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… Y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, espada de Trento, se bajó los pantalones
El desengaño de los españoles con Mr. Marshall venía a producirse, además, en una situación sociopolítica cada vez más enmarañada en el Mediterráneo, sobre todo después de la movida de Suez del 56. En ese contexto, las bases que habían ocupado los estadounidenses aparecían como estratégicamente más importantes con el tiempo. Y esto era algo que conspiraba para hacer que muchos españoles considerasen que se habían hecho un pan con unas tortas con aquel acuerdo. El embajador Lodge, de hecho, era cada vez más consciente de que Washington podría tener qu3e asumir en algún momento una revisión del contrato del alquiler.
Esto,
sin embargo, no casaba demasiado bien con las intenciones del Pentágono. Los estrategas
en el ejército estadounidense consideraban que el hecho de que, en el marco de un
enfrentamiento con la URSS, ésta atacase a España, era un escenario probable, pero
no de primer nivel. A la hora de valorar las necesidades de defensa de Europa, los
hombres de los Estados Unidos se fijaban mucho más en otras necesidades, algunas
de ellas perentorias, que mostraba la OTAN. Por otra parte, Estados Unidos asumía
que, aunque la ayuda militar concedida a España debía de suponer, y supuso, un incremento
del presupuesto militar español, las fuerzas armadas locales seguirían estando en
una situación de cierta ausencia de operatividad; por lo que, se decía en Washington,
si alguna vez se presentare la necesidad de defender el territorio español, esa
defensa debería asumirla Estados Unidos particularmente; máxime teniendo en cuenta
que España no estaba protegida por el artículo 5 del Tratado Atlántico. Realmente,
la integración del ejército español en un esquema de defensa europea conjunta sólo
tenía sentido si el país entraba a formar parte de la Alianza; pero eso, con los
ingleses desplegando su propia política mediterránea sobre todo en Gibraltar, estaba
completamente fuera de toda posibilidad racional.
En términos
generales, porque había de todo, la mayor parte de los hombres implicados en Estados
Unidos en la vertebración de la ayuda a España eran partidaria de hacer “cabecear”
esa ayuda, reduciendo la puramente militar y desplazando recursos a la ayuda económica.
En Washington se leían con preocupación los informes del embajador Lodge en los
que éste sospechaba un rebrote del anti americanismo español a causa del síndrome
antes descrito del “mal negocio”. Sin embargo, en este punto los estadounidenses
se encontraron con el obvio obstáculo de que su negociador: el gobierno español,
era un gobierno básicamente militar. Los partidarios de la idea de que la ayuda
estadounidense tenía que servir para rearmar a España de cara a la nueva lucha contra
el comunismo eran muchos; y, lo que es más importante, tenían completamente ganado
al único que realmente contaba, que era el general Franco.
En 1956,
con el agotamiento de los primeros 350 millones de dólares de ayuda militar estadounidense,
quedaba saldado, por así decirlo, el pago estricto a cambio del alquiler de las
bases. A partir de ahí era donde El Pardo tenía todas las esperanzas puedas en un
programa que financiase el rearme español. Esto sin embargo, tenía que hacerse compatible
con la defensa occidental (en la que España, teóricamente, no participaba); más
un objetivo económico importante, y es que el incremento del gasto militar no acabase
por operar como gasolina sobre la hoguera de la inflación, empobreciendo todavía
más a los españoles.
En febrero
de 1956, el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Donald Quarles, compareció
ante un comité de la Cámara de Representantes; y allí anunció que Estados Unidos
se daba por ahíto con las cuatro bases que se estaban construyendo; y que, por lo
tanto, no se abordaría la construcción de las otras cinco que estaban teóricamente
previstas. En 1953 se había firmado el armisticio en Corea. El mundo en general,
y EEUU en particular, cada vez estaba menos en modo qué harías tú/en un ataque
preventivo de la URSS. El belicismo no era la tónica.
En el
mes de marzo de aquel año tan importante de 1956, la Administración estadounidense
terminó un informe completo sobre el papel de España en la defensa occidental. La
función básica que, por así decirlo, se le adjudicaba al país era defender, junto
con Portugal, tanto la península ibérica como sus posesiones, y garantizar el control
de sus aguas territoriales y el espacio aéreo.
