sábado, septiembre 03, 2011

Franco y el poder (12: el gallinero se revoluciona)

En mayo de 1956 queda claro el dominio falangista sobre el diseño de lo que tendría que ser el orden constitucional franquista. El 17 de aquel mes, la Junta Política del partido, presidida por el propio Franco, acordó la formación de la ponencia que redactaría esas leyes. La ponencia tenía dos representantes del Gobierno de corte claramente no falangista: el almirante Carrero y el ministro tradicionalista de Justicia Antonio Iturmendi. Pero, más allá, por el Consejo Nacional fueron designado Tomás Gistau Mazzantini y Luis González Vicent; Raimundo Fermández Cuesta y Rafael Sánchez Mazas por la propia Junta Política; dos representantes de la Secretaría General del Movimiento (Diego Salas Pombo y Joaquín Reguera Sevilla); y, por último, representando al think tank franquista, el Instituto de Estudios Políticos, Javier Conde y Emilio Lamo de Espinosa. Todas estas personas trabajarían, además, sobre un texto de ley del gobierno preparado en noviembre del 55 por una ponencia presidida por Jorge Jordana de Pozas y donde estaban Antonio Castro Villacañas, Mario Hernández Sánchez-Barba, Manuel Galea, César García Sánchez y Gabriel Elorriaga.

Además, Luis González Vicent, conspicuo miembro del ala más «auténtica» del falangismo, presentó por su cuenta un documento de bases en que atribuía al Consejo Nacional de FET y de las JONS la propuesta de candidatos a Jefe del Estado, posteriormente votado por plebiscito. El jefe del Estado debería, además, consultar con el Consejo Nacional la disolución de las Cortes.

Lo que se estaba ventilando en estas discusiones era la articulación jurídica del Estado español. Algo así como aceptar barco como animal acuático con la designación de Franco (pues Franco no había sido designado jefe del Estado por ninguna ley, sino por una votación producida al inicio de una guerra y, por lo tanto, de carácter militar), pero estructurar cómo, a partir de ese momento, habría de estructurarse el mando en España. En términos muy gruesos, en este punto se enfrentaban los intereses: de los carlistas y monárquicos, interesados en que el Estado se conformase como una monarquía, puesto que España era un reino; de los falangistas, interesados en mantener en la España de la posguerra mundial, por mucho que abandonase las formas y convicciones fascistas, el regustillo fascista de un régimen dominado por el partido único; y el interés de los franquistas ni falangistas ni monárquicos (el principal núcleo de los cuales serán los tecnócratas), interesados en dibujar un Estado con estructuras homologables a escala internacional.

Como he dicho, el proceso de creación de las leyes constitucionales del franquismo estuvo, cuando menos inicialmente, dominado por Falange y Arrese. Éste encargó al Instituto de Estudios Políticos, y con ello al ticket Conde-Salas Pombo, la elaboración de los proyectos de ley; la ponencia creada en mayo tendría como función estudiarlos. En junio, estos juristas tuvieron listo ya un borrador de Ley Fundamental de los Principios del Movimiento Nacional, y el 7 de julio una Ley Orgánica del Movimiento Nacional. Estos borradores fueron retocados por el nuevo director del Instituto de Estudios Políticos y por el nuevo vicedirector, un prometedor político gallego llamado Manuel Fraga Iribarne.


La Ley de Principios, como su propio nombre indica, exponía los términos ideológicos y políticos que informaban el régimen franquista, que deberían permanecer inmanentes y sin discusión. Entre estos principios, el Movimiento Nacional, siguiendo la senda de elevada opinión que sobre sí mismos tienen siempre los políticos, y más aún los dictatoriales, se erguía en intermediario entre Estado y Sociedad, así como en intérprete exclusivo de las inquietudes y deseos de ésta. Se declaraba explícitamente abolido el sistema de partidos políticos. Tomaba, asimismo, de los célebres puntos de Falange la idea nuclear de una organización sindical que integrase todos los elementos de la actividad económica.

