domingo, febrero 25, 2007

Notas sobre España y la cuestión religiosa ( y 2)

Empezando por lo justo. Y lo pongo aquí por si hay quien no se lee los comentarios. Conde me recuerda que debí escribir, en mi pasado post, «Cuidaos de entender» y no «Cuidaros de entender». Conde tiene el 100% de la razón. El gazapo lo dejo tal cual porque, siendo éste post continuación del anterior, entiendo que la mayor parte de la gente que los lea leerá los dos y, por lo tanto, enterado quedará del oprobio, que merezco.

En todo caso, que sepas que este post es continuación de otro inmediatamente anterior.

En las últimas horas, tras la remisión al éter del último post, he recibido algún correo privado, por parte de alguno de los escasos lectores de este blog que saben cómo me llamo en realidad y esas cosas, criticándome por lo que consideraba un final excesivamente abrupto para dicho relato. Se queja mi corresponsal de que en ese «luego vendría la expulsión de la Compañía de Jesús (…)» estoy metiendo muchas cosas que, tal vez, hoy en día no se conozcan mucho y que, por lo tanto, había dejado la obra inacabada.

Así pues, aprovecho un asueto de este ventoso domingo por la tarde para aclarar algunas cosas y hablar, fundamentalmente, de cómo se desarrolló la cuestión religiosa durante aquellos agitados meses de 1931 y 1932.

Recordad que partimos de una situación de enfrentamiento descarado, con una iglesia sosteniendo su discurso más ultramontano y una República malentendiendo el laicismo como anticlericalismo, hasta el punto de mostrarse incapaz hasta de garantizar un derecho tan básico de las personas y de las asociaciones como el de la integridad de la propiedad privada. Fue en este ambiente en el que, durante la discusión de la Constitución de la República, se planteó la cuestión religiosa. El tema era tan peliagudo que ya los diputados de la Nación, al abordar la discusión de los derechos y libertades constitucionales, habían decidido aparcar el tema religioso para más adelante. El principal problema tenía nombres y apellidos; dos y cuatro, para ser exactos: Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura Gamazo.

El primero de ellos era presidente del Gobierno y el segundo ministro del Interior. Ambos eran conservadores, ambos provenían del régimen anterior y ambos eran católicos practicantes. Ambos habían formado parte del Pacto de San Sebastián, por el que en 1930 casi todas las fuerzas republicanas se coligaron, y ambos habían sido incluidos en el Gobierno republicano para ganar la confianza de las derechas no monárquicas. La República los necesitaba a ambos en su cúpula para mantener la imagen de proyecto de consenso de la sociedad española. Pero, lógicamente, ambos políticos eran hipersensibles a lo que se hiciese respecto de la Iglesia católica, así pues el anticlericalismo debía andarse con cuidado.

La tensión era ya mucha, pero en el verano se puso al rojo al vivo. Nuestro amigo el cardenal Segura, de quien ya hemos visto en el post anterior de qué palo iba, publicó en Francia una pastoral en la que decía cosas como que la idea de que la soberanía de un país emana solamente del pueblo era «un postulado del ateísmo oficial»; amén de repetir el manido debate, muy caro de la iglesia, sobre la diferencia entre libertad y libertinaje. La citada pastoral era tan ecuánime que el Vaticano prohibió al cardenal que hiciese pública ninguna más.

A pesar de que las cosas, tras silenciarse el demócrata Segura, fueron algo mejor tras designar la Iglesia interlocutor político al obispo de Tarragona, monseñor Vidal i Barraquer, a finales de septiembre comenzó el debate sobre el articulado constitucional en materia religiosa y las espadas volvieron a estar, en expresión que nunca he comprendido bien, en todo lo alto.

