miércoles, agosto 31, 2011

Franco y el poder (10: Johnny (Borbón) cogió su fusil)

En el proceloso mundo de las opiniones sobre el franquismo, donde proliferan los clarinetistas de oído, hay no pocos analistas, monárquicos por supuesto, que consideran que, en el fondo, todo lo que hizo Franco desde que fue designado Generalísimo de los ejércitos nacionales, lo hizo para sacarse de encima el pecado original de haber llegado a tal posición gracias al apoyo de los generales dinásticos; es decir, gracias a la idea, engendrada pero no creada, de que el general se comprometía, de alguna manera, a limitarse a ser agente para el regreso borbónico. Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy bastante, por no decir muy de acuerdo, con este punto de vista coronado.

Mi tesis, creo que ya la he dejado evidente en pasados párrafos de esta historia, es que Franco decidió ser el autócrata de España desde el primer momento; nunca pensó ni en devolverle la jefatura del Estado a un miembro de la Familia Real, ni en entregarle el país a Falange, ni en convertir España en una especie de teocracia siglo XX. Franco era sólo levemente monárquico, no-falangista sin llegar (por supuesto) a ser antifalangista, y no suficientemente católico como para apoyar cualquiera de estas iniciativas. Franco era, por encima de todo, franquista. En 1940, además, comenzaba a dejarse llevar por ese sentimiento que acaba embargando al responsable político, dictatorial o democrático, que pasa demasiado tiempo en el poder: la idea de lo mucho que el pueblo español le debía. En su idea, él había sacado a España del marasmo, la había librado de convertirse en una dictadura comunista, y ahora estaba en el camino de llevarla por la senda de la prosperidad y el bienestar (no por casualidad, en cuanto pudo, le regaló a los españoles un litrito de aceite de oliva por Navidad). España se lo debía todo a él, y más bien poco a los borbones; en lo primero se equivocaba, en lo segundo ya no tanto. Además, es muy probable que Franco, como buen español de derechas, veía en el generoso gesto de Alfonso XIII de quitarse de enmedio el 14 de abril del 31 un deje de traición, que destilaba, con los años, en inmerecimiento. Ciertamente, a los reyes se les suele echar, o ejecutar; no es normal que se vayan ellos; y en España había toda una corriente de opinión de derechas, que acabó casi en su totalidad atraída por el Lado Oscuro de la Fuerza Falangista y de las JONS, que veía en el gesto de Alfonso XIII el temblor de los cobardes. Jamás republicano exiliado alguno pudo escribir páginas más despreciativamente críticas hacia la figura del Borbón como las que escribieron más de una y más de dos plumas falangistas.

Franco, pues, se apresuraría a declarar la naturaleza de España como reino pero, al mismo tiempo, dejaría a propósito libre la silla del rey hasta que el Parkinson y el Foreign Office, a partes iguales, le presionasen para designar a un Borbón que él creía criado a sus pechos, atado y bien atado, bla.

El objetivo de Franco, from the scratch to the last second, fue perpetuar el franquismo, y estaba dispuesto a enfrentarse con todo aquél que tratase de borrar esta primera línea del programa del poder.

Al inicio, no lo tenía difícil. Los monárquicos, para empezar, eran carlistas o alfonsinos; pero es que, dentro de éstos, los había partidarios del viejo rey y los que lo eran de su hijo, el experto marinero Juan de Borbón. El 15 de enero de 1941, Alfonso XIII resolvió este problema renunciando a sus derechos dinásticos (gesto postrero, pues moriría poco más de un mes después), lo cual dio alas a los monárquicos para empezar a montar su bulla. Desde mediados del año anterior, en todo caso, Eugenio Vegas Latapié ya estaba intentando articular un lobby monárquico dentro del franquismo, de momento con escaso éxito.

En realidad, el gran problema de Franco frente a la monarquía se produce a partir de 1942; paradójicamente, el momento en el que su victoria frente a Falange es total. En 1942, en palabras de Churchill, giran los goznes de la Historia y la suerte de la segunda guerra mundial comienza a cambiar de color. Los fascistas van perdiendo, y el franquismo se queda un poco con el culo al aire. Este hecho no pasa desapercibido para muchísimos miembros de la cúpula militar (que, no nos cansaremos de repetirlo, fue siempre el verdadero aval de Franco para permanecer en el poder), que amibicionan una normalización política (que no democrática) bajo el paraguas de un Borbón presentable que mantenga a los hijoputas exiliados, se declare católico, opustólico, romántico y lo que haga falta, pase no menos de 10 horas diarias vestido de militar y crea en la democracia orgánica.