Todo
esto, en todo caso, quedaba obviamente pendiente de contraste con las autoridades
españolas. Y aquí es donde estaba el problema, porque en Madrid había bastante mosqueo.
En términos
generales, lo que pasó entre 1953 y 1956 fue que Estados Unidos se planteó algo
así como la satisfacción del pago de un alquiler. Quería poder usar bases en España,
y estaba lógicamente dispuesto a pagar por ello. Pero eso no era lo que habían esperado
las autoridades españolas. Este tipo de acuerdo generaba, sí, flujo de recursos;
pero de baja calidad. Las expectativas del gobierno español quedaron seriamente
dañadas conforme el acuerdo de 1953 fue tomando cuerpo; ya que los altos mandos
militares se dieron cuenta de que no es que la ayuda estadounidense no fuese a servir
para modernizar el ejército español; es que, en realidad, ni siquiera lo pretendía.
Esto,
además, venía a ocurrir cuando para cualquier persona bien informada en asuntos
de Defensa era más que evidente que la actitud estadounidense respecto de otros
países europeos, miembros de la OTAN, era bien diferente. Estos ejércitos sí que
estaban teniendo acceso a armamento moderno, y se estaban formando con las últimas
novedades tácticas. La interpretación que hacía el gobierno español, no exenta de
certitud, era que haber firmado los acuerdos con Estados Unidos, y haber emplazado
en su territorio bases americanas (algunas de ellas, además, avecindadas con grandes
ciudades) había tenido la obvia consecuencia de convertir a España en una parte
beligerante; y esto requería un ejército que era imposible de montar con los recursos
disponibles.
El embajador
José María de Areilza comenzó en el mes de marzo las reuniones con el Departamento
de Estado para preparar la visita que el ministro Martín Artajo tenía prevista para
abril de 1956. Allí, Areilza se quejó de que el material militar proporcionado por
los estadounidenses estaba llegando con cuentagotas (cosa que es cierta; en realidad,
la Administración estadounidense buscaba evitar un incremento brusco del presupuesto
militar español), así como la falta de diálogo entre los Estados Mayores. El jefe
del denominado Joint United States Military Group o JUSMG, el general Kissner,
tenía un acceso inmediato a la cúpula militar española; pero ésta no lo tenía a
él. Areilza quería convencer a los estadounidenses de que permitiesen establecer
en Washington una misión militar española permanente.
España,
por otra parte, era absolutamente consciente de que el 80% de sus problemas en aquella
cooperación, y ésta es una estimación conservadora, tenían que ver con su ausencia
del esquema de defensa occidental. El embajador repitió varias veces que las bases
que se estaban construyendo ponían en peligro directo poblaciones como Madrid, Zaragoza
o Sevilla; que, consecuentemente, el compromiso de España con la defensa occidental
no permitía duda. Y que todo eso debía de tenerse en cuenta en forma de una mayor
implicación en la estructura defensiva. En caso de conflicto bélico en Europa, argumentaban
los españoles, los cuatro grandes aliados de Estados Unidos en el continente habrían
de ser España, Gran Bretaña, Alemania y Turquía; pero, sin embargo, España seguía
sin ser de esa partida, y carecía de acceso al general Alfred Maximilian Guenther,
jefe de Estado Mayor del SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe).
A causa
de todo esto, España quería plantear dos estrategias posibles: o bien la entrada
del país en la OTAN. O bien la profundización de la relación con los Estados Unidos,
convirtiendo el acuerdo de colaboración de 1953 en una auténtica alianza militar.
Estados
Unidos reaccionó con cautela. Lo primero que dijo fue que si el ritmo de envío de
ayuda no era más vivo, la culpa era de los españoles, que no habían hecho demandas
en firme. Es decir, argumentaron que el ejército español era incapaz
de absorber la ayuda a que tenía derecho; algo en lo que, en mi opinión, cuando menos parcialmente tenían razón. Otra cosa que hizo el Departamento de
Estado fue enfriar la posibilidad de establecer una misión militar española en Washington.
La ayuda americana, dejaron claro los funcionarios, siempre va a depender de la
planificación que haga la Administración USA de acuerdo con los recursos de que
disponga. La misión nunca serviría para lo que se pretende.
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