domingo, julio 31, 2011

Franco y el poder (9: del órdago a Begoña)

Una vez, cuando Gerardo Salvador Merino era un joven que se marchó a trabajar a Alicante, se presentó en la ciudad levantina con una carta de recomendación de un pariente masón, que acudía en la misiva a su condición de tal. Aquello, como digo, pertenecía a un pasado de Salvador que parecía no interesar a nadie; sin embargo, en 1941, cuando sus intenciones por permanecer como uno de los pilares del régimen desde su mando sindical se hicieron evidentes, labró su desgracia.

En mayo de 1941, Merino, en su calidad de máximo responsable del sindicato único franquista, realizó una visita oficial a la Alemania de Hitler, organizada por el propio NSDAP. En Berlín, la delegación falangista se entrevistó con el ministro de Trabajo, Ley, y con el de Asuntos Exteriores, Ribentropp, amén de con Josef Goebbels. También estaba prevista una entrevista con Rudolf Hess, pero el lugarteniente de Hitler decidió exiliarse a Escocia en lugar de recibir a la delegación de Madrid.

Españoles y alemanes firmaron un convenio por el cual España enviaría 100.000 trabajadores a Alemania (una especie de División Azul laboral, paralela a la militar que por aquel entonces se armaba), y que quedó en poca cosa. Según algunas versiones, en sus entrevistas Salvador Merino se mostró partidario de la entrada de España en la guerra sin condiciones territoriales, a cambio de que el NSDAP apoyase sin fisuras el fascisto-falangismo, al frente del cual se colocaría el propio Merino; el cual, de ser ciertas estas versiones, habría decidido no sólo prescindir de Franco, sino también de Serrano. Esta tesis, en todo caso, es incomprobable y resulta un tanto difícil de entender, básicamente porque no cuadra con otras cosas que sabemos. Es probable, desde luego, que los alemanes deseasen la entrada de España en la guerra. Pero es difícil que la reputasen como algo absolutamente necesario (de ser así, la actitud de Hitler en Hendaya habría sido otra); como también es difícil que los mandos nazis estuvieran tan deplorablemente informados sobre la realidad del poder en España como para pensar que Gerardo Salvador era alguien con quien se podía hablar de poder; mucho menos, como también se dijo, de dar un golpe de Estado para derrocar a Franco.

Pero lo importante no son lo que las cosas son, sino lo que parecen. Von Stohrer, el embajador alemán en Madrid que coordinaba una política conciliadora con el franquismo, se quejó ante el gobierno (o sea, Serrano) de que los falangistas de Berlín hubiesen hablado contra él y sugerido su cese. Por otro lado, en los círculos militares de Madrid circuló el rumor de que Merino habría pedido sin ambages a Hitler ayuda y apoyo para un golpe de Estado fascista. Los buenos conocedores de la Historia de la Alemania nazi no necesitarán que se se les den más explicaciones sobre las conflictivas, en ocasiones tormentosas, relaciones entre nazis y militares. La identificación entre ambos estamentos, perceptible en frases como «los nazis llegaron a París en apenas unas jornadas» (mentira; fue el ejército alemán), es uno de los signos más clarividentes de que alguien está hablando sobre Hitler y su tiempo a humo de pajas o, si se prefiere, sin tener ni puta idea. Con la primera España franquista pasa lo mismo. Militares y falangistas odiaban a los rojos por igual; pero eso ni les hacía iguales ni mellaba lo más mínimo la cainita lucha por el poder que se producía entre ambos estamentos. Los militares, a la luz de las demostraciones sindicales en la calle de la época, en la que se movilizaban miles de militantes uniformados y encuadrados militarmemente en unidades, al estilo de las demostraciones de Hitler en Nuremberg, temían a esas unidades armadas, que consideraban capaces de dar un golpe de Estado. Los falangistas, por otra parte, eran pasto de la idea errónea de que ellos habían ganado la guerra. La guerra civil española la ganaron los militares, pues fueron ellos los que pusieron el expertise necesario para derrotar al Ejército Popular de la República. Siguiendo a Franco, los militares estaban dispuestos a compartir los réditos del triunfo con los grupos y grupúsculos ideológicos que habían apoyado la insurección. Pero en modo alguno estaban dispuestos a perder la posición preeminente en el poder.

