martes, junio 07, 2011

Franco y el poder (3: La pastoral colectiva)

El segundo paso de Franco, tras conseguir el apoyo del ejército (que siempre fue la institución fundamental de su régimen) es la Iglesia. Hay que reconocer que, en este punto, lo tuvo fácil. En primer lugar, si sobre la forma de Estado podía haber sensibilidades distintas entre los alzados, en lo tocante al proyecto de identificar el nuevo Estado surgido del golpe del 36 con el catolicismo conservador no había duda. Una dictadura duradera se basa en el apoyo de una institución fuerte, como el ejército, unido a una oferta que pueda seducir a capas sociales amplias. Y ese proyecto fue la recuperación de la esencia católica de España.

Cinco años antes, Manuel Azaña había proclamado en el Congreso que España había dejado de ser católica. Fue un error conceptual, propio, no ya de la personalidad individual de Azaña, como de la personalidad colectiva del republicanismo burgués de izquierdas; los Álvaro de Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz, Martínez Barrio, Gordón Ordax, etc., que, sintiéndose herederos del progresismo librepensador decimonónico, el mismo que en La Regenta lucha contra los poderes de Fermín de Pas, tenían mucha prisa por certificar dicho cambio. Fue, sin embargo, un error de cálculo gravísimo. Si hoy seguimos viendo por España al concejal de Izquierda Unida del pueblo salir en Semana Santa portando al Cristo de turno, imaginemos en el 31. Para que un país deje de ser católico hace falta mucho más que un contertulio del Ateneo subiéndose a la tribuna parlamentaria para proclamarlo.

Aquellos republicanos, además, eran reos de su convicción de que las cosas naturalmente buenas se imponen por la esencia de su bondad. Puesto que España debía abandonar su naturaleza confesional, ese cambio se operaría como por decreto. Es difícil imaginar un análisis más levitado a metros del suelo. Las señales fueron muchas de que la sociedad española se negaba a ese cambio tan rápido, pero no supieron verlas. Además, la República, en términos generales, y sobre todo después del famoso affaire del cardenal Segura, tendió a despreciar a los obispos como entes políticos. Y la cosa tiene su lógica, porque cuando uno oye hablar a un obispo, son muchas las tentaciones de concebirlo como un tipo que vive en el siglo pasado y se pasa el día rezando y cantando loas, es decir un tipo cuya eficacia ante la sociedad es nula. Lejos de ello, sin embargo, la Iglesia ha sido, es y será un elemento de influencia social de primerísimo orden.

Franco era católico, apostólico y romano, aunque eso no lo destacase especialmente frente a la jerarquía católica. Si pudiésemos viajar en el tiempo hasta la primavera del 36, tomásemos a un creyente y la preguntásemos cuáles eran sus principales adalides, es posible que nos declamase una lista encabezada por Ángel Herrera Oria, seguida por José María Gil Robles, luego el propio cardenal Segura o algún otro prelado, después Calvo Sotelo...; y es más que probable que nuestro interlocutor ni se acordase del general Francisco Franco Bahamonde.

Sin embargo, el hecho de ser nombrado Generalísmo hizo que la jerarquía comenzase a interesarse por el ferrolano, puesto que dicho nombramiento trajo aparejada la imagen ante la curia de que él era el hombre que iba a devolverle a la Iglesia sus derechos. No olvidemos, a este respecto, que la República, en un absurdo mantenella y no enmendalla, no sólo había practicado durante sus años demócratas una política sectaria anticatólica; no sólo había permitido que el 36 se convirtiese en una enorme feria de teas encendidas por toda España que alguna vez fueron templos; sino que, una vez estallada la guerra civil, y en lugar de reflexionar un poquito y darse cuenta de que si el catolicismo había llevado a aquel enfrentamiento, más le interesaba estar cerca que lejos de él, la República, digo, profundizó aún más su error persiguiendo a los religiosos como si fuesen peligrosos boinas verdes y prohibiendo de facto el culto católico en su territorio, como acertadamente denunciaría el vasco Aguirre en su famoso informe al gobierno de la República, mediada y ya prácticamente perdida la guerra. La República, arrastrada por la revolución y por la decisión de apoyarse en las milicias populares y los poderes partidario-sindicales, se pasaría tres años enteros tratando de convencer al mundo de que en la España republicana se podía ser católico, obviamente sin conseguirlo porque, por decirlo mal y pronto, ello no era verdad.

