miércoles, febrero 14, 2018

Isabel (15: Thomas Cartwright)

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Esos tocapelotas llamados presbiterianos

Edmund Grindal murió en 1583, dejando lógicamente su sede vacante. Contra los consejos de Burghley, la reina decidió promocionar a John Whitgift, que era ya obispo de Worcester. Debía de tener mucha confianza en él, porque apenas tres años después ya tenía sitial en el Consejo Privado de la reina. Whitgift era un furibundo antipresbiteriano; había escrito libelos contra los presbiterianos en los que los había apelado de cosas terribles, entre ellas de no tener fidelidad a la Corona (en lo que acertaba, como veremos pronto). Burghley no era partidario de un nombramiento como el suyo porque consideraba que generaría un enfrentamiento potencial innecesario; pero la reina no era de esa opinión y, además, aprovechó que Leicester estaba en las Provincias Unidas y que, por lo tanto, su principal consejero no podía apelar al apoyo sempiterno del favorito.
Whitgift era un tipo inteligente para la política. Enseguida entendió a quién le debía y a quién no su ascenso al gotha de poder en Inglaterra, y por eso se acercó a Hatton. Esto, de por sí, fue ya una mala noticia para los presbiterianos. Pero, obviamente, la peor fue la muerte de su principal mentor en la Corte, que siempre fue Leicester. Su muerte, de hecho, marcó el inicio de una campaña, por mucho que Burghley y Walsingham intentaron pararla, para asegurarse el correcto anglicanismo del clero protestante, esto es, la limpieza de actitudes calvinistas, fuesen disfrazadas o públicas.

El Torquemada de aquella limpieza étnica fue John Aylmer, obispo y asociado de Whitgift, quien ya venía encarcelando presbiterianos y ahora se hizo ayudar por un inquisidor eficiente: Richard Bancroft. A todo aquél que tenía un papel mínimamente preponderante en la vida religiosa o social de Inglaterra y que el nuevo arzo de Canterbury consideraba desviado de la línea adecuada, Aylmer lo llevaba a juicio. Burghley se quejó, por cierto, de que los interrogatorios armados por Bancroft eran incluso más exigentes que los que practicaba la Inquisición española.

La campaña de Whitgift provocó la huida masiva de presbiterianos a Escocia. Allí, el rey Jacobo, que odiaba a Bancroft por razones personales, los acogió sin problemas, lo que provocó las demandas de Isabel para que se los devolviese. Jacobo, sin embargo, le hizo un Puigdemont a la reina.

Los presbiterianos, por su parte, se demostraron a sí mismos como aquello de lo que se les acusaba, esto es, como un movimiento clandestino que no tenía miedo de poner en solfa al poder. Desarrollaron una imprenta portátil, que llevaban de un sitio a otro para no ser descubiertos, desde la que editaron varios libelos contra el titular de la sede canterburiana. El autor de aquellos folletos era siempre un tal Martin Marprelate, pero se da por cierto que hubo de haber varias decenas de dedos detrás de todas aquellas letras. Los que hoy conocemos como Marprelate tracts eran abiertamente irreverentes, usaban en lenguaje de la calle y no dejaban títere con cabeza; incluso muchos devotos calvinistas amantes del orden se escandalizaban leyéndolos. Una de las cosas más divertidas de estos papeles es que usaban un recurso muy propio de la prensa satírica: la invención sarcástica del lenguaje. Por ejemplo, en lugar del gerundio catechizing, catequizando, escribían catekissing, una curiosa insinuación de la pederastia de los pastores. Asimismo, en lugar de vicar, vicario, escribían fykcker, que se pronuncia muy parecido y viene a ser algo así como follador, aunque mal escrito (yo lo traduciría como fhoyador).

Los liberos prestiberianos solían incluir incontables alabanzas hacia Thomas Cartwright, su gran autor intelectual. Profesor en Cambridge, Cartwright había dado una serie de clases sobre religión en 1570 en las que abogó por el estricto sometimiento de la Iglesia a la disciplina descrita en los Hechos de los Apóstoles; Whitgift, que entonces era vicedecano de la universidad, lo expulsó. Fue peor el remedio que la enfermedad, pues el teólogo en paro se fue a Ginebra, donde enseñó junto a Beza, con lo que ya se volvió más presbiteriano que nunca. Luego enseñó en la Iglesia anglicana de Amberes, otro foco presbiteriano. Regresado a Inglaterra en 1585, Aylmer se apresuró a meterlo en la trena, pero Burghley se las arregló para sacarlo. Leicester, para protegerlo, lo nombró maestro de un hospital de su propiedad en Warwick.

