La "normalidad" del 36 (13: comienza el debate)

«Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». Así rezaba la proposición no de ley presentada en el Congreso en la sesión parlamentaria del 16 de junio; sesión que habría de ratificar definitivamente el divorcio entre las dos españas y la madurez con que ambas esperaban ya, cada una a su manera, la guerra civil.

34 diputados de derecha firmaban esa proposición, abrigando con ello a José María Gil Robles, su gran impulsor y el defensor parlamentario de la propuesta. Tomó Gil Robles la palabra para, casi inmediatamente, abordar la conocida nómina de sucesos acaecidos en España desde el 16 de febrero de aquel mismo año. Una lista tan conocida como infame:

• 160 iglesias totalmente destruidas.

• 251 asaltos más a templos.

• 269 muertos.

• 1.287 heridos.

• 215 agresiones personales frustradas o sobre las cuales no hay información.

• 138 atracos consumados.

• 23 tentativas de atraco.

• 69 centros particulares y públicos destruidos.

• 312 centros asaltados.

• 113 huelgas generales.

• 228 huelgas parciales.

• 10 periódicos destruidos.

• 33 asaltos a periódicos.

• 146 bombas y petardos explotados.

• 78 bombas recogidas sin explotar.

El censo cuantitativo vino seguido de otro de carácter más cualitativo. Se acordó Robles de los ingenieros de Peñarroya, que finalmente habían pasado 19 días secuestrados en el fondo de una mina sin ser rescatados por las fuerzas de orden público. Se acordó, y fue esta cosa que hizo mucho daño a las bancadas de la izquierda, como se lo sigue haciendo a las bancadas de la izquierda historiográfica, de las instrucciones publicadas en Reino Unido, llamando la atención a los conductores británicos de que en España partidas de no se sabe muy bien quién paraban a los coches en las carreteras para «solicitarles» donaciones para el Socorro Rojo Internacional. Cuando saca a pasear el caso del guardia civil degollado en Córdoba, un diputado lo acusa de mentiroso y se monta la primera tangana de la tarde. Prosigue Gil Robles, entre acusaciones de mentiroso, afirmando que barcos mercantes españoles habían sido expulsados de puertos extranjeros a causa de la propaganda revolucionaria que realizaban sus marineros. El ministro de Estado le asevera que eso es falso, Gil contesta que ello ha ocurrido en Génova y Workington, a lo que el ministro responde que puede demostrar la falsedad de ambos casos; que hubo huelgas, pero no expulsión.

En medio de este rifirrafe relativo a hechos ocurridos fuera de España, el ministro de Estado se ofrece a dar las explicaciones que sean pertinentes y, lo que es más importante para el curso del debate, advierte a Gil Robles que blandiendo esas acusaciones está alimentando intereses contrarios a los de España. Torpe alusión. Se lo pone a huevo al hábil retórico salmantino, que al fin y al cabo es en su origen abogado litigante (como lo era, también, José Antonio, o el socialista Jiménez de Asúa), de forma que el líder de la CEDA le contesta: «como se va contra los intereses de España es manteniendo un estado de agitación y de anarquía que antes los ojos del mundo nos desacredita». Bull's eye.

Dos días antes del debate, el Gobierno había hecho pública una declaración anunciando que había puesto coto a la anarquía. La siguiente parte del discurso de Gil Robles se ocupa en ridiculizar esa nota, con dos argumentos. El primero, bastante obvio: si el Gobierno, que siempre había negado que en España hubiese una situación de anarquía, ahora decía que la había sofocado, lo que estaba haciendo, de alguna manera, era reconocer que había mentido sistemáticamente. Y el segundo, más obvio, el desmentido de la esencia del comunicado, es decir del hecho de que la anarquía hubiera sido vencida. Sólo en las 48 horas desde la declaración, recuerda el diputado, se habían producido heridos en Los Corrales (Santander), había habido un tiroteo en Badajoz, una bomba en un colegio de Santoña, un muerto, guardia civil, en Moreda, y otro, dependiente, en Villamayor de Santiago, dos derechistas muertos en Uncastillo, un tiroteo en Castalla (Alicante), un obrero asesinado en Suances, incendios de cortijos en Estepa, un derechista asesinado en Arriondas, otro muerto y dos heridos graves, también derechistas, en Nájera, otro muerto y cuatro heridos en Carchel (Jaén), así como cuatro bombas en sendas casas en construcción de Madrid.

«La verdadera entraña del problema», continúa el diputado, «radica en que el Gobierno no puede poner fin al estado de subversión porque el gobierno nace del Frente Popular, que lleva en sí la esencia, el germen de la hostilidad nacional». Se extiende el diputado en los objetivos de comunistas y socialistas que, dice, sólo buscan la dictadura del proletariado y, mientras lo consiguen, socavar el sistema productivo. «Ellos saben a dónde van, y tienen marcado el camino», dice; «vosotros no, señores de Izquierda Republicana». Sin dejar de referirse a los bancos de la izquierda burguesa, les saca a pasear la idea de la dictadura republicana, que él considera el fin de toda democracia. Y continúa: «Desengañaos, señores diputados; un país puede vivir monarquía o república, en sistema parlamentario o en sistema presidencialista, en sovietismo o en fascismo: como únicamente no vive es en anarquía, y España hoy, por desgracia, vive en la anarquía». «Estamos presenciando», sentencia campanudamente, «los funerales de la democracia».

Enrique de Francisco, diputado socialista y destacado miembro de la UGT, le da la réplica a Gil Robles responsabilizando de los desmanes ocurridos a los fascistas. Con un loable desparpajo, responde: «Yo no tengo aquí estadísticas, señor Gil Robles, porque para eso es preciso prepararse, y yo no tengo preparación; pero sí conozco de hecho la situación aquélla [se refiere al bienio de las derechas] y no se puede venir a echar en cara cosas de que uno mismo tiene que acusarse».

Y continúa: «Nos ha relatado aquí su señoría algunos hechos que ya he manifestado que no me han impresionado poco ni mucho, porque aún conociendo la realidad de algunos de ellos y lamentándolos de una manera sincera y leal, era necesario hacer previamente una averiguación para saber si en gran parte esas cifras de asesinatos, de atracos y de incendios, manejadas por el señor Gil Robles, pueden ponerse en el haber de las fuerzas que acaudilla su señoría, si los autores de tales hechos han sido inducidos por determinadas fuerzas». Esta insinuación por parte de De Francisco no quedó completada con acusaciones concretas; de hecho, en parte el diputado se desmintió a sí mismo segundos después, cuando dijo: «yo he querido referirme a la actitud de rebeldía de la clase capitalista y patronal, que crean situaciones de ánimo en la clase trabajadora, ya dolorida, ya amargada por las condiciones adversas de su propia vida y que no es extraño, señor Gil Robles, que en esa situación de ánimo, aunque nosotros no lo justifiquemos, realice excesos de los cuales sus autores serán los primeros en lamentarse cuando fríamente lo consideren».

Continúa De Francisco: «Nosotros no hemos de amparar excesos de ninguna especie, porque tenemos nuestra táctica, nuestra doctrina, nuestras normas, y a ellas nos sujetamos; pero hemos de cargar en todo instante contra la clase capitalista (...) toda la responsabilidad que ella tiene en la creación de estos conflictos».

Lo que tenía que ser el centro del debate sobre el orden público, pues, se constituyó de estas dos intervenciones, a favor y en contra de la proposición, como siempre en el mundo parlamentario con sus tintes sardineros. Gil Robles arrimó el ascua a su sardina, y en esto su crítico De Francisco tuvo parte de razón recordándole al político de derechas que una parte importante de la conflictividad del 36 había nacido antes, durante el bienio de las derechas, que fue, desde muchos puntos de vista, un auténtico borrón y cuenta nueva de la política realizada en el bienio constitucional anterior, lo cual contribuyó, y no poco, a la hora de desafectar a masas crecientes de izquierdistas respecto de los métodos democráticos. La CEDA trató de presentar la anarquía existente como algo puramente surgido de las elecciones del Frente Popular, cuando, en realidad, el radicalismo de dicho Frente era en parte fruto de una política excesivamente sectaria llevada a cabo por el centro-derecha durante sus años de gobierno.

Pero más allá de ese matiz, la intervención de Robles fue demoledora, porque demoledora era la realidad sobre la que actuaba. Ya podía De Francisco recordar los años del bienio de las derechas o el juego de la pídola; ya podía recordar lo que quisiera, que no con eso lograría desmentir los hechos que toda España conocía bien entonces y estaba sufriendo.

La izquierda gobernante, aquella tarde del 16 de junio, se obstinó en no entender. Tradicionalmente, en España, cuando un gobierno y su partido de apoyo se obstinan en no ver algo, no lo ven aunque les den dinero. Con la misma cenutriez con que Ansar no fue capaz de ver que España no quería ir a Irak ni a poner un puesto de pipas; con la misma cenutriez con que el actual Gobierno se obstinó en seguir diciendo que eran galgos los podencos de la crisis económica, con esa misma cenutriez, digo, el gobierno del Frente Popular, y el propio FP, se obstinaron, la tarde del 16 de junio de 1936, en sostener que:

1. La anarquía no era para tanto.

2. En todo caso, lo poco o mucho de anarquía que pudiera existir era provocada por los fascistas, no ellos ni los de su cuerda.

3. En todo caso del todo caso, si alguna violencia de izquierdas pudiera haber, estaba justificada porque es que el personal estaba muy puteado.

El discurso de De Francisco no ha pasado demasiado a la Historia, y no me extraña porque fue torpe, inconexo, tópico y simplón. En un momento en el que la izquierda debió colocar a su mejor hombre con el objetivo de un acercamiento, en la hora, quizá, de un Besteiro, el Frente Popular prefirió seguir dándole a la matraca de las explicaciones sencillitas y los tópicos partidarios.

Hay un murmullo en la sala, porque José Calvo Sotelo ha pedido la palabra.

La "normalidad" del 36 (12: el día que Prieto se fue de bareta)

El 30 de mayo, o sea de forma contemporánea a los sucesos de Yeste, en otro punto del sur de España se produciría otra muestra clara de la intensa normalidad en que vivía el país. Se trata del mitin socialista en la localidad sevillana de Écija al cual, como siempre ufano y convencido de que el proletariado le amaba, acudió Prieto.

Bueno. La verdad es que no debía de estar tan convencido Prieto de que le amase la gente cuando desde hacía algunas semanas no iba ni a mear fuera de Madrid sin la compañía de efectivos policiales propios. Para valorar la normalidad del 36 comparada con la actual, pues, no hay más que pensar en un Alfredo Pérez Rubalcaba acudiendo a los mitines de la actual campaña electoral escoltado por una guardia escogida de policías nacionales, destinados, entre otras cosas, a protegerle de los propios militantes que iban a los mitines. Tela.

El PSOE llenó la plaza de toros de Écija, ciertamente, aunque desde el primer momento del mitin se comprobó que muchas personas habían ido allí no precisamente para aplaudir las zapateradas del orador de turno. Los campesinos de la zona de Écija eran, en efecto, unos jornaleros border line para el PSOE. Muchos de ellos eran teóricos seguidores de la FTT ugetista, pero eran normalmente tan radicales que, en realidad, coqueteaban con el anarquismo. A algunos, incluso, Bakunin les parecía un revisionista peligroso. En realidad, en el campo andaluz y extremeño se aprecia mucho este fenómeno de radicalismo rural que no se ajusta muy bien a los esquemas ideológicos, y que de hecho viaja de uno a otro con bastante permeabilidad.

