Franco y EEUU (29): Un jarro de agua fría

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… Y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, espada de Trento, se bajó los pantalones

En la primavera de 1963, como digo probablemente influido en esto por Franco, Carrero había cambiado de opinión, como Pedro Sánchez. Ahora pensaba que los acuerdos hispano norteamericanos eran muy útiles para España. Eso sí, seguía pensando que España estaba, por así decirlo, en un peligro especialmente intenso por su situación. El almirante pensaba que la vía que acabaría explotando la URSS para lanzar la guerra en Europa sería seducir a Marruecos para que se lanzase en una guerra anticolonial contra España.

En esencia, Carrero no abandonó su postura crítica hacia los acuerdos, como la tenía también Rovira; sólo que la suya, más política, había terminadlo por descartar la denuncia de los pactos, algo que había estado presente en sus primeras tomas de posición. Rovira, como digo, era mucho más radical (lo cual quiere decir que era mucho más libre a la hora de exponer su opinión) y consideraba que, de no existir nuevas contrapartidas, la utilización estadounidense de las bases españolas no era negocio para España. Esas contrapartidas pasaban, en primer lugar, por que Estados Unidos le diese a España lo que la OTAN le había negado, es decir, la seguridad de que, si el país era agredido, Washington se consideraría también agredido. Asimismo, el diplomático consideraba que Estados Unidos tenía que comprometerse a, en el marco de los acuerdos, ser el principal socio financiero de los entonces futuros planes de desarrollo. En el fondo, lo que planteaba Rovira era que había que exigirle a los Estados Unidos que firmase un acuerdo de asistencia militar con España. Un acuerdo así debería ser votado por el Senado, y era muy poco probable que un presidente, incluso aunque fuera republicano, se atreviese a plantear dicha votación. En esas circunstancias, apostaba Rovira, lo que haría la Casa Blanca era justo lo que Franco más quería: presionar para forzar la entrada de España en la OTAN. Literalmente, mutualizar el marrón.

En consistencia con todas estas dudas, en junio de 1962 la comisión delegada del gobierno creada para el seguimiento de los acuerdos con los Estados Unidos le recomendó al jefe del Estado la denuncia de lo firmado en 1953. La comisión hizo suyo el análisis del almirante Carrero y también encargó a los ministros militares, a Castiella y al departamento de Obras Públicas, que se pusieran a analizar qué activos e infraestructuras podrían ser financiados con fondos de ayuda estadounidense (lo digo y lo repito: España, bajo Franco, la UCD, el PP o el PSOE, siempre está esperando que llegue un Next Generation que le pague la fiesta). Aquel mismo verano de 1962, Antonio Garrigues, un hombre muy bien relacionado en Estados Unidos como todos los miembros de ese encaste, fue nombrado embajador en Washington.

Garrigues era realista. Sabía que la ambición de los fondos Next Generation estadounidenses era un error, o mejor una quimera, porque los vientos que corrían en el Potomac iban en realidad en la dirección contraria. En ese contexto, el planteamiento del embajador era que lo que había que conseguir de Kennedy era un apoyo cerrado a Madrid en sus intentos tanto de ingresar en la OTAN como de asociarse a la Comunidad Económica Europea, ofreciendo a cambio una adaptación de las estructuras del régimen; adaptación que sería, durante la década de los sesenta, la labor fundamental de los tecnócratas y de algunos otros animosos ministros como Manolo Fraga.

El 11 de enero de 1963, el gobierno español comunicó oficialmente a los Estados Unidos su deseo de iniciar conversaciones para la renovación de los acuerdos de diez años antes. En ese momento, sin embargo, en Madrid no había una sola idea sobre por dónde tirar. De hecho, lo que había era una fuerte pelea política soterrada, ya que Castiella pretendía que el gran coordinador de la negociación fuese el Ministerio de Asuntos Exteriores; lo cual suponía, obviamente, darle un papel secundario a los ministros militares. Esta pretensión, por otra parte, estaba cimentada en el hecho de que el gran beneficio que se esperaba obtener de la negociación no era militar, sino político. Los hombres de Franco consideraban fundamental que España consiguiese algún tipo de entrada, o seudo entrada, en la CEE. Una vez miembros del club económico europeo, pensaban, la entrada en la OTAN caería como fruta madura.

Estados Unidos, es obvio, no vota en las decisiones europeas. Pero eso no quiere decir que no tenga capacidad de influir en el voto de países que sí lo hacen. Esto es lo que esperaba Franco, sin darse cuenta, en mi opinión, de que para conseguir algo así tenía que construir una auténtica alianza estrecha con Estados Unidos, más o menos del tipo de la que este país ha tenido con Gran Bretaña durante muchas décadas; algo para lo que tenía que convencer a un presidente demócrata.

En Madrid todos estaban convencidos de que el presidente, sus asesores, el Congreso y el ejército estadounidense estaban, por diversas razones, por la labor de renegociar un acuerdo jugoso para España. Consideraban que era el Departamento de Estado el que lo estaba parando todo. Por esta razón aceptaron, entre otras cosas, que la negociación se llevase a cabo en Washington; buscaban evitar que los diplomáticos monopolizasen la negociación.

Las expectativas se enfriaron muy rápidamente. Los estadounidenses le comunicaron a Garrigues que sus representantes en la OTAN y cerca de la Comunidad Económica Europea habían podido comprobar de primera mano que el ambiente entre los países europeos respecto de España era muy frío. Consecuencia lógica de las cositas que hacía Franco, asumiendo que podía decir que era más europeo y demócrata que nadie mientras reventaba a tiros a Julián Grimau. Washington, en consecuencia, se quitaba de en medio elegantemente, aduciendo que, si se quitaban la máscara y procedían a patrocinar las candidaturas españolas, lo más probable era que Francia respondiese con un veto.

Todos estos dimes y diretes agotaron la paciencia de Garrigues quien, muy probablemente, había soñado con que su embajada sería mucho más friendly de lo que estaba resultando. El 25 de abril, el embajador consiguió una entrevista con Rusk, a quien le expresó sin ambages la decepción española. Garrigues exhibió, en defensa de la modernización de España, diversos pasos que ya se habían dado, de la mano sobre todo de los juristas tecnócratas, por los cuales, por ejemplo, diversos delitos habían pasado de la jurisdicción militar a la civil; por no mencionar los avances de la libertad de Prensa. Garrigues se vio días después con el secretario de Defensa, Robert McNamara, con quien habló en términos muy parecidos.

McNamara, sin embargo, lo sorprendió desagradablemente. Ya os he dicho que en Madrid todo dios estaba convencido de que el problema lo tenían con Dean Rusk, pero que los militares estadounidenses perdían el culo por las bases. Por eso, al embajador se le salieron los huevecillos del escroto y le rebotaron contra el suelo cuando escuchó decir al ministro de Defensa que, oye, el valor de las bases aéreas en España, pues no es para tanto, sobre todo ahora que estamos sustituyendo bombarderos B47 por misiles. Eso sí, en Rota (que es una base aeronaval) los Estados Unidos seguían interesados en poder crear una base de submarinos. Por último, McNamara le vino a decir al embajador español que, en materia de ayudas, no esperase demasiado. O, casi mejor, nada. Horas después habló con el general Tyler, que lo cabreó todavía más porque le dejó bien claro que esa relación especial, de alianza o seudo alianza, con que soñaba Franco, era más difícil que un cameo de Torrente en una de Almodóvar.

El mensaje que recibió Garrigues en esas tres entrevistas fue claro: los estadounidenses no veían que hubiera nada que negociar. No se avenían a incrementar la ayuda militar (en puridad, ni siquiera se avenían a continuarla). No se avenían a partirse la cara diplomática para apoyar la normalización de España y conseguir su entrada en la Comunidad Económica Europea. No estaban dispuestos a forzar su entrada en la OTAN. Llegaban a insinuar que lo mismo alguna que otra base ya les sobraba. Y, lo que es peor, esto no lo había dicho sólo uno de los entrevistados, sino todos. Los hombres de Franco creían que se enfrentaban a algunos demócratas a los que no les gustaba en franquismo; pero ahora se daban cuenta era de que lo que tenían delante era un país que tenía la sensación de que, con el despliegue de los acuerdos de 1953, había conseguido básicamente lo que buscaba y, en consecuencia, no quería ir más allá.

En ese punto procesal, abril de 1963, España estaba, de alguna manera, condenada. Y tampoco tenía una posición unívoca y rocosa con la que oponerse al escepticismo de la otra parte negociadora. Sin embargo, probablemente el Departamento de Estado había ido demasiado lejos. Franco, aunque su posición se hubiese debilitado, todavía guardaba algunos triunfos en la manga. Las cosas no eran tan sencillas como que las bases hubieran dejado de ser útiles. La negociación cambió pronto de tono.