Como es fin de semana, hoy la cosa va de leer. No es la primera vez que hacemos recomendaciones de lectura y, probablemente, tampoco será la última.
Hoy, Inasequible os trae una selección, muy personal, de novelas sobre Madrid. Personalmente, no acabo de entender que haya preterido a Don Benito y, asimismo, que se haya olvidado de Ramón de Mesonero Romanos (si bien éste excede el espacio temporal del post). Pero la antología es suya, así pues ni quito ni pongo rey. De lo que sí doy fe es de que las recomendaciones que aquí ensaya son pertinentes.
A veces, la mejor Historia no se encuentra en los libros de Historia, sino en las novelas. Una novela bien ambientada puede hacernos comprender mejor un momento histórico que la más sesuda de las monografías. Por eso se me ha ocurrido hacer un recorrido de los últimos 125 años de Historia de Madrid recurriendo a las novelas.
Empezaría con Pequeñeces, del Padre Luís Coloma, que refleja muy bien los ambientes aristocráticos madrileños de la segunda mitad de la década de 1870. El Padre Coloma la escribió con intención moralizadora, pero se nota que en algún momento el escritor pudo con el religioso y que en el fondo la frivolona protagonista, Currita, le caía bien. La infame Currita acaba recibiendo el castigo que merece por sus pecados, la tragedia se ceba sobre ella y al final la vemos en una iglesia, a punto de convertirse. Sin embargo, hay momentos en los que me pareció que lo que el Coloma-escritor hubiese querido, habría sido terminar la novela con Currita tomando las aguas en Biarritz del brazo de algún apuesto gigoló.
Para el Madrid de fines del siglo XIX, la novela a leer es Las noches del buen Retiro, de Pío Baroja. A Baroja, como a Cela, le pasaba que no sabía contar historias, levantar la estructura narrativa de una novela. En cambio, era un maestro en la creación de estampas y en la ambientación. Las noches del buen Retiro es eso: una sucesión de estampas del Madrid de fines del XIX, que nos lleva desde los jardines del Buen Retiro, donde en las noches veraniegas se lucían los aristócratas y los burgueses, hasta el barrio de Chamartín de la Rosa, que entonces se estaba construyendo y que albergaba a bohemios, proletarios y gentes de toda calaña. Una curiosidad, que muestra que la Historia se repite: Baroja menciona como caso muy señalado de aquellos años, el de las andanzas del estafador Mariano Conde. No señala si el señor Conde realizó sus fechorías en el sector de la banca. Aunque literariamente La Busca es mejor, me quedo con Las noches del buen Retiro, porque ofrece una visión más panorámica de la sociedad madrileña y no centrada únicamente en los ambientes pequeñoburgueses y proletarios.
Utilizo mis prerrogativas de antologista para cometer la arbitrariedad de eliminar de mi lista al gran escritor sobre Madrid, Benito Pérez Galdós. Mi justificación para hacerlo es: porque me da la gana.
Para las tres primeras décadas del siglo XX, el mejor libro es La novela de un literato, de Rafael Cansinos Asséns. El libro es una crónica del Madrid bohemio de aquella época. En él asistimos a las tertulias del legendario revolucionario y tragacuras José Nakens, director del mítico El motín; a la aparición del ABC, que supuso una nueva manera de hacer el periodismo; a la boda del Rey Alfonso XIII y el atentado de Mateo Morral; al suicidio de Felipe Trigo, que era el Arturo Pérez-Reverte de aquellos días; a la irrupción en la escena madrileña del rompedor Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías; a la construcción de la Gran Vía madrileña, cuando edificar aún no era sinónimo de corrupción y pelotazos urbanísticos; al pronunciamiento del General Primo de Rivera; al final de la dictadura que, al decir de Cansinos Asséns, se debió sobre todo a «las extravagancias, demasías y plebeyeces del general alcoholico y chulo»; al fin de la monarquía con su aire de farsa carnavalesca, y al estallido de la guerra vivil, que puso fin a ese Madrid bohemio. Es un libro lleno de nostalgia que revela un Madrid mucho más moderno y divertido de lo que nos imaginaríamos, un Madrid que no volvería a recuperar esa alegría de vivir hasta cincuenta años después.
Para el Madrid republicano y de los primeros meses de la guerra, tenemos una novela peculiar, Madrid de Corte a checa, de Agustín de Foxá. Foxá tenía talento para ser buen escritor, pero encontró más agradable disfrutar de la vida y emborronear cuartillas sólo cuando le apeteciera. La literatura perdió posiblemente a un gran escritor, pero en el cambio Agustín de Foxá salió ganando.
Madrid de Corte a Checa es una obra irregular. Arranca con brío, con un algo que recuerda al Valle Inclán de La Corte de los milagros pero, a medida que se adentra en el período republicano, las ganas de saldar cuentas con el enemigo se revelan más fuertes que el instinto literario y la novela entra en barrena, casi entrando en lo panfletario. Eso sí, sus descripciones del Madrid del verano del 36, una vez descontada la mala baba, siguen siendo insuperables.
La novela del Madrid franquista es La Colmena. Camilo José Cela no sabía construir el armazón de una novela y tenemos que agradecerle que en esta novela hiciese lo que hacía mejor: escribir pequeños episodios, escasamente hilados entre sí, y ponerlos en forma de libro.
Del Madrid de la Transición no encuentro ninguna novela notable. Tal vez sea que los escritores que hubieran debido escribirla se perdieron en las nieblas de la Movida y no encontraron sus cuartillas. Hay, sin embargo, un libro interesante sobre esta época: Eduardo Haro Ibars: los pasos del caído, de J. Benito Fernández. Es la biografía del hijo poeta de Eduardo Haro Tecglen. Su vida le sirve al autor para mostrar como telón de fondo la Movida madrileña: Alaska y los Pegamoides con su Bailando, los happenings de Rock Ola, la primera Orquesta Mondragón, el incendio de la discoteca Alcalá 20…
El último libro sería Madrid ha muerto, de Luís Antonio de Villena. Huele a obra de encargo y literariamente no vale gran cosa, pero cuando uno lo termina, cierra los ojos y se dice: «La Movida, ¡qué de recuerdos!...»
Madrid, ¡qué de novelas!
Historias de España
viernes, marzo 02, 2007
miércoles, febrero 28, 2007
¿Pueden los países ser culpables?
La reciente sentencia del Tribunal Penal Internacional sobre las matanzas ocurridas en Bosnia a principios de los años noventa no parece haber contentado a nadie salvo, quizá, a los partidarios de la progresiva integración de Serbia en la Unión Europea. Por lo que sabemos de la sentencia, da una de cal y otra de arena. Por un lado, reconoce lo que difícilmente se podía soslayar, es decir que en los sucesos tristemente famosos de Srebenica lo que se produjo fue un asesinato masivo e indiscriminado de bosnios musulmanes a manos de bosnios serbios ultranacionalistas de corte fascista, pues elemento nuclear de todo fascismo es el racismo y el consecuente odio hacia el distinto. Sin embargo, por el otro lado (que nunca sé si es la cal o la arena), la Corte exime al pueblo serbio de su presunta culpa como, por así decirlo, colaborador necesario en aquellas matanzas que, por lo tanto, quedan mutatis mutandis limitadas a los jefes de la limpieza étnica serbobosnia, es decir Radovan Karadzic y sus amiguetes.
El problema que plantea esta sentencia no es nuevo, aunque la solución ha sido, básicamente, la misma. Durante muchos, muchos siglos el genocidio no se ha considerado un crimen de guerra, esto es, una acción punible cometida más allá de las que por esencia se producen durante un enfrentamiento bélico. De hecho, miemtras en un área las fronteras no se estabilizan, las guerras tienen que ver con la ocupación de territorios, lo cual significa levántate tú, que has perdido, del sillón porque ahora yo, que he ganado, me voy a sentar. Tradicionalmente, ha habido tres vías para conseguir esto: el exilio (el pueblo perdedor se va); la dominación (el pueblo perdedor es reducido a la esclavitud o sus derechos son notablemente recortados, en beneficio de la elite ganadora); o el genocidio (no dejar rastro del pueblo perdedor). De hecho, el genocidio, en forma de asesinato o de esclavitud, es lo que está en el fondo de acciones muy comunes en el pasado remoto, en cuyos relatos leemos de ciudades que soportaron meses de asedio sin rendirse; la rendición, ellos lo sabían bien, no era ningún chollo.
La teoría de que la necesidad de expansión justifica la guerra permaneció impoluta en la filosofía humana durante mucho, mucho tiempo. Pero a principios del pasado siglo XX estaba ya obsoleta en Europa, para todos menos para uno, Adolf Hitler, quien la utilizó para justificar su expansionismo: en la filosofía nazi, Alemania había sido constreñida en la Historia para su natural expansión imperial y debía recuperar su espacio vital, su Lebensraun. Como bien sabemos, sacar a Hitler de su error costó seis años y millones de muertos, sobre todo rusos. La caída del régimen nazi supuso, además, saber que Hitler había ido mucho más allá de la retórica violenta en su teoría de que los judíos eran culpables de los males de Alemania.
El descubrimiento del genocidio judío impulsó a los aliados a impulsar definitivamente una Corte que juzgase, con pronunciamientos internacionales, los crímenes de guerra. Esa Corte fue el tribunal de Nuremberg, de cuyas principales sentencias ya hemos hablado. En ellas, los principales jerifaltes vivos del régimen nazi fueron condenados por diversos cargos.
No obstante Nuremberg dejó cabos sueltos, que ahí siguen. Sobre todo, dos.
Por un lado, Nuremberg fue un tribunal de vencedores. Lo cual quiere decir que los vencedores ni por asomo juzgaron sus propias bestialidades. Episodios como el que recuerda la película Enigma (filmada, por cierto, gracias a los dineros de Mick Jagger, el cantante de los Stones), es decir la matanza de cientos, si no miles, de soldados polacos a manos del ejército soviético, han quedado básicamente limpias de polvo y paja. Asimismo, nadie ha juzgado seriamente las bestialidades cometidas por el ejército soviético durante su penetración en Alemania, al final de la guerra.
El segundo de los cabos sueltos, que es el que afecta a la sentencia reciente de la CPE, es el papel de los pueblos. ¿Puede un loco cometer locuras solo? Pongamos que yo me broto y decido que hay que fusilar a todos los murcianos pelirrojos. Hay un camino entre que yo, en mi habitación, piense eso y que firme en el Palacio de La Moncloa al pie de un papel donde se establece la ejecución de todos los murcianos pelirrojos. Y ese camino no puedo recorrerlo solo.
Uno de los grandes temas de la Historia es éste. Desde la Revolución Francesa, la soberanía de las naciones ya no reside en familias reales ni en inspiraciones divinas, sino en los pueblos; para bien, y para mal. Los pueblos son soberanos, lo cual quiere decir que el devenir de sus naciones es, en gran medida, producto de su voluntad. En Nuremberg fueron juzgados algunos de los dirigentes nazis que dieron la orden de gasear a los judíos; pero no fueron juzgados los cientos, miles, centenares de miles de alemanes que escupían a los niños judíos al paso de la fila de prisioneros por los pueblos, o les negaban pan o abrigo. No fueron juzgadas las mesnadas que gritaban Sig, heil! en la Lowenbäukeller o cualquier otro lugar mitinero, después de que su líder hubiese dicho y escrito que a los judíos hay que borrarlos de la faz de la Tierra.
Hay quien piensa que no fueron juzgados porque no pueden serlo. Porque la responsabilidad de los pueblos es limitada, como lo es su capacidad de reacción. No es una idea con la que yo comulgue.
La razón de que en Nuremberg no fuese juzgado el pueblo alemán es la misma, a mi modo de ver, de que en La Haya no lo haya sido el pueblo serbio. El principal objetivo tras una guerra es siempre amigar al enemigo de ayer. En Versalles, tras la I guerra mundial, se hizo exactamente lo contrario, y luego pasó lo que pasó, así pues las posguerras modernas buscan siempre hacer del perdedor un amigo rico y agradecido en la medida de lo posible. A finales de los años cuarenta, Alemania ya no era una amenaza para la paz mundial, sino ese coleguita que te deja plantar la bandera americana en varias bases militares y poner ahí tus fuerzas, a escasos cientos de kilómetros del peligro soviético. Por las mismas, hoy Serbia es un mercado más que quiere entrar en la Unión Europea, un mercado interesante porque está relativamente desarrollado. Nadie quiere señalarla con el dedo y acusarla, porque nadie quiere que se rebote.
La cuestión no es baladí, porque tiene que ver con las reparaciones. La diferencia entre que una sentencia diga que a tu padre lo mataron siete locos o todo un pueblo está en que en el segundo caso cobras y en el primero no (a menos que los siete locos sean muchimillonarios, caso que no se da). El tribunal de Nuremberg se ocupó tan poco de este aspecto que aún hoy, siete décadas después, las responsabilidades por expolios económicos cometidos en el Holocausto no están del todo cerradas.
Pero, sobre todo, tiene que ver con la justicia. La de verdad, la justicia moral. Y aquí nos encontramos el último obstáculo para una sentencia ambiciosa: nosotros. En La Haya, igual que en Nuremberg, haber dictado sentencia contra el pueblo alemán o serbio elevaría, automáticamente, la cuestión de qué hicimos nosotros. Vale, todo un pueblo, el serbio, apoyó, como dice la misa católica de palabra, obra u omisión, la limpieza étnica en bosnia; pero lo que viene detrás es: estando como están los Balcanes en el vestíbulo de nuestra casa, nosotros, ¿qué hicimos?
Somos, incluso, más culpables. Porque los serbios podrán aducir, supongo, que en su país había censura de prensa, que los hechos se presentaban edulcorados, o no se presentaban. Pero a nosotros, a los españoles, portugueses, noruegos, británicos, belgas, a los holandeses, italianos, austriacos, alemanes, suecos, a los fineses, a los suizos, a los andorranos; a todos nosotros, las matanzas de Srebenica y otros lugares nos las retransmitieron poco menos que en directo. Y, durante demasiado tiempo, no hicimos nada. Nada.
Nuremberg, La Haya. Sentencias ampulosas, cuatro o cinco nombres para la Historia. Con suerte, si aparece Karadzic, alguna ejecución. Y, después, décadas de preguntas sin respuesta.
El problema que plantea esta sentencia no es nuevo, aunque la solución ha sido, básicamente, la misma. Durante muchos, muchos siglos el genocidio no se ha considerado un crimen de guerra, esto es, una acción punible cometida más allá de las que por esencia se producen durante un enfrentamiento bélico. De hecho, miemtras en un área las fronteras no se estabilizan, las guerras tienen que ver con la ocupación de territorios, lo cual significa levántate tú, que has perdido, del sillón porque ahora yo, que he ganado, me voy a sentar. Tradicionalmente, ha habido tres vías para conseguir esto: el exilio (el pueblo perdedor se va); la dominación (el pueblo perdedor es reducido a la esclavitud o sus derechos son notablemente recortados, en beneficio de la elite ganadora); o el genocidio (no dejar rastro del pueblo perdedor). De hecho, el genocidio, en forma de asesinato o de esclavitud, es lo que está en el fondo de acciones muy comunes en el pasado remoto, en cuyos relatos leemos de ciudades que soportaron meses de asedio sin rendirse; la rendición, ellos lo sabían bien, no era ningún chollo.
La teoría de que la necesidad de expansión justifica la guerra permaneció impoluta en la filosofía humana durante mucho, mucho tiempo. Pero a principios del pasado siglo XX estaba ya obsoleta en Europa, para todos menos para uno, Adolf Hitler, quien la utilizó para justificar su expansionismo: en la filosofía nazi, Alemania había sido constreñida en la Historia para su natural expansión imperial y debía recuperar su espacio vital, su Lebensraun. Como bien sabemos, sacar a Hitler de su error costó seis años y millones de muertos, sobre todo rusos. La caída del régimen nazi supuso, además, saber que Hitler había ido mucho más allá de la retórica violenta en su teoría de que los judíos eran culpables de los males de Alemania.
El descubrimiento del genocidio judío impulsó a los aliados a impulsar definitivamente una Corte que juzgase, con pronunciamientos internacionales, los crímenes de guerra. Esa Corte fue el tribunal de Nuremberg, de cuyas principales sentencias ya hemos hablado. En ellas, los principales jerifaltes vivos del régimen nazi fueron condenados por diversos cargos.
No obstante Nuremberg dejó cabos sueltos, que ahí siguen. Sobre todo, dos.
Por un lado, Nuremberg fue un tribunal de vencedores. Lo cual quiere decir que los vencedores ni por asomo juzgaron sus propias bestialidades. Episodios como el que recuerda la película Enigma (filmada, por cierto, gracias a los dineros de Mick Jagger, el cantante de los Stones), es decir la matanza de cientos, si no miles, de soldados polacos a manos del ejército soviético, han quedado básicamente limpias de polvo y paja. Asimismo, nadie ha juzgado seriamente las bestialidades cometidas por el ejército soviético durante su penetración en Alemania, al final de la guerra.
El segundo de los cabos sueltos, que es el que afecta a la sentencia reciente de la CPE, es el papel de los pueblos. ¿Puede un loco cometer locuras solo? Pongamos que yo me broto y decido que hay que fusilar a todos los murcianos pelirrojos. Hay un camino entre que yo, en mi habitación, piense eso y que firme en el Palacio de La Moncloa al pie de un papel donde se establece la ejecución de todos los murcianos pelirrojos. Y ese camino no puedo recorrerlo solo.
Uno de los grandes temas de la Historia es éste. Desde la Revolución Francesa, la soberanía de las naciones ya no reside en familias reales ni en inspiraciones divinas, sino en los pueblos; para bien, y para mal. Los pueblos son soberanos, lo cual quiere decir que el devenir de sus naciones es, en gran medida, producto de su voluntad. En Nuremberg fueron juzgados algunos de los dirigentes nazis que dieron la orden de gasear a los judíos; pero no fueron juzgados los cientos, miles, centenares de miles de alemanes que escupían a los niños judíos al paso de la fila de prisioneros por los pueblos, o les negaban pan o abrigo. No fueron juzgadas las mesnadas que gritaban Sig, heil! en la Lowenbäukeller o cualquier otro lugar mitinero, después de que su líder hubiese dicho y escrito que a los judíos hay que borrarlos de la faz de la Tierra.
Hay quien piensa que no fueron juzgados porque no pueden serlo. Porque la responsabilidad de los pueblos es limitada, como lo es su capacidad de reacción. No es una idea con la que yo comulgue.
La razón de que en Nuremberg no fuese juzgado el pueblo alemán es la misma, a mi modo de ver, de que en La Haya no lo haya sido el pueblo serbio. El principal objetivo tras una guerra es siempre amigar al enemigo de ayer. En Versalles, tras la I guerra mundial, se hizo exactamente lo contrario, y luego pasó lo que pasó, así pues las posguerras modernas buscan siempre hacer del perdedor un amigo rico y agradecido en la medida de lo posible. A finales de los años cuarenta, Alemania ya no era una amenaza para la paz mundial, sino ese coleguita que te deja plantar la bandera americana en varias bases militares y poner ahí tus fuerzas, a escasos cientos de kilómetros del peligro soviético. Por las mismas, hoy Serbia es un mercado más que quiere entrar en la Unión Europea, un mercado interesante porque está relativamente desarrollado. Nadie quiere señalarla con el dedo y acusarla, porque nadie quiere que se rebote.
La cuestión no es baladí, porque tiene que ver con las reparaciones. La diferencia entre que una sentencia diga que a tu padre lo mataron siete locos o todo un pueblo está en que en el segundo caso cobras y en el primero no (a menos que los siete locos sean muchimillonarios, caso que no se da). El tribunal de Nuremberg se ocupó tan poco de este aspecto que aún hoy, siete décadas después, las responsabilidades por expolios económicos cometidos en el Holocausto no están del todo cerradas.
Pero, sobre todo, tiene que ver con la justicia. La de verdad, la justicia moral. Y aquí nos encontramos el último obstáculo para una sentencia ambiciosa: nosotros. En La Haya, igual que en Nuremberg, haber dictado sentencia contra el pueblo alemán o serbio elevaría, automáticamente, la cuestión de qué hicimos nosotros. Vale, todo un pueblo, el serbio, apoyó, como dice la misa católica de palabra, obra u omisión, la limpieza étnica en bosnia; pero lo que viene detrás es: estando como están los Balcanes en el vestíbulo de nuestra casa, nosotros, ¿qué hicimos?
Somos, incluso, más culpables. Porque los serbios podrán aducir, supongo, que en su país había censura de prensa, que los hechos se presentaban edulcorados, o no se presentaban. Pero a nosotros, a los españoles, portugueses, noruegos, británicos, belgas, a los holandeses, italianos, austriacos, alemanes, suecos, a los fineses, a los suizos, a los andorranos; a todos nosotros, las matanzas de Srebenica y otros lugares nos las retransmitieron poco menos que en directo. Y, durante demasiado tiempo, no hicimos nada. Nada.
Nuremberg, La Haya. Sentencias ampulosas, cuatro o cinco nombres para la Historia. Con suerte, si aparece Karadzic, alguna ejecución. Y, después, décadas de preguntas sin respuesta.
domingo, febrero 25, 2007
Notas sobre España y la cuestión religiosa ( y 2)
Empezando por lo justo. Y lo pongo aquí por si hay quien no se lee los comentarios. Conde me recuerda que debí escribir, en mi pasado post, «Cuidaos de entender» y no «Cuidaros de entender». Conde tiene el 100% de la razón. El gazapo lo dejo tal cual porque, siendo éste post continuación del anterior, entiendo que la mayor parte de la gente que los lea leerá los dos y, por lo tanto, enterado quedará del oprobio, que merezco.
En todo caso, que sepas que este post es continuación de otro inmediatamente anterior.
En las últimas horas, tras la remisión al éter del último post, he recibido algún correo privado, por parte de alguno de los escasos lectores de este blog que saben cómo me llamo en realidad y esas cosas, criticándome por lo que consideraba un final excesivamente abrupto para dicho relato. Se queja mi corresponsal de que en ese «luego vendría la expulsión de la Compañía de Jesús (…)» estoy metiendo muchas cosas que, tal vez, hoy en día no se conozcan mucho y que, por lo tanto, había dejado la obra inacabada.
Así pues, aprovecho un asueto de este ventoso domingo por la tarde para aclarar algunas cosas y hablar, fundamentalmente, de cómo se desarrolló la cuestión religiosa durante aquellos agitados meses de 1931 y 1932.
Recordad que partimos de una situación de enfrentamiento descarado, con una iglesia sosteniendo su discurso más ultramontano y una República malentendiendo el laicismo como anticlericalismo, hasta el punto de mostrarse incapaz hasta de garantizar un derecho tan básico de las personas y de las asociaciones como el de la integridad de la propiedad privada. Fue en este ambiente en el que, durante la discusión de la Constitución de la República, se planteó la cuestión religiosa. El tema era tan peliagudo que ya los diputados de la Nación, al abordar la discusión de los derechos y libertades constitucionales, habían decidido aparcar el tema religioso para más adelante. El principal problema tenía nombres y apellidos; dos y cuatro, para ser exactos: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura Gamazo.
