jueves, noviembre 09, 2006

Cataluña y la pasta: la guerra

En el pasado post que tuve que cortar para hacer la cena (esta noche hay tortilla de calabacín de La Sirena, así pues no hay riesgo), dejamos a la Generalidad de Cataluña el 18 de julio, tras el golpe de Estado contra la República que en Barcelona, por razones que tienen bastante que ver con la incompetencia militar, fracasó. Esto, sin embargo, no quiere decir, en modo alguno, que la Generalidad obtuviese con ello el control del territorio y del gobierno. De hecho, la guerra supuso para el poder catalán un cambio radical, ya que se pasó de una situación en la que se producía un dominio claro de un partido de corte burgués (Esquerra Republicana de Cataluña) en sucesivos gobiernos en los que compartía banco azul con otros partidos nacionalistas no revolucionarios (salvo, quizá, los socialistas de Comorera); a otra en la que (21 de julio) se designa un denominado Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, auténtico gobierno efectivo, donde hay dos miembros de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), tres de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista), tres de la UGT (Unión General de Trabajadores, socialista), uno del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, marxista ortodoxo, aunque antiestalinista); uno del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, comunista), uno de la Unió de Rabassaires, cuatro de Esquerra y Acció Catalana Republicana (republicanos burgueses y catalanistas) y cuatro de la Generalitat. Como puede verse, el mapa político había cambiado radicalmente.

Uno de los problemas bélicos del bando republicano en general (he aquí otro compromiso: hablaremos de la Hacienda española, un tema que tiene morbo porque nos llevaría a hablar del famoso oro de Moscú) fue su escasa capacidad de obtener recursos vía impuestos. Pero de esta escasa capacidad tuvieron la culpa los propios republicanos o, más concretamente, aquéllos de entre ellos que se apuntaban, como los anarquistas, a la filosofía de que la guerra se podía ganar mientras se construía la revolución social al mismo tiempo. En primer lugar, y si nos ceñimos al caso de Cataluña (y no es mal ceñirse, pues Cataluña y Aragón son las dos áreas de España donde este efecto se dejó sentir en mayor medida), ceder a la presión de realizar la revolución marxista fue una imposición, porque si repasamos aquellas ocasiones en las que el pueblo catalán fue llamado, durante la República, a expresar sus querencias políticas, nos queda bien claro que, por mucho que la CNT y el POUM, cada uno a su manera, quisieran la revolución ya, la mayor parte de los catalanes no la quería, ni ya, ni pasado mañana, ni al otro.

Sin embargo, el hecho es que para derrotar a los militares sublevados en Cataluña en general y Barcelona en particular fue necesario armar a los civiles. Manuel D. Benavides, un propagandista socialista (filocomunista, en realidad) escribió en 1946 un libro, Guerra y revolución en Cataluña, cuya lectura os recomiendo a todos, pero muy especialmente a aquéllos que me leáis con los pies y/o el corazón en Cataluña. En dicho libro, entre otras muchas cosas interesantes (algún otro post saldrá de sus páginas), habla de decenas de miles de fusiles que fueron puestos, en los días posteriores al 18 de julio, en manos de las milicias anarquistas, y que nunca volvieron a aparecer. Desde muchos puntos de vista, Lluís Companys, Martí Esteve, Josep Tarradellas y todos los demás miembros de la Generalidad durante la guerra, legítimos representantes del pueblo catalán por mor de las urnas, fueron rehenes. Hasta mayo de 1937, del revolucionarismo ciego de anarquistas y marxistas puros. Desde entonces, de los comunistas, apoyados en el hecho palmario, que todos conocemos, de que el único apoyo de verdad que tenía la República a la hora de hacer la guerra venía de la URSS.

Para ganar la guerra hacía falta dinero. El dinero viene de los impuestos. Pero Cataluña (y, en menor medida, el resto de España) no podía recaudar impuestos porque su Generalidad, de alguna manera, había ilegalizado de facto los hechos imponibles que dichos impuestos gravaban. El 18 de agosto, el Consejo de Economía, que era como el Comité de Milicias y con composición muy parecida, aprobó un plan económico, se dice que debido en gran parte a la pluma de uno de los líderes del POUM, Andreu Nin (que acabaría, por cierto, fusilado por los comunistas en Alcalá de Henares). Se colectivizaron la gran propiedad agraria, las industrias y negocios abandonados, los servicios públicos; se redujeron los arrendamientos (en realidad, en muchos sitios dejaron de pagarse); se dictaminó el control obrero de los depósitos bancarios y compañías de seguros. En otras palabras: contra el parecer de no pocos de los miembros del bando republicano, se impuso la simultaneidad de la guerra y de la revolución. Sin olvidarnos del pequeño detalle de lo difícil que es pagar impuestos cuando sólo te dejan hacer libranzas de tus cuentas corrientes para pagar salarios y no te dejan tener en casa más de 300 pesetas.

Pero ya hemos dicho de qué iban los impuestos de los que la Generalidad tenía que obtener sus recursos. El de derechos reales, por ejemplo, gravaba las transmisiones patrimoniales, y no hay muchas ventas de inmuebles en un entorno revolucionario (lo que hubo fueron requisas). El de la contribución urbana no dejaba de gravar un concepto imposible en un régimen de corte marxista o libertario, como es la plusvalía (un marxista no puede cobrar un impuesto sobre aquello que Marx dice que se le ha alienado al obrero; en todo caso, deberá devolvérselo). Por lo que se refiere al impuesto de utilidades, se basaba en la vida de las empresas, pero éstas pasaron a ser meras distribuidoras del valor añadido que podían generar entre sus trabajadores vía salarios, con lo que desaparecieron beneficios y dividendos.

Por cada 7 euros que se recaudaron de impuestos en Cataluña en 1935, se recaudó uno solo en 1936. Especialmente impresionante fue la evolución del impuesto de derechos reales, que recaudó 19 millones de pesetas en 1935 y algo menos de 600.000 pesetas en 1936. Y esto teniendo en cuenta que medio año había transcurrido en situación de paz. Es cierto que, progresivamente, la Generalidad consiguió recuperar en buena parte la recaudación en tiempos posteriores y, sobre todo, a partir de mayo de 1937, cuando CNT-POUM y socialistas-comunistas se enfrentaron a muerte (y no es una forma de hablar), triunfando las tesis de los segundos. Sin embargo, se estima que dicha recaudación, al fin y a la postre, sólo llegó más o menos para cubrir los gastos presupuestarios de Cataluña (o sea, el trantrán de gasto que habría tenido de no haber guerra), unos 450 millones de pesetas en todo el periodo. Lo cierto es que la Generalidad gastó 1.400 millones más por efecto de la guerra.

Con todo, el aspecto de las finanzas públicas fue, probablemente, el que más libre quedó de la influencia revolucionaria. Esto se lo debe Cataluña al empuje y la inteligencia de un político incansable, que volvería a vivir para ver una Cataluña libre y democrática: Josep Tarradellas. El hombre que, a su regreso a España desde el exilio, pronunciaría la histórica frase ja soc aquí.

Tarradellas fue el consejero de Finanzas del gobierno catalán casi non stop durante toda la guerra. Sus esfuerzos por racionalizar económicamente una situación tan difícil como una guerra fueron muchos, aunque también cometió errores. En todo caso, para la Historia ha quedado con su nombre el que yo creo que es el esfuerzo más encomiable para ordenar, desde el punto de vista fiscal y presupuestario, una administración republicana en guerra. Se trata del llamado (ya digo que con justicia) Plan Tarradellas, publicado en una monumental edición especial del Diari Oficial de la Generalidad el 18 de enero de 1937, días después de que Tarradellas y un grupo de funcionarios a su servicio diseñasen en la localidad de S’Agaró nada menos que 58 decretos y órdenes. Este plan suponía la creación de nuevos impuestos, uno sobre las ventas de cualquier tipo (una especie de IVA, pues); otro sobre las percepciones activas y pasivas de los funcionarios, que fue un tremendo error por su palmario carácter discriminatorio; otro sobre los espectáculos; otro sobre la adquisición de aparatos de radio; amén de la reforma de otros impuestos existentes.

Con el Plan Tarradellas, de hecho, se estima que la Generalidad pasó a ser mucho mejor recaudador de impuestos que la Hacienda de Negrín, o sea la mal llamada de Madrid (deberíamos llamarla de Valencia o, incluso, de Barcelona). Sin embargo, algunos meses antes, en agosto de 1936, ante el agostamiento de recursos que le había provocado a Cataluña la revolución y la caída en picado de los impuestos, Tarradellas había decidido una medida sobre cuya valoración ya no cabe estar tan de acuerdo.

En los primeros meses de la guerra, en efecto, casi nada funciona en la economía catalana. No hay transacciones, no hay plusvalías. El valor añadido, por así decirlo, ha desaparecido como concepto económico real, y eso afecta a los impuestos. Para colmo, el gobierno catalán ha asumido diversas responsabilidades, como el pago de salarios cuando no es posible o la ayuda para pignoraciones y descuentos que son necesarios en la operativa mercantil (incluso la revolucionaria). Así pues, no sólo tiene un problema presupuestario al uso, es decir tener más gastos que ingresos y contabilizar déficit. Lo que tiene es un problema de tesorería: necesita dinero para pagar a las tropas, poner en marcha las industrias de guerra y, por qué no decirlo, sostener económicamente Cataluña, y las arcas están vacías.

