jueves, julio 16, 2009

Cosas que pienso sobre la financiación autonómica

En medio del ritmo más o menos regular de un post cada dos días sobre la temática de que va este blog se van colando, como la arena entre los dedos, comentarios sobre otras cosas. Espero que a nadie le importe demasiado. A mí, la verdad, no.

Y es que me apetece reflexionar en silencio, pero moviendo los dedos, a raíz de todo este asunto de la financiación autonómica que estos días nos tiene tan contritos a los españoles. Porque es un asunto complejo de analizar en sus muchas vertientes. Voy a ver si me organizo la cabeza al escribir.

El Estado autonómico forma parte del pacto en que se convierte la Transición política tras la muerte de Franco. Consideraciones electorales aparte, puesto que estoy hablando de tiempos en los que aún no se había tomado la opción por la Ley D'Hont. Es un pacto entre los llamados azules, es decir franquistas reformistas que querían traer la democracia y orbitaron, casi todos, alrededor de Adolfo Suárez; y los socialistas, que una vez que se habían lavado los bajos en Suresnes se auparon con facilidad a la categoría de máximos representantes de la oposición al franquismo. Los franquistas de última hora (o, se quiere ver la botella medio llena, demócratas de primera hora) y los nietos de la caverna antiburguesa se dieron cuenta de que nada, absolutamente nada, saldría bien en la Transición sin el concurso de los nacionalistas. Esto no es nuevo. Eduardo de Guzmán, en su fantástico libro 1930, nos cuenta que en la reunión del famosísimo Pacto de San Sebastián, en la que se habló de la vertebración de la República una vez cayese Alfonso XIII, casi todo el tiempo se invirtió discutiendo el ¿Qué hay de lo mío? de los nacionalistas; fundamentalmente, de los catalanes.

Se equivocan quienes piensan que cambiando la ley electoral se van a librar de la influencia nacionalista. La Ley Electoral hay que cambiarla, desde luego; pero no tanto para reducir la influencia de los nacionalistas, que está por ver que sea excesiva de acuerdo con sus votos; como para hacerla verdaderamente democrática. A mí, personalmente, me gustaría un sistema a la inglesa, con distritos pequeños y votaciones abiertas. Yo no quiero votar a 32 cantidatos; quiero elegir uno, y que, además, por ley me tenga que dar su teléfono y correo electrónico para que pueda tocarle los cojones cada vez que diga, haga o vote algo que no me guste.

Pero no quiero desviarme. La ecuación de España sólo se revuelve despejando las incógnitas de los nacionalismos vasco, catalán y navarro (sí, escribí bien: vasco, catalán y navarro. Y punto pelota.) El estado de las autonomías no fue un intento de resolverlo. Fue un intento de tirar para delante para «reservar» el problema nacionalista, darle una histórica patada a seguir y que no tocase los cojones en un momento en el que los gobiernos se podían pasar días enteros haciendo cábalas para no colocar al frente de la División Acorazada Brunete a algún héroe de vía estrecha que la acabase utilizando para mandarlo todo a tomar por culo. Las autonomías son un invento perpetrado por Abril Martorell et altera y, cuando es el PSOE el que gobierna, sus jóvenes líderes encuentran cómodo mantener el momio en un trantrán que yo creo que nadie tenía claro adónde iba a llegar. Pasado un cierto tiempo, yo diría que el final de los ochenta, se cumple la Ley de Hooke y el muelle, a fuerza de estirado, ya es incapaz de regresar a su posición original. En los años noventa, las autonomías alcanzan su techo competencial y, con ello, dejan de ser esas instituciones exóticas de la década anterior, cuyo destino parecía ser pagar la factura para traer a Bob Marley al Calderón, patrocinar exposiciones ultraístas y defender el medio ambiente, para ser la administración responsable de la sanidad, la educación y un montón de cosas.

Como consecuencia, el Estado de las Autonomías es un submarino que fue construido para no pasar de los trescientos metros de profundidad con el cual, al parecer, estamos intentando darnos una vuelta por la fosa de las Marianas.

Yo no sé a vosotros, pero a mí lo que más me ha llamado la atención de las informaciones sugidas en estos días es que el gobierno central le ha dicho a los autonómicos: os voy a dar 11.000 millones más. Pero no ha dicho, acto seguido, lo que en mi opinión es fundamental, y que es: y yo, gobierno central, voy a reducir mis gastos en esto, esto, y esto, por valor de 11.000 millones. Este detalle es el que delimita el principal error de diseño del Estado de las autonomías: no es un diseño basado en una relación entre A y B, en la que A empequeñece y B aumenta. No son vasos comunicantes. A empequeñece, relativamente, pero muy poco; mientras B crece acromegálicamente. El Estado de las autonomías no es un sistema basado en una redistribución de los recursos; es un sistema basado en el incremento de los recursos.