El primero de ellos era presidente del Gobierno y el segundo ministro del Interior. Ambos eran conservadores, ambos provenían del régimen anterior y ambos eran católicos practicantes. Ambos habían formado parte del Pacto de San Sebastián, por el que en 1930 casi todas las fuerzas republicanas se coligaron, y ambos habían sido incluidos en el Gobierno republicano para ganar la confianza de las derechas no monárquicas. La República los necesitaba a ambos en su cúpula para mantener la imagen de proyecto de consenso de la sociedad española. Pero, lógicamente, ambos políticos eran hipersensibles a lo que se hiciese respecto de la Iglesia católica, así pues el anticlericalismo debía andarse con cuidado.
La tensión era ya mucha, pero en el verano se puso al rojo al vivo. Nuestro amigo el cardenal Segura, de quien ya hemos visto en el post anterior de qué palo iba, publicó en Francia una pastoral en la que decía cosas como que la idea de que la soberanía de un país emana solamente del pueblo era «un postulado del ateísmo oficial»; amén de repetir el manido debate, muy caro de la iglesia, sobre la diferencia entre libertad y libertinaje. La citada pastoral era tan ecuánime que el Vaticano prohibió al cardenal que hiciese pública ninguna más.
A pesar de que las cosas, tras silenciarse el demócrata Segura, fueron algo mejor tras designar la Iglesia interlocutor político al obispo de Tarragona, monseñor Vidal i Barraquer, a finales de septiembre comenzó el debate sobre el articulado constitucional en materia religiosa y las espadas volvieron a estar, en expresión que nunca he comprendido bien, en todo lo alto.
Es importante entender la diferencia entre laicismo y anticlericalismo. Laicismo es poner, como le puso Azaña a Vidal i Barraquer, la condición de que la separación entre Iglesia y Estado era conditio sine qua non (en lenguaje matemático: condición necesaria, pero no suficiente) para cualquier entendimiento; anticlericalismo es presentar una enmienda al proyecto de Constitución, como de hecho se hizo el 29 de septiembre de 1931, que directamente privaba del derecho de ciudadanía española a los frailes católicos. Enmienda que fue rechazada por 113 votos contra 82, esto es, fue ampliamente votada a favor incluso por diputados no marxistas, tales como radical-socialistas de gran predicamento en la República como Ortega y Gasset (Eduardo, o sea, el hermano), Félix Gordón Ordás, Ángel Galarza (a quien hemos leído haciendo de fiscal del rey Alfonso XIII) y Emilio Baeza Medina. A pesar de que el Vaticano se mostró conciliador mediante el gesto que más le podía apetecer al Gobierno (convenció al cardenal Segura de que renunciase a la sede toledana), no consiguió retraer a sus mesnadas. Aquellos diputados eran mucho más libres que los de hoy; en España se votaban listas abiertas y ser diputado significaba, en no pocos casos, habérselo currado, lo que hacía que no muchos de nuestros próceres pusieran sus convicciones por delante de la disciplina de partido.
Acción Republicana, el partido de Azaña, hizo su parte para conseguir esta concordia. El jurista Enrique Ramos presentó una enmienda por la que la Iglesia tendría la consideración de una Corporación de Derecho Público, regida por un estatuto de futura redacción. Esto provocó un grossen cabreo a los diputados más anticlericales, que pretendían mantener el redactado del dictamen de la Comisión Constitucional, que establecía la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. El propio Ramos contemporizó con este radicalismo elaborando una nueva redacción de la enmienda, en la que el Estado se reservaba la potestad de ilegalizar aquellas órdenes religiosas que considerase nocivas para la República. No obstante, antes de la presentación de dicha enmienda tomó la tribuna de oradores el político y ministro socialista Fernando de los Ríos, y dejó tan clara la hostilidad de los socialistas hacia tal componenda, que el texto no llegó en puridad a presentarse nunca para su votación.
En la Comisión Constitucional las cosas se pusieron al rojo vivo. A pesar de la viveza con que socialistas y radical-socialistas defendían la total ilegalización de las órdenes religiosas, ésta propuesta fue derrotada el 15 de octubre, a cambio de una regulación muy parecida a la segunda enmienda de Ramos. Esto colocó al gobierno al borde del abismo, pues los radical-socialistas se dijeron dispuestos a pasarse a la oposición, mientras que, por el otro lado, el Gobierno sabía que si se aprobaba la disolución de las órdenes, quienes se irían serían Alcalá-Zamora y Maura.
Fue en este ambiente en el que Azaña pronunció su celebérrimo discurso en las Cortes en el que sentenció: «España ha dejado de ser católica». Otra de esas ocasiones, en mi opinión, en la que Azaña demostró su capacidad de miopía. No es necesario defender a la Iglesia para atacar esta frase. Un país deja de ser católico no cuando una Constitución lo dice ni cuando unos políticos así lo deciden. La España de 1931 era, en una porción muy significativa, católica. Había sonado, cierto, la hora de separar Iglesia y Estado; pero separar no significa enfrentar. Ni negar. En el discurso de Azaña del 13 de octubre de 1931 hay, en el fondo, dos discursos. Uno es el del político que trata (y consigue) que una mayoría de diputados acepte la enmienda de tono moderado de la Comisión Constitucional; el otro es ese Azaña del que se ha hablado y escrito hasta la saciedad, el Manuel Azaña contrito y rencoroso con los curas de su infancia, que embate contra las instituciones religiosas con un celo excesivo, con demasiada fuerza para lo delgada que era entonces la cuerda. La política, es bien sabido, es, antes que nada, el arte de lo posible.
La nueva redacción fue aprobada. No impidió la dimisión de Alcalá y Maura, pero sí salvó a la Constitución republicana de portar un nivel de sectarismo que, de haberse producido, habría convertido el bienio de las derechas (1933-1935) en algo más difícil y violento de lo que ya fue.
Eso sí, la Iglesia no dejó, ni antes ni después de ponerse en solfa textos más o menos radicales, de influir negativamente contra el Gobierno español a través del Vaticano, de colocar sermones incendiarios, de adoctrinar en los confesionarios y de convertir a su grey en soldadesca antiliberal. Incluso Vidal i Barraquer, en diciembre del 31, firmaría una pastoral totalmente apuntada a la Segura fashion, instando a los católicos a acatar el poder civil, pero recordándoles que dicha obligación no existía para aquellas regulaciones contrarias a la ley de Dios y los deseos de la Iglesia. Dicho de otra forma: si estás en la tesitura de obedecer a Dios o a la Constitución, has de obedecer a Dios. Con estos mimbres, no ha de extrañarnos que el franquismo llamase Cruzada a su golpe de Estado y que muchos, muchísimos católicos no sintiesen en el 36 el menor escrúpulo por alzarse contra un poder democráticamente constituido.
A principios de 1932, los radical-socialistas atacaron en el Congreso insinuando que, si bien la Constitución había quedado redactada de forma que la vía para la ilegalización de la Compañía de Jesús estaba abierta, en la práctica el Gobierno no iba a tomar dicha decisión porque ésa había sido una condición impuesta por Alcalá-Zamora para aceptar la Presidencia de la República. Poco tiempo después, se aprobó el decreto de disolución, que daba a los jesuitas diez días para darse el piro y establecía la nacionalización de sus bienes; aunque, como decimos en mi tierra, era una nacionalización de aquella manera, porque los bienes directamente ligados al culto quedaban en manos de otras instituciones católicas.
Por esas mismas fechas, el Gobierno aprobaba otra ley anticlerical que, la verdad, se podría haber ahorrado: la ley de secularización de los cementerios, que establecía que todo mayor de edad sería enterrado en laico salvo que hubiese expresado el sentimiento contrario.
Una de las líneas de investigación que no veo yo muy desarrolladas en los libros sobre la guerra civil tiene que ver con todo lo aquí expresado. El Gobierno republicano se desgañitaría, entre 1936 y 1939, exigiendo un fin de la neutralidad bélica de las democracias europeas, justo equilibrio al hecho de que Franco estaba siendo descarada y generosamente ayudado por las dictaduras fascistas de Alemania e Italia. Esto lo sabemos; lo que no sabemos, o eso creo yo, son todos los porqués de que fuese tan difícil, a la postre imposible, romper las resistencias de británicos, franceses y estadounidenses. Cierto es que las democracias europeas no querían cabrear a Hitler y ésta es, sin duda, la principal razón. Pero, ¿nos hemos preguntado suficientes veces cuál fue la actitud del Vaticano y de las iglesias católicas nacionales en general?
Mi opinión es que la República pagó muy caro su radicalismo anticlerical. En primer lugar, como ya advirtió el propio Miguel Maura siendo ministro de Gobernación, porque las quemas de iglesias y conventos, atentados impunes ante los que la fuerza pública hizo poco o nada, enviaron una señal muy jodida al extranjero. Baste que nos preguntemos nosotros mismos qué pensaríamos de, un suponer, Italia, si viésemos en la tele la noticia de que sólo en Roma han ardido varias decenas de mezquitas sin que la policía haya siquiera salido de las comisarías. En segundo lugar, porque el cambio podía haber sido mucho más tranquilo y negociado; aunque justo es reconocer que el negociador que tenían enfrente tenía las mismas ganas de negociar que las que tengo yo de saltar en paracaídas.
No me resulta difícil imaginar a toda una caterva de políticos, diplomáticos y hombres de negocios católicos franceses, ingleses, alemanes, italianos, comiéndole la oreja, un día y otro, a los políticos europeos durante los tiempos de la guerra civil. Pero… ¿vas a venderle armas a estos? ¿Es que no sabes que bla y que bla y que bla?
Otra consecuencia negativa de las excesivas prisas de la República fue la radicalización de la Iglesia. La jerarquía católica española tardaría casi diez años en ponerle a Franco la primera china en el zapato, si es que podemos llamar rebelión, o cosa parecida, a la entrevista de El Pardo de diciembre de 1956, a cuenta de los proyectos legislativos de la Falange, que ya conté en un viejo post. En realidad, la Iglesia católica española no se hizo jerárquicamente demócrata hasta los años setenta, si bien a cuenta de ello tuvo algunos gestos de gran importancia. Qué duda cabe que el corte conservador era lo que la Iglesia quería para sí misma.
Pero hay un dicho que suelen repetir mucho los británicos. ¿Sabéis cómo se cuece una rana viva?
Pues sólo hay una manera. Se la coloca en una olla de agua fría y luego se pone esa olla a fuego muy, muy bajo, y se sube la temperatura muy, muy lentamente. Quien tome una olla, la ponga al fuego y, cuando esté el agua hirviendo, trate de echar la rana dentro, nunca la cocinará.
Pues eso.
En todo caso, que sepas que este post es continuación de otro inmediatamente anterior.
En las últimas horas, tras la remisión al éter del último post, he recibido algún correo privado, por parte de alguno de los escasos lectores de este blog que saben cómo me llamo en realidad y esas cosas, criticándome por lo que consideraba un final excesivamente abrupto para dicho relato. Se queja mi corresponsal de que en ese «luego vendría la expulsión de la Compañía de Jesús (…)» estoy metiendo muchas cosas que, tal vez, hoy en día no se conozcan mucho y que, por lo tanto, había dejado la obra inacabada.
Así pues, aprovecho un asueto de este ventoso domingo por la tarde para aclarar algunas cosas y hablar, fundamentalmente, de cómo se desarrolló la cuestión religiosa durante aquellos agitados meses de 1931 y 1932.
Recordad que partimos de una situación de enfrentamiento descarado, con una iglesia sosteniendo su discurso más ultramontano y una República malentendiendo el laicismo como anticlericalismo, hasta el punto de mostrarse incapaz hasta de garantizar un derecho tan básico de las personas y de las asociaciones como el de la integridad de la propiedad privada. Fue en este ambiente en el que, durante la discusión de la Constitución de la República, se planteó la cuestión religiosa. El tema era tan peliagudo que ya los diputados de la Nación, al abordar la discusión de los derechos y libertades constitucionales, habían decidido aparcar el tema religioso para más adelante. El principal problema tenía nombres y apellidos; dos y cuatro, para ser exactos: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura Gamazo.
El primero de ellos era presidente del Gobierno y el segundo ministro del Interior. Ambos eran conservadores, ambos provenían del régimen anterior y ambos eran católicos practicantes. Ambos habían formado parte del Pacto de San Sebastián, por el que en 1930 casi todas las fuerzas republicanas se coligaron, y ambos habían sido incluidos en el Gobierno republicano para ganar la confianza de las derechas no monárquicas. La República los necesitaba a ambos en su cúpula para mantener la imagen de proyecto de consenso de la sociedad española. Pero, lógicamente, ambos políticos eran hipersensibles a lo que se hiciese respecto de la Iglesia católica, así pues el anticlericalismo debía andarse con cuidado.
La tensión era ya mucha, pero en el verano se puso al rojo al vivo. Nuestro amigo el cardenal Segura, de quien ya hemos visto en el post anterior de qué palo iba, publicó en Francia una pastoral en la que decía cosas como que la idea de que la soberanía de un país emana solamente del pueblo era «un postulado del ateísmo oficial»; amén de repetir el manido debate, muy caro de la iglesia, sobre la diferencia entre libertad y libertinaje. La citada pastoral era tan ecuánime que el Vaticano prohibió al cardenal que hiciese pública ninguna más.
A pesar de que las cosas, tras silenciarse el demócrata Segura, fueron algo mejor tras designar la Iglesia interlocutor político al obispo de Tarragona, monseñor Vidal i Barraquer, a finales de septiembre comenzó el debate sobre el articulado constitucional en materia religiosa y las espadas volvieron a estar, en expresión que nunca he comprendido bien, en todo lo alto.
Es importante entender la diferencia entre laicismo y anticlericalismo. Laicismo es poner, como le puso Azaña a Vidal i Barraquer, la condición de que la separación entre Iglesia y Estado era conditio sine qua non (en lenguaje matemático: condición necesaria, pero no suficiente) para cualquier entendimiento; anticlericalismo es presentar una enmienda al proyecto de Constitución, como de hecho se hizo el 29 de septiembre de 1931, que directamente privaba del derecho de ciudadanía española a los frailes católicos. Enmienda que fue rechazada por 113 votos contra 82, esto es, fue ampliamente votada a favor incluso por diputados no marxistas, tales como radical-socialistas de gran predicamento en la República como Ortega y Gasset (Eduardo, o sea, el hermano), Félix Gordón Ordás, Ángel Galarza (a quien hemos leído haciendo de fiscal del rey Alfonso XIII) y Emilio Baeza Medina. A pesar de que el Vaticano se mostró conciliador mediante el gesto que más le podía apetecer al Gobierno (convenció al cardenal Segura de que renunciase a la sede toledana), no consiguió retraer a sus mesnadas. Aquellos diputados eran mucho más libres que los de hoy; en España se votaban listas abiertas y ser diputado significaba, en no pocos casos, habérselo currado, lo que hacía que no muchos de nuestros próceres pusieran sus convicciones por delante de la disciplina de partido.
Acción Republicana, el partido de Azaña, hizo su parte para conseguir esta concordia. El jurista Enrique Ramos presentó una enmienda por la que la Iglesia tendría la consideración de una Corporación de Derecho Público, regida por un estatuto de futura redacción. Esto provocó un grossen cabreo a los diputados más anticlericales, que pretendían mantener el redactado del dictamen de la Comisión Constitucional, que establecía la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. El propio Ramos contemporizó con este radicalismo elaborando una nueva redacción de la enmienda, en la que el Estado se reservaba la potestad de ilegalizar aquellas órdenes religiosas que considerase nocivas para la República. No obstante, antes de la presentación de dicha enmienda tomó la tribuna de oradores el político y ministro socialista Fernando de los Ríos, y dejó tan clara la hostilidad de los socialistas hacia tal componenda, que el texto no llegó en puridad a presentarse nunca para su votación.
En la Comisión Constitucional las cosas se pusieron al rojo vivo. A pesar de la viveza con que socialistas y radical-socialistas defendían la total ilegalización de las órdenes religiosas, ésta propuesta fue derrotada el 15 de octubre, a cambio de una regulación muy parecida a la segunda enmienda de Ramos. Esto colocó al gobierno al borde del abismo, pues los radical-socialistas se dijeron dispuestos a pasarse a la oposición, mientras que, por el otro lado, el Gobierno sabía que si se aprobaba la disolución de las órdenes, quienes se irían serían Alcalá-Zamora y Maura.
Fue en este ambiente en el que Azaña pronunció su celebérrimo discurso en las Cortes en el que sentenció: «España ha dejado de ser católica». Otra de esas ocasiones, en mi opinión, en la que Azaña demostró su capacidad de miopía. No es necesario defender a la Iglesia para atacar esta frase. Un país deja de ser católico no cuando una Constitución lo dice ni cuando unos políticos así lo deciden. La España de 1931 era, en una porción muy significativa, católica. Había sonado, cierto, la hora de separar Iglesia y Estado; pero separar no significa enfrentar. Ni negar. En el discurso de Azaña del 13 de octubre de 1931 hay, en el fondo, dos discursos. Uno es el del político que trata (y consigue) que una mayoría de diputados acepte la enmienda de tono moderado de la Comisión Constitucional; el otro es ese Azaña del que se ha hablado y escrito hasta la saciedad, el Manuel Azaña contrito y rencoroso con los curas de su infancia, que embate contra las instituciones religiosas con un celo excesivo, con demasiada fuerza para lo delgada que era entonces la cuerda. La política, es bien sabido, es, antes que nada, el arte de lo posible.
La nueva redacción fue aprobada. No impidió la dimisión de Alcalá y Maura, pero sí salvó a la Constitución republicana de portar un nivel de sectarismo que, de haberse producido, habría convertido el bienio de las derechas (1933-1935) en algo más difícil y violento de lo que ya fue.
Eso sí, la Iglesia no dejó, ni antes ni después de ponerse en solfa textos más o menos radicales, de influir negativamente contra el Gobierno español a través del Vaticano, de colocar sermones incendiarios, de adoctrinar en los confesionarios y de convertir a su grey en soldadesca antiliberal. Incluso Vidal i Barraquer, en diciembre del 31, firmaría una pastoral totalmente apuntada a la Segura fashion, instando a los católicos a acatar el poder civil, pero recordándoles que dicha obligación no existía para aquellas regulaciones contrarias a la ley de Dios y los deseos de la Iglesia. Dicho de otra forma: si estás en la tesitura de obedecer a Dios o a la Constitución, has de obedecer a Dios. Con estos mimbres, no ha de extrañarnos que el franquismo llamase Cruzada a su golpe de Estado y que muchos, muchísimos católicos no sintiesen en el 36 el menor escrúpulo por alzarse contra un poder democráticamente constituido.
A principios de 1932, los radical-socialistas atacaron en el Congreso insinuando que, si bien la Constitución había quedado redactada de forma que la vía para la ilegalización de la Compañía de Jesús estaba abierta, en la práctica el Gobierno no iba a tomar dicha decisión porque ésa había sido una condición impuesta por Alcalá-Zamora para aceptar la Presidencia de la República. Poco tiempo después, se aprobó el decreto de disolución, que daba a los jesuitas diez días para darse el piro y establecía la nacionalización de sus bienes; aunque, como decimos en mi tierra, era una nacionalización de aquella manera, porque los bienes directamente ligados al culto quedaban en manos de otras instituciones católicas.
Por esas mismas fechas, el Gobierno aprobaba otra ley anticlerical que, la verdad, se podría haber ahorrado: la ley de secularización de los cementerios, que establecía que todo mayor de edad sería enterrado en laico salvo que hubiese expresado el sentimiento contrario.
Una de las líneas de investigación que no veo yo muy desarrolladas en los libros sobre la guerra civil tiene que ver con todo lo aquí expresado. El Gobierno republicano se desgañitaría, entre 1936 y 1939, exigiendo un fin de la neutralidad bélica de las democracias europeas, justo equilibrio al hecho de que Franco estaba siendo descarada y generosamente ayudado por las dictaduras fascistas de Alemania e Italia. Esto lo sabemos; lo que no sabemos, o eso creo yo, son todos los porqués de que fuese tan difícil, a la postre imposible, romper las resistencias de británicos, franceses y estadounidenses. Cierto es que las democracias europeas no querían cabrear a Hitler y ésta es, sin duda, la principal razón. Pero, ¿nos hemos preguntado suficientes veces cuál fue la actitud del Vaticano y de las iglesias católicas nacionales en general?
Mi opinión es que la República pagó muy caro su radicalismo anticlerical. En primer lugar, como ya advirtió el propio Miguel Maura siendo ministro de Gobernación, porque las quemas de iglesias y conventos, atentados impunes ante los que la fuerza pública hizo poco o nada, enviaron una señal muy jodida al extranjero. Baste que nos preguntemos nosotros mismos qué pensaríamos de, un suponer, Italia, si viésemos en la tele la noticia de que sólo en Roma han ardido varias decenas de mezquitas sin que la policía haya siquiera salido de las comisarías. En segundo lugar, porque el cambio podía haber sido mucho más tranquilo y negociado; aunque justo es reconocer que el negociador que tenían enfrente tenía las mismas ganas de negociar que las que tengo yo de saltar en paracaídas.
No me resulta difícil imaginar a toda una caterva de políticos, diplomáticos y hombres de negocios católicos franceses, ingleses, alemanes, italianos, comiéndole la oreja, un día y otro, a los políticos europeos durante los tiempos de la guerra civil. Pero… ¿vas a venderle armas a estos? ¿Es que no sabes que bla y que bla y que bla?
Otra consecuencia negativa de las excesivas prisas de la República fue la radicalización de la Iglesia. La jerarquía católica española tardaría casi diez años en ponerle a Franco la primera china en el zapato, si es que podemos llamar rebelión, o cosa parecida, a la entrevista de El Pardo de diciembre de 1956, a cuenta de los proyectos legislativos de la Falange, que ya conté en un viejo post. En realidad, la Iglesia católica española no se hizo jerárquicamente demócrata hasta los años setenta, si bien a cuenta de ello tuvo algunos gestos de gran importancia. Qué duda cabe que el corte conservador era lo que la Iglesia quería para sí misma.
Pero hay un dicho que suelen repetir mucho los británicos. ¿Sabéis cómo se cuece una rana viva?
Pues sólo hay una manera. Se la coloca en una olla de agua fría y luego se pone esa olla a fuego muy, muy bajo, y se sube la temperatura muy, muy lentamente. Quien tome una olla, la ponga al fuego y, cuando esté el agua hirviendo, trate de echar la rana dentro, nunca la cocinará.