La Ley Orgánica del Movimiento, en estos borradores debidos sobre todo a Javier Conde, era la que articulaba todos los principios más en lo concreto, apostando claramente por una dominación del partido único, matizada durante Franco, y neta después. Así, desnudaba de funciones ejecutivas al jefe del Estado que sustituyese al Caudillo, convirtiendo al Consejo Nacional del Movimiento en el órgano básico del Estado. El Secretario General del Movimiento se convertía en miembro nato del Gobierno, con funciones para poder hacer el seguimiento y control de su labor. Además, el Consejo Nacional, al estar formado por consejeros natos, casi todos de ellos miembros o ex miembros de la estructura del partido; miembros designados por el jefe del Estado; y miembros electivos, todos ellos militantes del partido, quedaba conformado claramente como un órgano que siempre estaría bajo el control falangista.

El Consejo Nacional se convertía también, en aquel borrador, en una especie de tribunal de garantías o constitucional a la remanguillé, por cuanto se establecía que todos los proyectos de ley aprobados por las Cortes deberían ser remitidos al Consejo, el cual podría dictaminar su incompatibilidad con los principios del Movimiento y, consecuentemente, echarlos atrás. Este mecanismo funcionaba incluso para los decretos gubernamentales.

A estos dos borradores siguió un tercero, denominado Ley de Ordenación del Gobierno. Esta finalmente nonata LOG es, a mi modo de ver, aunque yo no soy jurista, la que verdaderamente puso los pelos como escarpias extramuros de Falange. Como no podía ser de otra manera tras haberse elaborado a LOMN, el Gobierno de España quedaba bajo la tutela, primero del Secretario General del Movimiento, colocado en el Consejo de Ministros a perpetuidad (de hecho, estas leyes preveían que sobreviviese a Franco), y segundo por el Consejo Nacional. El proyecto, además, regulaba la figura del jefe de Gobierno (inexistente en el franquismo hasta el nombramiento de Luis Carrero Blanco), supeditando tanto su nombramiento como su labor y sucesión a la consulta al criterio del Secretario General del Movimiento.

Durante el verano se produjeron movimientos cabe Franco, aunque no tuvieron, que yo sepa, un tono de enfrentamiento. Antonio Iturmendi, por ejemplo, le envió varias notas sobre los proyectos redactados (sobre alguno de los cuales había presentado enmienda a la totalidad en la ponencia); notas que no eran muy partidarias de los textos, pero los trataban con deferencia, y mostrando, simplemente, el temor de que terminasen por convertir al Movimiento en un ente estatificado y sin vida (que, dicho sea de paso, fue exacamente lo que pasó). Carrero también intervino, en términos parecidos. El 29 de septiembre, en el XX aniversario de la proclamación de Franco como jefe del Estado (falso aniversario, como hemos visto, porque, propiamente, Franco no fue designado jefe del Estado español el 29 de septiembre de 1936), José Luis Arrese anunció ante el Caudillo la remisión de los proyectos a las Cortes.

En dicho acto, por cierto, se produjo por parte de Franco uno de esos discursos plañideros a los que son tan aficionados políticos y gobernantes, en plan hay que ver cómo sufro siendo lo que soy. Rememorando los tiempos de la guerra, dijo: «En vano pretendí buscar en el campo de nuestros valores nacionales quien mejor pudiera asumir esta responsabilidad con mayores posibilidades de éxito, pero mis pobres argumentos se estrellaban contra la dialéctica firme de mis compañeros, a la que forzosamente había de entregarme. Así lo exigía en aquellos momentos la salud de la Patria. Sólo con la fe puesta en la santidad y razón de nuestra Cruzada, la confianza en la ayuda de Dios, que en ningún momento de mi vida me faltó, pude aceptar tan grave responsabilidad».

