lunes, julio 16, 2018

El regente Ciscar (7: y regente de nuevo)

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La discusión en torno a las pretensiones inglesas no sirvió sino para ahondar las diferencias entre la Regencia y las Cortes, lo cual quiere decir que la convicción dentro de éstas sobre la necesidad de neutralizar aquélla se hicieron cada vez más fuertes. El ambiente de la opinión pública gaditana operaba claramente como caja de resonancia para este fenómeno, con una actitud anti-Regencia cada vez más acusada. En julio de 1811, esta situación se acrisoló mediante una serie de rumores muy fuertes en el sentido de que la Regencia proyectaba disolver las Cortes, rumores de los que se hicieron eco varios diputados en sede parlamentaria. El 17 de aquel mes, el gesto de Císcar de presentar su carta de dimisión hizo pensar en una rebelión en toda la regla.

Aunque aquellos rumores no llegaron a nada, las Cortes decidieron crear un comité de enlace entre ellas mismas y los regentes. Para tal misión crearon una comisión de la que formaban parte los diputados Jaime Creus Martí, de tendencia realista; Diego Muñoz Torrero y Manuel García Herreros, de tendencias más liberales. Esta comisión acabaría por descubrir que en la Regencia no se albergaba ningún proyecto de rebelión, pero pudo, sin embargo, tomarle el pulso al creciente malestar que había entre los gobernantes en nombre del rey hacia las constantes intromisiones de las Cortes en su labor. Esta aclaración moral, en todo caso, sirvió de poco, porque el problema era esencial. El problema era que la máquina estaba mal concebida y mal montada; unas circunstancias en las que era prácticamente imposible que funcionase bien. Las Cortes, de hecho, siguieron pidiendo con cierta periodicidad la remoción de los miembros de la Regencia, y si las propuestas no salieron adelante fue tan sólo porque en su seno había serios desacuerdos. Los realistas querían una Regencia mejor dotada, cinco miembros, y además personas más cercanas a los planteamientos del Antiguo Régimen. Los liberales querían exactamente lo contrario. En ese desequilibrio se cimentó la longevidad en el cargo de Ciscar y sus compañeros.

El deterioro, sin embargo, era continuado, y ya poco se podía hacer por aquella Regencia a finales de 1811. La composición del gobierno de España se había quedado sin defensores. En primer lugar, el que quizás era el primer fautor del equipo de gobierno, el general Blake, no se encontraba en Cádiz por haber tomado el mando del Tercer Ejército. En segundo lugar, las fuerzas más liberales, que como hemos contado habían sido los padres de la idea de una Regencia con pocos efectivos, ya tampoco creían en la fórmula que ellos mismos habían inventado. España, además, está perdiendo la guerra y, en términos generales, no ha conseguido que el Estado funcione mínimamente, no digamos ya a la hora de responder a las muchas necesidades de una Administración en guerra.

El país, representado en ese momento por su Cortes en Cádiz, comenzaba a coquetear con la idea de una derrota. Una de las consecuencias de esa idea era la convicción sobre la necesidad de sustituir a la Regencia, y a ello se aplicó desde noviembre de aquel año tan difícil. Por otra parte, los ingleses, que lógicamente habían quedado malquistos por el tratamiento que les habían dado los regentes en sus pretensiones de mando militar, tampoco le hacían ascos a los cambios. Las cosas fueron yendo en zigzag hasta que, el 22 de enero ya de 1812, se tomó la decisión. En el caso de Ciscar, sin embargo, habría de permanecer en Cádiz, puesto que las Cortes reservaron para él esa ración de árnica que todavía hoy le recetamos a los primeros ministros salientes: un puesto en el Consejo de Estado.

El año 1812 fue un año muy importante para España, sobre todo por lo que ocurrió a muchos kilómetros de aquí. Como bien saben los aficionados a la música de Tchaikovsky, el de 1812 fue el año de su famosa obertura, la de los cañoncitos, en la que se celebraba la victoria de los rusos sobre Napoleón. Esto convierte a 1812 en un año en el que al precioso jarrón chino que era el ejército imperial francés se le descubrió una grieta que, desde entonces, no hizo sino hacerse más grande cada vez.