Es importante entender la diferencia entre laicismo y anticlericalismo. Laicismo es poner, como le puso Azaña a Vidal i Barraquer, la condición de que la separación entre Iglesia y Estado era conditio sine qua non (en lenguaje matemático: condición necesaria, pero no suficiente) para cualquier entendimiento; anticlericalismo es presentar una enmienda al proyecto de Constitución, como de hecho se hizo el 29 de septiembre de 1931, que directamente privaba del derecho de ciudadanía española a los frailes católicos. Enmienda que fue rechazada por 113 votos contra 82, esto es, fue ampliamente votada a favor incluso por diputados no marxistas, tales como radical-socialistas de gran predicamento en la República como Ortega y Gasset (Eduardo, o sea, el hermano), Félix Gordón Ordás, Ángel Galarza (a quien hemos leído haciendo de fiscal del rey Alfonso XIII) y Emilio Baeza Medina. A pesar de que el Vaticano se mostró conciliador mediante el gesto que más le podía apetecer al Gobierno (convenció al cardenal Segura de que renunciase a la sede toledana), no consiguió retraer a sus mesnadas. Aquellos diputados eran mucho más libres que los de hoy; en España se votaban listas abiertas y ser diputado significaba, en no pocos casos, habérselo currado, lo que hacía que no muchos de nuestros próceres pusieran sus convicciones por delante de la disciplina de partido.

Acción Republicana, el partido de Azaña, hizo su parte para conseguir esta concordia. El jurista Enrique Ramos presentó una enmienda por la que la Iglesia tendría la consideración de una Corporación de Derecho Público, regida por un estatuto de futura redacción. Esto provocó un grossen cabreo a los diputados más anticlericales, que pretendían mantener el redactado del dictamen de la Comisión Constitucional, que establecía la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. El propio Ramos contemporizó con este radicalismo elaborando una nueva redacción de la enmienda, en la que el Estado se reservaba la potestad de ilegalizar aquellas órdenes religiosas que considerase nocivas para la República. No obstante, antes de la presentación de dicha enmienda tomó la tribuna de oradores el político y ministro socialista Fernando de los Ríos, y dejó tan clara la hostilidad de los socialistas hacia tal componenda, que el texto no llegó en puridad a presentarse nunca para su votación.

En la Comisión Constitucional las cosas se pusieron al rojo vivo. A pesar de la viveza con que socialistas y radical-socialistas defendían la total ilegalización de las órdenes religiosas, ésta propuesta fue derrotada el 15 de octubre, a cambio de una regulación muy parecida a la segunda enmienda de Ramos. Esto colocó al gobierno al borde del abismo, pues los radical-socialistas se dijeron dispuestos a pasarse a la oposición, mientras que, por el otro lado, el Gobierno sabía que si se aprobaba la disolución de las órdenes, quienes se irían serían Alcalá-Zamora y Maura.

Fue en este ambiente en el que Azaña pronunció su celebérrimo discurso en las Cortes en el que sentenció: «España ha dejado de ser católica». Otra de esas ocasiones, en mi opinión, en la que Azaña demostró su capacidad de miopía. No es necesario defender a la Iglesia para atacar esta frase. Un país deja de ser católico no cuando una Constitución lo dice ni cuando unos políticos así lo deciden. La España de 1931 era, en una porción muy significativa, católica. Había sonado, cierto, la hora de separar Iglesia y Estado; pero separar no significa enfrentar. Ni negar. En el discurso de Azaña del 13 de octubre de 1931 hay, en el fondo, dos discursos. Uno es el del político que trata (y consigue) que una mayoría de diputados acepte la enmienda de tono moderado de la Comisión Constitucional; el otro es ese Azaña del que se ha hablado y escrito hasta la saciedad, el Manuel Azaña contrito y rencoroso con los curas de su infancia, que embate contra las instituciones religiosas con un celo excesivo, con demasiada fuerza para lo delgada que era entonces la cuerda. La política, es bien sabido, es, antes que nada, el arte de lo posible.

La nueva redacción fue aprobada. No impidió la dimisión de Alcalá y Maura, pero sí salvó a la Constitución republicana de portar un nivel de sectarismo que, de haberse producido, habría convertido el bienio de las derechas (1933-1935) en algo más difícil y violento de lo que ya fue.

Eso sí, la Iglesia no dejó, ni antes ni después de ponerse en solfa textos más o menos radicales, de influir negativamente contra el Gobierno español a través del Vaticano, de colocar sermones incendiarios, de adoctrinar en los confesionarios y de convertir a su grey en soldadesca antiliberal. Incluso Vidal i Barraquer, en diciembre del 31, firmaría una pastoral totalmente apuntada a la Segura fashion, instando a los católicos a acatar el poder civil, pero recordándoles que dicha obligación no existía para aquellas regulaciones contrarias a la ley de Dios y los deseos de la Iglesia. Dicho de otra forma: si estás en la tesitura de obedecer a Dios o a la Constitución, has de obedecer a Dios. Con estos mimbres, no ha de extrañarnos que el franquismo llamase Cruzada a su golpe de Estado y que muchos, muchísimos católicos no sintiesen en el 36 el menor escrúpulo por alzarse contra un poder democráticamente constituido.

