Una política cuestionable
Peseta grande, ande o no ande
Secos de crédito
Conspiradores
Las cábalas de Mussolini
March
Portugal
Los sueños imposibles del doctor Negrín
Dos modelos enfrentados
Dos bandos, dos modelos
La polémica interminable sobre la eficiencia del gasto bélico
Rosario de ventas
De lo necesario, y de lo legal
¿Y si Putin tiene una colección de monedas de puta madre?
La guerra del dinero
Echa el freno, Madaleno
Un mundo sin bancos
“Escuchado en la radio”
El sindiós catalán
Eliodoro de la Torre, el más vasco entre los vascos
Las repúblicas taifas
El general inflación
Bombardeando pasta
Los operadores económicos desconectados
El tema impositivo (y la recapitulación)
En este entorno, muchas empresas
quedaron desconectadas de su clientela, en todo o en parte; o desconectadas de
los proveedores de materia prima. Se creó, además, una notable asimetría en el
sector primario. La mayoritaria adscripción de las zonas rurales a la rebelión
hizo que una zona nadase en recursos mientras que a la otra le faltase lo más
básico. Mi padre, que vivió y creció en Galicia, siempre decía que él había
pasado mucha hambre de niño; pero que el hambre se la había traído la paz.
La república conservó, en números
redondos, seis de cada diez de los 23 millones de habitantes que tenía España
el día del alzamiento. El gobierno retuvo 22 capitales de provincia por 28 los
rebeldes; una proporción que, sin embargo, cualitativamente fue bien diferente.
La república, que como os he
dicho tenía el 60% de los habitantes de España bajo su control, apenas contaba
con el 30% de la producción agraria para alimentarlos. Sin embargo, desde el
punto de vista del esfuerzo bélico e industrial, estaba en la situación
contraria: en su seno se encontraba el 80% del poder industrial del país. La
república se había quedado, en el minuto uno de la guerra, casi todo el
litoral, las grandes áreas urbanas, las concentraciones industriales.
Paradójicamente para un bando que pronto dejaría ver sus veleidades
ultraizquierdistas, dominar las grandes ciudades también le había supuesto
mantener en su seno a los españoles de mayor renta y capacidad adquisitiva,
aunque cierto es que éstos, a causa de la ciega política de represión que
comenzó a ejercer la república (perdón: los “incontrolados”) contra personas
que, en puridad, no habían hecho nada y no tenían en su haber más delito
demostrable que ser comparativamente ricos; esas personas, digo, comenzaron un
lento goteo en el que, a base de sobornos, huidas rocambolescas o intercambios,
comenzaron a abandonar la zona republicana. En ese proceso, por cierto, la
república, que no andaba lo que se dice sobrada de esto, perdió buena parte de
la inteligencia económica que había logrado mantener en su predio.
En el ámbito agrícola, un solo
éxito se podía anotar la república. Al haber mantenido la fidelidad de Valencia
y Murcia, podía decir que la porción del sector agrícola más pintona de cara a
las ventas exteriores era de su propiedad. En efecto, el 90% de la producción
de cítricos estaba controlado por la república. Controlaba la mitad de la
producción aceitera y la práctica totalidad de la producción de arroz, por no
mencionar toda la huerta mediterránea. Por pimientos, pues, no quedaba.
La zona nacional, sin embargo, se
había llevado lo que en la Edad Media se denominaba “tierras de pan llevar”; es
decir, buena parte de los cultivos herbáceos que alimentan, nunca mejor dicho,
algunos de los productos más básicos. Los sublevados, es decir, muy pronto el
general Franco, se habían quedado dos terceras partes de la producción hispana
de trigo y el 60% de la producción de leguminosas; podían, pues, ganar la
guerra a pedos. Tenían dos tercios de las patatas de España y el 90% del
azúcar, casi todo el ganado de leche y de carne, y la producción pesquera,
porque, efectivamente, tenían poco litoral, pero el poco que tenían era el que
pescaba. Industria tenían poca, pero sí mucha materia prima en forma de hierro
y de carbón; en este segundo caso, de hecho, la caída de Asturias en la segunda
mitad del 37 puso en sus manos el 90% de la producción. En esa misma época, el
control ejercido sobre el País Vasco, sobre todo teniendo en cuenta ese
episodio bien conocido en el que los nacionales se encontraron las fábricas de
Bilbao recién barridas, cambió totalmente su balance industrial.
Los republicanos, por lo demás,
controlaban la mayoría de los puertos importantes de la costa española, y
también la mayor parte de la flota mercante.
Sobre ser esto muy importante, lo
que lo es más todavía, y se suele destacar poco, es que la república, al
retener Madrid, Cataluña y el País Vasco (y, en menor medida, la plaza de
Valencia), se había hecho con el control de la España financiera. España tenía,
en julio de 1936, seis cámaras de compensación interbancarias, o mercados en
los cuales los bancos se prestan dinero entre ellos para afrontar situaciones
de necesidad de liquidez y de otro tipo. Las cuatro más importantes de todas
ellas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, quedaron en manos de la república.