Antes que Prieto habló su alter ego político, Ramón González Peña, quien tuvo que interrumpir su discurso por un quítame allá esas pajas. Total, cosa de nada: un miembro del público le estaba apuntando con una pistola. Los de la «motorizada de Prieto» desarmaron al gañán, pero éste fue inmediatamente defendido por otros asistentes. Se montó una mundial tanto en las gradas como en la arena del coso. Comenzaron a volar las botellas. Brillaron las navajas. Sonaron los disparos. Muchos de los objetos que arrojaba la gente iban hacia la tribuna de oradores; dicho de otra forma, todo aquel alborotador que lograba quitarse de encima la presión de las fuerzas del orden, se aplicaba a intentar abrirle la cabeza, at best, a alguno de los oradores. Así las cosas, éstos saltaron la barrera de la plaza por detrás de la tribuna, ganaron el callejón y desde allí, agachaditos y amarraditos como en la canción de María Dolores Pradera, ganaron también la calle. Huyeron Prieto, González Peña y hasta Juan Negrín, que andaba por allí, puesto que estaba pasando por la fase moderada de su vida, una fase en la que aún soportaba estar a menos de quinientos metros de Prieto.

Don Indalecio, quien ya se había destacado bastante por su valentía durante el golpe de Estado revolucionario del 34 (ponerse las cosas feas y salir del país fue todo uno), se metió en su coche y salió del pueblo a toda hostia, sin reparar en quién le seguía (siempre fue un valiente) y no paró hasta Córdoba. Entre los que dejó atrás estaba Salazar, su secretario, que había recibido un hostión en una ceja. El pobre secretario huyó en otro coche, pero en la carretera fue interceptado por un grupo de izquierdistas radicales, quienes le obligaron a volver a Écija y lo secuestraron hasta que ese cuerpo al que Prieto había dedicado tantos dicterios en el Congreso, la guardia civil, lo rescató y hospedó en el edificio del Ayuntamiento.

Inmediatamente, y tras correrse la voz de que una persona de la pandi de Prieto seguía en el pueblo custodiada por la Meretéricar, el personal rodeó la casa consistorial con la intención de asaltarla y mandar a Salazar a tomar café con Lenin. La guardia civil se las arregló para llamar a Sevilla, de donde llegó de madrugada una compañía de guardias de asalto, que logró llevarse al pobre Salazar a Córdoba, lugar donde su quizá preocupadísimo jefe llevaba ya horas reposando las lorzas.

Al día siguiente Claridad, el periódico de Caballero, tiró de una estrategia bastante habitual en la izquierda (y en el franquismo, puesto que los extremos se tocan) basada en contraatacar acusando a las víctimas de lo ocurrido. Según el citado periódico, todo lo que ocurrió, ocurrió porque los oradores, concretamente González Peña, fueron poco cautos y se empeñaron en ser demasiado poco marxistas en sus palabras, además de mostrarse contrarios a la unificación de las organizaciones obreras.

Esto es lo que tuvo que vivir Indalecio Prieto, el hombre que fue al Frente Popular convencido de que podría manipularlos a todos. El 30 de mayo del 36, es de suponer que ya fue dando cuenta de que él, que se había creído alfil, si no reina, era tan sólo un puñetero peón de ese rey sin corona llamado Francisco Largo Caballero.

Para entonces, albores del mes de junio de 1936, nos lo cuenta Ramos Oliveira en sus memorias, se había tomado la costumbre, en las sesiones del Parlamento, de cachear a los diputados a la entrada. Sic.

El primero del mes, la CNT declara la huelga general de la construcción, ésa misma que el 18 de julio seguirá produciéndose. Las Cortes, en esas fechas, debaten una proposición gubernamental para suprimir por completo la enseñanza religiosa. En esa sesión, un diputado de la derecha da el dato de que desde las elecciones se han cerrado ya en España 79 escuelas religiosas. El director general de Enseñanza, Rodolfo Llopis, que será secretario general del fantasmagórico PSOE en el exilio (hoy en realidad extinto, pues el PSOE actual, venir, venir, lo que se dice venir, viene de otra pata), zanja la discusión con una frase lapidaria: «Perseguimos a la enseñanza católica porque prostituye al niño». Una vez más, las derechas abandonan la sala de plenos.

A principios de junio, Luciano Malumbres, director de un periódico socialista santanderino, es amablemente saludado a tiros por unos falangistas que lo dejan con ello sin aliento para siempre. Una mujer dice haber reconocido al autor de los disparos, un joven llamado Amadeo Pico, el cual es visitado por una comisión de agradecidos izquierdistas, quien le recetan exactamente la misma medicina que a Malumbres. Aún otro derechista, Pedro Cea, será asesinado antes de que termine el día.

En Alora, Málaga, donde como en toda la provincia hay huelga en el campo, un piquete informativo realiza sus habituales labores informativas hacia un propietario que está segando su propio trigo; y, ya de paso que le informan, y para aprovechar el viaje, se lo cargan. En Sevilla, disparos azules se llevan por delante al director de la prisión provincial.

La UGT convoca huelga general en Ceuta, lo cual es especialmente jodido, por tratarse de una ciudad compleja de abastecer. Las autoridades decretan que algunos establecimientos abran y coloca guardias civiles en la puerta de cada tienda para garantizar el suministro. El día 6, un piquete informativo informa a tiros a un grupo de guardias civiles. En la primera andanada de disparos resulta herido el número Fausto Caroso Jiménez, que morirá dos días después. Un guardia abre fuego contra los ugetistas y hiere a cinco, de los que dos morirán horas después.

Un muerto más en Daroca, Zaragoza, en un choque entre facciones políticas. Lo mismo en Orense. En Teis, Pontevedra, el muerto es un policía municipal retirado. Dos muertos más en Olmedo, Valladolid, y uno más, patrón de pesca, en la localidad santanderina de Suances. En Badajoz dos falangistas, Luis Cabañas y José Luis Obregón, son asesinados camino de la iglesia.

En Málaga ciudad se convoca la huelga general, que se une a la del campo, donde ya se queman las cosechas y tal. El conflicto comienza en el puerto, donde la CNT declara una huelga de descargadores que impide sacar el pescado de los barcos. La inmensa mayoría de los marineros de Málaga son ugetistas, lo cual provoca un enfrentamiento cainita entre ambos sindicatos. El día 10 un concejal de la ciudad, militante del PSOE y defensor confeso de la postura de la UGT, apellidado Rodríguez González, es acribillado a balazos en la calle. Los ugetistas contestan disparando e hiriendo gravemente al secretario del Sindicato de Alimentación de la CNT local, Miguel Ortiz.

Los ugetistas asaltan el centro regional de la CNT y el Ateneo Racionalista. Como represalia, los anarquistas asesinan al presidente de la Diputación Provincial, Antonio Tomás Reina, del PSOE. Luego los anarquistas intentan asaltar la Casa del Pueblo, pero los ugetistas les están esperando y les reciben a tiros. En los días siguientes, un sindicalista y una niña morirán en los enfrentamientos.

Un personaje tan poco sospechoso de derechismo como Marcelino Domingo, ministro que fue de Agricultura e impulsor de la reforma agraria, escribe por esos días un artículo, en tono premonitorio aún sin pretenderlo, en el que asevera que el caos en el campo español es de tal calibre que muchas personas acaban por «implorar, vista como vista, llámese como se llame, un Poder que, aunque les niegue todos los derechos, le devuelva la paz».

Podemos apostar con seguridad a que lo que Domingo está insinuando aquí es una posibilidad de la que probablemente sabe algo y que, si hemos de creer a testigos como Claudio Sánchez Albornoz, se manejaba en esas semanas en el entorno del azañismo: la posibilidad de implantar una dictadura republicana que sacase el país del marasmo en aras de la libertad y la igualdad; como pronto veremos, es una posibilidad de la que incluso se hablará en el Parlamento, por boca de Gil Robles. Pero, a mi modo de ver, buscara lo que buscase el político republicano, esta frase, acertada como diagnóstico, para lo que sirve, al correr de casi ocho décadas, es para sostener la idea de que quienes se empeñan en ver el golpe de Estado del 36 como una movida salida del exclusivo cacumen de cuatro cresos en defensa de sus privilegios, están comprando una mercancía averiada.

Fuesen quienes fuesen los conspiradores de julio del 36, es obvio, por lo menos para mí, que contaban con la aquiescencia de amplias capas de la población, por ese deseo de orden, ese hartazgo de caos, de que hablaba Domingo desde las columnas del periódico de Prieto. De hecho, si es verdad que Azaña o alguien de su entorno pensaba en una dictadura republicana justificada ante los españoles por mor de su necesidad, debe tenerse en cuenta que ésa y no otra es la llamada con la que sacaron los cañones a la calle no pocos conspiradores, como Cabanellas o, sobre todo, Queipo. Ellos también dijeron que todo lo que hacían lo hacían por salvar la República.

Lo que a mi modo de ver es innegable es la sensación de caos existente en amplias capas de la sociedad española, especialmente las capas burguesas. Piénsese que Domingo viene a representar, de alguna manera, a las más progresistas de estas capas, así pues sus frases tienen la importancia de definir ese malestar y ese miedo entre españoles cuya fe y compromiso republicanos están fuera de toda duda. Y es lógico, puesto que la rueda de la violencia no deja de dar vueltas.

En la provincia de Córdoba hay un pueblo que llama Palenciana y que una vez (ahora mismo, la verdad, lo desconozco) tuvo una calle con el nombre de Manuel Sauce Jiménez.

Sauce era guardia civil en Palenciana aquel mes de junio en el que toda la zona (el pueblo linda con Málaga) había una huelga total en el campo. En el Centro Obrero del pueblo se celebra una reunión de la FAI, para tratar las medidas que hay que tomar ante los probables enfrentamientos que se van a producir. Tres guardias civiles: Venancio Navarro, Pedro Granados y el propio Sauce, patrullan el pueblo. Toman la calle del Centro Obrero donde se celebra la reunión. Van en fila, buscando la sombra. Cuando Sauce, el último, está pasando delante de la puerta del Centro, se abre la puerta, lo agarran, y lo meten dentro. Le dan una mano de hostias y, de postre, con una navaja barbera, le ventilan la glotis con lo que el muchacho, claro, deja de respirar, además de dejarlo todo perdido de sangre. Al día siguiente, los refuerzos de la guardia civil que llegan para pacificar el pueblo y llevarse el cadáver del número degollado, se apiolan a cuatro anarquistas.

La censura funcionó con este suceso. La prensa nada dijo de él. Pero las derechas, pronto lo veremos, la sacarían a pasear en sus discursos parlamentarios.

El día 14, tras un mitin de Largo Caballero en Oviedo, un grupo de asistentes dispara y mata al guardia civil Ramón Roselló Omedes.

La situación está ya agraz para uno de los debates parlamentarios más importantes, y más amargos, de nuestra Historia: el debate del 16 de junio sobre el orden público.

Cuba

En algún otro post de este blog he dejado escrito que el comunismo soviético perdió muchas guerras en el siglo XX, además de la definitiva de la pervivencia, pero ganó, sin ningún lugar a dudas, una: la guerra de la opinión pública. Mientras existieron la URSS y los EEUU, para amplísimas capas sociales del mundo occidental, la primera fueron los buenos y los segundos, como mucho, los menos buenos.

La URSS consiguió, mediante la multiplicación de corifeos y turiferarios, especialmente en el ámbito intelectual, provocar la impresión de que países que no permitían la libre circulación de sus ciudadanos eran adalides de la libertad. En Europa, cuando menos desde la existencia del Muro de Berlín, se supo de sobra que de la URSS no se salía con facilidad; aunque para la polémica y las teorías conspiranoicas varias siempre quedarán casos de extraordinaria permeabilidad fronteriza como el de Lee Harvey Oswald, el asesino by default del presidente John Fitzgerald Kennedy. A pesar de saberse tan bien que el comunismo era un régimen de cosas tan poco convencido de sus propias virtudes que orohibía a sus ciudadanos tomar la decisión de dejar de experimentarlo, durante décadas vivimos creyendo en el mismo como lo que preconizaba de sí mismo, es decir creyendo que era una alternativa democrática al capitalismo liberal. No hay, de hecho, régimen político en la Historia del mundo que haya utilizado más el adjetivo «democrático» que el comunismo. Excusatio non petita...