A principios de 1932, los radical-socialistas atacaron en el Congreso insinuando que, si bien la Constitución había quedado redactada de forma que la vía para la ilegalización de la Compañía de Jesús estaba abierta, en la práctica el Gobierno no iba a tomar dicha decisión porque ésa había sido una condición impuesta por Alcalá-Zamora para aceptar la Presidencia de la República. Poco tiempo después, se aprobó el decreto de disolución, que daba a los jesuitas diez días para darse el piro y establecía la nacionalización de sus bienes; aunque, como decimos en mi tierra, era una nacionalización de aquella manera, porque los bienes directamente ligados al culto quedaban en manos de otras instituciones católicas.

Por esas mismas fechas, el Gobierno aprobaba otra ley anticlerical que, la verdad, se podría haber ahorrado: la ley de secularización de los cementerios, que establecía que todo mayor de edad sería enterrado en laico salvo que hubiese expresado el sentimiento contrario.

Una de las líneas de investigación que no veo yo muy desarrolladas en los libros sobre la guerra civil tiene que ver con todo lo aquí expresado. El Gobierno republicano se desgañitaría, entre 1936 y 1939, exigiendo un fin de la neutralidad bélica de las democracias europeas, justo equilibrio al hecho de que Franco estaba siendo descarada y generosamente ayudado por las dictaduras fascistas de Alemania e Italia. Esto lo sabemos; lo que no sabemos, o eso creo yo, son todos los porqués de que fuese tan difícil, a la postre imposible, romper las resistencias de británicos, franceses y estadounidenses. Cierto es que las democracias europeas no querían cabrear a Hitler y ésta es, sin duda, la principal razón. Pero, ¿nos hemos preguntado suficientes veces cuál fue la actitud del Vaticano y de las iglesias católicas nacionales en general?

Mi opinión es que la República pagó muy caro su radicalismo anticlerical. En primer lugar, como ya advirtió el propio Miguel Maura siendo ministro de Gobernación, porque las quemas de iglesias y conventos, atentados impunes ante los que la fuerza pública hizo poco o nada, enviaron una señal muy jodida al extranjero. Baste que nos preguntemos nosotros mismos qué pensaríamos de, un suponer, Italia, si viésemos en la tele la noticia de que sólo en Roma han ardido varias decenas de mezquitas sin que la policía haya siquiera salido de las comisarías. En segundo lugar, porque el cambio podía haber sido mucho más tranquilo y negociado; aunque justo es reconocer que el negociador que tenían enfrente tenía las mismas ganas de negociar que las que tengo yo de saltar en paracaídas.

No me resulta difícil imaginar a toda una caterva de políticos, diplomáticos y hombres de negocios católicos franceses, ingleses, alemanes, italianos, comiéndole la oreja, un día y otro, a los políticos europeos durante los tiempos de la guerra civil. Pero… ¿vas a venderle armas a estos? ¿Es que no sabes que bla y que bla y que bla?

Otra consecuencia negativa de las excesivas prisas de la República fue la radicalización de la Iglesia. La jerarquía católica española tardaría casi diez años en ponerle a Franco la primera china en el zapato, si es que podemos llamar rebelión, o cosa parecida, a la entrevista de El Pardo de diciembre de 1956, a cuenta de los proyectos legislativos de la Falange, que ya conté en un viejo post. En realidad, la Iglesia católica española no se hizo jerárquicamente demócrata hasta los años setenta, si bien a cuenta de ello tuvo algunos gestos de gran importancia. Qué duda cabe que el corte conservador era lo que la Iglesia quería para sí misma.

Pero hay un dicho que suelen repetir mucho los británicos. ¿Sabéis cómo se cuece una rana viva?

Pues sólo hay una manera. Se la coloca en una olla de agua fría y luego se pone esa olla a fuego muy, muy bajo, y se sube la temperatura muy, muy lentamente. Quien tome una olla, la ponga al fuego y, cuando esté el agua hirviendo, trate de echar la rana dentro, nunca la cocinará.

Pues eso.