Para Franco, aprovechar este espacio fue fácil, aunque no exactamente un paseo militar. Por ejemplo, en abril de 1937 se enfrentó al hecho de que dos de sus aliados estaban el uno frente al otro. En dicha fecha, el Papa publicó una encíclica que contenía graves críticas y acusaciones contra el régimen nazi, que estaba llegando ya a un punto jodido con la iglesia germana. En la España nacional, el documento fue silenciado, hasta el punto de que, a pesar de que el cardenal Gomá hizo llegar una traducción a todos los obispos, sólo monseñor Fidel García, titular de la diócesis de Calahorra, la publicó. La España nacional no calagurritana, por lo tanto, se quedó sin saber que al Papa no le molaba el bigotes que estaba enviando aviones para ayudar a los buenos a ganar la guerra. Franco le dijo al embajador alemán Von Faupel que no se preocupase; que los privilegios que históricamente había ostentado la monarquía española en cuestiones espirituales los seguía teniendo él (se ignora con qué legitimidad, puesto que Franco, que se sepa, no era hijo de Alfonso XIII, mucho menos el primero de la línea de sucesión, que hubiera sido la única manera de reclamar dichos derechos).

Pero esto es una anécdota. El verdadero centro de la cuestión de la Iglesia y el franquismo es la carta pastoral de los obispos españoles a los prelados del mundo, carta que se interpretó, a pesar de no carecer de párrafos de florentina redacción como corresponde siempre a la diplomacia purpurada, como un apoyo sin ambages a la cruzada nacionalista.

Aproximadamente por abril, si hemos de creer lo que el cardenal Isidro Gomá le comunica a sus mesnadas obispales (hay quien lo adelanta al 22 de febrero), Franco le sugiere la posibilidad de que los obispos españoles hagan una toma de posición pública en favor de los alzados, a lo que el cardenal está de acuerdo, antes y después de consultar a la curia española. El 10 de abril, quizá por casualidad, se declara obligatorio el culto a la Virgen en todas las escuelas de la zona nacional y se instituye que «todos los días del año, a la entrada y salida de la escuela, saludarán los niños como lo hacían nuestros mayores, con la salutación “Ave María Purísima”; contestando el maestro: ”Sin pecado concebida”». Esta norma, como es bien sabido, ha caído hoy en desuso porque los estudiantes llevan los cascos puestos, así pues a la entrada y salida del aula no oyen al maestro (ni a la Virgen).

La mano, o más bien el cerebro, de Franco, se advierte claramente en la descripción de la función de esta carta colectiva que hace Gomá al remitirla a los obispos. Dice el cardenal que la función de esta carta es contrarrestar informaciones tendenciosas aparecidas en el extranjero, incluso en medios católicos añade, y que han creado una «atmósfera adversa» contra los golpistas. Es evidente que la imagen exterior de lo que ya llama Gomá movimiento nacional no es cosa que preocupe demasiado a los prelados; es a Franco a quien le preocupa, y es él quien quiere solucionarlo.

El 1 de julio de 1937, casi un año después del golpe de Estado, el documento queda firmado. Únicamente se quedan fuera monseñor Vidal i Barraquer, obispo de Tarragona y el gran valedor que tendrá la República en la curia eclesiástica (a pesar de que, contra lo que muchas veces se ha escrito, Vidal no era prorrepublicano ni harto de vino, como bien demuestran sus actos antes de la guerra); y monseñor Mateo Múgica, el obispo de Vitoria que es una de esas tristes figuras históricas que, en aquel tiempo guerrero, recibió de los dos lados. Por lo que se refiere al primero de todos los ministros de Dios en la Tierra, el Papa, adoptó una postura indiferente y distante, dejando la publicación de la carta al tacto y buen juicio del cardenal Gomá.

Muchos autores destacan el hecho de que las negociaciones con el episcopado vienen a coincidir en el tiempo con el paso a zona nacional del cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer. Si no recuerdo mal, de hecho, es el mismo 22 de febrero cuando se presenta en zona nacional. No es una tesis nada descaminada, en mi opinión. Serrano se había baqueteado en la derecha republicana parlamentaria, así pues conocía, por un lado, la enorme importancia sociológica de todo lo que oliese a cera; y, por otro, era consciente de que su cuñado le exigía que inventase algo para soltar lastre por el flanco de la mala imagen internacional del franquismo.

