viernes, julio 12, 2013

Es lo que hay

Las primeras noticias que leo hoy apuntan a que, a mediodía, el Consejo de Ministros anunciará una nueva reforma del sector eléctrico. Periodistas generalmente bien informados sobre esta cosa aseguran que esta reforma mantendrá el déficit tarifario, una vez que en el seno del gobierno el ministerio gastador (Industria) ha perdido la batalla con el ministerio pagador (Hacienda) a la hora de que el presupuesto público se comiese su parte del dicho déficit.

¿Por qué hablar de este tema en un blog de Historia? Pues porque es Historia. Tengo por casa un librito que recoge las actas de un Congreso Nacional del Carbón celebrado en 1925. Las conclusiones del dicho congreso son notablemente enternecedoras. La que más me gusta es aquélla que habla de que, a partir de ese momento, los vehículos militares españoles a carbón (o sea, los barcos) deberán moverse quemando carbón nacional. Dicho de otra forma: se le carga al presupuesto público (porque los barcos de nuestra Armada no se financian con donaciones de Militaristas Sin Fronteras, sino con los impuestos de todos) la merdé de que el carbón español no es suficientemente competitivo respecto de sus competidores extranjeros. Repetimos: estamos hablando de hace 90 años.

A los defensores de lo público les encanta hablar de los fallos del mercado. De que lo privado no es que no sea perfecto, es que es notablemente imperfecto. Si dejamos que sea el mercado el que rija las cosas, nos dicen, los enfermos pobres serán echados con cajas destempladas de los hospitales, sólo los ricos serán abastecidos de alimentos en sus mercados, etc. La verdad, que el mercado tiene fallos es algo que los economistas, sin necesidad de ser antiliberales, saben ya hace mucho tiempo; porque la economía, señores, o el mercado si lo prefieren, no deja de ser algo que diseñan y manejan seres humanos, así pues hereda toda la patulea de sentimientos encontrados y estulticia rampante de la que hacemos gala los humanos average.

Lo que me sorprende es que a esas mismas voces no les gusta nada hablar de los fallos de lo público. De hecho, es la suya una geometría publicocéntrica que tiene muchos teoremas y un axioma, o sea, un concepto que no se demuestra por su obviedad: lo público siempre gestiona en bien de la colectividad. Si, por poner un ejemplo tonto, el sistema de educación es público, trabajará por una sociedad alfabeta, cultivada y con sentido crítico; no como la educación privada, que como todo lo que le interesa es el beneficio, dejará a sus alumnos más secos que la mojama con tal de ganar dinero (es lo que hacen, todo el mundo lo sabe, en Harvard, la mayor fábrica mundial de estúpidos que no sirven ni para pegar mangas).

Tengo por mí que es por eso que cuando menos entre mis conocidos más publicófilos no gusta mucho hablar del sistema energético español; esto es, quiero yo pensar, porque el sistema energético español es la mejor de las demostraciones posible que tenemos en nuestra Historia reciente de que el ámbito público no sólo puede fallar, sino que falla. Y falla mucho. No es que sea capaz de gestionar aparte del interés público; es capaz de gestionar contra dicho interés.

A principios del siglo XX, según cuenta Juan Verlarde en su libro sobre la Historia contemporánea de la economía española, la pérdida de Cuba, y consecuentemente de su zafra azucarera, impulsó en España la molturación de la remolacha que permitiese sustituir aquella fuente de azúcar que ahora se había, repito, perdido. Pocos años después, la reacción había sido tan fuerte que el sector azucarero estaba saturado y, por eso, se redactó y aprobó una Ley Azucarera en virtud de la cual, en España, para poder poner una industria de azúcar, era necesario que el Gobierno te diese autorización. Ahí sitúa el profesor Velarde el nacimiento del intervencionismo estatal en la economía hispana.

Desde aquel lejano día, hace ahora cien años, hasta el presente, ha sido en el fondo el mismo principio el que ha regido la actuación de los gobiernos: la licitud y necesidad de que el Estado sea quien diseñe el crecimiento y evolución de las actividades económicas, para garantizar que éste se produce sin fallos de mercado. Y el sector energético ha sido, tal vez, el teatro principal de esta filosofía. En los últimos noventa años, de hecho, el Estado no ha hecho sino intervenir en el sector energético: conservando el empleo y la actividad en las cuencas carboníferas, levantando pantanos a tutiplén y, ya en los últimos tiempos, concibiendo la provisión de electricidad a empresas y familias como una actividad consistente en que una serie de empresas privadas y públicas (Endesa lo ha sido durante décadas) no hacían sino actuar en un tablero predefinido por las normas.

El entorno habitual de la normativa económica es como las reglas del ajedrez: los operadores privados, que son los que van a jugar la partida, deciden el tablero y las piezas. Y el actor público se coloca en medio para impedir que a uno o dos de los jugadores se les ocurra acordar que, de repente, el alfil sólo va a poder mover una casilla cada vez, o que el rey se va a poder enrocar con los caballos. A partir de ahí, la cosa se queda en que seas tan malo al ajedrez como yo, o seas un Kasparov de la vida.

El sector eléctrico es diferente. En el caso del sector eléctrico, el operador público se ha arrogado competencias mucho más amplias. Por ejemplo: a mitad de la partida, darle un manotazo a las fichas, coger el tablero, poner otro encima de la mesa y declarar: «ahora jugáis a la Oca». Sus razones para ello son dos: una, que el sector energético es estratégico para cualquier economía, cosa que me parece innegable. Otra, que el Estado, consecuentemente, es responsable de definir de qué manera se produce y distribuye la energía, para así garantizar un suministro suficiente y coherente con otras cosas; notablemente, la defensa del medio ambiente y de las producciones nacionales. Este segundo concepto me parece ya mucho más discutible.

El actor más adecuado para garantizar un suministro suficiente es el Estado, desde luego. Pero sus capacidades a la hora de garantizar que sea competitivo son muy limitadas, cuando no nulas. Por definición, todo aquél que maneja recursos propios propende más a ser competitivo que aquél que tira con pólvora del rey y/o lo que hace es regular el uso de recursos que no son suyos. La mejor forma de garantizarse que un sector, sea éste el energético o la fabricación de púas de bandurria, genera su producción en las menores condiciones de coste posibles, es dejar que en ese sector entren cuantos más competidores privados, mejor. Y que nadie se engañe pensando que eso nos lleva a la pura selva del capitalismo rabioso, contaminante y socialmente inequitativo; porque aun dejando en manos de los operadores privados la propensión a la competitividad, el actor público retiene notables cotas de poder.

La industria china contamina. Contamina un huevo. Pero eso es porque, desde luego, hay unos industriales a los que las emisiones de CO2 se la fuman; pero, sobre todo, porque hay un poder público al que se la fuma el doble. Cuando tú quieres que tu sector no contamine, le dictas normas técnicas que le obligan a tener en sus fábricas un esmorciador trifásico tragahumos marca ACME, o le pones un impuesto sobre las emisiones, o directamente le prohíbes trabajar en determinadas circunstancias que te parecen excesivamente contaminantes. Una vez que has hecho eso, el sector privado coge los decretos, se los lee, y busca un nuevo punto de maximización del beneficio con las nuevas circunstancias. Entonces el Estado observa cuál es el resultado del nuevo statu quo, y pueden pasar dos cosas. Una es aquello que dice el Génesis: «Y vio que era bueno». Otra, que haya cosas que aun no le gusten. Entonces, de nuevo, decreto al canto. Y nuevo punto de maximización del beneficio calculado por los operadores privados.

La regulación eléctrica española, tal y como yo la veo, ha ido, va y me temo que seguirá yendo, más allá. Es una regulación en la que el punto de maximización del beneficio no es calculado por los operadores privados, sino por el operador público. El Estado, o más bien los gobiernos, actúa de tal manera que la conclusión tenga que ser una. El caso más claro de esto es la moratoria nuclear, una decisión por la cual un gobierno quiebra la lógica inversora de un sector energético que ha concluido que la energía nuclear es la que tiene mayor capacidad de garantizar un suministro constante a costes razonables (hoy es el día, de hecho, que es la fuente de electricidad en España que más horas curra). Como al Estado esa decisión no le gusta y además asume el principio de los grupos ecologistas de que la defensa del medio ambiente justifica esos niveles de intervención; apoyado en esas dos cosas, digo, el Estado decide una moratoria que convierte en inservibles una serie de inversiones ya realizadas o comprometidas. Hay una diferencia entre regular cómo se produce y regular si se produce o no. Esa diferencia prácticamente no existe en la regulación energética; como no existió en la Ley Azucarera, como no existe en el entramado de ayudas al carbón.

La moratoria nuclear, que no sé si lo sabes lector pero es una cosa de hace un cuarto de siglo que sigues pagando a día de hoy; la moratoria nuclear, es decir la decisión de que no se va a producir energía nuclear aunque los productores quieran producirla, ha venido a juntarse con otra decisión, que es que se van a producir energías renovables aunque los productores no quieran producirlas. Por considerar a una viciosa y a las otras virtuosas, se han tomado dos decisiones contrarias que tienen la misma naturaleza: aquí se produce, no como (condiciones de seguridad, límites de contaminación, etc.) digo yo, sino lo que digo yo.

Como las energías renovables tienen problemas para competir con las otras, el principio general de que los productores no quieren producirlas se ha de equilibrar con una de dos medidas. Una sería crear una Empresa Nacional de Energías Renovables y, desde el capital público, asumir esa parte del mercado de producción que la empresa privada no considera rentable. Ojo, que esta jugada no siempre ha salido mal; ahí están Endesa y la vieja Inespal (a Telefónica no la considero, que ésta tuvo la insignificante ayudita de operar en monopolio) como demostración de que, a veces, apostar por algo por lo que los listillos del sector privado no apuestan, es buena cosa; basta con ver en el largo plazo. La otra solución es hacer rentable a los ojos del inversor lo que no lo es. En otras palabras: una subvención o, como se denomina mayormente en este mundillo eléctrico, una prima.

