domingo, septiembre 14, 2008

La República y la Iglesia (y 3)

«Sólo seré ministro mientras pueda garantizar que los tribunales de justicia aplican las leyes». Esta frase, pronunciada por Manuel de Irujo durante su toma de posesión, expresa muy bien una de las tragedias de la República durante la guerra civil: su escasa capacidad de tener un poder centralizado que, primero que todo, impidiese los «innúmeros asesinatos» de los que también habló el ministro peneuvista en su discurso.

Irujo aguantó de ministro, o Negrín le aguantó, que nunca se sabe, unos siete meses, hasta diciembre de 1937. Se fue por la razón que había anunciado. En el bando republicano, además de los tribunales ordinarios, funcionaban otros, bastante más expeditivos, como el que se llevó por delante a Andreu Nin. Si Irujo fue claro en su discurso de aceptación del cargo, no lo fue menos en aquél por el que se despedía: «soy plenamente incompatible con el concepto por el cual los tribunales de justicia puedan pasar a convertirse en organismos encargados de aplicar las leyes con arreglo al criterio y a las conveniencias apreciadas en cada caso por el gobierno de la República». No parece que este conspicuo nacionalista vasco creyese mucho en eso de manchar las togas con el polvo del camino.

En el marco del enfrentamiento constante con Negrín que fue el ministerio Irujo, su titular acabó por lograr meter un golito en el asunto que más le preocupaba, que era la normalización religiosa. De 7 de agosto de 1937 es el decreto, que inicialmente iba a restablecer el culto público. José Antonio Balbontín, un curioso personaje de la República que hizo un viaje supersónico desde el Partido Radical (burgués, por lo tanto) al comunismo, sin escalas ni paradas intermedias, era entonces asesor del Ministerio de Justicia, y relata en sus memorias, llamadas La España de mi experiencia, que la re-legalización del culto católico público en el área republicana fracasó por «la irreductible hostilidad de los anarquistas».

Es muy posible que el decreto fuese, en parte, una medida tomada o impulsada para contrarrestar el efecto de una carta colectiva del episcopado español, redactada en el exilio, que suponía un espaldarazo de primer orden para el franquismo. Lo que sí es evidente es que, nada más producirse su publicación, la República comenzó un intento serio por conseguir restablecer las relaciones con el Vaticano. El 13 de agosto, fueron enviados a París el político catalán Lluis Nicolau d’Olwer y el hermano de Irujo, Andrés. El primero adoptó la posición más oficial, presentando una nota en la Nunciatura vaticana en Francia, mientras que el vasco se dedicó, sobre todo, a tomar cócteles con diversos círculos católicos para trabajárselos. El elemento clave era el cardenal Verdier, arzobispo de París, el cual, al parecer, había recibido el nihil obstat de Roma para iniciar aquellos contactos, que también eran conocidos y aplaudidos por el gobierno francés. El único que no tenía ni puta idea de lo que se estaba cociendo era el embajador español en París, Ángel Ossorio y Gallardo, católico él, sí, pero significado defensor de esa Constitución sectaria que ahora se levantaba como un obstáculo en las negociaciones.

Los catalanes, por su parte, hacían la guerra por su cuenta. Las gentes de UDC, cuyo principal muñidor era el político Josep María Trías y Peitx, llevaban a cabo sus propios contactos en Francia y con el exiliado arzobispo de Tarragona, Vidal i Barraquer. Trataban de convencer al Vaticano, por la vía de Vidal, de que las cosas en Cataluña estaban mejor que en resto de España y que, de hecho, la mayoría de los curas catalanes (de los sobrevivientes y no encarcelados, se entiende) practicaban el culto en privado. No parece que en la plaza de San Pedro se creyesen esta versión.

El Vaticano fue extraordinariamente cauto en estos contactos. Entre los curas había también sus diferencias. Verdier, quizá, era más proclive a encontrar a algún acuerdo, mientras que el enlace entre Roma y París, monseñor Fontenelle, lo era bastante menos. Esto hizo que las negociaciones fuesen más bien poca cosa y que el único logro tangible que se produjese fue la autorización vaticana para que un representante suyo hiciera un viaje de estudio a la España republicana.