A mi modo de ver, hay otro objetivo en esta carta, además de lavar la imagen internacional del franquismo o, más bien, justificar sus actos: meterle presión al Vaticano. El Papa, como probablemente era su obligación, jugaba la baza de la paz negociada, lo que ponía al bando alzado en constante peligro de que la República, un día, dejase de hacer estupideces y prestase oídos a esas ofertas, porque, en ese caso, el bando rebelde no podría negarse a sentarse en una negociación patrocinada por el Padre Santo. Es cierto que las posibilidades de que la República se sacudiese la mugre comunista y anarquista eran cada media hora más remotas; pero un acuerdo de ese tipo, con el Vaticano de muñidor, bien pudo alcanzarse en Cataluña, donde Companys negoció por su cuenta (detallito del que el nacionalismo catalán no quiere ni oír hablar); y, sobre todo, en el País Vasco (ídem de ídem con el PNV).

Franco, en 1937, desde el momento en que ve factible romper el frente del Norte, se da cuenta de que puede ganar la guerra. Desde la primavera del 37, más o menos, Franco es ese ligón de discoteca que comienza a ver grietas en la frialdad de la titi que se quiere ligar; ya sabe que es sólo cuestión de tiempo. En mi opinión, no más tarde de junio del 37, Franco ya no quiere ni oír hablar de pactar nada. Ha llegado hasta ahí desarrollando un proyecto de poder personal que ha quemado etapas muy complicadas, y no lo va detener ahora porque al puñetero Papa se le meta entre ceja y ceja aquello que decía Erasmo de que la más justa de las guerras es más injusta que la más injusta de las paces. Ésta es, pues, la otra intención de la carta pastoral: poner al Vaticano ante el fait accompli de que sus obispos españoles también quieren ganar, y sólo eso. De hecho, Franco establece las relaciones entre Iglesia y embrión de Estado del movimiento a través del cardenal Gomá, nombrado representante oficioso de la Iglesia católica ante dicho Estado el 19 de diciembre de 1936; cargo provisional que, sin embargo, dura nada menos que hasta los inicios de 1938, cuando monseñor Cicognani presentó sus credenciales como nuncio vaticano en España. Está claro que Franco no quiere concebir las relaciones con la Iglesia mediante un diálogo bilateral con Roma, sino con su iglesia nacional, que es, y seguirá siendo, mucho más proclive a sus planteamientos. La relación con el Vaticano fue siempre más fría; Franco y el Papa tardan, tras el final de la guerra, más de 4.000 días en pactar un nuevo concordato.

La circular de julio del 37 viene a coincidir, más o menos en el tiempo, con la generalización del uso de la palabra Cruzada para designar el movimiento nacional; término que, al parecer, fue acuñado por un sacerdote, el padre Menéndez-Reigado, a finales del 36. Pero, por ejemplo, el Vaticano nunca utilizó este término. Y los obispos, en la famosa carta, también evitan la palabrita, y llegan a afirmar que «la Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó».

Los obispos hicieron sudar a Franco (tardaron cuatro meses en firmar la puñetera carta) y alguno de ellos acabaría teniendo sus más y sus menos con el caudillo. Es lo que le pasó, por ejemplo, al célebre y polémico cardenal Segura, que en la primera visita de Franco a Sevilla se ausentó de la ciudad y que luego le negó la entrada en la iglesia bajo palio que el caudillo permitió para sí mismo, puesto que era lo que era por la gracia de Dios. Según Pemán, estando Franco alojado en el Alcázar sevillano en días de feria, se negó a permitir que ningún sacerdote de su diócesis fuese a celebrar misa privada para el general y su familia, debiéndose buscar un sacerdote extradiocesano para hacerlo.

Es una especie de constante histórica que a Franco las visitas a Sevilla se le torciesen con cierta facilidad. Décadas después un gobernador civil de tendencias monárquicas, Hermenegildo Altozano, le montaría una especie de celada durante una visita oficial a la capital hispalense, que incluyó una visita a unos barrios periféricos muy afectados por una catástrofe reciente, visita que tuvo unos visos tan amargos que, al parecer, hizo exclamar a Franco: «¡Y todavía me aplauden!» En todo caso, siendo Sevilla el coto cerrado del general Queipo de Llano durante mucho tiempo, y teniendo en cuenta que el general cuñado de Alcalá-Zamora no sentía precisamente admiración por Franco, es normal que la ciudad de las buganvillas y el albero (esto es lo que es al menos para mí) no le fuese muy propicia.

