Francorrupción: La hermanísima (y 6): Mola el franquismo, ¿eh?

 La capital que quería ser mayor
El funcionario catastral antifascista
Hacienda pica como la membrilla que es
La prima de Zumosol
Los estafadores pierden una batalla, pero no la guerra
Mola el franquismo, ¿eh? 

Ahora todo lo que había que hacer era irse al Registro de la Propiedad de Madrid número 2, el de su amigo Liaño, para comenzar a iniciar los trámites del artículo 205. Pero entonces algo pasó. Feliciano Ballestín, el pobre pringao al que Gutiérrez Soto había endosado la letra muerta de las 110.000 pesetas, se había ido al juzgado a exigir dicho dinero, una vez que el estafador estaba en la cárcel. El juez, respondiendo al llamado, decretó el embargo de los bienes del condenado hasta dicha cantidad. Y resultó que lo único que “poseía” Gutiérrez Soto era la famosa finca inexistente. El 3 de octubre de 1958, el BOE publicaba la pública subasta de la “finca”.

Aquello, sin duda, no lo esperaba Gómez de la Serna. Para sacar adelante sus propósitos, hacía falta que aquéllos que habían aflorado en el expediente de dominio como verdaderos dueños (Banco Central, Dragados, Caldeiro, Matut) se quedasen tranquilos. Sin embargo, se acabaron enterando de embargo y subasta, esta vez a tiempo, y fueron con todo. El juez que llevaba el embargo, titular del número 25 de Madrid, José Beguiristáin y Eguilaz, ordenó la suspensión de la subasta.

Muy probablemente, Gómez de la Serna resolvió este contratiempo pagando las 110.000 pesetas y dejando sin efecto cualquier acción sobre la finca. Una vez hecho esto, presentó en el Registro número 2 la escritura de compra de María Queipo de Llano, acompañada de la adquisición, algo más de un año antes, de Gutiérrez Soto.

En el Registro, sin embargo, los funcionarios (que no el registrador) se rebotaron. Miraron todo lo que tenían que mirar, comprobaron que aquellos terrenos llevaban catastrados desde los tiempos en que sus abuelos todavía acababan de echar pelos en los huevos, y dijeron que aquello era poco convincente. Que si había una Queipo de Llano implicada, como si era Walt Disney disfrazado de Beyoncé. La cosa es que Manuel Bruguera, al parecer, había intentado la invención de otra finca años antes no muy lejos de allí, y los funcionarios, cuando tiraron de antecedentes y se encontraron con su nombre, sacaron las uñas. Los funcionarios, siempre tan porculos, siempre tan empeñados en hacer su puto trabajo.

Negándose a dar un paso más, los funcionarios apelaron a su jefe, el registrador Liaño. Liaño pidió toda la documentación y, acto seguido, de su puño y letra y sin la intervención de nadie más, extendió los asientos de inscripción de las fincas 18.278 y 18.280. Con un par.

El 9 de diciembre de 1960, es decir cosa de dos años después del 21 de febrero de 1959, que es la fecha cuando Liaño legalizó todo el latrocinio inmobiliario, María Queipo de Llano vendió una parte de una de las fincas que había adquirido. ¿Sabéis a quién? ¡Bingo! Al notario de Ocaña, quien llegó pues a tiempo para ser expropiado por unos terrenos que en realidad no eran suyos.

A la jugada de De la Serna le faltaba la guinda. Una guinda que, seguramente, llevaba meses, si no años, prevista. Todo aquello había sido una jugada entre estafadores; siempre correrían el riesgo de ser descubiertos. Torres más altas que un registrador de la propiedad con mano larga habían caído en el franquismo; no se podían sentir seguros. El abogado sabía que necesitaba un seguro de vida.

Así que decidió que Gutiérrez Soto (quien, por cierto, había salido en libertad provisional) segregase parte de su “finca” y se la vendiese a Pilar Franco Bahamonde.

¿Sabía Pilar Franco que la finca que se le ofrecía no existía, que quienes se la vendían no la poseían, y que todo era un retruécano en el que, a base de mentiras, testaferros bajo pago, y retorcer el brazo de la ley, se estaba estafando a unos legítimos propietarios? Resulta dificilísimo estimar que no. Pero está claro que no le importó.

