lunes, abril 30, 2007

La reforma agraria de la República

Nos escribe Camilo, no sabemos muy bien desde dónde, animándonos a escribir unas notas sobre el problema de la reforma agraria en la segunda República. Lo más loable de Camilo es su sinceridad: no esconde que tras su petición, además de un interés sincero, se encuentra la obsesión de su profesor del instituto por esta cuestión, obsesión que se ha concretado en el encargo de un trabajo con nota. Pues bien, Camilo, para retribuir tu sinceridad, tengo una noticia buena y la otra mala. La buena es que este post va precisamente de aquello que tú necesitas, esto es la reforma agraria en la República; la mala es que, si has leído algunos otros post nuestros, habrás notado que tenemos la costumbre de redactarlos en un lenguaje coloquial e, incluso, en algunos casos, incluso levemente obsceno; el tipo de lenguaje que les sirve a los profes para darse cuenta de que un alumno no ha escrito lo que dice haber escrito. Te recomendamos, pues, que antes de caer en la tentación del copy/paste, te leas lo que viene debajo, y trates de asimilarlo.

Con la cuestión religiosa, que ya hemos tratado aquí y aquí, y la cuestión militar, la agraria es, de lejos, la gran cuestión de la República. Baste para muestra el botón de que el gobierno Azaña, y de hecho el primer bienio de izquierdas, cayó por unos sucesos, los de Casas Viejas, cuyo origen es la insatisfacción de los anarquistas respecto de la reforma agraria. Claro que no era para menos. España, económicamente hablando, era, en 1931, una economía agraria. Así venía siendo de tiempo atrás aunque con una realidad, como poco curiosa, pues si bien en España la agricultura siempre había sido muy importante, lo que no había sido era productiva, ya que las tierras españolas son, por lo general, poco fértiles. Entonces lo eran menos que ahora porque en España no había habido una gran política de regadíos (ésta la practicó, mal que nos pese, el franquismo; a Franco se le ridiculizó por su manía de inaugurar pantanos, pero es lo cierto que esos pantanos han irrigado no pocos campos hasta entonces de secano) lo cual hacía que hubiese extensísimas áreas de agricultura de secano. Por lo demás, había dos modelos agrarios radicalmente distintos: el del norte, basado en los minifundios de escasísima superficie (a veces, tan poca que ni daba para sostener a la familia que lo cultivaba); mientras que en el centro y sur eran generales los grandes latifundios, pues el secano sólo tiende a ser rentable en grandes superficies. El agricultor típico de la época era el yuntero, es decir un jornalero con dos mulas y un arado, que trataba de arrendar campos para explotarlos. Los latifundios eran el 58% de la superficie cultivable de Cádiz y cerca del 50% en cualquier otra provincia andaluza o extremeña. En Sevilla, por ejemplo, había 2.344 propietarios de tierras, el 5% del total, que generaban el 72% de la producción agrícola. Dado que en el secano la rentabilidad se incrementa con la superficie que se puede explotar, un terrateniente andaluz medio era capaz de sacar unas 18.000 pesetas anuales de su finca, mientras que el arrendatario minifundista solía sacar, por sus 10 hectáreas, poco más de 160.

Esto por lo que se refiere a quienes podían alquilar una tierra. Para los jornaleros, la cosa era peor. Un jornalero andaluz ganaba en 1930 entre 3 y 3,5 pesetas por día, salvo en verano, cuando ganaba hasta 5 pesetas, pero tenía que trabajar cuatro horas más, hasta doce. En Cataluña, estos jornales eran de 4 y 8 pesetas y en el País Vasco no bajaban de 5 pesetas.

En 1931 había en España 99 personas nobles con categoría de Grande de España. Sólo entre esta centena de familias poseían 577.000 hectáreas de campo. El mayor propietario de España era el duque de Medinaceli (79.146 hectáreas), seguido del duque de Peñaranda (51.015), el de Vistahermosa (47.203) y el de Alba (34.455 hectáreas). Por último, cabe hacer notar que en algunas zonas, como las Castillas, era endémico el arrendamiento a corto plazo, que era como agarrar al yuntero por los huevos: el latifundista cambiaba las condiciones del arriendo cada poco tiempo y, en caso que el arrendatario se pusiese de canto, siempre le quedaba la posibilidad de dejar las tierras en barbecho y matarlo de hambre. Como era latifundista, tenía otras muchas parcelas arrendadas.