Pues eso.
viernes, febrero 23, 2007
Notas sobre España y la cuestión religiosa
Como quiera que el tema de España, la República y la
Iglesia ha sido tratado varias veces en este blog, aquí tienes algunos enlaces
para que no te pierdas.
El episodio de la senda recorrida por el general
Franco hacia el poder que se refiere a la Pastoral Colectiva
No hay ni un solo elemento de la vida económica y social de España que defina con mayor claridad el punto de división entre ideologías que la cuestión religiosa. Cuidaros de entender que he escrito la cuestión religiosa y no la religión, pues son cosas diferentes. Los españoles siempre hemos sido partidarios de considerar que los terrenos de las ideas privadas son eso, privados; así pues, no estamos hablando de discusiones sobre la existencia o no de la divinidad, que de ésas también ha habido y habrá, sino de la interminable, y compleja, relación entre la sociedad española y la iglesia católica, apostólica y romana.
miércoles, febrero 21, 2007
Razones sociales endecasílabas
Hace ahora prácticamente cien años, en 1908, nuestros responsables públicos cayeron en la cuenta de que España, poquito a poquito, se convertía en un país moderno. Tras las reformas de Fernández Villaverde, de las que algún dia hablaremos, España comenzaba, lentamente, a modernizarse en la línea deseada, entre otros, por la interminable pléyade de intelectuales krausistas que pululaban por universidades y cafetines. Una de las consecuencias de esta modernización fue la vida económica y mercantil, que comenzó, ya en el siglo XIX, a ser adecuadamente regulada.
En 1908, le tocó a los seguros. Hasta entonces, el seguro había sido, en España como en Europa, una disciplina cada vez más tecnificada, aunque con su punto amateur. En el siglo XIX y en España, asegurador era cualquiera, y las autoridades se fueron dando cuenta de que cuando una compañía de seguros se la pega, el morrazo es de alivio, porque las personas confían a las compañías cosas de gran valor, tales como su propia vida, o su casa.
Se podría decir que, ahora hace cien años, los seguros se desarrollaban en tres grandes vías. La primera, su entorno tradicional, eran los transportes, sobre todo los marítimos. Por asegurar los barcos cargados de mercancías es por lo que nació el Lloyd's de Londres, un curioso sindicato de reaseguro en cuya sala central, si no me equivoco, los británicos, tan amigos de las tradiciones, todavía conservan la campana que tañían cada vez que recibían la noticia del hundimiento de un barco. O sea, oír la campana y ponerse a pagar, era todo uno.
La segunda vía eran los incendios. La mayor parte de las casas antiguas de nuestras ciudades suelen llevar sobre su dintel la inscripción Asegurada de Incendios. Hace cien o más años, no era mala cosa tener la casa asegurada, porque las ciudades ardían que era un gusto.
La tercera vía es la previsión, o sea la vejez y la enfermedad. Hace ya muchos siglos que el hombre se preocupa por el hecho de que, al llegar la senectud, ya no puede valerse por sí mismo y, por lo tanto, ha de tener peculios para sobrevivir. Quizá ésta es la porción del seguro que se desarrolló más tarde pues, en España y a finales del siglo XIX, todavía seguían existiendo operaciones de poco rigor técnico y financiero, tales como las operaciones tontinas y chatelusianas; que son, además, métodos de ahorro colectivo que, en algunas de sus posibles presentaciones, incluso estimulan el asesinato. ¿Por qué? Pues porque en una operación tontina un grupo de inversores pone un capital y percibe los dividendos, pero cada vez que uno de los inversores muere, su pasta se reparte entre los que quedan. ¿Lo vais pillando? Si quedas el último, te llevas el bote.
Una operación tontina entre supuestos amigos que, en realidad, lo que buscan es matarse los unos a los otros es lo que describieron Robert Louis Stevenson y Lloyd Osbourne en un libro divertidísimo, The wrong box, que podéis encontrar en la red, incluso gratis (pero en inglés). La novela inspiró una comedia británica que también os recomiendo: The wrong box (Brian Forbes, 1966), con dos jovencísimos Michael Caine y Dudley Moore (entre otros). Creo que en España se exhibió con el título La Tontina, pero no estoy seguro.
En fin. En 1908, las autoridades españolas decidieron que había que poner un poco de orden en el patio y dictaron una norma por la que se creaba el registro de entidades aseguradoras. La lista de las que presentaron solicitud para formar parte de dicho registro fue publicada por la Gazeta el 4 de diciembre de 1908.
Su lectura nos demuestra lo mucho que han cambiado los tiempos.
Aunque no tanto. Barcelona es hoy uno de los dos grandes polos económicos de España, y hace cien años la inmensa mayoría de los cientos de sociedades que se inscribieron estaba allí; al desarrollo de la ciudad se unía su devoción católica (pronto veremos por qué) y el hecho de que estaba cerca de la frontera, lo cual era más cómodo para las sociedades extranjeras que se establecían en nuestro país. Otra cosa que queda clara es que ya hace cien años, la penetración del capital extranjero en el seguro era importante; y son ejemplo de ello compañías como La Manheim, de Manheim; la Nord Deutsche, de Hamburgo; El Alto Rihn, también de Manheim; o la compañía de seguros Nacional Basilea, de Suiza, entresacadas de varias decenas de nombres que podría citar. Alguna hay muy conocida y existente hoy en día, como Assicurationy Generaly [sic] o la Zurich.
Otra característica de las aseguradoras es su longevidad. Entre la lista de hace cien años hay algunas que aún existen, tales como la Unión Alcoyana (de Alcoy), el Banco Vitalicio (de Barcelona), la Mutua General de Seguros (de Barcelona), La Mutua Universal (de Valencia), la Agrupación Mutua del Comercio y la Industria o la extinta no hace mucho La Unión y el Fénix Español. También figura la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro, de Barcelona, que como sabéis llegó muy lejos.
Lo que sí ha cambiado es la radical identificación de buena parte de las compañías con el entorno religioso. Esto tiene lógica: seguro es previsión y ayuda y la ayuda al menesteroso es terreno habitual de la iglesia católica. Yo diría que en torno a la mitad o más de las compañías de la lista declaran, en su nombre, una vinculación religiosa; y la inmensa mayoría de ellas, además, está en Barcelona.
De la ciudad condal, en efecto, eran entidades como: Montepío de Jesús Crucificado de Sans; San Marcial Mártir; Hermandad de San Antonio de Padua (bueno, ésta es de Vilanova i la Geltrú, donde también estaba la Hermandad de la Vera Cruz y el Montepío de Señoras Nuestra Señora de la Providencia); El Mártir del Gólgota; La Sagrada Familia (cómo no); Los Doce Apóstoles; San Roque; San Juan Bautista; Amigos de San Macario Abad [sic]; Jesús Sacramentado; Nuestra Señora de la Misericordia, Santa Inés y Santa Irene; Santo Cristo de Nuestra Señora de los Dolores; San Isidro Labrador (¡en Barcelona!); El Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen; Unión y Defensa de los Montepíos de Barcelona (Glorioso San Vicente); San Mus ('¡toma ya! ¡órdago!); Montepío de Señores de la Cofradía de la Minerva de la parroquia de San Francisco de Paula; La Aflicción de María; Virgen de los Dolores al pie de la Cruz; Paso del Pilar o Azotamiento del Señor; el Montepío de Portantes del Santo Cristo de la Agonía; y una aseguradora llamada Paso de Jesús con sus Discípulos en el Acto de la Cena.
¿Echais en falta una? Pues no, que no podía faltar. En 1908, por supuesto que los catalanes podíais comprar una póliza en la aseguradora Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de Cataluña.
Otras dos de Barcelona, por cierto, son La Defensa del Pueblo Español y La Verdadera Unión Española. Toda una declaración de principios...
El segundo gran vivero de compañías de seguros es el mutualismo corporativo; o, lo que es lo mismo, la unión de los oficios para la previsión. Encontramos en la lista ejemplos como la Mutua Marina de Descargadores del Puerto de Barcelona; la Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos de Empleados Municipales de Madrid; los Seguros Mutuos de Labradores, también de Madrid; la Mutua Asturiana de Accidentes de Trabajo; los Seguros Mutuos de Santander de Accidentes de Trabajo; la Sociedad de Socorros Mutuos de Viajantes y Representantes de Comercio del Norte de España; la Protección de la Agricultura Española, de Guadalajara; La Alianza de los Vigilantes de Barcelona; el Montepío de Hortelanos de Barcelona; la compañía Fraternal Obrero, también de Barcelona; Asociación de Maestros Públicos de Barcelona; y Unión Obrera de Socorros Mutuos, de Barcelona. Y una que veo que no acabo de entender el origen del nombre: El Nuevo Gasómetro, de Barcelona.
Tampoco hay que desechar la pulsión clara que, al ponerle nombre a sus aseguradoras, tuvieron muchos españoles en aquella época para declarar que aquel paso era un paso de modernidad. Es, sin duda, la idea que tenían en la cabeza quienes impulsaron la creación de la aseguradora Los Progresistas Españoles (Barcelona); la Fraternal Barbastense (de Barbastro, claro); El Fomento del Ahorro; El Progreso Fabril Humanitario (que no me digáis que no es un pedazo de razón social); La Constancia (Barcelona); La Equidad; La Confianza Ibérica; Los Previsores del Porvenir (Madrid); La Humanitaria de Barcelona; El Protector del Enfermo, también de Barcelona; La Amistad o El Protector Fabril, en Barcelona; o El Progreso Humanitario, también en la ciudad condal. Incluso había una entidad, por supuesto en Barcelona, con un nombre tan poco dado a interpretaciones extrañas como éste: Paz y Justicia.
De todas estas, calculo a ojo que entre 400 y 500 compañías, queda bien poca cosa. Aunque habrá quien pueda pensar que, en realidad, todo lo que han cambiado son los nombres. Cuatro generaciones después, la vida sigue, como cantaba Julio Iglesias, básicamente igual. Aunque, desgraciadamente, en este mundo nuestro en el que palabras como Nike o Microsoft resultan ser buenas marcas, hemos perdido la poesía. Hoy no habrá ni un solo consultor de imagen que nos aconseje llamarle a nuestra empresa La Humanidad, bajo la Advocación de Santa Casilda; o Los Compañeros del Socorro; o ésta que trae lo suyo: La Vasco Belga. Vivimos en un mundo más eficiente; y también más aburrido.
En 1908, le tocó a los seguros. Hasta entonces, el seguro había sido, en España como en Europa, una disciplina cada vez más tecnificada, aunque con su punto amateur. En el siglo XIX y en España, asegurador era cualquiera, y las autoridades se fueron dando cuenta de que cuando una compañía de seguros se la pega, el morrazo es de alivio, porque las personas confían a las compañías cosas de gran valor, tales como su propia vida, o su casa.
Se podría decir que, ahora hace cien años, los seguros se desarrollaban en tres grandes vías. La primera, su entorno tradicional, eran los transportes, sobre todo los marítimos. Por asegurar los barcos cargados de mercancías es por lo que nació el Lloyd's de Londres, un curioso sindicato de reaseguro en cuya sala central, si no me equivoco, los británicos, tan amigos de las tradiciones, todavía conservan la campana que tañían cada vez que recibían la noticia del hundimiento de un barco. O sea, oír la campana y ponerse a pagar, era todo uno.
La segunda vía eran los incendios. La mayor parte de las casas antiguas de nuestras ciudades suelen llevar sobre su dintel la inscripción Asegurada de Incendios. Hace cien o más años, no era mala cosa tener la casa asegurada, porque las ciudades ardían que era un gusto.
La tercera vía es la previsión, o sea la vejez y la enfermedad. Hace ya muchos siglos que el hombre se preocupa por el hecho de que, al llegar la senectud, ya no puede valerse por sí mismo y, por lo tanto, ha de tener peculios para sobrevivir. Quizá ésta es la porción del seguro que se desarrolló más tarde pues, en España y a finales del siglo XIX, todavía seguían existiendo operaciones de poco rigor técnico y financiero, tales como las operaciones tontinas y chatelusianas; que son, además, métodos de ahorro colectivo que, en algunas de sus posibles presentaciones, incluso estimulan el asesinato. ¿Por qué? Pues porque en una operación tontina un grupo de inversores pone un capital y percibe los dividendos, pero cada vez que uno de los inversores muere, su pasta se reparte entre los que quedan. ¿Lo vais pillando? Si quedas el último, te llevas el bote.
Una operación tontina entre supuestos amigos que, en realidad, lo que buscan es matarse los unos a los otros es lo que describieron Robert Louis Stevenson y Lloyd Osbourne en un libro divertidísimo, The wrong box, que podéis encontrar en la red, incluso gratis (pero en inglés). La novela inspiró una comedia británica que también os recomiendo: The wrong box (Brian Forbes, 1966), con dos jovencísimos Michael Caine y Dudley Moore (entre otros). Creo que en España se exhibió con el título La Tontina, pero no estoy seguro.
En fin. En 1908, las autoridades españolas decidieron que había que poner un poco de orden en el patio y dictaron una norma por la que se creaba el registro de entidades aseguradoras. La lista de las que presentaron solicitud para formar parte de dicho registro fue publicada por la Gazeta el 4 de diciembre de 1908.
Su lectura nos demuestra lo mucho que han cambiado los tiempos.
Aunque no tanto. Barcelona es hoy uno de los dos grandes polos económicos de España, y hace cien años la inmensa mayoría de los cientos de sociedades que se inscribieron estaba allí; al desarrollo de la ciudad se unía su devoción católica (pronto veremos por qué) y el hecho de que estaba cerca de la frontera, lo cual era más cómodo para las sociedades extranjeras que se establecían en nuestro país. Otra cosa que queda clara es que ya hace cien años, la penetración del capital extranjero en el seguro era importante; y son ejemplo de ello compañías como La Manheim, de Manheim; la Nord Deutsche, de Hamburgo; El Alto Rihn, también de Manheim; o la compañía de seguros Nacional Basilea, de Suiza, entresacadas de varias decenas de nombres que podría citar. Alguna hay muy conocida y existente hoy en día, como Assicurationy Generaly [sic] o la Zurich.
Otra característica de las aseguradoras es su longevidad. Entre la lista de hace cien años hay algunas que aún existen, tales como la Unión Alcoyana (de Alcoy), el Banco Vitalicio (de Barcelona), la Mutua General de Seguros (de Barcelona), La Mutua Universal (de Valencia), la Agrupación Mutua del Comercio y la Industria o la extinta no hace mucho La Unión y el Fénix Español. También figura la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro, de Barcelona, que como sabéis llegó muy lejos.
Lo que sí ha cambiado es la radical identificación de buena parte de las compañías con el entorno religioso. Esto tiene lógica: seguro es previsión y ayuda y la ayuda al menesteroso es terreno habitual de la iglesia católica. Yo diría que en torno a la mitad o más de las compañías de la lista declaran, en su nombre, una vinculación religiosa; y la inmensa mayoría de ellas, además, está en Barcelona.
De la ciudad condal, en efecto, eran entidades como: Montepío de Jesús Crucificado de Sans; San Marcial Mártir; Hermandad de San Antonio de Padua (bueno, ésta es de Vilanova i la Geltrú, donde también estaba la Hermandad de la Vera Cruz y el Montepío de Señoras Nuestra Señora de la Providencia); El Mártir del Gólgota; La Sagrada Familia (cómo no); Los Doce Apóstoles; San Roque; San Juan Bautista; Amigos de San Macario Abad [sic]; Jesús Sacramentado; Nuestra Señora de la Misericordia, Santa Inés y Santa Irene; Santo Cristo de Nuestra Señora de los Dolores; San Isidro Labrador (¡en Barcelona!); El Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen; Unión y Defensa de los Montepíos de Barcelona (Glorioso San Vicente); San Mus ('¡toma ya! ¡órdago!); Montepío de Señores de la Cofradía de la Minerva de la parroquia de San Francisco de Paula; La Aflicción de María; Virgen de los Dolores al pie de la Cruz; Paso del Pilar o Azotamiento del Señor; el Montepío de Portantes del Santo Cristo de la Agonía; y una aseguradora llamada Paso de Jesús con sus Discípulos en el Acto de la Cena.
¿Echais en falta una? Pues no, que no podía faltar. En 1908, por supuesto que los catalanes podíais comprar una póliza en la aseguradora Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de Cataluña.
Otras dos de Barcelona, por cierto, son La Defensa del Pueblo Español y La Verdadera Unión Española. Toda una declaración de principios...
El segundo gran vivero de compañías de seguros es el mutualismo corporativo; o, lo que es lo mismo, la unión de los oficios para la previsión. Encontramos en la lista ejemplos como la Mutua Marina de Descargadores del Puerto de Barcelona; la Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos de Empleados Municipales de Madrid; los Seguros Mutuos de Labradores, también de Madrid; la Mutua Asturiana de Accidentes de Trabajo; los Seguros Mutuos de Santander de Accidentes de Trabajo; la Sociedad de Socorros Mutuos de Viajantes y Representantes de Comercio del Norte de España; la Protección de la Agricultura Española, de Guadalajara; La Alianza de los Vigilantes de Barcelona; el Montepío de Hortelanos de Barcelona; la compañía Fraternal Obrero, también de Barcelona; Asociación de Maestros Públicos de Barcelona; y Unión Obrera de Socorros Mutuos, de Barcelona. Y una que veo que no acabo de entender el origen del nombre: El Nuevo Gasómetro, de Barcelona.
Tampoco hay que desechar la pulsión clara que, al ponerle nombre a sus aseguradoras, tuvieron muchos españoles en aquella época para declarar que aquel paso era un paso de modernidad. Es, sin duda, la idea que tenían en la cabeza quienes impulsaron la creación de la aseguradora Los Progresistas Españoles (Barcelona); la Fraternal Barbastense (de Barbastro, claro); El Fomento del Ahorro; El Progreso Fabril Humanitario (que no me digáis que no es un pedazo de razón social); La Constancia (Barcelona); La Equidad; La Confianza Ibérica; Los Previsores del Porvenir (Madrid); La Humanitaria de Barcelona; El Protector del Enfermo, también de Barcelona; La Amistad o El Protector Fabril, en Barcelona; o El Progreso Humanitario, también en la ciudad condal. Incluso había una entidad, por supuesto en Barcelona, con un nombre tan poco dado a interpretaciones extrañas como éste: Paz y Justicia.
De todas estas, calculo a ojo que entre 400 y 500 compañías, queda bien poca cosa. Aunque habrá quien pueda pensar que, en realidad, todo lo que han cambiado son los nombres. Cuatro generaciones después, la vida sigue, como cantaba Julio Iglesias, básicamente igual. Aunque, desgraciadamente, en este mundo nuestro en el que palabras como Nike o Microsoft resultan ser buenas marcas, hemos perdido la poesía. Hoy no habrá ni un solo consultor de imagen que nos aconseje llamarle a nuestra empresa La Humanidad, bajo la Advocación de Santa Casilda; o Los Compañeros del Socorro; o ésta que trae lo suyo: La Vasco Belga. Vivimos en un mundo más eficiente; y también más aburrido.
domingo, febrero 18, 2007
La Primi
Una de las consecuencias que tiene esto de leer libros de Historia o históricos es que te conviertes en proveedor de preguntas más o menos idiotas. A mi sobrino le encantan, porque las utiliza para putear a su profesor de Sociales. Supongo que debería sentirme mal; al fin y al cabo, soy adulto y la natural regla de solidaridad generacional debería llevarme a hacer piña con el profesor. La carne, sin embargo, es débil; y el intelecto, en lo que a mí respecta, prácticamente no existe.
Así pues, mi sobrino y sus compañeros utilizan mis preguntas idiotas para dejar en evidencia a su profesor. Le preguntan, por ejemplo: ¿contra quién libró Granada la última guerra de su Historia? La mayor parte de profesores responde, como un loro, que contra los reyes católicos. ¡Ñeeeeeeeec! Bocina de error. Granada no sólo se declaró independiente durante la enloquecida I República española, a finales del siglo XIX, sino que se declaró en guerra contra Jaén. Así pues, la respuesta correcta (de momento) no es los reyes católicos, sino Jaén.
Hoy el comentario va a otra pregunta estúpida. Tal que ésta: ¿por qué la lotería primitiva se llama primitiva? ¿Qué razón existe para considerarla como tal? ¿Acaso quienes la juegan son considerados neardentales?
Pues bien: la lotería primitiva se llama así porque fue la primera. Hay quien piensa que por eso, porque fue la primera forma de lotería usada en España, fue por lo que los funcionarios del Ministerio de Hacienda de los años ochenta del siglo XX, siendo ministro Carlos Solchaga, decidieron llamarla así. Pero eso es inexacto, porque ya en el siglo XIX, durante los años en que convivieron la lotería primitiva y esa otra que conocemos todos, la de los niños de San Ildefonso, ya se llamaban, una primitiva, y la otra moderna. Lo de Lotería Nacional es posterior, como lo es la historia del sorteo de Navidad, que tiene apenas 115 años.
Entre la lotería primitiva de hoy y la antigua hay sus diferencias. En primer lugar, la hoy distante en el tiempo se jugaba con noventa números; no soy gran jugador, pero me parece que son bastante más que los que se juegan hoy. Asimismo, el sorteo que más se jugaba exigía acertar menos números aunque, eso sí, había que dar con el orden en que salían del bombo, cosa que creo que hoy no es necesario. Se jugaban, sobre todo, combinaciones de dos números, lo que se llamaba un ambo; o de tres, que se llamaban ternos. Sin embargo, podía haber combinaciones de más números, extremadamente complicadas por lo tanto; el de cinco se llamaba quina.
No soy matemático, pero las meninges me llegan para pensar en esto: era un juego de noventa números en que había que acertar combinaciones de dos o de tres sin repetición y por su orden. A ello hay que añadir que, en un país de menos de 20 millones de almas, los jugadores por fuerza tendrían que ser muchísimos menos que los que juegan hoy (hay que tener en cuenta, además, que la primitiva se jugaba menos que la moderna). Conclusión: debía de ser bastante difícil pillar un premio. Por eso, la ilusión de todo jugador era acertar lo que llamaban un terno seco: una combinación de tres números que les diese acceso a la consabida fortuna.
Existían las administraciones de lotería, y en ellas las gentes compraban los números deseados. Debían de esperar hasta el día siguiente, cuando en el mismo lugar se les entregaba un billete impreso en papel de seda. Otra cosa distinta de lo que vemos hoy es que el sorteo no tenía precio; cada uno pagaba su voluntad y los premios se establecían en proporción de la recaudación. Esta característica de billetes sin precio es la que hacía que la lotería antigua fuese la auténtica lotería de los humildes.
