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Como bien sabemos, el gran innovador en este terreno fue Montesquieu. El mundo de la teoría política había vivido hasta él, por así decirlo, con la clasificación aristotélica de las formas de gobierno: monarquía, aristocracia, democracia. Montesquieu cambió esto al profundizar en el estudio no del qué son los sistemas de gobierno, sino de cómo funcionan.
Las tres formas de gobierno que identificó (despotismo, monarquía y república, ésta pudiendo ser aristocrática o democrática) venían a unirse a un concepto básico. El despotismo reside sobre el miedo, la monarquía sobre el honor, y la república por la virtud. Lo siguiente que hizo fue analizar cuáles eran las tendencias de evolución histórica más marcadas. Las monarquías, venía a reflexionar, tienden a devenir en despotismos. Y aquí es donde llega la gran aportación del pensador francés. La suya no es la teoría de quien concluye que hay que acabar con las monarquías, porque lo cierto es que Montesquieu tampoco es que sea un gran optimista en lo concerniente a las repúblicas. Su idea es que las monarquías cuenten con contrapesos suficientes como para impedir esa evolución seudo natural hacia la dictadura. En ese momento, el principal contrapeso que ve Montesquieu son los parlamentos; pero, una vez más, debemos recordar que en Francia, en realidad, los parlamentos son una mezcla entre tribunales y entes legislativos. Sin embargo, llega a la conclusión de que, en el caso de que esos contrapesos y el poder real entren en conflicto, la corona es la que prevalece, acelerando la evolución despótica.
A efectos de lo que estamos viendo en estas notas, es importante entender que Montesquieu y su De l'esprit des lois tiene una lectura eterna e intemporal; pero también es una obra que tiene su tiempo, y es hijo de él. En la octava década del siglo XVIII, esas palabras escritas por Montesquieu lo que venían a decir era que Maupeou estaba, simple y llanamente, generando un despotismo donde, esto es lo importante de entender porque si no, no se entiende nada, no existía antes.
De l'esprit des lois era, en 1771, una obra bien conocida; se publicó en 1748. La mayoría, si no todos, de los magistrados del parlamento la conocían bien; y sus trazas son más que evidentes en decenas de remostrances redactadas en aquel tiempo por los parlamentos. La otra gran referencia era Du contrat social de Rousseau; obra que inspiró otra que llegaba bastante más allá que el pensador suizo, y publicada en 1771: Extrait du droit public de la France, debida a la pluma de Louis-Léon de Brancas, conde de Lauraguais.
Todos estos son, empero, libros de evidente altura argumental. Para llegar a la gente, hacía falta un Luis Cobos que le metiese a todo aquello un ritmillo reconocible. Estos difusores fueron, principalmente, dos jansenistas, llamados Louis-Adrien Le Paige y Claude Mey. La capacidad de acción de estos propagandistas fue especialmente tributaria de la protección provista por uno de los mayores opositores de Luis XV en la aristocracia: Louis François de Bourbon, príncipe de Conti, conde de La Marche y duque de Mercoeur, normalmente conocido como el príncipe de Conti. La residencia de Conti en París, conocida por todos como El Templo, era un centro conspirador de primer nivel en el que, sin embargo, la policía no se atrevía a entrar.
La Paige venía dándole por culo a Versalles desde la movida de la administración de los sacramentos a los jansenistas moribundos. Le tocaba mucho los huevos el laicismo de Montesquieu pero, sin embargo, era un ardiente defensor del resto de su teórica. Paige consideraba que todo, absolutamente todo, el poder de las personas que tenían poder en Francia nacía de las primeras asambleas de francos en los bosques germánicos. En otras palabras: aunque era un devoto creyente, no compraba esa teoría de la unción divina, sino la de que los reyes no son sino aquéllos que sus conciudadanos han decidido que les deben reinar.
Le Paige escribió en 1754 un libro llamado Lettreshistoriques sur les fonctions esentielles du parlament, sur lesdroits des pairs, es sur les lois fondamentals du royaume. Este libro ha sido reeditado en este siglo y es una lectura muy recomendable para todos aquéllos que piensan que el Antiguo Régimen era un sitio en el que todo el mundo hablaba de Dios y obedecía sin rechistar; por no mencionar a aquéllos que consideran que alguien que es un meapilas de puta madre no puede tener buenas ideas. La idea fundamental, como digo, es que los viejos francos se reunían en el Campo de Marte para dar su aquiescencia a las leyes del rey golpeando sus escudos con la espada; que, por lo tanto, la ley, en tanto que hecho dimanante de todos, está por encima del rey. Para Le Paige, los parlamentos, muy particularmente el parisino, eran los descendientes directos de esas asambleas del campo de Marte. Así pues, no se trataba tanto de que el rey pudiera disolver el parlamento; sino de que, en realidad, el parlamento debería tener la potestad de deponer al rey. En términos más prácticos, el parlamento debería retener la potestad de no registrar cualquier decreto real que no le pareciese adecuado.