La estrategia se basó, principalmente, en dos grandes argumentos: en primer lugar, aquéllos que lograban escapar de la URSS o de los regímenes comunistas, mentían. Mentía Víctkor Kravchenko, probablemente el primer disidente soviético de gran fama, quien, llevado por el rencor y la mala hostia, se inventó en su libro, según la teoría, torturas mil que jamás se cometieron en Ucrania. Mentía, por supuesto, Alexandr Solzenitsyn, un gran ficcionador a los ojos de sus críticos progresistas. Cuando las críticas comenzaron a llegar desde personas difícilmente atacables por el lado moral como Andrej Sajarov, el sólido muro de cristal antibalas comenzó a resquebrajarse. Pero el momio duró décadas.

El segundo gran argumento fue: no, si la situación de la URSS no es normal. Yo no lo niego. Pero es que no puede serlo, porque el comunismo es un régimen aislado, sitiado. Sufre embargos comerciales, tecnológicos, de armas, todo eso. Debe adoptar una postura defensiva ante las intenciones claramente belicistas de los Estados Unidos. Si otorgase libertades como la de movimiento, estaría dando alas al enemigo. Un argumento curioso que venía a admitir tácitamente otro de los grandes problemas del sistema comunista: su fracaso total a la hora de construir potencias con capacidad productiva y comercial, unidas casi todas en un club económico a la remanguillé, el Comecon, que desde luego no pudo evitar que las naciones satélite de la URSS acabasen fuertemente endeudadas en divisas (hecho que, en el fondo del fondo del fondo del fondo, explica su colapso final).

Todo este florilegio de argumentos más o menos chorras se fue al guaino en día de 1989 en el que un funcionario de la República Democrática Alemana metió la pata en una rueda de prensa, desencadenando sin pretenderlo la caída del Muro de Berlín. En realidad, el Muro ya había caído en el punto y hora en el que, semanas o meses atrás, las autoridades de los países satélite de la URSS se habían dado cuenta de que esa vez Moscú no enviaría tanques para sofocar rebelión alguna; a lo que hay que unir la que para entonces ya estaba montada en Polonia, con la ayuda inestimable del Beato.

Pero quedó, como en los tebeos, una irreductible aldea gala. O más bien un par. Pero en este post haré con Corea del Norte como Arguiñano: reservarla para otra ocasión.

La irreductible aldea gala es, básicamente, la ciudad de La Habana y sus aledaños. Cuba llevaba ya décadas cuando cayó el Muro viviendo de su imagen occidental de alternativa al imperialismo estadounidense. Se beneficiaba de la simpatía de todos aquéllos que en un partido de Copa animan al Alcorcón, es decir se alían con el más débil. Pequeña y sola, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos como siempre se ha dicho de México, la isla caribeña se obstinaba en ser otra cosa y en velar por el bienestar de los más pobres y necesitados. La imagen personal de Fidel Castro, su líder secular, ayudaba en todo esto, pues es un tipo que siempre ha caído simpático a los occidentales por su capacidad de, siendo tan chiquito, cantarle las cuarenta al gigante Goliat; a lo que hay que unir que la propia política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido torpona cuando no estúpida, trufada de episodios como aquél, que más parece de Mr. Bean, en el que los asesores de Kennedy le propusieron cargarse a Castro envenenando sus zapatos (sic).

En lo que se refiere a España, Cuba se ha beneficiado también históricamente, esto también lo he escrito ya, de eso que llamamos el trauma del franquismo. Tras casi cuarenta años de dictadura, los españoles antifranquistas se acostumbraron a odiar todo lo que a Franco le gustaba (por ejemplo, los pantanos) y a amar todo aquello que a Franco le repugnaba (por ejemplo, el comunismo, o sea Cuba). Aún hoy, muchos españoles tienen, respecto de muchos asuntos políticos, una actitud muy parecida a la del adolescente que niega por definición los postulados del carca de su padre.

Pero Cuba, nos pongamos decubito supino o decubito prono, es una dictadura. Un régimen totalitario, con tintes fascistas; sin ir más lejos, su lema preferido, Socialismo o muerte, tiene un saborcillo a Unidad de Destino en lo Universal que tira p'a tras. Y es algo peor que eso, porque en los últimos tiempos, desde que su caudillo enfermó no sabemos muy bien de qué (en Cuba, por no haber, parece que no hay ni partes del equipo médico habitual), ha dejado claro que es un país cuyo Partido Único en el poder carece de cuadros comprometidos con la evolución final del régimen. No por muy sabido es baladí recordar que la existencia de estas masas de políticos azules fue crítica en la construcción de la Transición española. Sin ellos, la llegada de la democracia a España se habría tenido que leer en términos de enfrentamiento. La Transición política española se basa en el gesto por el que unas Cortes formadas por representates del Estado totalitario se suicidan aprobando la llamada Ley de Reforma Política.

Sin la existencia de una élite, llamémosle reformista (en realidad, la palabra es rupturista, pero no se puede decir porque el potaje hay que cocinarlo a fuego lento), la transición de una dictadura a una democracia sólo tiene dos caminos: la violencia (véase Siria), o la espera (RDA, Hungría, Rumania...); la espera a que la situación económica se deteriore de tal manera que para el régimen resulte insostenible.

Sin reformismo, pues, el horizonte ofrece sangre o hambre. En Cuba, en Madagascar y en Ganímedes.

En el día de ayer hemos sabido, por la propia interesada, que una de las blogueras más conocidas de entre los escritores críticos con el castrismo, Yoani Sánchez, ha conocido la decisión del Estado cubano de no dejarla salir del país. Estaba invitada a la presentación de un libro y a actuar como jurado en unos premios. Es de suponer que la discusión en torno a este asunto se va a alambicar. Se dirá que es que la persona implicada es tal o cual, que si responde a tales o cuales intereses, que si está financiada por tal y cual. Yo, la verdad, lo desconozco. Tampoco me importa demasiado. Me limito a partir de la base de que, en los países serios, las personas que tienen limitados sus movimientos han matado o violado a alguien, o cosas así. El resto, los financien los mormones de Salt Lake City o un millonario de Orense, defiendan el capitalismo proverista o el conductismo de salón, deben ser libres de ir donde quieran. Y punto final.

Se preguntaba Yoani en Twitter a quién puede acudir. Cita, por este orden: al Papa, a Trinidad Jiménez, al rey Juan Carlos, a James Carter, a Hugo Chávez y a Dios. Curioso orden de prelaciones. La verdad, ninguno de ellos puede hacer algo por ella, con la única excepción de Chávez, que no querrá; y, para algunos de mis lectores, de Dios. Nuestro monarca, por ejemplo, poco más podría hacer que salir en la tele diciendo: «¿Por qué no te marchas?»

Pero cito la lista porque tiene importancia para nosotros, los españoles. Los nombres que se le vienen a la cabeza a la bloguera denotan que nosotros estamos en primera línea de fuego diplomática de esta historia. Es algo obvio, teniendo en cuenta que estamos recibiendo disidentes recientemente liberados de sus cautiverios.

Verdaderamente, no soy muy optimista respecto de las posibilidades reales de influencia. La diplomacia es terreno un tanto suciete, como sabe bien el presidente Zapatero, quien seguro que cuando tenía 20 años y era (más) idealista, jamás pensó que un día se vería en un mitin, enfrentado a unos activistas prosaharauis, defendiendo la voluntad de diálogo de Marruecos sobre el tema. Pero por donde sí podemos empezar es por contar las cosas como son. Contar lo que pasa de verdad, y no lo que nos gustaría que estuviese pasando. Que España adoptase una posición, digamos, democráticamente beligerante en favor del fin del régimen dictatorial cubano sería de gran importancia en el ámbito internacional. Que España se dejase de milongas sería interesante. Lejos de ello, los mismos políticos que hace cuarenta años iban a Bruselas a exigir que la CEE no permitiese la entrada de la dictatorial España, o sus herederos directos, viajan hoy a la misma ciudad para tratar de convencer a la UE de que tenga un trato especial hacia Cuba. Ya lo escribió Góngora: ande yo caliente, y ríase la gente.

Olof Palme era primer ministro sueco cuando salió a la calle para participar en una cuestación a favor de los demócratas españoles. Yves Montand vino a España y trató de dar una rueda de prensa en la misma plaza de España, en el epicentro del franquismo, para reclamar un régimen de libertades. Diputados británicos de diversas tendencias, asambleístas franceses, ministros belgas, políticos alemanes, gentes a paletadas dejaron clara, durante los años sesenta y sobre todo setenta, su llamada inequívoca al franquismo a disolverse. ¿Qué habría pasado si ninguno de aquellos tipos hubiese movido un dedo por nosotros? ¿Qué pensaríamos hoy de John Kennedy si hubiese venido a Madrid a declamar Ich bin ein franquista? ¿Cuál sería nuestro juicio si Willy Brandt y la socialdemocracia alemana hubiesen pateado los foros internacionales susurrando «coño, Franco es un dictador, pero es que...»?

Solemos decir en España que es repugnante cómo algunos o muchos de nosotros tratamos a los inmigrantes, cuando hemos sido un pueblo emigrante que ha tenido que soportar los exabruptos de nuestros anfitriones durante décadas. La misma repugnancia me surge a mí cuando veo a tanto ciborg con sistema operativo DemocratadeTodalaVida.exe sacando de la cartera su personal florilegio de sí, pero, para hablar de Cuba. Si los demócratas de Europa y del mundo entero hubiesen tenido los mismos remilgos con Franco cuando él o ella tenían veinte años, lo mismo hoy estábamos celebrando los 72 Años de Paz y de Mocos.

De Cuba la gente no puede salir. No hay si, pero que valga. Nunca lo ha habido.

La "normalidad" del 36 (11: Yeste)

Como aficionadillo que soy a las cosas de la II República y la Guerra Civil, siempre me ha llamado la atención lo poco que se sabe, por lo general, de los sucesos ocurridos en Yeste en la segunda mitad del mes de mayo de 1936. Tengo por mí que la evidente intención del gobierno de entonces de minimizar las consecuencias de estos hechos ha llegado, por vía de la literatura sobre la época, hasta las mesas de muchos investigadores y lectores de hoy en día. Yeste, sin embargo, debería figurar en el imaginario republicano, no tanto por las víctimas causadas (como Casas Viejas, a pesar de que en Yeste hubo una cantidad parecida) sino por el hondo significado que tiene de enfrentamiento frontal de los movimientos izquierdistas rurales con el poder constituido y su expresión en el campo: la guardia civil.

Vayamos por partes.

En una aldea albaceteña llamada La Graya, los habitantes han realizado una movilización bastante común en aquellos tiempos, consistente en que los jornaleros trabajaban el campo sin orden de nadie y luego reclamaban al propietario los correspondientes jornales. La Graya es una zona muy problemática porque algunos meses antes, la construcción del pantano de Fuensanta ha anegado enormes extensiones de pinar, dejando a unas 1.000 familias sin sustento, puesto que vivían de desbrozar los pinares y utilizar el río para transportar la madera, cosa que ahora ya no es posible al mismo coste.

Al llegar el gobierno del Frente Popular, y puesto que el gobierno de derechas había pasado olímpicamente de este problema, se intentó salvar la situación creando una Comisión Gestora que estudiase el problema y decretando la tala de un monte comunal llamado Dehesa de Tus. Luego, los jornaleros roturaron otro monte comunal, la Solana del río Segura. Pero, terminados estos dos trabajos, decidieron seguir en terrenos cuya propiedad comunal ya no estaba tan clara; o, más bien, estaba bastante claro que no lo era. Los hermanos Edmundo y Antonio Alfaro, arrendatarios de los montes afectados, denunciaron los hechos ante las autoridades.

