La guerra civil bis (2)

El 27 de julio de 1942, espoleada por el anuncio hecho en Madrid de que Franco va a montar unas cortes orgánicas, la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas, o si se prefiere la esquinita de la República en el exilio más controlada por los partidos republicanos burgueses, decide elaborar una nota dirigida, sobre todo, a las cancillerías occidentales y a las Naciones Unidas. Tras diversas negociaciones con el gobierno mexicano para evitar que dicha acción le provoque un conflicto diplomático, la nota se publica el 10 de agosto y tiene un eco internacional nada despreciable. Sin embargo, ya este primer gesto provoca un hecho que será muy relevante en el futuro: el silencio de Washington y Londres.

El anuncio de Franco, en todo caso, reaviva los deseos de los republicanos, y muy especialmente de Martínez Barrio, de proceder a una convocatoria de las Cortes republicanas. Obviamente, se trata de una convocatoria para aquellos diputados electos en febrero del 36 por el Frente Popular y algunas formaciones afines. El principal problema es que, como es jurídicamente claro, un Parlamento no puede reunirse en un país extranjero, motivo por el cual los republicanos necesitan que el Estado mexicano, pues México es desde el primer momento el claro candidato a ser anfitrión de dicha reunión, le conceda a algún lugar la extraterritorialidad provisional; durante unas horas, el edificio donde se reúnan las Cortes republicanas tendrá que dejar de ser parte integrante de México.

Un notable avance en la unión de las fuerzas republicanas se da a mediados de ese mismo año con la constitución de un órgano de coordinación de partidos políticos en el que se integran Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Federal, Esquerra Republicana, Acción Catalana Republicana y el Partido Nacionalista Vasco; en suma, los dos principales partidos burgueses y los grandes muñidores nacionalistas. Ciertamente, el hecho de que el PSOE no se uniese a esta coordinación hizo que fracasara pronto, pero dejó la impronta de un mayor deseo de unión, prescindiendo de los comunistas, que se estimaba podría hacer mucho por dar una buena imagen a la causa republicana ante las democracias occidentales. En octubre de 1943, la Unión de Profesores Universitarios Españoles Emigrados realiza una reunión en Cuba de donde sale un manifiesto en el que se exige del mundo libre cooperación para desplegar en España un régimen de libertades, en estricto respecto del espíritu expresado por Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill en 1941 en el documento conocido como Carta del Atlántico.

José Giral, a la vez profesor y político, es quien queda encomendado por los congresistas para trasladar dicho manifiesto a las formaciones políticas. Giral se reúne, en efecto, con Martínez Barrio, Prieto y Albornoz (Álvaro de), y a Negrín le cuenta la historia por carta, quizá porque las relaciones no son las mejores posibles. En el otoño de 1943 dos políticos catalanes exiliados en México, Pere Bosch Gimpera y Josep Andreu Abelló, representantes de Esquerra y de Acció Catalana, organizan una serie de reuniones en la ciudad norteamericana que culminan, el 20 de noviembre de 1943, con la firma de un pacto de unidad para restaurar la República. El pacto apuesta por la puesta en marcha en España de «un régimen genuinamente democrático, conforme a los principios de la Carta del Atlántico», aunque se establecía la necesidad de poner en vigor la Constitución del 31. Esta tesis será la que mantendrá la República durante su exilio, sin llegar, a mi modo de ver, y con la única excepción interesada de Prieto, a darse cuenta de que esta posición, en realidad, suponía un obstáculo para el sueño de los republicanos.

El empecinamiento de los republicanos por identificar normalización democrática con regreso de la legalidad republicana será letal para ellos con el tiempo. Con una excesiva ausencia de autocrítica, que se observa hoy en día en la historiografía que les es más afín, los republicanos nunca estuvieron dispuestos a admitir la idea de que una cosa era decir que Franco era insostenible como demócrata, y otra muy distinta que la legalidad republicana fuese totalmente democrática. Bajo la legalidad republicana se habían quemado impunemente iglesias y conventos; bajo la legalidad republicana se habían aprobado unos artículos constitucionales en materia religiosa que sus propios autores consideraban de extrema izquierda; bajo la legalidad republicana se había aplicado una Ley de Defensa de la República que en manos de un líder de derechas consideraríamos pura y simplemente fascista. Los republicanos exiliados, y es posible que no les faltase razón en ello, se contentaban con echarle toda la culpa de estos errores al Partido Comunista; así pues, según ellos, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero esto no será así a ojos del Foreign Office y, sobre todo, de la Casa Blanca.