No debería sorprenderos el dato de que una de las primeras cosas que ordenó el parlamento nuevo creado por Maupeou fue, precisamente, detener a Le Paige.
Claude Mey se ocupó de enganchar todos los desarrollos de Le Paige, producidos en el terreno de la Historia del Derecho, con el Derecho Natural. Expandiendo la documentación utilizada por su compañero, Mey traza, en su monumental Maximes du droit publicfrançais (1772-1775) el rastro histórico de la legitimidad legislativa. Pero, de manera más acertada, abandona al parlamento, que al fin y al cabo era una institución híbrida a cuyos miembros, además, no designaba nadie y habitualmente compraban su escaño; y lo sustituye por los Estados Generales, es decir, la reunión de los tres brazos de la nación. Eso sí, cuando los Estados Generales dejaron de reunirse (1614), fue el parlamento el que heredó la misión de defender las leyes fundamentales del reino.
En un interesante análisis, Mey considera que Francia disfruta de dos tipos de leyes fundamentales. Por un lado están las leyes fundamentales naturales, que son aquéllas que establecen principios fundamentales, como la libertad o la propiedad. Aquí no hay mucha novedad, pues ya Grocio o Samuel Pufendorf (un pensador muy profundo que se cita poco) habían establecido este principio. Luego están, según Mey, las leyes fundamentales positivas, que son las propias de Francia, establecidas en las viejas asambleas boscosas y que han sido conservadas por los siglos. El parlamento, dice Mey, tiene todo el derecho a resistirse a cualquier norma que esté en contra de estas leyes naturales (tiene, pues, lo que hoy denominaríamos poder de Sala Constitucional). A la luz de esta teoría, ningún registro forzado de un decreto puede ser legal. Lo cual afecta, muy especialmente, al edicto de Maupeou de 3 de diciembre de 1770. La reacción del parlamento de Maupeou fue imputar a Mey por lesa majestad.
Estas obras tuvieron la gran virtud de hacer que los argumentos jurídicos e históricos fibrilasen a la opinión de los franceses de a pie. En un proceso parecido al que se ha producido hace poco tiempo en España, y que la ha poblado de expertos en la prima de riesgo, de repente en Francia había un montón de expertos en eso que hoy llamados Derecho Constitucional.
Además de las obras doctrinales de los jansenistas e ilustrados, un elemento de primer nivel en esta difusión fueron los parlamentos de provincias. Las magistraturas provinciales, una vez que Maupeou había neutralizado la de París, tomaron el testigo de la rebelión, por así decirlo. Sus remostrances se convirtieron en un elemento de primer nivel en el debate. En la primavera de 1771, por las calles y cafés de París circulaban multitud de copias de las enmiendas redactadas por los parlamentos de Rennes, Rouen, Aix, Grenoble, Besançon, Dijon, Burdeos o Douai. Todos estos escritos estaban cortados por el mismo patrón: el rey podría ser divino; pero no hay en una nación nada más divino que la ley natural que hasta un rey tiene que cumplir, respetar y proteger. Los parlamentos, según esta interpretación, han sido ungidos en esa ley natural con el derecho de registrar, o no, los decretos reales, cuando menos mientras no se convoquen Estados Generales. Los ciudadanos son titulares de derechos inalienables que, si conculcados, introducen a la nación en el despotismo.
En las primeras semanas de 1771, el debate se aceleró a causa de dos documentos importantes. El 18 de febrero, la Cour des aides, es decir, el tribunal de París que era más o menos una Sala de lo Tributario y que, como ya os he contado, Maupeou acabaría por emascular, publicó una serie de remostrances inspiradas por quien había sido su primer presidente y es un viejo conocido vuestro: Lamoignon des Malesherbes. Lamoñón, plenamente identificado con el estro retórico de los ilustrados, hablaba en sus documentos de los derechos inalienables de la nación y, consecuentemente, abogaba por la convocatoria inmediata de los Estados Generales. Mientras esta convocatoria no se sustantivase, decía, era el Parlamento el que retenía sus derechos y obligaciones y, sobre todo, tenía la labor de impedir el viaje del poder hacia la tiranía. Malesherbes opinaba que Maupeou, a quien no nombraba pero se le entendía todo, no sería capaz de encontrar suficientes jueces sustitutos de los que había exiliado (en esto se equivocó; en todo país y en todo momento, siempre hay, como poco, un 10% de membrillos dispuestos a absolutamente todo).
