lunes, noviembre 23, 2009

¡Y dale...!

Antonio Muñoz Molina, uno de nuestros escritores más laureados y que últimamente se está destacando por no ser muy proclive a los procesos de memoria histórica y tal, acaba de hacer unas declaraciones a la prensa, coincidiendo con el lanzamiento de un libro de su autoría que, por lo que leo, transcurre en los convulsos tiempos alrededor de la Guerra Civil.

Dice Molina ciertas cosas que a mí me parecen puestas en razón, aunque siempre susceptibles de ser matizadas. Dice, por ejemplo, que tiene muy claro que los responsables directos de la guerra civil fueron quienes dieron el golpe de Estado contra la República, pero que también acusa de irresponsables a muchos políticos de izquierdas de la época, por su actitud en el fondo proviolenta en los meses anteriores al inicio de los enfrentamientos, que él ha comprobado leyendo las actas de las Cortes.

A mí me parece, como digo, que esta afirmación merece matizarse. Creo que no es sostenible la idea de que el golpe de Estado y la guerra civil existen por la radicalización del Frente Popular tras ganar las elecciones de febrero del 36, por el simple hecho de que ganar el FP las elecciones y ponerse Mola a diseñar el golpe de Estado fue todo uno, eso sin contar los contactos que goicoecheas y otros maniobreros habían tenido ya, por ejemplo, con Mussolini. En febrero de 1936, por lo tanto, mientras Azaña, al frente del nuevo Ejecutivo, aún prometía un gobierno para todos con un discurso integrador, los golpistas ya estaban preparando su movida. Los alzados en julio de 1936 no le dieron tiempo al Frente Popular a radicalizarse; ya habían decidido arrearle la hostia antes de que lo hiciera.

El problema para la interpretación histórica es que, como decimos los gallegos, aún por encima, el FP fue, y se radicalizó. En esto, desde luego, estoy en total acuerdo con Molina cuando arremete contra la irresponsabilidad de los diputados en la tribuna. Si un diputado de la nación amenaza con la muerte a otro diputado de la nación, como hizo José Díaz al decirle a Gil-Robles aquello de su señoría morirá con las botas puestas (escandalosa frase que fue además jaleada por la siempre muy demócrata Dolores Ibárruri), debería perder su escaño porque, simple y llanamente, no lo merece. Un parlamento en el que se permiten estas zarandajas es un parlamento cuyos diputados acaban tirados en el vestíbulo de la Almudena con un tiro en la nuca (o sea, Calvo Sotelo). Desgraciadamente, aún hoy tenemos que escuchar cosas parecidas, como cuando un señor representante del Estado va y le dice a un diputado que lo que él desea es que lo tiren a una cuneta con un tiro en la cabeza.

Dice también Muñoz Molina que la guerra civil se pudo evitar. Lo cual es una obviedad, pues sólo hay dos cosas que son totalmente inevitables, a saber: la muerte y que el Real Madrid la cague en la Copa.

Para el escritor, el hecho de que hubiera una gravísima crisis económica y una situación geopolítica internacional que define como espantosa, no son razones para sostener una idea fatalista sobre el estallido de la guerra civil. De hecho, dice, leyendo las memorias de los personajes de la época se ve claramente que la gente no quería ese horror y que incluso quienes lo estaban provocando no eran conscientes de ello.

Yo no sé, sinceramente, qué lecturas ha hecho Muñoz Molina para decir eso. A lo peor es que son las mías las que no son las adecuadas. Pero no comparto su afirmación casi en nada.

Si tomamos como ejemplo la revista Nueva Era, del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) de Maurín, Nin y tal, en ella se escribe, poco tiempo antes del golpe de Estado: queremos la guerra civil. Yo no sé qué parte de esta frase es equívoca, la verdad.

El POUM era bien poca cosa, cierto. Pero el mismo mensaje, es decir el mensaje de aquí conseguiremos el bien del proletariado por las buenas o por las malas, está en un montón de discursos de Francisco Largo Caballero, el líder del PSOE y el auténtico cortador del bacalao en el Frente Popular; tanto que hizo la jugada maestra de quitarle a Azaña el poder efectivo, colocarlo de florón en la presidencia de la República, y además impedirle que pudiera encargarle la formación del gobierno a Indalecio Prieto, con lo que se convirtió en el Gran Manejador del Cotarro.

Una cosa son las memorias escritas cuando ya el horror o su mayor parte ha pasado, memorias a menudo dirigidas a explicar cosas como yo no quería esto, yo es que pensé, bla, bla (y el ejemplo más claro es la plañidera Velada de Benicarló de Azaña, libro falso cual euro de madera; o los distintos libros autoexplicativos de los disidentes del comunismo como Hernández, o El Campesino); y otra, muy distinta, la acción de esos mismos amanuenses de sus recuerdos cuando dichos recuerdos eran presente.