En el verano de 1936, un desesperado Tarradellas lanza un amargo SOS al gobierno de Madrid con tres peticiones: una, un crédito a favor de la Generalidad de 50 millones de pesetas para ir tirando en el pago de las tropas y lo que viene siendo el gasto de la guerra; en segundo lugar, un crédito adicional de 30 millones de francos en París para poder comprar en el extranjero materias primas para la industria de guerra, sobre todo acero; y, en tercer lugar, autorización a la Generalidad para adquirir divisas por valor de 100 millones de pesetas, también sobre todo para adquirir materias primas.

El 22 de agosto, mientras la Generalidad está esperando una respuesta de Madrid que no llegará, llega a sus oídos que lo que ha hecho el gobierno central es remitir un telegrama al delegado de Hacienda en Barcelona ordenándole que transfiriese al Banco de España el saldo de pesetas oro y pesetas plata que obra en dicha delegación. Aunque en dicha delegación se vende esta orden como una medida contra el atesoramiento por particulares (?) y se asevera que no comportará el traslado de recursos fuera de Cataluña, el día 27 de agosto Tarradellas, bastante mosqueado, agarra el canasto de las chufas e impulsa un decreto por el cual la Generalidad tomaba el control directo de las delegaciones de Hacienda y las sucursales del Banco de España en Cataluña (Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa).

Mi impresión personal es que ya existían diferencias y resquemores entre Madrid y Barcelona, pero este movimiento terminó por enervarlas. A la luz de la Historia, resulta difícil defender la medida. De los pocos o muchos recursos bélicos con los que la República pudo hacerse para intentar resistir lo embates del ejército franquista, reforzado por italianos y alemanes, la mayor parte la puso en juego el gobierno de Madrid, a través sobre todo del uso, más o menos hábil, del famoso oro de Moscú. Parece obvio que la orden de repatriar el dinero de la delegación de Hacienda (porque en eso tenía razón la Generalidad: les estaban intentando tangar con aquello del atesoramiento) tenía como objetivo acrecentar con esos recursos las remesas con las que se pagó el material bélico de la República.

Lo cierto es que una guerra es una situación especial. Tan sostenible como la idea de que era racional que los revolucionarios aparcasen la revolución hasta ganar la guerra era, también, la idea de que Cataluña debería haber aparcado sus deseos autonomistas hasta ganar el conflicto. La falta de sintonía entre quienes estaban en verdad dirigiendo el esfuerzo bélico de la República y quienes dirigían el esfuerzo bélico catalán no fue de ninguna ayuda para dicho bando.

No obstante lo dicho, también es cierto que las culpas no se pueden cargar solo en las espaldas de la Generalidad. De lo referido queda claro que la actitud del gobierno Giral no fue precisamente limpia con los catalanes. Madrid llegó incluso a bloquear en alguna de sus embajadas transferencias de divisas que había hecho la Generalidad para poder comprar materias primas (así, 36.000 libras en París, que fueron desbloqueadas en septiembre). Aunque la Historia-ficción realmente no sirve para nada, cabe preguntarse qué habría pasado si Cataluña se hubiese colapsado, cuando menos económicamente, a finales del 36. Esto no pareció importarle demasiado al gobierno de Madrid. Hablamos, pues, de torpezas entrelazadas.

Julián Zugazagoitia, que fuera ministro de la República durante la guerra, escribió en París un libro, Guerra y vicisitudes de los españoles, poco tiempo antes de ser trasladado a España, donde Franco lo fusiló. En los últimos estertores de la guerra en Cataluña, tras la reunión del Parlamento en Figueras, describe con amargura la huída hacia la frontera francesa de ambos gobiernos, el de España y el de Cataluña, poco menos que por separado. Esta desconexión me parece a mí que fue crítica para la causa republicana. Cataluña consiguió racionalizar su sistema económico y, sobre todo, presupuestario, en condiciones mucho más duras que el resto de España; así pues, Madrid habría podido aprender de ella. En la guerra, sin embargo, sólo puede haber un jefe. Porque allí donde hay dos jefes no hay una guerra, sino dos. Ésta es una lección, quizá, que el gobierno catalán, o tal vez quienes lo tenían secuestrado, no aprendió suficientemente, ni suficientemente deprisa.