martes, noviembre 08, 2011

Franco y el poder: (19: Burgos, la trastienda)

El proceso de Burgos tiene una enorme importancia en la Historia del franquismo, mucha más de la que se le suele adjudicar, con todo y que se le suele tener por importante. ¿Por qué tiene tanta importancia? Pues porque coloca una guinda en un pastel que se lleva cocinando meses, sino años; pastel que tiene una directa relación con la carrera, ya descarada, por el poder dentro del franquismo que se ha desatado entre sus familias con ocasión del caso Matesa y la crisis de gobierno que le siguió.

Desde el proceso de Burgos, a Franco las cosas comienzan a salirle como no quería, y esto es algo que ha venido evitando durante treinta largos años. Porque las cosas ya no van como él desea es por lo que Franco desata a la personalidad que realmente lleva en su interior, el militar frío y disciplinado. Pero lo que para él no es más que aplicar el Catón de sus conocimientos políticos, juzgar por terrorismo con la pena de muerte en el horizonte, para el resto del mundo es un regreso al Pleistoceno. En un momento en el que todo el mundo espera del franquismo que vaya derivando hacia una dictablanda que abra paso a las formas democráticas (algo teóricamente previsto ya en el Fuero de los Españoles con la regulación referida al asociacionismo político), resulta que Franco se ordena a sí mismo media vuelta, mira al pasado y vuelve a amagar con fusilar a quien no le obedece.

Pero la gran pregunta es si esta decisión la tomó Franco en solitario.

La deriva autoritaria del régimen bien pudo ser bastante más que el chocheo de un viejo general. Al fin y al cabo, en la evolución democrática muchos tenían bastante que ganar, porque los políticos saben mutar con bastante facilidad y así lo hicieron; pero el principal pilar del régimen, el ejército, no tenía nada que ganar. Cualquier solución democrática para España pasaba por retrotraer a los militares a sus cuarteles, recortarles poco a poco su poder social y político, hasta convertirlos en otra cosa distinta de lo que eran. A esto hay que unir que a los militares, obviamente, no les gustaba demasiado haber sido colocados por el proceso en primera línea de represión del nacionalismo vasco. Por lo tanto, en la España de los primeros setenta, las pretensiones autoritarias de Franco no eran las únicas. Le acompañaba una vertiente del franquismo sociológico que años después sería bautizada como el búnker. Falangistas de ultraderecha y militares de la vieja escuela Yo Gané la Guerra se aglutinaban en ese lobby tan sólo teóricamente inexistente. Cuando Franco resolvió la crisis de gobierno de Matesa decretando la victoria por goleada de los tecnócratas, creía, simplemente, estar cortando las alas del falangismo oficialista y de sus aliados, entre los que entonces se encontraba Fraga. Sin embargo, por primera vez en su vida, el general cometió un error de cálculo; tomó una decisión que tuvo muchas más consecuencias de las que él pensaba.

La resolución del caso Matesa supuso la colocación en el gobierno de la izquierda del franquismo. Y aquello fue más que suficiente para que grupos y grupúsculos que hasta entonces mantenían una total fidelidad a Franco, es decir su convicción de que nunca daría un paso así, se lo pensaran dos veces antes de no actuar. El proceso de Burgos tiene gran importancia en toda esta pelea, entre otras cosas, porque la gran decisión de Franco que escoció al búnker no fue tanto la formación del gobierno de Matesa, como el decreto de los indultos tras el fallo del tribunal burgalés. Los halcones del régimen daban por seguras las ejecuciones, pues contaban con tres o cuatro elementos de peso en el gobierno que sabrían inclinar la balanza en esa dirección. El primero de ellos, el almirante Carrero. Pero entonces Franco, al contrario de lo que haría en 1975, cuando ya tuviese la sensación de que ese mismo búnker era ya todo lo que le quedaba para consolidar el poder, hizo caso a los moderadores, y elevó el pulgar.

