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Si hay que romper, se rompe
… Y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, espada de Trento, se bajó los pantalones
El 3 de mayo, Garrigues fue llamado desde la Casa Blanca. La cita era con el general Tyler y con el presidente Kennedy. JFK estuvo claro en la entrevista: España no podía esperar de Estados Unidos, ni ayuda económica, ni un tratado de alianza como tal. El presidente, sin embargo, prometió, en tono un tanto nebuloso, ver qué podía hacer para tratar de ayudar en los problemas y retos que acuciaban a España; siempre y cuando su gobierno, dijo, recognises the political facts of life. En mi opinión, quiso decir que Franco era un rancio, y que tenía que acompasarse con los tiempos.
El fondo de esa cuestión era la decisión de la
Administración Kennedy en el sentido de reducir el gasto militar ordinario
estadounidense en el exterior. Los estadounidenses esperaban que los españoles
colaborasen con ese objetivo, es decir, asumiesen su parte de recorte. Así se
lo dijo el oficial Paul Henry Nitze a Castiella y a Ullastres, en una
entrevista que tuvo a finales de 1962 con ellos. Semanas después, la Casa
Blanca designó a William Putnam Bundy, un asesor en materia de política
exterior del presidente, para que negociase el “aterrizaje” (nunca mejor dicho)
de todo esto. La propuesta que presentó Bundy contemplaba diversas
transferencias de servicios del ejército estadounidense al español, además de
un compromiso por parte hispana de adquirir material de guerra estadounidense
por valor de 165 millones de dólares en cinco años.
El principal negociador de Bundy en España fue el
subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri.
Cortina fue, por lo tanto, el encargado de transmitirle a los americanos una
reacción bastante airada del gobierno franquista, que se sintió engañado con la
propuesta. España, argumentaba Cortina, no podía ser equiparada con los países
receptores del Plan Marshall. Tenía lógica que éstos pudieran ser dejados ahora
un poco a su albedrío en materia militar; pero España acusaba un retraso relativo,
debido a que nadie le había ayudado a superar las consecuencias de su guerra.
Por lo demás, argumentó Cortina, en la situación en que se encontraba el país,
esperar que incrementarse sus gastos militares era una insensatez. Así que,
fijaros qué curioso lo que tenéis aquí: en 1963, el gobierno franquista
argumentó frente al estadounidense, grosso modo, exactamente lo mismo
que en el 2026 ha argumentado el de Pedro Sánchez para no alcanzar el nivel del
5% de gasto militar.
Una de las cosas que los negociadores españoles fibrilaron
por debajo de la mesa fue su relativo disgusto por el bajo nivel que apreciaban
en el negociador que les había sido designado. La Casa Blanca fue sensible a
este argumento, y por eso decidió escalar un poco las negociaciones,
encargándoselas a Roswell Leavitt Gilpatric, vicesecretario de Defensa. Cuando
Gilpatric llegó a Madrid, se hizo más que evidente que venía, básicamente, a
negociar las condiciones que ya había explicado Bundy. Esta rigidez provocó el
cabreo del gobierno franquista, que decidió que ningún miembro del mismo se
reuniría con el enviado. Cuando Gilpatric fue informado de que Pedro Cortina era todo lo que le ofrecían los
españoles como interlocutor, tomó el avión de vuelta.
Franco seguía pensando que tenía un triunfo de gran valor en
la mano y, como por otra parte es lógico, sobrevaloraba con casi total
seguridad la potencialidad económica de los Estados Unidos. La diplomacia
española sabía demasiado poco del mundo, algo que no es de extrañar teniendo en
cuenta que en el gobierno prevalecían visiones como la de Carrero, que esperaba
algo así como una invasión sovieto-marroquí. Los hombres de Franco parecen que
no eran demasiado conscientes de que el río de pasta que manaba desde los
Estados Unidos hacia afuera había cambiado de dirección; que el interés por
Europa había desaparecido. Estos desconocimientos justifican que en El Pardo se
recibiese con sorpresa la sesión del Congreso estadounidense de 20 de marzo de
1963; sesión en la que el general Lucius Dubignon Clay presentó un informe
sobre la ayuda exterior de los Estados Unidos. En este informe, Clay
recomendaba la reducción de dicha ayuda y, lo que es peor, ponía como dos
ejemplos explícitos de países donde esto se podía llevar a cabo los de España y
Portugal.