Pero esto, en noviembre del 43, es hablar por hablar. En noviembre del 43, la República obtiene una victoria sin paliativos al lograr elaborar un documento a cuyo pie firman: Carlos Esplá y Pedro Vargas (IR); Indalecio Prieto y Manuel Albar (PSOE); Diego Martínez Barrio y Félix Gordón Ordax (UR); Josep Andreu (ERC) y Pere Bosch (ACR). Los únicos que no firmaron fueron el PNV, para el cual la unidad de España ya no existía; y el presidente del gobierno, Negrín, que no era de la partida. La UGT se adhirió, la CNT no expresó hostilidad alguna, y el PCE reaccionó anunciando la formación en el interior de España de una sedicente Junta Suprema de Unión Nacional. Apenas unos días después, se eligen los cargos rectores de la Junta Española de Liberación, en las personas de Álvaro de Albornoz (IR), Indalecio Prieto (PSOE), Diego Martínez Barrio (UR), y Antoni María Sbert por los partidos catalanes. No están todos los que son pero, desde luego, todos los que están, son. La JEL lanza un manifiesto dirigido a advertir de que es necesario «impedir que se realice la restauración de la monarquía antinacional que cayó en 1931» y se califica al pretendiente (ciudadano Juan de Borbón; ni Juan III, ni leches) de «banderizo y faccioso». Este manifiesto y las actuaciones de la JEL tuvieron un eco enorme en la opinión pública internacional.

Medio año después, sin embargo, concretamente el 24 de mayo de1944, Franco recibe un balón de oxígeno. Winston Churchill habla en la Cámara de los Comunes y se refiere al desembarco aliado en el norte de África con estas palabras: «No olvidaré jamás el inmenso servicio que España prestó entonces, no sólo al Reino Unido y a la comunidad británica, sino a la causa de las Naciones Unidas»; y añade más tarde: «no siento ninguna simpatía por los que consideran inteligente y divertido injuriar al gobierno español cada vez que se presenta la ocasión». Y más aún: «España será un poderoso factor de paz en el Mediterráneo después de la guerra. Los problemas de política interior de España sólo conciernen a los españoles. No tenemos por qué inmiscuirnos en estos asuntos».

El churchillazo cae sobre los republicanos como un jarro de agua helada. La JEL reacciona como el puma de Baracoa. Londres ha pronunciado las dos putas palabras: asuntos internos. Las mismas que pronunciará el secretario de Estado de Ronald Reagan, Alexander Haig, el 23 de febrero de 1981, durante el golpe de Estado del teniente coronel Tejero. Pero las palabras de Churchill son, además, sinceras. Son el producto, primero de las convicciones personales del británico, de por sí bastante conservador, y segundo de los movimientos que ha hecho el franquismo entre 1942 y 1944 y años siguientes, y que algunos historiadores conocen como proceso de desfascistización del régimen franquista. La baza de Franco es exactamente la desvelada por Churchill: jugar a contarle a las cancillerías que cualquier movimiento excesivo en España pondría en peligro el equilibrio Mediterráneo. Por el momento, el Pardo apenas tiene a Churchill decididamente de su parte. Pero, con el tiempo, acabará sacando agua de esa piedra.

Además de reaccionar ante las declaraciones de Churchill, la labor principal de los republicanos en el exilio es, en esos momentos, convocar las Cortes. Finalmente, y tras muchos dimes y diretes, Martínez Barrio logra arrancar de las autoridades mexicanas el apoyo suficiente como para poder realizar dicha convocatoria para todos los diputados del Frente Popular con la excepción de los comunistas, que para entonces ya no asisten a las reuniones de la Diputación Permanente.

Esta convocatoria, sin embargo, no fue un camino de rosas. Indalecio Prieto evolucionaba a marchas forzadas hacia un posibilismo muy propio de él, pues era un político al que le daba igual una cosa que la otra y, por lo tanto, era capaz de pactar con todos. En el marco de dicha evolución, o quizá porque tuvo la sensación de que las instituciones republicanas, dominadas por los partidos burgueses, nunca le darían el papel protagonista que ambicionaba para sí mismo, Prieto se fue desafectando del pie forzado de que el antifranquismo debía pasar siempre por la reivindicación de la legalidad republicana. Poco a poco, en sus artículos y en sus actuaciones, Prieto va dejando relucir que, para él, lo importante es tumbar a Franco; y si para tumbar a Franco tiene que tumbar el sueño republicano pues, como diría Terminator, no problemo.