Aparte de ese tono tan estomagante de yo estoy aquí porque no tengo más remedio, el parrafito tiene la virtud, creo yo, de mostrar otro síntoma del franquismo y de Franco, cual es su habilidad, en verdad muy acendrada, a la hora de cambiar el pasado. En efecto, Franco dominaba como nadie el arte de hacerse aparecer a sí mismo como el jefe de acciones en las que había participado como uno más. En puridad, como sabemos bien, en la guerra civil Franco era un primus inter pares, y el proceso por el cual se llegó a la designación de un jefe militar único para las tropas no fue un proceso en modo alguno protagonizado por él. Sin embargo, igual que le vemos en 1937 celebrando como si tal cosa el primer aniversario de algo que en realidad no ocurrió (su designación como jefe del Estado), durante sus años de dictadura nos lo encontraremos leyendo párrafos como éste, en los que intenta hacernos creer que él estaba al frente de todo desde el minuto uno del golpe de Estado.

En todo caso, lo importante de aquel acto es el anuncio de Arrese; porque el hecho de que Franco no hablase en su discurso de los proyectos, y el mosqueo catalino que se cogieron tanto Carrero como Iturmendi, demostró que nadie que vistiese camisas policromadas estaba informado de ello. El 6 de octubre, los proyectos fueron enviados a los ministerios, y aquello fue la mundial. De los departamentos ministeriales llegaron enmiendas en cascada que pretendían cambiar hasta los pies de página.

En la sala de máquinas del franquismo comenzaron a moverse un montón de cosas. Laureano López-Rodó, entonces un brillante catedrático especialista en Derecho administrativo, elaboró un informe para Iturmendi que no tiene desperdicio, en el cual acusaba a los proyectos de Arrese de vulnerar la evanescente legislación constitucional ya existente (leyes de Sucesión, de Cortes y del Fuero de los Españoles), de atentar contra la sobernía del Estado, de someter al ejército a una doble jerarquía (al estilo de la Alemania nazi o la URSS) y, en general, de ser proyectos totalitarios.

Como he dicho, los franquistas no azules se pusieron en marcha. El 18 de diciembre, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Carrero Blanco, entregó una nota demoledora en la que, entre otras cosas, destacaba que los proyectos estaban hechos de tal manera que el Consejo Nacional, piedra angular del régimen en dichos textos, tendría siempre una mayoría controlada por el Secretario General, con lo que éste se convertiría en el hombre más poderoso de la nación. En esta última proposición se ve que Carrero conocía bien a Franco; sabía lo que tenía que escribir para darle por culo (que otro mandaría más que él). Cinco días más tarde, el propio Iturmendi presentaba su nota, que también tenía lo suyo. Aparte de barrer para la casa dinástica (destacando que los proyectos prácticamente borraban toda senda monárquica de la arquitectura del régimen), afirmaba que «el Estado ha de representar a la nación entera, es decir, a todos los españoles sin excepción, incluso a los que no están afiliados al Movimiento». Y redacta uno de los puntos fundamentales del fascismo como forma política al llamar la atención de que «si la representación política se confiere al Movimiento, entidad distinta del Estado, éste dejaría de ser representativo para convertirse en totalitario».

Más acerado fue, aún, Francisco Gómez de Llano, ministro de Hacienda, quien en su propio escrito dejaba esta perla, que levantó ronchas en la Secretaría General (las cursivas son mías): «Esta organización del Consejo Nacional y las facultades que a él se le confieren y las que se atribuye, en consecuencia, el Secretario del Partido [sic] (algunas en contradicción con la Ley del Consejo del Reino), constituyen una tan extraordinaria novedad en nuestro régimen político, que sólo puede encontrar (nos referimos a su estructuración) cierto parecido con los sistemas políticos de países que hoy carecen de las más mínimas libertades humanas, como ocurre en la Europa situada más allá del Telón de Acero

A despecho de ilusión de antifranquistas, todos estos críticos, como Iturmendi o Gómez de Llano, no perseguían la libertad. En concepto que tenía Iturmendi de «todos los españoles», evidentemente, se circunscribía a los que no le tocaban los huevos. Y el concepto que tenían todos ellos de dar mayor representatividad al pueblo español se refería a representatividad orgánica, es decir controlada. Pero, en todo caso, estos escritos y enmiendas, de los que aquí sólo he dejado algunas perlas, dejan bien claro el estado de conflicto que se vivió en el seno del franquismo.

El escrito de Jesús Rubio, ministro de Educación (y catedrático de Derecho Mercantil) es curioso de leer por la sencillez de algunos de sus planteamientos. Pero dice alguna verdad gruesa: «la oficialización de Falange que el anteproyecto propugna presenta inconvenientes, habida cuenta de que no todos los españoles se consideran falangistas.» Más claro, diría Jardiel, el caldo de un asilo.

Con todo, el documento más demoledor es la carta que Esteban Bilbao, presidente de las Cortes, tradicionalista, le envía a Arrese. Es lógico que el más cabreado sea él porque, desde luego, si una institución es ninguneada y maltratada en los proyectos de Falange, ésa son las Cortes (cosa lógica, por José Antonio nunca escondió su repugnancia por la representación parlamentaria).

Bilbao dice en la carta que en los anteproyectos cree ver «desnaturalizada la idea del Poder, modificada la idea del Movimiento, entorpecida la vida del Estado, y falsificada la misma realidad social». Acusa a los textos de inventar un cuarto poder (más allá del ejecutivo, legislativo y judicial) encarnado en el Consejo Nacional «incrustado en todos los organismos estatales, Cortes, Gobierno, Consejo del Reino, etc.» «Si de lo que se trata es de implantar una Monarquía», sigue, «lo que se implanta es un Estado en el que el Monarca no tiene apenas función soberana alguna; y si se trata de implantar una democracia, resulta que lo que se instaura es la dictadura posible de un Consejo Nacional regido por un Secretario, dueño y supervisor de toda la maquinaria política».

El final de la carta es épico: «Con estos anteproyectos, Arrese amigo, no se gana la calle, ni se conquista el pueblo. España, que vistió durante largos siglos el manto imperial, que hoy adorna su escudo, no lo cambiaría jamás por una camisa de fuerza: eso es posible en Rusia, país acostumbrado a la servidumbre, pero no duraría una sola semana en España, pueblo acostumbrado a la libertad, enamorado de la justicia y celoso de su dignidad».

Como puede verse, la comparación Falange-URSS estaba al cabo de la calle entre los franquistas no azules.

La defensa en el momento presente del falangismo, que es cosa enteramente legítima por otra parte, suele basarse en la idea de que Franco cambió la idea del falangismo, la utilizó, y que, por lo tanto, los falangistas son otra cosa. Otra cosa, sí; pero si hemos de fijarnos en los dos momentos de la Historia de España en los que Falange actuó por sí sola, siguiendo sus instintos, tampoco es como para admirar la oferta. Cuando Falange creyó llegado el momento de cobrar los réditos de haber ganado la guerra (idea errónea; la guerra la ganaron los militares) y medrar al calor de la pujanza de los fascismos alemán e italiano, lo que hizo fue crear un liderazgo personal, el de Serrano, que quiso convertir el país en un Estado fascista. Y, casi quince años después, cuando Arrese (que, como he contado, no tenía que estar en ese puesto en ese momento) actuó por segunda vez dibujando algo así como España según el falangismo, lo que pintó fue un Estado totalitario, vigilado y dominado a partes iguales por un sandedrín de notables (idea de pura cepa bolchevique), y en el que nadie, incluidos los gobernantes, dejaba de estar vigilado y controlado por una macroestructura de poder dominada por un solo hombre: el Secretario General del Movimiento.

Ya tenía Franco, en aquel diciembre de 1956, el gallinero franquista revolucionado. Pero aún habría de serle más difícil la cosa.


Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado.