Una política cuestionable
Peseta grande, ande o no ande
Secos de crédito
Conspiradores
Las cábalas de Mussolini
March
Portugal
Los sueños imposibles del doctor Negrín
Dos modelos enfrentados
Dos bandos, dos modelos
La polémica interminable sobre la eficiencia del gasto bélico
Rosario de ventas
De lo necesario, y de lo legal
¿Y si Putin tiene una colección de monedas de puta madre?
La guerra del dinero
Echa el freno, Madaleno
Un mundo sin bancos
“Escuchado en la radio”
El sindiós catalán
Eliodoro de la Torre, el más vasco entre los vascos
Las repúblicas taifas
El general inflación
Bombardeando pasta
Los operadores económicos desconectados
El tema impositivo (y la recapitulación)
La Junta de Defensa Nacional impuso, en las primeras semanas de la guerra, un control absoluto sobre las empresas y las industrias, aunque sin poner en cuestión la propiedad privada. Durante toda la guerra, las industrias estuvieron completamente intervenidas, de modo y forma que debían someter a la auditoría gubernamental cualquier cambio en sus estrategias de gestión. Los minerales y sus derivados fueron todos incautados. Eso sí, el franquismo tuvo la inteligencia de entender que aquélla era una medida de guerra y, por lo tanto, la revocó a las pocas horas de terminar la guerra, en lo que fue el primer acto que malquistó a Franco con los falangistas.
El 3 de mayo de 1938, mediante un
decreto, el gobierno de Burgos clasificó todas las industrias en cinco grupos,
en función de su mayor o menor interés bélico (industrias militares,
industrias militarizadas, industrias totalmente movilizadas, industrias
parcialmente movilizadas e industrias disciplinariamente militarizadas). Se
intervino por completo el comercio exterior y el manejo de divisas. Y, por
supuesto, se mantuvo una sola política monetaria.
A ambos bandos, por lo demás, se
les planteó el obvio problema de que tenían que financiar una guerra. Ambos
bandos, pues, tenían que variar radicalmente el punto de vista de sus regímenes
de gobierno (bueno, el bando nacional la verdad es que no) para focalizarlos en
resultar ganadores de un conflicto bélico.
Aunque sobre este tema habría
mucho que escribir, quizás sería excesivamente aburrido, especialmente para
lectores no muy interesados en el consumo de ese pan sin sal que llamamos
información financiera y presupuestaria. Pero creo que se puede resumir el tema
con una frase muy feliz de José Ángel Sánchez Asiaín: la república financió la
guerra con el ahorro pasado de los españoles, y la zona nacional, con el ahorro
futuro.
La república tuvo la gran ventaja
de mantener, tras el estallido de la guerra, el control casi total de las reservas
de oro de España, con la única excepción de la cantidad depositada en
Francia. Las reservas de oro, efectivamente, no son el resultado de ningún
político inteligente, sino del esfuerzo esos millones de personas que, a pesar
de los muchos mensajes y tentaciones que reciben en sentido contrario, viven
una vida en la que, como cantaba Discépolo, laburan día a día como un buey. Con
ese dinero, los republicanos pagaron sus compras de armas. La España nacional,
por su parte, no tenía oro. Desde el principio pleiteó por la propiedad del
depositado en Francia; pero sólo le sería concedido cuando en realidad ya daba
igual. Así que hizo una política de incautación/cesión voluntaria de todo el
oro posible (incluso las pequeñas cantidades incluidas en algún instrumental
estomatológico); y el resto lo consiguió endeudándose, es decir, como dice
Asiaín, apalancándose con el ahorro que los españoles algún día constituirían
para poder devolver el empréstito.
Desde el comienzo de la guerra
hasta el 1 de abril de 1939, el Banco de España de Burgos concedió anticipos al
gobierno de Burgos, es decir, le transfirió dinero para poder financiar la
guerra, por valor de 7.600 millones de pesetas; a los que tal vez habría que
añadir 2.500 millones adicionales que fueron pagados entre el 1 de abril y el
final de dicho año.
En consecuencia, cuando el Banco
de España, ya reconocido como el único legal, celebró junta de accionistas
extraordinaria en 1942, cubriendo en un solo acto los ejercicios 1936-1941,
reconocía unos anticipos bélicos a Burgos de 10.100 millones de pesetas, todos
ellos prestados sin interés. Según la relación, en 1937 se entregaron 2.500
millones de pesetas; en 1938, ya en septiembre se había igualado la cifra del
año anterior, y el total del año llegó a 4.100 millones; en 1939 se entregaron 3.500
millones, de los cuales 2.500 se entregaron ya terminada la guerra.
En el análisis realizado por el
banco burgalés en 1940, y haciendo uso de la excelente información que los
hombres del Banco de España franquista tenían, o creían tener, de lo que se cocía en el de la
repu, se informaba que los anticipos realizados por el Banco de España
republicano habían sido de 13.700 millones. Esta cifra, sin embargo, no estaba
tan bien informada como pretendían sus filtradores. Terminada la guerra, cuando
los hombres de Burgos tomaron el caserón de Alcalá y comenzaron a ordenar las
carpetas de documentación, se habría de descubrir que, en realidad, el ritmo de
anticipos había sido muy superior. El truco era que, en tiempo de guerra, el
gobierno republicano, es decir el Ministerio de Hacienda, había tomado a su
cargo la circulación de billetes de 50 y 25 pesetas, que obviamente le
correspondía a la autoridad monetaria (por eso en los billetes ponía “El Banco
de España pagará” y no “El gobierno de España pagará”); pero recibió a cambio
un abono por parte del Banco de España para ejercitar ese respaldo. Fue una
argucia para recibir dinero sin tener que decir que lo recibía. Corregido de
este efecto, el saldo deudor del gobierno republicano respecto del Banco de
España fueron 23.000 millones de pesetas.
Estas cifras son la base de una
importante polémica histórica que, como todas, no tiene solución porque tiene
fuertes tintes ideológicos. La comparación entre los gastos de un bando: 10.100
millones de pesetas; y los de otro: 23.000 millones de pesetas; siendo como
fueron dos bandos que, cuando menos al inicio de la contienda, tuvieron un
control fifty-fifty de la nación, puede llegar a la conclusión de que el
bando franquista fue aproximadamente el doble de eficiente que el republicano a
la hora de gastar en la guerra. Sin embargo, aquí hay varias cosas que decir,
unas a favor, otras en contra de esta visión.
Lo primero que hay que decir es
que hay que tener en cuenta la naturaleza de las ayudas internacionales. La
república se vio lastrada por dos hechos. El primero de ellos fue el
extrañamiento oficial de las potencias extranjeras de la guerra; lo cual la llevó
a cambiar un entorno de eventuales compras de armas directamente a gobiernos
amigos o semiamigos por otro de compra en el mercado libre de armas, en
operaciones no siempre limpias y transparentes; lo cual, por definición, es más
caro. El segundo problema que se encontró es que su principal proveedor, la
URSS, cobró hasta el último mango las armas y asesorías que vendió; y lo hizo,
además, controlando físicamente el oro con que España pagaría; así como la
cotización del rublo y el propio precio al que vendía la armas. En otras
palabras, Stalin tuvo en todo momento la potestad de ponerle el precio que
quería a lo que vendía.
A eso hemos de añadir el hecho de
que el bando nacionalista también recibió ayuda militar externa. Contrariamente
de lo que se cree, ésta no fue gratuita; Hitler siempre pensó en cobrarla y
exigió su pago; pero, claramente, eso lo hizo sólo mientras pudo; aunque tras la guerra mundial, tanto la RFA como Italia retomarían las deudas adquiridas con Hitler y Mussolini. Por lo demás,
el hecho de que buena parte del ejército se colocase del lado nacional resulta
obviamente ventajoso a la hora de financiar una guerra.
Otro factor que hay que tener en
cuenta es la inflación. Los anticipos al gobierno republicano se produjeron en
un entorno de elevación de los precios muy superior al que se veía en zona
nacional, como consecuencia de la guerra monetaria, que repasaremos en estas
notas. Los pagos, por lo tanto, deberían, en un estudio sistemático, ser
adecuadamente descontados y expresados, por ejemplo, en pesetas de 1939 o,
mejor, en pesetas pasadas por la ley de Desbloqueo. Una operación que es punto
que imposible dado que, que yo sepa, nadie conoce el calendario exacto de los
anticipos servidos por el Banco de España a la república.
Enrique
Fuentes Quintana, que sería ministro de Economía y el gran factótum de los
llamados Pactos de la Moncloa, estudió especialmente este fenómeno y llegó a la
conclusión de que, efectivamente, en buena medida la guerra civil española fue
financiada por la inflación; es decir, por las clases menos favorecidas. Venía
a decir el viejo profesor que, en realidad, los gobiernos en guerra, y sobre
todo el de Burgos, habían tenido una alternativa, que habría sido emitir deuda.
De alguna manera, se insinuaba que los gobernantes, entre endeudarse ellos y
endeudar a los sujetos de la inflación, es decir el personal, prefirieron lo
segundo. Debo decir que, por mucho que admire al profesor, el argumento me
parece feble pues la deuda pública, al final, la pagan los mismos que soportan
la inflación. Estamos tan acostumbrados a la importancia de los gobiernos y los
Estados que nos olvidamos de que, en el fondo, son entes virtuales que no viven
sino en el alma de sus ciudadanos.
El tema de la financiación de la
guerra nos lleva directamente a uno de los asuntos más batallones de la GCEXX:
el asunto del oro.
El primer elemento de este
conflicto es recordar que la Ley de Ordenación Bancaria vigente el 18 de julio
de 1936 sólo le permitía al gobierno disponer de las reservas de oro para
defender la peseta. Aunque supongo que estaréis pensando que en un entorno de
guerra toda esta farfolla de BOE deja de valer, eso no fue lo que pensaron los
funcionarios y dirigentes del Banco de España republicano. Aun siendo, como
vemos en estas notas, gentes designadas por el gobierno como consecuencia de su
sintonía con el mismo, los hombres del Banco de España exigieron que toda
operación de movilización del oro se instrumentase como una movilización de
oro, mitad del Banco de España, mitad del Tesoro, quien previamente lo habría
recibido como préstamo; y siempre existiendo en la cesión una cláusula según la
cual el oro exportado no se aplicaría a otro objetivo que no fuese la
intervención de cambio.