En esta situación, los jornaleros seguían talando pinos, motivo por el cual fueron enviados a la localidad y cabo de la guardia civil y seis números, con órdenes de impedir la acción.

Los campesinos, tras la llegada de los de verde y en asamblea, deciden continuar la roturación del monte. El cabo, entonces, prescinde de uno de los guardias y lo envía a Yeste para pedir refuerzos. A la salida del pueblo, el emisario es interceptado e inmovilizado por los jornaleros, cosa que llega a oídos del cabo.

La noticia, además, llega a Yeste, donde el brigada jefe del cuartelillo, Félix Velando Gómez, habla con el alcalde y decide subir con él a La Graya, la noche del 27 de mayo. El alcalde, siguiendo lo pactado con el guardia civil, se presenta en el pueblo, habla a los campesinos y les insta a no cortar pinos hasta que no llegue la autorización pertinente. Pero, tras haber dicho eso, levanta el puño, y declama:

-¡Salud, camaradas! Ya sabéis lo que tenéis que hacer.

Los guardias civiles se toman este final como una señal de que hay gato encerrado; de que el alcalde sabe algo que no les ha contado. Así pues, al caer la noche llegan a La Graya un sargento y once guardias más.

En la noche, cuando el brigada y el alcalde ya se han ido, la multitud rodea amenazante la casa donde han sido alojados los guardias. El cabo (el sargento aún no había llegado) ordena una salida con disparos al aire, que basta para dispersar a los manifestantes. Seis dirigentes campesinos son arrestados y llevados al misma casa donde están los guardias.

El 28 no pasó nada aunque, como se supo después, fue así porque el día se consumió en elaborar estrategias para liberar a los detenidos, así como para avisar a los trabajadores del pantano y de la carretera de Echetraspilla para que se uniesen a la movida. Así, el 29, de amanecida, unos 2.000 campesinos habían tomado el camino de La Graya a Yeste. Sabían que la guardia civil quería trasladar a los seis detenidos a Yeste ese día. Aún sabiendo ya que eran esperados, los guardias civiles deciden llevar adelante sus planes pero, eso sí, deciden hacerlo con el concurso de toda la fuerza, en ese momento 17 hombres. En La Graya, por lo tanto, no dejan a nadie.

En Yeste los mandos, conocedores de lo apretado de la situación, buscan soluciones. El comandante del puesto, o sea el brigada, decide entrevistarse con el presidente de la Comisión Gestora nombrada por el gobierno del Frente Popular para buscar una solución al problema de los pinos. Dicho presidente pone como condición ineludible para hacer cualquier gestión que se libere a los detenidos. Al brigada no le gusta la solución, pero acabará cediendo: los detenidos quedarán libres, pero con la obligación de comparecer y declarar en el Ayuntamiento en las 24 horas siguientes, tras de lo cual será el juez quien decida sobre su suerte. El brigada, dos guardias y un teniente de alcalde de Yeste parten hacia La Graya, al encuentro de la fuerza que traslada a los presos, para comunicarles la decisión.

A dos kilómetros de encontrarse ambas fuerzas, los que vienen de Yeste se encuentran con una multitud vociferante, distribuida por las colinas al lado del camino, y que levanta los puños, clama consignas y amenaza con sus hoces, sus tridentes y sus ganchos pineros. El sargento al mando, que como buen militar sabe que desde una posición en altura es más fácil defenderse, ordena tomar un monte cercano para poder atrincherarse allí. En ese momento tan tenso llega el brigada Velando, abriéndose camino entre la multitud de jornaleros, anunciando la libertad de los presos. Sube al monte y le comunica la orden al sargento.

Es, sin embargo, demasiado tarde. Una masa de campesinos, azuzada por diversos gritos y consignas, carga contra los veinte guardias civiles que en ese momento se encuentran en lo alto del monte. En esa primera embestida, un guardia, Pedro Domingo Requena, resulta muerto, y nueve más heridos. Al guardia muerto le han clavado un gancho pinero en la cabeza. La multitud toma el monte, arrebata la armas de alguno de los guardias y comienza a disparar. Los guardias también lo hacen. Es una escena anárquica en la que no hay bandos enfrentándose, sino un mero caos de violencia.

Tres guardias, que aún tienen sus armas, logran crear una línea, desde la que disparan a la multitud, que está a unos metros tan sólo. Al brigada Velando, que está herido en la cabeza, se lo lleva su hijo, que se ha vestido de campesino y se ha confundido con la multitud, esperando que ocurriese algo parecido a lo finalmente ocurrido.

Los tres guardias, disparando continuada y disciplinadamente, consiguen generar una desbandada general en los campesinos, a pesar de que ahora éstos tienen las armas de bastantes de los guardias.

Llevando al guardia muerto y a los heridos, la fuerza se desplaza a Yeste. Durante la refriega ya producida, y las que habrá durante el camino, acaban con la vida de 17 campesinos.

El brigada Velando, por cierto, fue procesado nada más salir del hospital y, durante la guerra, fue encarcelado en un barco-prisión de la República donde, al parecer, estuvo a punto de ser asesinado dos veces. Pero, finalmente, logró pasarse al bando nacional.

Como digo, ya el 4 de junio, cuando se produjo una reunión de las fuerzas del Frente Popular, a la vuelta de Yeste de los diputados José Prats (socialista) y Antonio Mije (comunista), se decidió no hablar demasiado del conflicto. El día 5 fue el debate parlamentario, durante el cual Mije tomó la palabra para elaborar el curioso arabesco conceptual de que: 1) la guardia civil había ejercido una represión excesiva; b) El gobierno no era culpable de ello; 3) Ello era así porque la guardia civil obedecía órdenes de los hermanos Alfaro, los arrendatarios. Cuando no se quiere ver, verdaderamente, no se ve.

En mi opinión, los sucesos de Yeste han sido extrañamente preteridos de tantos y tantos análisis de la II República. Ciertamente, Yeste no puede compararse con Casas Viejas. En Casas Viejas se produce el simple y puro asesinato de unos activistas que ya están desarmados y controlados, más el de otros que aún no lo están, pero que eran de poco peligro por encontrarse sitiados. En Yeste, la guardia civil operó en gran medida en defensa propia. Pero hay varios elementos a considerar.

En primer lugar, Yeste es la mejor expresión del estado de situación en el que se encuentra el campo español en la primavera del 36. No es baladí el dato de que, lejos de ser un conflicto producido en Andalucía o Extremadura, se dé en Albacete, reflejando una situación que pudo estar en algún momento de la Repúbllica focalizada en el sur de España, pero para entonces estaba ya por todas partes. La situación de unos campesinos que ya saben, a esas alturas de la película, que lo que se les había prometido no llegará, y por lo tanto no sienten la necesidad de refrenar a los más radicales de entre ellos, que son muchos.

En segundo lugar, Yeste se parece a Casas Viejas en la actitud de pío, pío, que yo no he sido adoptada por el Gobierno. El Ejecutivo se mueve constantemente, durante todo el 36, en un peligroso penduleo entre la comprensión, cuando no alimento, de los conflictos de izquierdas, y el necesario, exigible, ejercicio de la fuerza para garantizar el orden público. La teoría de Mije de que la guardia civil mató a 17 personas siguiendo las órdenes de los arrendatarios de los montes que estaban siendo desbrozados sólo se la creen él y los guionistas de la serie La República de TVE. La actitud de la guardia civil tuvo mucho más que ver con cumplir la legalidad (el desbrozamiento de montes de gestión privada era ilegal) y el orden público que con facilitarle a nadie sus intereses capitalistas. El gobierno hizo lo que tenía, lo que siempre tiene que hacer. Si una partida de veinte guardias civiles con seis detenidos se encuenta a dos mil pollos en un camino que se los quieren llevar por delante y, además, no tiene la capacidad que tendría hoy de pedir refuerzos, lo único que le queda es tomar la colina y defenderse. Gobiernen, que diría Unamuno, los hunos o los hotros.

Las peripatéticas teorías de aquel gobierno azañocasarista, de nefastas consecuencias para la Historia de España, le iban valiendo para los conflictos urbanos. En las ciudades medianas y grandes, en efecto, tenía a Falange practicando el terrorismo para justificar los desmanes de los fascistas de izquierda. En el campo, sin embargo, esa teoría no le valía. En el campo no había camisas azules; había yugos, sí; pero para los bueyes, no para los cabestros. En el campo, la única contrafuerza que tenían los anarquistas y ugetistas de la hoz era la guardia civil. Una de las primeras cosas que entendieron los gobiernos socialistas de 1982 en adelante es que no podían tratar a la guardia civil como si fuese una excrecencia que les sobrase en su esquema democrático; que, consecuentemente, un gobierno que se precie de serlo y que quiera un mínimo orden en las zonas rurales tiene que contar con la guardia civil como algo suyo. En este punto, Felipe González aprendió del pasado, del mal pasado del 36, que puede incluso que le contase el entonces senador José Prats, que algo tuvo que ver en la gestión de la crisis yestera.

Porque esta inteligencia que tuvo González en 1982 le faltó al gobierno azañocasarista medio siglo antes. Si el personal se encabrona durante tres semanas (si no años) por una mierda penalty que no les pita el árbitro en una mierda de final, imagínese el lector cómo se sentiría un guardia civil que, después de haber salido vivo de milagro de una batalla campal contra centenares de enemigos, van y le dicen que es que la culpa es de él que «se excedió en la represión». Te dan un pito y un tambor para que toques Las cuatro estaciones de Vivaldi, y luego encima te dicen que desafinas y que la St Martin in the Fields suena mucho mejor.

El problema, como digo, es que si el gobierno quería mostrarse comprensivo con sus hermanos anarquistas y marxistas rurales, no le quedaba otra que tomarla, en mayor o menor medida, con la guardia civil. Eso, además de colocar al instituto armado en la posición de hacer lo que acabaría haciendo (unirse mayoritariamente al golpe de Estado) supuso algo, a mi parecer, aún más grave aún, que es lanzar la idea, constante en el actuar del ejecutivo desde las elecciones de febrero, de que Madrid no estaba dispuesto a batirse el cobre por el orden público.

Muchos politólogos sostienen la idea de que la elección básica del ciudadano es entre orden y caos; apostar por lo primero suele ser enormemente rentable en términos de votos, porque la gente, mayoritariamente, lo que quiere es vivir tranquila. La apuesta de los gobiernos del 36, y muy especialmente del de Casares, fue radicalmente en contra de esa elección básica; conscientes de lo costoso que les podía ser eso, trataron de que Yeste pasara sin pena ni gloria por las conversaciones de los hogares y las tabernas de España.

Ya tiene delito que en el país que gobiernas la gente se mate y queme iglesias sin que hagas gran cosa. Pero siempre te queda el eufemismo famoso de las «acciones aisladas». Sin embargo, cuando lo que pasa es que una pedanía en pleno se declara en rebeldía y ataca a las fuerzas del orden con la intención de clavarle ganchos pineros en la cabeza, ni aisladas ni leches. Un gobierno con los pies en el suelo habría ido al Parlamento a decir bien alto que el que es atacado tiene la soberanía y el derecho de defenderse, máxime si es el ostentador del monopolio legal de la violencia. Y punto. Ni Flick, ni Flock. Algo así, sin embargo, habría recabado los aplausos de las derechas, y eso es algo que Casares ni podía ni, sobre todo, quería permitirse. Así pues, no lo hizo. Y, no haciéndolo, le enseñó a las clases medias de corte más conservador, amplísimas en la sociedad española de entonces, que, por mil veces que entrasen en el área, aunque por mil veces el portero contrario les pegase un tiro en la pierna, jamás se pitaría penalty a su favor.

Ahí reside la herencia, tan triste como repugnante, de los sucesos de Yeste.

