miércoles, marzo 16, 2011

La "normalidad" del 36 (1)

La gran desgracia del conocimiento histórico contemporáneo español es que lleva casi un siglo penduleando entre dos posiciones bastante radicales. Hace unas cuantas décadas se produjo uno de estos penduleos mediante una interpretación de la guerra civil española como un hecho inevitable. Tras esta interpretación, llegó otra que tiende a ver en la GCE un hecho histórico no sólo evitable, sino inexplicable de otra forma que aduciendo a la injusta reacción corporativa de una pequeña elite militar-económica.

La primera de estas interpretaciones encuentra su sustento en negarle a la II República el pan y la sal de las buenas intenciones. La República, tal es la tesis que demuestran decenas, si no centenares, de libros escritos al calor de la historiografía franquista, sólo fue una conspiración para el establecimiento en España de un régimen comunista.

El ataque de esta tesis tiene poco interés por el alto desprestigio que tiene hoy en día. Su tesis contraria, sin embargo, goza de muy buena salud y de sólidos apoyos, incluso legales; pues la torpísima Ley de la Memoria Histórica no es sino un intento de imponer esta interpretación de la Historia por la vía de los hechos jurídicos.

Esta tesis, que yo suelo denominar Ricitos de Oro contra Fascistéitor, se basa en contemplar el 18 de julio de 1936 como una fecha en la que españoles absolutamente angelicales (Ricitos de Oro), fueron atacados por otros españoles que defendían dos cosas: por un lado, sus privilegios religiosos, militares y económicos; por otro, la estrategia de fascismo internacional, inexplicablemente quintaesenciado, en la mente de muchos de los defensores de esta idea, por Adolf Hitler (que se implicó en España muchísimo menos que Benito Mussolini).

Para que esta tesis funcione hacen falta muchas cosas. Hoy, con este post, inicio una pequeña serie dedicada al que quizás es el elemento principal de la receta: la pretendida normalidad del 36.

En efecto, la teoría Ricitos de Oro contra Fascistéitor parte de la base de que lo que fue atacado el 18 de julio del 36 fue lo que hoy conocemos como un régimen de libertades democráticas, que pugnaba con unas fuerzas que querían convertir España en un Estado fascista. Esta teoría se basa en un hecho palmario, y es que Franco, ganador de la guerra, aplastó la democracia. Sin embargo, hay cosas que no cuadran.

Lo primero que no cuadra es eso de la oposición fascista. Que en la oposición derechista a los republicanos de izquierdas había fascistas, no se duda. Pero resulta difícil sostener que la mayoría lo fuesen, teniendo en cuenta que ganaron el poder en el 33, como Hitler, sólo que ellos no hicieron lo que Hitler, es decir no volver a permitir unas elecciones; acción que puede encontrarse en el prólogo de la introducción del Manual del Buen Fascista.

Las derechas que gobernaron España entre el 33 y el 35 tuvieron una oportunidad de oro para convertir España en una dictadura: el golpe de Estado revolucionario de octubre del 34, la mal llamada Revolución de Asturias, en el cual las izquierdas obreristas trataron de implantar la dictadura del proletariado (cosa que no digo yo; la dicen sus organizadores en sus memorias). Del proletariado, sí. Pero dictadura. Ya empieza a parecer que Ricitos no era tan demócrata como se pretende.

Sea por la razón que sea, las derechas, en el 34, no hicieron uso de la oportunidad que tuvieron de cuando menos tentar la solución dictatorial, lo cual probablemente rebaja su condición fascista.

El segundo elemento de la ecuación es la pura esencia democrática de los gobiernos de izquierdas. Y para que esto cuadre, es necesario decir y demostrar que, cuando las izquierdas gobernaron, en 1936, aplicaron a fondo la democracia.

Y aquí es donde hay unas cuantas cosas que contar.



