miércoles, septiembre 11, 2013

Digesto allendista

Para los muy, muy aficionados, que se saltan esa regla de que en internet no hay que escribir más de cuatro párrafos, va este post que es, en realidad, re-post.

Hace cuarenta años de la muerte de Salvador Allende, y por eso quiero yo dejaros hoy aquí, acopiados en un solo texto, los diferentes posts que hice en su día sobre él y sobre el golpe de Estado en Chile. Hasta ahora han estado dispersos en el blog y no referenciados entre ellos, lo que supongo dificultaba su consulta. El texto que sigue los acopia y ordena todos.

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Salvador Allende no cayó del cielo. Ni subió de los infiernos. Salvador Allende es el resultado de una evolución que en Chile se venía produciendo ya de tiempo atrás, y que no pocas veces se había terminado por plantear como un enfrentamiento frontal, y mutualmente exclusivo, entre una oligarquía terrateniente e industrial y lo que en aquel país se conoce como los rotos; que no deben confundirse con los rojos españoles, pero se les parecen mucho. El siglo XX y, sobre todo, su segunda mitad, hicieron prácticamente inevitable la eclosión de la conciencia política de la clase obrera y campesina chilena, con elementos muy significativamente locales, sorprendentes para un observador externo. Sorprende, por ejemplo, que durante el periodo de mandato de Salvador Allende el Partido Socialista, al que él pertenecía, mostrase un radicalismo revolucionario casi absoluto, de forma que debía ser el Partido Comunista el que refrenase sus tendencias. Como también sorprende encontrarse con movimientos como el MAPU, de un leninismo casi de libro pero de inspiración cristiana.

No por casualidad, por lo tanto, la campaña electoral de 1964 en Chile estuvo presidida por un eslogan que se parecía casi a la letra con otro que se había manejado en unos comicios ya lejanos en España. Si en las elecciones de febrero de 1936 la CEDA y José María Gil-Robles reclamaron el voto para poder parar el marxismo, en las de 1964 la Democracia Cristiana de Eduardo Frei, el partido político más establecido de Chile, salió a la calle con la intención de plantear a la sociedad chilena una alternativa clara: o democracia cristiana, o marxismo. El lema concreto de la DC, que entonces llevaba seis años en oposición frente al gobierno de derecha pura y dura de Alessandri (Partido Nacional) fue «revolución en libertad»; buscando, claramente, al electorado a su izquierda natural.

En 1964, con ese eslogan, aprovechando además la relativa miopía del propio Allende, quien no se apeó de su radicalismo, la Democracia Cristiana, más que ganar, barrió, en un resultado parecido al del PSOE en 1982, que hacía presagiar un largo periodo de gobierno del centro.

El gobierno Frei de 1964, incubadora sin quererlo del allendismo, no supo administrar correctamente las muchas, demasiadas, ilusiones que concitó. Pues aquella victoria se produjo en un ambiente social en el que los chilenos esperaban de la Democracia Cristiana solución para todo: para la economía rota, para la miseria de obreros y campesinos, para el colonialismo industrial extranjero, para el analfabetismo.

La oferta democratacristiana, sin embargo, resultó ser un fiasco. Lejos de domar la inflación (a la que algunos economistas llaman, con razón, «el impuesto de los pobres»), ésta se desbocó, y el endeudamiento externo de Chile trepó por las nubes; subía el paro, y la reforma agraria, abordada inicialmente con valentía, acabó embarrancando. En esa situación, la DC, que en realidad era un pastiche de tendencias muy diversas, comenzó a sufrir fugas por ambos lados, a derecha e izquierda, donde tanto el PN como las formaciones marxistas jugaban sus cartas, dificultando en lo posible el éxito del Gobierno. Sin ir más lejos, muchas iniciativas gubernamentales se estrellaban en el muro del Senado que, oh casualidad, tenía un presidente llamado Salvador Allende Gossens.

La agitación social, además, obligó a aquel gobierno de centro a usar la fuerza, de forma exagerada. En 1966, una huelga de los mineros de El Salvador provocó seis muertos. En una manifestación en Santiago contra la limitación del derecho de huelga hubo siete muertos. Y, sobre todo, por su repercusión, cabe citar los siete muertos producidos en Puerto Montt, cuando la policía disparó sobre una masa de okupas.

En un ambiente de crecientes deserciones desde la democracia cristiana hacia la Unidad Popular de izquierdas, en 1968, Jacques Chonchol, el hombre designado para realizar la reforma agraria a través del INDAP, dimitió de su cargo. Esta desafección, provocada por serias discrepancias con Frei, provocó la salida de la DC del llamado Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), de raíz cristiana pero que con los meses radicalizaría cada vez más sus posiciones. Chonchol sería ministro de Allende.

La Unidad Popular, por lo tanto, llegó al poder contra Frei; pero de alguna manera, también, se alimentó de él. En primer lugar, porque la integración en la misma, más o menos formal, de los disidentes de la izquierda cristiana, dotó a las izquierdas de una vitola que necesitaban para captar determinados viveros de votos. Y, segundo, porque el gobierno Frei, con su reforma agraria truncada (que, en todo caso, reasentó a 30.000 familias de colonos), con su política de chilenización de empresas estratégicas (comprando acciones, que no nacionalizando), abrió las vías que, posteriormente, explotaría la UP desde una óptica marxista.

El 4 de septiembre de 1970 se celebraron elecciones presidenciales, a las que Frei no podía presentarse, pues hacía menos de seis años que había ocupado esa primera magistratura. Por lo tanto, descontado Frei, los candidatos en aquellas elecciones fueron, fundamentalmente, tres:

Jorge Alessandri era el candidato del derechista Partido Nacional. Ya había sido presidente, pero más de seis años atrás; además, tenía el inconmensurable aval de ser hijo de Arturo Alessandri Palma, conocido como El león de Tapaca, uno de los políticos más arrechos de la Historia de Chile. El Partido Nacional lo era del orden, de las clases altas y de los grandes industriales y banqueros, además de muchos chilenos de centro-derecha que, sobre estar fuertemente decepcionados con la democracia cristiana, temían a la izquierda, así pues no eran nada proclives a la abstención; por supuesto, no le hacía ascos a los ciudadanos de simpatías simple y llanamente fascistas.

Sin embargo, Alessandri tenía un punto débil: sus 74 años de edad que, dicen, le jugaron una mala pasada, pues es convicción de muchos chilenos que acabó por perder las elecciones cuando se dejó grabar por los camarógrafos leyendo un comunicado que comenzaba: «No me temblará la mano…»; y que leyó mientras sus manos, agarrando el papel, interpretaban el parkinsoniano baile de San Vito. De todas formas, Alessandri cometió otro gravísimo error en aquella campaña, y fue actuar como si la Unidad Popular fuese una formación ultraminoritaria sin ninguna posibilidad de ganar.

El segundo en discordia era Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. El Rubalcaba de nuestra historia, pues, recogiendo la presunta herencia de un presidente a la vez saliente y bastante odiado. Centró su campaña electoral en atacar a Alessandri, consciente de que era quien, sobre el papel, tenía más posibilidades de ganar. A Allende lo dejó en paz, entre otras cosas porque su planteamiento estratégico, basado en vender la idea de una profundización en las medidas reformistas que Frei no había completado, en realidad lo acercaba a la oferta socialista. Sin embargo, Tomic no acudía con un programa exactamente propio, pues el partido le había impuesto la estrategia de no alianzas de la DC, contra su deseo de tentar algún tipo de embroque con la izquierda.

Y, last but not least como los hechos acabarían por demostrar, se encontraba la Unidad Popular. Formación que se lo pensó mucho antes de designar a Allende como candidato. Era la cuarta vez que el médico de Valparaíso quería intentar el asalto de la Casa de la Moneda, y no eran pocos en las propias formaciones de izquierda los que lo consideraban un juguete roto de la política chilena. En la asamblea para formar la Unidad Popular, el Partido Socialista presentó a Allende como candidato; los comunistas, al poeta Pablo Neruda; el Partido Radical, a Alberto Baltra; el MAPU, a Jacques Chonchol; y el Movimiento de Acción Independiente, a Rafael Tarud.

Neruda se descartó rápidamente a base de exhibir una retórica revolucionaria con la que nadie, jamás, ha ganado unas elecciones democráticas (hasta el Frente Popular español del 36 se presentó en las urnas con un programa tan tibiamente de izquierdas, que Largo Caballero tenía que decirle a los suyos en sus mitines que no se preocuparan, que la revolución llegaría en todo caso). Tras él fueron cayendo los que tenían escasos apoyos, hasta quedar la movida entre Allende y Chonchol. Las negociaciones entre ambas facciones de la UP no fueron fáciles pero, cuando la ruptura se acercó, Chonchol consideró de mayor valor la unidad en las urnas, y se retiró.

Allende, por supuesto, prometió durante la campaña la profundización de la revolución freiana, aunque con mensajes tendentes a mitigar el miedo al marxismo como, por ejemplo, su promesa de respetar a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ya durante aquella campaña electoral, cuando todo aún no había comenzado, se apreció uno de los errores que con el tiempo se harían más patentes en la actuación de Allende: su incapacidad de sacudirse a los muy radicales o, más bien, su deseo de no hacerlo.

Las alianzas políticas son casas con dos puertas: la entrada, y la salida. Cuando la alianza es con un partido suficientemente moderado, uno puede controlar las dos puertas. Entra cuando quiere y sale también cuando quiere. Pero lo que caracteriza aliarse con un radical es que uno sólo controla la puerta de entrada. El momento en que pueda tomar la puerta de salida es algo que decide el aliado.

Allende tuvo, para aquella campaña electoral, el decidido apoyo del Partido Comunista Chileno; formación, ya lo hemos dicho, en realidad más moderada que el propio Partido Socialista en aquel momento. También recibió el apoyo de la CUT, Central Única de Trabajadores, primer sindicato del país. Pero también fue apoyado, sistemática y públicamente, por el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la CNT de esta historia (si es que hemos de ir a un paralelismo con nuestra II República). El MIR estaba dispuesto a ayudar a Allende siempre y cuando no se desviase de «la construcción del socialismo»; y realizó ese apoyo sin abandonar ni un milímetro sus postulados de extremo radicalismo marxista-leninista y violento, cuando menos, pues, terroristoide

El MIR acabaría por convertirse en el gran auditor del gobierno Allende en la calle; el pollo cabrón que, cada vez que te relajas, se inclina sobre tu oído y susurra: delendum est capitalismus. No por casualidad, el MIR sería también lo último que le quedaría Allende, cuando los militares comenzasen a bombardear la Casa de la Moneda.

Allende ganó el 4 de septiembre. Obtuvo 1.070.334 votos, por 1.031.159 de Alessandri y 821.801 de Tomic. Pero aquí tenemos otro paralelismo con la II República española (especialmente con sus actos finales) y, consecuentemente, una reflexión. La victoria de Allende en 1970 se asemeja mucho a la del Frente Popular en el 36, que fue, dicho sea sin poner en duda las cifras de los historiadores, por un puñado de votos (en realidad, en votos el Frente Popular tal vez perdió aquellas elecciones).  Si alguien que propugna un cambio radical consigue menos de la mitad de los votos emitidos, ¿adquiere con eso fuerza moral y política para llevar a cabo su programa? Supongo que cada uno tiene una respuesta para esta pregunta; pero es obvio que ni en Chile ni en ninguna parte se puede decir que todo el mundo piense lo mismo. 

A mi entender, ante victoria tan magra, se hubiera impuesto, inteligentemente, cierta matización programática por parte del ganador, sobre todo si esperaba que fuerzas políticas que estaban a 40.000 votos de él o que incluso, unidas, lo superaban, se olvidasen de que sus propios postulados eran contrarios, en ocasiones radicalmente contrarios, a los suyos. Lo contrario equivaldría a ponerles muy fácil echarse al monte. Sin embargo, Allende no podía hacer eso, por la razón de sus propias convicciones, pues era un marxista de libro, y, sobre todo, las alianzas que le habían llevado a conseguir aquellos votos.

El resultado de las elecciones de 1970, y la reacción de Allende ante su propia victoria, dibujaron la primera gran contradicción del proceso chileno: la construcción del socialismo en minoría. «Avanzar por el camino de la democracia», diría Allende en su segundo discurso parlamentario al pleno del Congreso (21 de mayo de 1972), «exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica». Esta frase, en mi opinión, revela la simpleza con que Allende veía el mundo. Pues sólo una persona que se mueva lentamente por la existencia, manejando apenas dos o tres ideas muy básicas o creyendo que, como decía Summers,tó er mundo é güeno, puede pensar que se puede impulsar un cambio sistémico en minoría, y pretender que la mayoría lo acepte.

Ganar las elecciones, en todo caso, sólo era el primer paso. La Constitución chilena, en mi opinión excesivamente preocupada por el garantismo democrático hasta generar en potencia situaciones sin salida, exigía un segundo paso, que era ser designado presidente. Y ese paso, pronto se reveló, no iba a ser nada fácil.

Según la Constitución chilena, tras la votación se abría un periodo de 50 días hasta que el Congreso designase presidente. La verdad, los padres de la patria que redactaron ese precepto se habían, probablemente, fumado algo, o se habían puesto de pisco hasta las trancas, porque hace falta ser torpe y zoupas para condenar a un país a una situación de enfrentamiento frontal en el caso de votaciones apretadas como aquélla. La campaña electoral, de hecho, recomenzó. Mientras los medios de comunicación de izquierdas recordaban que no sería la primera ni la última vez que en la Historia de Chile un presidente lo fuese sin tener mayoría absoluta en el Congreso, la prensa afín al Partido Nacional comenzó a coquetear con una, digámoslo con educación, poco elegante coalición ex post entre nacionales y democratacristianos para dejar al médico, por cuarta vez, jodido y con el bisturí en la mano. El 14 de septiembre Allende, tirando de los manuales de Lenin, llamó a la calle a manifestarse y amenazó con paralizar el país si no era elegido. El MIR lo coreaba amenazado con arrasar el Barrio Alto, La Moraleja santiaguina. Fueron 50 días durante los cuales los capitales chilenos salieron del país en fila de a siete, y durante los cuales se habló de golpe de Estado casi con tanta convicción como en el 73.

Con decenas, si no centenares, de miles de chilenos en las calles montando bulla, Allende comenzó a actuar como presidente (electo, se llamaba a sí mismo) y a proponer medidas de gobierno; en un intento, sobre todo, de demostrar a tenderos, hosteleros y pequeños empresarios que no pensaba tocarles un pelo.

El 22 de octubre, dos días antes de la elección definitiva, estalló la bomba.

Aquel día, el comandante en jefe del ejército chileno, general René Schneider, viajaba en su coche, solo y sin escolta, tan solo con un chófer desarmado, camino del curro. Según declararía con posterioridad René, su hijo, no llevar escolta fue una temeridad por su parte, porque había sido amenazado. Lo dispararon e hirieron muy gravemente. Murió tres días después, durante los cuales pasó la mayor parte del tiempo sedado.