De lo que no se libró nunca la lotería antigua fue de rumores sobre favoritismo o fraude descarado. Que llegaron a lo más alto. A mediados de siglo, todo Madrid se hizo lenguas con un golpe de suerte que había alcanzado a la mismísima reina Isabel II la cual, según las murmuraciones, se había interesado por un terno seco que, casualmente, había sido el mismo que había salido en el sorteo siguiente. Al parecer, la reina hizo una sustanciosa donación económica a una casa de beneficencia, no se sabe si para tapar el escándalo, pero lo que consiguió con ello fue echar gasolina al fuego. El político progresista Eduardo Asquerino le dedicó a este asunto un folleto, que corrió profusamente por los cafetines de Madrid.
Cuando se decidió acabar con la lotería antigua, circularon dos versiones distintas para justificar dicho final. Según una de ellas, un individuo acertó un terno seco, con lo que el Estado debía pagarle un millón de pesetas más o menos, motivo por el cual el ministerio de Hacienda decidió suprimir el concurso. La segunda versión parece mucho más creíble, sobre todo porque donde la he leído yo se cita como fuente informativa a los propios funcionarios del ministerio, a saber: Celestino Rico, director de Rentas y Contribuciones; Antonio María Fabié, subsecretario; y, por fin, Pedro Salaverría Charitu, que era el ministro en aquel entonces (durante uno de los gobiernos de O’Donell, 1858-1863). Esta versión indica que, en 1862, los funcionarios del ministerio tuvieron noticia de una conspiración dirigida a manipular el resultado de la lotería y estafar al Estado unos cinco o seis millones de pesetas. Ante lo cual Salaverría, además de deshacer el entuerto, debió de hartarse de aquel sorteo, en el que por lo que se ve los engaños estaban al cabo de la calle y eran frecuentes, y suspendió sine die la extracción de números de la lotería.
Esta segunda teoría la creo yo abonada por el breve texto c0on que el propio Salaverría anuncia en La Gazeta, en su número de 10 de febrero de 1862, la suspensión de sorteos de la primitiva. En dicho escrito, el ministro reconoce haber recibido un escrito del Director General de Loterías que ha sometido al criterio de la reina; escrito en el que se analiza el «incremento que recientemente ha tomado el juego de la lotería primitiva»; frase ésta que parece designar algún tipo de operación especulativa.
Considerando el límite al que han llegado la cosas, asevera el ministro (las cursivas son mías), «no es posible consentir que en combimaciones de poca probabilidad para los jugadores comprometan éstos la fortuna de sus familias, ni tampoco que se expongan los intereses del Tesoro hasta el grado que suponen puestas [hoy decimos apuestas] tan importantes como las hechas en las últimas extracciones y en la que ha de celebrarse próximamente». Por proximamente hay que entender el día siguiente; sorteo que ya no se celebró, siendo reembolsasos los apostantes.
Hay algo de cinismo en este texto. En primer lugar, si una administración de loterías se preocupa de que la gente no se juegue los cuartos en combinaciones de poca probabilidad, la lotería no existiría; y tiene narices que, poco menos de cien años después de haber comenzado con la lotería estatal, un ministro fuese y se diese cuenta de que algo así comprometía los peculios de muchas familias. No. Eso suena a disculpa. La razón de fondo está en el resto de la frase, esa parte en la que el ministro confiesa, básicamente, que está acojonado porque las apuestas son cada vez más fuertes (es más: viene a decir que ese incremento se ha producido hace poco tiempo) y, consecuentemente, lo es también el abono por parte del Tesoro del premio correspondiente, muy elevado caso de que alguien acertase alguna combinación muy poco probable. ¿Muy poco probable? ¿Y si el sorteo estaba amañado?
La primitiva permaneció muda más de cien años hasta que los avances técnicos (que hoy hacen, digo yo, imposible el fraude) hicieron posible recuperarla.
Entre pitos y flautas, fraudes y demás historias, lo cierto es que llevamos la friolera de diez generaciones jugando a la lotería. El padre del tatarabuelo del tatarabuelo de un español que, aún en minoría de edad, haya comprado estas navidades su primer decimito o haya rellenado cualquier semana el boletín de la bono-loto, ya jugaba. Suponiéndole a la lotería, que no es mucho suponer, la capacidad de cambiar radicalmente, para bien, la situación económica de 100 españoles cada año, serían unas 25.000 las familias agraciadas. De una forma primitiva que, sucintamente, y por mucho software que pongamos por medio, sigue siendo la misma entonces que ahora.
Así pues, mi sobrino y sus compañeros utilizan mis preguntas idiotas para dejar en evidencia a su profesor. Le preguntan, por ejemplo: ¿contra quién libró Granada la última guerra de su Historia? La mayor parte de profesores responde, como un loro, que contra los reyes católicos. ¡Ñeeeeeeeec! Bocina de error. Granada no sólo se declaró independiente durante la enloquecida I República española, a finales del siglo XIX, sino que se declaró en guerra contra Jaén. Así pues, la respuesta correcta (de momento) no es los reyes católicos, sino Jaén.
Hoy el comentario va a otra pregunta estúpida. Tal que ésta: ¿por qué la lotería primitiva se llama primitiva? ¿Qué razón existe para considerarla como tal? ¿Acaso quienes la juegan son considerados neardentales?
Pues bien: la lotería primitiva se llama así porque fue la primera. Hay quien piensa que por eso, porque fue la primera forma de lotería usada en España, fue por lo que los funcionarios del Ministerio de Hacienda de los años ochenta del siglo XX, siendo ministro Carlos Solchaga, decidieron llamarla así. Pero eso es inexacto, porque ya en el siglo XIX, durante los años en que convivieron la lotería primitiva y esa otra que conocemos todos, la de los niños de San Ildefonso, ya se llamaban, una primitiva, y la otra moderna. Lo de Lotería Nacional es posterior, como lo es la historia del sorteo de Navidad, que tiene apenas 115 años.
Entre la lotería primitiva de hoy y la antigua hay sus diferencias. En primer lugar, la hoy distante en el tiempo se jugaba con noventa números; no soy gran jugador, pero me parece que son bastante más que los que se juegan hoy. Asimismo, el sorteo que más se jugaba exigía acertar menos números aunque, eso sí, había que dar con el orden en que salían del bombo, cosa que creo que hoy no es necesario. Se jugaban, sobre todo, combinaciones de dos números, lo que se llamaba un ambo; o de tres, que se llamaban ternos. Sin embargo, podía haber combinaciones de más números, extremadamente complicadas por lo tanto; el de cinco se llamaba quina.
No soy matemático, pero las meninges me llegan para pensar en esto: era un juego de noventa números en que había que acertar combinaciones de dos o de tres sin repetición y por su orden. A ello hay que añadir que, en un país de menos de 20 millones de almas, los jugadores por fuerza tendrían que ser muchísimos menos que los que juegan hoy (hay que tener en cuenta, además, que la primitiva se jugaba menos que la moderna). Conclusión: debía de ser bastante difícil pillar un premio. Por eso, la ilusión de todo jugador era acertar lo que llamaban un terno seco: una combinación de tres números que les diese acceso a la consabida fortuna.
Existían las administraciones de lotería, y en ellas las gentes compraban los números deseados. Debían de esperar hasta el día siguiente, cuando en el mismo lugar se les entregaba un billete impreso en papel de seda. Otra cosa distinta de lo que vemos hoy es que el sorteo no tenía precio; cada uno pagaba su voluntad y los premios se establecían en proporción de la recaudación. Esta característica de billetes sin precio es la que hacía que la lotería antigua fuese la auténtica lotería de los humildes.
De lo que no se libró nunca la lotería antigua fue de rumores sobre favoritismo o fraude descarado. Que llegaron a lo más alto. A mediados de siglo, todo Madrid se hizo lenguas con un golpe de suerte que había alcanzado a la mismísima reina Isabel II la cual, según las murmuraciones, se había interesado por un terno seco que, casualmente, había sido el mismo que había salido en el sorteo siguiente. Al parecer, la reina hizo una sustanciosa donación económica a una casa de beneficencia, no se sabe si para tapar el escándalo, pero lo que consiguió con ello fue echar gasolina al fuego. El político progresista Eduardo Asquerino le dedicó a este asunto un folleto, que corrió profusamente por los cafetines de Madrid.
Cuando se decidió acabar con la lotería antigua, circularon dos versiones distintas para justificar dicho final. Según una de ellas, un individuo acertó un terno seco, con lo que el Estado debía pagarle un millón de pesetas más o menos, motivo por el cual el ministerio de Hacienda decidió suprimir el concurso. La segunda versión parece mucho más creíble, sobre todo porque donde la he leído yo se cita como fuente informativa a los propios funcionarios del ministerio, a saber: Celestino Rico, director de Rentas y Contribuciones; Antonio María Fabié, subsecretario; y, por fin, Pedro Salaverría Charitu, que era el ministro en aquel entonces (durante uno de los gobiernos de O’Donell, 1858-1863). Esta versión indica que, en 1862, los funcionarios del ministerio tuvieron noticia de una conspiración dirigida a manipular el resultado de la lotería y estafar al Estado unos cinco o seis millones de pesetas. Ante lo cual Salaverría, además de deshacer el entuerto, debió de hartarse de aquel sorteo, en el que por lo que se ve los engaños estaban al cabo de la calle y eran frecuentes, y suspendió sine die la extracción de números de la lotería.
Esta segunda teoría la creo yo abonada por el breve texto c0on que el propio Salaverría anuncia en La Gazeta, en su número de 10 de febrero de 1862, la suspensión de sorteos de la primitiva. En dicho escrito, el ministro reconoce haber recibido un escrito del Director General de Loterías que ha sometido al criterio de la reina; escrito en el que se analiza el «incremento que recientemente ha tomado el juego de la lotería primitiva»; frase ésta que parece designar algún tipo de operación especulativa.
Considerando el límite al que han llegado la cosas, asevera el ministro (las cursivas son mías), «no es posible consentir que en combimaciones de poca probabilidad para los jugadores comprometan éstos la fortuna de sus familias, ni tampoco que se expongan los intereses del Tesoro hasta el grado que suponen puestas [hoy decimos apuestas] tan importantes como las hechas en las últimas extracciones y en la que ha de celebrarse próximamente». Por proximamente hay que entender el día siguiente; sorteo que ya no se celebró, siendo reembolsasos los apostantes.
Hay algo de cinismo en este texto. En primer lugar, si una administración de loterías se preocupa de que la gente no se juegue los cuartos en combinaciones de poca probabilidad, la lotería no existiría; y tiene narices que, poco menos de cien años después de haber comenzado con la lotería estatal, un ministro fuese y se diese cuenta de que algo así comprometía los peculios de muchas familias. No. Eso suena a disculpa. La razón de fondo está en el resto de la frase, esa parte en la que el ministro confiesa, básicamente, que está acojonado porque las apuestas son cada vez más fuertes (es más: viene a decir que ese incremento se ha producido hace poco tiempo) y, consecuentemente, lo es también el abono por parte del Tesoro del premio correspondiente, muy elevado caso de que alguien acertase alguna combinación muy poco probable. ¿Muy poco probable? ¿Y si el sorteo estaba amañado?
La primitiva permaneció muda más de cien años hasta que los avances técnicos (que hoy hacen, digo yo, imposible el fraude) hicieron posible recuperarla.
Entre pitos y flautas, fraudes y demás historias, lo cierto es que llevamos la friolera de diez generaciones jugando a la lotería. El padre del tatarabuelo del tatarabuelo de un español que, aún en minoría de edad, haya comprado estas navidades su primer decimito o haya rellenado cualquier semana el boletín de la bono-loto, ya jugaba. Suponiéndole a la lotería, que no es mucho suponer, la capacidad de cambiar radicalmente, para bien, la situación económica de 100 españoles cada año, serían unas 25.000 las familias agraciadas. De una forma primitiva que, sucintamente, y por mucho software que pongamos por medio, sigue siendo la misma entonces que ahora.
sábado, febrero 17, 2007
OCW
En el submundo de las personas curiosas, las siglas OCW, si no son familiares ya, lo serán pronto. OCW significa OpenCourseWare, que es la expresión que han inventado las grandes universidades del mundo para democratizar sus materiales académicos.
En las universidades se hacen cursos. En esos cursos, un profesor recomienda o exige a los alumnos leer o visualizar determinados materiales (libros, artículos, películas, registros sonoros) y después les califica, de diversa manera, cuando, a través del aprovechamiento de esos conocimientos, los alumnos pasan un examen, redactan un ensayo, etc.
Todo esto, hasta ahora, pasaba dentro de un espacio cerrado llamado aula. Pero la filosofía de la OCW es otra. La filosofía es: ¿por qué no dejar abierta la puerta y que entre cualquiera?
Entendámonos. OCW no significa universidad abierta con campus virtual, al estilo de la Universitat Oberta de Cataluña. Instituciones como la UOC son universidades con sus matrículas, sus títulos y sus historias. Un OCW es un lugar donde hay estudiantes que siguen un curso y otros que no. Simplemente, leen. Como declara una de las primeras universidades que han hecho un espacio propio en internet para su OCW, la universidad católica de Notre Dame en Indiana, EEUU, el servicio ha sido diseñado tanto para estudiantes universitarios como para autodidactos que, simplemente, estén buscando ampliar conocimientos sobre un tema. Eso sí, conocer el curso también supone trabar conocimiento sobre el profesor que lo ha diseñado y, de alguna manera, poder contactar con él o con ella.
Por lo que he podido ver en la red, el mayor proveedor actual de OCW probablemente sea el Massachussetts Institute of Technology; el cual, además, y gracias al portal Universia, cuenta con información replicada en español. Esto quiere decir que sí, que, efectivamente, esto ha empezado más por las ciencias que por las letras; lo cual os lo cuento porque, de los que me escribís privadamente (por cierto, gracias, que de momento nadie me ha escrito para malquistarme sino para todo lo contrario), soléis informarme, casi inmediatamente, de que sois de ciencias.
La lista de cursos del MIT es, en efecto, bastante grandecita. Sobre todo si leéis el inglés, porque las que tienen versión en español son sólo una pequeñísima parte. Algunos de estos cursos, por cierto, tienen grupos de discusión.
Por lo que sé de esta historia, no es sino la punta de iceberg. La mayoría de las grandes universidades americanas están preparando sus ofertas de OCW.
¿Universidades españolas con oferta de OCW? La respuesta es, exactamente, la que estais imaginando.
En las universidades se hacen cursos. En esos cursos, un profesor recomienda o exige a los alumnos leer o visualizar determinados materiales (libros, artículos, películas, registros sonoros) y después les califica, de diversa manera, cuando, a través del aprovechamiento de esos conocimientos, los alumnos pasan un examen, redactan un ensayo, etc.
Todo esto, hasta ahora, pasaba dentro de un espacio cerrado llamado aula. Pero la filosofía de la OCW es otra. La filosofía es: ¿por qué no dejar abierta la puerta y que entre cualquiera?
Entendámonos. OCW no significa universidad abierta con campus virtual, al estilo de la Universitat Oberta de Cataluña. Instituciones como la UOC son universidades con sus matrículas, sus títulos y sus historias. Un OCW es un lugar donde hay estudiantes que siguen un curso y otros que no. Simplemente, leen. Como declara una de las primeras universidades que han hecho un espacio propio en internet para su OCW, la universidad católica de Notre Dame en Indiana, EEUU, el servicio ha sido diseñado tanto para estudiantes universitarios como para autodidactos que, simplemente, estén buscando ampliar conocimientos sobre un tema. Eso sí, conocer el curso también supone trabar conocimiento sobre el profesor que lo ha diseñado y, de alguna manera, poder contactar con él o con ella.
Por lo que he podido ver en la red, el mayor proveedor actual de OCW probablemente sea el Massachussetts Institute of Technology; el cual, además, y gracias al portal Universia, cuenta con información replicada en español. Esto quiere decir que sí, que, efectivamente, esto ha empezado más por las ciencias que por las letras; lo cual os lo cuento porque, de los que me escribís privadamente (por cierto, gracias, que de momento nadie me ha escrito para malquistarme sino para todo lo contrario), soléis informarme, casi inmediatamente, de que sois de ciencias.
La lista de cursos del MIT es, en efecto, bastante grandecita. Sobre todo si leéis el inglés, porque las que tienen versión en español son sólo una pequeñísima parte. Algunos de estos cursos, por cierto, tienen grupos de discusión.
Por lo que sé de esta historia, no es sino la punta de iceberg. La mayoría de las grandes universidades americanas están preparando sus ofertas de OCW.
¿Universidades españolas con oferta de OCW? La respuesta es, exactamente, la que estais imaginando.
miércoles, febrero 14, 2007
De alamedas y recuerdos
A pesar de la otitis y de la mala leche que me pone, debo partir de viaje. Estaré fuera un par de días en los que descansareis de mí. Pero antes quería dejaros algo, algo rescatado del baúl de los recuerdos.
Latinoamérica y España. Yo creo que por muy europeos que nos queramos sentir los españoles, y por mucho que lo seamos, un español que no sienta un vínculo especial hacia los países hispanoparlantes de América es, por fuerza, un español que desconoce su Historia, su cultura y su esencia. Españoles y americanos compartimos una Historia, no siempre fácil ni amigable, y un idioma. Mucho más de lo que tienen pueblos que se sienten hermanados.
Quizá por eso, las cosas de allá las sentimos, no pocas veces, de una forma especial. Si se trata de otro lugar, necesitamos que el suceso, para llegarnos, tenga íntima relación con nosotros, con nuestras ideas o nuestras querencias. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica casi cualquier cosa que ocurra nos importa.
Yo crecí en un rincón de España, La Coruña, Galicia, en el que medio país o estaba allí o había vuelto de allí. A mi alrededor había cafeterías que se llamaban Montevideo, o Buenos Aires; y los mejores amigos de mis padres, gallegos hasta la cepa, hablaban con un marcado acento caraqueño. Entonces, las noticias que nos llegaban, a través de la televisión (la única; he descubierto que contarle a los jovenzanos españoles que hubo un tiempo en el que sólo había dos canales de televisión les sorprende sobremanera), las tomábamos como algo casi local, porque siempre cualquier problema, cualquier movida, afectaba a alguien que era conocido de alguien o pariente de alguien a quien, asimismo, nosotros conocíamos. En Galicia aún se puede hoy asistir a fiestas (yo os recomiendo, sobre todo si sois larpeiros y por lo tanto de buen comer, la festa do carneiro ó espeto, en Moraña, Pontevedra) donde sobre las amplias tradiciones milenarias cabalgan los usos que los emigrantes trajeron de sus tierras de adopción.
Es por todo esto que tengo un recuerdo muy angustiado del golpe de Estado del 73 en Chile. Me acuerdo de una misa, sábado por la tarde, en la parroquia de las Esclavas de María, al final de la playa de Riazor. Fue la misa del sábado posterior al golpe y la dictó un sacerdote a quien llamábamos El Chileno porque había pasado muchos años allí y conservaba el acento. Aquel cura era un rollo impresionante en las homilías; cada vez que, entrando en la iglesia con mis padres, veía yo que le tocaba a él, bufaba. Es la única vez que recuerdo que no dijo homilía alguna. Su voz, por otra parte, lo decía todo en cada oración. Y, a la salida, como he dicho, todo eran dimes y diretes, tú qué sabes de tus primos, Aurelio ya llamó y está bien, que no, mujer, en Buenos Aires no ha pasado nada de nada...
Así pues, voy a tener un atrevimiento, y pido disculpas por adelantado. Hoy voy a escribir sobre un asunto que no está en mi cultura ni en mi experiencia vital. Esto no se debe hacer. Pero, qué narices, es mi blog, así pues es la Historia, pero también mis historias.
En todo caso, vierto aquí unas cuantas lecturas para contaros lo que sé, a día de hoy, de lo que ocurrió aquel día de septiembre de 1973.
Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas hicieron los deberes. Amparándose en el derecho que la legislación les otorgaba de comprobar la existencia de armas en manos de civiles no autorizados para ello, diversas patrullas militares visitaron buena parte de las emisoras de radio del país. Muchos de los trabajadores de dichas emisoras se sintieron felices al comprobar que los milicos no encontraban armas; pero en realidad, los militares no habían ido para eso. Habían ido a sabotear las emisoras. A silenciar a Allende.
A lo largo de la madrugada han llegado a Santiago noticias de extraños movimientos de tropas en las zonas de San Felipe y los Andes, amén del acuartelamiento de la guarnición del propio Santiago, de la que el ministro de Defensa no sabía nada. En la calle Tomás Moro, situada en el barrio alto de Santiago, residencia de Salvador Allende, se encontraban ya, muy de madrugada, el propio Allende y sus ministros de Interior (Carlos Briones) y de Defensa (Orlando Letelier). Amén de varias decenas de miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), la única fuerza armada que, al fin y a la postre, lo defenderá.
Pero el primer problema surgirá en Valparaíso. En dicha población costera se encuentra gran parte de la flota chilena, convocada allí para unas maniobras conjuntas con la armada de Estados Unidos, la Operación Unitas. Los marinos ya le habían plantado cara a Allende, al que habían exigido la cabeza del comandante en jefe, almirante Raúl Montero, a favor del vicealmirante José Toribio Merino. Tal vez Allende interpretó el gesto de la flota de partir, en la tarde del día 10, hacia alta mar, como un signo de que la sangre no iba a llegar al río. Si fue así, se equivocó, porque aquel movimiento significaba exactamente lo contrario.
Porque la flota vuelve popas a las 5.30 horas del día 10. En todos los barcos, los altavoces anuncian a la marinería que retornan a Valparaíso para unirse a una insurrección militar cuyo objetivo es derrocar a Allende. La noticia llega a Tomás Moro aproximadamente una hora después, y genera una auténtica histeria. Allende se pone en contacto con José María Sepúlveda, Director General de Carabineros. En el Chile de 1973, como en la España de 1936 la Guardia Civil, los carabineros son cruciales, con sus 25.000 efectivos armados. Sepúlveda asevera su lealtad al presidente, pero lo que no sabe es que los conspiradores han contado con ello; para entonces, quien realmente manda en lo carabineros es el general César Mendoza, mucho menos proclive a la legalidad que él.
Augusto Olivares, amigo íntimo de Allende y director de la televisión nacional, que está con él y le hace de secretario, trata, infructuosamente, de contactar con los generales en jefe de los tres ejércitos: con Augusto Pinochet (Tierra) y Gustavo Leigh (Aire), no lo conseguirá porque ya no están, ni van a ir, a sus despachos del ministerio de Defensa. Con el almirante Montero (Mar), porque los conspiradores le han cortado todos los teléfonos; como han hecho también con el general Brady, responsable de la guarnición de Santiago.
Orlando Letelier llama al ministerio del que es titular, donde le atiende el vicealmirante Patricio Carvajal. Con total tranquilidad, éste le dice que no pasa nada y le anima a ir al ministerio a comprobarlo. Letelier cae en la trampa: nada más pisar el ministerio, será detenido.
Allende divide a sus GAP en tres grupos: el primero, de 23 hombres armados, le seguirá al palacio de la Moneda. El segundo se queda en Tomás Moro, acopiando armamento pesado, e irá más tarde (aunque, como veremos, éste será uno de los primeros reveses que recibirá el presidente). El tercero se queda defendiendo la casa del presidente, donde está su mujer, Hortensia Bussi de Allende. El presidente sale de su domicilio armado con la metralleta con la que quedará retratado para el mundo; un regalo de Fidel Castro con la inscripción A mi compañero de armas, Salvador.
La Moneda está ya, para entonces, reforzada con 300 carabineros con tanquetas. Sin embargo, a tan temprana hora la cosa ya no está clara en este cuerpo. El general Parada, prefecto de Santiago, no se define.
A las siete y media, las radios emiten la proclama de la Junta Militar, formada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, director general de carabineros. La proclama intitula a la Junta como salvadora de Chile frente al «yugo marxista» y trata de evitar los movimientos revolucionarios aseverando a los trabajadores que sus logros económicos y sociales serán respetados «en lo fundamental», sin más explicaciones.
A pesar de la exitosa labor de sabotaje de las estaciones de radio, dos de ellas adictas a Allende, Radio Corporación y Radio Magallanes, aún funcionan a esa hora. Ambas conectan sus estaciones para operar como una sola. En ese momento, el general Gustavo Leigh lanza un mensaje al ministerio de Defensa: si no hay rendición, a las once de la mañana bombardeará la Moneda.
Según algunos testimonios, bastante lógicos por otra parte, la noticia de la proclama altera notablemente al presidente Allende. Pero será inmediatamente después, más o menos a las nueve y veinte de la mañana, cuando reciba la noticia que, a la postre, será un rejón de muerte para su resistencia: los dimes y diretes, las vacilaciones, las dudas de los carabineros han cesado: los trescientos hombres que protegen el palacio presidencial deciden retirarse. Inmediatamente después, comienzan las negociaciones, desde el ministerio de Defensa, para que Allende se rinda. Su respuesta es: «me defenderé hasta el final, y el último tiro de esta metralleta me lo pegaré aquí», señalándose el paladar.
No obstante esta declaración tan categórica, Allende llamó (por gentes interpuestas) a los miembros de la Junta, asegurando que deseaba parlamentar con ellos en la Moneda. Los militares respondieron con la negativa e instándole a rendirse. En Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que están sublevadas desde antes, un bando anima a la población a colocar banderas de Chile en los balcones si está de acuerdo con el movimiento; las ciudades, obviamente, se llenan de banderas.
A las 10 en punto comienzan las hostilidades en Santiago. Rápidamente, el centro de la ciudad se convierte en una ensalada de tiros.
Poco después, Allende logrará transmitir su último discurso a través de radio Magallanes. El discurso en el que pronunció ese famoso «sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
No faltan quienes intentan convencer a Allende de que se rinda y haga uso de la oferta de la Junta Militar (sobre cuya sinceridad nunca podremos estar seguros) de ofrecerle una salida del país. José Tohá, ex ministro amigo de Allende; y Carlos Briones, titular de Interior, lo intentaron inútilmente. En realidad, no cabe duda, por los testimonios, de que la decisión de Allende era firme. Pero también conviene tener en cuenta otros factores. Cuando menos a esa hora, es posible que Allende confiase en algunos elementos contrarios al golpe. Por ejemplo: dado que estaba aislado, no podía saber con certeza si se había producido algún levantamiento popular, en un país en el que se hablaba (y es que una cosa es lo que se habla y otra la verdad de las cosas) de 15.000 militantes de la Unidad Popular armados y dispuestos a luchar. También podía pensar que aquel golpe era algo así como el Tancazo de 29 de junio de aquel mismo año, que había sido finalmente sofocado. Otros testimonios indican que el presidente tampoco creyó demasiado en la amenaza de Leigh, pues consideraba que la aviación no sería capaz de bombardear la Moneda sin causar serios daños a otros edificios de la zona.
De hecho, las burlas de Allende fueron, en parte, su condena. Tras el Tancazo, Allende no había ocultado los comentarios sardónicos hacia los tanques que había utilizado, sin éxito, el coronel Souper para tomar la Moneda. En el golpe de septiembre, los tanques que rodearon la moneda fueron tanques Sherman, mucho más potentes y versátiles que los que había utilizado Souper. Los había hecho poner a punto el general Pinochet.
A eso de las 10,30, Allende recibe un nuevo revés. El grupo de GAP que llega de Tomás Moro con el armamento pesado, crucial para poder responder al ejército en igualdad de condiciones, es recibido con ráfagas de metralleta de los carabineros en la entrada al palacio de la calle Morandé. El presidente pierde ahí a unos hombres y unas armas que le son vitales. Y un revés más: la guardia de palacio se va, con el resto de los carabineros.
Cuando, al filo de las once de la mañana, surquen el cielo santiaguino los aviones Hawker Hunter que unos minutos antes han partido de Concepción, a unos 400 kilómetros de la capital, Allende tiene a su lado a unas cuarenta personas. Quedan con él los ministros Briones, Jaime Tohá (Agricultura) y Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores); el subsecretario de Interior, Daniel Vergara, y el ex ministro José Tohá; Osvaldo Puccio, secretario del presidente, Fernando Flores, Secretario General del Gobierno, Augusto Olivares, director de la televisión nacional, y otros altos funcionarios.
Allende llama al ministerio de defensa a las 10,45 horas. Solicita diez minutos para que salgan las mujeres. El general Baeza, que fue quien atendió esa llamada y concedió la breve tregua para la salida de las seis féminas, declararía que, en esa conversación, el tono de voz del presidente había cambiado radicalmente; su voz había perdido todo rastro de agresividad, de donde cabe estimar que, probablemente, fue en la cercanía del bombardeo aéreo cuando Allende acató su destino.
El ataque aéreo se aplaza a las 11.30 horas. Por la puerta de Morandé salen mujeres y también hombres, entre ellos dos hijas de Allende, una de ellas embarazada. Sin embargo, hay una mujer que se ha quedado en la Moneda: Miriam Contreras Bell, más conocida como La Payita, secretaria privada de Allende, que no le abandonará.
A las 11.52, los aviones realizan la primera pasada sobre la Moneda, acción que repetirán siete veces más en los siguientes veinte minutos. Allende y los suyos han resistido el bombardeo en el sótano del jardín de invierno, pero ahora suben de nuevo al segundo piso, para rechazar el ataque de la infantería y la artillería. Según algunos testimonios, en ese momento Allende todavía tiene esperanzas. Cree que tres de sus ministros (Briones, Almeyda y Tohá) han salido en el grupo de liberados antes del ataque, y espera que puedan parlamentar. Sin embargo, todavía están en la Moneda. Se han refugiado en el sótano de la Cancillería, y allí encuentran, milagrosamente, un teléfono que funciona. Llegan a hablar con el ayudante de Pinochet, quien promete enviarles un vehículo para recogerlos, aunque minutos después se echará atrás, aduciendo el fuerte tiroteo. La penúltima (eso sí, más que probablemente inútil) tentativa de negociación ha quedado rota. Al parecer, las condiciones sobre las que pretendía negociar Allende eran: alto el fuego inmediato, garantías de que las poblaciones obreras no serían bombardeadas, inclusión de común acuerdo de un civil en la Junta golpista, e inicio de las negociaciones entre las partes; a cambio de lo cual Allende estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Si es cierto que esta oferta existió o pudo existir, no lo es menos que, frente a él, lo que tenía el presidente era un enemigo dispuesto al exterminio.
A las 12.30, los aviones bombardean la residencia privada de Allende.
Pasada esa hora, el general Javier Palacios, director de Instrucción del ejército, comienza la operación propiamente dicha de toma de la Moneda y apresamiento del presidente Allende.
A eso de la una y pico de la tarde, la Moneda se llena de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros. Allende, entonces, decide enviar a parlamentar a tres personas: Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio. Sin embargo, en el ministerio de Defensa el vicealmirante Carvajal recibe la oferta de los emisarios con una negativa rotunda. Esa noticia provoca en Allende la convicción de que ha de rendirse. Augusto Olivares, que es quien ha comunicado con el ministerio para obtener la negativa, baja al primer piso tras comunicárselo a Allende, y se mete en un baño en el que, tras orinar y hacer unos chistes con el doctor Óscar Soto, se pega un tiro. Es más que probable, ya lo hemos leído, que la intención de Allende fuese, desde muy en la mañana, no rendirse personalmente en caso alguno. Pero lo que es, también, evidente, es que si algún resquicio de duda le pudiera quedar, el suicidio de su amigo y colaborador lo embocó definitivamente hacia su propia muerte autoinfligida.
Cuando el general Palacios entra en la Moneda, aún bajo una lluvia de balas, un delantal blanco de médico ondea ya en una ventana del palacio, en señal de rendición. Una vez dentro, Palacios ordena al doctor Soto que suba al segundo piso a comunicar a Allende que tiene diez minutos para rendirse. Allende le contesta:
‑Bajen, bajen todos. Yo bajaré el último.
Pasan los diez minutos y en el segundo piso no dejan de disparar. A todas luces, los GAP aún supervivientes han decidido compartir el destino de su jefe. En el segundo piso del palacio hay una larga galería, la galería de los presidentes, donde están los bustos de todos los dirigentes de la nación. En ese pasillo se luchará puerta a puerta. Cuando llegan al salón O’Higgins, está en llamas; el sable del héroe de la independencia chilena se salva de milagro.
En el salón de la Independencia encontrarán a Allende, sentado, con la cabeza levemente ladeada. Un hombre muerto. Un mito que nace.
Latinoamérica y España. Yo creo que por muy europeos que nos queramos sentir los españoles, y por mucho que lo seamos, un español que no sienta un vínculo especial hacia los países hispanoparlantes de América es, por fuerza, un español que desconoce su Historia, su cultura y su esencia. Españoles y americanos compartimos una Historia, no siempre fácil ni amigable, y un idioma. Mucho más de lo que tienen pueblos que se sienten hermanados.
Quizá por eso, las cosas de allá las sentimos, no pocas veces, de una forma especial. Si se trata de otro lugar, necesitamos que el suceso, para llegarnos, tenga íntima relación con nosotros, con nuestras ideas o nuestras querencias. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica casi cualquier cosa que ocurra nos importa.
Yo crecí en un rincón de España, La Coruña, Galicia, en el que medio país o estaba allí o había vuelto de allí. A mi alrededor había cafeterías que se llamaban Montevideo, o Buenos Aires; y los mejores amigos de mis padres, gallegos hasta la cepa, hablaban con un marcado acento caraqueño. Entonces, las noticias que nos llegaban, a través de la televisión (la única; he descubierto que contarle a los jovenzanos españoles que hubo un tiempo en el que sólo había dos canales de televisión les sorprende sobremanera), las tomábamos como algo casi local, porque siempre cualquier problema, cualquier movida, afectaba a alguien que era conocido de alguien o pariente de alguien a quien, asimismo, nosotros conocíamos. En Galicia aún se puede hoy asistir a fiestas (yo os recomiendo, sobre todo si sois larpeiros y por lo tanto de buen comer, la festa do carneiro ó espeto, en Moraña, Pontevedra) donde sobre las amplias tradiciones milenarias cabalgan los usos que los emigrantes trajeron de sus tierras de adopción.
Es por todo esto que tengo un recuerdo muy angustiado del golpe de Estado del 73 en Chile. Me acuerdo de una misa, sábado por la tarde, en la parroquia de las Esclavas de María, al final de la playa de Riazor. Fue la misa del sábado posterior al golpe y la dictó un sacerdote a quien llamábamos El Chileno porque había pasado muchos años allí y conservaba el acento. Aquel cura era un rollo impresionante en las homilías; cada vez que, entrando en la iglesia con mis padres, veía yo que le tocaba a él, bufaba. Es la única vez que recuerdo que no dijo homilía alguna. Su voz, por otra parte, lo decía todo en cada oración. Y, a la salida, como he dicho, todo eran dimes y diretes, tú qué sabes de tus primos, Aurelio ya llamó y está bien, que no, mujer, en Buenos Aires no ha pasado nada de nada...
Así pues, voy a tener un atrevimiento, y pido disculpas por adelantado. Hoy voy a escribir sobre un asunto que no está en mi cultura ni en mi experiencia vital. Esto no se debe hacer. Pero, qué narices, es mi blog, así pues es la Historia, pero también mis historias.
En todo caso, vierto aquí unas cuantas lecturas para contaros lo que sé, a día de hoy, de lo que ocurrió aquel día de septiembre de 1973.
Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas hicieron los deberes. Amparándose en el derecho que la legislación les otorgaba de comprobar la existencia de armas en manos de civiles no autorizados para ello, diversas patrullas militares visitaron buena parte de las emisoras de radio del país. Muchos de los trabajadores de dichas emisoras se sintieron felices al comprobar que los milicos no encontraban armas; pero en realidad, los militares no habían ido para eso. Habían ido a sabotear las emisoras. A silenciar a Allende.
A lo largo de la madrugada han llegado a Santiago noticias de extraños movimientos de tropas en las zonas de San Felipe y los Andes, amén del acuartelamiento de la guarnición del propio Santiago, de la que el ministro de Defensa no sabía nada. En la calle Tomás Moro, situada en el barrio alto de Santiago, residencia de Salvador Allende, se encontraban ya, muy de madrugada, el propio Allende y sus ministros de Interior (Carlos Briones) y de Defensa (Orlando Letelier). Amén de varias decenas de miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), la única fuerza armada que, al fin y a la postre, lo defenderá.
Pero el primer problema surgirá en Valparaíso. En dicha población costera se encuentra gran parte de la flota chilena, convocada allí para unas maniobras conjuntas con la armada de Estados Unidos, la Operación Unitas. Los marinos ya le habían plantado cara a Allende, al que habían exigido la cabeza del comandante en jefe, almirante Raúl Montero, a favor del vicealmirante José Toribio Merino. Tal vez Allende interpretó el gesto de la flota de partir, en la tarde del día 10, hacia alta mar, como un signo de que la sangre no iba a llegar al río. Si fue así, se equivocó, porque aquel movimiento significaba exactamente lo contrario.
Porque la flota vuelve popas a las 5.30 horas del día 10. En todos los barcos, los altavoces anuncian a la marinería que retornan a Valparaíso para unirse a una insurrección militar cuyo objetivo es derrocar a Allende. La noticia llega a Tomás Moro aproximadamente una hora después, y genera una auténtica histeria. Allende se pone en contacto con José María Sepúlveda, Director General de Carabineros. En el Chile de 1973, como en la España de 1936 la Guardia Civil, los carabineros son cruciales, con sus 25.000 efectivos armados. Sepúlveda asevera su lealtad al presidente, pero lo que no sabe es que los conspiradores han contado con ello; para entonces, quien realmente manda en lo carabineros es el general César Mendoza, mucho menos proclive a la legalidad que él.
Augusto Olivares, amigo íntimo de Allende y director de la televisión nacional, que está con él y le hace de secretario, trata, infructuosamente, de contactar con los generales en jefe de los tres ejércitos: con Augusto Pinochet (Tierra) y Gustavo Leigh (Aire), no lo conseguirá porque ya no están, ni van a ir, a sus despachos del ministerio de Defensa. Con el almirante Montero (Mar), porque los conspiradores le han cortado todos los teléfonos; como han hecho también con el general Brady, responsable de la guarnición de Santiago.
Orlando Letelier llama al ministerio del que es titular, donde le atiende el vicealmirante Patricio Carvajal. Con total tranquilidad, éste le dice que no pasa nada y le anima a ir al ministerio a comprobarlo. Letelier cae en la trampa: nada más pisar el ministerio, será detenido.
Allende divide a sus GAP en tres grupos: el primero, de 23 hombres armados, le seguirá al palacio de la Moneda. El segundo se queda en Tomás Moro, acopiando armamento pesado, e irá más tarde (aunque, como veremos, éste será uno de los primeros reveses que recibirá el presidente). El tercero se queda defendiendo la casa del presidente, donde está su mujer, Hortensia Bussi de Allende. El presidente sale de su domicilio armado con la metralleta con la que quedará retratado para el mundo; un regalo de Fidel Castro con la inscripción A mi compañero de armas, Salvador.
La Moneda está ya, para entonces, reforzada con 300 carabineros con tanquetas. Sin embargo, a tan temprana hora la cosa ya no está clara en este cuerpo. El general Parada, prefecto de Santiago, no se define.
A las siete y media, las radios emiten la proclama de la Junta Militar, formada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, director general de carabineros. La proclama intitula a la Junta como salvadora de Chile frente al «yugo marxista» y trata de evitar los movimientos revolucionarios aseverando a los trabajadores que sus logros económicos y sociales serán respetados «en lo fundamental», sin más explicaciones.
A pesar de la exitosa labor de sabotaje de las estaciones de radio, dos de ellas adictas a Allende, Radio Corporación y Radio Magallanes, aún funcionan a esa hora. Ambas conectan sus estaciones para operar como una sola. En ese momento, el general Gustavo Leigh lanza un mensaje al ministerio de Defensa: si no hay rendición, a las once de la mañana bombardeará la Moneda.
Según algunos testimonios, bastante lógicos por otra parte, la noticia de la proclama altera notablemente al presidente Allende. Pero será inmediatamente después, más o menos a las nueve y veinte de la mañana, cuando reciba la noticia que, a la postre, será un rejón de muerte para su resistencia: los dimes y diretes, las vacilaciones, las dudas de los carabineros han cesado: los trescientos hombres que protegen el palacio presidencial deciden retirarse. Inmediatamente después, comienzan las negociaciones, desde el ministerio de Defensa, para que Allende se rinda. Su respuesta es: «me defenderé hasta el final, y el último tiro de esta metralleta me lo pegaré aquí», señalándose el paladar.
No obstante esta declaración tan categórica, Allende llamó (por gentes interpuestas) a los miembros de la Junta, asegurando que deseaba parlamentar con ellos en la Moneda. Los militares respondieron con la negativa e instándole a rendirse. En Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que están sublevadas desde antes, un bando anima a la población a colocar banderas de Chile en los balcones si está de acuerdo con el movimiento; las ciudades, obviamente, se llenan de banderas.
A las 10 en punto comienzan las hostilidades en Santiago. Rápidamente, el centro de la ciudad se convierte en una ensalada de tiros.
Poco después, Allende logrará transmitir su último discurso a través de radio Magallanes. El discurso en el que pronunció ese famoso «sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».
No faltan quienes intentan convencer a Allende de que se rinda y haga uso de la oferta de la Junta Militar (sobre cuya sinceridad nunca podremos estar seguros) de ofrecerle una salida del país. José Tohá, ex ministro amigo de Allende; y Carlos Briones, titular de Interior, lo intentaron inútilmente. En realidad, no cabe duda, por los testimonios, de que la decisión de Allende era firme. Pero también conviene tener en cuenta otros factores. Cuando menos a esa hora, es posible que Allende confiase en algunos elementos contrarios al golpe. Por ejemplo: dado que estaba aislado, no podía saber con certeza si se había producido algún levantamiento popular, en un país en el que se hablaba (y es que una cosa es lo que se habla y otra la verdad de las cosas) de 15.000 militantes de la Unidad Popular armados y dispuestos a luchar. También podía pensar que aquel golpe era algo así como el Tancazo de 29 de junio de aquel mismo año, que había sido finalmente sofocado. Otros testimonios indican que el presidente tampoco creyó demasiado en la amenaza de Leigh, pues consideraba que la aviación no sería capaz de bombardear la Moneda sin causar serios daños a otros edificios de la zona.
De hecho, las burlas de Allende fueron, en parte, su condena. Tras el Tancazo, Allende no había ocultado los comentarios sardónicos hacia los tanques que había utilizado, sin éxito, el coronel Souper para tomar la Moneda. En el golpe de septiembre, los tanques que rodearon la moneda fueron tanques Sherman, mucho más potentes y versátiles que los que había utilizado Souper. Los había hecho poner a punto el general Pinochet.
A eso de las 10,30, Allende recibe un nuevo revés. El grupo de GAP que llega de Tomás Moro con el armamento pesado, crucial para poder responder al ejército en igualdad de condiciones, es recibido con ráfagas de metralleta de los carabineros en la entrada al palacio de la calle Morandé. El presidente pierde ahí a unos hombres y unas armas que le son vitales. Y un revés más: la guardia de palacio se va, con el resto de los carabineros.
Cuando, al filo de las once de la mañana, surquen el cielo santiaguino los aviones Hawker Hunter que unos minutos antes han partido de Concepción, a unos 400 kilómetros de la capital, Allende tiene a su lado a unas cuarenta personas. Quedan con él los ministros Briones, Jaime Tohá (Agricultura) y Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores); el subsecretario de Interior, Daniel Vergara, y el ex ministro José Tohá; Osvaldo Puccio, secretario del presidente, Fernando Flores, Secretario General del Gobierno, Augusto Olivares, director de la televisión nacional, y otros altos funcionarios.
Allende llama al ministerio de defensa a las 10,45 horas. Solicita diez minutos para que salgan las mujeres. El general Baeza, que fue quien atendió esa llamada y concedió la breve tregua para la salida de las seis féminas, declararía que, en esa conversación, el tono de voz del presidente había cambiado radicalmente; su voz había perdido todo rastro de agresividad, de donde cabe estimar que, probablemente, fue en la cercanía del bombardeo aéreo cuando Allende acató su destino.
El ataque aéreo se aplaza a las 11.30 horas. Por la puerta de Morandé salen mujeres y también hombres, entre ellos dos hijas de Allende, una de ellas embarazada. Sin embargo, hay una mujer que se ha quedado en la Moneda: Miriam Contreras Bell, más conocida como La Payita, secretaria privada de Allende, que no le abandonará.
A las 11.52, los aviones realizan la primera pasada sobre la Moneda, acción que repetirán siete veces más en los siguientes veinte minutos. Allende y los suyos han resistido el bombardeo en el sótano del jardín de invierno, pero ahora suben de nuevo al segundo piso, para rechazar el ataque de la infantería y la artillería. Según algunos testimonios, en ese momento Allende todavía tiene esperanzas. Cree que tres de sus ministros (Briones, Almeyda y Tohá) han salido en el grupo de liberados antes del ataque, y espera que puedan parlamentar. Sin embargo, todavía están en la Moneda. Se han refugiado en el sótano de la Cancillería, y allí encuentran, milagrosamente, un teléfono que funciona. Llegan a hablar con el ayudante de Pinochet, quien promete enviarles un vehículo para recogerlos, aunque minutos después se echará atrás, aduciendo el fuerte tiroteo. La penúltima (eso sí, más que probablemente inútil) tentativa de negociación ha quedado rota. Al parecer, las condiciones sobre las que pretendía negociar Allende eran: alto el fuego inmediato, garantías de que las poblaciones obreras no serían bombardeadas, inclusión de común acuerdo de un civil en la Junta golpista, e inicio de las negociaciones entre las partes; a cambio de lo cual Allende estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Si es cierto que esta oferta existió o pudo existir, no lo es menos que, frente a él, lo que tenía el presidente era un enemigo dispuesto al exterminio.
A las 12.30, los aviones bombardean la residencia privada de Allende.
Pasada esa hora, el general Javier Palacios, director de Instrucción del ejército, comienza la operación propiamente dicha de toma de la Moneda y apresamiento del presidente Allende.
A eso de la una y pico de la tarde, la Moneda se llena de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros. Allende, entonces, decide enviar a parlamentar a tres personas: Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio. Sin embargo, en el ministerio de Defensa el vicealmirante Carvajal recibe la oferta de los emisarios con una negativa rotunda. Esa noticia provoca en Allende la convicción de que ha de rendirse. Augusto Olivares, que es quien ha comunicado con el ministerio para obtener la negativa, baja al primer piso tras comunicárselo a Allende, y se mete en un baño en el que, tras orinar y hacer unos chistes con el doctor Óscar Soto, se pega un tiro. Es más que probable, ya lo hemos leído, que la intención de Allende fuese, desde muy en la mañana, no rendirse personalmente en caso alguno. Pero lo que es, también, evidente, es que si algún resquicio de duda le pudiera quedar, el suicidio de su amigo y colaborador lo embocó definitivamente hacia su propia muerte autoinfligida.
Cuando el general Palacios entra en la Moneda, aún bajo una lluvia de balas, un delantal blanco de médico ondea ya en una ventana del palacio, en señal de rendición. Una vez dentro, Palacios ordena al doctor Soto que suba al segundo piso a comunicar a Allende que tiene diez minutos para rendirse. Allende le contesta:
‑Bajen, bajen todos. Yo bajaré el último.
Pasan los diez minutos y en el segundo piso no dejan de disparar. A todas luces, los GAP aún supervivientes han decidido compartir el destino de su jefe. En el segundo piso del palacio hay una larga galería, la galería de los presidentes, donde están los bustos de todos los dirigentes de la nación. En ese pasillo se luchará puerta a puerta. Cuando llegan al salón O’Higgins, está en llamas; el sable del héroe de la independencia chilena se salva de milagro.
En el salón de la Independencia encontrarán a Allende, sentado, con la cabeza levemente ladeada. Un hombre muerto. Un mito que nace.
martes, febrero 13, 2007
Periodismo pírrico
El otro día, cuando comenté la cachondada de La Razón sobre la Noche de los Cristales Rotos en Alcorcón, el dicho titular desapareció como por arte de magia de la edición en internet. Supongo que lo vería más gente que yo, claro, pues modesto criticón soy yo. No sé si ahora ocurrirá lo mismo.
Leo en El Semanal Digital (las cursivas son mías): «Incluso en círculos socialistas lo reconocen a Elsemanaldigital.com, y se muestran sorprendidos, por ejemplo, ante la pírrica agenda oficial del presidente del Gobierno para esta semana, en la que solamente se han incluido dos encuentros (...)».
¿Cooomor? ¿La agenda del presidente, pírrica? ¡Pero si el que estaba en guerra era el presidente anterior!
Pirro de Épiro fue rey de Ídem unos 400 años antes de Cristo. Entonces, Roma empezaba a ser el gendarme de Occidente, pero Grecia mantenía sus posesiones imperialistas en el Mediterráneo, eso que se ha dado en llamar la Magna Grecia. Evidentemente, la expansión creciente de Roma le tocaba las bowlings a los griegos, y la cosa se puso fea cuando los romanos medio sitiaron Tarento por mar. Pirro era aliado de Tarento y allí que mandó un formidable ejército de 20.000 marines, 3.000 jinetes y 36 elefantes, con trompa y todo. Con estos mimbres le encendió el pelo a los romanos en la batalla de Heraclea.
En dicha batalla, sin embargo, Pirro le hizo unos 15.000 muertos a los romanos, pero perdió, asimismo, 7.000 efectivos. Fue una pérdida, sobre todo, cualitativa, pues murieron la mayor parte de los oficiales y de los mandos del ejército epirota. De ahí que, desde entonces, se dijese que con un par de victorias más como ésa, Pirro podía considerarse acabado.
Una victoria pírrica, desde entonces, significa aquello que nos cuesta tanto esfuerzo conseguir que nos agota, hasta ser, de hecho, más una derrota que otra cosa.
Y, ahora. ¿Me queréis explicar cómo narices puede una agenda ser pírrica? ¿Con quién narices se va a reunir Zapatero que piensa plantearle batalla, ganarla y, sin embargo, perderla?
El secretito es éste: hay gente que entiende que pírrico significa pequeño, débil, insulso. Pero si pírrico significa pequeño, entonces napoleónico significa resistente a la oxidación. Ya puestos...
Leo en El Semanal Digital (las cursivas son mías): «Incluso en círculos socialistas lo reconocen a Elsemanaldigital.com, y se muestran sorprendidos, por ejemplo, ante la pírrica agenda oficial del presidente del Gobierno para esta semana, en la que solamente se han incluido dos encuentros (...)».
¿Cooomor? ¿La agenda del presidente, pírrica? ¡Pero si el que estaba en guerra era el presidente anterior!
Pirro de Épiro fue rey de Ídem unos 400 años antes de Cristo. Entonces, Roma empezaba a ser el gendarme de Occidente, pero Grecia mantenía sus posesiones imperialistas en el Mediterráneo, eso que se ha dado en llamar la Magna Grecia. Evidentemente, la expansión creciente de Roma le tocaba las bowlings a los griegos, y la cosa se puso fea cuando los romanos medio sitiaron Tarento por mar. Pirro era aliado de Tarento y allí que mandó un formidable ejército de 20.000 marines, 3.000 jinetes y 36 elefantes, con trompa y todo. Con estos mimbres le encendió el pelo a los romanos en la batalla de Heraclea.
En dicha batalla, sin embargo, Pirro le hizo unos 15.000 muertos a los romanos, pero perdió, asimismo, 7.000 efectivos. Fue una pérdida, sobre todo, cualitativa, pues murieron la mayor parte de los oficiales y de los mandos del ejército epirota. De ahí que, desde entonces, se dijese que con un par de victorias más como ésa, Pirro podía considerarse acabado.
Una victoria pírrica, desde entonces, significa aquello que nos cuesta tanto esfuerzo conseguir que nos agota, hasta ser, de hecho, más una derrota que otra cosa.
Y, ahora. ¿Me queréis explicar cómo narices puede una agenda ser pírrica? ¿Con quién narices se va a reunir Zapatero que piensa plantearle batalla, ganarla y, sin embargo, perderla?
El secretito es éste: hay gente que entiende que pírrico significa pequeño, débil, insulso. Pero si pírrico significa pequeño, entonces napoleónico significa resistente a la oxidación. Ya puestos...
lunes, febrero 12, 2007
Proceso a un rey (o ex rey, según se mire)
La Historia de la mayoría de las grandes naciones es la historia de una dialéctica entre sus sociedades y sus dinastías gobernantes. No existen muchos ejemplos en el mundo como el de Japón, que sigue siendo una monarquía, además ocupada por la misma dinastía. La mayor parte de los países ha tenido reyes de dinastías diferentes y relaciones con ellos en ocasiones muy conflictivas y violentas. Británicos y franceses, sin ir más lejos, han llevado a sus reyes al cadalso. No es nuestro caso. A los españoles no nos va eso de cortarle la cabeza a un rey en la plaza pública. Lo cual no quiere decir que nuestra relación con ellos haya sido fácil. Hicimos, por ejemplo, una guerra para traer a un rey, Fernando VII, que nos salió rana y antiliberal, motivo por el cual tuvimos más de un problema con él, hasta el punto de que, algunos años después, a Isabel II la echamos de España. Ha habido momentos de la Historia de España en los que ser rey de la nación ha sido tan poco chollo que, incluso, hay un rey que fue recibido con la mayor de las indiferencias, Amadeo de Saboya, quien al llegar a Madrid se encontró una ciudad silenciosa cuyos habitantes estaban a cualquier otra cosa menos a recibirle. Claro que Amadeo había llegado a ser rey después de una subasta entre las dinastías europeas en la que nadie quiso pujar, lo cual es todo un síntoma. Algún día, también, contaremos esto.
Sin embargo, con diferencia, el rey de España con el que los españoles exteriorizaron en mayor parte sus diferencias es Alfonso XIII, abuelo de nuestro actual rey Juan Carlos. Es un caso único en la Historia de España porque es un rey encausado por el pueblo.
Tras el advenimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, el nuevo régimen estableció una denominada Comisión de Responsabilidades, destinada a depurar éstas en relación con las agresiones que a la acción constitucional se habían producido en el pasado reciente. En la práctica, esta comisión se convirtió en un encausamiento de la dictadura del general Primo de Rivera, quienes en ella colaboraron y, muy especialmente, el rey Alfonso XIII como impulsor de esta deriva antidemocrática.
El acta de acusación de esta Comisión, nacida de las Cortes constituyentes, es de extremada dureza con el ya ex rey. Asevera de él que mostró «desde sus albores una irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto». Varias veces, durante el debate parlamentario de la causa, sería recordada la anécdota que cuenta en sus memorias precisamente quien le defendió en dicha sesión, el conde de Romanones; anécdota según la cual el rey, tras la toma de posesión de su primer gobierno, lo hizo llamar de nuevo cuando ya los ministros se habían retirado a sus casas para tratar no sé qué nombramiento militar. Esta anécdota quedó grabada como ejemplo evidente de lo caprichitos que era don Alfonso.
El acta de acusación imputaba también al rey de ser imperialista y, en aras de esos deseos de dominación, haber impulsado la guerra de Marruecos contra el sentir y los intereses del pueblo español. La guerra de Marruecos, que empezó en 1909, alcanzó su clímax en la matanza de Annual, un hecho tan desastroso que ni siquiera el rey pudo sustraerse de que de ella se hiciera una investigación razonablemente libre e independiente, la del general Picasso. Dicha investigación, dice el acta, hizo evidente que «el verdadero responsable del impremeditado avance de Annual (…) fue el propio rey, el cual, directamente y a espaldas del Consejo de Ministros, dispuso aquella operación militar».
Tras realizarse el informe Picasso, el rey decretó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, esperando, según interpretación que hacían los firmantes del acta de acusación, que los resultados le fuesen favorables. Sin embargo no fue así, y el nuevo gobierno dictaminó que el informe Picasso y las responsabilidades consiguientes fuesen vistos en el parlamento. Pero no hubo tal, porque aquellas Cortes no volvieron a reunirse tras irse de vacaciones de verano en 1923. En septiembre, Primo de Rivera dio el golpe de Estado.
En contra de Alfonso XIII citaba aquel acta hechos que consideraba incontrovertibles y otros indicios, como su famoso discurso de Córdoba de 1921, del que algún día hablaremos, en el que, en efecto, insinuó algo así como que si los políticos elegidos no hacían lo que debían, él tendría que actuar.
El acta de acusación encontraba también una veta de culpabilidad del rey en el hecho de que la reacción de la inmensa mayoría de las guarniciones militares, tras el pronunciamiento de Primo en Barcelona, fue ponerse a sus órdenes. De esta manera, argumentaban los diputados republicanos, si no fuere cierto que el rey maquinaba para que dicho golpe se produjese, lo habría podido parar con facilidad, pues quienes tenían que inclinar la balanza, los militares, no hicieron otra cosa que esperar sus órdenes.
Muy interesante es el párrafo del acta en el que se analiza hasta qué punto le es aplicable al rey el artículo 48 de la Constitución de 1876, vigente en ese momento (las Cortes Constituyentes, por propia definición, aún diseñaban la Constitución de la República). En las palabras del acta, la Historia da la vuelta a la esquina y afirma que «su irresponsabilidad [del rey] sólo puede ampararle cuando actúa dentro de la Constitución»; en otras palabras, un rey no puede aducir su condición real cuando no actúa conforme a las normas de la democracia que le ha designado rey. Un principio que hoy nos parece obvio, pero que hace setenta años no estaba tan claro. No se puede aducir la inviolabilidad constitucional de un monarca que destruye la constitución con sus actos, nos dice el acta. Y, siendo un hecho que la dictadura de Primo incumplió los plazos constitucionales para convocar nuevas Cortes, es obvio, para los redactores, que el rey agredió a dicha Constitución, trabajó contra ella, por lo que no le cabía amparo en dicha norma.
El acta, no obstante, tenía sus torpezas. La principal de ella, declarar al rey culpable de un delito de lesa majestad, ya que «si los ataques al monarca, privándole de su libertad e imponiéndole actos contrarios a su voluntad, con violencia o intimidación grave, constituyen delito de lesa majestad contra el rey, es evidente que éste puede ser responsable de igual delito cuando realiza tales desafueros contra la soberanía del pueblo». Por elegante que sea el argumento, lo cierto es que, y quedó claro en el debate parlamentario, eso de que a un rey le declaren culpable de un delito de lesa majestad es una gilipollez. En todo caso, también le hacían culpable del delito de rebelión militar; es decir, lo ponían al frente del golpe de Estado de Primo de Rivera, del que éste habría sido tan sólo un ejecutor.
En el capítulo de penas, se fijaban:
- La pérdida de todos sus títulos y honores (motivo por el cual, los políticos de izquierdas se referían a él como «el ex rey», por cuanto había perdido la calificación de monarca.
- Aunque, dice el acta, sus actos son merecedores de la pena capital, se proponía la de reclusión perpetua en caso de que volviese a pisar España.
- Incautación por el Estado de todos los bienes de su propiedad en España.
Dos diputados de corte conservador, Antonio Royo Vilanova y José Centeno, firmaron un voto particular en el que, sucintamente, y sin negar la traición del rey al pueblo a través de sus movimientos anticonstitucionales, recordaban la generosidad del pueblo español el 14 de abril, cuando el rey abandonó España sin ser hostigado por nadie, y venían a proponer dar seguimiento a esa actitud, más pasota que perseguidora, con una condena por alta traición que conllevase el destierro y la inhabilitación.
Como he dicho antes, en la sesión del Congreso que estudió este acta y la votó, la defensa del rey fue hecha por Álvaro de Figueroa, conde de Romanones. Esto es una opinión personal y por lo tanto debéis así tomarla; pero debo confesar que, en mi opinión, Romanones estuvo más brillante que el acusador, el Fiscal de la República y luego Director General de Seguridad, Ángel Galarza. De hecho, quizás este discurso de Romanones, que fue un poco su canto de cisne, fue el mejor de los que pronunció en su larga vida parlamentaria (y maniobrera).
Comenzó el diputado liberal dinástico atacando el acta por su escasa solidez jurídica. En efecto, la Comisión de Responsabilidades calificaba el delito e imponía la pena basándose en hechos que consideraba palmarios, pero sin acopiar ni un solo testimonio de cargo o de descargo. «Vosotros», le espetó a la Comisión de Responsabilidades y al parlamento en pleno, «vais a faltar, al condenarle, a uno de los principios básicos del derecho penal, y es que nadie puede ser condenado sin ser oído». Asimismo, Romanones utilizó, con habilidad, el éxito cívico del 14 de abril (un cambio de régimen radical en el no corrió ni una gota de sangre) para negar el acta de acusación; puesto que, dijo, si los acusadores afirmaban que el rey había trabajado durante treinta años para conseguir la total obediencia del ejército, resultaba obvio que no lo había conseguido, pues el 14 de abril ni un espadón había levantado su sable para impedir que se tuviese que ir de España.
Negó, asimismo, las acusaciones de afanes imperialistas porque, dijo, hasta llegar la dictadura de Primo de Rivera España era un país constitucional, con un gobierno constitucional, así pues regía al completo la regulación de la Constitución de 1876 en el sentido de que el rey era inviolable y de los actos de gobierno (por ejemplo, la guerra de Marruecos) era responsable el gobierno. Esta argumentación era tan intachable que hasta el mismísimo Indalecio Prieto, parlamentario del PSOE y por lo tanto en las antípodas de Romanones, admitió su validez en la prensa de la época.
La madre del cordero, de todas maneras, era la dictadura. Y aquí, con algo menos de cintura, se defendió Romanones, como cantaban los de Palacagüina, como gato panza arriba.
Según el viejo político liberal, era cierto que los generales le habían profesado obediencia al rey en las primeras horas del golpe; pero no sin recordarle, al mismo tiempo, que comulgaban con las ideas e intenciones de Primo de Rivera. Además, en un golpe de efecto, leyó durante su intervención un telegrama, en ese momento inédito, remitido por el propio Primo al rey. Telegrama en el que el jefe del golpe de Estado le decía al rey que no pensaba dar marcha atrás y terminaba anunciando, lúgubremente, que estaba dispuesto a dar «carácter sangriento» a su asonada si fuese necesario. Claramente, Romanones se quería subir a una ola, la de los muchos españoles que le reconocían a Alfonso XIII la inteligencia de darse el piro de España el 14 de abril para evitar males mayores, tratando de convencer al parlamento de que en 1923 había hecho exactamente lo mismo: aceptar la dictadura para evitar un baño de sangre. Cómo es que no encontró el momento de darle la vuelta al calcetín en siete años, es algo que no explicó, claro.
Su siguiente estrategia fue repartir marrones. Ponerle un ventilador a la mierda, decimos hoy; Antonio Maura decía colocar una turbina en la cloaca. El rey no convocó las nuevas Cortes que la Constitución exigía, reconoció; pero también es cierto que quienes presionaron para que así fuese, el propio Romanones y el político liberal-demócrata Melquíades Álvarez (presente en las Cortes republicanas), se quedaron solos. O sea, el rey no quiso Cortes, pero España tampoco. En este argumento, claro, Romanones olvidaba que una cosa es ser rey y otra ser pueblo y que si uno quiere ser rey tiene que saber ser más valiente, mucho más valiente, que el pueblo.
Su siguiente ataque fue hacia los nacionalistas catalanes, a los que les recordó que cuando Primo dio el golpe de Estado en Barcelona, en dicha ciudad ni dios movió un dedo en contra de él. Los diputados catalanes protestaron airadamente, pero lo cierto es que Romanones, mutatis mutandis, tenía toda la razón.
Y, por último, Romanones hizo suyo el argumento que el principal político de la dictadura, José Calvo Sotelo, entonces exiliado fuera de España, había expresado ya por carta. El pacto tácito entre la República y el rey, firmado a eso de las dos de la tarde del 14 de abril.
La historia es ésta: el día 14, conforme se fue sabiendo de la victoria de los republicanos en los principales ayuntamientos de España, la cosa se fue caldeando. En Eibar se declaró la república y un grupo de activistas lograron colgar una bandera republicana en el madrileño Palacio de Comunicaciones, en la plaza de la Cibeles, ése que ahora se ha quedado Gallardón. A eso de las dos de la tarde Romanones, en su condición de íntimo amigo del rey, decidió parlamentar la situación con Niceto Alcalá-Zamora, que era la cabeza visible de las fuerzas republicanas coligadas en el Pacto de San Sebastián. La entrevista se celebró en el domicilio del doctor Gregorio Marañón y a ella asistieron Romanones, Marañón, el doctor Pittaluga y el también médico Mateo Jiménez Quesada, los tres últimos en plan mamporrero más que nada. En dicha reunión, Romanones, tras admitir que la deriva republicana no había quién la parase, pidió unos días para la marcha del rey, y Alcalá-Zamora insistió en que Alfonso XIII debía abandonar palacio antes de la puesta del sol.
Cosa que hizo. Y, argumentaban los monárquicos, ¿acaso no fue eso un pacto político de alto nivel?
Romanones dijo en el parlamento, recordando que la Comisión de Responsabilidades consideraba al rey merecedor de la pena de muerte (aunque se la cambiaba graciosamente por las que ya he citado): «Si el ex rey hubiera sido entonces [el 14 de abril] condenado a muerte, yo os aseguro que la República no hubiera venido sin sangre». Dicho de otra forma: el interés de España el 14 de abril era evitar la violencia y ambas partes, republicanos y rey, pactaron para que ello fuese así. Pero dicho pacto excluía, tácitamente, la fijación posterior de culpas. El rey, tras el magnánimo gesto que tantas vidas había ahorrado, no podía ser ahora acusado. O sea, Romanones venía a dar a Alfonso XIII un tratamiento parecido al de esos delincuentes que en las pelis americanas de policía pactan la confesión de culpabilidad para reducir condena o evitarla por completo.
Esta tesis fue contestada por el propio Alcalá-Zamora el cual, tras pedir la palabra, dijo, entre otras cosas, que «sin conciertos y sin pactos, el Gobierno no fue ni el obstáculo ni el amparo para la huida del ex rey, ni el escollo ni el jaleador de la ira popular; el pueblo quedó en libertad y el Gobierno no azuzó la ira de la multitud». O sea, defendía la idea de que el rey se fue porque no tuvo más remedio y que los republicanos cumplieron su parte no animando al personal a perseguirlo.
Ángel Galarza, que ya digo que en mi opinión estuvo torpón y hasta inoportuno, empezó por decir la gilipollez de que el acta de la Comisión se limitaba, en lo que se refiere a los hechos anteriores al golpe de Primo, a «estudiar al sujeto del delito»; cualquiera que lea el acta verá que esa afirmación es una tontería. Entre otras torpezas, acusó al rey de estar en connivencia con el general Fernández Silvestre en la catástrofe de Annual, y lo hizo utilizando una frase, «puesto que de ello pueden existir pruebas», de ésas que levantan más dudas que certezas, así pues no valen para nada. Sin embargo, por muy torpe que fuera Galarza, tenía elementos muy sólidos a su favor. Especialmente, y por ahí atacó, el hecho, palmario, de que cuando Primo de Rivera, avanzada la dictadura, se dirigió al rey indicándole que la fase militar de la misma se podía dar por acabada éste, en lugar de optar por la vuelta a la democracia, siquiera formal, optó por la dictadura civil, con un a modo de Cortes orgánicas ademocráticas. Decisión ésta que, se ponga Romanones decúbito supino, decúbito prono o de canto, tomó Alfonso sin tener pistola alguna en la nuca.
Eso sí, Galarza regresó a la gilipollez antijurídica al tratar de justificar la calificación de delitos del acta de la Comisión. Reconoció que los delitos de lesa majestad y de rebelión militar podrían no estar definidos en el Código Penal; pero, argumentó con más inocencia que otra cosa, «los delitos que cometen los reyes no están en los artículos de los códigos». ¡Leñe! En el dicho caso, ¿dónde están? ¿En el Libro Gordo de Petete? Joder con el señor Fiscal de la República...
Algún grupo de diputados más versados en derecho que Galarza et altera (Pedro Rico, Fernando Rey, José Domínguez Barbero, Claudio Sánchez Albornoz, Bernardino Valle, Mariano Ruiz Funes y Melchor Marial) les salvaron el culo presentando una proposición a la Mesa del Congreso en la que colocaban los puntos sobre las íes adecuadas: el rey era acusado de alta traición, delito que sí contemplaba el Código Penal, y declarado fuera de la ley para que, «decaído de todos sus derechos y privado la paz jurídica, la República deberá incautarse de sus bienes, y cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional».