Pero, sin ningún lugar a dudas, hicieron lo que hicieron, es decir redactar y firmar la famosa carta al mundo sobre lo cabrona que era la República y lo bueno que era Franco, sabiendo muy bien lo que hacían, y plenamente conscientes de que la Historia los acabaría juzgando como parte del golpe de Estado. A cambio, Franco pagó, y pagó con tres monedas.

La primera moneda fue el sistema educativo. La conservación de la potestad de ejercer la educación fue la gran reivindicación de la Iglesia en tiempos de la República, y la negación de dicha potestad el gran deseo de las izquierdas republicanas, que llegaron a decir en sede parlamentaria, como ya hemos escrito, que la educación religiosa prostituía a los niños. Para la Iglesia, poder realizar labores educativas es fundamental porque la educación es la mejor garantía que puede tener de que la mies va a seguir brotando en sus campos; y es obvio que lo que una iglesia necesita son fieles. Pasada la guerra, Franco construiría una red de educación pública (confesional, en todo caso), pero no tocó las prerrogativas de la Iglesia católica en esa materia.

La segunda moneda fue la moral pública. Aquí, no obstante, los intereses eran más convergentes entre ambas partes; porque si la Iglesia tenía interés es monopolizar la vida social, de constuir un país en el que, aún en los años sesenta, un alcalde prohibía a las mujeres del municipio sacar la basura por la noche sin llevar medias, también es cierto que a Franco esa milonga le venía de perlas para borrar la República y sus tiempos de la faz de la Tierra, como quería. Ciertamente, la Iglesia, puesto que es una institución proselitista, siempre propende, y propenderá, a que las sociedades asuman su código moral y de conducta; como digo, es un comportamiento normal en alguien que está convencido de que lo que él propugna es necesario para subir al cielo en loor de santidad y lograr la vida eterna, convencimiento que está en la base de la eterna tensión entre laicismo y confesionalismo. Así pues, era en interés de los obispos que el nuevo Estado surgido de la victoria de la guerra civil asumiese los valores católicos e interviniese en todos los ámbitos de dicha vida pública. Los más viejos del lugar recordarán los tiempos en los que las listas de películas en exhibición en los cines locales venían acompañadas de un numerito que era adjudicado, si no recuerdo mal, por la Asociación de Padres Católicos o similar: 1 y 2 eran para menores, 3 para mayores, 3R mayores con reparos, y 4 venía a decir que la película no era recomendable y no debía ser visionada.

Saco a pasear la anécdota porque es muy reveladora del approach franquista a la cuestión de religión y moral. Hizo, desde luego, la moral católica la moral social oficial; pero no por ello impidió que los productos, o algunos productos, digamos extramorales, estuviesen a disposición del personal. Las pelis 4 no eran recomendables; pero se proyectaban e, incluso, no fueron pocos los casos de distribuidores avispados que solicitaron que una calificacion 3R se convirtiese en 4: venía más gente. Existía, eso sí, la censura. Pero, en mi opinión, la censura, sobre todo si la estudiamos como un fenómeno dinámico (pues va cambiando en el tiempo) se preocupa cada vez más por lo político.

El franquismo, como Shrek y las cebollas, tenía sus capas. Y sabía que no todas eran católicas, apostólicas y romanas, aunque lo que nunca permitió fue que una sola de ellas fuese anticatólica. Un famoso intelectual falangista dicen que jugaba, en los años cincuenta, al juego de la mesa-camilla: cinco o seis amigos se reunían alrededor de una mesa-camilla para jugar a las cartas. Bajo la mesa se situaba una profesional del amor, protegida por los faldones de la mesa, y una vez allí escogía una entrepierna al azar y se la trabajaba, mientras, arriba, los contertulios jugaban a no mover un músculo que denotase que estaban siendo bombeados. Muy conocido es también el episodio de la Cuesta de las Perdices, que hace décadas, además de una gasolinera, tenía bastantes locales donde se manipulaban otro tipo de mangueras, y donde media cúpula militar fue pillada con la batuta en la mano.

Y aquí tenemos la tercera moneda con que Franco pagó el favor de la carta pastoral y el apoyo de la Iglesia: les entregó la España política oficial, lo cual viene a querer decir que les entregó la Falange.

El resto de las formaciones políticas del franquismo no ofrecían problema de identificación eclesial. El tradicionalismo, por definición, era ultracatólico. Las derechas de la República también lo eran. Falange, en cambio, ya era otra historia. No se trata de que fuese un partido anticatólico, porque, al fin y al cabo, la raíz fascista del falangismo, tan joseantoniana como ledesmaniana, lo llevaba a defender los valores inmanentes de la España Imperial, entre los cuales se contaba su esencia católica.

