viernes, febrero 23, 2007

Notas sobre España y la cuestión religiosa

No hay ni un solo elemento de la vida económica y social de España que defina con mayor claridad el punto de división entre ideologías que la cuestión religiosa. Cuidaros de entender que he escrito la cuestión religiosa y no la religión, pues son cosas diferentes. Los españoles siempre hemos sido partidarios de considerar que los terrenos de las ideas privadas son eso, privados; así pues, no estamos hablando de discusiones sobre la existencia o no de la divinidad, que de ésas también ha habido y habrá, sino de la interminable, y compleja, relación entre la sociedad española y la iglesia católica, apostólica y romana.

El siglo XIX de nuestra Historia se consume en el enfrentamiento básico entre el conservadurismo de los partidarios del llamado Antiguo Régimen y las diferentes formas que adoptan las ideologías liberales, desde el liberalismo más conservador y dinástico hasta el republicanismo protomarxista. Si una cosa identificará a los liberales serán sus ideas sobre la cuestión religiosa. Ya hace ahora 150 años se teorizaba sobre la necesidad de implantar una enseñanza laica y separar claramente el poder espiritual del material. La iglesia católica recibió un duro golpe laicista con la desamortización decretada por Juan Álvarez Mendizábal, en la cual, en todo caso, no se desprendió sino de posesiones de las que obtenía rendimientos más bien reducidos; razón por la cual se consideraba que aquellos latifundios eran manos muertas. Sin embargo, el camino del laicismo estuvo muy lejos de ser recto y continuado. De hecho, dio un notable paso atrás con el llamado Abrazo de Vergara, que no fue sino un pacto por el que se cerró la guerra carlista (o, más bien, una guerra carlista). El convenio de Vergara era lo que le convenía a España, que se estaba desangrando en una guerra entre tradicionalistas y liberales; pero supuso cierto nivel de aceptación para aquéllos, lo cual frenó notablemente las reformas.

Tras la revolución de 1868, La Gloriosa, la reina Isabel II fue puesta en la frontera y el liberalismo triunfante alcanzó, más allá del gobierno de la nación, los resortes del Estado. El punto que en el calendario estaba señalado para el progreso, sin embargo, tampoco lo fue tal, dado que el régimen que detrás vino (aquella monarquía subastada que le cayó a Amadeo de Saboya, AKA non capisco niente; y para qué hablar de la caótica república pimargalliana que la siguió) otorgó todo el margen para la reacción conservadora, liderada por Antonio Cánovas del Castillo, quien armó una Restauración borbónica sobre la base de lo que él llamaba la Constitución Esencial de España, de la que formaban parte algunos elementos, entre ellos, por supuesto, el catolicismo.

Para que nos demos cuenta del cambio: el artículo 21 de la Constitución liberal monárquica nacida de La Gloriosa (1869) declaraba que la Nación debería mantener a los ministros de la religión católica, pero garantizaba el derecho de los creyentes en otros credos al «ejercicio público y privado» de su culto. Más aún: la Constitución de la I República (1873), trataba, a todas luces, de cerrar el capítulo de la cuestión religiosa con tres vueltas de llave. Una: «El ejercicio de todos los cultos es libre en España» (art. 34). Dos: «Queda separada la Iglesia del Estado»(art. 35). Y tres: «Queda prohibido a la Nación o al Estado Federal, o a los Estados regionales o a los Municipios, subvencionar ni directa ni indirectamente ningún culto» (art. 36).

Tan sólo cuatro años después, en 1876, Cánovas escribía, en el artículo 11 de la Constitución restauradora: «La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros (…) No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado».

La puerta de la cuestión religiosa, abierta. Again.

Como vemos, tan sólo el republicanismo radical propugnaba entonces la separación entre iglesia católica y Estado español. Si bien fue una idea que fue prendiendo y, de hecho, se convirtió en el primer elemento de diferenciación dentro del Partido Liberal. Diseñado por Sagasta para ser una fuerza monolítica que se turnase con el Partido Conservador canovista, en sus filas comenzaron a surgir políticos, como Segismundo Moret y, sobre todo, José Canalejas, de marcadísimo marchamo anticlerical. Ya hemos comentado en otro post la que montó Canalejas siendo presidente del Gobierno con su Ley de Asociaciones, que no hacía otra cosa que cerrar la puerta a la implantación de más órdenes religiosas en España, pero sin cuestionar las que ya había.