No por casualidad, 1812 es el año de la proclamación de la Constitución de Cádiz, un proyecto básicamente liberal cuyos patrocinadores no se habrían atrevido a sacar adelante en una situación más comprometida para la guerra de España. Pero lo cierto es que en ese año, y a pesar de que los irredentos de Cádiz estaban muy lejos todavía de poder soñar con una victoria segura contra el francés, las fuerzas liberales se sintieron lo suficientemente apoyadas como para sacar adelante su proyecto político.

La proclamación de la Constitución de Cádiz llevaba lógicamente implícita la labor de realizar las reformas y cambios para el país que el texto constitucional le recetaba. Esto es lo que hace, en realidad, mucho más interesante el año 1813 que el más mediático de 1812. Fue, efectivamente, en 1813 cuando los liberales despliegan su programa, bosquejado en la Constitución, comenzando por el 22 de febrero con una medida que ciertamente tenía ya para entonces un significado más simbólico que real: la abolición de la Inquisición. Lo realmente importante de dicha norma es que abordó una medida de directa afección a la Iglesia católica sin consultarle como tal, mucho menos establecer negociaciones diplomáticas con el Vaticano, que habría sido lo teóricamente lógico. Aquí reside su importancia. No se trata de que los liberales de Cádiz quisieran acabar con la gente metida en sucias mazmorras o mucho menos quemada en plazas públicas porque, la verdad, eso a principios del siglo XIX era ya como de coña y, de hecho, hasta había algunos autos de fe que usaban llamas de papel. Se trata, sobre todo, de lanzar a los poderes eclesiásticos el mensaje de que, en aquellos temas propios de la Iglesia con afección al Estado, el Estado tiene la última palabra y, por lo tanto, puede llegar a decidir por sí solo porque la Iglesia, lejos de ser un poder superior como siempre se había postulado, era, es, un administrado más.

A la Iglesia lo de la Inquisición le importó poco porque, como digo, poco poder se le cercenaba atacando a una institución cuyo poder ya no es el que era. A la Iglesia lo que le jode, habitualmente, es que le toquen el bolsillo. Por eso, cuando realmente reaccionó fue en el siguiente escalón reformador, un escalón en el que, la verdad, los gobiernos españoles habrían de enfangarse, de una manera o de otra, durante más de cien años: la reforma de las órdenes religiosas.

Buena parte del poder temporal ejercido en España por esa institución espiritual llamada Iglesia, lo hacía a través de las órdenes religiosas. Eran éstas las que poseían señoríos, aldeas, predios, fábricas, rebaños, arriendos. Si en la España de principios del XIX había una institución que funcionaba mediante un sistema más o menos de cupo (esto es: en el fondo, yo decido los impuestos que te voy a pagar), ese alguien no eran los territorios vascos y navarros: era la Iglesia, la cual disfrutaba de unos privilegios fiscales y de otras naturalezas que, en la práctica, la convertían en un ente anticompetitivo, que le ponía las cosas muy difíciles a todo aquél que quisiera emprender en los mismos terrenos donde ella estaba emplazada, pero al tiempo tampoco tenia ningún incentivo para evolucionar hacia la modernidad. Los derechos de la Iglesia para hacer esto, por cierto, eran bastante más antiguos que los de los vascos o navarros; así pues, hay que tener cuidado al echar mano del pasado para sustantivar un derecho presente, porque uno se puede encontrar con la sorpresa de que, en aras de dicho principio, debería seguir manteniendo cosas como el diezmo eclesial.

La pretensión gaditana de reformas las órdenes religiosas, en todo caso, partió el país en dos, puesto que la Iglesia lo combatió con todo lo gordo, como ocurre, como digo, siempre que le tocan el bolsillo.

Las Cortes, sin embargo, necesitaban, para llevar a cabo este proyecto regalista, un gobierno sintonizado con ellas y con capacidad de actuación. Por esta razón los anteriores regentes fueron sustituidos por Juan Villavicencio, el duque del Infantado, Joaquín Mosquera, Ignacio Rodríguez de Rivas y Juan Pérez Villamil. Una Regencia de cinco miembros diseñada para llevar a buen puerto los proyectos regalistas liberales pero que, sin embargo, de nuevo le salió rana. El gobierno español, para empezar, adoleció de parecida inoperancia a la que había mostrado la Regencia anterior, porque el problema no eran sólo las personas sino el sistema en sí. En segundo lugar, los regentes, poco a poco, fueron comulgando con las ideas menos liberales, con lo que a las Cortes, en realidad, el tiro les salió por la culata.

