jueves, junio 30, 2011

Franco y el poder (5: a lo tonto, a lo tonto, voy y me lo monto)

Tras el 1 de abril de 1939 y el final de la guerra, el general Francisco Franco, máximo urdidor de la estrategia que lo ha llevado a ser la cabeza indiscutible de un Nuevo Estado que apenas tres años antes tenía candidatos mucho más netos, no sólo no hace el menor gesto de considerar su jefatura provisional y, consecuentemente, consumida tras la victoria, sino que se mueve rápido para quedarse aún más solo. De alguna manera, el 31 de marzo de 1939 todavía puede haber algún incauto analista en el bando nacional que piense que Franco aceptará ser un dictator a la romana, esto es una persona dotada de un imperium especial para ganar una guerra, pero carente de la auctoritas de un gobernante en tiempos de paz. Lejos de ello, sin embargo, la paz será el gran beneficio de Franco; y el chantaje de su pretendida fragilidad, su gran aval.

Franco se queda solo; y lo hace, además, aprovechando las primeras semanas de la paz, cuando sabe que nada le va a ser cuestionado. El 19 de julio, por ejemplo, cesa al general Queipo de Llano como capitán general de Sevilla, fulminantemente sustituido por Saliquet. El franquismo oficial quiso atribuir dicho movimiento a un comentario despectivo de Queipo con motivo de la concesión de la Laureada a la ciudad de Valladolid, en el sentido de que Sevilla la merecía más (comentario con el que, si cierto, coindido plenamente). Sin embargo, más allá de interpretaciones más o menos torticeras, resulta difícil no sostener que este movimiento por parte de Franco tiene como objetivo eliminar del ámbito del poder a un militar con criterio propio, notable carisma en su capitanía general, habilidades de las que él carece (la famosa capacidad comunicativa radiofónica de Queipo), y, además, veleidades republicanas; haciendo uso de una tradición que se ha mantenido con la democracia, Queipo fue exiliado a la embajada en Roma.

Hay que tener en cuenta, además, que un cese que Franco no podía realizar era el del cardenal Segura, titular de la diócesis sevillana y sacerdote que le profesaba una hostilidad manifiesta, lo que abría, siquiera teóricamente, las posibilidades de una entente entre la espada y el cirio en Sevilla que acabase por ponerle las cosas difíciles al general. Sevilla nunca fue plaza fácil para Franco; en realidad, si nos paramos a pensarlo, Sevilla ha sido plaza difícil para casi cualquier gobernante, hasta el día, claro, en que dicho gobernante resultó ser de Sevilla.

El segundo movimiento de Franco es reestructurar el gobierno creado en plena guerra y que, por mucho que la propaganda oficial dijese lo contrario durante el enfrentamiento, se podía considerar que todavía tenía la vitola de ejecutivo provisional ligado a los movimientos de Estado Mayor. Hacía falta un gobierno como tal, un gobierno de la paz, que si bien estuviese (como lo estuvieron los gobiernos y la administración de Franco en general) trufado de militares, sustantivase la realidad de una normalización política.

En principio, pues, es algo que tiene su razón de ser, porque un gobierno en guerra no es un gobierno en paz. Pero, en realidad, el cambio, más que para adaptarse a las nuevas circunstancias, se hizo para quitarse de enmedio a un conspicuo representante monárquico, Pedro Sáinz Rodríguez. Parece ser que Rodríguez le puso el cese a huevo a Franco con un comentario totalmente fuera de lugar, relativo a la voz de pito del general; cuando Carmencita, la vástaga del gallego, comenzó a hablar, diría el ministro: «esta niña ha sacado la misma voz que su padre». Pero, una vez más, corredurías de lengua aparte, el cese de Sáenz Rodríguez, esto es, el apartamiento del suelo monárquico, es la gran idea-fuerza de este gobierno, junto con el deseo de Franco de rodearse de su entourage personal. Entra en el gobierno Yagüe, retribuido así por haber sido un franquista de primerísima hora, desde los tiempos de la toma de Cáceres (sustituido poco después por Vigón, de igual perfil); toma poder Serrano; y entra Esteban Bilbao, el cordón umbilical de Franco con el tradicionalismo, que luego será presidente de las Cortes y, con los años, fino ariete contra las intenciones del falangismo.

Eso sí, el primer gobierno de Franco ya es una expresión de algo sobre lo que escribiremos hasta la saciedad en esta serie, y que es el problema fundamental del franquismo: el difícil equilibrio entre las tendencias, o familias, del régimen. En ese Ejecutivo, de hecho, Franco mezcla el agua y el aceite en la persona de José Larraz, ministro de Hacienda, y el propio Serrano.