José Antonio, de hecho, era un devoto católico; aunque no se le conocen amistades demasiado estrechas con miembros de la curia. La religión no era elemento principal de su praxis; al menos por lo que yo he podido leer, las acciones del falangismo en el 36 se dividen entre actos de terrorismo político, puras y simples represalias por agresiones anteriores de las izquierdas, y muchas, muchas acciones relacionadas con conflictos laborales en los que los obreros afiliados al sindicato falangista solían cobrar algún que otro cañete. Con tantas iglesias que se quemaron, no se ve a muchos falangistas defendiéndolas.

La Falange que salió de la guerra, sin embargo, se indentificó hondamente con los valores católicos. No sin problemas. Tengo leído el relato de un congreso falangista en El Escorial, en 1942, que al parecer terminó en un follón de mil demonios, en el que algunos gritaban: «¡Quieren convertirnos en un partido de curas y monjas!» Eran gritos preclaros.

Franco colocó en Falange peones importantes para esta labor, el principal del cual fue, en mi opinión, el sacerdote navarro Fermín Yzurdiaga. El padre Yzurdiaga es el padre (valga la redundancia) de buena parte de la teórica falanjo-católica que muchos llaman nacionalcatolicismo, que viene a ser lo mismo aunque no es igual. Cuando uno se lee los manuales educativos del buen falangista de los años cuarenta y de los cincuenta, aprecia, creo yo que con bastante nitidez, el viraje. De hecho, el empuje de la Iglesia en Falange es el principal factor que explica, en mi opinión, que, a lo largo del franquismo, y ya llegaremos a esto, el falangismo conformado como lobby de poder dentro del franquismo abandonase su trinchera partidaria para refugiarse en la sindical, donde los velones y los palios llegaban con más dificultad.

No le faltaron al franquismo otros puntales eclesiales en la política, como fray Justo Pérez de Urbel, hombre no exento de habilidades intelectuales y estilo al escribir, que le sirvió a Franco para conservar en las Cortes franquistas la llama votiva del nacionalcatolicismo de siempre. Lo escribo con mucho miedo, como en el mus, porque no lo recuerdo bien; pero juraría que fray Justo, de hecho, fue el único procurador en Cortes que votó en contra de alguna proposición fundamental de la evolución del franquismo. Pudo ser la designación del Borbón como sucesor, o tal vez la reforma política. Si algún día lo encuentro en mis fichas, lo aclararé.

Aunque aún faltan unos cuantos párrafos para que lleguemos a ese punto temporal, debo decir que, en este análisis del pago franquista a la Iglesia a cambio de su apoyo NO cabe incluir la etapa de mando del Opus Dei en los gobiernos franquistas. A mi modo de ver, la identificacióin de la tecnocracia franquista con el Opus es un error, porque lo que hicieron aquellos hombres lo hicieron por tecnócratas, no por miembros del Opus. No fue aquélla, pues, una movida montada por la Iglesia; de hecho, para cuando el Opus mandaba en España, la Iglesia católica ya estaba en buena medida de canto con el franquismo e, incluso, el Concordato era invocado para impedir el procesamiento de sacerdotes por connivencia con ETA.

Puede que algunos obispos, en todo caso, pensaran, al firmar la famosa pastoral, que no estaban apoyando a Franco estrictamente hablando, y se fiaran para ello en los términos polisémicos en que está redactada la carta; porque la pastoral colectiva es un documento del que mucha gente habla, pero poca gente ha leído. Si lo hubieran hecho, sabrían que los obispos dicen en el texto que, en su opinión, el movimiento nacional no ha surgido para fundar un Estado autócrata, sino «para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y libertad cristiana de los viejos tiempos».