La abolición de la Inquisición fue la prueba del algodón donde se vieron estos temas. Las Cortes, tras aprobar la norma, dictaminaron que debería ser leída en todas las misas mayores de España durante tres semanas seguidas. El clero reaccionó con la resistencia civil, negándose a realizar dicha previsión. Cuando las Cortes volvieron el rostro hacia el Gobierno de la nación para hacer valer la condición legal de su norma, se encontraron con un gobierno que básicamente no hizo nada para hacer cumplir la obligación y que, de hecho, en el mismo Cádiz permitió que se levantase un importante movimiento contra el decreto. De hecho, como probablemente no habían previsto los liberales, que ya por entonces adolecían del buenismo Bambi que ha sido enfermedad común en todos sus sucesores, la clase obispal española se unió como un solo hombre en oposición al decreto inquisitorial, y muy pronto esa unión cuajó para otras cosas y amenazó con convertirse en un movimiento político de envergadura; de tan magna envergadura que buena parte de él acabaría refugiada en la causa carlista y es, en buena parte, razón de la capacidad de resistencia de la misma.

En los principios de 1813, los diputados liberales temían un golpe de Estado desde el propio Estado. Estaban convencidos de que los regalistas querían imponer una Regencia en la persona de Carlota Joaquina, hija de Carlos IV casada con Joao, el regente de la corona portuguesa. De alguna manera, esta candidatura antiliberal se coordinaba, aunque fuesen fenómenos diferentes, con la ofensiva de los curas, quienes, agarrados a la norma de supresión de la Inquisición, acusaban a las Cortes de Cádiz de querer eliminar la religión en España. En esas condiciones, los liberales no podían permitir que la Regencia estuviese en manos no controladas por ello, y por dicha razón movieron los hilos para que fuese cesada, hecho éste que ocurrió el 8 de marzo de aquel año. Para nombrar un nuevo gobierno más proclive a sus ideas, los liberales idearon el truco de hacer que los tres miembros de la Regencia no fuesen personas designadas para ello, sino por razón de su cargo. Serían regentes, así, los tres miembros más antiguos del Consejo de Estado. Éstos eran Pedro Agar, Gabriel Ciscar y el cardenal Borbón.

Esta artimaña, que no otra cosa era para conseguir una Regencia más liberal, tenía la virtud de ser cuando menos formalmente coherente con la Constitución de Cádiz. La Pepa, en su artículo 189, regulaba la formación de la Regencia con los siguientes elementos: la reina madre, si existiese; los diputados más antiguos de la diputación permanente de las Cortes; y dos miembros del Consejo de Estado, más un tercero, añadido por antigüedad, en el caso de no existir reina madre. Puesto que las Cortes habían aprobado desde el inicio de sus sesiones que ningún diputado ocuparía funciones ejecutivas, la elección de la Regencia era plenamente constitucional.

Todo era, sin embargo, un truco, un juego de manos, para montar una Regencia según los deseos de las Cortes gaditanas. Éstas se garantizaban la presencia de dos elementos abiertamente liberales como Agar y Ciscar y, además, le daban al gobierno de España una imprescindible pátina católica con la presencia del cardenal Luis de Borbón y Vallabriga. Además de ser primo del rey, puesto que era hijo del infante don Luis, hermano de Carlos III, el cardenal tenía la valiosa característica de ser primado de España. Con una persona así en el gobierno del país, nadie en sus cabales podría sostener la idea de que el gobierno era contrario a la religión. Su condición de Borbón, por último, neutralizaba a las fuerzas que hubieran querido ver de regente a Carlota Joaquina precisamente por ser miembro de la familia real. Como siempre, las cosas no podían ser del color de rosa, puesto que Luis de Borbón también tenía sus cositas. Muy en particular, el cardenal era persona de escasa inteligencia política y muy poco empuje personal, lo cual, por cierto, acabaría por ser letal para España en el momento en que Fernando VII, persona mucho más decidida que él, decidiese dar el paso al frente para reinstaurar la monarquía antigua.

