viernes, septiembre 12, 2008

La República y la Iglesia (2)

En julio de 1937, el Episcopado español hacía pública una nota colectiva, probablemente preparada por Isidro Gomá, arzobispo de Toledo. Aquel comunicado fue un grave problema para la República, porque daba expresión escrita a las quejas de la Iglesia frente a su actuación. Sucintamente, repasaba las agresiones realizadas durante los años de legalidad republicana y, sobre todo, defendía la legitimidad del golpe de Estado ante la amenaza de impregnación comunista en el país. Y sentenciaba: «hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional».

Esta carta colectiva era una toma de posición sin paliativos de la Iglesia. Que es una institución que suele preferir las medias tintas, de lo cual hay muchos ejemplos (sin ir más lejos, la Alemania de Hitler). Fue un error gravísimo de la República llevar las cosas hasta el extremo de permitir esta especie de pastoral, pues, a partir de la misma, todas las opiniones públicas católicas, y algunas no católicas, que no fuesen de espíritu muy abierto, se extrañarían de la causa republicana. La República era, ciertamente, un régimen democrático. Pero, en muchos países democráticos, porciones importantes de la masa social se situaron contra ella.

Otro factor coadyudó en la misma dirección, y fueron los enormes problemas que tuvo el gobierno de la República, en las primeras jornadas tras el 18 de julio, para controlar a sus propias huestes; problemas que, de alguna forma, permanecerían durante toda la guerra. Sabido es que, producida la insurrección, en muchos lugares de España, y muy singularmente en Madrid y Barcelona, pequeñas partidas de revolucionarios hicieron de su capa un sayo y fueron ellos mismos la ley, dijera lo que dijera la Gaceta de la República. Estos grupos más o menos organizados, más o menos incontrolados, se desempeñaron con especial saña contra los religiosos. Según diversas valoraciones, 13 obispos, más de 4.000 curas, unos 2.300 religiosos y cerca de tres centenares de monjas fueron convenientemente apiolados por grupos, grupúsculos, carceleros y demás.

El 2 de agosto, en el periódico La Vanguardia, Andreu Nin escribía: «la clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente: no dejando en pie ni una siquiera».

Ciertamente, aquella fue una actuación de, por así decirlo, incontrolados. Pero el gobierno republicano no era ajeno a la política anticlerical. El decreto de 27 de julio de 1936 desarrollaba la aplicación del artículo 26 de la Constitución, estableciendo la incautación de los servicios religiosos.

Llegamos al 9 de enero de 1937. La guerra, contra lo que muchos pensaban en ambos lados, se prolonga. El día 9 hay consejo de ministros en la zona republicana. En dicho consejo se conoció un memorando preparado por un ministro católico del gobierno, Manuel de Irujo. Quien lo quiera leer entero, lo puede ir a buscar al libro que el hermano de Manuel, Andrés de Irujo, publicó con el seudónimo A. de Lizarra, y que se titula Los vascos y la República española.

Irujo trataba de ser demoledor con su memorando. Y a mi juicio, lo consiguió. He aquí algunos extractos (con algunas cursillas mías):

«Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.

Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.

Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron.

Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales.

En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios, y otros modos de ocupación diversos.

Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos.

Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso.

Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto».

Como puede verse, la República había llevado a cabo la secularización del país, por la vía más directa: la violencia. A ello había ayudado, ciertamente, la actitud cerril de la propia Iglesia durante los años republicanos. Pero, una vez producido el golpe de Estado, el gobierno republicano, simple y llanamente, no se sabe si habría querido; pero, desde luego, fue totalmente incapaz de impedir la violencia contra lo religioso.

El 14 de septiembre el papa Pío XI, que todavía estaba tomando los baños en Castelgandolfo, recibió a una delegación de curas españoles huidos de la quema, en un acto que fue un nuevo espaldarazo para la España franquista; y que, precisamente por tener ese carácter, fue hábilmente boicoteado por alguno de los jerifaltes más moderados de la iglesia española, como el cardenal tarraconense Vidal i Barraquer. Desde el 19 de diciembre de 1936, el cardenal Gomá era representante oficioso de la Santa Sede ante el gobierno de Franco; pero el papado, todavía, no se atrevía a darle al general una representación diplomática total, signo de que no todo estaba perdido para la República.