A la vuelta de Berlín, por lo tanto, pintaron bastos para el proyecto nacionalsindicalista. Pero Merino, sin embargo, no se arredró. En junio, durante una reunión agraria, anunció que todos los cargos importantes en la organización sindical iban a pasar a ser ocupados por auténticos falangistas. Pero, sobre todo, anunció la cotización sindical obligatoria para las empresas, así como la sindicación obligatoria para los obreros. Un paso más, por lo tanto, hacia la integración totalitaria de los productores que propugnaba el nacionalsindicalismo (la medida está más que ampliamente denotada en los 27 puntos de Primo-Ledesma), la asunción por la OS de los seguros sociales, así como la total asimilación en la organización de los activos, medios y funciones de las Hermandades de Labradores, nacidas en una ley de 1906 que ahora se derogaría.

Estas medidas suponían, por encima de todo, la total absorción en la OS de las cámaras de comercio, lo cual, en la práctica, suponía desviar un torrente de pasta gansa, que en estos momentos era controlada por los propios empresarios que la aportaban a través de los mandos elegidos para las cámaras, hacia las manos de una Falange plenamente decidida a actuar en el orden económico con total autoridad. Recibir la financiación de las cámaras, en efecto, habría convertido al sindicato único falangista en el primer actor económico de España, de largo. Nada habría podido competir con ellos y, consecuentemente, de forma casi independiente a quién ocupase la cartera de Economía o Hacienda en el Gobierno, sería esta organización la que dictase la política económica.

Una vez más, desconocemos el tráfico de mensajes, recados, llamadas y audiencias privadas que provocó esto en dirección a El Pardo. Pero hemos de suponer que no fueron pocas. La clase empresarial, absolutamente necesaria para que el tinglado de un Estado quebrado que sólo a mediados de los años sesenta pudo clausurar las deudas que tenía con aquellos españoles a los que les incautó oro durante la guerra civil, pondría pies en pared. Ya hemos dicho que el propio Álvarez de Sotomayor confesó en su día que tanto él como Salvador Merino disfrutaban sintiéndose temidos y aún odiados por los empresarios, una clase que su fascismo radical de tintes jonsistas quería ver como parásita (nihil novum sub solem, señores indignados). Los empresarios, por su parte, le calentaron la oreja a Franco, o al régimen, no sé muy bien exactamente a quién; pero que calentaron orejas, creo está fuera de toda duda.

El 7 de julio de 1941, Gerardo Salvador Merino se casó con María Fermina Coderch de Sentmenat y, acto seguido, se fue de luna de miel a Formentor. Estando allí, se enteró de que el general Saliquet, en su calidad de presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, le había denunciado ante Franco por masón. A finales de junio, Saliquet había completado un dossier sobre las relaciones de Merino con la masonería, que entregó a Franco; en dicho dossier se encontraba la famosa carta de Alicante.

Franco se presentó en su consejo de ministros, trufado de falangistas que ahora le eran fieles, y exigió de sus ministros, uno a uno, que expresaran su opinión al respecto. Jugada maestra; a ver quién es el guapo que antepone su ideología delante del resto y no le dice al Jefe del Estado lo que quiere oír. Parece ser que hasta hubo algún ministro que, en un paroxismo de fidelidad, pidió el fusilamiento de Merino. El 23 de julio, el Tribunal le abría expediente, se le apartó del cargo, y en octubre fue condenado a doce años y un día de reclusión menor, aunque el propio tribunal recomendaba el indulto.

El gobierno desestimó dicho indulto, pero le cambió la reclusión por confinamiento, por el mismo periodo de doce años y un día. Fue así confinado en la localidad gerundense de Calella, aunque el 22 de diciembre de 1944 Franco le concedió el indulto parcial, que conservaba la inhabilitación para cualquier cargo. En 1948 llegó el indulto total, y pudo volver a ser notario. Pero, para entonces, Gerardo Salvador Merino había desaparecido de la Historia de España.