La "normalidad" del 36 (10: Más vueltas de tuerca)

Las últimas semanas previas al golpe de Estado del 36 estuvieron fuertemente caracterizadas por el debate parlamentario. En sesiones broncas y, en casos, no exentas de cierta altura retórica, el conflicto entre las dos españas, larvado durante años y aflorado de forma violenta en los meses anteriores, se grabó a fuego en las actas del pleno del Congreso. Como decíamos en el post anterior, esto comenzó ya durante el debate programático del gobierno Casares, y comenzó cuando tomó la palabra José María Gil Robles, para elaborar un discurso durísimo, trufado de acusaciones muy graves. Dijo Gil Robles, por ejemplo, que la justificación de la violencia existente en las calles era el hecho de que la propia Administración había perdido el respeto a la ley. Y añadió, en una frase casi profética, refiriéndose a las tendencias contrarias a las izquierdas: «Si el poder público se inclina sólo al lado del rencor y de la venganza, tened la seguridad de que ese movimiento crecerá, mañana será más concreto y encontrará el hombre, la organización, el móvil sentimental que lo impulse, y entonces será difícil que se contenga con la política represiva del Gobierno». Habla, en esta frase, el político de la oposición; y habla también el lider partidario que, ya en esos momentos, está viendo cómo correligionarios suyos, especialmente jóvenes japistas, se pasan a Falange en filas de a siete; porque no está pensando Gil Robles en Franco, ni siquiera en Sanjurjo; en mi opinión, «ese hombre», en ese momento, es José Antonio. «Si no existe justicia», remacha, «ese movimiento crecerá y llevará a España una situación de guerra civil».

Con todo, José Calvo Sotelo, político con muchas más conchas parlamentarias que Robles y además más radicalidad, sería quien pusiera la temperatura del hemiciclo por encima del punto de ebullición. A Calvo Sotelo, de hecho, le encantaba provocar, y lo que dijo lo dijo, con seguridad, con toda la intención. Quiso, ni más ni menos, que mentar la bicha en casa de los cazadores de bichas.

El discurso de Calvo Sotelo se centró en la situación económica, y muy especialmente en el decreto del Gobierno que había establecido la obligatoriedad de que todos los represaliados por la revolución de octubre fueran readmitidos (esta medida provocó, en algún caso especialmente sangrante, que la viuda tuviese que reemplear al pollo que se había cargado a su marido), así como el rosario de huelgas que se vivía entonces. A partir de esos datos, acusó a las izquierdas de trabajar contra la economía.

Para sorpresa de no pocos, pasó Calvo Sotelo, de seguido, a comentar una frase de Casares, el cual durante su discurso se había declarado beligerante contra el fascismo. Sin embargo, dijo el diputado conservador, el fascismo tenía, siempre según él, una teoría económica muy equilibrada, que corregía los excesos tanto del marxismo como del capitalismo. Y añadió: «Me interesa dejar constancia de esta evidente conformidad mía con el fascismo en el aspecto económico; y en cuanto pudiera decir en el político, me callo».

Un diputado socialista, Bruno Alonso, que acabaría siendo comisario de la flota republicana durante la guerra y participando en el nunca del todo claro episodio de su huida de Cartagena, le reprochó a Calvo Sotelo que hiciese profesión pública de fascismo. Calvo Sotelo le contestó que a él no le callaba nadie y dirigiéndose a Alonso para apelarlo de «pequeñez» y «pigmeo». Alonso contestó: «¡Soy tanto como su Señoría, aquí y en la calle!». Luego siguió invitándole a salir a la calle y llamándolo chulo.

Tras un violentísimo altercado, Sotelo continuó con su intervención, ahora dedicándose a describir el clima de violencia y anarquía vivido en el país, que calificó de «cantonalismo asiático». En su exposición, recordó, además, diversos ejemplos de sectarismo por parte de la Administración. En medio de una sonora bronca, gritaba: «¡Trescientas iglesias se han quemado hasta el momento, y se cuentan con los dedos de una mano los que han sido responsabilizados de estos hechos!» En esto no le faltaba razón al político gallego, la verdad.

Muy caliente por el debate, Calvo Sotelo se volvió hacia Casares y dio una vuelta más de tuerca. Se preguntó, en voz alta, por qué el nuevo Gobierno había prescindido de un militar (el general Masquelet) para dirigir el Ministerio de la Guerra, al frente del cual se había colocado el propio Casares. Después de insinuar, por lo tanto, que el Frente Popular podría estar preparando algún tipo de golpe de Estado desde arriba, apretó aún más el tornillo con una clara llamada a la insurrección militar: «el deber militar consiste en servir legalmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la Patria, y en reaccionar fusiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria». Finalmente, Calvo Sotelo le preguntó a Casares, en voz alta: «¿Para qué va su Señoría al Ministerio de la Guerra: para actuar como cirujano en el seno del Ejército o para actuar como cirujano con el Ejército en el seno de la sociedad?»

Sus palabras no generaron precisamente aplausos.

En todo caso, mayo del 36, a pesar del cambio de gobierno, no supone cambio alguno en las costumbres que se van imponiendo. El día 2, durante un desfile conmemoriativo del Día de la Independencia, unos falangistas dan vivas al Ejército y se produce un tiroteo. A uno de los participantes retenido por la policía se le ocupa, como se quejará Casares en el Parlamento, y con toda la razón, una pistola con su cargador puesto, más otro cargador con doce balas más y dieciocho más distribuidas por los bolsillos. Aquel tipo, verdaderamente, no había salido a la calle de cañas.

En Valladolid, los falangistas arrojan en el mismo día siete bombas a diferentes locales de izquierdas. En Pereira, Orense, los izquierdistas asesinan al ganadero Manuel Mira. En Torredonjimeno, Jaén, el asesinado, a navajazos, es un concejal cedista llamado Francisco Ureña. Otro concejal de la misma filiación es asesinado en Barruelo, Palencia. En Ceutí, Murcia, un tercer concejal muere a manos del presidente de la Casa del Pueblo. En Alfambra, Teruel, los guardias municipales matan a tiros a un maestro. En Bola, Orense, es asesinado un empresario, y otro en Puzol, Valencia. En Pontevedra abaten a un derechista a tiros, y en Zamora a un falangista. En La Ventosa, Cuenca, durante una tangana mundial, hay dos muertos y la punta de heridos. José Francisco Marcano Igartua, falangista santanderino, muere tiroteado en Buelna. En Cevico de la Torre, Palencia, un grupo de mujeres izquierdistas remata a navajazos a un derechista. En Los Pedroches, Córdoba, una joven que trata de impedir el incendio de la iglesia muere en el intento.

En Calzada de Calatrava, León, un falangista se defiende de los ataques de unos izquierdistas, pero al final es herido de un disparo y cae al suelo, momento tras el cual es rematado a palos y pedradas. Otro falangista, José Fierro, es asesinado en Carrión de los Condes, Palencia. Otro, José Olivarrieta Ortega, es asesinado en Santander. Falange responde ipso facto llevándose por delante a dos militantes izquierdistas que estaban en la puerta de un bar. Un tal Ramos, comunista, es asesinado en Zamora. Durante el entierro se arrojan varios cócteles molotov a la comitiva, que reacciona cargándose a un militante católico llamado Martín Álvarez e hiriendo gravemente al cura local Miguel Pascual y a un guardia civil retirado llamado Miguel Martínez.

En Torrecilla de la Orden, Valladolid, grupos de izquierdistas se autoconstituyeron en autoridad y registraron domicilios de derechistas (donde, por cierto, encontraron armas). Al día siguiente, se presentaron en el pueblo el juez de Nava del Rey y un teniente de la guardia civil llamado Jesús Gutiérrez Carpio, que detuvieron a los piquetes. Durante el traslado de los detenidos a Nava del Rey, en Castrejón, otros marxistas le prepararon una celada al convoy, produciéndose un tiroteo en el que resultó muerto un célebre izquierdista de la zona conocido como El Peterete. Como represalia, en Torrecilla se montó la mundial, de forma que hubo que desplazar a un coronel de la guardia civil con abundante fuerza para restablecer el orden.

En Ronda, durante una huelga general (una más), los manifestantes tratan de desarmar a dos guardias civiles los cuales, en el acto de explicarles que eso está feo, se cargan a dos de ellos. En Puebla de don Fabrique, Granada, las turbas intentan asaltar el cuartelillo de la guardia civil; a pesar de que no lo consiguen, se llevan por delante al guardia José Leonés Ortega. Algo parecido ocurre en Barbastro, Huesca, aunque con el resultado contrario. Allí, es un cabo de la guardia civil el que mata a un izquierdista llamado Marcelino Espiña.

En Peñarroya, Córdoba, se produce un incidente que tuvo hondísimas consecuencias en el Parlamento e, incluso, fuera de España. El conflicto en las minas locales no se resuelve y, finalmente, los dueños anuncian que las van a tener que cerrar. La reacción de los sindicalistas es encerrar en el interior de la mina a cinco ingenieros. Dos de ellos son franceses, de ahí el impacto internacional que tuvo la movida.

En la noche del 7 al 8 de mayo, Carlos Faraudo, capitán de ingenieros e instructor de las que acabarán por llamarse Juventudes Socialistas Unificadas, pasea por la calle Alcántara cuando es tiroteado desde un coche por unos desconocidos, se dijo que falangistas pero no se pudo probar, que acaban con su vida. El entierro de Faraudo, a pesar de que nadie lo tirotea, se convierte en un hecho de la mayor repercusión y una muestra de fuerza de las izquierdas que, por boca del peripatético coronel Julio Mangada, prometen devolver ojo por ojo.

Los ánimos de aquel mes ya están especialmente enconados contra el Ejército. El 15 de mayo, un oficial que pasea por Alcalá de Henares ve a dos muchachos maltratando a unos ñiños, y les afea la conducta. Los chavales se le enfrentan y, en poco tiempo, algunos adultos se suman al grupo, apelando al militar de fascista. A pesar de la llegada de un compañero, el capitán Rubio, contener a la masa se va haciendo cada vez más difícil. Finalmente, ambos militares salen por patas y Rubio es perseguido a pedradas hasta su casa, donde se refugia. Entonces los perseguidores queman con gasolina la puerta de la casa y el capitán debe escabullirse por la puerta de atrás con su mujer y sus tres hijos pequeños (a los que el tierno pueblo alcalaíno quería freír en sus alcobas). Ese mismo día un grupo de militares llega en autobús a la ciudad, siendo también rodeados por la masa, lo que les obliga a abrirse paso a tiros hasta su cuartel. Finalmente, el orden llegará de la mano de fuerzas de asalto enviadas desde Madrid que, de todas formas, fueron recibidas a pedradas.

En la Casa del Pueblo se celebra una reunión en la que se acuerda exigir al gobierno el trasado de los dos regimietnos con sede en Alcalá. El ejecutivo Casares obedece con prontitud, comunicando a las autoridades militares que tienen 48 horas para trasladar el regimiento de Villarrobledo a Palencia, y el de Calatrava a Salamanca.

El general Alcázar, gobernador militar, encuentra resistencias en la oficialidad, que considera que hace falta más tiempo para los traslados. El gobierno, enterado, envía a un general más a Alcalá, el general Peña, que detiene a la mayoría de estos oficiales.Eñ 24 de mayo se celebra un consejo de guerra con fuertes penas para los encausados (al coronel Gete, jefe de uno de los regimientos, llegaron a pedirle la pena de muerte).

Parece la leche,¿eh? Pues, como diría Superratón, aún hay más. Aún nos queda, cuando menos, un paseíto por Yeste.

Que los cierren, o los vendan

Que los cierren. O que los vendan. Es lo mejor.