Días antes, el general Schneider había dejado clara su actitud respetuosa con cualesquiera resultados aportase la senda constitucional chilena; un presidente socialista, sin ir más lejos. Esto fue más que suficiente para la extrema derecha, y especialmente para el grupo Patria y Libertad, dirigido por un abogado, Pablo Rodríguez, que, entre otras cosas, no escondía su admiración personal por José Antonio Primo de Rivera. Quienes mataron al general rompieron el cristal del coche a martillazos y luego le dispararon ocho balas mientras Schneider trataba, inútilmente, de coger la pistola que había en el auto, en el salpicadero. 

Se ha dicho que la acción contra Schneider era, en realidad, un secuestro que salió mal. Fuese lo que fuese, estaba diseñada para presionar a la cámara chilena cara a la votación del nuevo presidente; pero consiguió el efecto exactamente contrario al que buscaba, puesto que el Congreso, aún agonizando el general, eligió a Allende, con 153 votos a favor, 35 en contra y 7 papeletas en blanco. Eso eran los votos de la izquierda más los 71 votos de la izquierda democratacristiana, que siguió el llamamiento de Tomic para votar al médico de Valparaíso. Es importante el dato: de haberlo querido los centroizquierdistas, Allende habría perdido. Tomic fue escrupulosamente respetuoso con el orden constitucional; aceptó con su voto la derrota sufrida, mucho más allá de lo que lo habrían reconocido otros.

La inmediata operación de investigación del atentado produjo 30 arrestos, entre ellos el del general Roberto Viaux Marambio, organizador, apenas un año antes, del denominado como tacnazo; un golpe de Estado fallido cuyo centro fue la escuela de suboficiales y unidades motorizadas del regimiento Tacna. El MIR denunció a Patria y Libertad. Fueron detenidos tanto el suegro de Viaux, general en la reserva Raúl Iguart; como su cuñado, Julio Eduardo Fontecillas. Entre otros muchos. Tal y como lo acabó estableciendo en su acusación el ministerio fiscal, los autores del atentado habrían sido Luis Gallardo, José Jaime Melgosa, Carlos Silva, Carlos Labarca, Luis Hurtado, Diego Dávila, Rafael Fernández y Jaime Requena, siendo coautores Viaux y alguno de sus parientes.

Por cierto, que entre los coautores figuraba un tal Julio Izquierdo que fue detenido en Madrid (el Madrid de Franco) y extraditado a Chile (el Chile de Allende). 

Tras las primeras jornadas presididas por la investigación del caso Schneider, Allende y la Unidad Popular pasaron al anuncio de su programa de gobierno. Éste es el punto, en mi opinión, en el que el allendismo comienza a descarrilar. Se ha dicho y escrito muchas veces que el Chile de Allende es un experimento para llegar al socialismo por vías democráticas. Pero esto presenta dos problemas: uno general, es decir que podría presentarse en cualquier país; y otro particular, propio de Chile.

El problema general es que el socialismo, cuando es socialismo de verdad, no tiene marcha atrás. El socialismo auténtico es el que practicaba, por ejemplo, Pablo Iglesias, y que le hacía decir que no se planteaba la participación en gobiernos burgueses porque lo que él quería hacer era acabar con esos gobiernos burgueses. Vladimir Lenin también entendió este hecho, y es por ello que creó la minoría bolchevique que propugnó, y obtuvo, el poder total en la Unión Soviética. Este principio ya fue formulado por Marx cuando, en su análisis dialéctico, encontró que no había más remedio que pasar por la dictadura del proletariado. 

El socialismo de Allende, y quiero recordar aquí lo ya escrito de que, en Chile y en 1970, socialista quiere decir más revolucionario aún que los comunistas de obediencia moscovita, era un socialismo sin retorno. En su programa, la Unidad Popular defendía «la transformación de las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder». Cierto es que Allende siempre respetó el orden constitucional chileno; como lo es que su retórica hablaba, lo acabamos de ver, de crear un Estado que no era el Estado que existía hasta el momento. 

La segunda característica, propia de Chile, es que quienes cuentan que Allende ganó en 1970, olvidan, a menudo, muchas cosas. Olvidan que Allende ganó unas elecciones presidenciales; no legislativas. Que, en consecuencia, en el Congreso seguía en minoría. Que, de hecho, lo acabamos de leer, incluso su propio puesto de presidente lo debía a la pureza constitucional con la que se había desplegado el ala izquierda de la DC. Éstas son razones más que suficientes como para que un político con suficiente sentido estratégico (del cual Allende carecía) se hubiese dado cuenta de que no era el momento procesal de sacar a pasear su programa de gobierno radical. Y, sin embargo, lo hizo. El programa de la Unidad Popular hablaba de modificar el régimen constitucional existente, bicameral, por otro unicameral llamado Asamblea del Pueblo; sistema que, continúa el documento programático de Allende, «permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido». Entre otras cosas, aboga por un Tribunal Supremo cuyos magistrados serán nombrados por la Asamblea del Pueblo (cosa que nos sonará a los españoles), para crear una administración de Justicia que actúe «en auxilio de las clases mayoritarias».

Era, desde luego, en la economía donde se desplegaba lo principal del programa de la UP y los elementos, por así decir, más irrevocables de su política. Aboga el programa por «un área estatal dominante», es decir por un sistema empresarial en el que el Estado fuese el principal actor, lo que demandaría la nacionalización de empresas e incluso sectores enteros, entre los que se citan, en el programa: la minería del cobre, el sistema financiero, el comercio exterior, las grandes empresas, los monopolios industriales estratégicos y, en un abracadabrante (por lo extenso y difuso) punto 6, «en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica, la química pesada, la celulosa, el papel». Todas estas expropiaciones, añade el programa, se harán «con resguardo del interés del pequeño accionista». Como ya veremos, detrás de estas palabras se encuentra la formulación de lo que se conocerá como Doctrina Allende, y que será uno de los principales problemas de su mandato. En todo caso, el programa, como hemos visto, estaba redactado en unos términos tan radicales, y al tiempo confusos, que de hecho permitirá una labor expropiadora que irá más allá, seguramente, de lo que el propio Allende esperaba.

El programa de la Unidad Popular prometía (y lo cumplió) una profundización de la reforma agraria y mejoras sociales en la educación y el nivel de vida de los más desfavorecidos, amén de la «expropiación del capital imperialista». En materia de información, se proponía liberar a los medios de su carácter comercial, «adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios».

Como ya decía, era un programa irreversible, cuyo impulsor pensaba poner en marcha aun estando en minoría. 

El gran error de Allende y de su administración residió en que actuaron sobre la base de que por el hecho de haber sido elegido el médico de Valparaíso presidente (en minoría) ya se debía entender que el proyecto socialista recibía el aval. Gonzalo Martner, jefe de la ODEULAN, Oficina de Planificación Nacional, auténtica sala de máquinas de la política allendista, sobre todo en lo que se refiere a las expropiaciones, le dijo al corresponsal español José Antonio Gorriarán: «el Gobierno puede disolver el Congreso si se oponen a todo». Y tiene importancia esta frase porque, más o menos, por la misma época, el propio Allende le declaraba al mismo periodista español que quería «hacer cambios estructurales, herir intereses preservando absolutamente los derechos, no sólo de información y de crítica, sino de oposición». El contraste entre estas dos frases nos revela otra característica que yo veo en el allendismo: su polimorfía. En el mismo movimiento convivían personas de un estricto legalismo con otras que no estaban dispuestas a que los legalismos frenasen sus planes; todas ellas amenazadas por una extrema derecha que quería borrarles del mapa, y una extrema izquierda que quería sobrepasarlos. 

