás el programa más visto en ese momento de la televisión patria (la única existente, además), dedicado a glosar la vida de grandes personajes a base de traer al estudio a un montón de gentes de su existencia. Salir en Ésta es su vida, en aquella España, era como ganar Supervivientes, Operación Triunfo y Tu cara me suena en la misma noche.

En la primera mitad de 1969 Vila Reyes siguió disfrutando de ayudas y prebendas. Pero las cosas comenzarían a cambiar el 16 de junio de aquel año. En dicha fecha, la Inspección del Ministerio de Hacienda que, no os olvidéis, en democracia es uno de los órganos más políticos que existen, y en una dictadura quizás el que más, levanta una serie de actas en las que concluye que Matesa debe devolver al Tesoro las desgravaciones indebidamente disfrutadas por exportaciones efectuadas en 1966 y 1967, y se ordena la retención preventiva en la Hacienda de 124 millones de pesetas. Doce días después de esta decisión, sin embargo, el BCI, será por inercia, será por otra cosa, pero el caso es que le concede a esa misma Matesa un crédito de 200 millones. En esos días, según algunas noticias, altos cargos de la Administración económica mantuvieron reuniones con los dirigentes de Matesa, en las que les expresaron su idea de que, como no conocían la situación de la empresa, personas cercanas a la propia Administración deberían tomar el gobernalle de la nave.

Con estos mimbres llegamos al 15 de julio de 1969, fecha en la que se firma el acta fundacional del caso Matesa, por así decirlo. En dicha fecha se celebra en Pamplona (aunque hay quien dice que ocurrió en Madrid pero se fechó en Pamplona) una junta de accionistas de Matesa. A esa junta, claramente, la familia Vila Reyes, propietaria del momio, acude con el aliento del Ministerio de Hacienda, del BCI y quién sabe si del mismísimo general Franco o, en su defecto, el almirante Carrero, en el cogote. Está claro que a Vila Reyes sus contactos en el Estado, los hombres que con seguridad en los años anteriores han disfrutado de regalos, joyas, comilonas y palcos en el estadio de la carretera de Sarria (Vila Reyes llegó a ser presidente del CD Español), le han dejado claro que tiene que dar un paso claro, y que ese paso es otorgarle el control de Matesa a las personas que la Administración pueda conceptuar como enviados suyos. Acorralado por las amenazas de nuevas inspecciones y con el duro banco del tribunal, Vila Reyes hace que la junta revoque los poderes de los administradores (los suyos propios) y nombre nuevos administradores a Trillo y a Zabala, con poderes explícitos para revocar cuantos poderes puedan tener Juan y Fernando Vila Reyes, así como Manuel Salvat Dalmau.

Todos estos personajes redactan una carta colectiva dirigida a Juan Antonio Ortiz García, director general del Instituto de Crédito, comunicándole que todas las acciones de Matesa han sido cedidas a la Administración Pública. La carta se hace acompañar de las órdenes de venta y una lista firmada de los bienes de Matesa fuera de España, aunque se advierte que dicha lista deberá completarse con el tiempo. También se adjunta una larga lista con las participaciones de Matesa en sociedades españolas, así como las patentes que posee. La cesión se realizaba en garantía de los créditos del BCI, que vencían escalonadamente hasta 1976.

A partir de aquí, ya la bola de nieve desciende por la pendiente sin control. Dos días después de esta junta, Espinosa San Martín le ordena a Víctor de Castro que ponga todos los hechos que ha averiguado la Dirección General de Aduanas en manos del Juzgado de Delitos Monetarios.

En ese momento, el tema no es de conocimiento público. El día 21 de julio hubo Consejo de Ministros, y en los cenáculos enterados se dice que Matesa ha estado en el orden del día. En las dictaduras, las filtraciones se producen por los lugares más insospechados. La primera del caso Matesa, por ello, llegará por una fuente abracadabrante: la revista Garbo. Sí, las primeras enteradas del mojo fueron las señoras en las peluquerías. En dicha revista se informa de que hay una importante industria exportadora en dificultades que, de no superarlas, pondría en graves dificultades a un banco “no privado”. El 24 de julio, una semana después de haber recibido la documentación, el juez de Delitos Monetarios inicia sus actuaciones contra Matesa. Extrañamente, sin embargo, cuatro días después, probablemente a causa de la inercia de la Administración Pública, a la que no le queda otra que dar cumplimiento a los acuerdos ya tomados, Matesa, empresa que como veis en ese momento estaba ya en la picota judicial, recibió un crédito público de 250 millones de pesetas.