Cartwright, en todo caso, no había regresado a Inglaterra para estarse quietecito. Se convirtió rápidamente en el gran opositor de Whitgift por medio de folletos escritos. Su principal tesis era que el gobierno de la Iglesia debía ser plenamente autónomo y no estar penetrado por el poder civil a través del concepto de Iglesia nacional de los anglicanos. Asimismo, también sostenía que el episcopado no era una fundación apostólica. Vemos, pues, que Cartwright sostenía una posición incluso más radical que la de los prelados más lejanos del Papa en el todavía cercano concilio de Trento, pues éstos habían defendido que los obispos, y no los cardenales, eran los que eran nombrados mediante función apostólica.

Isabel, lógicamente, se cabreó bastante cuando leyó aquellos libelos que abogaban por dejarla a ella fuera del gobierno eclesial. Los presbiterianos, mientras tanto, iban avanzando en el tracto lógico de sus pensamientos y, así, si le negaban a la Corona la potestad de tocar pito en una institución divina como era su Iglesia, acabaron por propugnar la idea de que la propia monarquía no era de instauración divina. En opinión de los presbiterianos, lo que de alguna manera los convierte en extraños predecesores del democratismo, quien sostenía a la Corona era el Parlamento y la voluntad de la gente. Por lo tanto, siguiendo el razonamiento, los protestantes fanáticos acababan por sostener que la reina no tenía un poder absoluto, sino compartido con su Consejo Privado (esto es, con el gobierno) y el propio Parlamento.

En septiembre de 1589, Isabel llamó a Hatton a palacio y, en una breve audiencia, le ordenó que arrestase a Cartwright junto con otros ocho destacados presbiterianos. Quería juzgarlos por heterodoxia y sedición ante dos tribunales distintos: el primero eclesiástico, el segundo civil. Hatton iría al Parlamento a explicar la detención y en su intervención reconocería que a Isabel le preocupaban mucho más los presbiterianos que los católicos.

La reina esperaba un juicio eclesiástico rápido, pero no contaba que no estaba luchando contra una tibia oposición católica en buena parte extirpada del país por su padre, sino con una ideología nacida desde la mismísima religión nacional, y que contaba con innúmeros adeptos en todos los escalones del Estado. El proceso eclesiástico, de hecho, se empantanó durante cosa de un año. Los acusados no fueron llevados frente a la Star Chamber hasta el 10 de mayo de 1591, para ser juzgados bajo la presidencia de Hatton. El miembro del Consejo Privado demostró bien claros los temores que tenía hacia el apoyo a los presbiterianos desde el propio Estado: el día que inició el juicio, y no por casualidad, Burghley no podía estar presente, pues debía estar acompañando a la reina en Theobalds. Según las reglas, un juez que faltare diez días en su lugar dejaba de serlo en la causa, y esto es precisamente lo que buscaba Hatton.

El juicio se esperaba fácil y rápido por parte de Hatton. Había instruido al fiscal de la reina, sir John Popham, para que atacase desde el principio, conminando a los acusados a definirse sobre la cuestión de si la reina podía ser Gobernadora Suprema de la Iglesia anglicana, tal y como había establecido el Parlamento en 1559. Los acusados contestaron con un constante “no estamos obligados a contestar”; lo más que hicieron fue reconocer que dicha autoridad existía según las leyes. En su mente, con seguridad, estaba aquel otro proceso, entonces ya lejano en el tiempo: del de Tomás Moro. Moro había sido más radical o, si se quiere, menos estratégico, y había respondido a una pregunta muy parecida afirmando que era toda la cristiandad la que tenía que decidir sobre la autoridad religiosa de Enrique VIII. Ahora, los presbiterianos callaban, más taimados, y se acercaban más a esa figura que conocemos tanto en España de jurar o prometer algo, como la Constitución, “por imperativo legal”.