Canalejas y los anticlericales surfeaban sobre una ola quizá no tan grande y alta como la clerical, pero sí, desde luego, de importancia. Cuando Benito Pérez Galdós dio a la imprenta una de sus novelas más anticlericales, Electra, se encontró con que en los dos primeros días de lanzamiento se vendieron 10.000 ejemplares; hay que tener en cuenta que eso es algo que hoy, en una España mucho más poblada, letrada y rica, consiguen poquísimos autores. En los primeros años del siglo XX, la iglesia vio cómo la oposición le llegaba por su flanco más querido: la educación. Una de las tendencias del anticlericalismo fue fundar y mantener escuelas laicas, modernas se llamaban entonces, donde se ofrecía a los niños una educación liberal. Francisco Ferrer, el activista fusilado como consecuencia de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, era impulsor de una de estas escuelas.

Desde el abrazo de Vergara hasta la Ley de Asociaciones de Canalejas pasa más de medio siglo y en él, con el único paréntesis de la I República, bastante breve, la iglesia católica se las arregló para conservar básicamente sus privilegios; lo cual, paradójicamente, no hizo sino empeorar las cosas. La conservación de privilegios, unida a la, en ocasiones, descarada intromisión en los asuntos temporales a través de esa herramienta de influencia llamada confesionario, enervó los ánimos en exceso. Así las cosas, cuando en los albores del siglo XX algunas capas de españoles, sobre todo de clases bajas, comienzan a escuchar los cantos de sirena de ideologías diversas que aceptan la violencia como herramienta, el anticlericalismo devendrá en agresión a todo lo clerical. En 1906, el político republicano Alejandro Lerroux, líder que fue de un partido llamado no por casualidad Radical, publicó la siguiente arenga (las cursivas son mías): «Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie». Que la iglesia dominaba en exceso y tenía demasiados privilegios, no me parece negable. Lo que sí me cuestiono es que pueda existir una sola situación social que justifique a alguien para que llame a la violación.

Bakuninianos, estirneristas, marxistas de variado pelaje y también republicanos burgueses rabiosamente anticlericales comenzaron a arder en las brasas de la impotencia y a hacerse empanadas neuronales con la idea de la expulsión del catolicismo. Lógicamente, ni uno solo de estos hombres dejó de apoyar, en abril de 1931, el advenimiento de la República. Y, una vez llegada ésta, reclamaron su botín.

El 10 de mayo de 1931, es decir la República no tenía ni un mes de vida, se produjo un gravísimo incidente entre monárquicos y republicanos. Éstos asaltaron el Círculo Monárquico, situado en el centro de la ciudad, y quemaron los coches del marqués de Luca de Tena, del duque de Fernán Núñez y del duque de Santo Mauro. Ese mismo día, asaltaron la sede del diario ABC, propiedad de Luca de Tena y de significada posición monárquica, y quemaron el quiosco de la Puerta del Sol porque era propiedad de El Debate, es decir el periódico órgano de expresión de la Asociación Católica de Propagandistas.

Esto no era más que el aperitivo. El 11 de mayo se produjo la primera quema de iglesias y conventos, principal, aunque no exclusivamente, en Madrid. En ese momento Miguel Maura, católico, conservador, republicano y ministro del Interior (Gobernación se llamaba), instó al Consejo de Ministros para que le autorizase a sacar a la fuerza pública a la calle a impedir los desmanes.

El relato que hizo el propio Maura en el Parlamento (Diario de Sesiones del 11 de enero de 1932) es, sucintamente, éste: desde el día anterior, el ministro del Interior tenía la certeza de que el 11 iba a haber follón en Madrid, motivo por el cual forzó una reunión del Consejo de Ministros a las diez de la mañana. Tras dos horas de dimes y diretes en plan que esto va en serio y que no, que no, a mediodía llega la primera noticia de atentado: el convento jesuita de la calle de la Flor está ardiendo. Maura pide permiso para sacar a la Guardia Civil a repartir leches. Y, en ese momento, un ministro (eso es lo que dice Maura en el Parlamento; pero hoy sabemos que ese ministro fue Azaña) pronuncia la famosa frase: «todos los conventos de España no valen la vida de un republicano; si sale la Guardia Civil, yo dimito». Declaración miope donde las haya porque un Estado ha de serlo de Derecho, y en un Estado de Derecho el personal no va por ahí quemando los edificios que le peta, sean dichos edificios propiedad de la iglesia, del Real Madrid o de Otorrinolaringólogos Sin Fronteras.