El 29 de julio, en Barcelona, el Noticiero Universal se atreve a publicar que está a punto de estallar “el fallido fraudulento más importante de la historia económica de nuestro país”; pero no se atreve a ir más allá, porque serían palabras mayores. Para entonces, Matesa tiene un pasivo contra el BCI que supera ligeramente los 10.000 millones de pesetas. El 1 de agosto de 1969, el juez de Delitos Monetarios todavía no se ha ido de vacaciones, y decreta la prisión domiciliaria de Juan Vila Reyes, en su casa de San Vicente de Montalt. No lo manda al maco porque está convaleciente de una operación; es decir, Vila Reyes, de momento, se hace un Griñán.

El 3 de agosto, la filiación de Matesa está ya en la prensa. Un semanario, Desarrollo, habla de una manera un tanto críptica de “desfases de tesorería que han provocado un estado de insolvencia”. Ante la necesidad de devolver créditos para los que no tenía circulante, explica la publicación, la empresa ha comenzado a exportar telares inútiles para las funciones para las que son precisos. Días después, ya en un ambiente de apelación generalizada de la Prensa en el sentido de que debe darse más información de la que se estaba dando, en Barcelona los medios afloran una veta colateral de la mina: la información deportiva. El RCD Español, que Vila ha presidido, está, dicen las noticias, en una situación económica asfixiante, con unas deudas de 182 millones, de los cuales 60 vencen sólo en la temporada siguiente; 70 de estos millones, se dice, han sido prestados directamente por Vila Reyes.

El 8 de agosto es el día en el que buena parte de la rumorología se convierte, ya, en palabra impresa. Esto quiere decir que es el día en el que comienza uno de los procesos más interesantes del caso Matesa, que es la definición de las dos capas geológicas franquistas que colisionaron en aquella falla: los restos del antiguo falangismo doctrinal que resistieron a décadas de disolución homeopática en el partido único; y la tecnocracia económica, habitualmente identificada con el Opus Dei, aunque esta correlación fue menos estricta de lo que parece. Así, el Correo Catalán, ya consciente de que el problema de Matesa estaba en las filiales extranjeras y siempre con un ojo puesto en la alta burguesía empresarial local, escribía que, si Matesa había creado su extraña red de filiales un tanto opacas, ello había sido “para superar todos los problemas político-fiscales que las administraciones oponían”. Este argumento liberal nos lo volveremos a encontrar, expresado de forma mucho más cruda, cuando lleguemos a la carta abierta del propio Vila Reyes. Esta coincidencia argumental hace pensar que el cronista de El Correo Catalán estaba animado, si no por el propio Vila Reyes o alguien de su círculo, desde luego por algún miembro del gotha empresarial catalán. En un ámbito menos oficialista, por así decirlo, Tele/eXpress, el primer diario de iniciativa privada lanzado en Cataluña tras la guerra civil, habla del rumor de que el INI (el Instituto Nacional de Industria o, si lo preferís, la corporación estatal de empresas públicas) o algún otro brazo estatal acabe rescatando a Matesa “sin que se rompan los platos que se tienen que romper”.

Con fecha 8 de agosto, además, el juez ordena el registro de las oficinas de Matesa. Trillo y Zabala, los hombres que habían sido nombrados para controlar Matesa desde dentro para la Administración, dimiten.

El 9 de agosto, Matesa era ya el tema fundamental de la Prensa en aquellos días de canícula. Esto hace que algunos de los principales actores de la pelea escrita sobre este tema salten al ring. Es el caso del entonces diario SP, de fuerte identificación falangista, que en ese momento salta como una pantera contra los que, dice, están intentando endosarle el escándalo Matesa a la banca oficial. 

En España, defender la banca pública, esto es algo que deberían de saber, sobre todo, los alegres jovenzanos que creen hoy en esa estrategia desde posiciones de izquierdas, no es otra cosa que falangismo reciclado. A los falangistas de verdad, la banca privada les daba asco, y la banca pública, como la Prensa pública y los sindicatos públicos, formaba parte de su montaje. Por ello, desde un primer momento, los sectores más azules dentro del compendio de señores azules que se decía que era el franquismo (y el propio franquismo lo decía de sí mismo) comenzaron a pensar en un modelo interpretativo que se basaba en considerar que un determinado capitalismo salvaje de amiguetes llamado Matesa había creado el agujero negro, que ahora se le quería endosar, en términos de responsabilidad, al inocente instrumento que estos ladrones habían usado para sus tropelías (el Banco de Crédito Industrial). Como puede verse, la teórica sostenida hace ahora medio siglo por el falangismo irredento se podría haber construido con retales de discursos de Pablo Iglesias y editoriales de Ignacio Escolar.