Según Ángel Viñas, cuyos cálculos
daremos por buenos, en el momento de estallar la guerra el Banco de España poseía
708 toneladas de oro fino, de las cuales 638 estaban en Madrid y 53 estaban en
Mont de Marsan; el resto lo tenían diversos corresponsales. El oro valdría unos
2.200 millones, más 300 del oro en manos de corresponsales y 657 millones en
plata.
Según la normativa monetaria,
hasta 4.000 millones de pesetas en circulación, el Banco de España venía
obligado a tener un respaldo del 45%, del que el 40% tenía que ser oro. Por el
exceso hasta 6.000 millones, la garantía se exigía del 60%, el 50% de la misma
oro. En ese momento la masa monetaria fiduciaria española era de 4.600
millones, por lo que hacían falta 1.900 millones de pesetas en oro (552
toneladas) para respaldarla. El subgobernador Julio Carabias, sin embargo,
consideró, terminada la guerra, que si el oro se valoraba según la cotización
de los mercados, en realidad haría falta menos de la mitad de esta cifra, unas
220 toneladas.
La salida de los metales
preciosos propiedad del Banco de España (o, mejor deberíamos decir, propiedad
de los españoles administrada por el Banco de España) comenzó el 24 de julio de
1936. Una semana después de comenzada la ensalada, el Consejo del Banco se
reúne, y en él su presidente informa de que el gobierno ha autorizado la venta
de oro hasta la cantidad de 25.200.000 pesetas, para defender la cotización de
la peseta; es decir, dentro de los términos de la Ley de Ordenación Bancaria.
El Banco decidió realizar el anticipo de la mitad de esta cantidad, ya que,
como os he dicho, las exportaciones se realizaban a pachas con el Tesoro. La
venta se hizo a Francia.
Esta venta “para defender la
peseta” está, con seguridad, conectada con el hecho de que, cinco días antes,
el gobierno español había hecho un pedido urgente de material militar al
gobierno francés. Los franceses contestaron como los franceses que son: show
me the money.
En París era embajador Juan
Francisco de Cárdenas, un señor que tenía de republicano lo que yo de
lagarterana; y que, en consecuencia, hizo lo divino y lo humano con tal de
poner palos en las ruedas de la operación. Por esta razón, el día 22 Fernando
de los Ríos fue trasladado a París a pelo puta, hasta el nombramiento formal
como embajador del doctor Marcelino Pascua.
El mismo día que se aprobó la
exportación del oro, el gobierno español consignó el 50% del pago de las armas
en el Banque de Paris et des Pays Bas. La primera remesa de oro llegó al día
siguiente a París: 18 cajas que estaban allí, formalmente, para intervenir en
los mercados de cambios en defensa de la peseta.
Tres días después, 27 de julio,
se informó del perfeccionamiento del convenio; aunque, prudentes, los hombres
del Banco de España siguen reflejando en el acta el objetivo de la exportación
del oro. La llegada del oro, por lo demás, activó un anticipo de 320 millones
de francos, que fue fundamental para que el gobierno republicano pudiese
empezar a comprar armas.
El 10 de agosto, el gobernador
del Banco de España informa a su consejo de que el Ministerio de Hacienda ha
enviado sendos oficios el 3 y el 7. El primero de ellos insta la convocatoria
de la Junta Interventora del Cambio Exterior, para consultarle la pertinencia
de colocar oro en el extranjero “al efecto de la acción interventora en el
cambio internacional”. El segundo oficio informaba de que el gobierno había
aprobado requerir al Banco de España un préstamo de 25.200.000 pesetas para
intervenir en el mercado internacional de cambios, “aceptando el gobierno la
responsabilidad de la operación, que en su día someterá al parlamento para su
regulación constitucional”. El Banco accedió a la petición, formalmente, en los
términos en que había sido hecha. De todas formas, fue un fait accompli,
pues el subgobernador, acompañado por sus huevazos, informó de que, a la
recepción de la comunicación del 7, y sin esperar a la decisión del Consejo, no
sólo había comenzado a preparar el envío, sino que ya había remitido la primera
remesa.
El 12 de agosto, el Consejo
conoce de otras dos órdenes. La primera, situar en el Banco de Francia otra
cantidad de 25.200.000 pesetas. La segunda, autorizando al Banco a vender oro
amonedado o en barras hasta esta cantidad. Se aprobaron. El 24 de agosto
llegaron otras dos órdenes iguales, igualmente cumplidas. Siempre factor común
“defensa de la peseta”. El procedimiento formal siempre hacía preceder a la
autorización al Banco de España para la venta del oro la formalización de un
préstamo por dicha cantidad a favor del gobierno.
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