Allende, bien por ser políticamente correcto ante un periodista español, bien porque, como yo no descarto en lo absoluto, lo piense sinceramente, utiliza expresiones neutras: «cambio estructural» es un sintagma que está lejísimos de la dialéctica revolucionaria. Es el tipo de visión de las cosas que podría hacer que Lenin te mandase al paredón por tibio. Y su compromiso con la libertad es total; hasta el punto de acatar la decisión de sus tribunales de denegar la extradición de un criminal nazi, por mucho que le repugne. Sin embargo, si el franquismo es Franco, el allendismo, como le ocurre a muchos movimientos latinoamericanos (el peronismo, el castrismo, el chavismo), es mucho más que Allende. Mucha más gente, y no necesariamente connivente con sus puntos de vista. Se suele decir: Allende estaba dispuesto a respetar la democracia; y quien lo dice, a mi modo de ver, no miente. Pero si cambiamos Allende por allendismo, ya la cosa no está tan clara. El presidente tenía en su propio partido elementos que le exigían ir más allá.

En otras palabras, el allendismo se sintió tocado de una legitimidad discutible, como siempre le ocurre a quien llega a gobernar con un programa, pero necesita del apoyo de otros para sacarlo adelante.

Eppur si mouve...con todos estos antecedentes, Salvador Allende se dispuso a gobernar.

Los primeros meses de gobierno de Allende fueron aclarando dos divorcios; o, mejor dicho, uno y medio, porque el allendismo nunca se divorció, en realidad, de la ultraizquierda. Evidentemente, la extrema derecha, Patria y Libertad, se extrañó por completo de los actos y proyectos del presidente, y a las pocas semanas de ocupar éste la Casa de la Moneda ya le prescribía la muerte que acabó teniendo. Por su parte, la ultraizquierda del MIR y de Vanguardia Organizada del Pueblo vaticinaba la sustitución de Allende por otro presidente más revolucionario; pero nunca terminaba de cortar las amarras con un gobierno que, al fin y al cabo, estaba haciendo más cosas que ninguno en la línea que ellos pretendían. Todo esto era presenciado a prudente distancia por el PC Chileno, a causa sobre todo de sus vínculos con Moscú, es decir con un centro de poder para el cual Chile sólo era una pieza más de un complejo ajedrez y que, por lo tanto, tampoco estaba dispuesto a darlo todo. 

El 8 de junio de 1971, el régimen vivió su primera gran prueba de fuego cuando la Vanguardia asesinó al político democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic. Las acusaciones a la Unidad Popular no se hicieron esperar pero Allende, llevando hasta el final el principio de respeto total a la legalidad y al orden, lavó esa mancha con una investigación en la que los terroristas fueron finalmente descubiertos.

Por el camino, y bajo la batuta del ministro Vuscovic, en Chile comenzaron a nacionalizarse industrias a puñados. Es elemento habitual de la literatura más proallendista recordar que esa situación se produjo en un ambiente de fuga masiva de capitales; el aeropuerto de Santiago se preñó de viajeros que volaban a Argentina con maletas que parecían embarazadas de cuero. Pero también es cierto que no tiene mucho sentido dejar el dinero dentro de un circuito que está siendo crecientemente nacionalizado; por mucho que la fuga de capitales sea una acción insolidaria, no lo es menos que quien aborda un proyecto para hacer estatal una parte fundamental de la economía, para tener bajo su sobaco un tercio del suelo agrícola de Chile como pretendía la ODEULAN, más le valdría haber previsto este efecto, porque cae de cajón.

Si los socialistas chilenos hubiesen leído la Historia de la II República española, también habrían previsto un efecto que, en parte, parece les pilló por sorpresa: el cierre patronal de facto producido en los fundos chilenos, que secó la producción agrícola; igual que pasó en España, sobre todo, durante la primera reforma agraria republicana.

Como consecuencia, Chile entró en una dinámica de moneda crecientemente desvalorizada, algo contra lo que el gobierno luchó poniendo a funcionar la maquinita de hacer billetes (o sea, echando gasolina a la hoguera); y, al igual que pasó en España durante la guerra civil en zona republicana, la toma del poder de gestión de las empresas por los trabajadores devino en una inmediata caída de la productividad y, en general, de la eficiencia. 

Ya en abril de 1971, Vuscovic tuvo que anunciar la imposición de contingentes a la industria nacional; no máximos, sino mínimos. «Se trata de producir más», sentenció. De hecho, oigamos al mismísimo Allende: «mientras no se forme una conciencia política, y los obreros, los campesinos y los empleados, no entiendan que este país sólo progresa produciendo más y trabajando más, este país, sencillamente, va al fracaso». Esta frase, por cierto, instila otro de los elementos identificadores del allendismo, siempre según mi opinión: la Unidad Popular era un gobierno de izquierdas, y como gobierno de izquierdas actuó un poco como si considerase que los trabajadores harían lo que ella les pidiese, porque sí. 

Es error común de muchos políticos olvidar que el común de los mortales no se rige tanto por principios ideológicos como ellos. El trabajador medio no come de las teorías de Lenin o las formulaciones de Gramsci. Su vida consiste en estar atento a la relación entre lo que gana y lo que le cuesta vivir, y montarla, si puede, cuando lo primero baja y lo segundo sube. Presos de una convicción un tanto angélica sobre las masas revolucionarias, ese Pueblo magnificado en la teoría marxista que, por lo visto, nunca se equivoca y nunca ataca a gobernantes de izquierdas, los dirigentes de la UP nunca pensaron encontrarse con el problema de que los trabajadores fueran a ser menos eficientes cuando les quitasen de en medio a su empresario; y mucho menos que fuesen a montar movidas reivindicativas salariales contra ellos. Pero los trabajadores lo hicieron: los textiles; los taxistas de Santiago, que montaron la mundial para conseguir la bajada de bandera de cinco pesos; e incluso, sorpresa de sorpresas, los trabajadores de las minas de cobre nacionalizadas. 

Como ilustración de esto que digo, de esta suerte de incapacidad de entender que pobre y trabajador no quiere decir revolucionario y menos aún marxista, copio aquí la descripción que el propio Allende hizo del problema nuclear de la reforma agraria: «La ley permite expropiar enseguida la tierra, pero hay que discutir con el patrón sobre los animales, maquinaria y todos los complementos del trabajo agrícola. El hecho de decir: «se expropia tal fundo» no implica que pase de inmediato a la Corporación de Reforma Agraria. Entonces, el campesino dice: «si este fundo está expropiado, es nuestro». Y este fundo no va a ser entregado, como suyo, a los campesinos, sino que, sencillamente, lo trabajaremos en cooperativa y, en excepcionales casos, en haciendas del Estado. Eso hay muchos campesinos que no lo comprenden. Y es que hace falta tiempo y crear una conciencia».

En lo tocante a la llamada a producir más, las grandes empresas privadas, en general, objetaron de colaborar con el gobierno. Y, aunque el gobierno les había amenazado con multas e incluso la nacionalización, se la tuvo que envainar no pocas veces. A los empresarios les era muy fácil justificarse: no producían porque no podían importar materias primas que necesitaban. Lo cual, con la moneda local compitiendo a barrigazos en el torneo de los siete trampolines, era una puñetera verdad.

De todas formas, hay otro factor. Según el balance que haría el general Augusto Pinochet en las primeras semanas de su dictadura, la cifra de empresas nacionalizadas o intervenidas de forma significativa por la Unidad Popular rondó las 800. Casi todas ellas lo fueron desde el inicio del gobierno de la Unidad Popular hasta mediados de 1972. A partir de entonces, las nacionalizaciones se frenaron casi en seco. Un periodista tan poco sospechoso de ser crítico con Allende como Ted Córdova-Claure, en su libro Allende, No, reconoce que la clave de ese frenazo fue «la falta de autoridad de los interventores, en general tan sólo autoridades políticas, para imponer la necesaria disciplina de producción». 