Lo que le pasó a los curas, sin embargo, es que estas palabras, que podrían entenderse como un apoyo a ciertas soluciones no, o no totalmente, dictatoriales carecían de sentido cuando la carta fue finalmente publicada. Entre medias, Franco había dado el tercer paso: la unificación política.

domingo, junio 05, 2011

Franco y el poder (2: el trile monárquico)

Desde el primer mensaje que Francisco Franco dirige como alzado, a su llegada a Marruecos desde Canarias, se dirige a todos los españoles. Por lo tanto, el general asume, desde el primer momento de su aventura golpista, una dimensión nacional para sí mismo. Que se da ínfulas de estadista lo demuestra el hecho de que condecore al Gran Visir de Marruecos con la Laureada de San Fernando. Por lo demás, la rapidez con que el capitán Arranz llega a Hitler sólo puede deberse a unos buenos contactos con un personaje de gran importancia en el ejército alemán en ese momento, el almirante Canaris; lo cual sugiere que, como insinuaba en mi post anterior, Franco ya había tenido contactos anteriores. Gracias a esta fulminante ayuda alemana, que se instrumenta mediante elementos a toda luz y otros no tan vistosos, es como Franco, a pesar del relativo fracaso del golpe de Estado en la marina, consigue transportar tropas a la península, que es algo fundamental para llevar a cabo sus planes.

Como decíamos en el anterior post, en las primeras semanas lo que cada vez tiene más pinta de ser una guerra larga evoluciona radicalmente. Sanjurjo fallece, el golpe de Estado, como tal, fracasa, y se forma la Junta de Defensa Nacional al mando teórico de Cabanellas y práctico de Mola. Franco se ha quedado atrás pero, sin embargo, conforme el general adquiere información de cómo ha ido la cosa, qué ha ido bien y qué ha ido mal, se da cuenta de que tiene en la mano la maquinaria militar más eficaz de las que han quedado bajo control golpista. Por eso se da tanta prisa en cruzar la península. En parte es sincero esfuerzo por ayudar en la rebelión (sobre todo ayudar a Queipo quien, sin los legionarios de Franco, podría perder Sevilla a manos de su cinturón rojo, o de los republicanos que presionan desde las zonas mineras de Huelva), en parte es interés personal. Si logra llevar a cabo sus planes, que son avanzar a toda prisa para entrar en contacto con el ejército del Norte aislando a la República de la frontera portuguesa, aun no estando en la JDN nadie podrá negarle el puesto preeminente que como estratega cree merecer.

Franco entra el 3 de agosto en la Junta de Defensa Nacional, pero sigue despertando, probablemente, bastantes recelos entre sus conmilitones. La Junta de Defensa Nacional son, en esos momentos, dos cosas.

La primera. A principios de agosto del 36, la convicción la tienen los republicanos de que van a sofocar el golpe de Estado con dos de pipas. No hay más que leer testimonios de testigos que estuvieron en la Málaga roja antes de ser tomada por los nacionales, que nos dicen que una parte del fracaso republicano se debió a lo mentalmente relajadas que estaban las tropas, convencidas de que no estaban en lo absoluto en peligro. Por eso, la primera cosa que es la JDN es un instrumento para poner a todos los generales en el mismo cubo de fregar, corresponsabilizarlos y, consecuentemente, convencerlos de que no tratasen de resolver su futuro por su cuenta. Ya se sabe que en los golpes de Estado que no salen bien hay muchas posibilidades de que alguien decida salvar su culo vendiendo los demás; y no olvidemos que en el bando alzado hay militares de convicciones en ese momento tan leves como Agustín Muñoz Grandes.

La segunda cosa que es el ejército golpista es un popurrí de ideas distintas. Conforme se desarrolla el mes de agosto, como probablemente sabía Franco y algún otro fino estratega del bando rebelde (yo diría Yagüe, y probablemente Mola), se hace patente que el ejército nacionalista es un compendio de fuerzas muy diversas y, sobre todo, que su lucha es un compendio de frentes también diversos, con sus necesidades y su demanda de coordinación. Porque quienes estaban en el bando azul eran militares, no cometieron el error de la República de crear un ejército de taifas en el que, además de disparar desde la trinchera al enemigo, había que dar codazos a los compañeros de los lados para hacerse sitio. Los militares no cometen ese error porque han aprendido en la Academia (en buena parte, la enseñanza militar se basa en eso) que es mucho mejor que uno se equivoque que que acierten cincuenta. Por lo tanto, alborea septiembre y ya es bastante evidente entre los jefes alzados que hay que nombrar a un jefe de los ejércitos, cuando menos para la conducción de la guerra.