Un gobierno español tomó, hace no mucho tiempo, una decisión. No es ningún secreto porque la predicó a los cuatro vientos y hasta hizo una ley completa que se suponía que regulaba el proceso (porque, sí, en España ha habido, probablemente hay, y seguro que seguirá habiendo, gobiernos que creen que la evolución del modelo económico es algo que se puede decidir en el artículo ocho de una Ley Orgánica, que se puede votar en el Parlamento; que es, pues, objeto del pacto político). Esa decisión fue que el modelo productivo y económico español, una vez perdido el sustento del sector de la construcción, se asentaría sobre el sector de las energías renovables. Cualquier persona que se vaya a la página del INE, se coja la Contabilidad Nacional por sectores y la EPA y eche cuatro sumas, descubrirá, a mi entender, lo difícil de ese reto; porque para crear un puesto de trabajo en la construcción hace falta generar como la tercera parte de valor añadido del que hace falta en el sector energético; por lo que un modelo económico basado en la energía, ya no digo en las renovables sino en la energía como un todo, tiene que poner el PIB el triple de cachondo que la construcción para poder absorber todo el desempleo que ha salido de los tajos (esto sin mencionar el pequeño detalle de que, como tenemos un sistema educativo que es un creador non-stop de la generación mejor preparada de la Historia y tal, dicha absorción tampoco está tan clara...) Con todo, el  problema fundamental era otro; era que las energías renovables no eran capaces de ser tan rentables como sus competidoras. Para evitar eso, ese minus de competitividad se compensa, como se compensa el minus de competitividad del carbón nacional, mediante una subvención.

Esta filosofía general, que como digo no viene de las renovables sino que viene de más atrás: de la moratoria nuclear, de las corbetas quemando carbón nacional, del azúcar... Esta filosofía general, digo, ha generado un déficit tarifario porque, literalmente, lo que esos mismos gobiernos diseñan no se puede pagar con lo que se le puede cobrar a los consumidores sin que se considere que van a poner pies en pared. El déficit tarifario del sistema energético español no es otra cosa que la expresión de la conciencia por parte de alguien que ha montado algo de que ese algo no se sostiene. Y, consecuentemente, apuesta por la generación de un agujero, esperando que en el futuro llegue un mirlo blanco que lo tape de alguna manera.

Sólo hay, sin embargo, dos maneras de tapar ese agujero: que lo pague el Tesoro público, o que lo pague el bolsillo de los consumidores. Dos alternativas que, en realidad, son sólo una, porque no sé si te das cuenta, querido y paciente lector, de que el Tesoro no obtiene sus recursos concursando en Pasapalabra. Y lo que parece que ha pasado ahora es que el Tesoro ha dicho que él no paga una mierda. Así que, amigo, ya sabes lo que te toca: tarde o temprano llamarán a tu puerta y será el tío Paco el de la Luz, con las rebajas.

Se oyen voces, o más bien se leen dedos, por ahí, diciendo que el caos eléctrico lo deben asumir quienes lo han generado. Yo no sé si son conscientes de lo que dicen. Mal que nos pese, quienes nos han metido en ésta no nos pueden sacar de ella; negro sobre blanco, no tienen los recursos para hacerlo, porque lo que hay aquí es un agujero, un agujero de pasta. Y, en una economía, tener, tener, lo que se dice tener pasta, sólo la tenemos quienes la tenemos. Vendiendo los coches oficiales y poniéndole un impuesto a los propietarios de las fincas que ocupa Diego Cañamero no haríamos más que tirar un merengue contra el casco del Titanic.

A mi modo de ver, la evolución, que no la solución porque solución no existe, está en lo de siempre: en la transparencia. Hoy en día que las ciencias avanzan que es una barbaridá, y los ordenadores no te digo, no creo que le sea muy difícil al entramado energético ofrecerle al cliente un buen estadillo cada mes, siquiera construido con las medidas de todo el sistema, indicándole de dónde ha venido cada electrón que ha visitado sus cables, y qué costes ha traído aparejados. Las personas que pagamos todo esto deberíamos tener la posibilidad de saber en qué medida estamos pagando unas cosas y las otras, porque sin esa información la decisión sobre si queremos que nuestro sistema energético sea un sistema de galgos o de podencos se convierte en una decisión puramente ideológica. Peor: se convierte en lo que es, es decir, una decisión oscura, opaca y hurtada a la visión pública, tomada por unos pocos.

Y ya, puestos a pedir, no sería mala cierta reversión de la Historia, y que en este país nuestro comenzase a haber líderes sociales y políticos que concibiesen su papel en la economía como el de alguien que marca los límites de la adecuada política medioambiental, del mercado laboral adecuado y un par de cosillas más y, después, deja hacer. Pero, claro, tratándose de España, esto es un país en el que políticos que se dicen liberales han gobernado años regulando que en sus territorios las tiendas abrían cuando a ellos les saliese de debajo del ombligo; un país cuya opinión pública, ante el espectáculo de un subsector financiero entero gobernado por las instituciones públicas que se va al carajo va y le llaman a eso las consecuencias del neocapitalismo rabioso; de un país así, digo, más bien poco se puede esperar en este flanco.

Volveremos a tener Ley Azucarera. En cuanto se les ocurra.