Buscándole las vueltas a Cartwright, el tribunal le preguntó si la forma de gobierno establecida en 1559 era coherente con la palabra de Dios, y si los sacramentos se administraban adecuadamente en Inglaterra. El acusado se negó a contestar. Finalmente, se le preguntó si los ritos litúrgicos contenidos en el Book of Common Prayer anglicano eran tales que prevenían cualquier cisma o separación de la Iglesia. A eso Cartwright contestó que la decisión de escindirse nunca sería una decisión particular. En suma, a la hora de juzgar el gobierno de la Iglesia anglicana, siguió con la matraca de que no estaba obligado a contestar pues, dijo, en un juicio se pregunta sobre hechos, no sobre opiniones.

Tres meses después, el juicio todavía seguía celebrándose, y eso a pesar de que la Star Chamber no tuvo vacaciones aquel año y siguió abierta, de forma extraordinaria, durante el verano. Cuando llegó el otoño, las cosas se pudieron todavía peor para los acusadores cuando, en octubre, la diabetes comenzó sus últimos ataques contra el cuerpo de Hatton, quien, de hecho, fallecería en Ely Place el 20 de noviembre de aquel año.

Ahora el caso estaba en manos de Burghley, el miembro del gobierno de la reina que más cercano se sentía a los prestiberianos, sobre todo por lo atractivas que se le hacían sus ideas sobre la soberanía del Parlamento. Popham era optimista; consideraba que sería posible arrancarle al tribunal algunas acusaciones, ya que consideraba probada una conspiración para ganar a la gente a la causa radical.

El fiscal de la reina, sin embargo, erraba. En las primeras semanas de 1552, la Star Chamber se abatió ante las acusaciones por falta de pruebas. Poco antes de la muerte de Hatton, sir Christopher Wray, Chief Justice of England, le había presionado para que declarase el caso sobreseído, cuando menos hasta que tuviese pruebas ciertas de una sedición. Wray, que no era en modo alguno un presbiteriano sino un juez profesional, convenció a muchos de sus compañeros de tribunal de que no había base para la acusación.

El caso Cartwright fue mucho más que un suceso judicial: fue una circunstancia dramática que colocó a la Inglaterra de Enrique VIII delante de un espejo, con todas sus pústulas bien a la vista. El gran problema en política, problema que curiosamente es orillado por los políticos porque todos ellos sin excepción son cortoplacistas, es que es un terreno en el que no hay acción sin reacción. Un día, por ejemplo, alguien en un despacho de Langley decide que para putear a la URSS en Afganistán sería una gran idea financiar y dar boleta a grupos sunitas radicales; pero a nadie se le ocurre analizar cuál podría ser la consecuencia de ese movimiento a veinte o treinta años vista: por ejemplo, que las torres gemelas del World Trade Center colapsen entre el humo y el fuego. A Enrique VIII y su sucesora Isabel les pasó lo mismo. Decidieron apostar por la mayoría de edad geopolítica de Inglaterra por la vía religiosa, haciendo que el Estado descarrilase de la vía católica. Para hacer eso necesitaron de la violencia (usaron mucha) y también de la violencia teológica, señalando las muchas fallas del catolicismo y apostando por ser una nueva marca protestante. Con ese gesto, los reyes de Inglaterra lanzaron un proceso que no podían controlar. Le enseñaron a la gente que los creyentes, ellos solos, son la fuerza más poderosa del mundo, tan poderosa como para apartarse de la Iglesia; pero, por el camino, les enseñaron que quien se aparta de una Iglesia también puede apartarse de un rey, de un Parlamento, de lo que sea.

La Inglaterra de Enrique VIII, con los años, acabó percatándose de que podía llegar a ser tan poderosa como para prescindir de Isabel. Donde no hay más rey que Dios, los reyes dependen de los hombres para serlo. Quienes diseñaron la revolución anglicana nunca pensaron que ésta sería una de sus consecuencias, porque sólo pensaron a diez, veinte años a lo sumo.


Así fue, así es, y así será hasta el final de los tiempos; porque destino inmarcesible para el gobernante público es interesarse únicamente por los pocos o muchos años que dure su vida pública.