Los medios de comunicación de titularidad pública son un invento del siglo XX lo cual, en el caso de España, viene a significar, como ocurre con casi todo lo surgido en dicho siglo, que son un invento de Franco. Antes del franquismo, en efecto, no existían medios públicos. Los juramentados por el final de la guerra civil que, nucleados por el coronel Casado, se dirigieron a los ciudadanos de Madrid para comunicarles que habían dado un golpe de Estado, necesitaron para ello los micrófonos de una radio privada: Unión Radio, la creación de una de las primeras familias de empresarios en medios de España, los Urgoiti. En lo que se refiere al papel, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, tirios y troyanos se veían obligados a fundar sus propios medios de comunicación en apoyo de sus ideas y carismas, razón por la cual la vida de los periódicos españoles de la época tendía a ser más corta. El Estado, y el gobierno, hablaban a través de la Gaceta y, por supuesto, de los medios que les eran afines (y que podían dejar de serlo).

Franco inventó la Televisión Española en un momento en el que si no la montaba el Estado no la montaba nadie, porque no era negocio. También inventó la Radio Nacional de España, que durante muchos años, para que nadie se viniese a engaño, tenía una sintonía que era claramente una retreta militar, y además ostentaba el monopolio de los informativos radiofónicos de ámbito nacional. Además, creó toda una red de periódicos del Movimiento que garantizaba la llegada de la voz del régimen a cualquier rincón del país. Además del Movimiento en sí, el partido único tenía sus publicaciones, así como el sindicato único. Todo ello público de toda publicidad.

De Franco he aprendido, pues, que quien tiene medios públicos es por razones dos: la primera, porque tiene miedo de que le critiquen; la segunda, porque quiere salir en los papeles y en las pantallas cuando lo considere necesario. Es obvio que nadie en el Prado del Rey de, digamos, 1969, se planteaba si las audiencias de El Pardo del día eran informativamente relevantes o no; simplemente, en la televisión pública, uno cuenta a quién le ha dado Franco la mano esa mañana, aunque ese alquien sea la Asociación de Ojeadores del Somormujo del Alto Aragón.

A pesar de ser la tele, la radio y la prensa públicas un invento franquista, su desmontaje sólo afectó a la tercera pata de la banqueta. Las dos primeras permanecieron, como reza la retórica de quien las inventó, impasible el ademán. Y no sólo eso, sino que los medios públicos han acabado por ganar, en la España presente, tantos o más partidarios que los que tenían en tiempos de Franco.

Hay un argumento bastante manido: eso del «servicio público». A mí me recuerda bastante a esa otra frase tan famosa de «Madrid está de puta madre porque tiene una extensa oferta cultural»; sintagma habitualmente pronunciado por gente que jamás va al teatro, cree que el ballet es un plato de la cocina francesa y cuando pasa delante de una sala de exposiciones cambia de acera.

Respecto del pretendido servicio público de los medios ídem hay dos realidades. Una, la mayor parte de la gente no hace uso del citado servicio público. Dos, la inmensa mayoría de los minutos de los medios públicos, además, no son servicio público. ¿Es servicio público la serie Gran Reserva, u Operación Triunfo, o aquel hito en la Historia de España que se llamó Cristal e inauguró la era de los culebrones?

Aunque, bien pensado, el servicio público existe. Ha existido siempre. Empezó con Crónicas de un pueblo, una serie muy divertida que se rodaba en la villa de Santorcaz en la que, entreverados entre las vivencias típicas de este tipo de comedias (la farmacéutica que se enamora del maestro, las ocurrencias de Braulio el cartero, y tal) se colaban unos simpáticos monólogos del alcalde (interpretado, si no recuerdo mal, por un comisario de policía en la vida real) en los que se nos explicaban las enormes virtudes del Fuero de los Españoles, que en los tiempos de Franco hacía las veces de Constitución d'aquela maneira.

Cuando llegó la democracia tuvimos a Curro Jiménez, un Robin Hood cañí que, conforme a la UCD se le pusieron amargas, fue ganando en calidad metafísica y se fue, nunca mejor dicho, centrando. Y así podíamos seguir contando flores hasta llegar a los tiempos presentes, en los que nos ponen en la pantalla a una republicana partidaria del voto femenino confesando que está orgullosa de militar en el PSOE... Si es que la vida está repleta de casualidades. Y casi todas ocurren en los medios públicos.

Enfrentemos las cosas. Con la llegada de la democracia, muchos creímos o creyeron que eso mismo, la democracia, era una categoría en sí misma y que, por lo tanto, igual que todo lo que se hizo bajo la dictadura era inadecuado, parcial y manipulador, todo lo que naciese bajo la democracia sería pertinente, imparcial y leal. No fue cierto, sin embargo. Yo no sé, honradamente, si lo que funciona en el medio público es la llamadita del político de turno («Mañana inauguraré una fuente pública en Almogoncillos de las tres Gónadas; ¿por qué no mandáis una unidad móvil del informativo de las tres?») o, directamente, que el periodista sabe perfectamente lo que se espera de él o ha sido, incluso, seleccionado por tener las neuronas en la situación adecuada como para entender que la fuente pública de Almogoncillo es un paso más hacia el Nuevo Amanecer, la Unidad del Destino en lo Universal, el Estado Social de Derecho, la Igualdad de los Españoles o cualesquiera otros grandes objetivos de filosofía política y, en consecuencia, merece un sitio bajo el sol del informativo de las tres, sí o sí. Lo importante es el resultado: el resultado es que hemos tenido, durante estos últimos 35 años, que ya nos vale, un canuto, el medio público, que mana leche cuando mandan los lecheros y Mirinda cuando mandan los mirinderos.

Había una fórmula para salvar esto, la tan traída y llevada fórmula BBC (aunque la BBC también tiene lo suyo, nos vayais a creer). Básicamente, dicha fórmula es: dejar a hacer a los periodistas. Pero, claro, hay que utilizar pretéritos para hablar de esto, porque basta asomarse a cualquier tertulia política en la televisión o en la radio para darse cuenta de que, a día de hoy, los periodistas suelen ser aún peores que los políticos. Son tan sectarios como ellos, o más, y encima más maleducados. El debate periodístico-prostibulario es ya un clásico de nuestro devenir.

Lo hemos intentado poniendo al frente del machito a políticos, a periodistas de prestigio, incluso a profesores académicos. Lo hemos intentado montando comisiones de expertos y otras hierbas. Pero el resultado siempre es el mismo: en España no sabemos hacer medios públicos imparciales. Y cabe incluso la pregunta de si son necesarios. Yo no pago ni un duro por ver la tele, y aún así tengo en la pantalla más canales que los que puedo atender. La radio privada provee de cualquier cosa, desde discusiones interminables entre partidarios de las distintas gremiales del taxi (un clásico de los desplazamientos por Madrid) hasta 24 horas non stop de reggaeton (un clásico de los locales de hostelería atendidos por inmigrantes). Entre el quiosco e internet cualquier fenotipo humano, desde el que piensa que Zapatero no ha tenido una flatulencia en su vida hasta el que considera que Aznar es la reencarnación de Nostradamus, puede encontrar no una, sino setecientas referencias que le permitirán orgasmar comilfó. Y si alguien tiene nostalgia del servicio público, por ahí tienes las cabinitas para orinar que nos ha puesto Gallardón. ¿Para qué queremos, exactamente, los medios públicos?

Va siendo hora de terminar el desmantelamiento de los medios de comunicación del Movimiento.

La "normalidad" del 36: mayo de amenazas y caramelitos

Abril del 36 es también un mes especialmente relevante para demostrar que la violencia, que estaba en las calles, también tomó, lo cual es si cabe más grave todavía, el Parlamento. Una de las cosas más incomprensibles de la mitología republicana es la relacionada con la visión de la República como un tiempo de excelso parlamentarismo. Bien que en la España republicana hubo oradores de mucho mérito, el tono general de los debates está lejos de ser mesurado y de la calidad retórica.

Un ejemplo bastante claro de lo que digo se dio en el debate de investidura del 15 de abril, en el que se produjo una anécdota que, extrañamente, no tuvo tanta relevancia para la iconografía franquista como lo fue el debate, producido algunas semanas después, entre Santiago Casares Quiroga y José Calvo Sotelo, durante el cual éste habría sido, tal es la interpretación franquista, amenazado de muerte. Como veremos más adelante, esa amenaza es algo que no está del todo claro. Pero no cabe terreno para la duda en el diálogo producido el 15 de abril.

Como decíamos, se celebraba en dicho día el discurso de investidura del gobierno Azaña. Respondió a la exposición gubernamental el diputado derechista José María Gil Robles, quien realizó una intervención trufrada de dicterios y acusaciones contra la labor del Gobierno. En los turnos de réplica pidió el uso de la palabra José Díaz, ex anarquista y dirigente para entonces del Partido Comunista en España.

- Yo no sé -dijo Díaz en el curso de su intervención-, cómo morirá el señor Gil Robles.

En ese momento, se oyó una voz en la bancada que, en estricto respeto de las normas de la etiqueta parlamentaria, gritó: «¡En la horca!».

Díaz prosiguió:

- Yo sé que su Señoría morirá con las botas puestas.

Aunque aún no se había estrenado en España esa peli que se llamó Murieron con las botas puestas, la frase tenía toda su intención: quería decir que Díaz le auguraba a Gil Robles una muerte distinta de la que finalmente tuvo, o sea en la cama.

Se montó la mundial. Pasionaria, siempre tan atenta a pasar a la Historia como un dechado de equilibrio, respeto y humanidad, se dirigió a los bancos de la derecha y remachó:

- Si queréis, le ponemos unos zapatos.

Doña Dolores ya había saludado la decisión de Gil Robles de abandonar la Comisión de Actas lamentando que ahora no podría llamaro asesino en la cara.

Gil Robles contestó:

- ¡Yo no soy un asesino como vosotros!

Con lo cual, la mundial se elevó al cuadrado.

En la sesión del día siguiente, 16, la tensísima sesión el entierro del alférez De los Reyes durante la cual los diputados creyeron estar a punto de ser invadidos por un turba de uniformes cabreados, el tono se radicalizó, provocando frases épicas de Azaña, tales como: «Las llamas son una enfermedad endémica de España. Antes se quemaban herejes y ahora se queman santos». Interesante teoría viniendo del principal responsable del orden público.

También contestó Azaña a la acusación de Calvo Sotelo, recién llegado del entierro del alférez, de que el Frente Popular era una formación comunista con un seco y rotundo: «a mí nadie me dicta rumbos». Es de suponer que en los siguientes tres años se acordaría de esta frase unas cuantas veces. Calvo Sotelo le contestó de una forma que probablemente a Azaña, que tan alta opinión tenia de sí mismo, no le gustó: «Su Señoría es un turista, y España es el paisaje; a mí lo que me interesa es el paisaje y no el turista, que pasa».

En este mismo mes, Azaña es entrevistado por Ilya Ehrenburg para el Pravda. «Los últimos acontecimientos”, dice, “demuestran que la intranquilidad no está dominada». ¿Intranquilidad? Señor presidente, por favor, defina «desorden» o «caos»...

El 1 de mayo, Día del Trabajo, desde la glorieta de Atocha hasta el número 3 de Castellana, se celebra una manifestación monstruo de no menos de 300.000 asistentes, que portan caricaturas de los políicos de la derecha y retratos de Stalin y Lenin. Acaban frente a la presidencia del Gobierno, donde presentan un pliego de peticiones que incluye la incautación de industrias privadas, medida a la que Azaña se niega porque «significaría violencia», argumento que es muy esclarecedor del modo en que para entonces se hacía política en España: ya no preocupaba tanto cumplir o no la legalidad como evitar la violencia.

La jornada de Madrid, en todo caso, fue pacífica. Pero eso no quiere decir el 1 de mayo lo fuese. En Moneva, Zaragoza, el juez municipal cayó muerto en la calle, tiroteado. En Alomartes, Granada, hubo dos muertos causados por la guardia civil durante el intento de asalto de una iglesia. Se produjeron agresiones a templos en casi una decena de poblaciones.