La primera medida efectiva tomada por la República fue la denominada Ley de Términos Municipales, que impedía contratar un jornalero en otro pueblo mientras en el pueblo de las tierras quedase un solo parado. Esta ley elevó notablemente los jornales, aunque también sentó las bases de cierta dominación sindical sobre la contratación agraria, dominación de la que los propietarios de tierras se quejarían constantemente. En todo caso, el salario mínimo quedaba fijado en 5,5 pesetas por jornada normal y 11 para la de siega. Se fijaba la jornada de ocho horas y se recortaban notablemente las potestades de desahucio por parte de los propietarios arrendadores.

El 21 de agosto se constituye la ponencia de la Ley de Reforma Agraria, integrada por los diputados Polanco, Calot, Álvarez Mendizábal, Martínez Gil, Morau Bayo, Crespo, Valera, Artigas Arpón, Díaz del Moral, Companys, Ossorio Tafull, Hidalgo, Vaquero, García y García, Canales González, Beade Méndez, Pérez Torreblanca, Escribano, Serra Moret, Martínez de Velasco y Domínguez Arévalo.

En esta comisión, donde había desde liberales agrarios de derecha hasta socialistas, chocaron frontalmente los dos modelos de reforma existentes en la izquierda. Por un lado, el modelo del PSOE, que quería expropiar grandes fincas y explotarlas como tales colectivamente (un modelo seudosoviético, por lo tanto); y el modelo de los republicanos burgueses, que propugnaba la parcelación de dichos latifundios y su entrega a una multitud de pequeños propietarios. A la derecha de los burgueses estaban las derechas, que no querían la reforma; y a la izquierda de los socialistas estaba la CNT, que quería hacerse con la tierra a la fuerza y sin milongas legales ni otras memeces.

Nada más comenzar la discusión de la ley, en mayo de 1932, los notarios empezaron a forrarse. ¿Que por qué? Pero, ¿es que estáis lentos con el puente, o qué? ¿Nos os he dicho que la ley iba en contra de los latifundios? Un latifundio no se puede hacer desaparecer, pero lo que sí se puede es cortar a trocitos: los propietarios se fueron a los notarios, cargados de parientes, amigos y amiguetes, y comenzaron a trocear sus fincas al máximo y poniendo en cada trocito un dueño diferente; aquí la esposa, aquí una prima, aquí un amigo…

La ley, finalmente, fue aprobada en el Congreso, el 9 de septiembre de 1932, con 318 votos a favor y 19 en contra. Sucintamente, establecía la creación de un organismo, el Instituto de Reforma Agraria, encargado de dirimir qué explotaciones serían susceptibles de expropiación; amén de establecer medidas como la reversión a los arrendatarios de fincas que no fuesen muy grandes y que llevasen arrendando de mucho tiempo atrás. La reforma, en principio, no establecía la expropiación sin indemnización de las fincas de los grandes de España; esto es algo que se suele decir hoy, pero lo cierto es que esta enmienda en la ley fue introducida después del golpe de Estado del general Sanjurjo, y fue una represalia por el apoyo prestado a dicho golpe por alguna de las augustas familias.

Por lo que se refiere al resto de las finas expropiadas, se calculaba para ellas un precio mediante un tipo de capitalización que era creciente según la renta generada por las tierras. Una parte de la indemnización se pagaba en pasta y la otra en papelitos, concretamente deuda especial amortizable en cincuenta años (o sea: 1982, que ya les vale), con un tipo del 5% anual. A mayor riqueza de la tierra, menor era la proporción de pago en dinero.

La pregunta es: ¿por qué la reforma agraria salió mal? Pues por varias razones, supongo. Las que yo podría citar aquí son, primera, la candidez. Los gobernantes republicanos fueron extraordinariamente cándidos al diseñarla. En primer lugar, identificaron el problema agrario con el problema agrario del centro y sur de España, con lo que generaron una reforma que a los agricultores gallegos, asturianos o riojanos les atravesaba sin romperles ni mancharles: no les servía para nada.