Los meses que siguieron al cese de Merino se destacan por la creciente tensión entre el ejército y Serrano, ya el único representante poderoso de la alternativa fascista para España. En junio de 1942, por ejemplo, Serrano consiguió el cese del general Espinosa de los Monteros de la embajada española en Berlín, donde obviamente quería a alguien más pastueño con sus deseos (el conde de Mayalde). Espinosa, en la toma de posesión de la capitanía general de Burgos, su nuevo destino, pronunció un discurso en el que soltó tal cascada de dicterios contra Serrano que fue fulminantemente cesado. Algunas semanas antes, Felipe Ximénez de Sandoval, falangista y mano derecha de Serrano en el Ministerio, se arreó una mano de hostias con unos jóvenes monárquicos.

El ejército franquista se movilizaba para conseguir, no sólo anestesiar a la Falange, sino sacar a pasear el principal objetivo que siempre había mantenido, de una forma u otra, desde el estallido de la guerra civil: la restauración monárquica. Los conspicuos jefes militares, con el general Varela a la cabeza, presionaban a Franco para que avanzase en este sentido. Pero Franco no tenía ni media intención de abandonar el poder. Fruto de este deseo es la creación de las Cortes Españolas, una cámara representativa orgánica que, según el pensamiento del Caudillo, colmaba las demandas de institucionalización del régimen, que hasta entonces no dejaba de ser el estado de cosas nacido de una guerra.

¿Habría podido Franco soportar, en el invierno del 42, la presión combinada del falangismo serranista y el monarquismo embebido en la clase militar? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque a Franco, además de asistirle una inteligencia natural en la gestión de los tiempos, le asistía la suerte. Y tuvo la suerte de que en agosto de aquel año ocurriese algo que le eliminó un término de la ecuación. Pues en agosto de 1942, queriendo o sin querer, la Falange, como sensibilidad política distinta del franquismo propiamente dicho, se suicidó.


El 16 de agosto de 1942, en el vizcaíno santuario de la Virgen de Begoña, se celebraba una misa de inspiración carlista, conmemorativa de la victoria de la guerra civil, en la que participaban diferentes unidades requetés de los frentes. El general Varela, ministro del Ejército y cada vez más cercano al carlismo tras su matrimonio con Casilda de Ampuero, presidía la celebración, junto al ministro del Aire, Jorge Vigón, y Antonio Iturmendi, subsecretario de Gobernación.

A la salida del acto religioso se produjeron hechos confusos. Diversos carlistas, conforme el general Varela traspasaba el umbral de la basílica, dieron vivas al rey; momento en el cual, al parecer, un grupo reducido de falangistas que se encontraba en el exterior arrojó dos bombas, quizás granadas, de las que sólo explotó una, que causó diversos heridos.

Llovía sobre mojado. La competencia entre falangistas y requetés estuvo a la orden del día desde el primer minuto del guerra civil, derivando con gran facilidad en puro y simple odio. En realidad, el problema tiene dos dimensiones: la competencia entre falangistas y carlistas por buscar su lugar, a ser posible preeminente, en la ideología del nuevo régimen; y, dentro de cada ideología, el conflicto entre asimilados, esto es aquéllos que aceptaban el proyecto de partido único y consecuentemente desdibujaban su condición de falangistas o carlistas, y los intransigentes. En el verano del 42 fueron muchas las celebraciones carlistas en el País Vasco, terreno que ahora consideraban como suyo, lo que puso bastante nerviosos a los cuadros falangistas. Nadie, sin embargo, esperaba que la cosa fuese a destilar en una agresión de este tipo.

Pronto se pudo identificar a la persona que había lanzado las bombas: se trataba de Juan Domínguez Muñoz, burócrata del Sindicato Español Universitario, surto en San Sebastián. Estaba acompañado de falangistas bilbaínos, otros pucelanos, e incluso dos miembros de la División Azul recién llegados de Rusia; lo cual abona la tesis de quienes sostienen que los falangistas se reforzaron en los días anteriores al acto de Begoña, probablemente con la intención de hacer algo (las fuentes falangistas, por supuesto, sostienen que estaban allí poco menos que de casualidad).

Los carlistas consideraron aquello como una agresión intolerable y pusieron a Franco contra las cuerdas una vez más. Esta vez fueron ellos, en las personas de Esteban Bilbao y Antonio Iturmendi, los que dimitieron de sus cargos, colocando al jefe del Estado en la tesitura de tener que defenderlos. Asimismo, el general Varela desarrolló con rapidez la teoría (poco creíble) de que se había tratado de un atentado personal que buscaba su vida.