En esa situación, la opción de Franco es la de muchos gallegos: dejar hacer. Ante sus ojos casi inanes, permite el desarrollo del enfrentamiento esencial existente entre Falange (aunque ya debiéramos hablar, para ser más fieles a la realidad, de FET y de las JONS) y los monárquicos o, si se prefiere, germanófilos contra aliadófilos conservadores al estilo Churchill. Ya hemos visto que las dos facciones se han visto las caras en 1942 en Begoña. En junio de 1943, en desarrollo de este conflicto básico, 27 procuradores de las Cortes recientemente creadas por Franco para parecer una democracia firman un papel solicitando la vuelta de la monarquía. El 8 de septiembre, Franco recibe una carta que le dice: «Quisiéramos que el acierto que entonces nos acompañó [se refiere a la designación de Franco en el 36] no nos abandonara hoy al preguntar con lealtad, respeto y afecto a nuestro Generalísimo, si no estima como nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen estatal, que refuerce el actual con aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la forma monárquica. Parece llegada la ocasión de no demorar más el retorno de aquello modos de gobierno genuinamente españoles que hicieron la grandeza de nuestra patria». Al pie de la carta firman los generales Orgaz, Dávila, Varela, Solchaga, Kindelán, Saliquet, Monasterio y Ponte.

Léase el párrafo con atención. Los generales se dirigen a Franco, en 1943, con el cargo recibido siete años antes para ganar una guerra que, entonces, hacía cuatro años que había terminado. Desde que fue Generalísimo, Franco fue varias cosas, la más importante de ellas, jefe del Estado. Pero los militares eluden apelarlo de tal en la misiva, lo cual emite el claro mensaje de que no consideran que dicho apelativo deba serle aplicable al ferrolano. Por lo demás, bien leída, la carta tiene sus toques, que diría Ned Flanders, subversivitos; pues si dice que España, con monarquía, se beneficiaría de aportaciones hacia la unidad, la tradición y el prestigio, por lógica parda está diciendo que, en el momento presente, el régimen tiene déficit de estas cosas. Es evidente, por lo demás, que un grupo de generales del ejército español que ganó la guerra civil, cuando hablan de falta de unidad en su España, no pueden estarse refiriendo a los republicanos exiliados, sino a la propia argamasa del régimen. Con todo el respeto y el afecto que quieran, estos generales, en su carta colectiva, están acusando a Franco de no ser capaz de aglutinar debidamente la morterada de la nueva España.

Con esta carta, pues, la monarquía juega sus cartas, que son dos: una (mal que le pese a los monárquicos contemporáneos), apostar por una monarquía que, en las formas y en las libertades, no haría sino continuar el franquismo; eso de que los Borbones han sido demócratas durante todo el siglo XX es afirmación bastante discutible. Y dos, apelar al hecho de que Franco es incapaz de unir al país, que dicha unidad sólo puede realizarse bajo el paraguas dinástico; estrategia, ésta última que acabará por triunfar en 1969 con la designación de Juan Carlos de Borbón, y en 1975 con la llamada Transición.

Franco, como dije, deja hacer. De la misma manera que hace para que el español medio ni se entere de la carta, deja que la misma se conozca en los despachos donde puede despertar nervios, es decir los de la nomenklatura falangista. Y no hace más, porque no le hace falta. Una cosa que los clarinetistas de oído suelen olvidar, a veces por interés a veces por simple y pura estulticia, es que cuando menos durante toda la década de los cuarenta, y yo diría que buena parte de los cincuenta, Francisco Franco podría haberse presentado a cualesquiera elecciones que le hubiese dado la gana: las habría ganado de calle. España estaba con Franco; esos españoles nostálgicos de un régimen de libertades y bla de las series de la TVE son, nunca mejor dicho, personajes de ficción. En el momento en que el general no hizo movimiento alguno tras la carta, ésta, como en las pelis de espías, se autodestruyó. Porque Franco, en 1943, tenía el mango, y el cazo, bien controlados.

Cuando la guerra entra en sus últimas boqueadas, ya la cosa cambia. Juan de Borbón, un personaje al que le cabe sospechar tantas buenas intenciones como ambición malsana, sale de la cueva suiza cuando ya tiene claro que Hitler va a palmar y lanza su famoso manifiesto de Lausana, donde acusa al régimen franquista de ser «contrario al carácter y tradición de nuestro pueblo», exige a Franco que reconozca el fracaso de su solución totalitaria para España y pide paso para la monarquía; único régimen, dice, capaz de garantizar «la religión, el orden y la libertad». Ojo con el orden de la enumeración, que no es baladí.