Aquella jugada, sin embargo, había sido muy complicada, y dejaba muchos cabos sueltos. El principal, Sergio Orbaneja. Recordaréis que al primo lejano de Primo le habían vendido una hectárea de la finca falsa en una mesa del bar Chun-Chao. Orbaneja acabó por enterarse de que Bruguera, luego, le había vendido la totalidad de la finca a Gutiérrez Soto, y se mosqueó cantidad. Trató de aclarar las cosas con Bruguera, incluso por conducto notarial; to no avail. Entonces, intentó elevar a pública su escritura de compra, junto con la certificación de Hacienda que la soportaba. Acto seguido, segregó su “parcela” e hizo un mínimo de tres ventas. Uno de los compradores intentó la inmatriculación de su finca y, al verla denegada, presentó denuncia por estafa contra Gutiérrez Soto, Bruguera y Mercedes Romeu. A Gómez de la Serna la denuncia en sí no le importaba; pero lo que sí le importaba era que llegase a conocimiento de los verdaderos dueños de todo aquel terreno. Así que tuvo que negociar a pelo puta un acuerdo con el comprador, por el cual éste le “vendió” su “finca” a un presunto sobrino de Gómez de la Serna. En la práctica, pues, éste le pagó lo que había pagado para que dejase de dar por culo.

El siguiente problema que se presentó, claro, fue Bruguera. El anciano muñidor de aquel engaño seguía sin cobrar las 20.000 pesetas en mano comprometidas en la escritura de venta. Y, desde luego, cuando se enteró de que Gutiérrez Soto le había vendido dos parcelas segregadas a María Queipo, se cabreó todavía más. En su mente, le correspondían las 20.000 iniciales, las 70.000 siguientes (puesto que la venta había sido registrada) y el 30% del precio. Sin embargo, siguió sin cobrar y, cuando se enteró de que su novia Mercedes había vendido sus derechos, le escribió a Gómez de la Serna una carta que venía a ser una amenaza seria de tirar de la manta.

Gómez de la Serna le pagó las 20.000 pesetas para se calmase. Acto seguido Mercedes Romeu y su sobrina, Mercedes González Romeu, organizaron una visita a una presunta pariente que estaba ingresada en una residencia de Quintanar de la Orden. Invitaron a Bruguera a acompañarla, y el anciano las acompañó. Pero ya no regresó. Quedó ingresado en dicha residencia por el resto de su vida.

Quizás en este momento procesal os estáis preguntando: a ver, el interés de Gómez de la Serna porque Pilar Franco estuviese implicada en la operación de la finca falsa es claro: el seguro de vida. Pero, ¿cuál podía ser el interés de la hermanísima? ¿Para qué comprar una parcela ya ocupada por dueños reales que, en cualquier momento, le podría dar problemas?

La respuesta: doña Pilar sabía cosas. Ella no quería quedarse con esas parcelas. Lo que quería era que se las expropiasen.

Pilar Franco Bahamonde sabía, como lo sabía su apoderado y lo sabía Alfredo Gómez de la Serna, que el Ayuntamiento de Madrid tenía dos proyectos: prolongar la calle Sainz de Baranda; y prolongar la calle O'Donell para enlazarla con la Nacional II. Las parcelas segregadas de la posesión de Gutiérrez Soto y vendidas a Pilar Franco fueron meticulosamente diseñadas para estar precisamente ahí. El plan, pues, era cobrar la expropiación ella, y no los legítimos propietarios que se iban a quedar sin los terrenos. Y todo esto lo había preparado un fedatario público, titular del Registro de la Propìedad de Ocaña.

El notario de Ocaña (que, como ya sabemos, era tan honrado que incluso acabó por comprar una de estas fincas que sabía virtuales), y que ahora ya era notario de Navalcarnero, fue quien preparó las escrituras por las cuales Gutiérrez Soto le vendía a Pilar Franco Bahamonde justamente las dos parcelas del terreno inventado por Manuel Bruguera, para entonces ya encerrado en el asilo, que la hermanísima necesitaba para trincar de su amigo el conde de Mayalde, alcalde de Madrid.