Tomemos a Azaña, por ejemplo. Si tan listo era, como sostienen sus admiradores, podía haber sumado dos y dos y haberse dado cuenta de que la llamada izquierda burguesa nunca dominaría el Frente Popular; ni siquiera el socialismo moderado de Prieto. Azaña, como el resto de políticos burgueses de centroizquierda, o eran tontos del culo o se tuvieron que dar cuenta de que sumando sus votos y sus apoyos a la izquierda obrera, en el entorno de un sistema electoral que primaba fuertemente (como debe ser, en mi opinión) las coaliciones electorales a priori, lo que estaban haciendo era poner el país a los pies del largocaballerismo, o sea del peor PSOE. Con el tiempo, Azaña acabaría desarrollando la teoría, que probablemente llegó a creer a pies juntillas, de que la deriva revolucionaria de las izquierdas obreristas no se podría prever. O sea, que la deriva revolucionaria de unos tipos que ya habían dado un golpe de Estado revolucionario (octubre de 1934) y además hablaban sin ambages en sus actas y en sus mitines de la necesidad de la dictadura del proletariado, era algo así como impredecible. Joder con el tío listo.

Lejos de ser cierto lo que dice Muñoz Molina, cuando menos en mi opinión, lo que pasó no fue que en la primera mitad del 36 hubiera gente provocando la crispación y la guerra casi sin darse cuenta. Lo que había, más bien, era gente que consideraba que, una vez sofocado el golpe de Estado de Sanjurjo en el 32, y una vez laminadas en las urnas las derechas (otro análisis erróneo, porque de laminadas, nada; la existencia de una fuerte opinión derechista en la sociedad española se le hace patente a cualquiera que analice los resultados, aún aquéllos cuya veracidad es dudosa); una vez ocurrido todo esto, digo, el golpe de Estado de las derechas no tenía posibilidad de triunfo. Y es que, además, creo que tenían razón, porque el golpe de Estado de julio del 36 fue un fracaso, y eso que mediaba el asesinato de Calvo Sotelo, que convenció a muchísimos indecisos.

Pero lo que ya me deja acojonado es leer la «solución» que Muñoz Molina ha encontrado a todo esto: que el Parlamento nombre una comisión de historiadores que describa lo que pasó.

Valiente chorrada.

En primer lugar: el Parlamento, ¿qué leches de pito toca en esto? A ver: el Parlamento está para decidir si se toman medidas contra el cambio climático; pero no para decidir si el cambio climático existe, si es intenso, si empezó hace dos años o catorce o no ha empezado. Eso es cuestión de los climatólogos. Pues con las mismas, la interpretación histórica no es cuestión de políticos, sino de historiadores y, en última instancia, de todo aquel que se quiera acercar a los hechos históricos y construir una interpretación de los hechos.

¿Por qué tienen los historiadores que reunirse en el Parlamento? ¿Le tienen alergia a las aulas magnas? Más aún: ¿por qué tienen que reunirse? ¿Por qué tiene que existir, como yo interpreto de las palabras de Molina, una sola versión de lo que pasó? ¿Qué pasará al día siguiente con quienes no la sostengan? Si la tal comisión dictamina el día de mañana que Manuel Azaña fue un señor inteligentísimo, ¿qué le pasará a este pobre bloguero por pensar que Don Manuel era más bien limitadito, además de fatuo hasta la extenuación? ¿Me retirarán la licencia de blog, me pondrán una multa, me prohibirán usar adjetivos en los post?

¿Qué necesidad ve Muñoz Molina de que haya una sola versión, consensuada por no sé qué historiadores... ¡nombrados por el Parlamento!, de la guerra civil? No sé, lo mismo piensa que así acabará con la crispación hoy existente en el debate sobre ese fistro llamado memoria histórica. Si es ése el caso, quizá debería ir pensando en ir al oftalmólogo; de cerca puede que vea bien, pero de lejos ve menos que Pepe Milks. La crispación existirá siempre o, cuando menos, existirá durante un periodo bastante largo de tiempo, como por cierto ocurre siempre con las guerras civiles cruentas. Ya puede Muñoz Molina impulsar el nombramiento de mil comisiones. Las cuales, por cierto, probablemente le sorprenderán llegando a mil conclusiones distintas.

Lo cual nos lleva al segundo asunto. ¿Con qué criterio van a elegir los parlamentarios a esos historiadores? ¿Les exigiremos a sus señorías un nivel mínimo de lecturas sobre el asunto para poder votar por unos u otros? La respuesta es no, porque los diputados no necesitan del conocimiento para nombrar comisiones, puesto que saben que los comisionados son, siempre, comisionados de cuota. Los historiadores de esa comisión no lo serían por ser buenos historiadores, sino por ser agradables a los ojos del PSOE, del PP y de los nacionalistas.

Por lo que se ve, no le llega a Muñoz Molina con el espectáculo, bastante bochornoso, que viene dando de tres décadas para acá el Tribunal Constitucional, institución donde más que la competencia jurisprudencial se valoran las cojeras de tirios y troyanos, y pretende reproducirlo con la Historia.

Y es que la democracia crea estos monstruos. El monstruo de la democracia consiste en creer que todo lo que no pasa por el Parlamento es ilegítimo. La toponimia, de toda la vida, la han decidido los hablantes y el uso, que son los que deciden que los españoles digamos Londres y no London, Jacksonville y no Ciudad Jackson. Pero ahora la toponimia la decide el Parlamento. Y, por lo que se ve, también va a decidir, en un futuro cercano, la interpretación histórica de los hechos. En los libros de Historia de Bachillerato de dentro de unos años, la Unidad 12 se llamará: «La Guerra Civil Española (según texto del RD 2876/2012, de 7 de octubre, BOE de 13/10/2012). Shit you, little parrot.

Pero, claro, con precedentes como la Ley de la Memoria Histórica, que no es otra cosa que el intento por imponer una determinada interpretación de la Historia a través del BOE, qué nos íbamos a esperar.