A Prieto no le gusta aquella reunión de las Cortes porque la ve como un ruido. Según él, las actividades de la JEL están siendo muy bien acogidas por la opinión pública internacional, y poner en pie ahora otro foco de legalidad republicana puede ser un problema. Cierto es que Prieto en la JEL es secretario con mando en plaza y en las Cortes, el inspirador de la minoría socialista; algo menos, pues. Tampoco es menos cierto que si las Cortes republicanas empiezan a reunirse con habitualidad, Prieto se vería en la obligación de rendir cuentas de su gestión de la JARE, la junta de auxilio de exiliados que ha montado con el pastón del Vita, y cuyas cuentas nunca han quedado del todo aclaradas. También es cierto que revivir las Cortes podría suponer, por lógica, revivir la otra gran institución republicana, es decir el gobierno de Negrín; algo que es totalmente opuesto a los intereses de Prieto. Hay, pues, elementos para pensar que la actitud de Prieto pudo deberse a escrúpulos estratégicos o, quizá, más bien a intereses personales.

El 22 de noviembre de 1944, tras conocer que el presidente mexicano Ávila Camacho concede la extraterritorialidad provisional del Club France de México DF, Martínez Barrio reúne a la Diputación Permanente para convocar las cortes el 10 de enero de 1945.

A las 4,25 de la tarde de aquel día, estaban en el Club France 72 diputados, mientras que otros 49 expresaron su adhesión. En su discurso como presidente de las Cortes, Martínez Barrio dedicó, entre otras cosas, un recuerdo específico a la «figura venerable de la democracia española» de Francisco Largo Caballero. Ni aún mediante ese recuerdo específico, y para qué negarlo un tanto hipermétrope, consiguió Barrio bordear el principal problema de la convocatoria: los muchos escrúpulos legalistas de los representantes del PSOE. Los socialistas, instigados por Prieto para bombardear aquella iniciativa, ya se habían negado en la Diputación Permanente a aceptar votos por escrito y a distancia de diputados no presentes (para mi gusto, con todita la razón; diputado que no está, diputado que no vota). Pero es que, además, amenazaban con exigir en la sesión votaciones nominales, para evitar las votaciones por aclamación.

Los periódicos mexicanos del día 11, de hecho, publicaron la noticia de que la minoría socialista consideraba que las Cortes no eran tales, puesto que carecían del quorum necesario según la Constitución. Aduce el PSOE que no se ha logrado reunir los 100 diputados que son el umbral constitucional mínimo y, por lo tanto, se niegan a seguir actuando en las Cortes; tesis ésta que sería atacada por Gordón Ordax al recordar que, en realidad, sólo 198 diputados estaban en condiciones de acudir a la sesión, por lo que los asistentes formaban un quorum más que suficiente. A pesar de la oposición de Martínez Barrio a la suspensión, la obstinación socialista acabó por forzarla, aunque no se cerró el ciclo parlamentario. En todo caso, con este movimiento Prieto hirió de muerte a las Cortes como institución que pudiese aparecer ante la opinión pública internacional como activa y actuante y, por lo tanto, evitó que existiese un foco antifranquista más. Independientemente de que lo hiciese por motivos e intereses personales, que es más que probable, también hay que admitir que parte de razón no le faltaba pues, probablemente, lo que necesitaba la República era concentrar sus esfuerzos, no dispersarlos.

De todas formas, para desgracia de Prieto, el adormecimiento de las Cortes republicanas sirvió para fortalecer a su ex amigo Negrín, quien a partir de ahí sintió que el gobierno republicano era la única institución realmente viva. Aunque esto también era un poco espejismo. Útil, útil, lo que se dice útil para la causa republicana, era, en ese momento, la Junta Española de Liberación. Fue la JEL, de hecho, la que el 22 de enero recibió el telegrama que desde Guatemala anunciaba que dicho país había decidido no reconocer al régimen de Franco.

El siguiente paso era el 25 de abril de ese mismo año, 1945. Era la fecha fijada para la llamada Conferencia de San Francisco, que debía preparar la Carta de las Naciones Unidas. Esta cita es fundamental para la República, es una batalla crucial de la guerra civil bis, y la JEL está resuelta a ganarla.

Y es que, de hecho, en la primavera del 45 comenzará un rosario de victorias para la causa republicana.