En segundo lugar, todo parece indicar que la de los gobernantes republicanos fue una reforma hecha como los políticos de hoy los programas electorales, o sea: tú promete y, si luego ganamos, ya veremos cómo lo pagamos. Con el agravante de que éstos ya habían ganado; ya tenían que llevar adelante sus promesas. Lejos de ser un problema exclusivo de los grandes de España, la reforma agraria española requería expropiaciones a otras muchas gentes, todas ellas con indemnización, y para eso hacía falta dinero.

Y aquí llega el tercer lugar. El Consejo Superior Bancario realizó un informe en el que aseveraba que el sistema bancario español era suficiente para financiar la reforma y el gobierno, candidez sobre candidez, le creyó. Con ello, la reforma quedó en manos de quien la financiaba, los bancos; y éstos estaban dominados por los grandes nombres del capital financiero, mucho más amigos de los terratenientes que de los políticos republicanos. Así pues, metieron a la zorra en el gallinero.

La reforma agraria se diseñó para reasentar a 60.000 campesinos por año. En 1934, por lo tanto, debían ser 120.000; y eran 12.500. El Instituto de Reforma Agraria contaba con una aplicación presupuestaria de 50 millones al año, con lo que podía, por lo tanto, aspirar a colocar unas 5.000 familias. Para el resto, dependía de los bancos. Azaña se queja y se queja en sus diarios de su ministro de Agricultura, el republicano Marcelino Domingo, de cuya capacidad técnica dice lindezas y al que pone a precipitarse de un equino; pero cabe preguntarse hasta qué punto la cosa no fue bien por la estulticia de un ministro o es que la cosa estaba, en realidad, mal diseñada.

El 10 de marzo de 1933, siete mil agricultores se juntaron en una asamblea en Madrid contra la reforma. Las protestas llegaban por doquier. Paradójicamente, la superficie de tierra dejada sin cultivar creció (o no tan paradójicamente, pues los propietarios tenían pocos incentivos para invertir en ella). En este ambiente, las derechas ganaron las elecciones del 33, y le dieron una completa vuelta a la tortilla.

El 11 de febrero de 1934, con un solo decreto (levantamiento de los campesinos dedicados a cultivos intensivos), el gobierno desahució a 28.000 jornaleros. Cinco días después, se reponía la libertad del propietario de elegir arrendatario, eliminada con la reforma. Y, tres meses después, se anulaban las disposiciones relativas a jornadas, salario y colocación. Los jornales cayeron en unos pocos días un 50%. Entre mayo y junio de 1934, la Federación de Trabajadores de la Tierra, vinculada a UGT, desató una violentísima huelga general en el campo, con quemas de maquinaria incluidas. Un intento racional de hacer una reforma moderada, el del ministro de la CEDA Manuel Giménez Fernández, fue abortado por las propias derechas y su egoísmo, pues ahora todo lo que pretendían era recuperar todos sus privilegios. En un auténtico festival de favoritismo, los grandes de España fueron indemnizados por las mejoras introducidas en sus tierras antes de ser ocupadas e, incluso, por la expropiación de algunas de dichas fincas, a valores superiores a los reales.

Si es cierto que el Frente Popular no llegó del todo con ese afán revanchista y guerracivilista que se le atribuye, lo cierto es que en la materia agraria no es así. El campo que votó al Frente lo votó para volver a voltear la tortilla, esta vez con más radicalidad incluso; y, una vez producida la victoria, ello se cumplió. De febrero a junio de 1936, se expropiaron tierras para asentar a casi 72.000 yunteros, o sea cinco veces la cifra del periodo 1932-33, aunque cabe decir que, en realidad, aquí el gobierno ya no hacía nada, sino que se limitaba a dar carta de naturaleza a los hechos. La mayor parte de estas expropiaciones corresponde a terrenos previamente ocupados por los campesinos, con mayor o menor violencia.

La nueva Ley de Reforma Agraria del Frente Popular se aprobó el 18 de junio de 1936. Pero, por razones sobradamente conocidas, prácticamente no se aplicó.