Por eso, precisamente, el Estado de las autonomías excita el problema básico que ha tenido siempre la tensión entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos, que es la cuestión que hoy solemos resumir con el concepto de balanza fiscal. Que las balanzas fiscales reales no se puedan calcular no borra el problema. En un entorno en el que el sistema se basa en el crecimiento de los recursos, es inevitable que acabe produciéndose el enfrentamiento entre quien aporta más a ese crecimiento y el que tiende a aportar menos, o sea a pillar más. Es imposible, a mi modo de ver, que los conspicuos padres de la Patria de hace treinta años no fuesen plenamente conscientes de que esto iba a acabar ocurriendo. Lo que pasa es que dijeron lo que siempre dice un político: un problema que va a estallar dentro de treinta años no es un problema, al menos para mí.

El problema de las autonomías y su financiación es, sustantivamente, el choque de trenes de dos ideas básicas:

- Por un lado, está la idea de que una nación debe tener solidaridad interna. Igual que los ricos, vía IRPF, pagan a los pobres porque satisfacen muchos más impuestos que servicios reciben, debe haber territorios desarrollados que financien a los menos desarrollados.

- Por otro lado, está la idea opuesta, que no es en modo alguno privativa de España. Se ve, por ejemplo, con claridad meridiana, en Italia, donde en la muy rica Lombardía ha terminado por germinar un nacionalismo con claros tintes ultramontanos, que ha vendido durante décadas la imagen del lombardo sudando la gota gorda para pagar sus impuestos, impuestos que se gastaban en que romanos, napolitanos, calabreses y demás ralea se diesen, presuntamente, la vida padre.

El problema de ambas teorías es que las dos son ciertas. Si una fuese una invención, una falacia, sería fácil gobernar: con atacar esa idea falsa bastaría. Pero no es el caso.

Los españoles preocupados por este enfrentamiento han intentado en la Historia resolver este problema por dos vías. Una es la vía vasconavarra; apoyados por el concepto casi mitológico que de sí mismo tiene el pueblo vasco nacionalista, los vascos y navarros han desarrollado la idea de que los privilegios normativos de que gozaban, los famosos fueros, son inmanentes a su existencia. Fueros, en la Edad Media y en el Renacimiento, tuvieron muchos territorios además de los vascos y navarros. De hecho, en gran parte la construcción de los Estados modernos pasa por acabar con esos fueros. Los vascos, sin embargo, supieron defenderlos y construir a su alrededor toda una teoría que hacía de los fueros algo más que unas leyes, igual que el Barça es más que un club. La resistencia de los vascos a perder los fueros es tan fuerte que ha provocado tres guerras civiles. Porque hay quien puede pensar que las tres guerras carlistas fueron la guerra del Altar y el Trono contra la España liberal; y lo fueron. Pero si duraron, si se enquistaron de la manera que lo hicieron, fue, en gran parte, por el sólido apoyo que el carlismo y el tradicionalismo encontraron en Vascongadas y Navarra.

La segunda propuesta es la de la I República y el nacionalismo catalán histórico, que bien puede representarse con las Bases de Manresa. Es una solución federal, probablemente más coherente con lo que se quiere hacer. Porque uno de los cuentos de Calleja de la financiación autonómica, cuento que nos contaba Suárez, nos lo contó Felipe, continuó Aznar y ahora repite como un loro Zapatero, es eso de la corresponsabilidad fiscal. En España no hay corresponsabilidad fiscal, salvo en las comunidades forales claro, porque la corresponsabilidad fiscal presupone que el corresponsable te cobre los impuestos.

La corresponsabilidad fiscal pasaría por la existencia de tantas haciendas como autonomías. Entonces la autonomía recaudaría los impuestos de sus ciudadanos. Esta solución, como digo, es teóricamente más sólida y es la que sostenían los nacionalistas catalanes de finales del siglo XIX, en su mayoría empresarios y propietarios industriales preoocupados porque la política arancelaria se diseñase desde Madrid. Pero todo en este terreno se parece al esfuerzo de tapar a Pau Gasol con la manta de un niño de siete años. Si las autonomías recaudasen sus impuestos, entonces ya no existirían balanzas fiscales, no existiría la solidaridad interna del sistema. Es más: las diferencias se incrementarían. Porque a quien cobra los impuestos tienes que darle capacidad normativa sobre los mismos; y, existiendo dicha capacidad normativa, las entidades ricas tenderán a conceder deducciones más generosas, mientras que las pobres tendrán que intentar recaudar lo más posible de cada contribuyente. Y, por mucho que los economistas de izquierdas se desgañiten, lo cierto es que la curva de Laffer se cumple muchas veces: bajando impuestos se recaudan más impuestos, porque se incrementa la actividad. Los grandes contribuyentes de comunidades pobres se harían residentes de las comunidades ricas para poder pagar impuestos allí. Consecuentemente, como digo, los ricos tenderían a ser más ricos y los pobres, más pobres.

Además, está la enseñanza histórica, muy presente en la II República española, que es la primera que inventa el pastiche éste de las autonomías. La enseñanza histórica es la I República, un periodo muy corto que a menudo no se cita, del que no se habla, pero que enseñó muchas cosas. Ahí se ensayó el esquema federal y lo que ocurrió, simple y llanamente, es que el país se rompió. Algunos territorios de España incluso se declararon la guerra. Y el hecho de que el summum que pen de aquel proceso no sea la villa de Cornellá del Vallés, o de Lequeitio, sino la muy murciana metrópoli cartagenera, nos demuestra que no estamos hablando de un fenómeno limitado a eso que llamamos autonomías históricas. Como consecuencia, todo lo que huela a federalismo, en España, tiene resistencias muy fuertes. Son muchas las cabezas españolas, desde Cánovas hasta Azaña, desde Indalecio Prieto hasta José María Aznar, que se han mostrado dispuestas a poner pies en pared ante las pretensiones pimargallianas.