Todo el mundo sabe cómo empezó 1936: con la convocatoria de unas elecciones generales. Lo que no todo el mundo sabe es que el resultado de aquellas elecciones, en puridad, no lo conoce nadie. Las elecciones de 1936 nunca han tenido resultados oficialmente proclamados y publicados como tales, distrito a distrito. Nadie sabe en realidad quién votó a quién dónde y, en realidad, los resultados que quizá son más completos, que son los compilados por Javier Tusell en su libro Las elecciones del Frente Popular, están sacados de los periódicos. Y es que casi desde el momento en que las elecciones fueron convocadas, todo comenzó a ser raro. Muy raro. Bueno, en realidad ya antes, si tenemos en cuenta que la convocatoria electoral partió de un gobierno cuyo presidente, Portela Valladares, ni siquiera era diputado y no tenía partido que lo apoyase. De hecho, Portela, o mejor deberíamos decir Alcalá Zamora, su mentor, convocó las elecciones para dar carta de naturaleza a un nuevo partido que aspiraba a ser un poco la bisagra de la política española. Un poco como Convergencia i Unió, pero en plan español.

Manuel Azaña convenció a sus correligionarios de Izquierda Republicana, en una reunión el 4 de enero, de las enormes ventajas que para las izquierdas burguesas (o sea, IR y Unión Republicana, más un pequeño grupo de retrovirus, no más grandes que una micra) comportaba ir a la coalición con las izquierdas obreras. En ese momento, quien habría de acabar siendo el presidente de la República estaba convencido de que podría manejar a sus colegas revolucionarios, como podría manejar a los independentistas catalanes. Eso sí, tenía el problema de que los revolucionarios y nacionalistas pensaban exactamente lo mismo de él y fueron, al fin y a la postre, los que acabaron por llevar la razón.

Azaña cursó la invitación a los partidos de izquierda, y el día 6 las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista y el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña acuerdan unirse y concursar juntos en la Operación Triunfo del poder. Al minuto de dar aval a la creación del Frente Popular, se ponen a trabajar para sumar voluntades, cosa que hacen con tanta efectividad como para acabar englobando bajo estas históricas siglas a un número nada respetable de grupos: Unión Republicana, PSOE, Izquierda Republicana, PCE, POUM, Partido Sindicalista, Juventudes Socialistas, Esquerra Republicana de Catalunya, PSUC, Estat Catalá, Acció Catalana Republicana…

Este conglomerado de fuerzas políticas, que hoy abarcaría, más o menos, desde el movimiento antiglobalización hasta la izquierda liberal del PP, alumbró un manifiesto electoral, trasunto de aquella época del programa electoral moderno, que era, como acertadamente señala Tusell, un ejemplo de moderación; no había nada, o casi nada, en aquel manifiesto, del radicalismo marxista o anarquista. Quizá por eso los líderes obreros, Largo Caballero el primero de ellos, se desgañitaron en los mitines de la campaña electoral aconsejándole a sus correligionarios que no les importase apoyar un manifiesto tan flojo, pues una vez tomado el poder los objetivos revolucionarios, al fin y a la postre, se llevarían a cabo. Si una cosa hay que reconocerle a la campaña electoral del 36 es que las izquierdas nunca se escondieron.

El gran argumento de la campaña, en todo caso, fue la mal llamada Revolución de Asturias. En 1934, aprovechando cierta amalgama de sentimientos en las izquierdas que confluían en el temor de que España pudiese, como Austria, caer en las garras del fascismo, Francisco Largo Caballero, más influido que nunca hasta entonces por la competencia obrerista que por la izquierda le hacía la CNT, siempre más luchadora, siempre más cañera, siempre más revolucionaria que la UGT, decidió dar un giro a sus aspiraciones. Fueron los momentos de acuñar el famoso eslógan de su periódico Claridad: «¡Atención al disco rojo!» Sucintamente, la tesis de Caballero era: ahora que se había construido la república, había que construir la revolución.

El propio Luis Araquistáin, ideólogo del largocaballerismo que durante el exilio realizaría un amarguísimo stress test de sus propias ideas, reconoció que el hecho que se blandió por el PSOE y la UGT para convocar la huelga general revolucionaria (o sea, un golpe de Estado para implantar la dictadura del proletariado; eso y no otra cosa es la Revolución de Asturias), es decir la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno, es un hecho «nimio» en comparación con la movida que se montó.

Durante la Revolución de Asturias hubo hostias de ambos colores y a ambos lados de la tapia. Los mineros asturianos se emplearon con fuerza devastadora contra Oviedo y sus iglesias, y los efectivos de orden público del capitán Lisardo Doval, el designado para llevar a cabo la pacificación de la zona, tampoco se andaron con chiquitas. El resultado de la Revolución de Asturias fue: un gobierno conservador que radicalizó su perfil (aunque, para desgracia de la historiografía siniestrocomprensiva, sin abandonar las formas democráticas); un Estado de las autonomías que se fue al carajo; y miles de personas en las cárceles.

La reacción de los impulsores del golpe de Estado, durante el año 1935 en el que el bienio derechista se fue enlodando en el fango de sus errores y corruptelas, fue de libro. En realidad, las izquierdas de la República sólo aplican una receta entre el 14 de julio de 1931 y el 18 de julio del 36: aplicar un concepto patrimonial de la República. Ellos no participan en la República. La República es ellos. Araquistáin lo dice bien claro en su revista Leviatán: «La República ha sido la Revolución de Octubre».

Este tracto mental lleva a una conclusión lógica: si recuperar la República es recuperar la Revolución de Octubre, también es recuperar a sus promotores y ejecutores. Así las cosas, en la campaña de enero y febrero del 36, la apertura de las cárceles, la amnistía, se convierte en el primer elemento argumental, que unas derechas timoratas, absolutamente convencidas de su triunfo, dejan pasar, sin darse cuenta de que con dicho argumento, sus promotores han dado en la diana: las izquierdas burguesas no dejarán de subirse a ese carro, pues lo contrario supondría alinearse con las derechas; y los anarquistas, teóricamente reacios a votar, se sentirán obviamente atraídos por la posibilidad de que sus compañeros (pues en Asturias lucharon anarquistas) salgan de las celdas. El millón de votos teóricamente abstencionistas que, según muchos historiadores, arrastra a las urnas ese sentimiento, es el que da la victoria al Frente Popular (si es que ganó, claro).

Lo más importante de la Revolución de Asturias, en todo caso, es que había cambiado totalmente el tono de la lucha por el poder en la República, puesto que las izquierdas obreristas ya no iban a renunciar a sus presupuestos revolucionarios. El 11 de enero de 1936, El Liberal de Bilbao, el periódico de Indalecio Prieto, dio a conocer una especie de acuerdo programático entre la UGT y la CNT, que no por casualidad se había pactado a las puertas de unas elecciones. Se proclamaba la propiedad estatal de todas las tierras de España, la reforma de la enseñanza pública, la disolución del Ejército para reorganizarlo mediante la expulsión de «quienes no expresen fervor revolucionario», disolución de las órdenes religiosas, expulsión del país a los sacerdotes considerados peligrosos... Es cierto, desde luego, que el manifiesto del Frente Popular era moderado, como lo fueron las primeras palabras de Azaña en el Congreso tras acceder a la presidencia del Gobierno. Pero, en mi modesta opinión, yerran los historiadores que se agarran a estas dos certezas para sustantivar que durante la campaña electoral no hubo motivo para que capas sociales españolas, notablemente las clases medias, se sintiesen inquietas. La gente no es tonta y, por eso, cuando lee un manifiesto electoral reformista pero luego ve que organizaciones que de forma más o menos velada o pública apoyan dicho manifiesto hacen las propuestas que he copiado más arriba, tienden a pensar que hay gato encerrado. España, es mi tesis, se enrareció, y mucho, incluso antes de que se votase.