Manuel de Irujo, ministro sin cartera en el gobierno de Largo Caballero desde el 25 de septiembre de 1936, inició poco después de su nombramiento contactos discretos con la otra formación republicana de corte católico: la Unió Democràtica de Catalunya. Las conversaciones se desarrollaron a base de cafelitos en el hotel Majestic y cuchipandas en el restaurante El Oro del Rhin. Ambas partes estuvieron de acuerdo en que para la República era crítico sacar de las cárceles a los curas, acabar con el cachondeo de la toma, quema y sacrilegio de las iglesias y, a ser posible, recuperar la legalidad del culto católico, como un elemento fundamental para dar al mundo imagen de país democrático. Para la República era fundamental alimentar la imagen de que eran un régimen democrático atacado por fascistas totalitarios y, la verdad, algunas cosas que habían pasado ya, como la llegada de las Brigadas Internacionales (muchas de ellas impulsadas desde un país no demasiado democrático) no ayudaban demasiado. Irujo escribiría en su memorando: «La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza, que conduce a la repulsión, la conducta del Gobierno de la República, que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen». El memorando utilizaba incluso una expresión que cabe imaginar que levantaría ronchas en no pocos ministros de aquel gobierno cuando lo leyesen: se quejaba Irujo de «la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar».

El vasco había dado en todo el bull’s eye.

Hay una cosa que, al parecer, no consiguieron entender ni Diocleciano ni Largo Caballero: lo peor que se puede hacer con un cristiano para debilitarlo es martirizarlo. Cuanto más puteas, cuanto más proscribes, cuantos más leones sueltas para que le busquen los cataplines a un cristiano, mejor le va al cristianismo. El memorial de Irujo denuncia algo más que una política laicista. Denuncia una política sañuda en la cual las personas eran castigadas por tener una virgen en su dormitorio y rezarle avemarías.

Finalmente, Irujo proponía una serie de medidas, a saber:

1.- Libertad para los curas y religiosos detenidos sin cargos.

2.- Establecimiento de un censo de templos y edificios religiosos, con indicativo de los objetos de culto que contuviesen y el uso que se les estuviese dando.

3.- Prohibición para que, en adelante, se ocupase un edificio religioso más sin permiso gubernamental.

4.- Que todas las obras hechas en edificios religiosos estuviesen aprobadas por la Dirección General de Bellas Artes.

5.- Declaración expresa de la licitud de todos los cultos religiosos, siempre que sus manifestaciones externas se atemperen a las leyes.

6.- Prohibición de toda orden de policía tendente a coartar el ejercicio privado de las creencias.

Respuesta, unánime (salvo Irujo, claro), del gobierno: It’s gonna be not.

Visto lo visto, el Vaticano comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer: tocar los remueldes.

Manuel de Irujo era católico porque pertenecía al otro partido católico implicado con la república, el PNV, que además de ministerios en Madrid, tendría el gobierno vasco. En el ámbito de Euskadi, de hecho, no se produjeron las agresiones a las iglesias, dado el carácter confesional de la mayoría política de aquel país. Así pues, en Roma empezaron una labor de zapa tratando de pactar con el PNV una paz separada para los vascos y vascas. El gobierno Largo interceptó un par de telegramas sobre el asunto, según confiesa éste en su especie de memorias. Aunque, de todas formas, el proyecto decayó pronto por la oposición de uno de los interlocutores euskaldunes, el canónigo Alberto Onaindía.

Poco tiempo más tarde, Largo comenzó a llevarse de puta pena con el embajador soviético Rosemberg, al que echó de su despacho. Y con ello firmó su sentencia de muerte como presidente del gobierno. A la llegada de Negrín, Manuel de Irujo fue, por así decirlo, ascendido. La República tenía miedo de que el PNV hiciera la guerra y, sobre todo, la paz por su cuenta (como, de hecho, acabaría por hacer, en el bochornoso espectáculo de Santoña), así pues la quería tener cerca. A Irujo lo nombraron ministro de Justicia.

¿Un ministro de Justicia católico? Quizás eso podría facilitar una normalización católica en el lado republicano. Otro día lo veremos.