Pilar Franco consiguió registrar a su nombre las parcelas que el Ayuntamiento quería destinar a la ampliación de la calle Sainz de Baranda y la calle O'Donell. Y en la Jefatura de Obras Públicas, organismo encargado de coordinar estas operaciones, los funcionarios identificaron perfectamente las fincas reales afectadas por las expropiaciones, es decir, la finca del Banco Central y de Dragados, y la de la Fundación Caldeiro y otros condueños. En consecuencia, en junio de 1959, estos propietarios fueron convocados a una reunión para tratar la expropiación. El 1 de julio, se les extendieron a los dueños las correspondientes actas de ocupación. Sin embargo, a esa misma reunión se presentó el registrador de Ocaña, Alfredo Gómez de la Serna, quien, a base de dar por culo, consiguió que, al pie de cada una de esas actas de ocupación, se adjuntase una nota, en la que se hace constar que ha exhibido escritura otorgada ante el notario de Navalcarnero Miguel González Rodríguez “por la que se transmiten unos terrenos que el compareciente manifiesta ser los mismos de la finca objeto de esta ocupación”.

Con un par.

Cuando los verdaderos dueños de los terrenos ahora expropiados acudieron al Registro, comprobaron que, efectivamente, Gutiérrez Soto, después de haber renunciado al expediente de dominio, le había vendido dos parcelas de “su finca” a María Queipo de Llano y otras dos a Pilar Franco. Las fincas de la primera se superponían sobre una parte de la posesión del Banco Central y Dragados y, otra parte, sobre la finca en su día adquirida por el Ayuntamiento de Madrid a las herederas de Cecilio Rodríguez (y que había comprometido entregar en permuta a la Fundación Caldeiro y sus condueños). Las fincas de Pilar Franco también estaban sobre terreno de la Fundación Caldeiro y del Banco Central, así como del propio Ayuntamiento.

El único punto débil de la estrategia montada por Gómez de la Serna en favor de la hermana de Franco era que el procedimiento basado en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria tenía una carencia de dos años durante los cuales no causaba efecto. Así pues, en realidad el Ayuntamiento, al ejercer la expropiación, no podía pagarle a la hermana de Franco y la Queipo las expropiaciones, por ser sus inscripciones registrales todavía no válidas. Pero eso no desalentó al registrador de Ocaña. Él sabía que, habiendo una Franco de por medio, tenía al Estado de su parte, por así decirlo.

Así las cosas, a finales de octubre de aquel 1959 se dirigió al Ayuntamiento en nombre de Pilar Franco Bahamonde, pidiendo que le fuese expropiado ya el terreno para la ampliación de la calle Sainz de Baranda. Esto convirtió a Pilar Franco, probablemente, en la única española de la Historia que tenía prisa por ser expropiada. Pero, claro, tenía sus razones.

En el Ayuntamiento se hizo, literalmente, todo lo posible por cumplir dicho requerimiento. Tanto es así que, siendo como son los trámites de expropiación una puñetera cámara lenta, apenas un par de semanas después de la petición de Gómez de la Serna, en el Ayuntamiento ya habían terminado el plano de expropiación. Y tres semanas después, ya tenían claro el precio. Y, sorpresa: ¿os acordáis de aquellas 150.000 pesetas que querían pagar por casi 5.000 metros cuadrados cuando el receptor iba a ser la Fundación Caldeiro? Pues ahora el Ayuntamiento fijó como precio de los 4.870 metros que iba a expropiar... ¡Tres millones de pesetas! Todo esto, mediando una valoración anterior del propio Ayuntamiento que fijaba el valor en 455.000 pesetas. Y es que Carmen Calvo erró cuando dijo que el dinero público no es de nadie. Cuando menos en aquellos tiempos, era de la familia Franco.

Tan bien montado que tenía el momio, doña Pilar, sin embargo, se quedó sin poder cobrar la pasta de momento. Había dos problemas. El primero, que Gómez de la Serna había estado torpón con la escuadra y el cartabón cuando había inventado la finca segregada que Gutiérrez Soto le había vendido a Pilar Franco. Él creía que había incluido todos los metros cuadrados que el Ayuntamiento necesitaría expropiar; pero resulta que se quedó corto en unos 2.000.

El segundo problema, obviamente, era que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid descubrieron pronto que el registro de la finca como propiedad de Pilar Franco se había hecho invocando al artículo 205; y que, por lo tanto, no era efectivo hasta aproximadamente dos años después.

Esto, sin embargo, lo dijeron los funcionarios de a pie. Cuando el tema llegó a los jefes, el asunto cambió. Con fecha 30 de diciembre de 1959, el pleno del Ayuntamiento aprobó el precio de tres millones de pesetas para la expropiación, y liberó los fondos necesarios para pagarle a Pilar Franco 800.000 pesetas a cuenta de un pago futuro que ni siquiera era seguro que fuese a recibir. Por escritura ante notario el 20 de enero de 1960, Pilar Franco le vendió al Ayuntamiento mil metros cuadrados más de los que figuraban en la compra realizada a Gutiérrez Soto, por lo que cobró las famosas 800.000 pesetas.