Lo que no estuvo presente en aquel debate, salvo tangencialmente, y esto fue utilizado por los monárquicos para zaherir al gobierno, fueron las acusaciones de corrupción. En realidad, ésta había sido la primera línea de ataque de los republicanos contra el rey Alfonso, sobre todo a través del durísimo discurso que pronunció Indalecio Prieto la tarde del viernes 25 de abril de 1930; un discurso que, por lo que veo, incluso los biógrafos del político vascoasturiano tienden a olvidar.
En aquel año de 1930, un catedrático de Derecho que había sido primorriverista hasta las cachas, Quintiliano Saldaña, había publicado un libro, La orgía áurea de la Dictadura según las referencias que tengo, en el que insinuaba la corrupción real con estas frases (las cursivas son mías), referidas al contrato de concesión del monopolio telefónico español: «Que estén reconocidos a la piedad que detiene mi pluma para no escribir estos nombres. Y con ellos, otros más altos. Y luego otro, todavía más. El cheque de los 600.000 dólares [un pastón de pastones]. Todo, todo se ha de saber, por el megáfono de la Justicia, el día en que se exijan las responsabilidades de la dictadura».
Prieto recogió en su discurso este testigo y fue más allá en las insinuaciones, hasta el punto de que todo el mundo en la atiborrada sala del Ateneo en la calle del Prado; todo el mundo en Madrid; todo el mundo en España entendió que estaba señalando con el dedo al rey y a su entorno. Sin embargo, como he dicho, en el debate parlamentario nada de esto apareció. Y, de hecho, Prieto acabaría, como ministro de Hacienda de la República, teniendo más de un problemilla con alguno de los negocios que había denunciado, como el del monopolio de petróleos.
En todo caso, y como ya habéis leído, la condena de Alfonso XIII suponía la incautación de sus bienes en·España. El primer paso de dicha incautación fue abrir la caja de caudales que existía en el Palacio Real (supongo que ahí seguirá), en la que se encontraron:
- 150.000 pesetas en billetes.
- Acciones por valor de 6.800.000 pesetas, propiedad de Alfonso XIII.
- Acciones por valor de 11.715.000 pesetas, cuya propiedad no estaba clara.
- Una llave de oro y rubíes, llave de Andalucía, regalo a Isabel II.
- Cinco collares del Toisón de Oro.
- Una llave de Cádiz.
- Una llave de oro, regalo a la regente María Cristina.
- Una barra de plata de las minas de Potosí (Perú).
- Un estuche con un pergamino, propiedad de María Cristina.
- Monedas de oro, medallas, planchas de plata y otros objetos valiosos.
Asimismo, al rey se le incautaron los siguientes bienes inmobiliarios:
- Una participación en la casa situada entonces en el número 11 de la calle Eduardo Dato, por valor de 385.687,43 pesetas.
- Un solar en el distrito de Buenavista, si bien había indicios de que había sido ya vendido.
- Una casa en la carretera de Extremadura 44, cuyo usufructo había sido cedido por la regente María Cristina a La Gota de Leche, que no sé muy bien qué era. Valor desconocido.
- También en Madrid: una casa en la calle de Antillón, también con usufructo cedido a un asilo de niños. Así como otra en la calle de la Espadaña, también cedida.
- Los muebles del palacio de Pedralbes (el palacio en sí había sido ya donado al Ayuntamiento de Barcelona).
- El palacio de Miramar, en San Sebastián, tasado en 4.210.914 pesetas.
- Villa María, también en San Sebastián, cedida a la Cruz Roja.
- Lore-Toki, un caserío guipuzcoano dedicado a la cría de caballos de carreras, tasado en 151.528,40 pesetas.
- El caserío donostiarra de Ollo, 91.972,80 pesetas.
- El caserío de Amasorraín, 172.349,20 pesetas.
- La península y palacio de la Magdalena en Santander, tasados en 2.584.048,45 pesetas.
- La isla de Cortegada en Pontevedra, sin tasar.
- El torreón de Balsaín en Segovia, tasado en 10.000 pesetas, incluyendo solar y huertas (5.000 pesetas) y las caballerizas (6.250).
- Una porción en una casa sita en el paseo de Santo Tomás, en Ávila, inmueble cedido a los padres dominicos para un colegio.
He buscado en la base de datos del BOE alguna referencia que me permita saber cuál fue la suerte de esta sentencia. Sospecho que el franquismo debió de revertir la decisión de las Cortes republicanas, que como habéis leído declararon a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena fuera de la ley, devolviéndole por lo tanto esa paz jurídica que la sentencia republicana le negaba. Lo que no sé es qué ocurrió con las incautaciones, si fueron devueltas a la familia, o los bienes se justipreciaron (habría algunos imposibles de devolver, por su carácter mueble), o qué.
O quizá no, o no del todo. Porque lo cierto es que los ataques furibundos contra Alfonso XIII ni de coña se acabaron con la República. De hecho, el libro más crítico, más que crítico insultante en algunos pasajes, que he leído contra este rey (y es que no sé si llamarlo ex rey, puesto que existe una sentencia que lo decae de todos sus títulos), se titula Sobre la caída de Alfonso XIII (Tomás Echeverría, Sevilla, ECESA, 1966) y, para que os hagáis una idea del perfil de su autor, sólo os copiaré aquí el pie de imprenta: «Se terminó de imprimir este libro en los talleres de la Editorial Católica Española SA, en Sevilla, el día 29 de septiembre de 1966, festividad de San Miguel Arcángel, defensor de la verdad. ¡Que su poder aguerrido proteja a la España, paladín de la Iglesia, contra el peligro del liberalismo, venciéndolo por Cristo Rey y para Cristo y España, a las órdenes de María, Reina, y consiguiendo para la Patria la continuidad del 18 de julio, en que fue rescatada, y que la sangre de tantos mártires reclama!»
Republicano, republicano, lo que se dice republicano, el libro no lo es mucho, ¿no os parece?
Sin embargo, con diferencia, el rey de España con el que los españoles exteriorizaron en mayor parte sus diferencias es Alfonso XIII, abuelo de nuestro actual rey Juan Carlos. Es un caso único en la Historia de España porque es un rey encausado por el pueblo.
Tras el advenimiento de la II República, el 14 de abril de 1931, el nuevo régimen estableció una denominada Comisión de Responsabilidades, destinada a depurar éstas en relación con las agresiones que a la acción constitucional se habían producido en el pasado reciente. En la práctica, esta comisión se convirtió en un encausamiento de la dictadura del general Primo de Rivera, quienes en ella colaboraron y, muy especialmente, el rey Alfonso XIII como impulsor de esta deriva antidemocrática.
El acta de acusación de esta Comisión, nacida de las Cortes constituyentes, es de extremada dureza con el ya ex rey. Asevera de él que mostró «desde sus albores una irrefrenable inclinación hacia el poder absoluto». Varias veces, durante el debate parlamentario de la causa, sería recordada la anécdota que cuenta en sus memorias precisamente quien le defendió en dicha sesión, el conde de Romanones; anécdota según la cual el rey, tras la toma de posesión de su primer gobierno, lo hizo llamar de nuevo cuando ya los ministros se habían retirado a sus casas para tratar no sé qué nombramiento militar. Esta anécdota quedó grabada como ejemplo evidente de lo caprichitos que era don Alfonso.
El acta de acusación imputaba también al rey de ser imperialista y, en aras de esos deseos de dominación, haber impulsado la guerra de Marruecos contra el sentir y los intereses del pueblo español. La guerra de Marruecos, que empezó en 1909, alcanzó su clímax en la matanza de Annual, un hecho tan desastroso que ni siquiera el rey pudo sustraerse de que de ella se hiciera una investigación razonablemente libre e independiente, la del general Picasso. Dicha investigación, dice el acta, hizo evidente que «el verdadero responsable del impremeditado avance de Annual (…) fue el propio rey, el cual, directamente y a espaldas del Consejo de Ministros, dispuso aquella operación militar».
Tras realizarse el informe Picasso, el rey decretó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, esperando, según interpretación que hacían los firmantes del acta de acusación, que los resultados le fuesen favorables. Sin embargo no fue así, y el nuevo gobierno dictaminó que el informe Picasso y las responsabilidades consiguientes fuesen vistos en el parlamento. Pero no hubo tal, porque aquellas Cortes no volvieron a reunirse tras irse de vacaciones de verano en 1923. En septiembre, Primo de Rivera dio el golpe de Estado.
En contra de Alfonso XIII citaba aquel acta hechos que consideraba incontrovertibles y otros indicios, como su famoso discurso de Córdoba de 1921, del que algún día hablaremos, en el que, en efecto, insinuó algo así como que si los políticos elegidos no hacían lo que debían, él tendría que actuar.
El acta de acusación encontraba también una veta de culpabilidad del rey en el hecho de que la reacción de la inmensa mayoría de las guarniciones militares, tras el pronunciamiento de Primo en Barcelona, fue ponerse a sus órdenes. De esta manera, argumentaban los diputados republicanos, si no fuere cierto que el rey maquinaba para que dicho golpe se produjese, lo habría podido parar con facilidad, pues quienes tenían que inclinar la balanza, los militares, no hicieron otra cosa que esperar sus órdenes.
Muy interesante es el párrafo del acta en el que se analiza hasta qué punto le es aplicable al rey el artículo 48 de la Constitución de 1876, vigente en ese momento (las Cortes Constituyentes, por propia definición, aún diseñaban la Constitución de la República). En las palabras del acta, la Historia da la vuelta a la esquina y afirma que «su irresponsabilidad [del rey] sólo puede ampararle cuando actúa dentro de la Constitución»; en otras palabras, un rey no puede aducir su condición real cuando no actúa conforme a las normas de la democracia que le ha designado rey. Un principio que hoy nos parece obvio, pero que hace setenta años no estaba tan claro. No se puede aducir la inviolabilidad constitucional de un monarca que destruye la constitución con sus actos, nos dice el acta. Y, siendo un hecho que la dictadura de Primo incumplió los plazos constitucionales para convocar nuevas Cortes, es obvio, para los redactores, que el rey agredió a dicha Constitución, trabajó contra ella, por lo que no le cabía amparo en dicha norma.
El acta, no obstante, tenía sus torpezas. La principal de ella, declarar al rey culpable de un delito de lesa majestad, ya que «si los ataques al monarca, privándole de su libertad e imponiéndole actos contrarios a su voluntad, con violencia o intimidación grave, constituyen delito de lesa majestad contra el rey, es evidente que éste puede ser responsable de igual delito cuando realiza tales desafueros contra la soberanía del pueblo». Por elegante que sea el argumento, lo cierto es que, y quedó claro en el debate parlamentario, eso de que a un rey le declaren culpable de un delito de lesa majestad es una gilipollez. En todo caso, también le hacían culpable del delito de rebelión militar; es decir, lo ponían al frente del golpe de Estado de Primo de Rivera, del que éste habría sido tan sólo un ejecutor.
En el capítulo de penas, se fijaban:
- La pérdida de todos sus títulos y honores (motivo por el cual, los políticos de izquierdas se referían a él como «el ex rey», por cuanto había perdido la calificación de monarca.
- Aunque, dice el acta, sus actos son merecedores de la pena capital, se proponía la de reclusión perpetua en caso de que volviese a pisar España.
- Incautación por el Estado de todos los bienes de su propiedad en España.
Dos diputados de corte conservador, Antonio Royo Vilanova y José Centeno, firmaron un voto particular en el que, sucintamente, y sin negar la traición del rey al pueblo a través de sus movimientos anticonstitucionales, recordaban la generosidad del pueblo español el 14 de abril, cuando el rey abandonó España sin ser hostigado por nadie, y venían a proponer dar seguimiento a esa actitud, más pasota que perseguidora, con una condena por alta traición que conllevase el destierro y la inhabilitación.
Como he dicho antes, en la sesión del Congreso que estudió este acta y la votó, la defensa del rey fue hecha por Álvaro de Figueroa, conde de Romanones. Esto es una opinión personal y por lo tanto debéis así tomarla; pero debo confesar que, en mi opinión, Romanones estuvo más brillante que el acusador, el Fiscal de la República y luego Director General de Seguridad, Ángel Galarza. De hecho, quizás este discurso de Romanones, que fue un poco su canto de cisne, fue el mejor de los que pronunció en su larga vida parlamentaria (y maniobrera).
Comenzó el diputado liberal dinástico atacando el acta por su escasa solidez jurídica. En efecto, la Comisión de Responsabilidades calificaba el delito e imponía la pena basándose en hechos que consideraba palmarios, pero sin acopiar ni un solo testimonio de cargo o de descargo. «Vosotros», le espetó a la Comisión de Responsabilidades y al parlamento en pleno, «vais a faltar, al condenarle, a uno de los principios básicos del derecho penal, y es que nadie puede ser condenado sin ser oído». Asimismo, Romanones utilizó, con habilidad, el éxito cívico del 14 de abril (un cambio de régimen radical en el no corrió ni una gota de sangre) para negar el acta de acusación; puesto que, dijo, si los acusadores afirmaban que el rey había trabajado durante treinta años para conseguir la total obediencia del ejército, resultaba obvio que no lo había conseguido, pues el 14 de abril ni un espadón había levantado su sable para impedir que se tuviese que ir de España.
Negó, asimismo, las acusaciones de afanes imperialistas porque, dijo, hasta llegar la dictadura de Primo de Rivera España era un país constitucional, con un gobierno constitucional, así pues regía al completo la regulación de la Constitución de 1876 en el sentido de que el rey era inviolable y de los actos de gobierno (por ejemplo, la guerra de Marruecos) era responsable el gobierno. Esta argumentación era tan intachable que hasta el mismísimo Indalecio Prieto, parlamentario del PSOE y por lo tanto en las antípodas de Romanones, admitió su validez en la prensa de la época.
La madre del cordero, de todas maneras, era la dictadura. Y aquí, con algo menos de cintura, se defendió Romanones, como cantaban los de Palacagüina, como gato panza arriba.
Según el viejo político liberal, era cierto que los generales le habían profesado obediencia al rey en las primeras horas del golpe; pero no sin recordarle, al mismo tiempo, que comulgaban con las ideas e intenciones de Primo de Rivera. Además, en un golpe de efecto, leyó durante su intervención un telegrama, en ese momento inédito, remitido por el propio Primo al rey. Telegrama en el que el jefe del golpe de Estado le decía al rey que no pensaba dar marcha atrás y terminaba anunciando, lúgubremente, que estaba dispuesto a dar «carácter sangriento» a su asonada si fuese necesario. Claramente, Romanones se quería subir a una ola, la de los muchos españoles que le reconocían a Alfonso XIII la inteligencia de darse el piro de España el 14 de abril para evitar males mayores, tratando de convencer al parlamento de que en 1923 había hecho exactamente lo mismo: aceptar la dictadura para evitar un baño de sangre. Cómo es que no encontró el momento de darle la vuelta al calcetín en siete años, es algo que no explicó, claro.
Su siguiente estrategia fue repartir marrones. Ponerle un ventilador a la mierda, decimos hoy; Antonio Maura decía colocar una turbina en la cloaca. El rey no convocó las nuevas Cortes que la Constitución exigía, reconoció; pero también es cierto que quienes presionaron para que así fuese, el propio Romanones y el político liberal-demócrata Melquíades Álvarez (presente en las Cortes republicanas), se quedaron solos. O sea, el rey no quiso Cortes, pero España tampoco. En este argumento, claro, Romanones olvidaba que una cosa es ser rey y otra ser pueblo y que si uno quiere ser rey tiene que saber ser más valiente, mucho más valiente, que el pueblo.
Su siguiente ataque fue hacia los nacionalistas catalanes, a los que les recordó que cuando Primo dio el golpe de Estado en Barcelona, en dicha ciudad ni dios movió un dedo en contra de él. Los diputados catalanes protestaron airadamente, pero lo cierto es que Romanones, mutatis mutandis, tenía toda la razón.
Y, por último, Romanones hizo suyo el argumento que el principal político de la dictadura, José Calvo Sotelo, entonces exiliado fuera de España, había expresado ya por carta. El pacto tácito entre la República y el rey, firmado a eso de las dos de la tarde del 14 de abril.
La historia es ésta: el día 14, conforme se fue sabiendo de la victoria de los republicanos en los principales ayuntamientos de España, la cosa se fue caldeando. En Eibar se declaró la república y un grupo de activistas lograron colgar una bandera republicana en el madrileño Palacio de Comunicaciones, en la plaza de la Cibeles, ése que ahora se ha quedado Gallardón. A eso de las dos de la tarde Romanones, en su condición de íntimo amigo del rey, decidió parlamentar la situación con Niceto Alcalá-Zamora, que era la cabeza visible de las fuerzas republicanas coligadas en el Pacto de San Sebastián. La entrevista se celebró en el domicilio del doctor Gregorio Marañón y a ella asistieron Romanones, Marañón, el doctor Pittaluga y el también médico Mateo Jiménez Quesada, los tres últimos en plan mamporrero más que nada. En dicha reunión, Romanones, tras admitir que la deriva republicana no había quién la parase, pidió unos días para la marcha del rey, y Alcalá-Zamora insistió en que Alfonso XIII debía abandonar palacio antes de la puesta del sol.
Cosa que hizo. Y, argumentaban los monárquicos, ¿acaso no fue eso un pacto político de alto nivel?
Romanones dijo en el parlamento, recordando que la Comisión de Responsabilidades consideraba al rey merecedor de la pena de muerte (aunque se la cambiaba graciosamente por las que ya he citado): «Si el ex rey hubiera sido entonces [el 14 de abril] condenado a muerte, yo os aseguro que la República no hubiera venido sin sangre». Dicho de otra forma: el interés de España el 14 de abril era evitar la violencia y ambas partes, republicanos y rey, pactaron para que ello fuese así. Pero dicho pacto excluía, tácitamente, la fijación posterior de culpas. El rey, tras el magnánimo gesto que tantas vidas había ahorrado, no podía ser ahora acusado. O sea, Romanones venía a dar a Alfonso XIII un tratamiento parecido al de esos delincuentes que en las pelis americanas de policía pactan la confesión de culpabilidad para reducir condena o evitarla por completo.
Esta tesis fue contestada por el propio Alcalá-Zamora el cual, tras pedir la palabra, dijo, entre otras cosas, que «sin conciertos y sin pactos, el Gobierno no fue ni el obstáculo ni el amparo para la huida del ex rey, ni el escollo ni el jaleador de la ira popular; el pueblo quedó en libertad y el Gobierno no azuzó la ira de la multitud». O sea, defendía la idea de que el rey se fue porque no tuvo más remedio y que los republicanos cumplieron su parte no animando al personal a perseguirlo.
Ángel Galarza, que ya digo que en mi opinión estuvo torpón y hasta inoportuno, empezó por decir la gilipollez de que el acta de la Comisión se limitaba, en lo que se refiere a los hechos anteriores al golpe de Primo, a «estudiar al sujeto del delito»; cualquiera que lea el acta verá que esa afirmación es una tontería. Entre otras torpezas, acusó al rey de estar en connivencia con el general Fernández Silvestre en la catástrofe de Annual, y lo hizo utilizando una frase, «puesto que de ello pueden existir pruebas», de ésas que levantan más dudas que certezas, así pues no valen para nada. Sin embargo, por muy torpe que fuera Galarza, tenía elementos muy sólidos a su favor. Especialmente, y por ahí atacó, el hecho, palmario, de que cuando Primo de Rivera, avanzada la dictadura, se dirigió al rey indicándole que la fase militar de la misma se podía dar por acabada éste, en lugar de optar por la vuelta a la democracia, siquiera formal, optó por la dictadura civil, con un a modo de Cortes orgánicas ademocráticas. Decisión ésta que, se ponga Romanones decúbito supino, decúbito prono o de canto, tomó Alfonso sin tener pistola alguna en la nuca.
Eso sí, Galarza regresó a la gilipollez antijurídica al tratar de justificar la calificación de delitos del acta de la Comisión. Reconoció que los delitos de lesa majestad y de rebelión militar podrían no estar definidos en el Código Penal; pero, argumentó con más inocencia que otra cosa, «los delitos que cometen los reyes no están en los artículos de los códigos». ¡Leñe! En el dicho caso, ¿dónde están? ¿En el Libro Gordo de Petete? Joder con el señor Fiscal de la República...
Algún grupo de diputados más versados en derecho que Galarza et altera (Pedro Rico, Fernando Rey, José Domínguez Barbero, Claudio Sánchez Albornoz, Bernardino Valle, Mariano Ruiz Funes y Melchor Marial) les salvaron el culo presentando una proposición a la Mesa del Congreso en la que colocaban los puntos sobre las íes adecuadas: el rey era acusado de alta traición, delito que sí contemplaba el Código Penal, y declarado fuera de la ley para que, «decaído de todos sus derechos y privado la paz jurídica, la República deberá incautarse de sus bienes, y cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional».
Lo que no estuvo presente en aquel debate, salvo tangencialmente, y esto fue utilizado por los monárquicos para zaherir al gobierno, fueron las acusaciones de corrupción. En realidad, ésta había sido la primera línea de ataque de los republicanos contra el rey Alfonso, sobre todo a través del durísimo discurso que pronunció Indalecio Prieto la tarde del viernes 25 de abril de 1930; un discurso que, por lo que veo, incluso los biógrafos del político vascoasturiano tienden a olvidar.
En aquel año de 1930, un catedrático de Derecho que había sido primorriverista hasta las cachas, Quintiliano Saldaña, había publicado un libro, La orgía áurea de la Dictadura según las referencias que tengo, en el que insinuaba la corrupción real con estas frases (las cursivas son mías), referidas al contrato de concesión del monopolio telefónico español: «Que estén reconocidos a la piedad que detiene mi pluma para no escribir estos nombres. Y con ellos, otros más altos. Y luego otro, todavía más. El cheque de los 600.000 dólares [un pastón de pastones]. Todo, todo se ha de saber, por el megáfono de la Justicia, el día en que se exijan las responsabilidades de la dictadura».
Prieto recogió en su discurso este testigo y fue más allá en las insinuaciones, hasta el punto de que todo el mundo en la atiborrada sala del Ateneo en la calle del Prado; todo el mundo en Madrid; todo el mundo en España entendió que estaba señalando con el dedo al rey y a su entorno. Sin embargo, como he dicho, en el debate parlamentario nada de esto apareció. Y, de hecho, Prieto acabaría, como ministro de Hacienda de la República, teniendo más de un problemilla con alguno de los negocios que había denunciado, como el del monopolio de petróleos.
En todo caso, y como ya habéis leído, la condena de Alfonso XIII suponía la incautación de sus bienes en·España. El primer paso de dicha incautación fue abrir la caja de caudales que existía en el Palacio Real (supongo que ahí seguirá), en la que se encontraron:
- 150.000 pesetas en billetes.