Que un tribunal soberano dijese esas cosas dejó a los parisinos sin aire. El gobierno, sin embargo, ni siquiera contestó. Bueno, sí contestó, pero fue cerrando el tribunal el 9 de abril y exiliando a Lamoñón.
El otro documento contemporáneo de las apreciaciones de la Cour des aides, sin embargo, sirvió para dejar claro que aquello estaba muy lejos de ser los pucheritos de unos jansenistas tiquismiquis. Los príncipes de sangre, es decir, los miembros de la estirpe leonorita (hombres todos, sin duda; recordad que estáis en Francia, la que acabaría liándonosla parda por sus putas manías machistas agnaticias) que podían algún día llegar a ser reyes o padres de reyes; los príncipes de sangre, digo, eran miembros natos de la Cour des pairs del Parlamento de París y, por ello, estaban bastante acostumbrados al refrote con los magistrados. Eso, más el hecho de que no les gustaba nada la ganancia exponencial de poder en las manos de Maupeou (porque todo sistema político, incluso el que no tiene contrapesos, tiende a fabricarlos), hizo que ellos también decidiesen protestar.
Las Protestations des princes du sang fueron leídas el 12 de abril frente al parlamento nuevo nombrado por Maupeou. Los príncipes consideraban que el movimiento del primer ministro in pectore había conculcado los derechos de la nación, y que por ello debía ser imputado como enemigo de la monarquía. Los príncipes, también tenemos que tenerlo claro, estaban defendiendo su capacidad de tener el poder absoluto si alguna vez sustituían o sucedían a su ilustre pariente; sus convicciones, digamos, democráticas, eran bastante febles. Pero el efecto era el mismo, como el mismo fue el cabreo del Rei Lui, quien les prohibió seguir en la Corte; de hecho, estuvieron unos dos años virtualmente exiliados.
Maupeou, en todo caso, decidió plantar batalla en la opinión pública. En la primavera de 1771 comenzó a alquilar las plumas de un ejército de cintoras y javieritos que se dedicaron a escribir libelos en su defensa. El más interesante de estos polemistas a sueldo es, probablemente, Simon-Nicolas-Henri Linguet. Linguet era abogado litigante, un pico de oro dicen, y era un defensor a muerte del poder real absoluto. Su argumento central era que la política es algo que sólo le concierne al poder. Su posición venía a decir que el bienestar común es una consecuencia lógica del poder absoluto. Las monarquías y satrapías orientales, argumentaba, hacen cosas por la felicidad de sus súbditos; y eso es así porque el interés de un rey absoluto con dos dedos de frente es que su gente esté contenta.
Otros libelistas a sueldo lanzaron la idea, bastante exitosa entre los legitimistas durante todo el siglo XIX, de que la autoridad de un rey absoluto no es algo que se pueda poner en solfa; porque el mismo hecho de ponerla en solfa tiene la consecuencia de poner en duda dicho poder absoluto. Es un argumento circular muy inspirado en la religión católica, cuya teología está repleta de este tipo de trampantojos.
Uno de los escritores que voluntariamente entró en el mercado panfletario para defender a Maupeou fue, vaya hombre, Voltaire. Voltaire había demostrado en su presencia en el caso Calas que no soportaba el poder excesivo de la Iglesia; pero cuando se movía en terrenos puramente políticos ya no era capaz de seguir su propia linde, contaminado como estaba por su anti parlamentarismo. Voltaire, de hecho, no era el único ilustrado que sentía desconfianza hacia los parlamentos; en la mayoría de los casos, sin embargo, se distanciaron de Voltaire porque para ellos era mucho más preocupante el peligro de la excesiva concentración del poder.
La policía, mientras tanto, trataba de acabar con la literatura clandestina por otros medios. Montaron, por ejemplo, una operación de comando por la cual un policía fue enviado a Londres para secuestrar a Charles Théveneau de Morande, un agrio polemista contra el rey que se había refugiado en Inglaterra. El secuestro salió como la rana, y Morande respondió escribiendo un libelo contra la policía, Le Diable dans un bénitier. Luego escribió Vie privée d'une femme publique, que era una biografía de madame Berry. Un libro abiertamente escandaloso en el que Morande no se dejó nada. Pero nada, nada.
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