El 3 de mayo se produce el extraño caso de los caramelos envenenados, una serie de hechos extremadamente útiles a la hora de valorar en qué medida la España del 36 estaba de los nervios. Ese día dos tipas y un tipo aparecieron en la calle Baracaldo, del barrio de Tetuán de las Victorias. Eran Julia, apodada La Caballo; Antonio, apodado El Miseria; y Palmira, conocida por sus compañeros de cátedra de Filosofía Pura como La Platanera. La Caballo decía estar buscando a su hijo, que se habría escapado de un colegio de monjas porque allí le obligaban a tomar caramelos envenenados. Dijeron saber de buena tinta que eso se hacía sistemáticamente por parte de los religiosos, con el fin de diezmar la población de futuros proletarios.

Es evidente que estos tres personajes jamás estudiaron en un colegio religioso. ¿Cuándo se ha visto a unos curas o monjas repartiendo caramelos? En todo caso, esta historia prendió en unas mentes que estaban ultrapreparadas para creérsela. Se formó una turba de metafísicos, intelectuales y activistas de los derechos humanos, que sólo por casualidad llevaba palos y hachas, que se dirigió a la zona de Bravo Murillo, donde asaltaron la iglesia de Los Ángeles y, además, lincharon a alguno de los responsables, especialmente monjas.

Al día siguiente, otra multitud de la misma calidad ética asalta unos depósitos de combustible existentes entonces en Cuatro Caminos, con la intención de usar su contenido para quemar la capilla del Ave María, la iglesia de San Sebastián, el colegio de San Vicente de Paúl y la iglesia de los Comendadores. Dado que la labor es mucha y la gasolina poca, las turbas paran en la misma calle a los coches y les solicitan amablemente, palo en mano, que les presten la gasolina que llevan en los depósitos. Así aprovisionados, encienden como una tea la iglesia de la calle Garibaldi, en Tetuán, así como el colegio de Nuestra Señora del Pilar, cuyas gestoras, monjas, son tan amablemente tratadas que tienen que huir del incendio bajando por las ventanas descolgándose por sábanas anudadas. Quince profesoras de un colegio de la calle Villamil son maltratadas y golpeadas.

Todos estos sucesos provocan una convocatoria de huelga en la construcción. ¿El motivo? La «descarada provocación de la reacción».

El surgimiento de la leyenda urbana es algo que es motivo de estudio por parte de los expertos. Nunca se podrá saber cómo surgió la historia de los caramelos envenenados. La historiografía franquista siempre sostuvo que se había urdido en la fiesta del 1 de mayo, pero nunca presentó, que yo sepa, pruebas. Lo que sí está claro es que era un bulo, un bulo manejado con asombrosa irresponsabilidad por quienes tienen la obligación de no dejarse llevar por las pasiones y no hacer las cosas en caliente. De hecho, durante el día 3 se habló de niños muertos. Cinco niños, se decía, habían fallecido en la casa de socorro de la glorieta de Ruíz Giménez y uno más agonizaba en el colegio de la Paloma. En la tarde, una manifestación se dirigió a la mentada casa de socorro. Lo cual no es muy extraño, vista la situación. Pero lo que sí lo es, es que dicha manifestación fuese encabezada por un diputado de la nación: Wenceslao Carrillo; quien, una vez comprobado que en la casa de socorro no la había palmado infante alguno, poco, si algo, hizo para rebajar los ánimos. El día 4 por la noche, tanto el Gobierno como la Casa del Pueblo y el Partido Comunista dieron a la luz sendas notas oficiales desmintiendo las muertes de niños envenenados. Habían tardado más de 24 horas en comprobar la falsedad de los hechos y, por supuesto, no habían hecho gran cosa por impedir los disturbios.

Otro ejemplo , en mi opinión, de esta retórica de lo temerario es un discurso de Indalecio Prieto, el plañidero socialista que en su exilio mexicano trataría de convencernos de lo mucho que hizo por la concordia del país y bla, con ocasión de la campaña electoral para la repetición de elecciones en Cuenca (ésas en las que estuvo a punto de presentarse el general Franco). En el curso de dicho mitin, el político y diputado aseveró cosas como que durante la represión del golpe de Estado revolucionario del 34 se había matado a ancianos y niños a bayonetazos, y que se había torturado a personas colocándoles astillas de madera en las uñas de los pies. Claro, Prieto necesitaba estos datos para soportar su teoría final: «¿qué extraño es que después gentes con el alma herida por tanta vileza se entreguen al desmán y sacien de cuando en cuando su furor en una venganza?»

Eso sí, como Prieto nunca daba hilo sin puntada y siempre caminaba con un pie en la calzada y otro en la acera, más atrás trató de curarse en salud, afirmando que en estas violencias no había nada de revolucionario y sentenciando con una frase, como poco, curiosa: «lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata». Corolario: si hay finalidad revolucionaria inmediata, se pueden dar hostias. Se ve que la ETA lee libros de Historia.

Prieto fue a Cuenca a pedir tranquilidad y tratar de que no hubiese malas milongas. Pero como lo hizo de la manera flácida que acabamos de ver, ni puñetero caso que le hicieron. El mismo día de su mitin se declaró la huelga general y se quemaron domicilios de derechistas, el hotel donde se alojaban y un teatro. Se asaltó la sede de Acción Popular y el convento de los padres Paúles, cuyos muebles y biblioteca fueron destrozados. A las puertas del hotel donde estaba Miguel Primo de Rivera, una niña fue herida de un disparo, lo que provocó la detención del falangista y la quema de su coche en la misma puerta del hotel.

Los nombres de Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Sánchez Román, Fernández de los Ríos, Besteiro o Martínez Barrio, suenan durante el mes de mayo como candidatos a presidir la República en lugar de Alcalá-Zamora. Pero todo eso son, al menos en mi teoría, chistes floreados. Hay tres personas que, en ese momento, saben. Dos de ellas son el ticket Azaña-Prieto, dos señoritos del progresismo patrio que están convencidos de ser una unidad de destino en lo universal y de tener España a sus pies. Eso lo creen mientras España se mata y se fostia en la calle, convoca huelgas y actos terroristas de derecha, lo quieran ellos o no. Pero, aún así, ellos se creen capaces de manipular y dominar a las tendencias que en la izquierda ellos mismos han colaborado a desmandar. Así pues, sueñan con ser uno Presidente de la República y el otro jefe del Gobierno, ante lo cual, por lo visto, todos los situados a su izquierda, desde Largo Caballero hasta la FAI, se iban, siempre según ellos, a mostrar de acuerdo.

La otra persona que controla, muchísimo más que ellos, es Largo Caballero, auténtico factótum en mi opinión del cese de Alcalá, y que sabe que cuenta con votos más que suficientes en el PSOE, más la no desdeñable presión desde la UGT, que domina al completo, como para bloquear la llegada de Prieto a la presidencia del Consejo de Ministros. Por lo que respecta a Azaña, Largo Caballero sabe que el pígnico señor listo metido a estadista inteligente dice eso de que a él nadie le marca rumbos. Pero él, sin embargo, se los ha marcado.

Las derechas no participaron en el proceso de elección de compromisarios que, sumados a los diputados, debían votar en el Palacio de Cristal de El Retiro madrileño al nuevo okupa de la más alta magistratura patria. Para ellas, el proceso estaba viciado y no iba con ellos; verdaderamente, no iba con ellos. Pero hay un dato curioso que no se debe soslayar para entender en qué longitud de onda emitían para entonces los españoles conservadores. Un periódico de la órbita de Acción Popular, gilrroblista por lo tanto, publicó una encuesta sobre el candidato ideal a presidir la República desde las derechas. ¿Ganó Gil Robles? Pues no: ganó Primo de Rivera.

El 26 de abril, la votación no tuvo sorpresas. Muy minoritariamente fueron votados, junto con Azaña, el voto en blanco (diputados cedistas), Largo Caballero, Lerroux, José Antonio y González Peña. ¿Se cantó el himno de Riego, himno de la República, tras la votación que eligió al presidente de la misma? Pues no. Se cantaron La Internacional y Els Segadors.

La pimienta de la jornada, en todo caso, fue la mano de hostias que se arrearon dos socialistas en los alrededores del palacio. Luis Araquistain, jefe de máquinas del largocaballerismo; y Julián Zugazagoita, más prietista que los gayumbos de Prieto, se enzarzaron en una pelea, al parecer porque a Araquistain no le había gustado un artículo de El Socialista, publicación que entonces dirigía Zugazagoitia.

Entonces Azaña empezó el jueguecito de consultas que debía terminar en llamar a Prieto. Pero para cuando Prieto fue a verle, éste ya sabía que no obtendría los votos necesarios para aceptar la tarea (de hecho, el grupo parlamentario socialista votó, por 49 votos contra 19, no participar en el gobierno). Por esta razón llegó al frente del Ejecutivo Santiago Casares, probablemente uno de los políticos más sectarios de la Historia de esa República tan sectaria.

Para muestra de lo que tenía en la cabeza este señor Casares basta alguna que otra frase de su discurso de investidura (las cursivas son mías): «Se han acabado las contemplaciones con los enemigos abiertos o enmascarados de la República. Al enemigo declarado lo aplastaremos, y a los emboscados los buscaremos también para aplastarlos. No puedo presenciar tranquilo cómo cuando esos enemigos se alzan contra la República y son llevados ante los tribunales, algunos de éstos perdonan sus culpas y los absuelven. Hemos de pensar en las leyes que hayamos de traer a la Cámara para cortar este abuso radicalmente».

El comentario de texto de esta frase es democráticamente repugnante. Bajo el gobierno azañocasarista, algo que de todas maneras ya decía la protofascista Ley de Defensa de la República, lo punible era estar contra la República; no era serlo mediante actos violentos o ilegales, sino serlo, sin más. Casares no hace en su discurso distingos entre los enemigos violentos, ilegales o terroristas, y los demás. Un enemigo es un enemigo, y lo que hay que hacer es aplastarlo; discurso que, por cierto, recuerda al del general Videla en Argentina. Por lo demás, tiene huevos la pública confesión casarista según la cual Montesquieu fue un autor de cómics y, por lo tanto, su exigencia de independencia entre los tres poderes es una futesa.

Con todo lo más interesante estaba por llegar en el turno de réplica.

Islandia

Desde mi punto de vista, hay dos cosas que demuestran cada día que el ciudadano normal, average, necesita saber más economía de la que sabe.

La primera es que se tire en plancha a las tiendas de lotería y quinielas, donde no pueden hacer por él nada más que venderle una inversión con valor actual negativo; que es algo que, si se lo ofreciesen en el banco de al lado, llevaría a ese mismo cliente a provocar una faraónica bronca.

La segunda cosa sorprendente es que aquellos ciudadanos que son socios de un club de fútbol se contenten con que su equipo le meta tres goles al eterno rival, aunque en ese mismo momento esté económicamente quebrado. De hecho, cada domingo las sociedades anónimas deportivas inventan un nuevo concepto de rentabilidad, que todos los lectores de prensa deportiva (y son unos cuantos) aceptan con total naturalidad.

En los últimos días se leen y escuchan comentarios mil sobre Islandia, un país que, al parecer, estaría pasando a la Historia por ser testigo de una rebelión cívica contra la crisis financiera y sus causantes. No pocos foros de internet experimentan orgasmos repetidos ante lo que consideran un ejemplo de lo que todos los países deberían hacer contra esa caterva de ladrones que provocaron la crisis subprime y sus diversas ladillas.