Cada vez estaba más claro que Estados Unidos no estaba por
la discusión de un nuevo acuerdo, sino por la renovación automática del pacto
defensivo con los ajustes técnicos que fueren necesarios; modificaciones que,
además, ellos no pensaban impetrar. En cuanto a la ayuda, Washington
consideraba que, como había dicho Clay en el Congreso, “España ha sido compensada
más que adecuadamente”. La situación económica de España, en la visión de los
americanos, permitía perfectamente que el país sostuviese por sí mismo su
aportación a la defensa de occidente.
Hay que tener en cuenta, además, que en esos primeros años
de la década de los sesenta, la OTAN atravesaba uno de esos periodos de
enfriamiento en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. A
los dos grandes gallitos militares del continente, Francia y Gran Bretaña, no
les hizo ninguna gracia que Estados Unidos abordara la gestión de la llamada
crisis de los misiles cubanos, colocando al mundo al borde de una guerra
nuclear, sin confesarse ni con dios ni con el diablo. La victoria que consiguió
Kennedy sobre Khruschev al fin y a la postre, además, consolidó el liderazgo
estadounidense, y envalentonó a los militares americanos a la hora de tratar de
bloquear los proyectos tanto de Londres como de París para construir sus
propias fuerzas nucleares. En un entorno así, si Estados Unidos hubiese llegado
a algún acuerdo generoso con España, con seguridad éste se habría visto como un
grave agravio comparativo por parte de los miembros de la OTAN.
Kennedy, finalmente, hubo de resignarse, ante la terquedad
española, a renunciar al automatismo que esperaba aplicar a sus relaciones con
España. Si había que renegociar el acuerdo, concluyó, hay dos cosas que hay que
valorar: una, obvia, si las bases nos siguen siendo lo suficientemente útiles
como para impulsarnos a una renegociación. Dos, si un nuevo acuerdo con Franco
es soportable desde el punto de vista de las relaciones con las potencias
occidentales democráticas.
En este sentido, Dean Rusk valoró que un acuerdo de cinco
años con la España de Franco, teniendo en cuenta lo que ya se había hecho y la
forma en que estaba evolucionando el mundo, no sería especialmente dañino para
las relaciones de Estados Unidos con otros. Siempre y cuando, claro, que
Estados Unidos siguiese manteniendo una calculada distancia respecto de Franco.
En el ámbito militar, Robert McNamara fue de la opinión de que
el abandono de las bases españolas plantearía serios problemas de comunicación
para la Sexta Flota; problemas que podían ser malamente resueltos con
ubicaciones alternativas. Esto, de alguna manera, comprometía la capacidad de
actuación estadounidense en el teatro mediterráneo, África y Oriente Medio.
Una vez aclarado el dato de que Estados Unidos no se podía
permitir el lujo de hacer que aquellas negociaciones capotasen, la siguiente
pregunta que planteó el presidente fue hasta dónde podía llegar una eventual
contraoferta. La respuesta de los secretarios de Estados fue que podría hablar
de un plan de 100 millones de dólares, pero en el que la mitad se financiase
con adquisiciones españolas, por lo que la ayuda pura y dura venía a ser de 50
millones. En el terreno económico, los préstamos del Banco de Exportación e
Importación podían continuar; pero el deseo español de recibir ayudas de la AID
(es decir, fondos Next Generation gratis et amore) era totalmente
implanteable. Por supuesto, la firma de un tratado de defensa mutua con una
dictadura, como quería Franco, estaba completamente fuera del radar. Muy en
particular, en el caso de un ataque sobre España por un país tercero que no
agrediese a socios OTAN, debía quedar muy claro que no existía obligación
alguna de Estados Unidos de acudir en ayuda. McNamara venía a plantear, por lo
tanto, que si Marruecos atacaba el sur de España, los efectivos de las bases de
Rota y Morón se quedarían dentro de las bases, calladitos y sin intervenir.
Aquello era mucho menos que lo que España quería. De hecho,
Antonio Garrigues, que teniendo en cuenta el pro americanismo de su familia
cabe estimar que debió de sufrir mucho con aquellos desencuentros, terminó por
declararle a los diplomáticos estadounidenses, campanudo, que la oferta
americana tendría que ser aceptada por otro embajador. Y lo cumplió, porque su
siguiente acto fue escribirle a Castiella e informarle de su dimisión del
cargo. En ese momento, las negociaciones estaban en el punto de ruptura.
Castiella estaba literalmente acojonado con la posibilidad de que dicha ruptura
se produjese. Franco, en cambio, no. El caudillo le dijo a Garrigues que no le
aceptaba la dimisión; pero al tiempo vino a decir que, si hay que romper, pues
se rompe.
Así las cosas, dos semanas después Garrigues volvió a
Washington con una carta de Castiella que lo nombraba negociador
plenipotenciario.
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