Este balance nos dice dos cosas: una, que el gobierno ocupó la dirección de las empresas estatalizadas no con personas que supiesen lo que se hacían, sino que tenían la ideología, y tal vez las amistades, adecuadas. Dos, que esas personas o no pudieron o no quisieron evitar que las empresas cayesen en la turbia espiral de la cogestión de los trabajadores que, como sabemos bien por los pobres resultados de las industrias de guerra en la retaguardia republicana española durante la guerra civil, no suele funcionar lo que se dice bien.

El plan de estatalización, por lo tanto, chocó con dos cosas, ambas relacionadas, una vez más, con la sencillez de pensamiento con que Allende había enfrentado el problema: una, el hecho de que los obreros, cuando ven deteriorados los que consideran sus derechos, protestan; y tener que protestar contra un camarada no les detiene (a menos que ese camarada les condene a muerte, véase Stalin). Dos, que la Unidad Popular estuvo muy lejos de hacer una gestión modélica de las estatalizaciones, convirtiéndolas en cotolengos de comisarios políticos; ocupando puestos donde había que saber ingeniería con personas que lo que sabían era levantar el puño a buen ritmo.

Otro problema de las estatalizaciones fue la credibilidad de su situación provisoria. Con el tiempo, hasta Allende y sus análisis se dieron cuenta de que, en un país que era mayoritariamente burgués y de centro-derecha, el gobierno no podía ir por ahí anunciando la implantación del marxismo. Así pues, cuando las estatalizaciones comenzaron, el presidente se dedicó a decir que en Chile había sólo (¡sólo!) 91 empresas cuya nacionalización era necesaria, y que las demás que se interviniesen era ejercer un «control público transitorio», con la finalidad de devolverlas. Sin embargo, el hecho de que el volumen de empresas intervenidas fuese ocho veces el prometido no ayudó a que la gente creyese estas palabras. Y, además, a Allende le surgió otro problema, sempiterno problema: su izquierda. Los trabajadores de esas empresas que algún día se devolverían, azuzados por los grupos que gritaban «avanzar sin transar», la ultraizquierda que, le gustase o no al allendismo, formaba parte de él, se negaron. Lógico. Cuando has llegado a ser el cogestor de tu curro, ¿qué aliciente verás en que la empresa le sea devuelta algún día a Don Ramón?

En diciembre de 1970, el proyecto de la Unidad Popular había recibido un balón de oxígeno por su izquierda. Tras la muerte, en un enfrentamiento con comunistas, del universitario mirista Óscar Arnaldo Ríos, el MIR, que hasta entonces se había extrañado de la labor del gobierno, decidió adoptar una actitud más moderada, retirando presión sobre el Ejecutivo. Pero el gobierno, en realidad, registraba los problemas por su derecha. Muy pronto, la policía comenzó a informar de conspiraciones desmanteladas, como la Acción Parral, destinada a acojonar a los comerciantes con la inminencia de un saqueo por activistas de ultraizquierda, buscando sembrar el caos en Santiago; o las reuniones de ex combatientes rumanos de la segunda guerra mundial en la residencia de Luis Callis, al parecer miembro del Partido Nazi.

A pesar del balón de oxígeno, no creo que sea alejarse dramáticamente de la realidad que, de alguna manera, todos debieran aceptar, si decimos que la izquierda de Allende no dejó de ser nunca un problema para su proyecto. En Cautín, por ejemplo, tanto el MIR como el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, desoyeron las órdenes del gobierno de colaborar con una reforma agraria tasada, con sus decretos y sus cositas, y se aplicaron a ocupar fundos sí o sí (otra analogía con la España republicana, pues esto mismo fue lo que pasó, sobre todo, durante la primavera del 36). En Pucón, un agricultor, Ronaldo Martus, falleció tiroteado mientras protegía su propiedad. Las acusaciones sobre el gobierno se sucedieron con fuerza. El allendismo, por lo tanto, se encontró con el mismo problema con el que se encontró el Frente Popular en la España del 36: la acción de ésos de los que la historiografía de izquierdas, quizá porque no le cuadran demasiado en su visión de una República idílica, considera incontrolados, como si por tener dicha calidad ya el gobierno no tuviese la responsabilidad de controlarlos. En mi opinión, los intentos del gobierno de Allende por controlar a sus incontrolados fueron más sinceros; pero igual de inútiles.

Ciertamente, mientras el 18 de julio del 36, cuando la legalidad republicana entró en una fase bien distinta, muchos de quienes habían cometido los desafueros en defensa de la revolución, entre ellos los asesinos de Calvo Sotelo, seguían por la calle haciéndose pajas a gusto, en Temuco la Corte de Apelaciones se apresuró a abrir un proceso y una investigación de total seriedad sobre la muerte de Martus. Pero eso no detuvo al MIR-MCR. La Unidad Popular se empleó contra los ocupadores ilegales, pero no paró la espiral. Los mapuches consideraban aquellas ocupaciones como plenamente legales, por referirse a tierras que decían habían sido suyas. Y los propietarios (es decir, la derecha) pronto dejó de confiar en el que el gobierno le fuese a resolver el problema, y empezó a tomarse la justicia por su mano. 

La distancia entre Allende y el MIR se acreció; obsesionado con cumplir la ley, el presidente llegó a hacer algo que es anatema en las reformas agrarias revolucionarias: devolverle tierras a propietarios que, a los ojos de la ley, las habían perdido por motivos ilegales. Al mismo Temuco fue Allende a decir que los propietarios que hubiesen cumplido la ley (es decir, que hubiesen invertido en el bienestar de sus jornaleros) no tenían nada que temer. Pero para entonces la derecha no le escuchaba. En el área de Linares, durante la ocupación legal de una finca, un ingeniero agrónomo, Hernán Mery, fue enviado a parcelar el Purgatorio.

En medio de esta conflictiva puesta en vigor de la nueva economía, el humor del Congreso y el Senado, donde no olvidemos que la Unidad Popular está en minoría, es cada vez peor; más antigubernamental. Pero no por ello Allende decide cambiar el ritmo y transar. Buen conocedor de los vericuetos legislativos como ex presidente del Senado que es, Allende aprovecha estas esquinas y pequeños huecos para colar su política económica. Un ejemplo es el de la nacionalización de la banca, que ejecuta por medio de la Corporación de Comercio, que se va haciendo, paulatinamente, con las acciones de los ahorradores pequeños y medianos. Así, la banca termina siendo estatal sin haber tenido que pasar por el cuerpo legislativo para obtener el nihil obstat.

Más o menos del primer año de mandato data un grave error de la Unidad Popular. Salvador Allende, que ya hemos dicho era en 1970 un político fracasado, había intentado muchas veces llegar al gobierno sin conseguirlo; eso, y la enorme desigualdad social de Chile, había provocado en el presidente unas prisas enormes por descontarla. De hecho, en el Chile de Allende acabaron por aplicarse medidas de dudosa legalidad, como que tender una línea telefónica en el chalé de una persona rica fuese mucho más caro que en el apartamento de un barrio humilde. Pero, más allá de esa progresividad que le causó enormes problemas al gobierno, en el primer año de su mandato, subido a la grupa de un análisis económico que calificaremos de pobre por no ser bastante más rudos y despreciativos, decidió mejorar las condiciones del obrero mediante aumentos salariales hasta del 100%. 