El manifiesto de Lausana tiene de demócrata lo que Iker Casillas de culé. Es un quítate tú que me pongo yo de carácter básicamente continuista. Será el fracaso de dicho manifiesto, de hecho, el que moverá a Juan de Borbón a hacer caso a Gil-Robles, y jugar la baza del acercamiento de las izquierdas en el exilio; acercamiento sobre el que Indalecio Prieto acabará por derramar amargas palabras porque, la verdad, los de Estoril le hicieron un trile de narices.

Franco reacciona ante este manifiesto mediante una ofensiva jurídica tendente a retacar la fachada del régimen y así hacerlo parecer como un régimen respetable, en modo alguno provisional, y alejado de la idea del totalitarismo (paréntesis para clarinetistas: totalitarismo y dictadura no son palabras sinónimas). En junio de 1945, en 48 horas, las Cortes aprueban el Fuero de los Españoles. Es la primera vez que, jurídicamente, el franquismo otorga derechos a sus ciudadanos; aunque bien es verdad que, como dichos derechos nunca quedaron propiamente desarrollados en leyes, fueron más fachada que otra cosa.

El 17, también de junio, ante el Consejo Nacional de FET y de las JONS, Franco pronuncia un discurso en el que asevera que, cuando llegue el momento, no habrá otra salida para España que volver a ser una monarquía. El 20 de julio, crisis de gobierno. Alberto Martín Artajo, orco creado en la sala de máquinas del propagandismo católico de Ángel Herrera, es nombrado ministro de Asuntos Exteriores; un nombramiento que tiene el rabillo del ojo puesto en lo que está pasando en media Europa, donde partidos y políticos de inspiración demócrata cristiana están llegando al poder. La presencia falangista queda reducida a su mínimo común divisor (Girón y Fernández Cuesta).

El 11 de septiembre de 1945, el saludo fascista queda derogado en España.

A pesar de sus intentos, Franco no logra contener la hemorragia. En febrero de 1946, 500 personalidades firman un manifiesto a favor de la monarquía; firmantes del mismo son los dos grandes mamporreros de la designación de Franco como Generalísimo: Kindelán y Yanguas Messía. Además, el nombramiento de Artajo no impide la deriva antifranquista del exterior, que hace vivir sus mejores momentos a los republicanos en el exilio. En junio de 1945, la conferencia de San Francisco proscribe a la España franquista. El 21 de noviembre de 1946, la Casa Blanca llama a casita a Norman Armour, embajador en Madrid. Francia cierra la frontera. El 9 de diciembre, todos estos movimientos provocan la primera demostración espontánea de adhesión al franquismo de la plaza de Oriente; la de la famosa pancarta Si ellos tienen UNO, nosotros tenemos dos.

En realidad, aquella manifestación de adhesión inquebrantable no era más que un primer paso. El segundo era el referéndum.

Los referéndums molan. Es dificilísimo, incluso en condiciones democráticas, convocar una consulta popular, y perderla. Además, ya lo he dicho y lo repito, en 1947, Franco no podía perder una consulta popular, porque gozaba de un aplastante apoyo social e, ítem más, los pocos que no le apoyaban no podían acercarse a menos de 1.000 kilómetros de la urna. Someter la Ley de Sucesión a referéndum supondría obtener, definitivamente, el aval para la condición de Franco como Jefe del Estado; su estatus dejaría de ser, digámoslo zapaterilmente, discutido y discutible. Por lo demás, la nueva ley dilataba ad calendas graecas la designación de sucesor; que es justo lo que Franco quería, pues antes se habría arrancado los dedos de los pies a mordiscos que entregarle la jefatura del Estado al autor del manifiesto de Lausana.

Esteban Bilbao, el carlista entendido el leyes, le preparó la Ley de Sucesión, que ya tenía lista en la primavera del 47. Carrero Blanco se va a Estoril a consultar con Juan de Borbón el texto, aunque en realidad poco menos que se lo deja en la esquina de una mesa antes de salir de najas del lugar. Juan de Borbón, encabronado, responde con un manifiesto el 9 de abril, cuya redacción, la verdad, debió aconsejársela algún enemigo infiltrado, porque no tiene desperdicio. El 6 de junio, los españolitos fueron a votar; fueron incluso los que no fueron, y la consulta se ganó con un 93% de síes. El 7% restante era eso que los cinemáticos llaman un rozamiento despreciable.

España se había convertido en un reino sin rey. Non plus ultra.