¿Cómo consiguió Franco ser nombrado? A mi modo de ver, hay varias claves para explicar esto. En primer lugar, y es un elemento importantísimo, Franco contaba con la admiración de Mola. Ya en 1933, éste escribía páginas hondamente laudatorias sobre aquél y, una vez surgida la guerra, el coordinador de la conspiración se convenció pronto de que, si alguien podía ser el commander in chief, ése era Franco. Eso sí, la historiografía franquista olvida con elegancia que, durante aquellos quince días centrales de septiembre durante los cuales se coció todo esto, Mola dejó bien claro a todo el que le quiso escuchar que era especialmente importante que no se le cediese a Franco la jefatura del Estado. Probablemente, Mola, sin ser un republicano, sí tenía la convicción de que, una vez triunfado el golpe de Estado, habría que crear un Directorio militar y que incluso éste tendría que apartarse después de un tiempo. Es lógico que lo pensara, pues había sido alto funcionario (director general de Seguridad) en la dictadura de Primo de Rivera, así pues conocía de primera mano lo que ocurre cuando un jefe militar pretende perpetuarse en la jefatura civil.

Es muy difícil que Franco no conociese lo suficiente a Cabanellas como para saber que rechazaría el nombramiento. Lógico. Un general de su perfil se sabía inhabilitado para presidir un Estado Mayor mayoritariamente monárquico.

Y aquí está el quid de la cuestión. Yagüe, Orgaz y, sobre todo, el aviador Kindelán, todos ellos picas clavadas en el Flandes de la España nacional por Alfonso XIII, se convirtieron, en esos días, en defensores de la candidatura de Franco. Cualquiera que haya leído un poco sobre la segunda mitad del siglo XX en España, todos los años de la difícil relación entre Juan de Borbón y el propio Franco, sabe que los monárquicos, en materia de apoyos políticos, no actúan según su albedrío, sino obedeciendo instrucciones. Franco, pues, igual que se las ingenió para conseguir llegar a Hitler, llegó a Alfonso XIII, probablemente le convenció de que era un monárquico de toda la vida (cosa que no era, sin que ello quisiera decir que fuese republicano) y, también probablemente, lo acojonó con la posibilidad, remota pero no implanteable, de que fuese un general de ideas republicanas el que resultase elevado a los cielos generalísimos.

Para Alfonso XIII era entonces probablemente obvio que él no volvería a reinar en España; pero lo de sus descendientes ya era harina de otro costal, y había personas en la Junta que, de acceder al poder omnímodo de un generalísmo, podrían enviar a la familia Borbón definitivamente al paro. Franco, sin embargo, es al menos mi opinión, se las ingenió para aparecer ante Alfonso XIII como el candidato ideal, y consiguió que el Borbón moviese a sus terminales en apoyo del ferrolano. De hecho, si imaginamos la posibilidad de que Franco le prometiese al ex rey que algún día su familia volvería a reinar en España, es lo cierto que no le mintió.

Aquellas dos semanas de septiembre del 36 albergan la negociación probablemente más compleja de toda la guerra, ambos bandos incluidos. La complejidad de las negociaciones la conocemos sólo a medias, pero bien podemos estimarla a partir del resultado final, que es el nombramiento definitivo de Franco como Generalísimo de los ejércitos, que se produce mediante un comunicado que, bien leído, es un prodigio de equilibrio.

El decreto, bien conocido, dice lo siguiente:

«Artículo 1. En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe del Gobierno del Estado español al excelentísimo señor, general de división, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado.

Artículo 2. Se le nombra, asimismo, generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el cargo de general en jefe de los Ejércitos de operaciones.

Artículo 3. Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante presentación adecuada de todos los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los gobiernos extranjeros.

Artículo 4. En el breve lapso que transcurra entre la transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional seguirá asumiento cuantos actualmente ejerce.

Artículo 5. Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se apongan a este Decreto.

Dado en Burgos, a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Firma: Miguel Cabanellas».

Cabanellas firmó el decreto, pero éste es probable obra de la pluma de Yanguas Messía, un político entonces ya avezado que había sido ministro de Primo de Rivera y formaba parte del entourage monárquico. Es, a todas luces, un texto escrito muchas veces y muchas veces enmendado pues, de alguna forma, si se lee con atención, se verá que, en el fondo, dice una cosa y la contraria. El decreto, de hecho, es un tal prodigio de ineficacia jurídica, que no puede ser debido a la pluma de un experto jurista como Yanguas sin mediar pies forzados.