El desarrollo del proceso de Burgos fue notablemente lesivo para el franquismo. El régimen ya no estaba para soportar manifestaciones y otras movidas en el extranjero contra la España dictatorial y, sin embargo, esto es lo que tuvo. Políticamente, el proceso fue un negocio ruinoso, y por eso mismo quienes lo contemplaban desde la grada, por no estar en el gobierno, se lanzaron rápidamente a buscar responsables. Y el elegido fue Carrero, porque quienes atacaban sabían bien que era el gran heredero del franquismo y, por lo tanto, el principal objetivo a la hora de quitar a alguien de en medio.

Para cualquier observador avezado del régimen, durante el proceso se hicieron bastante evidentes estas fisuras. En enero de 1971, el capitán general Rodrigo Cifuentes, pronunció un discurso acerado y chirriante, en el que dejaba bastante claro el malestar militar por el proceso, que provocó su cese fulminante. Se hablaba, en aquel entonces, de dos núcleos distintos dentro de la institución militar, sin líderes pero sí, quizá, mandos de referencia. La tendencia ultramontana, ultraconservadora, estaba formada por generales a los que se otorgaba una cercanía a la Falange ultraderechista (Nieto Antúnez, García Rebull, Iniesta…); mientras que otra, que algunos querían llamar profesional, prefería concebir la profesión militar como eso mismo, una profesión. Como representante de esta tendencia se solía citar al teniente general Manuel Díez Alegría, entonces jefe del Estado Mayor Central.

Por lo que respecta a la cúpula eclesial, ya en el anterior post hemos contado cosas que sirven para definir el nivel de distanciamientos que se iba produciendo entre la Iglesia, o cuando menos cierta iglesia, y el franquismo. Cierto es que Franco podía seguir contando con la aquiescencia de miembros de la curia episcopal como monseñor Cantero Cuadrado o monseñor Guerra Campos; pero esa vertiente de la Iglesia encontraba cada vez más problemas para imponerse sobre otros puntos de vista más liberales. La dimisión del gobierno, en abril de 1970, de Federico Silva, único representante de la democracia cristiana en el poder franquista, no ayudó demasiado.

La cercana tramitación de la Ley Sindical, de gran importancia para la Iglesia por lo que podía suponer de consolidación del poder social falangista en terrenos en los que el catolicismo también estaba presente, provocó, según algunas noticias, unas sesiones tan tormentosas de la Conferencia Episcopal que incluso se llegó a pensar en una división de la misma. En esa misma reunión fue donde se redactó la declaración de apoyo a los obispos vascos, y es probable que las tensiones vividas fueran la causa de una redacción tan poco feliz.

Esto, en todo caso, es lo que ocurría en la cúpula del poder eclesial. En sus niveles medios e inferiores la cosa era peor, ante la presión de los curas más jóvenes, con planteamientos decididamente distintos a los de sus mayores. Por aquellos tiempos, por ejemplo, aprovechando la enésima suspensión de derechos por parte del Gobierno, curas sevillanos hicieron público un comunicado en el que ponían el dedo en la llaga afirmando que aquella suspensión, por mucho que estuviese sancionada por la legalidad, no dejaba de ser arbitraria.

Para desgracia del general Franco, el proceso de Burgos, tan crucial para entender el break even en el que empieza a descontrolar el poder, viene a coincidir en el tiempo con un proceso de maduración de la Iglesia española, que tiene mucho que ver con el caldo cocinado en el concilio Vaticano II. El V II, en efecto, consagra el principio general de la separación entre Iglesia y Estado, y propugna mecanismos de autonomía financiera respecto de los presupuestos públicos (en España aún no totalmente perfeccionados). La Iglesia española, por lo tanto, apuesta por cambiar el viejo Concordato de 1953, mientras que el gobierno franquista es más partidario de dejar las cosas como están.

En la primavera de 1969, esta situación hizo crisis con ocasión del nombramiento de algún que otro obispo. Y se deterioró de tal manera que España asistió al espectáculo nunca visto de una campaña de prensa, en la prensa franquista, nada menos que contra el Papa. Eso sí, los estrategas impusieron a las redacciones referirse al Vicario de Cristo por su apellido, Montini, apelándolo de cardenal; de esta torpe manera pretendían dejar fuera de la crítica a la figura papal en sí.