Si a alguien le pudieran quedar dudas de las intenciones de Franco de quedarse en El Pardo, la ley de 9 de agosto de 1939 lo dejó bien claro. Recomiendo encarecidamente a mis lectores que la lean. En ella se practica un doble lenguaje muy curioso. En el preámbulo, por ejemplo, nos encontramos con la justificación de la ley, que es sencilla: terminada la guerra, es lógico reorganizar la administración de guerra para hacerla una administración como es debido; en la cual administración, se añade, se hace necesaria «una acción más directa y personal del Jefe del Estado». Pero en el mismo texto se dice que se creará un Alto Estado Mayor que estará «a las órdenes directas del Generalísimo». Franco, por lo tanto, es un máximo jefe militar en los minutos impares, y el jefe civil de un gobierno civil en los pares, según le va petando. Y todo se hace para llegar, tacita a tacita, al artículo séptimo, donde se abroga el Jefe del Estado la potestad «de dictar las normas jurídicas de carácter general», así como de radicar en su persona «de modo permanente las funciones de gobierno». Las disposiciones dictadas por Franco, «adopten la forma de leyes o decretos» (una forma elegante de escribir: me cago y me meo en el derecho constitucional, el contencioso-administrativo y la madre que los parió) podrán ser aprobadas incluso sin deliberación del Consejo de Ministros cuando razones de urgencia así lo aconsejen (obviamente, no se explica quién es el responsable de dirimir si esas razones de urgencia se dan, con lo cual, por la vía de la práctica, Franco se convierte en juez y parte del proceso). Esta ley viene firmada por Francisco Franco, a secas. Ni cargo, ni Cristo que lo fundó. A partir de ahí, ya sólo los muy disléxicos podrían darse por no enterados de que España se había convertido en una dictadura personal.

Esta ley, a mi modo de ver no demasiado citada, es una importante expresión del pensamiento de Franco, según el cual la debilidad de una dictadura es mostrar su disposición a acabarse. Ya en 1939, por lo tanto, el general Franco pensaba encabezar el Estado español hasta el último aliento; y lo cumplió. Para desgracia de España, Franco no era Sila.

Exactamente el día antes de que el BOE sancionase la posesión de poderes políticos casi ilimitados por la persona de Franco, el 8 de agosto, al régimen se le abrió una pequeña vía de agua. El cardenal José Gomá, en su condición de primado de España y consciente de tener ante sí una nación rota por una guerra civil de tres años, publica una carta pastoral en la que, entre otras cosas, reclama el derecho de los católicos a participar como tales (esto es, no como franquistas) en el poder temporal. De alguna manera, pues, la jerarquía católica venía a reclamar su parte en el botín político de la victoria, quizá soñando con los tiempos en los que la Alianza Nacional era un partido confesional de amplísimo espectro. Aunque leyendo la pastoral, más parece que la intención del purpurado era reconocer a los propagandistas católicos una especie de estatus de Guardianes de la Revolución, al estilo iraní, pero con palios y buenas palabras.

Franco, ni corto ni perezoso, prohibió la difusión de la pastoral. No le importó ni poco ni mucho deberle a Gomá el gran favor de la pastoral colectiva durante la guerra; España no se enteró de aquellas ponderadas palabras del prelado, excepción hecha de los lectores del boletín de la diócesis toledana, el único periódico sobre el que Gomá tenía mando directo y que, claro, se saltó la censura.

Por su parte Serrano Súñer, jefe de la diplomacia franquista, trabajó mucho ese verano enfriando el reactor nuclear monárquico que bullía en la cabeza de Mussolini. A base de echar toneladas de agua fría, para finales de agosto el Duce ya estaba razonablemente convencido de que restaurar la monarquía a corto plazo en España no era buena idea, y por mucho que el principal militar monárquico, Ramón Kindelán, poco menos que se fue a vivir a Roma para comerle la oreja a los fascistas, nada consiguió.

Con todo, el principal problema de Franco, y él lo sabía bien, era la economía. La gente, cuando vive mal, no entiende de ideologías ni de fidelidades, y apoya lo que haga falta que le llene el estómago; la indignación está inventada desde la antigua Grecia, y la demagogia frente a la misma la inventaron ya los Gracos.

En 1939, Franco tenía un país descojonado, falto de infraestructuras, no exactamente implicado en una guerra mundial pero tampoco apóstol de la paz. Esto, aparte de cosas que son bien conocidas como la entrevista de Hendaya y todo eso, tiene que ver con el hecho de que la ya de por sí difícil reconstrucción de España se hizo todavía más difícil en un entorno en el que proveedores necesarios para nosotros, tales como Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos, estaban de canto.

El embajador USA Carlton Hayes ha dejado escrito que la estrategia de Roosevelt frente a Franco consistió básicamente en darle acceso aproximadamente al 60% del combustible que necesitaba el país, para así tenerlo siempre con la lengua fuera y pidiendo árnica. Si no miente el diplomático, así fue como este embajador y el siempre laberíntico Sam Hoare, por Reino Unido, consiguieron que España comenzase a sisarle wolframio y otras cosas a Alemania. La gran ilusión de los republicanos exiliados, por todo ello, era que la economía española colapsara, porque sabían que eso podría acabar con Franco mucho más que las ideas prodemocráticas del mundo occidental (que son de quita y pon cuando interesa; véase, sin ir más lejos, el caso de las muertes musulmanas de primera -libios- y de segunda -sirios).

El problema económico era muy grave, y Franco tenía voces diferentes para escuchar. Larraz, el gran economista franquista, podría bien haber sido director del Fondo Monetario Internacional de su época. Por su parte, estaban los falangistas, con su sedicente líder Serrano Súñer, que jugaban descaradamente la baza de un estado nacionalsindicalista. En el punto medio se situó Franco, solucionando las cosas como un militar puro y duro: imponiendo la autarquía.

Piénsese bien. Así es como reacciona un militar. La obsesión de los ejércitos es ser autosuficientes; por esta razón tienen de todo. Tienen cocinas, hornos de pan, talleres de reparación, depósitos de componentes, lo que haga falta. Un ejército no puede parar la guerra porque no han llegado unas piezas que tienen que venir desde Alemania. Los ejércitos se abastecen a sí mismos y no necesitan de nadie; los medievales y renacentistas, por llevar, hasta llevaban los burdeles en su seno. Dado que Franco siempre pensó que España no se diferenciaba en nada del patio de un cuartel, pensó que la solución al problema económico era ése: concebir el país entero como una mostruosa brigada mixta que sería capaz de producir por sí sola todo lo que consumiese. Una idea delirante que en la Historia reciente de Europa sólo han tenido dos estadistas: el propio Franco y Enver Hoxa, el marxistodictador de Albania. A ambos les salió de puta angustia.

La teoría de la autarquía tuvo un gran defensor: el ingeniero naval militar José Antonio Suances, marqués de Suances. Dicen que Suances tenía un predicamento con el caudillo que pocos tenían; cierta vez , al parecer, hablando de la situación económica, se permitió el lujo de bromear sobre los discursos de Franco preguntándole: «Excelencia, si estamos tan bien... ¿por qué estamos tan mal?».

Suances fue ministro de Industria ya en el gobierno bélico del 38, y repitió después. Pero, sobre todo, creó el Instituto Nacional de Industria, corporación industrial pública que estaba llamada a garantizar la autosuficiencia productora de España; empresa en la que estuvieron enclavadas, en diferentes épocas, empresas como diversos astilleros, la minera Hunosa, Endesa, Trasmediterránea, Elcano, Inespal, SEAT, Pegaso... En la práctica, con los años, el INI se convirtió en un vertedero de activos industriales tóxicos. Los grandes amigos del franquismo, una vez que veían que sus empresas se iban al garete, se las colocaban al Estado, que se convirtió en un gestor de ineficiencias. El INI se convirtió, pues, en un extraño panaché de activos industriales donde convivían reyes Midas del beneficio (como Endesa, o Inespal) con empresas condenadas a ser casi estructuralmente deficitarias, como los astilleros o las hulleras. A través del INI, en todo caso, el Estado franquista controlaba una parte nada desdeñable de la producción nacional, así como la gestión de algunos recursos estratégicos. Fue un proyecto tan importante que sobrevivió (con un tamaño respetablemente grande, se entiende; en puridad, el INI todavía existe) más de treinta años a la autarquía que lo creó.

En el marco de esta política autárquica, el franquismo también tuvo su vertiente social. Lo cual es lógico, teniendo en cuenta que una parte no desdeñable del franquismo era jonsista, y las JONS fueron en su inicio, en buena parte, una especie de invento fascista-obrerista. De hecho, el principal elemento del jonsismo con entrada en El Pardo, el pucelano José Antonio Girón de Velasco, fue nombrado ministro de Trabajo, tras lo cual generó un mercado laboral fuertemente intervenido, sin derechos, pero también extraordinariamente rígido, por el que, cosas de la vida, suspira hoy en día más de un sindicalista. La política de Girón es en buena parte responsable de lo difícil que ha sido, y sigue siendo, flexibilizar el despido en España (aunque también es la responsable de que los salarios en España tiendan a ser bajos en comparación con otros países).

El ministro falangista, por lo demás, practicaba una especie de socialismo impasible el ademán, estrecho e ignorante. En los años cincuenta, ante las protestas por los bajos salarios, decretó por la jeró una subida del 25% de una tacada, que todo lo que consiguió fue disparar la inflación y hacer, a la postre, a los obreros más pobres de lo que lo eran antes. En todo caso, justo es apuntar en el haber de Girón cosas como el seguro de enfermedad, los pluses familiares (los famosos puntos), los jurados de empresa y el subsidio de invalidez.

Y aquí dejamos, por el momento, al general Franco. Al borde de lo que podemos llamar, sin miedo a equivocarnos, su etapa fascista.