Además, esas cosas radicales no sólo las decían los radicales. El mismo Prieto, que cuando tenía la ciclotimia conservadora se jactaba de no ser marxista, escribía durante la campaña electoral en su periódico que el objetivo tras las elecciones no podía ser otro que terminar lo que se había empezado en octubre del 34; que era, no se olvide, la dictadura del proletariado.

¿Quedaban dudas? Largo las disipó definitivamente en un mitin celebrado el 12 de enero, donde pronunció una de sus frases célebres: «establecido este Régimen [la República], nuestro deber es traer el socialismo». Y más claro aún: «No desmayéis porque en el programa electoral pactado con fuerzas afines no veais puntos esenciales. Después del triunfo, y libres de toda clase de compromisos, tendremos ocasión de decir que nosotros seguimos nuestro camino sin interrupción». Cualquier persona que supiese leer periódicos en 1936 tendría claro que, para el PSOE, el tan cacareado programa electoral del Frente Popular era papel mojado. Y de las intenciones de comunistas y anarquistas no creo que quepa dudar.

Más largocaballeradas. Valencia, 29 de enero: «La clase trabajadora tiene que hacer su revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas». Otro político de izquierdas, alicantino, declara el 13 de enero que el 16 de febrero hay que salir a la calle «a impedir que voten las mujeres, las beatas y las monjas» para que el 17 «no quede en Alicante una cabeza de derechas sobre los hombros».

Con todo, los defensores de la normalidad del 36 deberían, asimismo echar un vistazo a las cosas que cuenta la prensa de la época sobre esos días de precampaña y campaña.

El 12 de enero, durante un robo en la estación férrea de El Puig (Valencia), perpetrado por anarquistas, muere un guardia civil, Alfonso Matamales, y el factor de la estación, Eduardo Torres.

El 14 de enero, por la noche, un grupo de falangistas y otro de comunistas, cada uno voceando sus periódicos, coincide en la calle Fuencarral. Primero llegan a los vituperios, luego a las manos y luego sacan las pipas. Varios heridos. Horas después, en la calle Santa Brígida, unos falangistas le dan una mano de hostias al comunista Andrés Pierno por no haber querido coger su hoja de propaganda.

El 15 de enero, la cosa se complica especialmente. Os he hablado hace unas líneas de la muerte del guardia Matamales durante un atraco. Este día 15 el hermano del muerto, Camilo Matamales, se presenta en el hospital donde convalece el jefe de los atracadores, un tipo que se jactaba de haber matado a siete guardias civiles, y le dispara fríamente cuatro veces hasta enviarlo a tomar café con su hermano. Luego, con total tranquilidad, espera la llegada de la policía, y les entrega su pistola. Camilo Matamales, por cierto, fue llevado de paseo en Valencia la noche del 30 de agosto de ese mismo año, ya en plena guerra civil. Que se sepa, todavía no ha vuelto.

El 18 de enero, mueren asesinados un guardia civil en Jerez y un alférez en Arcos de la Frontera. En la muerte del primero, José García Vera, que se produce durante un tiroteo en un bar, también muere un inocente tonelero que pasaba por allí, llamado Juan Ramón Martín.

En Málaga, un vendedor de periódicos, Francisco Olalla Ramos, es muerto a tiros; al parecer, vendía publicaciones que no les gustaban a los pistoleros.

En Villar del Arzobispo, unos cuantos fascistas de izquierda le ponen una bomba en su propia casa a un miembro de la Derecha Regional Valenciana. En Cuevas del Valle, Ávila, es peor. Un comunista es apremiado por el fiscal local por arrancar carteles de la derecha; el tipo acecha al fiscal al salir de su casa y lo mata a tiros. En Peraleda, Lugo, otros izquierdistas matan a tiros a un vecino que volvía de la feria. En Montemayor, Salamanca, el muerto es Clemente Barragari Cid, del partido de Gil Robles. Un tal Hilario Martínez Campos, en un pueblo de Teruel, hace doblete: primero dispara a un militante de derechas, y después contra el alcalde. El Olves, Zaragoza, un tal Francisco Malduenda, que reparte propaganda de Acción Popular, es agredido a tiros; lo curioso es que, identificado su agresor, resulta ser nada menos que el alcalde socialista, Mateo Millán. En Langa de Duero, unos desconocidos rodean al delegado gubernativo y le rompen varias costillas.