¿Por qué digo que dice, de alguna manera, una cosa y la contraria? Pues porque, por un lado, otorga a Franco la jefatura de Gobierno del Estado; al decir eso también adquiere importancia lo que no dice. Porque no dice que a Franco se le otorgue la jefatura del Estado. En términos actuales: se le nombra Zapatero, pero no Borbón. Y, ¿quién es el Borbón de esta película? Nadie. Éste es otro punto de equilibrio del documento, que se refiere a España como «el Estado español», expresión que provocará media sonrisa a muchos que están acostumbrados a ver esta expresión en boca de los nacionalismos independentistas. Es evidente que ninguno de los generales de la Junta estaba pensando en presentarse a las municipales en las listas de Bildu. Si usaron esta expresión es porque no podían usar otra. Si hubieran apostado por la monarquía, por la república, por cualquier fórmula, el documento no habría visto la luz.

El decreto, pues, se pliega a los temores de Mola poniéndole un límite a Franco: mandará como gobernante, pero no como estadista. Pero Franco, a su vez, gana, y gana, de cara al futuro, mucho más. Gana que el decreto no apueste por una forma de Estado, que es su posición porque él va de apoyar a los monárquicos, que no pueden aspirar a que, en ese punto procesal, los alzados apoyen el regreso de la monarquía. Gana en que se le permita asumir todos los poderes del Estado. Gana que, a pesar de que asumir los poderes del Estado viene a suponer asumir la dirección de la defensa nacional y, consecuentemente, la dirección de la guerra, dicho mando le sea concedido en un artículo específico, distinto del primero, con lo que consigue que el texto admita tácitamente que una cosa es el gobierno y otra la dirección de la guerra, ambas concedidas a su persona. Por lo tanto, Franco, con este decreto, supera, tácitamente, la limitación para la cual la norma fue creada, que era establecer que el mando especial de Franco era el propio de un dictador, esto es debería extinguirse terminada su causa, es decir la guerra.

Más aún. El decreto nos dice que hasta que Franco asuma sus poderes la Junta de Defensa Nacional asumirá los que ejerce hasta el momento; redactado que, de alguna manera, borra de la faz del problema la posibilidad de que la Junta pudiera seguir existiendo como una especie de instancia de supramando sobre Franco (o sea, ostentando la jefatura del Estado que está por encima del jefe del gobierno y del general jefe de las tropas). En suma, por lo tanto, el decreto tan sólo insinúa que hay un poder por encima de Franco (la jefatura del Estado), pero deja esa silla vacante, tan vacante que, en puridad, ni la cita. Y la única institución que podría ocuparla es disuelta de facto.

Todo provisional. Todo para ganar la guerra. Pero, merced a las maniobras monárquicas, redactado en unos términos tan difusos, tan etéreos, que deje claramente el portillo abierto para la vuelta de la monarquía.

O, piensa un gallego mientras cena sus dos ciruelas, para la perpetuación del mando.

Franco, no lo olvidemos, hizo todo lo que pudo para que éste fuese el resultado final. ¿Nos hará creer el caudillo que el gesto de Yagüe en Cáceres el 27 de septiembre, proclamando a Franco jefe del Estado por su cuenta, fue un calentón del que él no tuvo noticia? Dato de gran importancia, por cierto: la novedad que utilizó Yagüe para dar ese paso fue la liberación del Alcázar; lo que hace pensar, una vez más, que el gesto de proceder a dicha liberación no fue gratuito.

Algunos autores, como Thomas, incluso hablan que el decreto original no tenía exactamente la redacción conocida por la Historia; que algo pasó entre la entrega del borrador y su llegada a la imprenta del BOE; y que Nicolás Franco no fue ajeno a esas vicisitudes.

Franco, por lo tanto, adelantó a todos sus rivales aprovechando para ello las conveniencias de una escudería, la escudería Borbón, que creyó manipularlo para conseguir sus objetivos, pero resultó finalmente manipulada por este general maniobrero que, como ya he dicho, manejaba magistralmente los tiempos.

Nombrado jefe de gobierno, todo lo que tenía que hacer Franco era correr, coger ventaja. Un año después, cuando el 28 de septiembre de 1937 se instaure oficialmente la Fiesta del Caudillo, el BOE dirá que dicha fiesta se hará para conmemorar «la proclamación del general Franco como jefe del Estado». Para entonces, en efecto, el trile será ya completo.

Entre el día en que Franco fue nombrado jefe del gobierno y el día que se conmemora la fecha anterior como de nombramiento como jefe del Estado medias dos cosas. Una son los éxitos militares de Franco. La otra es su segundo pacto de hierro. Pues el ejército no fue el único puntal del franquismo.

Y en este punto, amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado.