Franco y el poder (12: el gallinero se revoluciona)

En mayo de 1956 queda claro el dominio falangista sobre el diseño de lo que tendría que ser el orden constitucional franquista. El 17 de aquel mes, la Junta Política del partido, presidida por el propio Franco, acordó la formación de la ponencia que redactaría esas leyes. La ponencia tenía dos representantes del Gobierno de corte claramente no falangista: el almirante Carrero y el ministro tradicionalista de Justicia Antonio Iturmendi. Pero, más allá, por el Consejo Nacional fueron designado Tomás Gistau Mazzantini y Luis González Vicent; Raimundo Fermández Cuesta y Rafael Sánchez Mazas por la propia Junta Política; dos representantes de la Secretaría General del Movimiento (Diego Salas Pombo y Joaquín Reguera Sevilla); y, por último, representando al think tank franquista, el Instituto de Estudios Políticos, Javier Conde y Emilio Lamo de Espinosa. Todas estas personas trabajarían, además, sobre un texto de ley del gobierno preparado en noviembre del 55 por una ponencia presidida por Jorge Jordana de Pozas y donde estaban Antonio Castro Villacañas, Mario Hernández Sánchez-Barba, Manuel Galea, César García Sánchez y Gabriel Elorriaga.

Además, Luis González Vicent, conspicuo miembro del ala más «auténtica» del falangismo, presentó por su cuenta un documento de bases en que atribuía al Consejo Nacional de FET y de las JONS la propuesta de candidatos a Jefe del Estado, posteriormente votado por plebiscito. El jefe del Estado debería, además, consultar con el Consejo Nacional la disolución de las Cortes.

Lo que se estaba ventilando en estas discusiones era la articulación jurídica del Estado español. Algo así como aceptar barco como animal acuático con la designación de Franco (pues Franco no había sido designado jefe del Estado por ninguna ley, sino por una votación producida al inicio de una guerra y, por lo tanto, de carácter militar), pero estructurar cómo, a partir de ese momento, habría de estructurarse el mando en España. En términos muy gruesos, en este punto se enfrentaban los intereses: de los carlistas y monárquicos, interesados en que el Estado se conformase como una monarquía, puesto que España era un reino; de los falangistas, interesados en mantener en la España de la posguerra mundial, por mucho que abandonase las formas y convicciones fascistas, el regustillo fascista de un régimen dominado por el partido único; y el interés de los franquistas ni falangistas ni monárquicos (el principal núcleo de los cuales serán los tecnócratas), interesados en dibujar un Estado con estructuras homologables a escala internacional.

Como he dicho, el proceso de creación de las leyes constitucionales del franquismo estuvo, cuando menos inicialmente, dominado por Falange y Arrese. Éste encargó al Instituto de Estudios Políticos, y con ello al ticket Conde-Salas Pombo, la elaboración de los proyectos de ley; la ponencia creada en mayo tendría como función estudiarlos. En junio, estos juristas tuvieron listo ya un borrador de Ley Fundamental de los Principios del Movimiento Nacional, y el 7 de julio una Ley Orgánica del Movimiento Nacional. Estos borradores fueron retocados por el nuevo director del Instituto de Estudios Políticos y por el nuevo vicedirector, un prometedor político gallego llamado Manuel Fraga Iribarne.

La Ley de Principios, como su propio nombre indica, exponía los términos ideológicos y políticos que informaban el régimen franquista, que deberían permanecer inmanentes y sin discusión. Entre estos principios, el Movimiento Nacional, siguiendo la senda de elevada opinión que sobre sí mismos tienen siempre los políticos, y más aún los dictatoriales, se erguía en intermediario entre Estado y Sociedad, así como en intérprete exclusivo de las inquietudes y deseos de ésta. Se declaraba explícitamente abolido el sistema de partidos políticos. Tomaba, asimismo, de los célebres puntos de Falange la idea nuclear de una organización sindical que integrase todos los elementos de la actividad económica.

La Ley Orgánica del Movimiento, en estos borradores debidos sobre todo a Javier Conde, era la que articulaba todos los principios más en lo concreto, apostando claramente por una dominación del partido único, matizada durante Franco, y neta después. Así, desnudaba de funciones ejecutivas al jefe del Estado que sustituyese al Caudillo, convirtiendo al Consejo Nacional del Movimiento en el órgano básico del Estado. El Secretario General del Movimiento se convertía en miembro nato del Gobierno, con funciones para poder hacer el seguimiento y control de su labor. Además, el Consejo Nacional, al estar formado por consejeros natos, casi todos de ellos miembros o ex miembros de la estructura del partido; miembros designados por el jefe del Estado; y miembros electivos, todos ellos militantes del partido, quedaba conformado claramente como un órgano que siempre estaría bajo el control falangista.

El Consejo Nacional se convertía también, en aquel borrador, en una especie de tribunal de garantías o constitucional a la remanguillé, por cuanto se establecía que todos los proyectos de ley aprobados por las Cortes deberían ser remitidos al Consejo, el cual podría dictaminar su incompatibilidad con los principios del Movimiento y, consecuentemente, echarlos atrás. Este mecanismo funcionaba incluso para los decretos gubernamentales.

A estos dos borradores siguió un tercero, denominado Ley de Ordenación del Gobierno. Esta finalmente nonata LOG es, a mi modo de ver, aunque yo no soy jurista, la que verdaderamente puso los pelos como escarpias extramuros de Falange. Como no podía ser de otra manera tras haberse elaborado a LOMN, el Gobierno de España quedaba bajo la tutela, primero del Secretario General del Movimiento, colocado en el Consejo de Ministros a perpetuidad (de hecho, estas leyes preveían que sobreviviese a Franco), y segundo por el Consejo Nacional. El proyecto, además, regulaba la figura del jefe de Gobierno (inexistente en el franquismo hasta el nombramiento de Luis Carrero Blanco), supeditando tanto su nombramiento como su labor y sucesión a la consulta al criterio del Secretario General del Movimiento.

Durante el verano se produjeron movimientos cabe Franco, aunque no tuvieron, que yo sepa, un tono de enfrentamiento. Antonio Iturmendi, por ejemplo, le envió varias notas sobre los proyectos redactados (sobre alguno de los cuales había presentado enmienda a la totalidad en la ponencia); notas que no eran muy partidarias de los textos, pero los trataban con deferencia, y mostrando, simplemente, el temor de que terminasen por convertir al Movimiento en un ente estatificado y sin vida (que, dicho sea de paso, fue exacamente lo que pasó). Carrero también intervino, en términos parecidos. El 29 de septiembre, en el XX aniversario de la proclamación de Franco como jefe del Estado (falso aniversario, como hemos visto, porque, propiamente, Franco no fue designado jefe del Estado español el 29 de septiembre de 1936), José Luis Arrese anunció ante el Caudillo la remisión de los proyectos a las Cortes.

En dicho acto, por cierto, se produjo por parte de Franco uno de esos discursos plañideros a los que son tan aficionados políticos y gobernantes, en plan hay que ver cómo sufro siendo lo que soy. Rememorando los tiempos de la guerra, dijo: «En vano pretendí buscar en el campo de nuestros valores nacionales quien mejor pudiera asumir esta responsabilidad con mayores posibilidades de éxito, pero mis pobres argumentos se estrellaban contra la dialéctica firme de mis compañeros, a la que forzosamente había de entregarme. Así lo exigía en aquellos momentos la salud de la Patria. Sólo con la fe puesta en la santidad y razón de nuestra Cruzada, la confianza en la ayuda de Dios, que en ningún momento de mi vida me faltó, pude aceptar tan grave responsabilidad».

Aparte de ese tono tan estomagante de yo estoy aquí porque no tengo más remedio, el parrafito tiene la virtud, creo yo, de mostrar otro síntoma del franquismo y de Franco, cual es su habilidad, en verdad muy acendrada, a la hora de cambiar el pasado. En efecto, Franco dominaba como nadie el arte de hacerse aparecer a sí mismo como el jefe de acciones en las que había participado como uno más. En puridad, como sabemos bien, en la guerra civil Franco era un primus inter pares, y el proceso por el cual se llegó a la designación de un jefe militar único para las tropas no fue un proceso en modo alguno protagonizado por él. Sin embargo, igual que le vemos en 1937 celebrando como si tal cosa el primer aniversario de algo que en realidad no ocurrió (su designación como jefe del Estado), durante sus años de dictadura nos lo encontraremos leyendo párrafos como éste, en los que intenta hacernos creer que él estaba al frente de todo desde el minuto uno del golpe de Estado.

En todo caso, lo importante de aquel acto es el anuncio de Arrese; porque el hecho de que Franco no hablase en su discurso de los proyectos, y el mosqueo catalino que se cogieron tanto Carrero como Iturmendi, demostró que nadie que vistiese camisas policromadas estaba informado de ello. El 6 de octubre, los proyectos fueron enviados a los ministerios, y aquello fue la mundial. De los departamentos ministeriales llegaron enmiendas en cascada que pretendían cambiar hasta los pies de página.

En la sala de máquinas del franquismo comenzaron a moverse un montón de cosas. Laureano López-Rodó, entonces un brillante catedrático especialista en Derecho administrativo, elaboró un informe para Iturmendi que no tiene desperdicio, en el cual acusaba a los proyectos de Arrese de vulnerar la evanescente legislación constitucional ya existente (leyes de Sucesión, de Cortes y del Fuero de los Españoles), de atentar contra la sobernía del Estado, de someter al ejército a una doble jerarquía (al estilo de la Alemania nazi o la URSS) y, en general, de ser proyectos totalitarios.

Como he dicho, los franquistas no azules se pusieron en marcha. El 18 de diciembre, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Carrero Blanco, entregó una nota demoledora en la que, entre otras cosas, destacaba que los proyectos estaban hechos de tal manera que el Consejo Nacional, piedra angular del régimen en dichos textos, tendría siempre una mayoría controlada por el Secretario General, con lo que éste se convertiría en el hombre más poderoso de la nación. En esta última proposición se ve que Carrero conocía bien a Franco; sabía lo que tenía que escribir para darle por culo (que otro mandaría más que él). Cinco días más tarde, el propio Iturmendi presentaba su nota, que también tenía lo suyo. Aparte de barrer para la casa dinástica (destacando que los proyectos prácticamente borraban toda senda monárquica de la arquitectura del régimen), afirmaba que «el Estado ha de representar a la nación entera, es decir, a todos los españoles sin excepción, incluso a los que no están afiliados al Movimiento». Y redacta uno de los puntos fundamentales del fascismo como forma política al llamar la atención de que «si la representación política se confiere al Movimiento, entidad distinta del Estado, éste dejaría de ser representativo para convertirse en totalitario».

Más acerado fue, aún, Francisco Gómez de Llano, ministro de Hacienda, quien en su propio escrito dejaba esta perla, que levantó ronchas en la Secretaría General (las cursivas son mías): «Esta organización del Consejo Nacional y las facultades que a él se le confieren y las que se atribuye, en consecuencia, el Secretario del Partido [sic] (algunas en contradicción con la Ley del Consejo del Reino), constituyen una tan extraordinaria novedad en nuestro régimen político, que sólo puede encontrar (nos referimos a su estructuración) cierto parecido con los sistemas políticos de países que hoy carecen de las más mínimas libertades humanas, como ocurre en la Europa situada más allá del Telón de Acero.»

A despecho de ilusión de antifranquistas, todos estos críticos, como Iturmendi o Gómez de Llano, no perseguían la libertad. En concepto que tenía Iturmendi de «todos los españoles», evidentemente, se circunscribía a los que no le tocaban los huevos. Y el concepto que tenían todos ellos de dar mayor representatividad al pueblo español se refería a representatividad orgánica, es decir controlada. Pero, en todo caso, estos escritos y enmiendas, de los que aquí sólo he dejado algunas perlas, dejan bien claro el estado de conflicto que se vivió en el seno del franquismo.

El escrito de Jesús Rubio, ministro de Educación (y catedrático de Derecho Mercantil) es curioso de leer por la sencillez de algunos de sus planteamientos. Pero dice alguna verdad gruesa: «la oficialización de Falange que el anteproyecto propugna presenta inconvenientes, habida cuenta de que no todos los españoles se consideran falangistas.» Más claro, diría Jardiel, el caldo de un asilo.

Con todo, el documento más demoledor es la carta que Esteban Bilbao, presidente de las Cortes, tradicionalista, le envía a Arrese. Es lógico que el más cabreado sea él porque, desde luego, si una institución es ninguneada y maltratada en los proyectos de Falange, ésa son las Cortes (cosa lógica, por José Antonio nunca escondió su repugnancia por la representación parlamentaria).

Bilbao dice en la carta que en los anteproyectos cree ver «desnaturalizada la idea del Poder, modificada la idea del Movimiento, entorpecida la vida del Estado, y falsificada la misma realidad social». Acusa a los textos de inventar un cuarto poder (más allá del ejecutivo, legislativo y judicial) encarnado en el Consejo Nacional «incrustado en todos los organismos estatales, Cortes, Gobierno, Consejo del Reino, etc.» «Si de lo que se trata es de implantar una Monarquía», sigue, «lo que se implanta es un Estado en el que el Monarca no tiene apenas función soberana alguna; y si se trata de implantar una democracia, resulta que lo que se instaura es la dictadura posible de un Consejo Nacional regido por un Secretario, dueño y supervisor de toda la maquinaria política».

El final de la carta es épico: «Con estos anteproyectos, Arrese amigo, no se gana la calle, ni se conquista el pueblo. España, que vistió durante largos siglos el manto imperial, que hoy adorna su escudo, no lo cambiaría jamás por una camisa de fuerza: eso es posible en Rusia, país acostumbrado a la servidumbre, pero no duraría una sola semana en España, pueblo acostumbrado a la libertad, enamorado de la justicia y celoso de su dignidad».

Como puede verse, la comparación Falange-URSS estaba al cabo de la calle entre los franquistas no azules.

La defensa en el momento presente del falangismo, que es cosa enteramente legítima por otra parte, suele basarse en la idea de que Franco cambió la idea del falangismo, la utilizó, y que, por lo tanto, los falangistas son otra cosa. Otra cosa, sí; pero si hemos de fijarnos en los dos momentos de la Historia de España en los que Falange actuó por sí sola, siguiendo sus instintos, tampoco es como para admirar la oferta. Cuando Falange creyó llegado el momento de cobrar los réditos de haber ganado la guerra (idea errónea; la guerra la ganaron los militares) y medrar al calor de la pujanza de los fascismos alemán e italiano, lo que hizo fue crear un liderazgo personal, el de Serrano, que quiso convertir el país en un Estado fascista. Y, casi quince años después, cuando Arrese (que, como he contado, no tenía que estar en ese puesto en ese momento) actuó por segunda vez dibujando algo así como España según el falangismo, lo que pintó fue un Estado totalitario, vigilado y dominado a partes iguales por un sandedrín de notables (idea de pura cepa bolchevique), y en el que nadie, incluidos los gobernantes, dejaba de estar vigilado y controlado por una macroestructura de poder dominada por un solo hombre: el Secretario General del Movimiento.

Ya tenía Franco, en aquel diciembre de 1956, el gallinero franquista revolucionado. Pero aún habría de serle más difícil la cosa.

Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado.

Aviso

Que ya he conseguido encontrar tiempo para refundir las tomas sobre la Normalidad del 36. Están en la biblioteca, a la que se accede por un enlace que aparece en la columna de la izquierda.

Franco y el poder (11: Las cosas se tuercen... un poquito)

Tres días después de la gran manifestación de la plaza de Oriente, el 12 de diciembre de 1947, la ONU, reunida en Flushing Meadows, aprobaba una resolución contra el gobierno español. Se suele decir que este punto, junto con la declaración de San Francisco, marcan el punto más bajo del prestigio internacional del franquismo. Y es cierto. Pero, sin embargo, tan cierto como eso lo es el hecho de que, aguas adentro de España, las iniciativas de la ONU, en realidad, le vinieron de perlas al dictador.

Nadie puede negar que el 9 de diciembre, la mayoría de los centros de trabajo en Madrid cerraron a media mañana para facilitar la asistencia a la concentración. Pero tampoco es racional negar que en la manifestación hubo mucha gente que estuvo porque quiso estar; como lo es que el movimiento de Flushing Meadows, apenas 72 horas después, también hizo mucho por convencer a no pocos españoles. Ahora que está tan de moda recordar, en el cine y en la tele, los tiempos del primer franquismo, llama la atención la ausencia de este sentimiento, que era muy amplio entonces: el sentimiento, totalmente justificable, de rabia ante la imposición «de fuera»; la sensación de que era desde otros ámbitos del mundo desde donde se quería resolver la situación de España.

Hay quien ha escrito, y no es un análisis que convenga tirar a la basura sin más, que si el mundo hubiese reaccionado a la posguerra franquista abriendo embajadas y practicando una estrategia de pataditas en las canillas, todas leves pero en gran número, el franquismo lo habría tenido muy difícil para pervivir en el largo plazo porque, de alguna manera, era un sistema que, dejado a su bola, corría peligro de hundirse bajo el peso de sus propias contradicciones y enfrentamientos internos.

Alguien tan poco sospechoso de simpatías con Franco como Salvador de Madariaga le lanzó, en su día, tres torpedos a la línea de flotación de la estrategia de la ONU: uno, le puso a Franco a huevo la crítica desde el punto de vista moral, puesto que, ¿qué declaración era ésa que había sido votada positivamente por un país como la URSS, que había creado un sultanato comunista a su servicio pisoteando los derechos y deseos de los pueblos afectados?; dos, la resolución fue tan lejos que hizo evidente que tanto Estados Unidos como Reino Unido se sentían incómodos apoyándola, por lo que Franco tuvo claro desde entonces qué chepas tenía que palmotear; y, finalmente, careció de consecuencias prácticas para España.

De hecho, como digo, los años críticos para Franco en el entorno internacional son, sin lugar a dudas, los años en los que su poder (objeto de estas notas) fue menos cuestionado. Esto le dio al dictador margen de maniobra suficiente como para hacer lo que ahora sabía que tenía que hacer, que no era otra cosa que dorarle la píldora al amigo americano. Las negociaciones con Washington fueron muy rápidas, y ya en septiembrede de 1953, la España de Franco alcanza un acuerdo con los EEUU para firmar un tratado militar que permitió, durante décadas, que Estados Unidos utilizase el suelo español como base estratégica, a cambio de más bien poco.

Todo este apoyo incondicional a Franco, que se revaluó además conforme, gracias a las cesiones y buenas relaciones, pudo el dictador exhibir ante sus administrados la normalización internacional del régimen, tenía fecha de caducidad. Ya hemos dicho con anterioridad que la España de los años cuarenta, nos pongamos como nos pongamos, era una España franquista de la cruz a la raya. La de los años cincuenta permanece en esa situación, pero ya empiezan a producirse los primeros atisbos de rebelión. O más bien dos. Una interna, y la otra externa. Y una trae la otra.

En primer lugar, está el conflicto externo al franquismo. Franco vivía, fundamentalmente, del recuerdo de la II República y la guerra civil. Su gran argumento, cada vez que las cosas se ponían feas, era recordarle a los españoles que se habían cagado de miedo y lo habían visto todo perdido, y con eso lograba que la sociedad española tragase con lo que hiciese falta. Pero, obviamente, para un dictador longevo, la demografía opera en contra. A mediados de los años 50, las universidades españolas comenzaron a poblarse de jóvenes que, cuando estalló la guerra, eran apenas unos mamones, en el sentido estricto de la palabra. Los que a menudo se ha conocido como los jaraneros del 56 eran estudiantes a los que el gran argumento franquista les resbalaba, porque ellos no habían pasado ni miedo ni hambre; así pues, empezaban a contemplar el pasado de España con otros ojos. Los jaraneros, además, vinieron a unirse, en el crisol universitario, con los primeros desencantados del franquismo, falangistas y católicos, como Dionisio Ridruejo; y tuvieron la suerte, además, de encontrarse con un ministro de Educación de escasas voluntades represoras como Joaquín Ruiz Jiménez.

Todo empezó por un club de poesía. Un grupo de estudiantes quiso organizar encuentros poéticos y culturales y parece ser que la estructura falangista incluso puso a su disposición para ello un piso en la calle Alcalá, frente al Retiro. Aquellos encuentros, sin embargo, derivaron pronto de la metafísica declamación de églogas de bello metro al intercambio de ideas sobre la necesidad de una reforma democrática del país.

En este ambiente, en octubre de 1955, con aval rectoral (Pedro Laín Entralgo, otro falangista de libro que comenzaba a virar), un grupo de jóvenes universitarios, entre los que estaban Ramón Tamames, Enrique Múgica, Javier Pradera o Fernando Sánchez-Dragó, lanzó la idea de un congreso de escritores jóvenes. En diciembre, una Orden Ministerial creaba el centro cultural Tiempo Nuevo. A finales de enero de 1956 Tiempo Nuevo elaboró y publicó un manifiesto exigiendo la convocatoria del congreso, que fue muy critricado por el SEU. El sindicato estudiantil falangista, que ya contemplaba todos los movimientos de los tiemponovinos con creciente desconfianza, decidió que hasta ahí había llegado la burra.

El 7 de febrero había elecciones en la factultad de Derecho, sita entonces en el caserón de San Bernardo, y el ambiente de enfrentamiento entre, digamos, renovadores y oficialistas, hizo que el SEU comenzase a ver que iba a perder unas elecciones que creía ganadas (como todas). Jesús Gay, jefe del SEU, decidió reaccionar llamando a la XX Centuria de la Guardia de Franco, que entró en la facultad como un elefante en una cacharrería, repartió unas cuantas hostias e incluso le rifó un par al propio decano. Aquello provocó una marcha semiespontánea de varios centenares de estudiantes, que se dirigieron por la Gran Vía a la ciudad universitaria, para contarle la movida a los de otras facultades. Además, una lápida de la facultad de Derecho que honraba a los caídos por Dios y por España fue semidestrozada.

El atentado contra la lápida movilizó más a los falangistas, que en número de varios centenares (y, se comenta en algunas memorias, no todos estudiantes) se presentaron en la facultad y cantaron el Cara al sol frente a la lápida. Mientras, frente al Ministerio de Educación se producían algunos actos de protesta. Esa noche, un grupo falangista asaltó el llamado Colegio Estudio, donde causó varios destrozos.

Con estos antecedentes llegamos al 9 de febrero, el Día del Estudiante Caído. Los falangistas celebraban el DEC desde que, en 1933 y en dicha fecha, fuese asesinado un adolescente falangista, Matías Montero, a manos de unos socialistas. Lo mataron, al parecer, por haber participado algunos días antes en un asalto de falangistas en la facultad de Medicina, con destrozo de mobiliario incluido.

El asesinato de Montero fue especialmente aleve y cobarde, y por eso Falange lo recordaba (honradamente, no sé si aún lo recuerda) con mucha dedicación (tema que nunca he entendido muy bien; puestos a elegir un mártir falangista como ejemplo, yo votaría por Juan Cuéllar). Varios miles de camisas azules se concentraron en la calle de Víctor Pradera, cerquita de Marqués de Urquijo. Al terminar el acto, diversos grupos, camino del centro, remontaron esta última calle y tiraron por Alberto Aguilera.

A la altura del Colegio de Areneros, de casada ICADE, se encontraron con un grupo nutrido de estudiantes, diremos que de izquierdas, con los que se enfrentaron violentamente. Un grupo de estos falangistas se parapetó en la esquina de Galileo con Alberto Aguilera (el merdé de los de izquierdas venía de la glorieta de San Bernardo) y sacó sus armas. No ha de extrañar esto. En aquella época eran muchas las unidades de Falange, incluso las centurias de balillas o montañeros donde había gente muy joven, que manejaban armas.

Y hasta aquí puedo leer, porque el resto es misterio. Un adolescente llamado Miguel Álvarez, que se encontraba agachado en el parapeto, recibió un tiro en la cabeza. En puridad, hubo otro herido que casi nunca se cita, un estudiante llamado Joaquín Ferrero; pero, por los datos que tengo, en su caso no fue cosa de mucho.

Lo de Álvarez, sin embargo, fue grave. Gravísimo. Las teorías son tres: o bien, tesis ésta que suele ser la más aceptada, algún compañero del militante del Frente de Juventudes, hallándose detrás de él, no pudo evitar que se le disparara la pistola, y le hirió por error; o bien Álvarez fue herido por la policía; o bien fueron los estudiantes de oposición (que dudo mucho que pudieran estar armados). Lo importante, en todo caso, es que la herida fue crítica.

España pendió durante horas de un hilo, y ese hilo era la vida de Miguel Álvarez. Para Falange, todo lo que venía pasando de tres meses para allá: la subversión refugiándose en asociaciones avaladas por el propio ministerio, la oposición desafiando a Falange en la universidad, los estudiantes saliendo a la calle a protestar, era un signo inequívoco de que el régimen se estaba volviendo, se había vuelto, blando. Durante años, habían creído haber segado la mala hierba roja, pero ahora los rojos estaban en su misma casa, y les disputaban la supremacía, ayudados por los tibios como Ruiz Jiménez, o los directamente traidores como Laín.

Pocas dudas me caben de que Falange tenía la intención de volver a poner las cosas en su sitio. Que no mienten los libros y recuerdos que apuntan a la realización de listas negras con los nombres de las personas que iban a ser visitadas a partir del momento en que Álvarez exhalase su último suspiro. En aquellas tensas horas de la tarde-noche del 9 de febrero, faltó menos de medio milímetro para que se iniciase un pogromo azul.

Pero no hubo nada, porque los cirujanos salvaron la vida de Álvarez. Quedó seriamente dañado y disminuido, pero estaba (está, creo) vivo.

Franco llamó a capítulo a su gente a las cuatro de la tarde, cuando aún no se sabía qué dirección tomaría la crisis. Acudieron a El Pardo Blas Pérez, ministro de Gobernación, y el propio Ruiz Jiménez. Como el responsable de Falange, ministro Secretario General del Movimiento Raimundo Fernández Cuesta, estaba en Brasil (en la toma de posesión del presidente Justelino Kubitschek), en su lugar acudió Tomás Romojaro, que había estado en el acto del Estudiante Caído. Este gabinete de crisis observó los sucesos hasta el día 11, en que cerró la Universidad de Madrid y suspendió los derechos de residencia y relativos a la detención gubernativa del Fuero de los Españoles. Falange, por su parte, ejecutaba la expulsión de Ridruejo, al que consideraban padre de las movidas. Eso no pudo evitar que en los colegios mayores y otros establecimientos estudiantiles se mascase la tragedias.

Franco necesitaba abrir la espita. Pero esperó al regreso de Fernández Cuesta, el 14, y el miércoles 15 le cesó, a él y a Ruiz Jiménez.

Es posible que el ferrolano considerase que con esto (más la supervivencia de Álvarez) dejaba resuelto el problema. Sin embargo, hay un documento que, en mi opinión, se destaca poco en los libros de Historia, y que es muy relevante a la hora de hacer esta valoración. Me refiero a una carta que José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, le dirigió a Franco el 19 de abril de aquel año; pocas semanas después, por lo tanto, de los sucesos.

A todo aquél que tenga la posibilidad de hacerse con esta carta, bastante larga, le recomiendo que lo haga, y que la lea. Es, en mi opinión, muy reveladora del ambiente falangista (falangista; no de FET y de las JONS) en aquel momento. Girón afirma en su misiva que los sucesos del 9 de febrero, en cualquier otro país, no habrían provocado los problemas y la ira que se ha producido en España. Y ataca: «El español se pregunta: si un tiro a un joven estudiante, un manifiesto clandestino en ciclostil, una algarada de estudiantes, una huelguecita descencadenada por elementos indisciplinados o impacientes, son cosas capaces de hacer perder los nervios al país, ¿qué ocurrirá el día que nos falte Franco?»

Este párrafo es Girón en estado puro. Este falangista castellano sabía combinar como nadie, en sus escritos, la lealtad a la figura de Franco (que le profesó, literalmente, hasta el último suspiro de ambos) con la voluntad de ponerle los puntos sobre las íes. Una lectura bienintencionada de la frase querrá ver en ella la angustia sincera de un militante que de repente se da cuenta de lo terrible que ha de ser la falta de su Jefe (no se olvide que Franco, en 1956, tiene ya casi 65 años, que son como setenta y pico de hoy en día). No obstante, lo que contiene esa frase es una carga de profundidad: mi General, estás pasando de Falange.

«¿Qué poder permanente», se pregunta Girón en la carta, «propiamente nacional, ajeno a la persona sucesora, que no sea el Ejército (cuya intervención podría parecerse a un golpe de Estado o podría entrañar peligros de tal) tendría solidez y autoridad para que la sucesión repentina o inesperada no supusiese un riesgo para el Movimiento mismo?» (las cursivas son mías).

Tal es la filosofía falangista del 56: Falange, Falange, Falange. Girón lo disfraza en su carta de demanda de que se desarrolle un instrumento jurídico que dé consistencia al régimen; pero, como veremos, eso no es otra cosa que pretender que dicho instrumento jurídico se diseñe al gusto del partido. Nosotros, dice el falangismo, somos la argamasa del régimen, su soporte, su cemento. Y si el edificio franquista ha llegado a parecer tan endeble que unas algaradas lo ponen de los nervios, es porque se nos ha dejado de lado, no se nos deja hacer. El corolario del argumento es bien evidente.

Y todo esto tiene su razón de ser. Veamos: Franco tuvo que convivir, desde sus primeros momentos como generalísimo, con el intento del poder político de contrapesarlo. Hedilla se negó a la unificación de Falange y Tradicionalistas; Serrano Súñer se intituló Presidente de la Junta Política; y Arrese, aunque de forma más modesta, también trató, a través de la Secretaría General del partido, de conservar los privilegios partidarios. Por esta razón, Franco quería convertir dicha Secretaría General en un órgano más decorativo (como lo era el Consejo Nacional de Falange) por la vía de poner al frente a un pusilánime. Por eso eligió a la más vieja de las camisas joseantonianas y, al mismo tiempo, la más pastueña: Fernández Cuesta. Febrero de 1956, sin embargo, le cambió el paso, porque los sucesos vinculados al aniversario de Matías Montero dejaron claro que dentro de Falange subsistían grupos con un elevado nivel de autonomía y que seguían pretendiendo hacerse con el control del Estado, si no por vía jurídico-política, sí social, tomando la calle, las instituciones, y haciéndolas suyas. Porque Fernández Cuesta le falló tuvo que volver a confiar en Arrese, algo que no esperaba hacer, entre otras cosas porque el nombramiento dio alas a ese movimiento panfalangista que se denota en la carta de Girón.

Franco era extremadamente cuidadoso con Falange, consciente de que no podía prescindir de ella para apuntalar su régimen. Véase el ejemplo de que no fue hasta 1968 cuando sustituyó los Estatutos del partido de 1937, modificados en 1939, que todavía definían al Consejo Nacional de Falange como el órgano en el que el caudillo tenía que consultar todo, incluidas «las grandes cuestiones internacionales»-

Obviamente alineado con esta filosofía, en 1941 Serrano Súñer, en lo mejor de su proyecto de liderazgo personal fascista, diseñó una Ley de Organización del Estado que lo definía como totalitario y delegaba en la Junta Política del partido la función de ser «el Supremo Consejo Político del régimen y el órgano colegial de enlace entre el Estado y el Movimiento». Los tradicionalistas pusieron el grito en el cielo, y el proyecto descarriló. De hecho, los carlistas respondieron en 1942 con un proyecto constitucional, elaborado por conde de Rodezno, que obviamente conformaba el Estado y el gobierno como instituciones monárquicas; no hará falta explicar mucho por qué Franco lo clasificó por la B de Varios.

Más contemporizador, aunque con el mismo éxito, fue el catalán Eduardo Aunós en su proyecto de 1945, que declaraba. «El Estado español será gobernado por una Monarquía, que rige actualmente un Caudillo». Con un par. En sucesivos artículos, para no pillarse los dedos, utilizaba la expresión, que no deja de significarlo todo y nada a la vez, «Jefe de la Nación». Evidentemente, este fistro diodenal jurídico no prosperó.

Quedaba, pues, la cuestión de articular el Estado. Hemos llegado, como quien no quiere la cosa, a 1956. Manolita, la dueña de El Asturiano, que al llegar la guerra era probablemente una jovencita que comenzaba a estar de buen ver, ya ve llegar, ahí, tras el cambio de rasante, la quinta década de la vida. España ha evolucionado mucho, se van dejando atrás el racionamiento, la mugre y el hambre... y, sin embargo, el Estado sigue siendo prácticamente el mismo que era cuando su función era ganar una guerra de la que ya nadie habla desde hace 17 años. La llegada al entourage de Franco de los llamados tecnócratas encuentra aquí, mucho más que en una pretendida acción del lobby opusdeísta, su razón de ser. Alrededor del almirante Carrero, jefe de máquinas del franquismo, se empieza a aglutinar un grupo de jóvenes juristas administrativistas, dispuestos a redecorar la República Independiente de Franco para que parezca un país serio.

Pero este proceso no pasa desapercibido para los siempre atentos ojos de Falange. El 4 de marzo de 1956, en Valladolid, José Luis Arrese, secretario general del Partido, pronuncia un discurso en Valladolid, en el que anuncia la preparación de nuevas leyes fundamentales.

El franquismo, de alguna manera, son varios trenes que avanzan, a toda velocidad, hacia un centro en que convergen todas las vías, que es Franco. La existencia de un enemigo común, los rojos, hace que esos trenes, hasta ahora, estuvieran muy lejos de la estación terminal. Pero ahora, cautivo y desarmado el ejército rojo, rotas las esperanzas de un bloqueo internacional efectivo, ganado el respeto de las democracias más conservadoras y de los Estados Unidos, perdidos y divididos en querellas internas los republicanos en el exilio, ahora, digo, ya no hay razón para que no avancen, cuesta abajo, hacia el destino.

Y, una vez llegados ahí, choquen.