La república también se hizo con el control de las tres bolsas de valores
(Madrid, Barcelona y Valencia). El 65% de las oficinas bancarias quedaron
situadas en zona republicana. Los consejos de administración y la alta
dirección de los cinco grandes bancos españoles quedaron situados en zona
republicana, como también, obviamente, el Banco de España y su oro.
Institucionalmente hablando, la
primera decisión del bando nacional que tuvo importancia para el sector
financiero fue que el gobierno de Burgos decretó la creación de su propio Banco
de España; algo que veremos mucho más a fondo en estas notas. Fue una medida
bastante lógica que venía a dejar claro que el de los alzados no era un simple
intento de controlar territorio, sino de gobernarlo; y, consecuentemente,
también de regular su sistema financiero y monetario.
El Banco de España republicano
siguió la suerte de su gobierno. Quedó radicado en Madrid aunque, con el
tiempo, acabaría trasladado a Valencia primero, y a Barcelona después; el Banco
de España nacional nunca se movió de Burgos. En el primer asalto, la victoria
clara era republicana: la república retuvo la oficina central, las estructuras
de gobierno, y el oro. O sea, todo.
A mediados de septiembre de 1936,
y tras muchos esfuerzos, el bando nacional crea un Consejo Extraordinario del
Banco de España en Burgos, cuyo principal combustible fueron los consejeros
legítimos del BE que habían salido de zona republicana por aquello de que no
les gustaba salir de casa a deshoras. Este Banco de España nacional, como es
lógico, nunca fue reconocido por el Banco de España de Madrid. Esto fue el
comienzo de un rosario de pleitos que ambos bancos se incoaron, también dentro,
pero sobre todo fuera de España.
Los gestores republicanos, en el
momento en que se produjo el golpe de Estado, heredaron de Indalecio Prieto la
voluntad de controlar políticamente al Banco de España. Lo hicieron, eso sí,
sin modificar sus estatutos, conscientes de que el bando nacional, en cuanto
fue capaz de constituir su propio Banco de España en Burgos, había iniciado una
batalla legal internacional para conseguir que los tribunales le concediesen el
estatus de autoridad monetaria española (detrás de lo cual estaba, sobre todo, el control del oro un día depositado en Mont de Marsan). Por ello, no querían convertir el
Banco de España de Madrid en la típica tienda de campaña del 15-M, pues sabían
que ese gesto les dejaría sin legitimidad legal. De hecho, en Burgos un decreto
de 25 de agosto de 1936 había declarado nulas las operaciones realizadas con el
oro del Banco de España; y una orden de 14 de enero de 1938 adveraba la total
representación monetaria por la institución burgalesa. Eran, por supuesto, medidas totalmente unilaterales; pero buscaban despertar dudas en los tribunales internacionales en los que Franco estaba pleiteando para conseguir ser considerado la autoridad monetaria española.
Otro tema importante es que,
desde el primer momento, las autoridades de Burgos fueron conscientes de que
necesitaban tener sus propias reservas de oro; algo que tenían que construir desde la insondable nada. Este tema se puso en manos de un
tal capitán Villanueva, cuya filiación no he conseguido completar cuando menos por el momento, para que crease un laboratorio de fundición y
catalogación de los metales preciosos que el bando nacional lograse acumular. En zona nacional, los ciudadanos fueron conminados a entregar todo el oro que tuviesen. Como diría un gallego, unos lo hicieron; y otros, no.
Sabido es que la primera
intención de la república tras el golpe de Estado fue tratar de hacer como que
no había pasado nada (revocación de los estados de guerra proclamados por los
golpistas) y buscar un claro mensaje de moderación con el denominado Gobierno
Giral, en el que no entraron las fuerzas obreras y que, demás, trató, a través
de la famosa llamada al móvil del general Mola, de buscar una solución pactada. La
palabra básica era “continuidad”; y sobre todo en el ámbito económico, puesto
que los responsables de las carteras del dinero fueron los mismos que ya lo
eran antes del 18 de julio.
La reacción de las organizaciones
obreras, sin embargo, comenzó a ponerle palos en las ruedas a este proyecto
imposible, tomando la calle y, sobre todo, las fábricas. El gobierno trató de
encauzar todo aquello decretando su intervención tanto en los servicios
públicos como en toda empresa que hubiere sido abandonada por su propietario;
trataba, por lo tanto, de hacer propio un fenómeno popular. Para llevar a cabo
esto, se creó un Comité de Intervención de Industrias; un órgano que, si para
algunos exégetas de izquierdas fue una medida de control de los empresarios, en
realidad lo que trataba de ser era una medida de control de los sindicatos y
partidos de izquierdas, para que no pudieran hacer lo que les saliese de los
cojones.