Es bastante lógico pensar que Salvador Allende Gossens no se hablase con José Antonio Girón de Velasco, uno de los leones más rugientes del franquismo irredento. Lástima para el chileno, en todo caso. Si se hubiesen hablado, Girón le podría haber contado que a mediados de los cincuenta del siglo pasado a él, entonces ministro de Trabajo, se le ocurrió la misma idea. ¿Los obreros viven mal? ¡Pues que cobren un 25% más, y Arriba España! 

Arriba España, una polla. Girón le podría haber contado a Allende lo que pasó, que no fue otra cosa que lo que pasó en Chile. Más dinero es más masa monetaria, más masa monetaria más inflación, inflación es espiral, y, al final, los precios suben un huevo más que los salarios. El obrero cobra un 100% más, pero es un 20%, un 30%, un 50% más pobre. Bull’s eye!

Para colmo, para cuando la inflación se desbocó por causa de estos aumentos salariales, el gobierno perdió los nervios y, en lugar de gestionar la masa monetaria, la multiplicó de modo y forma que algunos escritores de la época se quejan de que «el Banco Central se ha convertido en una imprenta». El exceso de efectivo en circulación era en 1970 de 12.000 millones de dólares. La Junta Militar, a las pocas semanas de llegar al poder (1973), lo valoró en 406.000 millones. Sic.

El allendismo provocó, en términos generales, un importante deterioro en el nivel de vida de los chilenos, también de los más humildes a los que defendía. Este hecho explica la enorme conflictividad que ha de llegar; explica los conflictos entre un gobierno marxista y los obreros que son su Luz; y explica que la Unidad Popular lleve a cabo, lo antes posible y echando mano de interpretaciones un tanto forzadas, el principal elemento en el que sabe que puede encontrar el acuerdo de todos los chilenos porque, lejos de estar situado en el terreno de las ideas económicas o sociales, se sitúa en el terreno del orgullo nacional.

El 12 de mayo de 1971, Allende propone al Congreso la nacionalización del cobre.

Esta medida, nacionalizar el cobre, sí que la propone al legislativo, pues, como ya hemos sugerido, sabe que cuenta con avales superiores a cualquier otra iniciativa, ya que ya el gobierno Frei ha intentado que el 51% del capital de la denominada Gran Minería esté en manos del Estado chileno. El 11 de julio, que por ello fue instaurado por el allendismo como feriado (Día de la Dignidad Nacional) las minas de los tres gigantes estadounidenses (Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation) son nacionalizadas.

El gobierno Allende había decidido dar la vuelta de tuerca realmente importante: el enfrentamiento económico con los Estados Unidos. Lo cual quiere decir: la nacionalización del cobre. La primera víctima, por contarlo todo, fueron las estaciones meteorológicas americanas situadas en Chile, una de ellas en la Isla de Pascua, que fueron evacuadas. Después, el gobierno decretó la nacionalización de las minas del cobre. El 19 de julio de 1971, la Casa Blanca –Nixon- contestó. El gobierno americano anunció la aplicación de la denominada enmienda González, que se basaba en la ya famosa enmienda Hickenlooper, por la cual los EEUU pueden frenar, congelar o negar asistencia económica a todo gobierno que indemnice inadecuadamente a una empresa del país. Además, contestó con una restricción del crédito internacional a varios países latinoamericanos, especialmente Chile y Bolivia, país éste que también estaba abordando nacionalizaciones en el sector petrolífero. Al mes siguiente, el Eximbank le niega a Chile un gran crédito de 21 millones de dólares. Luego llega el Banco Interamericano del Desarrollo. Hay que decir que esta política por parte de Nixon es ciega y sectaria. El crédito de Eximbank se había pedido para poder comprar tres aviones Boeing para la línea LAN Chile; así pues, fue la empresa de Seattle, americana por los cuatro costados, la que pagó el pato.

No conozco a nadie que dude de la legitimidad de la medida tomada por Allende; de hecho, ya estaba insinuada por la política anterior de la Democracia Cristiana. Sin embargo, el error de Allende en este punto no fue el qué, sino el cómo. Con esas ínfulas típicas que a veces se dan a las cosas nuevas, recibidas como generadoras de un antes y un después pero rara vez objeto de un análisis reposado, buena parte de la izquierda mundial recibió con albricias la que entonces se denominó Doctrina Allende, rebautizada por la famosa revista Newsweek como matemática marxista.

La Doctrina Allende no cuestionaba el derecho del propietario de un bien nacionalizado a recibir un justiprecio. Sin embargo, matizaba, y vaya si lo matizaba, ese derecho, aseverando que, para fijar ese justiprecio, había que tener en cuenta los beneficios obtenidos durante el tiempo de propiedad, y su legitimidad social. Dicho de forma muy esquemática: en el caso de que un gobierno expropie a un banquero que explotase a sus trabajadores no pagándoles lo suficiente, el justiprecio del banco debería ser minorado en el monto de dicha explotación.

Como idea no está mal. Como tampoco es mala idea lo de las balanzas fiscales entre comunidades autónomas. Ambas teorías, sin embargo, adolecen del mismo problema: son incalculables. Para calcular el beneficio o pérdida social inducido por la explotación de un bien por un empresario, hay que hacer asunciones; por ejemplo, cuál es el salario digno que una persona debe cobrar. Las asunciones, por definición, son subjetivas. Máxime cuando uno es juez y parte.

Este problema se podría haber resuelto, más o menos, si el gobierno chileno hubiese acudido a algún arbitraje internacional que avalase los cálculos. Pero no fue así. Cierto es, desde luego, que los trabajo de cálculo relacionados con las minas fueron hechos con la colaboración de empresas externas. Pero, vaya: una era una organización francesa llamada Sofremines, que lo mismo era muy imparcial; pero la otra era un equipo de expertos enviado desde la URSS, con un ministro a la cabeza.

Allende, en un salto mortal bastante burdo, se convirtió en la persona que calcularía el precio que él mismo debería pagar; por mucho que, formalmente, fuese la Contraloría del Estado la encargada del cálculo técnico, suya, por así decirlo, es la redacción del decreto supremo 92, de 28 de diciembre de 1971, donde establecía que la rentabilidad socialmente aceptable de las minas de cobre había de ser del 10%, y que todo lo que estuviese por encima no se pagaría. Obviamente, en no pocas ocasiones esta cuenta le salió cero, o cantidades bajas que, efectivamente, podía pagar. E, incluso, en el caso de la Kennecott, el cálculo resultante fue que no sólo no había que pagarle un duro, sino que los americanos le debían a Chile más de 300 millones de dólares.

La Doctrina Allende generó, a mi modo de ver, graves problemas a Chile más allá de sus fronteras, graves problemas de credibilidad que, que yo sepa, no han sido aun totalmente valorados por los historiadores económicos. Además, fortaleció la posición de los EEUU en el ámbito internacional, que ya, de por sí, no suele ser debilucha. La Doctrina Allende fue un gran error, quizá el mayor de los errores de Salvador Allende durante su mandato.