Así, como suena: la hermana del jefe del Estado le vendió al Ayuntamiento de Madrid una finca que no poseía e, incluso, se permitió el lujo de incrementar su superficie sobre la teóricamente escriturada. Todo ello estando perfectamente documentada la existencia de los dueños reales de los terrenos, tan documentada que el propio Ayuntamiento los había convocado para expropiarlos y a uno de ellos ya le habría ofrecido una permuta de terreno; terreno que ahora no podía permutar porque la hermana del jefe del Estado decía que no era del Ayuntamiento, sino de si amiga María Queipo de Llano.

Mola el franquismo, ¿eh?

No os voy a aburrir más con este caso. Lo que siguió a estos hechos fue una larga batalla judicial que está puntillosamente descrita en el libro de Sánchez-Blanco, y que es de lectura muy jugosa, sobre todo para profesionales del Derecho. Una batalla judicial en la que los verdaderos dueños de las fincas tuvieron alguna que otra pequeña victoria, y varias sonadas derrotas cuyos fallos, sentencias y conclusiones se dieron de bruces con el Derecho y hasta con el sentido común. Pero, claro, es que los jueces sabían, en el acto de condenar, a quién estaban condenando.

Lo que sí lograron los dueños, sin embargo, fue paralizar el pago de la expropiación. Son muchos los indicios de que la reacción de Pilar Franco fue presionar duro al general Vigón, ministro de Obras Públicas, para que movilizase la pasta. El general, sin embargo, se encontró, una vez más, con la resistencia de sus funcionarios, quienes consideraban que las sentencias judiciales ya falladas dejaban impolutos los derechos de los propietarios de demostrar su condición; amén de hacer constar que, como había otros juicios pendientes, el tema no estaba nada claro.

Vigón, finalmente, acabó encargándole un dictamen al abogado del Estado-jefe de la Delegación de Hacienda. Éste era un hombre del régimen con mucho recorrido: Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que terminaría siendo presidente de las Cortes. Alejandrito dictaminó que las dos terceras partes de las cantidades en litigio se le podían pagar ya a doña Pilar en el caso de la finca de Caldeiro; y las cuatro quintas en el caso de la finca del Banco Central.

Éste y otros elementos, de discutibilísima lógica jurídica incluso en la opinión de un lego como yo, acabaron provocando que los dueños hiciesen uso del derecho de petición consagrado en el Fuero de los Españoles, y que se dirigiesen directamente al gobierno. El 21 de noviembre de 1964 se presentó el escrito en Presidencia del Gobierno. El 4 de diciembre, el gobierno anunció su decisión de paralizar el pago de la indemnización. Sin embargo, el 17 de marzo de 1965, es de suponer que después de que Pilar levantase el teléfono y llamase a su hermano Paco, envió un nuevo escrito concediendo 15 días para enviar las alegaciones que se consideraren pertinentes. Y ahí acabó todo. Sánchez-Blanco relata en su libro que, cuando se entrevistó con Joaquín Reig, presidente de Dragados y vicepresidente del Banco Central, éste le dijo que no iban a presentar alegación alguna. Que aquello era una futesa. Que el Banco tenía intereses muy superiores, y que aquella guerra los estaba poniendo en peligro.

Es obvio que hubo llamada. ¿No te interesa la licencia de importación de Tal o la recalificación de los terrenos en Pascual para que te puedas forrar haciendo pisos? ¿Y todo eso lo quieres poner en peligro negándole la pasta a la hermana del Caudillo?

La indemnización que finalmente cobró Pilar Franco fue de 15 millones de pesetas.15 millones que le pagaron tus abuelos, o tus bisabuelos, a cambio de que le fuesen expropiados unos terrenos que, cuando menos según Sánchez-Blanco, no eran suyos, quebrando con ello los legítimos intereses de sus reales dueños; operación en la que la hermana del jefe del Estado se convirtió en cómplice de una cutre banda de estafadores que vivían de dar timos y palos para poder pagarse la pensión de esa noche. Un turbio asunto en el que no le importó implicarse, como implicados acabaron por estar el ministro de Obras Públicas y el alcalde de Madrid.

Mola el franquismo, ¿eh?