Tocaba nombrar obispo en Barcelona, y desde la ciudad condal muchos grupos de corte nacionalista y católico abogaron por el nombramiento de un prelado de la tierra. La polémica fue durísima. Los falangistas, en los barrios del extrarradio de la ciudad, petados de inmigrantes, se dedicaron a hacer pintadas con el lema Como somos mayoría, lo queremos de Almería.

El elegido por el régimen, finalmente, fue monseñor Marcelo González, directamente llegado de Astorga y de perfil, ejem, ligeramente ultramontano. Don Marcelo hizo lo que pudo, pero hay que reconocer que la afición del gobierno por disparar balas de goma por la calle no se lo puso fácil. En ese mismo año se declaró el estado de excepción, y las cosas con la Iglesia se pudrieron un grado más.

El eterno Dom Escarré, abad de Montserrat, que ya años antes se había despachado con una entrevista en Le Monde donde afirmaba no tener dudas sobre la calidad de nación de Cataluña, hizo unas declaraciones a la televisión alemana. Llamó torturadores a los policías y, cuando no se habían extinguido los ecos de sus declaraciones, el teólogo progre Díez Alegría las jaleó

Los catalanes, sin embargo, no eran los únicos. En febrero de aquel año, el vasco monseñor Cirarda, titular de la sede santanderina, se había ciscado una pastoral en la que decía, entre otras cosas, que «todo hombre de buena voluntad tiene que sentir con la Comisión Permanente del Episcopado Español cuando afirma su solidaridad con los españoles que consideran como un bien básico indispensable para el disfrute de las libertades públicas la conservación de la paz y del orden público». Poco tiempo después, monseñor Jacinto Argaya, titular de San Sebastián, criticaba abiertamente la represión política en su diócesis.

Cirarda llegaría mucho más lejos el 27 de abril, comentando la detención de su vicario general: «También yo pensaba callar en esta misa. Pero no puedo. La justicia y la caridad me obligan gravemente. Sé que debo ayudar a la justicia. Como todos. Y quiero hacerlo. Por eso nunca negaré una petición para procesar a un sacerdote. Pero en este sumario se me vienen denegando el tiempo y las informaciones que considero elementales para decidir abiertamente». Igualito que Pepe Blanco. El 4 de mayo, todas las iglesias de su diócesis leyeron una homilía en la que se declaraban infamantes «todas las prácticas que violan física o moralmente la integridad de la persona humana».

En mayo de aquel año, el colega Montini, repasando desde el balcón del Santo Piedra los problemas del mundo, citó a Oriente Medio, Vietman, Biafra…, y añadió, «no sin aprensión, España». Lo raro es que a Franco no le diese un jamacuco allí mismo cuando lo oyó, o leyó.

Lo que pasó en el proceso de Burgos, por lo tanto, no fue otra cosa que la confluencia de estas fuerzas negativas hacia el franquismo (a mi modo de ver, no cabe calificarlas de antifranquistas, al menos no todavía) que se vienen fraguando de algún tiempo atrás: el enorme nerviosismo de parcelas del poder franquista que se sienten perdedoras de la lucha por estar a la derecha del padre; la tremenda soledad de los ganadores de esa pelea, los tecnócratas, unida a su enfrentamiento con su otrora valedor, el almirante Carrero, cuyo temperamento decididamente antidemocrático hace que, cada vez más, sea mercancía averiada; el malestar creciente entre los más jóvenes del ejército, crecientemente incómodos con el papel de guardián entre el centeno que el régimen le supone; y, finalmente, la Iglesia, que de tiempo atrás se ha quedado sin dedos en manos y pies para poder contar los sacerdotes represaliados, encausados, detenidos, hostiados, y cada vez se pone más de canto ante el inmovilismo de El Pardo. Verdaderamente, del proceso de Burgos, lo de menos son los encausados, y las condenas.