Otro de los problemas inesperados para el gobierno fue la conflictividad en la propia minería. El marxismo tiene un punto mesiánico y buenista según el cual, como procede a liberar al obrero de la alienación de su plusvalía por el burgués, no cabe esperar que dicho obrero se rebote. En general, los países comunistas han hecho valer esta predicción del marxismo a base de susurrarle al obrero que como se le ocurra protestar lo llevan a la Lubianka. No fue el caso de Allende, que era un marxista mucho más liberal que el resto de los marxistas que en la Historia han gobernado, aún sumados y multiplicados por 27. Allende dejó hacer, y se encontró con que los mineros, por mucho que les hubiesen nacionalizado, compañero, se pusieron a protestar. Eran, en general, obreros privilegiados en lo que al salario se refiere. El precio del cobre cayó, la demanda acostumbrada también lo hizo (la Kennecott, en un movimiento que, la verdad, no cabe reprocharle, redujo en un 60% su demanda a las minas otrora de su propiedad, sólo el primer año; el segundo, ya ni compró). Con todo ello, se resintieron los salarios, y vino la conflictividad. Allende fue a Chuqui, que en Chile no es un muñeco diabólico sino una localidad minera, a decirles a los esforzados proletarios que tuviesen paciencia y esperasen a que los obreros de otros sectores consiguiesen sus objetivos sociales; y los esforzados proletarios le señalaron un columpio del parque, y le instaron a utilizarlo. Incluso, en noviembre de 1971, durante su visita a Chile, el compañero Fidel se dejó caer por la mina de Chuquicamata y le dijo a los camaradas mineros que se alineasen con la política del gobierno. Los de la pica y la linterna le señalaron al Faro de la Revolución Latinoamericana el mismo columpio donde, meses antes, habían subido al propio Allende. En 1972, el conflicto se cerró. Sí. Pero no mediante la gimnasia revolucionaria, compañero, sino doblándole el sueldo a los mineros.

¿Labró la nacionalización del cobre la perdición de Allende? En mi opinión, sin duda. La idea de nacionalizar el cobre, unida a la torpe terquedad en que ambas partes, EEUU y Chile, acabaron cayendo, acabó con las posibilidades del presidente de evitar el raid golpista. La reacción de Washington fue sobreactuada, excesivamente intransigente y, a la postre, aval de una intervención intolerable en los asuntos internos del país. Pero Chile tampoco se puede ir de rositas en el juicio de este enfrenamiento. El secretario de asuntos latinoamericanos estadounidense, John H. Crimmins, llegó a ofrecer a los negociadores chilenos una rebaja de la tensión a cambio de una voluntad indemnizadora algo más intensa que salvase la cara del conflicto. La delegación que había viajado a Washington, formada fundamentalmente por comunistas, simplemente se negó, como se negó a un arbitraje internacional en la materia. En todo caso, Allende no se podía permitir un acuerdo en las negociaciones de Washington. Ni el Partido Socialista, enormemente radicalizado, ni los no-socios-pero-socios del MIR se lo habrían permitido.

Sin embargo, es un error considerar que Estados Unidos decidió acabar con Allende para recuperar los derechos económicos de tres o cuatro multinacionales. La mano de la Casa Blanca es más larga, y sus condicionamientos más profundos. En mi opinión, lo que acabó por decidir a Kissinger y Nixon de ir contra Allende con todo lo gordo fue la combinación entre la nacionalización del cobre, la visita de Fidel a finales del 71, y el hecho evidente que Allende no estaba dispuesto e echar del pequeño planeta de la Unidad Popular a ese Principito indignado que era el mundo MIR, formalmente no integrado en la coalición de gobierno pero de hecho identificado con ella en lo esencial.

Estados Unidos decidió acabar con Allende por la misma razón que jamás habría permitido que, un suponer, el Partido Comunista Italiano hubiese desbancado a la Democracia Cristiana del poder en la Italia de los cincuenta. Por la misma razón por la cual los cada vez más aislados sedicentes representantes de la República Española en el Exilio recibían, sistemáticamente, reproches en el Foreign Office por hablarse con los comunistas. Chile estaba, está, en el patio de atrás de los Estados Unidos. Y en el patio de atrás de los Estados Unidos, el jefe no se anda con gilipolleces. Se cometió un error, que se llamó Cuba; uno y no más, Satanás. A día de hoy no podemos descartar, en lo absoluto, que ese error, tener que aceptar la supervivencia del régimen castrista, no le costase la vida a John Kennedy; esto nos da la medida de la importancia de las cosas para según qué gente. Allende quedó marcado el 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional; y, paradójicamente, él mismo acabaría señalándole a los americanos el camino por el que joderle.

Por el camino, la nacionalización del cobre supuso graves problemas externos para Chile, sobre todo por el flanco de la Kennecott. De forma inmediata a la nacionalización, en noviembre de 1971, se creó el Tribunal Especial del Cobre, formado básicamente por las grandes cabezas de la judicatura chilena, para resolver los conflictos surgidos en los justiprecios, o sea la Doctrina Allende. La Kennecott apeló ante dicho Tribunal, pero el Tribunal, casi un año después (agosto del 72), se declararía incompetente para juzgar las indemnizaciones fijadas por la Contraloría y Allende, lo cual es un tanto exótico (si no podían juzgarlo ellos… ¿quién quedaba? ¿Dios? ¿Marx? ¿Belén Esteban?). 

Ya el 4 de febrero de ese año de 1972, la Kennecott había obtenido de un tribunal de Nueva York el embargo de diversos bienes chilenos. Pero el 8 de septiembre de 1972, justo un día después de que el Tribunal haya reafirmado su declaración de incompetencia, Frank Milliken, presidente de la Kenn, anuncia la retirada de la multinacional del Tribunal, o sea la ruptura frontal con Chile, y pone a los abogados a trabajar. El 30 de septiembre, apenas 20 días después, los abogados de la Braden Cooper, del grupo Kennecott, presentan ante el Tribunal de Gran Instancia de París la petición de embargo de 1.750 toneladas de cobre chileno que en ese momento navegan en un barco llamadol Birthe Oldendorf  con rumbo a Le Havre. Los estibadores de dicho puerto se negarán a descargar la mercancía cuando sean informados de que va a terminar en manos de los americanos.

El 2 de noviembre se celebra un acto de conciliación en el tribunal parisino (fallido, claro) entre la Braden Cooper y Codelco, el organismo público chileno coordinador del asunto del cobre. Los abogados chilenos, en un ejercicio de cierto cinismo jurídico en mi opinión, defienden que un tribunal extranjero no puede entender de cosas que forman parte de una reforma constitucional de un Estado. Según este argumento, como digo un tanto folklórico en mi opinión, el día que un país se secuestre y dicte una reforma constitucional según la cual los ciudadanos rubios se tendrán que cortar una pierna, a la justicia internacional no le quedará sino aplaudir con las orejas.

El 29 de noviembre, no obstante, los chilenos ganan: el tribunal de París, al devolverles el control del cobre de El Havre, admite los dos pilares de la tesis chilena: la legalidad de la Doctrina Allende y la inimputabilidad, fuera de Chile, de Codelco. Más o menos por esas fechas, la Kennecott solicita a un tribunal de Vatseras, en Suecia, el embargo del cobre de un barco que se dirige a dicho país. El tribunal se lo deniega, pero inmoviliza el cobre.

Pese a la victoria inicial, el 9 de enero de 1973, los abogados de la Kennecott consiguen que un tribunal alemán decrete el embargo de 3.000 toneladas de cobre.
Para entonces, principios de 1973, Chile está ya en una situación bipolar. El proyecto de la Unidad Popular ha tenido como consecuencia quebrar la unidad de la democracia cristiana lo que, en la práctica, hace que el país se divida entre los que están con Allende y los que están en contra. Unos muy con, y otros muy, pero muy contra. Tanto las acciones de Patria y Libertad como las de los denominados Grupos Rolando Matus difícilmente se pueden considerar otra cosa que terrorismo reaccionario. Pero la actuación del MIR tiene de respetuosa con la forma y el fondo democráticos lo que yo de piloto del SEPLA. En junio del 71, el asesinato de Pérez Zujovic tuvo como consecuencia la primera alianza estratégica entre la DC y el derechista Partido Nacional (primo hermano de los Rolando Matus) en la llamada Confederación Democrática. Dos años después, esa alianza está cerca ya de ser de hierro. Antes, incluso, se producen indicios que Allende, en muchas cosas tan íntegro como miope, no sabe ver. El socialista Hernán de Canto pierde la alcaldía de Valparaíso a manos del candidato democratacristiano. La Unidad Popular, a continuación, sufre una pequeña grieta con la defección parcial del PIR, Partido de Izquierda Radical, el ala izquierda de la DC (el ala izquierda-izquierda, el MAPU, permanece fiel a Allende). En enero del 72, la DC gana en las elecciones legislativas en las provincias de Linares y O’Higgins.