No es hasta las doce de la noche de aquel día, siempre según Maura (pero cierto es que quienes podrían desmentirle le estaban escuchando, y no lo hicieron), cuando el Gobierno se da cuenta de que la cosa lleva camino de ser un auténtico merdé y de que hay que sacar a la fuerza pública a la calle.

El 14 de mayo, el presidente del Gobierno (aún no de la República) Niceto Alcalá-Zamora, también católico y de derechas como Maura, haría unas bochornosas declaraciones a la prensa extranjera, en las que justificaba que las iglesias y conventos hubiesen ardido sin participación de la fuerza pública porque en Madrid había más de 200 edificios religiosos y, dijo, carecía de ejército suficiente para protegerlos.

Claro que, para llegar a esto, la iglesia también había puesto su granito de arena. Era en 1931 cardenal primado de España el cardenal Pedro Segura y Sáez. ¿Cómo recibió su eminencia a la República, que había llegado, debemos recordarlo, mediante un movimiento ciudadano absolutamente pacífico? Pues mediante una famosísima pastoral que lleva fecha de 1 de mayo (antes de los disturbios, pues) y que no tiene desperdicio.

Vamos con algunas citas, con cursivas mías:

«Algunas disposiciones recientes, en daño de los derechos de la Iglesia, y otras más graves que ya se anuncian y que, por ser de todos conocidas, no enumeramos, dan a los momentos actuales una gravedad extraordinaria e imponen a la conciencia de todos los católicos españoles gravísimas responsabilidades, que no podrán eludir, ni ante la historia de la Iglesia ni, lo que más importa, ante el Tribunal de Dios».

«El Sumo Pontífice Pío X reprobó la doctrina que afirma que es un abuso de la autoridad eclesiástica el que la Iglesia prescriba al ciudadano lo que debe hacer».

«No se preocupa la Iglesia de intereses puramente temporales, y no quiere invadir ajenas jurisdicciones ni privar a sus hijos de la legítima libertad en aquellas cosas que Dios dejó a las disputas de los hombres; pero tampoco puede consentir que se desconozcan o se mermen sus derechos, ni los derechos religiosos de sus hijos. Cuando esto suceda, cumplirá un deber, al que no puede sustraerse sin faltar a su misión divina, advirtiendo a los católicos el peligro, excitándolos a conjurarlo y dándoles normas para el mejor logro de sus fines superiores. A los católicos toca el acatar y cumplir los mandatos y normas de la iglesia que, con la asistencia del Espíritu Santo, que la gobierna, y con la experiencia de veinte siglos, sabe hallar siempre, en medio de las mayores oscuridades, el camino de la verdad y del acierto.»

«En las circunstancias actuales todos los católicos, sin distinción de partidos políticos, deben unirse en apretada falange».

«Es urgente que en las actuales circunstancias los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

Esta pastoral fue una declaración de guerra. O, más en concreto, una salida de pata de banco de una jerarquía eclesiástica que no parecía haberse enterado de nada; que no hizo, además, nada por calmar las cosas, sino todo lo contrario. Tan sólo en los párrafos citados el cardenal Segura, cráneo previlegiado por decirlo de forma valleinclanesca: 1) Advertía a los católicos de que, de no obecederle, se condenaban; b) sustentaba la idea de que tenía todo el derecho a meterse en lo que sus feligreses votaban o dejaban de votar; c) afirmaba la superioridad intelectual de la jerarquía eclesiástica sobre las personas, aseverándole a los católicos que él sí que sabía lo que había que hacer y no ellos; d) reclamaba una unión católica suprapartidista; e) como colofón, adornaba su pastoral con una más que descarada llamada al voto para las derechas.

La reacción del Gobierno fue solicitar del Papa la remoción del cardenal primado, que no se produjo, aunque Segura salió de España. Eso sí, volvió clandestinamente algunos días después y, al ser descubierto en Guadalajara, fue de nuevo expulsado.

Luego llegaría la ilegalización de los jesuitas y el anticlericalismo visceral de la quema de conventos y de cosas como la posición de la diputada socialista Margarita Nelken, citada por Raymond Carr en su fundamental España 1808-1975 (editada por Ariel), según la cual era mejor no regular el trabajo doméstico porque, de hacerse, se le reconocerían derechos a las costureras de los conventos. Y, por la otra parte, la deriva de la iglesia hacia lo que denominamos nacionalcatolicismo, es decir una amplia identificación, sin ambages, de la jerarquía católica con la derecha más radical.

Cinco años después del nacimiento de la República, llegaría la guerra civil: el péndulo daba otro bandazo.

Y para mí que sigue moviéndose.