En la calle Cartagena de Madrid, unos falangistas ven a un tipo vendiendo el periódico del PC, José Puente Domenech, le acorralan y apuñalan. En Alicante, es asaltado un periódico izquierdista, el cual los asaltantes incendian. En Vigo, unos cuantos extremistas asaltan la sede de Falange y conminan a los que están allí dentro a levantar las manos. Los falangistas contestan apagando la luz y poniéndose a disparar. Un muerto y cinco heridos.

El 21 de enero en la noche, barrio madrileño de Vallecas, tres falangistas entran en un bar a repartir propaganda. Varios parroquianos se lanzan contra uno de ellos y le arrean unos cañetes. Los falangistas reculan, salen a la calle y, una vez en la acera, sacan las pipas. Antonio Méndez García, presidente de las Juventudes Socialistas de Vallecas, cae abatido por tres disparos mortales. Dos de los agresores, Inocente [sic] Fernández y Eugenio Lozano, serán finalmente detenidos. Pero eso no detiene las represalias. Al día siguiente, un falangista es tiroteado en la plaza de Ópera; otro, Moisés Nombela, queda gravísimamente herido en la plaza de Legazpi tras sufrir cinco disparos; y, finalmente, en la propia Vallecas es asesinado a tiros José Alcázar Torrente, albañil afiliado a Falange.

La violencia ni siquiera es de un solo sentido político. En la calle Villamil de Madrid, los militantes de UGT Agapito y Gregorio Martín Fernández son tiroteados por miembros de la CNT. Al día siguiente, en la carretera de Villaverde, unos desconocidos disparan contra un miembro del sindicato anarquista. En Cortes de la Frontera, un guardia civil recibe la orden de localizar a un socialista, Antonio Vázquez, y conminarle a ir al cuartel por un problema laboral. Cuando lo encuentra, en un colmao, el propio Vázquez y otros compañeros rodean al benemérito y lo intentan desarmar. El picoleto saca el arma, dispara y se carga al tal Vázquez, además de dejar varios heridos.

Ángel Ruiz Avellano, guardia de Asalto, muere en la noche del 20 de enero en Santa Cruz de Tenerife en un enfrentamiento con radicales. Su compañero José Sánchez Varela queda muy malherido y morirá días después en el hospital. Son días poco afortunados para las islas porque se está desarrollando una huelga salvaje de los empleados del gas y la electricidad. Los nervios, a flor de piel. Un piquete de vigilancia del ejército mata al conductor de un camión que les pareció sospechoso. Los sindicatos declaran la huelga general tinerfeña y en el entierro del conductor se monta la de Dios es Cristo, con carga policial incluida que deja el cadáver un buen rato tirado en la cuneta.

Las cosas se están enconando contra las fuerzas de orden público. Especialmente la Guardia Civil. Tan es así que el día 19, el propio primer ministro Portela ha tenido que hacer unas declaraciones en cerrada defensa de los cuerpos de seguridad.

Nadie hace nada, durante aquella campaña electoral, por atemperar los sentimientos que expresan todos estos incidentes, que sólo son los más graves de una lista enorme. De las cosas que dice Largo ya hemos hablado. A la derecha, José Calvo Sotelo afirma en sus mitines que sus teorías son una invocación a la violencia.

Todo esto pasó antes del día de la votación. Como se puede leer, todo muy normalito.

Pero las cosas, os lo puedo prometer y os lo prometo, eran susceptibles de empeorar.