Acertó el ministro Solbes al decir que el asunto de la financiación autonómica es un sudoku. Pero no en el sentido que él decía, de cuadrar las cifras. Es un sudoku filosófico, estratégico. Es un merdé en el que no está claro por dónde se puede tirar, razón por la cual está rodeado de oscurantismo. Porque llevamos meses hablando de esto y, a día de hoy, no tenemos aún algo tan sencillo como una tabla con el reparto del dinero. Bueno, de hecho, nunca, ni ahora ni en el pasado, se ha publicado dicho reparto con indicación de la composición de dichas transferencias según el factor que los origina (población, insularidad, dispersión... etc.) En el asunto de las comunidades autónomas, los políticos actúan como un profesor de matemáticas que se dirigese al alumno diciéndole: «la solución al problema es 7; pero no me preguntes cómo lo he calculado».

El proceso, como digo, está, a mi modo de ver, entrando en una nueva etapa que sabe Dios dónde y cómo puede terminar. El momento actual, efectivamente, tiene los tintes de lo nuevo, de lo que surge de un cambio significativo.

Porque yo no sé si os dais cuenta, pero estamos entrando en el franquismo inverso.

El franquismo fue un periodo fuertemente centralista. Yo lo viví en una esquina periférica, La Coruña. Allí había cantinelas que la gente repetía sistemáticamente. La más popular era la que se preguntaba dónde estaba el dinero de las cajas de ahorros. Según esta leyenda urbana, los emigrantes gallegos se abrían cuentas en oficinas de las cajas de ahorro españolas en su país de trabajo, para poder enviar dinero a casa. Luego ese dinero llegaba a España y se gastaba en hacer obras públicas en cualquier otro lugar que no fuese Galicia (preferentemente Madrid).

El centralismo franquista alimentó generosamente el victimismo periférico. Lo convirtió en una verdad oficial que hasta los mismos madrileños creían porque, al fin y al cabo, los madrileños, y esto es algo que catalanes, vascos, gallegos y demás familia, jamás entendieron o quisieron entender, los madrileños, digo, no se veían especialmente beneficiados por el franquismo, el cual les hizo vivir en una ciudad monstruosa, incómoda, peligrosa, y no digamos los esforzados inmigrantes interiores que se fueron a vivir a las llamadas ciudades dormitorio; Móstoles, a principios de los setenta, era como para pegarse un tiro en cada testículo.

Ayer, sin embargo, escuché a un político madrileño, Antonio Beteta, clamar en la radio: «No puede ser que un madrileño valga la mitad que un catalán». Cualquier español de más de cuarenta años y con suficientes gigas en el disco duro tendrá, ante esta frase, una fuerte sensación de dejá vu. Y, al mismo tiempo, de desazón. Se sentirá raro, incómodo. La frase es conocida, pero algo... algo falla. Y lo que falla es el orden de los factores, que altera el producto.

Tenemos, a la vuelta de la esquina, el victimismo madrileño. Que es como decir el antiesclavismo blanco. No es del todo nuevo, pues ha venido alimentándose en los últimos cinco o seis años. Sé que hay mucha gente, de dentro y de fuera de Madrid, que no se puede explicar que tanta gente vote a Esperanza Aguirre. Pero eso es porque aún no se han cambiado el chip y, por lo tanto, no pueden imaginar que eso del victimismo funcione en un sitio como la CAM. Y, efectivamente, hace menos de diez años yo habría jurado solemnemente que no funcionaría. Y me habría equivocado.

Dicen los analistas que la oferta de financiación autonómica ha sido diseñada por el gobierno para conservar su vivero de votos catalán. Probablemente es así. Lo que no sé si habrán colocado en sus cálculos los miembros gubernamentales es que, con la misma mano con que conservas ese invernadero de votantes, echas el cierre al de Madrid y, probablemente, al de la Comunidad Valenciana. En las últimas elecciones en las que el PSOE ha salido más o menos trasquilado siempre hemos visto a politicos salir a hacer valoraciones con un leiv motiv: descontado Madrid, la cosa no va tan mal. Ese «descontado Madrid» parecía dar al tono azul de la región una característica de provisionalidad. Quienes sigan pensando así, quienes sigan pensando que lo que pasa en Madrid es que está pasando un viento de derechas, un viento que se irá, deberían escuchar las soflamas de Beteta. Porque no hay nada como el victimismo para consolidar las tendencias.

Lo más triste de todo, a mi modo de ver, es que la pelota lleva ya tantos años rodando que la solución racional es ya poco menos que imposible. Si el Estado central no gusta porque es lejano e injusto, vale. Pero para eso se inventaron, ya en la Edad Media, los poderes locales.