- Acciones por valor de 6.800.000 pesetas, propiedad de Alfonso XIII.
- Acciones por valor de 11.715.000 pesetas, cuya propiedad no estaba clara.
- Una llave de oro y rubíes, llave de Andalucía, regalo a Isabel II.
- Cinco collares del Toisón de Oro.
- Una llave de Cádiz.
- Una llave de oro, regalo a la regente María Cristina.
- Una barra de plata de las minas de Potosí (Perú).
- Un estuche con un pergamino, propiedad de María Cristina.
- Monedas de oro, medallas, planchas de plata y otros objetos valiosos.
Asimismo, al rey se le incautaron los siguientes bienes inmobiliarios:
- Una participación en la casa situada entonces en el número 11 de la calle Eduardo Dato, por valor de 385.687,43 pesetas.
- Un solar en el distrito de Buenavista, si bien había indicios de que había sido ya vendido.
- Una casa en la carretera de Extremadura 44, cuyo usufructo había sido cedido por la regente María Cristina a La Gota de Leche, que no sé muy bien qué era. Valor desconocido.
- También en Madrid: una casa en la calle de Antillón, también con usufructo cedido a un asilo de niños. Así como otra en la calle de la Espadaña, también cedida.
- Los muebles del palacio de Pedralbes (el palacio en sí había sido ya donado al Ayuntamiento de Barcelona).
- El palacio de Miramar, en San Sebastián, tasado en 4.210.914 pesetas.
- Villa María, también en San Sebastián, cedida a la Cruz Roja.
- Lore-Toki, un caserío guipuzcoano dedicado a la cría de caballos de carreras, tasado en 151.528,40 pesetas.
- El caserío donostiarra de Ollo, 91.972,80 pesetas.
- El caserío de Amasorraín, 172.349,20 pesetas.
- La península y palacio de la Magdalena en Santander, tasados en 2.584.048,45 pesetas.
- La isla de Cortegada en Pontevedra, sin tasar.
- El torreón de Balsaín en Segovia, tasado en 10.000 pesetas, incluyendo solar y huertas (5.000 pesetas) y las caballerizas (6.250).
- Una porción en una casa sita en el paseo de Santo Tomás, en Ávila, inmueble cedido a los padres dominicos para un colegio.
He buscado en la base de datos del BOE alguna referencia que me permita saber cuál fue la suerte de esta sentencia. Sospecho que el franquismo debió de revertir la decisión de las Cortes republicanas, que como habéis leído declararon a Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena fuera de la ley, devolviéndole por lo tanto esa paz jurídica que la sentencia republicana le negaba. Lo que no sé es qué ocurrió con las incautaciones, si fueron devueltas a la familia, o los bienes se justipreciaron (habría algunos imposibles de devolver, por su carácter mueble), o qué.
O quizá no, o no del todo. Porque lo cierto es que los ataques furibundos contra Alfonso XIII ni de coña se acabaron con la República. De hecho, el libro más crítico, más que crítico insultante en algunos pasajes, que he leído contra este rey (y es que no sé si llamarlo ex rey, puesto que existe una sentencia que lo decae de todos sus títulos), se titula Sobre la caída de Alfonso XIII (Tomás Echeverría, Sevilla, ECESA, 1966) y, para que os hagáis una idea del perfil de su autor, sólo os copiaré aquí el pie de imprenta: «Se terminó de imprimir este libro en los talleres de la Editorial Católica Española SA, en Sevilla, el día 29 de septiembre de 1966, festividad de San Miguel Arcángel, defensor de la verdad. ¡Que su poder aguerrido proteja a la España, paladín de la Iglesia, contra el peligro del liberalismo, venciéndolo por Cristo Rey y para Cristo y España, a las órdenes de María, Reina, y consiguiendo para la Patria la continuidad del 18 de julio, en que fue rescatada, y que la sangre de tantos mártires reclama!»
Republicano, republicano, lo que se dice republicano, el libro no lo es mucho, ¿no os parece?
viernes, febrero 09, 2007
Hace 4.000 años que queremos saber cuántos somos
En la torpe programación mental que me voy haciendo para estimar los asuntos que podría tratar en estos post estaban, esta semana, el juicio político al que la República sometió al rey Alfonso XIII, y que culminó en una sentencia por alta traición; así como unas notas que voy recopilando para construir la crónica de la triste jornada de septiembre en la que fue derrocado el presidente de Chile, Salvador Allende. No obstante, hoy me ha podido otro de mis impulsos.
Alguna vez os he hablado de algún blog cuya lectura disfruto. Uno de éstos, que nunca he comentado, es Wonkapistas. La sociología fue mi segunda opción de carrera universitaria; no la estudié porque soy muy buen chico, tenía buenas notas y, por lo tanto, no se me pudo negar la primera elección. Pero este dato debe bastar para demostrar que es una disciplina que, en algún momento de mi vida, captó mi interés. Hoy capta mi curiosidad. Allí, en Wonkapistas me refiero, encontraréis quienes aún no conozcáis ese espacio un trabajo muy pulcro de análisis social en el que su autor, me parece a mí, se desquita del hecho de que su vida oficial y laboral tenga que transcurrir por unos derroteros concretos, así pues drena su curiosidad por otras movidas a través de sus anotaciones. Creo que esto es lo que hace grande internet en general y la blogosfera en particular; en buena parte, es una manera de aprovecharse de los conocimientos, con perdón, residuales, de auténticos intelectuales. Una manera inexistente hasta hoy.
Yo las cosas que admiro tiendo a imitarlas. Así pues, hoy quiero hablaros de cosas de las que estoy seguro que Wonka os disertaría mucho mejor. Porque todo tiene historia en esta vida, y la ciencia que está en la sala de máquinas de la sociología, es decir la estadística, no es una excepción.
La estadística nace por dos necesidades claras: el censo y el catastro. El censo cuenta personas y el catastro patrimonios, sobre todo tierras. Podemos decir que, desde el momento que existen organizaciones administrativas razonablemente complejas, existen cosas como la leva militar y la cobranza de impuestos; realidades, ambas, para las que es necesario saber cuántas personas y cuántas riquezas hay en un país. Veintidós siglos antes de nacer Jesucristo, ya hubo un emperador en China, de nombre Yao, que abordó la división de su país en provincias, nueve, empresa que complementó con una medición de las tierras, así como un censo de sus equipamientos y de sus habitantes. Así pues, la estadística, de alguna manera, lleva entre nosotros ya más de 4.000 años.
Los pueblos antiguos no tenían transportes adecuados y, además, carecían de personal suficientemente cualificado para ser encuestador. Por este motivo, en la antigüedad los censos se valían de mecanismos intermedios para los arqueos o inventarios, especialmente la religión. Por ejemplo, en la Atenas de los tiempos aristotélicos, los habitantes tenían la arraigada costumbre de ofrecer una medida de trigo a la diosa Minerva por cada hijo nacido y una de cebada por cada fallecido; motivo por el cual los estadísticos del tiempo, que eran los sacerdotes, no contaban personas, sino donaciones de trigo y de cebada, información con la cual estimaban el movimiento natural de la población.
En la misma línea el rey romano Servio Tulio, el primero que creó una organización que de verdad tuviese datos fiables de su pueblo, estableció que cada barrio de Roma levantase un monumento a su deidad propiciatoria. En el día del patrón, cada vecino estaba obligado a dar como donativo una moneda al sacerdote, y se establecía el tipo de moneda a entregar si se era hombre o mujer o según la edad que se tuviese; luego el sacerdote (además de forrarse) contaba las monedas, y elaboraba el censo del área. Para poder medir el movimiento natural de la población, Servio Tulio estableció que las familias deberían hacer una donación determinada a la diosa Lucina por el nacimiento de un hijo, otro a la diosa Libitina por el fallecimiento, y uno especial a la diosa Juventus por cada varón que llegaba a la edad de vestir la toga viril. Independientemente de ello, el pueblo romano era contado cada cinco años, tras haber sido oportunamente convocado para ello al Campo de Marte; actividad que era dirigida por un magistrado especial, el Censor, que no viene de censurar, sino de censo.
El censo más famoso de la Historia de Roma es el de Augusto, puesto que fue el que obligó a José a llevarse a su mujer embarazada, María, desde Nazaret hasta Belén. El matrimonio se encontraba allí cuando el parto de Jesucristo precisamente para cumplir con el censo augustiano. En los tiempos imperiales, el plazo intercensos se dilató: de cinco pasó a diez años (es el plazo que tenemos nosotros ahora, por ejemplo) y, tras la reforma de Constantino, quince.
Existen otros métodos de contabilización en el mundo antiguo que no dejan de ser curiosos. Por ejemplo, Robert Graves nos refiere en El conde Belisario que, en Constantinopla, era costumbre reunir al ejército que marchaba de campaña en alguna campa, donde cada soldado clavaba una estaca en el suelo. A la vuelta de la batalla o de la guerra, los soldados se reunían en la misma explanada y cada uno arrancaba una estaca. Luego se contaban las que quedaban clavadas para conocer las bajas.
En la Europa medieval fue especialmente famoso, complejo y meritorio el censo y catastro realizado por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, más o menos a mediados del siglo XI. Era una operación política, pues don William le había encendido el pelo a los sajones, antiguos inquilinos de la isla, y necesitaba contabilizar (y dar con ello estabilidad jurídica) a los cambios de propiedad a favor de los suyos. Será por eso que los sajones conocieron este censo como Doomsday Book, literalmente Libro del Juicio Final.
Los habitantes originarios de la América que hoy habla español parecen ser los primeros inventores de los gráficos. Hernán Cortés dice haber visto en México registros pintados, donde se expresaban los cambios de población y las riquezas de los habitantes. Y en Perú, según Garcilaso de la Vega, los indígenas tenían un conocimiento exacto de su población, distribución geográfica, edades, condición civil, etc., mediante censos sistemáticos que expresaban mediante un complejo sistema de cordones de colores. Combinando los colores y los nudos de los cordones conseguían expresar gráficamente los guarismos. O sea, como el Excel, pero sin Excel.
En España tampoco esperamos al nacimiento de la estadística en sí para hacer estadísticas. En 1351, las Cortes castellanas, convocadas por Pedro I (ya sabéis, el alanceador de reyes moros refugiados), dispuso la creación del Becerro de las Behetrías (una behetría, según he podido saber, es un terreno propiedad de un campesino libre que tiene, además, la libertad de elegir señor feudal, siempre y cuando lo haga dentro de un determinado linaje). Este censo recogía los señoríos de las merindades de Castilla. Los Reyes Católicos, siempre atentos a las novedades del Estado renacentista, dictaminaron el empadronamiento de los habitantes de Castilla y Aragón, trabajo del que surgió una estimación cercana a los 8 millones de habitantes. No obstante, cuando sesenta años después, en 1541, Carlos V hiciera un censo por razones fiscales, sólo le salieron 4,2 millones de contribuyentes, lo cual hace pensar que Isabel y Fernando sumaron mal (frase ésta que, ahora que la he escrito, veo que tiene más de un significado). En aquellos años, no obstante, no quedó terreno en Hispania por censar. Cataluña, Vascongadas, Navarra y el Reino de Valencia tuvieron sus censos.
Felipe II, por su parte, realizó dos empadronamientos. Uno, en 1587, le dio 6,630 millones de ciudadanos. El otro, en 1594, le dio 6,888 millones, aunque esta cifra probablemente sea más baja que la real, porque dicho empadronamiento se hizo para fijar el servicio de los millones (un impuesto) del que había personas que estaban exentas y, probablemente, no fueron contadas.
Con esa afición tan suya a los proyectos acromegálicos a la par que irrealizables, Felipe II albergó el plan de compilar una descripción minuciosísima de España, pueblo a pueblo. En siete años, de los 13.000 pueblos que había entonces en España, Felipe II había conseguido que le contestasen 636, y hubo de abandonarse.
En 1748, siendo rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada hizo un nuevo censo, del que salieron 7,473 millones de habitantes. Al conde de Aranda, ministro que lo fue de Carlos III, le salieron, veinte años después, 9,307 millones de habitantes. En 1787, Floridablanca repitió el ensayo, y ya calculó 10.409.879 habitantes. Los españoles, a las puertas de la Revolución Francesa, éramos ya two digits.
Ahora la cosa iba en serio. En 1802 se crea la primera Oficina de Estadística existente en España, la cual no pudo hacer gran cosa porque fue invadida, junto con el resto del país, por el pérfido francés, que traía en el zurrón, sin embargo, las ideas que luego nos pasaríamos cien años intentando imponer. José Bonaparte, el triste Pepe Botella tan odiado por el pueblo de Madrid, abordó en 1810 un censo de vecinos.
De 23 de junio de 1813 data la obligación a los ayuntamientos de llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, confirmada por la ley de 3 de febrero de 1823. En 1833, cuando se dividió España en 49 provincias, se calculó la población en 12.286.941 habitantes. En 1836 se hace el primer padrón de extranjeros. De 1844 es la primera estadística criminal.
En 1856 se crea la Comisión Estadística General del Reino, el primer organismo centralizado para la realización de censos y otros trabajos. En 1857 había terminado ya su primer censo (15.464.340 habitantes), que repitió en 1860 (15.673.536).
En 1873 nace el Instituto Geográfico y Estadístico, que será el germen de lo que hoy conocemos como Instituto Nacional de Estadística.
El INE tiene algunas malas costumbres y otras muchas buenas. Entre las buenas está la decisión de escanear su biblioteca de publicaciones estadísticas y ponerla a disposición de los lectores ávidos en su página web. A ello y, más concretamente, a la introducción a la Memoria Estadística de 1912, le debéis buena parte de estas torpes notas.
Alguna vez os he hablado de algún blog cuya lectura disfruto. Uno de éstos, que nunca he comentado, es Wonkapistas. La sociología fue mi segunda opción de carrera universitaria; no la estudié porque soy muy buen chico, tenía buenas notas y, por lo tanto, no se me pudo negar la primera elección. Pero este dato debe bastar para demostrar que es una disciplina que, en algún momento de mi vida, captó mi interés. Hoy capta mi curiosidad. Allí, en Wonkapistas me refiero, encontraréis quienes aún no conozcáis ese espacio un trabajo muy pulcro de análisis social en el que su autor, me parece a mí, se desquita del hecho de que su vida oficial y laboral tenga que transcurrir por unos derroteros concretos, así pues drena su curiosidad por otras movidas a través de sus anotaciones. Creo que esto es lo que hace grande internet en general y la blogosfera en particular; en buena parte, es una manera de aprovecharse de los conocimientos, con perdón, residuales, de auténticos intelectuales. Una manera inexistente hasta hoy.
Yo las cosas que admiro tiendo a imitarlas. Así pues, hoy quiero hablaros de cosas de las que estoy seguro que Wonka os disertaría mucho mejor. Porque todo tiene historia en esta vida, y la ciencia que está en la sala de máquinas de la sociología, es decir la estadística, no es una excepción.
La estadística nace por dos necesidades claras: el censo y el catastro. El censo cuenta personas y el catastro patrimonios, sobre todo tierras. Podemos decir que, desde el momento que existen organizaciones administrativas razonablemente complejas, existen cosas como la leva militar y la cobranza de impuestos; realidades, ambas, para las que es necesario saber cuántas personas y cuántas riquezas hay en un país. Veintidós siglos antes de nacer Jesucristo, ya hubo un emperador en China, de nombre Yao, que abordó la división de su país en provincias, nueve, empresa que complementó con una medición de las tierras, así como un censo de sus equipamientos y de sus habitantes. Así pues, la estadística, de alguna manera, lleva entre nosotros ya más de 4.000 años.
Los pueblos antiguos no tenían transportes adecuados y, además, carecían de personal suficientemente cualificado para ser encuestador. Por este motivo, en la antigüedad los censos se valían de mecanismos intermedios para los arqueos o inventarios, especialmente la religión. Por ejemplo, en la Atenas de los tiempos aristotélicos, los habitantes tenían la arraigada costumbre de ofrecer una medida de trigo a la diosa Minerva por cada hijo nacido y una de cebada por cada fallecido; motivo por el cual los estadísticos del tiempo, que eran los sacerdotes, no contaban personas, sino donaciones de trigo y de cebada, información con la cual estimaban el movimiento natural de la población.
En la misma línea el rey romano Servio Tulio, el primero que creó una organización que de verdad tuviese datos fiables de su pueblo, estableció que cada barrio de Roma levantase un monumento a su deidad propiciatoria. En el día del patrón, cada vecino estaba obligado a dar como donativo una moneda al sacerdote, y se establecía el tipo de moneda a entregar si se era hombre o mujer o según la edad que se tuviese; luego el sacerdote (además de forrarse) contaba las monedas, y elaboraba el censo del área. Para poder medir el movimiento natural de la población, Servio Tulio estableció que las familias deberían hacer una donación determinada a la diosa Lucina por el nacimiento de un hijo, otro a la diosa Libitina por el fallecimiento, y uno especial a la diosa Juventus por cada varón que llegaba a la edad de vestir la toga viril. Independientemente de ello, el pueblo romano era contado cada cinco años, tras haber sido oportunamente convocado para ello al Campo de Marte; actividad que era dirigida por un magistrado especial, el Censor, que no viene de censurar, sino de censo.
El censo más famoso de la Historia de Roma es el de Augusto, puesto que fue el que obligó a José a llevarse a su mujer embarazada, María, desde Nazaret hasta Belén. El matrimonio se encontraba allí cuando el parto de Jesucristo precisamente para cumplir con el censo augustiano. En los tiempos imperiales, el plazo intercensos se dilató: de cinco pasó a diez años (es el plazo que tenemos nosotros ahora, por ejemplo) y, tras la reforma de Constantino, quince.
Existen otros métodos de contabilización en el mundo antiguo que no dejan de ser curiosos. Por ejemplo, Robert Graves nos refiere en El conde Belisario que, en Constantinopla, era costumbre reunir al ejército que marchaba de campaña en alguna campa, donde cada soldado clavaba una estaca en el suelo. A la vuelta de la batalla o de la guerra, los soldados se reunían en la misma explanada y cada uno arrancaba una estaca. Luego se contaban las que quedaban clavadas para conocer las bajas.
En la Europa medieval fue especialmente famoso, complejo y meritorio el censo y catastro realizado por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, más o menos a mediados del siglo XI. Era una operación política, pues don William le había encendido el pelo a los sajones, antiguos inquilinos de la isla, y necesitaba contabilizar (y dar con ello estabilidad jurídica) a los cambios de propiedad a favor de los suyos. Será por eso que los sajones conocieron este censo como Doomsday Book, literalmente Libro del Juicio Final.
Los habitantes originarios de la América que hoy habla español parecen ser los primeros inventores de los gráficos. Hernán Cortés dice haber visto en México registros pintados, donde se expresaban los cambios de población y las riquezas de los habitantes. Y en Perú, según Garcilaso de la Vega, los indígenas tenían un conocimiento exacto de su población, distribución geográfica, edades, condición civil, etc., mediante censos sistemáticos que expresaban mediante un complejo sistema de cordones de colores. Combinando los colores y los nudos de los cordones conseguían expresar gráficamente los guarismos. O sea, como el Excel, pero sin Excel.
En España tampoco esperamos al nacimiento de la estadística en sí para hacer estadísticas. En 1351, las Cortes castellanas, convocadas por Pedro I (ya sabéis, el alanceador de reyes moros refugiados), dispuso la creación del Becerro de las Behetrías (una behetría, según he podido saber, es un terreno propiedad de un campesino libre que tiene, además, la libertad de elegir señor feudal, siempre y cuando lo haga dentro de un determinado linaje). Este censo recogía los señoríos de las merindades de Castilla. Los Reyes Católicos, siempre atentos a las novedades del Estado renacentista, dictaminaron el empadronamiento de los habitantes de Castilla y Aragón, trabajo del que surgió una estimación cercana a los 8 millones de habitantes. No obstante, cuando sesenta años después, en 1541, Carlos V hiciera un censo por razones fiscales, sólo le salieron 4,2 millones de contribuyentes, lo cual hace pensar que Isabel y Fernando sumaron mal (frase ésta que, ahora que la he escrito, veo que tiene más de un significado). En aquellos años, no obstante, no quedó terreno en Hispania por censar. Cataluña, Vascongadas, Navarra y el Reino de Valencia tuvieron sus censos.
Felipe II, por su parte, realizó dos empadronamientos. Uno, en 1587, le dio 6,630 millones de ciudadanos. El otro, en 1594, le dio 6,888 millones, aunque esta cifra probablemente sea más baja que la real, porque dicho empadronamiento se hizo para fijar el servicio de los millones (un impuesto) del que había personas que estaban exentas y, probablemente, no fueron contadas.
Con esa afición tan suya a los proyectos acromegálicos a la par que irrealizables, Felipe II albergó el plan de compilar una descripción minuciosísima de España, pueblo a pueblo. En siete años, de los 13.000 pueblos que había entonces en España, Felipe II había conseguido que le contestasen 636, y hubo de abandonarse.
En 1748, siendo rey Fernando VI, el Marqués de la Ensenada hizo un nuevo censo, del que salieron 7,473 millones de habitantes. Al conde de Aranda, ministro que lo fue de Carlos III, le salieron, veinte años después, 9,307 millones de habitantes. En 1787, Floridablanca repitió el ensayo, y ya calculó 10.409.879 habitantes. Los españoles, a las puertas de la Revolución Francesa, éramos ya two digits.
Ahora la cosa iba en serio. En 1802 se crea la primera Oficina de Estadística existente en España, la cual no pudo hacer gran cosa porque fue invadida, junto con el resto del país, por el pérfido francés, que traía en el zurrón, sin embargo, las ideas que luego nos pasaríamos cien años intentando imponer. José Bonaparte, el triste Pepe Botella tan odiado por el pueblo de Madrid, abordó en 1810 un censo de vecinos.
De 23 de junio de 1813 data la obligación a los ayuntamientos de llevar un registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, confirmada por la ley de 3 de febrero de 1823. En 1833, cuando se dividió España en 49 provincias, se calculó la población en 12.286.941 habitantes. En 1836 se hace el primer padrón de extranjeros. De 1844 es la primera estadística criminal.
En 1856 se crea la Comisión Estadística General del Reino, el primer organismo centralizado para la realización de censos y otros trabajos. En 1857 había terminado ya su primer censo (15.464.340 habitantes), que repitió en 1860 (15.673.536).
En 1873 nace el Instituto Geográfico y Estadístico, que será el germen de lo que hoy conocemos como Instituto Nacional de Estadística.
El INE tiene algunas malas costumbres y otras muchas buenas. Entre las buenas está la decisión de escanear su biblioteca de publicaciones estadísticas y ponerla a disposición de los lectores ávidos en su página web. A ello y, más concretamente, a la introducción a la Memoria Estadística de 1912, le debéis buena parte de estas torpes notas.
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