Aquello, como es bien sabido, no sirvió. El péndulo, de hecho, se acostumbró más a estar del otro lado al que habían imaginado Azaña, Giral, Albornoz (Álvaro) y otros tantos políticos de medio pelo de lo que se ha dado en llamar las izquierdas burguesas. En otro sitio he escrito que el Frente Popular fue la típica coalición política española: esa confluencia a la que todos van convencidos de que serán capaces de engañar y mandar sobre los otros. Los republicanos burgueses se habían creído tan siete machos y tan listillos como para manipular a las organizaciones obreras en beneficio de esa república que hoy todo el mundo tiene en la “memoria”: una república laica, parlamentaria y constitucional, amiga de las libertades civiles y de los derechos laborales. Una república, en fin, que nunca existió, porque fue engullida por la república de clase, de enfrentamiento dialéctico, revolucionariamente representativa (soviets, sindicatos), y animada por el objetivo de acabar con la burguesía.
Tras el
episodio del Cuartel de la Montaña, el gobierno Giral ya no pudo creerse él
mismo que controlaba la situación. Así que armó al pueblo, y montó la que montó. Y,
exactamente igual que el guardia civil que entró en el Congreso el 21 de
febrero de 1981 anunció en los micrófonos la pronta llegada de una “autoridad
militar, por supuesto”, se creó un gobierno republicano marxista, por supuesto.
El gobierno de la victoria, dirigido por ese personaje a quien Sánchez-Albornoz
llamó La Mula Honesta: Largo Caballero.
En la llegada del nuevo gobierno,
los goznes de la política económica, es decir el Ministerio de Hacienda, fueron
colocados en manos del doctor Juan Negrín. Yo tengo por mí que Negrín llegó al
ministerio con la intención de crear una política económica republicana de
izquierdas con la que pudieran identificarse los burgueses, a pesar de algún
exceso; y los obreristas, a pesar de alguna que otra cobardía. Es decir: Negrín
es uno más de los políticos de la Historia de España, de los cuales no pocos
han sido y son socialistas, aunque no faltan de ellos en la falange pepera, a quienes alguien ha convencido de que se puede
sorber y soplar a la vez.
El principal objetivo de Negrín
fue, de inicio, poner orden en las incautaciones “porque yo lo valgo” que se
multiplicaban por toda la zona republicana. Pero esto sólo era el principio.
Negrín era consciente (su jefe Paquito, ya no lo tengo tan claro) de que una
guerra son siempre varias guerras; que los tiros son sólo una parte de la
Historia. A pesar de no ser una persona demasiado versada en temas económicos,
Negrín parece, o a mí me lo parece, haber sido consciente desde el primer
momento de que, igual que se había declarado una guerra bélica, se había
declarado una guerra económica. Estaba convencido de que ésta, la económica, la podía ganar la
república de calle; lo cual es normal, porque los políticos y los tuiteros de
izquierdas, como tienen siempre tan interiorizado el principio de que lo que es
estatal es siempre superior por ciencia infusa, no son capaces de albergar en
sus cabezas la hipótesis de que su forma de hacer las cosas pueda ser más
ineficiente que la de su enemigo. Negrín, en todo caso, sabía que la única
forma por la que la política económica republicana podía imponerse a la
nacional era siendo una. Y ése era su problema: en zona republicana
había, casi, una política económica en cada esquina.
El gobierno no tenía equipo
económico. Los ministerios habían sido repartidos por cuotas de poder;
consecuentemente, no había un adarme de unidad de gestión. Teóricamente, el
gobierno tenía un libro de instrucciones: el pacto de gobierno con que el Frente
Popular se había presentado en febrero del 36, y que tenía un corte relativamente
moderado. Pero obvio es que aquello había quedado obsoleto por los hechos y, en
aquel momento, ya no era posible esperar que los grupos obreristas se sujetasen
a un ideario que habían aceptado ya en su día arrastrando los pies y con el
objetivo de no dar demasiado miedo. Negrín, por otra parte, arrastró durante
toda la guerra el baldón de no ser una persona especialmente versada en
términos económicos; y tener una mano derecha económica en Francisco Méndez
Aspe; un señor que era economista pero que, por sobre eso, lo que era, es una
persona lo suficientemente sectaria como para ser básicamente imbécil.
Esta situación de aislamiento y
necesidad fue la que provocó que, en manos de Negrín, el Ministerio de Hacienda
se convirtiese, en realidad, en un súper ministerio acromegálico. Los
socialistas, conscientes de que era el único elemento de la política económica
que controlaban, trataron de colocar toda la política económica bajo su paraguas.
En noviembre de 1936, Negrín crea
dos nuevos departamentos en su ministerio: una Dirección General de Economía, y
una Comisaría General de la Economía. El primero de los organismos se creó para
coordinar todos los activos económicos del país; mientras que la segunda se
conformó como una especie de órgano coordinador de todos los ministerios
económicos. Asimismo, Negrín le arrancó a Largo la reorganización del Cuerpo de
Carabineros, para colocar a esta policía en dependencia estricta de su
ministerio; el primer y fundamental objetivo de esta medida, aparentemente tan
ilógica, era garantizarse el control de las fronteras, es decir, del comercio
exterior. El Centro Oficial de Contratación de Moneda siguió controlando el
tráfico de divisas. Negrín creó asimismo los Comités de Participación Triple
(accionistas, trabajadores y Estado) en el sector bancario y la industria
aseguradora.
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