El encargado de hacer este viaje fue el doctor Tarragó. Teóricamente, todo estaba diseñado para que fuese a España, volviese diciendo que allí donde había estado no se perseguía a los católicos y, de esa manera, tener base para una reanudación de las relaciones con el Vaticano. El bando profranquista de la curia, sin embargo, movió ficha, y más o menos en el mismo momento en que el viaje fue anunciado, 7 de septiembre de 1937, forzó que Verdier le escribiese a Isidro Gomá una carta en contestación a la pastoral colectiva; carta en la que se deshacía en elogios hacia las asonadas profranquistas contenidas en el escrito.

Esta carta provocó en Negrín una intensa desconfianza en Verdier y envenenó el viaje de Tarragó, quien se vio impelido a acortarlo. A lo cual hay que unir que Tarragó, es decir el Vaticano, tenía sus propias incertidumbres y sospechas. La principal de ellas era qué había hecho la República con el arzobispo de Barcelona, monseñor Manuel Irurita, del que no se sabía ni media desde el comienzo de la guerra. El gobierno republicano no pudo convencer a Tarragó de que no sabía dónde estaba y que no lo tenían encerrado ni nada. La verdad es que la situación era tremenda para la República: había matado al monseñor, y ni siquiera lo sabía. Al inicio de la guerra, Irurita se había refugiado en casa de un particular en Barcelona. Fue fusilado el 3 de diciembre del 36, junto con sus protectores; pero quienes lo fusilaron no sabían quién era y lo tomaron por un curilla cualquiera.

Todo ello, probablemente, hizo al Vaticano aún más cauto. Todo lo que pudo conseguir Irujo de aquel viaje fue una nota verbal que es un portento de equilibrio en la cuerda. Primero, por ser tan sólo una nota verbal; a nada fijo comprometía, pues. Segundo, porque se iniciaba expresando convicciones del cardenal Verdier en el sentido de que aquel contacto era muy valioso; para seguir, de continuo, explicando las apreciaciones de monseñor Fontenelle. En las mismas, el enlace vaticano con París (y sin citar a Verdier), afirmaba la imparcialidad del Papa y de su ministro de Exteriores, el cardenal Pacelli (futuro Papa) «a pesar de la posición adoptada por algunos cardenales»; admitía que era interesante volver a tomar contactos entre ambas partes, «cuanto más oficiosamente mejor»; y terminaba opinando que la autorización del culto privado debería extenderse al público y que «es necesario que hagan un gesto dejando en libertad a todos los sacerdotes que están aún en las cárceles y que no están condenados, y con los condenados que sea revisado su proceso». «Sin este paso hecho cuanto antes», terminaba Fontenelle, «lo demás sería inútil».

Según un informe de Trías y Peitx, Tarragó se marchó de España convencido de que la República tenía perdida la guerra y de que, en cualquier caso, le sería imposible sacudirse la influencia comunista. Daba por hecho el católico catalán que el visitante había votado en contra de un restablecimiento de relaciones.

Las cosas no pintaban bien. Lo cual sólo sirvió para que se hiciese más patente aún que hasta entonces otro de los males de la España republicana: la fragmentación regional.

El 26 de octubre de 1937, Trías y Peitx fue recibido en París por Verdier y Tarragó. En un marco, según Trías, de deterioro en la disposición del Vaticano, UDC trataba de negociar unilateralmente la mejora de las condiciones de los católicos catalanes. Trías llegó hasta el punto de proponer el nombramiento de un administrador apostólico sólo para Cataluña.

Para entonces, de todas formas, los profranquistas iban ya ganando por goleada en Roma. El Vaticano, en aquellos meses, nombró un encargado de negocios ante el gobierno de Burgos (Antoniutti) y designó a Gomá su representante oficioso. Se quedó, pues, tan sólo a medio metro de establecer relaciones diplomáticas plenas.