Dejando de lado el pequeño detalle de que hay países, como España, en los que esa caterva de cabrones está básicamente formada por los mismos tipos a los que la gente vota (¿quién gestiona, al fin y a la postre, las cajas de ahorros españolas?), es que, además, sorprende lo poco que se sabe de Islandia y lo mucho que se desconoce, en consecuencia, que las raíces de eso que podemos llamar el problema islandés tienen algo, pero no todo, que ver con las subprime y la crisis del 2008, puesto que brotan casi veinte años antes.

Islandia es un país que, económicamente, nunca había necesitado abrirse demasiado. Está escasamente poblado (lo cual quiere decir: pocas necesidades que atender), escasamente habitado (pocas infraestructuras que desarrollar) y con recursos naturales (notablemente, un señor llamado bacalao) que siempre han sido suficientes para dar de comer a la estrecha panda de valientes que se ha avenido, en los siglos pasados, a vivir en lugar tan extremo.

El nivel de vida islandés no siempre ha sido la pera limonera, pero en las últimas décadas del siglo XX mejoró notablemente a lomos de un sistema de política económica basado en no fijarse demasiado en la inflación. Islandia ha sido, tradicionalmente, un país de desempleo bajo e inflación alta, que reducía las consecuencias negativas de dicha inflación mediante la restricción de las operaciones trasfronterizas.

En 1990, sin embargo, la globalización económica mundial, unida al hecho de que las pesquerías comenzaban a no dar para tanto, hizo que Islandia cambiase el paso y se adhiriese a un área económica común, el Espacio Económico Europeo. Muchos análisis que se ven hoy tienden a ver en 1999, es decir el proceso de creación de bancos privados, el principio de la crisis islandesa. A mi modo de ver, se equivocan. Los problemas comienzan años antes, cuando el país despierta del suelo más o menos autárquico en que había vivido hasta entonces.

Estar en el EEE, que es una especie de Unión Europea blanda, ya no permitía a los islandeses tener la misma situación de cerrojazo al gasto exterior, lo cual quiere decir que el país tenía que ganarle la partida a su inflación de dos dígitos.

Para ello, los islandeses, que verdaderamente son pocos y bastante bien avenidos, llegaron a algo que se suele llamar el Acuerdo Nacional o National Consensus que, básicamente, fue un acuerdo de restricción en el crecimiento de las rentas al que llegaron empresarios, trabajadores y gobierno. Además, esta medida de austeridad, un poco a la alemana, se combinó con el inicio de una política monetaria realista, que modificó el sistema anterior de tipo de cambio fijo por otro de tipo de cambio flexible «controlado» por un objetivo de inflación, para la que fijaba un entorno de 1% anual mínimo y 4% máximo, con un 2,5% como tasa ideal; una inflación claramente pensada para entrar, algún día, en el euro.

Durante las décadas anteriores de inflación desbocada, los tipos de interés reales islandeses eran negativos. Esto quiere decir: el coste de un crédito estaba por debajo de la inflación lo cual, en esencia, es una llamada a endeudarse: si uno se endeuda en 100 y al año tiene que devolver 105, pero los precios han hecho que los 100 de principios de año sean 106 al final del mismo, endeudarse es, como digo, un chollo. Esto ocurrió en un momento en el que los bancos islandeses eran estatales (lo cual debería ser tenido en cuenta por parte de tantas voces que consideran que la manera de resolver los temas es nacionalizar la banca, como si nacionalizar la banca fuese una medida positiva per se). En 1979, el sistema trató de meterse en vereda indexando los créditos, de forma que los deudores tendrían que pagar lo que realmente valían: si valía 106, pues habría que devolver 106.

Fue más o menos en ese punto, forzados por el nuevo horizonte económico forzado por la entrada en el EEE, cuando los gobiernos islandeses se dieron cuenta de que tenían que crear un sector bancario privado. Así nació el Islandsbanki, que se fusionó con otras firmas y al que siguieron otros bancos hasta entonces públicos, como el Landsbanki el Bunadarbanki.

El Estado, sin embargo, no desapareció del ámbito financiero; dato que a menudo se soslaya del debate. Siguió existiendo, por ejemplo, el Icelandic Housing Financing Fund o HFF, una entidad pública dedicada a dar préstamos para vivienda, de entre 15 y 40 años de duración, indexados, y por un máximo del 80% del valor de la vivienda. En la práctica, esto significaba que el negocio para los bancos privados se centraba en el 20% restante. En las elecciones del 2003, el Partido Centrista, uno de los gobernantes, prometió el aumento del límite al 90%; puesto que la coalición renovó su poder, la medida se tomó y, consecuentemente, el papel de los bancos privados se redujo. La consecuencia, lógica: la competencia. A partir de 2004, los bancos privados se lanzaron a ofrecer préstamos para la vivienda a mejores condiciones que la HFF, alimentando con ello una espiral de crédito a la cual, como vemos, el ámbito público no sólo no fue ajeno, sino que la creó.

A més a més, a partir del 2001, cuando los relativos éxitos contra la inflación fueron visibles, el tono del déficit público mejoró, lo cual animó al Partido de la Independencia, largamente gobernante, a revivir sus viejas reivindicaciones de una reducción de impuestos.

En otras palabras: años antes de la crisis financiera, los gobiernos islandeses, o sea los partidos políticos, presionados por sus campañas y promesas electorales, decidieron realizar una doble política combinada: expandir el crédito, mediante la creación de bancos privados que competían directamente con los públicos; y expandir el consumo, por la vía de hacerlo más fácil poniendo más dinero en la mano de los islandeses cada mes, cada día.

Como irse ahora a un reactor de Fukushima y tirar dentro dos o tres toneladas de uranio cabreado.

El recalentamiento de la economía islandesa se hizo tan evidente que fue necesario subir los tipos de interés a niveles estratosféricos; a los inversores europeos, que vivían en una meseta aburrida de tipitos bajos como consecuencia de la convergencia del euro, se les pusieron los ojos como platos y se dedicaron a comprar bonos en coronas islandesas hasta poner el mercado secundario de renta fija, y la propia moneda, en ebullición, retroalimentando el proceso.

En estas circunstancias, la corona subía y subía. Y cuando una moneda sube, las demás bajan. Para los islandeses, los precios en, un suponer, Londres, cada día eran más baratos. Los precios británicos están en libras, pero como ellos tenían una monedita que cada día era más cara contra la libra…

Así que los bancos islandeses decidieron salir de compras por ahí fuera. Compraron bancos, compraron casas, compraron bonos, compraron la histórica tienda Hamley’s de Regent Street… compraron lo que se les puso por delante. E Islandia se convirtió en una especie de gran isla-banco. Para aquel entonces, el 80% de la capitalización de la Bolsa de Rejkyavik provenía del valor de las acciones de los bancos. El sector financiero crecía y crecía, alimentando ofertas a los hogares. En el 2005, la deuda de los particulares sobrepasó el 200% de su renta disponible.

El sistema bancario islandés registró una crisis seria en el 2006. Hubo analistas, sobre todo escandinavos, que destacaron, ya entonces, el mal endémico de la banca islandesa, que era su modelo de negocio basado en un crecimiento acromegálico de la actividad interior, sobre todo a través de segundas y terceras hipotecas. Sin embargo, analistas internos se apuntaron a la famosa teoría que ahora esgrimen muchos defensores de la política económica española actual: la teoría too big to fail; el sector bancario islandés era demasiado grande para darse la hostia. En todo caso, el sector financiero, ante estas preocupaciones, inició una línea de diversificación, buscando clientes fuera de sus fronteras, y comenzó a prestar en países como Reino Unido y Holanda, generando, al fin y a la postre, los impagos que ahora le son reclamados al país.

En consecuencia: el sector financiero islandés, y sus gestores, tiene una responsabilidad objetiva en los gravísimos problemas que, desde el 2008, registra tanto dicho sector como el país entero. Pero, contrariamente a lo que se lee por ahí, al menos en mi opinión, la responsabilidad no se le puede adjuntar, en solitario, a unos gestores malintencionados y enloquecidos. La gestión enloquecida, el crecimiento a toda leche, la subida sin pensar en la posibilidad de una caída, es consecuencia de una carrera macroeconómica iniciada por el gobierno, y unas condiciones generadas por la misma.

Las medidas de los sucesivos gobiernos islandeses, durante la década de los noventa, están encaminadas a favorecer el crecimiento de las rentas y del consumo y la expansión del crédito, como indicadores de un bienestar objetivo de los hogares islandeses. Las intenciones fueron bien expresadas en las campañas electorales en las que se prometieron acceso cada vez más fácil al crédito y más dinero en la cartera. A los islandeses nadie los engañó. Su economía se recalentó delante de sus narices y no parece que les preocupase demasiado. Hasta que la caldera estalló, claro.

Hay un efecto, a mi modo de ver, sorprendente. En la Historia puede verse claramente. Uno piensa: Sofico, Gescartera, Forum Filatélico, Nueva Rumasa, burbuja inmobiliaria, Islandia... Da la impresión de que hay un porcentaje nada desdeñable de la raza humana que, por razones genéticas, educativas o de algún otro tipo, es incapaz de asumir el que para mí es el Axioma número 1 de la economía financiera: nadie da duros a peseta. Si visitas diez concesionarios de automóviles y en nueve de ellos el Seat que te quieres comprar vale entre 20.000 y 24.000 euros, y en uno de ellos te lo ofrecen por 7.000, desconfía de éste último. El Seat que te quieren vender o es usado, o es robado, o es defectuoso, o algo. Porque nadie, repito, da duros a peseta. Pero, ¿y si es verdad que ese concesionario, por alguna razón, es capaz de vender a 7.000 euros el coche? Pues si es verdad, aplícate uno de los dos grandes axiomas del inversor en Bolsa: deja siempre que el último duro lo gane otro.

Los islandeses vivieron encantados en un mundo de crédito aceleradamente expansivo. Constituyeron segundas y terceras hipotecas sobre sus bienes reales porque creyeron en un axioma en el que también creyó mucha gente en España. En esto, la verdad, Islandia y España se parecen, a mi modo de ver, como dos gotas de agua. En ambos casos, como factor fundamental operó la convicción social de que los precios inmobiliarios eran una variable constantemente creciente en términos reales. Si el valor de los pisos iba a crecer siempre y, además, a mayor tasa que la inflación, entonces convenía endeudarse con su garantía.

En una crisis así, nadie es inocente. Si, verdaderamente, el problema de Islandia fuesen los cuatro tipos que quebraron sus bancos, la cosa tendría una solución lenta y jodida, pero relativamente fácil de formular. Los problemas de la economía islandesa, por desgracia, son bastante más profundos, y tienen que ver con el modelo económico que el país decidió darse a sí mismo, y votó.

En sí, la rebelión islandesa puede verse como un sorprendente despotismo ilustrado inverso. En el despotismo ilustrado normalito, son los poderosos, en el sentido de quienes tienen el poder, los que demandan que harán todo para el pueblo, pero sin él. En el despotismo ilustrado inverso, es el pueblo el que demanda que quienes tienen el poder no cuenten con ellos, puesto que, al fin y a la postre, no se sienten concernidos por decisiones que tomaron los políticos a los que votaron. Desde que existe la política monetaria y, consecuentemente, se sabe que la inflación responde en gran medida a la cantidad de recursos monetarios que hay en el sistema, es obvio para cualquier responsable económico que fomentar el consumo y el crédito a la vez puede llevar a recalentar la economía. La economía se recalentó mientras los islandeses (y muchos analistas internacionales, por cierto) aplaudían con las orejas. Si nosotros tuvimos nuestro boom inmobiliario, los islandeses tuvieron el financiero, y a ambos nos ha estallado en la cara. Pero ninguno de los dos, ni españoles, ni islandeses, tenemos derecho a decir ahora que estos estallidos no van con nosotros, porque son estallidos que no fueron provocados en solitario por un grupo de cresos haciendo negocio, sino, first and foremost, por los políticos a los que votamos y encumbramos al puteal del gobierno. Y por nosotros mismos.