Por ahí marchó SP efectivamente. De forma incluso menos taimada, uno de los periódicos más cerradamente falangistas del momento, El Alcázar, en ese mismo día publica un suelto en el que insinúa que “algunos puestos directivos de Matesa están desempeñados por miembros influyentes del Opus Dei”. Este suelto provocó una nota de prensa con desmentido categórico de la Oficina de Información del Opus Dei en España; una organización religiosa que, al parecer, estaba tan puntualmente informada de lo que hacían todos sus miembros que podía realizar desmentidos así en apenas unas horas.

Europa Press, el 10 de agosto, informa a los españoles de que el tema está judicializado, y nada menos que en el Juzgado de Delitos Monetarios. Pyresa, que era como la segunda cadena de las agencias de prensa del Estado (la primera era, y es, la EFE), publicó la noticia de que el “ex presidente del RCD Español, Juan Vila Reyes”, estaba detenido; información ampliada con el dato de que su hermano político Manuel Salvat Dalmau y su hermano Fernando Vila Reyes estaban ya en Carabanchel.

El BCI estaba para entonces muy presionado por la opinión pública. Ángel Gregori Malet, vicepresidente de la entidad, trata de apaciguar las aguas con el consabido “estamos esperando una respuesta oficial en unos días” que se hace cuando se quiere ganar tiempo. Por su parte, la Prensa de identificación más joseantoniana comienza a colocar el tema en los terrenos del debate que siempre recomendaba Josef Göbels: trata de reducir las cosas a argumentos muy sencillos, que parezca que caen por su propio peso. Así las cosas, los comentaristas plumillas, que no son sino eso que hoy se llama tertuliano, comienzan a preguntarse cómo es posible que una empresa de 600 millones de capital social reciba 10.000 millones en créditos. O sea, muestran un desconocimiento supino del funcionamiento de la economía; pero, por el camino, denuncian una asimetría que parece “demostrarlo todo”.

El día 11, Informaciones, uno de los periódicos más aseados del franquismo, aunque tampoco tanto como para que le volasen la sede por los aires, comienza a ponerse nervioso: hay tres personas en el maco, muchas informaciones de Prensa de las cuales sólo una ha sido desmentida (y por el Opus Dei); los organismos oficiales callan como Taylor Swift en un concierto de polifonía renacentista y, mientras tanto, arrecian los rumores de conexiones entre los gestores de Matesa y “un grupo apostólico religioso” (Informaciones, claramente, no quiere recibir desmentidos; así pues, en una técnica muy del franquismo, no escribe “pato”, sino, “ave con pico que hace cuacuá”; la cita, en todo caso, demuestra que Informaciones, de teología, no estaba bien. Pues, de lo contrario, ¿qué podría ser un grupo apostólico no religioso?). El periódico, sobre todo, está alarmado de que “se haya hablado de diez u once mil millones de pesetas, y nadie lo haya desmentido”. No es para menos.

Esta opacidad hace que incluso quienes horas antes defendían al BCI pierdan pie. SP, por ejemplo, como si hubiese leído la opinión de Informaciones antes de ser publicada, aboga por la transparencia, y afirma que es “opinión unánime” que el BCI debería decir algo.

En una polémica colateral, provocada por un comentario bastante furibundo de El Noticiero Universal, elementos de la Prensa radicados en Navarra o afines a dicha capital se lanzan a la defensa de los fueros navarros. Uno de los argumentos esgrimidos por los críticos es que Matesa se creó en Pamplona para aprovechar el buen régimen societario foral (lo cual es verdad). Ahora, los medios navarros aducen que ése no es el centro del problema (lo cual también es verdad).

Pueblo es el órgano de los sindicatos franquistas y, por ello mismo, en realidad es menos falangista de lo que parece. El primer teatro que escogió el falangismo que, más que ser antifranquista, se creía más que Franco, para desplegar su estrategia fascista de toma del Estado, fueron los sindicatos. Hablamos de la época de Gregorio Salvador Merino, uno de esos tipos que el hecho de que alguien que te perora sobre el franquismo no conozca ya te dice que tu interlocutor no tiene ni puta idea de lo que te está hablando (muy especialmente si moteja a Franco de “fascista”). Los tiempos del esforzado falangista caído en desgracia, sin embargo, quedaban muy lejos en el tiempo, y el sindicalismo se había hecho progresivamente franquista más que otra cosa. Así pues, que este periódico comente que “algunos parecen estar aprovechando el escándalo Matesa para apuntar a objetivos que parecen desorbitados”, no debe sorprender a nadie. Es, de alguna manera, el primer síntoma de que al franquismo le está empezando a preocupar que no sepa realizar una voladura controlada de ese artefacto explosivo.