En 1938, como ya hemos dicho antes, Irujo dejó de ser ministro de Justicia, aunque siguió siendo ministro sin cartera y se preocupó de seguir gestionando los temas religiosos personalmente. En enero de aquel año, sin embargo, se produjo un hecho que vendría a envenenar un poco más las relaciones entre la República y el Vaticano: la toma de Teruel por los republicanos, en la cual fue hecho preso el titular de la diócesis, monseñor Polanco.

Irujo, desbordado por los acontecimientos, acaba por aceptar el fait accompli defendido por UDC, es decir de que la mejor forma de normalizar las relaciones del Vaticano con la República pasa por Cataluña, así que se pone como objetivo uno muy ambicioso: el regreso a España (a la republicana) de Vidal i Barraquer.

El cardenal Verdier le escribió una carta a Irujo pidiendo clemencia para Polanco. Estaba claro que el Vaticano establecía dicha liberación como conditio sine qua non para seguir hablando. Lo cierto es que la República no perdió una ocasión más de ser corta de vista, pues, más bien con desgana, se limitó a argumentar que soltaría al obispo siempre y cuando mediara su compromiso de no regresar a su diócesis (la cual, como bien se sabe, fue pronto reconquistada por los nacionales). Una condición que Roma no podía aceptar.

No obstante, algunas cosas mejoraban. En el consejo de ministros de 24 de febrero de 1938, bajo la presidencia de Azaña, se defendió la apertura de una iglesia pública en zona republicana «como medio único de poder acreditar ante el mundo que la República respeta la libertad del culto católico». Prieto puso su granito de arena decretando, el 1 de marzo, que todos los movilizados en el Ejército Popular que fuesen religiosos fuesen trasladados a la Sanidad Militar. Como tercer mojón positivo, el gobierno dio su conformidad a un viaje de monseñor Fontenelle a España.

Monseñor, sin embargo, nunca vino a España. Dilató la respuesta a la invitación una vez y otra, probablemente a causa de lo mucho que se estaba enrareciendo el panorama europeo aquel triste año 1938; situación en la cual el Vaticano juzgó contraproducente hacer movimientos positivos hacia un bando hasta entonces tan lejano como la República española (ya se sabe que Ignacio de Loyola decía que en tiempos de crisis, mejor no hacer mudanza).

Lo de Vidal i Barraquer tampoco pudo ser, sobre todo porque la carta de Irujo le llegó al religioso tardísimo. Si unimos a esto la miopía republicana en el asunto del obispo de Teruel, veremos que, claramente, todo conspiró para darle cuartelillo al bando nacional del Vaticano, que presionaba tan fuerte que el 17 de abril de 1938 metió el gol casi definitivo: el cardenal Gomá informaba al ministro de Exteriores de Franco, conde de Jornada, que Roma ya había decidido nombrar nuncio del Vaticano en la España nacional en la persona de monseñor Cayetano Cicogniani.

Quince días después de esta designación, Juan Negrín hacía públicos sus famosos trece puntos, en los que trataba de buscar un final negociado para la guerra. El sexto de estos puntos comprometía al gobierno a garantizar el derecho de las personas a ejercer sus creencias y prácticas religiosas. La República quemaba sus últimos cartuchos con el Vaticano. Fracasado el viaje de Fontenelle, auténtica llave maestra de todo (sinceramente, no creo que Vidal i Barraquer, por muy moderado que fuese, se hubiese atrevido a venir a España sin que antes se hubiese producido el viaje de Fontenelle, y en términos positivos); fracasado dicho viaje, digo, la única esperanza de la República era abrir al público algún templo.

Pero ahí, la República se topó con... la Iglesia.