El proceso de Burgos, además, debe ponerse en íntima relación con el ambiente general, en el que pasaban más cosas. Por ejemplo, el recrudecimiento de la conflictividad obrera, con los grandes huelgas: la del Metro de Madrid en agosto de 1970, y la de la SEAT poco más de un año después.

La huelga del Metro fue muy importante porque en ella el gobierno tomó una decisión que hizo a los expertos en el régimen pensar en la larga mano del vicepresidente: ante la persistencia de los paros, se optó por militarizar el transporte subterráneo madrileño. Repentinamente, pues, los trenes volvieron a circular, conducidos por mozos imberbes de las tropas de ferroviarios. Los chavales, yo entonces tenía ocho años, nos divertíamos mucho puteando al quinto que iba en el primer vagón, abriendo y cerrando las puertas, porque con la inexperiencia desistían de cerrarlas al mínimo vestigio de movimiento. Así pues, nosotros sacábamos una pierna, un brazo…, y el tren nunca salía de la estación; hasta que algún adulto nos «saludaba», claro.

La militarización del Metro demostró dos cosas: una, que en el gobierno era Carrero quien tomaba las decisiones. Esa decisión nunca la habría tomado un tecnócrata. Dos, que el idilio de unos quince años entre Laureano López-Rodó y su otrora mentor había, quizá, tocado a su fin. ¿El motivo de la ruptura? El futuro. López-Rodó, como buen tecnócrata, seguía su línea, la línea marcada desde un primer momento en su carrera, y pretendía la activación de las asociaciones políticas para formar una especie de partido conservador. Convencido de que la base social española era de raíz conservadora, pensaba que ese partido tendría la posibilidad de competir democráticamente con cualquiera; pero, como bien demuestra el experimento de Alianza Popular años después, que se parece bastante a este proyecto, suponía dejar atrás el franquismo como herencia y como activo. Esto es algo a lo que Carrero no estaba dispuesto, y en defensa de la idea de que España nunca dejase de ser un régimen franquista acabó por exacerbar sus sólidas condiciones autoritarias.

Franco, sin embargo, no debía de estar muy convencido de la capacidad de Carrero de imponerse al resto del franquismo en un futuro sin él, porque en julio de 1971 tomó una decisión personal (tan personal que ni su vicepresidente fue informado) y bastante sorprendente: conceder a Juan Carlos de Borbón las prerrogativas que la Ley Orgánica del Estado definía para el príncipe heredero. Este tecnicismo jurídico suponía que, si ocurría lo que acabó por ocurrir en 1974 y 1975, en caso de enfermedad o incapacidad del jefe del Estado, sería el príncipe quien le sustituiría; y no la terna formada, en el Consejo de Regencia, por el presidente de las Cortes (entonces Alejandro Rodríguez de Valcárcel), el general Héctor Vázquez por el ejército, y monseñor Pedro Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, por la Iglesia. Pero, claro, tampoco sabemos hasta qué punto esta decisión de Franco la tomó él. Recordemos que la decisión de Franco es de julio del 71. En enero del mismo año, se produjo una famosísima visita del príncipe Juan Carlos a Estados Unidos, en la que se dejó ver por Cabo Cañaveral y otros lugares emblemáticos del american power. Sabemos por algunas fuentes, como Calvo Serer, que en esa visita, durante la protocolaria visita a la Casa Blanca, el presidente obrante, Richard Nixon, le dejó bien claro al Borbón que sin solución constitucional para España no habría amigo americano. Es de sospechar que Juan Carlos, haciendo aquello que se esperaba de él, se lo cascó al general al llegar a Madrid; y éste, simple y llanamente, obedeció.

El 1 de octubre de 1971, aprovechando el (falso) 35 aniversario de su llegada al poder, Franco llegó al colmo del dictador: se indultó a sí mismo. Decretó, en efecto, el indulto para los ministros encausados por el escándalo Matesa; pero si el escándalo Matesa podía haberse producido era por el clima de lenidad, por no decir algo más grave, que se respiraba en el penthouse del franquismo.

Pero el general no está bien. Por primera vez, las cosas no salen, más o menos, como él ha previsto.

El franquismo ha comenzado eso que los financieros llaman su run-off.