Por lo que se refiere a Ciscar, por las palabras que han quedado escritas de los prohombres liberales de Cádiz da la impresión de que nadie lo consideraba un liberal acérrimo. Ya hemos dicho con anterioridad que Gabriel Ciscar, en realidad, había hecho una buena carrera como marino y como servidor público dentro del Antiguo Régimen; por no mencionar que había sido ese Antiguo Régimen el que le había procurado la mayor gloria de su vida, que había sido estar presente en París como representante español en el nacimiento del sistema métrico decimal. Sin embargo, lo que no le negaba el progresismo gaditano patrio eran sus compromiso y eficiencia precisamente como servidor público. Es indudable que esto, para unos hombres que comenzaban a barruntar la idea de que tal vez el gobernante no es aquella persona que se enriquece con su gobierno sino una persona que se sacrifica en pro del bien público (ese discurso que hoy todos los políticos sostienen en Twitter), era de gran valor.

A pesar de que el nombramiento de la nueva Regencia era con timbre de provisionalidad, el cargo fue hecho pleno y permanente a los pocos días, como reacción de los liberales a los movimientos todavía existentes entre los menos liberales en favor de Carlota Joaquina. Presionados por las circunstancias, y a pesar de saber que en la nueva Regencia había dos miembros (Agar y Ciscar) con las que se las habían tenido tiesas apenas unos meses antes, así pues las garantías de que todo fuese a salir bien no eran totales, los diputados liberales aprobaron normas que consolidaban y ampliaban el ámbito competencial de la Regencia, reforzándola. En concreto, cabe citar el nuevo reglamento de la Regencia, de 8 de abril, que establece la responsabilidad de los actos de gobierno en los ministros, mientras que los miembros de la Regencia reciben una consideración parecida a la del propio rey. Renuentes a soltar sus propios privilegios y jerarquías, los diputados de Cádiz, sin embargo, se “olvidaron”, una vez más, de regular a fondo las relaciones entre el gobierno y las Cortes.

Hay que decir, en todo caso, que la Regencia de la que formó parte Ciscar sabía muy bien por qué había sido nombrada, y actuó en consecuencia. Nada más comenzar su mandato, se aplicó con toda celeridad a perfeccionar la puesta en vigor de la abolición de la Inquisición, denunciando los movimientos en contra de ello que había iniciado el nuncio del Vaticano en Cádiz. De hecho, ordenó la salida de España del propio nuncio, y tampoco le dolieron prendas en expulsar de Mallorca a siete obispos que habían firmado una pastoral en términos encendidos. Desempolvando una orden de la época de Carlos III que prohibía al clero criticar al gobierno, actuó con eficacia contra diversos ataques sacerdotales contra la política liberal. Diseñó la Regencia una nueva normativa para la elección de obispos en sedes vacantes que de hecho habría permitido que en la designación de éstos interviniese con más fuerza el poder temporal, aunque no tuvo tiempo de ponerla en marcha. Asimismo, también secundó las ideas liberales en materia de racionalización de monasterios y conventos, aunque eso es algo en lo que, como sabemos, tampoco llegó a mucho, pues más adelante en el siglo hubieron de tomarse varias medidas en este sentido.

Con todo, aquella Regencia fue responsable de novedades normativas de importante corte liberal. Eliminó, por ejemplo, la obligación sobre la información de nobleza para el ingreso en los colegios de la Armada; suprimió todos los símbolos de vasallaje que todavía existían en los pueblos; y legisló contra las trabas gremiales para la actividad económica libre. Probablemente su labor de mayor calado fue el diseño de nuevas normas en materia de Hacienda. La reforma de la deuda pública contenía interesantes medidas desamortizadoras y, en lo tocante a los impuestos, creaba, por primera vez en España, una contribución única, una figura sin privilegios. Sin embargo, estas normas fueron ya diseñadas cerca del mes de septiembre de aquel año, y lógicamente decayeron con el final de la legislatura extraordinaria y el traslado tanto de las Cortes como del gobierno a Madrid.