Varela intentó que la reacción a lo de Begoña fuese fulminante. Sin embargo, Franco optó, en ésta como en otras circunstancias de su mandato, por exactamente lo contrario. Dejó la horchata reposar y, de hecho, no regresó de sus vacaciones galaicas hasta el 27 de agosto, como si el atentado no tuviese la mayor importancia. Además, adoptó una postura más equidistante de lo que Varela y los carlistas hubieran esperado. Al general, de hecho, le dio a entender que daba credibilidad a algunas versiones falangistas, según las cuales a las puertas de Begoña no sólo se habían dado vivas al rey, sino mueras a la persona de Franco; lo cual colocaba a Varela, al fin y al cabo ministro de su gobierno, en una posición desairada.

Es muy posible que Franco supiera bien que esas versiones que citaba eran demasiado fantasiosas, puesto que convertir el acto de Begoña, como hacían algunos falangistas, en una especie de movilización oculta de nacionalistas y rojos disfrazados de carlistas, tiene poco pase. Pero lo hizo porque estaba muy cabreado con Varela y con el ministro Galarza. Ambos habían dado pasos por su cuenta, cursando órdenes a las capitanías generales Varela, y a los gobiernos civiles Galarza, que el Caudillo consideraba le debían haber sido consultadas pues, al fin y al cabo, en España sólo mandaba una persona, y esa persona era él.

Consecuentemente con este cabreo, el 3 de septiembre, Franco cesó a Galarza y lo sustituyó por un franquista fiel, Blas Pérez González. Como cesó a Varela, al que sustituyó por el general Asensio. Pero la guinda del pastel fue el cese del ministro de Exteriores y presidente de la Junta Política, Ramón Serrano Súñer. Un día antes, Domínguez había sido fusilado.

En 1942, pues, nos encontramos con una estrategia que volveremos a ver en 1956, cuando el incidente de Miguel Álvarez y su casi muerte. Lo cual nos lleva a pensar que ambos incidentes, por repetidos en su esencia, formaban parte de la forma de actuar de Franco. A Franco todo lo que le importaba era permanecer en el poder; es por eso que creo que historiar el franquismo consiste, básicamente, en historiar la relación de Franco con el poder, y todo lo que hizo para conservarlo. El ferrolano sabía que era el guardían de una jaula de grillos. Nada más lejos de la realidad que la visión del franquismo como un hecho monolítico en el que todo el mundo opinaba lo mismo; el mundo de las opiniones no se acaba en la dicotomía entre democracia y dictadura. El franquismo, pues, era un reactor nuclear recalentado, y la estrategia de Franco era, claramente, dejarlo calentarse, esperar hasta que la temperatura era ya insoportable, y entonces actuar.

Cuando actuaba, además, lo hacía demostrando que no tenía más fidelidad que consigo mismo y aquéllos que, como Carrero, le profesaban una total fidelidad. Jamás, en todo su largo mandato, actuó Franco decantándose sin ambages por uno de los flancos enfrentados. Más bien, solía aprovechar los enfrentamientos para llevarse por delante a los enfrentados, a todos. En 1942 obró de esa forma. Fusiló a Juan Domínguez, con lo que éste se convirtió en un raro caso de falangista ejecutado por Franco que es una auténtira rara avis en la Historia del franquismo; se llevó por delante al frontispicio del monarquismo militar, en el general Varela; y se llevó por delante, en un sacrificio en el que pocos creían antes de producirse, a su mano derecha, a su gran estratega, para colmo su cuñado, Ramón Serrano Súñer.

A Franco le daban exactamente igual los méritos de guerra, los vínculos de camaradería, el parentesco o las deudas estratégicas del pasado. Todo lo que quería era que su clase política entendiese algo: aquél a quien se le ocurriese tratar de hacerle sombra, aquél a quien se le ocurriese insinuar que el poder en España debía ser ostentado por otro que no fuese él, Franco lo colocaría bajo los rodillos del Régimen, y lo aplastaría.

Con la caída de Serrano, el sueño de la España fascista quedó herido de muerte, máxime conforme fue avanzando la guerra y Franco, militar al fin y al cabo, fue dándose cuenta de que el fascismo iba a perderla. Eso sí, si creyó haber matado también el monarquismo, estaba muy equivocado. Otra cosa no serán los Borbones; pero inasequibles al desaliento, lo son un rato.