Irujo se dirigió al vicario general de la diócesis de Barcelona, José María Torrens, que era sacerdote de la iglesia de San Felipe Neri, en cuyos sótanos, al parecer, susurraba misas de vez en cuando; bueno, en la primavera del 38 quizá las dijese ya a viva voz, pues su práctica era abiertamente tolerada por el gobierno. Para su sorpresa, el vasco se encontró con la firme oposición de Torrens. ¿Un cura negándose en redondo a que se digan misas públicas? Parece absurdo, pero tiene su lógica.

El padre Torrens, a mi juicio con bastante lógica, sostenía que el restablecimiento del culto católico público era una gran noticia. Pero que había que realizarlo ordenadamente. Le contestó a Irujo que eran el gobierno y el Vaticano los que tenían que pactar tal cosa, no un ministro sin cartera y un vicario. En otras palabras: a lo que se negaba Torrens era a una apertura de cultos a la remanguillé. O repicaban todas las campanas de Barcelona, o nada.

Esta negativa de Torrens vino a coincidir, más o menos, con la última miopía de la República. Pasadas las semanas, en Europa se declaró la crisis de los sudetes y por algún momento la República, y sobre todo el siempre optimista Negrín, pensó que la guerra podía cambiar de signo. Esto hizo que el gobierno se distanciase un poco de la componenda con la Iglesia con lo cual, en la práctica, Irujo se quedó en medio de dos contendientes, Torrens y Negrín, que no querían llegar a ningún acuerdo. El gobierno catalán también lo intentó. Su conseller de Cultura, Bosch Gimpera, le pidió a Torrens que abriese la iglesia de San Severo. Se negó de nuevo.

El 30 de abril, el último cartucho de la República se fue a la mierda. En dicha fecha, Vidal i Barraquer le comunica a Irujo su opinión sobre los trece puntos. En líneas muy amargas, escribe: «continúan las persecuciones contra sacerdotes y seglares, que sufren de nuevo en estos últimos tiempos; además, la Iglesia no ha recibido de parte del Gobierno reparación alguna por los atropellos sufridos, ni siquiera una excusa o protesta». Si el más flexible de los prelados españoles, aquél que no quiso firmar alguna que otra pastoral colectiva por considerarla demasiado facha, les mandaba a la mierda, entonces es que todo se había ido a la mierda.

Con fecha 12 de agosto, Álvarez del Vayo, ministro de Asuntos Exteriores, le hace llegar a Vidal, a través del vicario general de Tarragona Salvador Rial, una carta en la que afirma que «el Gobierno de la República tiene, con absoluta y ejemplar unanimidad, el deseo sincero y ardiente de normalidad el restablecimiento del culto público, el regreso de los sacerdotes a sus parroquias y aún el regreso del eminentísimo metropolitano, a quien se le darían todas las garantías convenientes y se le tendrían todas las consideraciones y honores a su altísima dignidad». Y añadía: «la libertad práctica de la libertad religiosa lleva consigo algunas dificultades y rozamientos por el criterio y procedimiento de algunas personas. Estas dificultades desaparecerían si pudiera conseguirse alguna forma de representación diplomática por ambas partes». Una carta, en mi opinión, bastante torpe. En algunos puntos, difícilmente creíble (por ejemplo, en eso de la absoluta unanimidad existente en el gobierno sobre el asunto) y en otros insultante (yo, desde luego, si fuese católico me sentiría insultado si alguien osase considerar que la quema de templos y el asesinato de religiosos y seglares son rozamientos).

Aún así, Vidal envió la misiva a Roma, recomendando se la atendiese e, incluso, llegando a insinuar el nombre de Rial como la persona que podría ser nombrada por el Vaticano. Es muy probable que en esta comprensión tenga mucho que ver que, por las fechas en que envió la carta al Papa, acababa de comenzar la batalla del Ebro, y las cosas estaban aún en ese punto en el que parecía que el ejército republicano había tocado pelo.

El Papa, sin embargo, hizo una de las cosas que mejor sabe hacer: esperar. Y no tuvo que esperar mucho. Pronto la batalla cambió de signo y se perdió Cataluña.

Y comenzó, como escribió el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite de pedra