En mayo, la DC presenta un informe en el Senado sobre los 2.000 fundos que el MIR ha expropiado manu revolutionaria con la pasividad, si no la anuencia, del gobierno de la Unidad Popular. Para colmo, toda esa comprensión no le servirá de nada a Allende, pues el MIR acabará peleado con él. Están, también, los fracasos de la política económica del ministro Pedro Vuscovic, otro personaje como Allende, totalmente bienintencionado pero con los ojos tan velados por la ideología que no acaba de ver que la expansión monetaria a lo bestia con la que pretende resolver todos los males no hace sino revivir el gran fantasma de los chilenos, sobre todo los más humildes: la inflación galopante. Ya a principios del 72, el gobierno tuvo que reconocerse, aunque fuese en privado, que la denominada «batalla de la producción» se había perdido. El año, además, terminó con un rosario de caceroladas de mujeres en diversas ciudades, como protesta por la política económica.

La situación es tan jodida que el Partido Comunista, a través de uno de sus articulistas, lanza este recado en la revista El Siglo: «Sería funesto seguir ampliando el número de enemigos y, por el contrario, deben hacerse concesiones».

Llueve en Chile. Y su presidente, Salvador Allende Gossens, oye llover.

Las cosas, no obstante, pueden ir a peor.

El 12 de mayo de 1972, en la cuna del MIR, la ciudad de Concepción, se autorizan varias manifestaciones a la vez. Una es progubernamental, la otra está patrocinada por el MIR y la tercera es de la oposición conservadora. Allende ordenó que las tres demostraciones tuviesen horarios distintos. Si con eso pretendía evitar las hostias, es que, verdaderamente, era más naïf aún de lo que cabe sospechar. Nadie, salvo el siempre disciplinado Partido Comunista, se hizo caso. Las manis se solaparon, así pues llovieron los palos y las piedras, y un estudiante de ultraizquierda, llamado Caamaño, falleció en el tumulto.

El MIR, siguiendo el libro del buen revolucabestro, se echa al monte. La situación es tan comprometida que acabará provocando la antes mentada defección del PIR, que se fue de la Unidad Popular precisamente por lo pastueña que la veía con los que querían la revolución total, pasar a cuchillo a los burgueses, bla; hacer de Pinochets rojos, vaya. La situación se encona de tal manera que incluso uno de los elementos de presión sobre Allende, el senador socialista Altamirano, une su voz con la de Luis Corvalán, jefe del PCCh, para pedir calma. El Partido Comunista, por boca de Corvalán, realiza un diagnóstico que no puede ser más acertado: «no queda más remedio que hablar de la posibilidad de una guerra civil. Hay sectores de la ultraderecha y la ultraizquierda, que quieren este desenlace o que, sin quererlo, trabajan objetivamente en tal dirección». El veterano comunista sabe lo que dice. Bueno, él y cualquiera, porque, para entonces, PyL y el Partido Nacional están ya pidiendo, descaradamente y en la calle, un golpe de Estado militar que acabe con el presidente.

Otra línea evolutiva que se produjo entre el 71 y el 72 es la radicalización parlamentaria. Como ya hemos dicho, en el Congreso chileno el Partido Nacional y la Democracia Cristiana tienen la capacidad de formar una mayoría sólida. Eduardo Frei lo sabe y por eso trata de arrastrar a su partido a la alianza con el Partido Nacional; pero la democracia cristiana tiene muchos elementos demasiado de izquierdas como para creer en esa alianza. Por eso, cuando el Partido Nacional comienza a pensar en acusar parlamentariamente a los ministros, cosa que puede hacer legalmente si considera que han realizado actos contrarios a la Constitución, se encuentra con el bloqueo de la DC, que se niega a colaborar. Aún así, a finales del 71, el PN acusa en el parlamento a José Tohá, ministro del Interior y miembro del entourage personal del presidente.

Allende responde con una crisis de gobierno en los comienzos del 72. Los comunistas conservan sus tres carteras, los radicales dos, los socialistas pierden una (cuatro), la izquierda cristiana y la radical una cada una; y, finalmente, una para el MAPU, y otra independiente. Allende, siguiendo las indicaciones del Congreso, cesa a Tohá en Interior; y lo nombra ministro de Defensa. A partir de ese momento, el gobierno pasará a la ofensiva contra sus enemigos. En abril, la Unidad Popular patrocina una gran marcha, y en junio inicia conversaciones con la Democracia Cristiana, con la intención de aislar tácticamente al Partido Nacional y asegurar apoyo parlamentario sólido para el presidente. Allende y el presidente de la DC, Renán Fuentealba, se entendieron a la perfección; fruto de ello, la DC retiró un proyecto de ley presentado en el Parlamento que habría recortado los poderes del gobierno y el presidente; y Allende, en contraprestación, sacrificó a uno de sus álfiles: Pedro Vuscovic.

La caída de Vuscovic fue como un mensaje de que el allendismo parecía avenirse a, en aras a una entente con la DC, moderar su programa económico. Sin embargo, no era tan así; la UP tenía sus líneas rojas. En la negociación con la DC, se negó a olvidarse de la nacionalización de alguna que otra empresa que los centristas le pedían, o exigían, dejase en paz. Las conversaciones, por lo tanto, duraron sólo dos semanas; y en su descarrilamiento Fuentealba, líder de una facción más progresista del partido, perdió la partida frente a Eduardo Frei.

Frei, una vez fortalecido dentro de su partido, lo cual suponía virar a la DC hacia el acuerdo con el PN, pone el punto de mira en las elecciones de 1973. Para ganarlas decide, en una decisión irresponsable que muchos han tomado antes que él y muchos la tomarán después, mover la calle. Factor común Congreso enviando proyectos de ley gubernamentales a la vía muerta y acosando, cuando no acusando, a los ministros.

El 14 de septiembre de 1972, en declaraciones públicas, Allende denuncia lo que denomina el Plan Septiembre, consistente en inestabilizar el país mediante una huelga monstruo entre los transportistas. Para entonces, la Unidad Popular ya está poniendo su granito de arena para el buen rollito a base de manifas monstruo por todo el país. Los transportistas lo niegan todo. El MIR se apresta a anunciar que hará todo lo posible para detener la conspiración. En octubre del 72, el hijo de un gallego, antiguo militante socialista, se convierte en el principal protagonista de la vida chilena: León Villarín es el Presidente de la Confederación Nacional de Camioneros, desde la que surgirá el principal órdago al allendismo. 

El 1 de octubre, el gobierno cierra una emisora, Radio Agricultura, controlada por el derechista Partido Nacional, por ofensas a los militares. El 3, estudiantes democristianos se manifiestan contra el gobierno, y en la noche partidas de Patria y Libertad y Ronaldo Matus se pasean por Santiago.

El día 9, finalmente, Villarín anuncia el paro de los transportes. Ello a pesar de que el gobierno había aprobado un aumento del 120% de sus tarifas, aunque se había enrocado en otras reivindicaciones, que consideraba ideológicamente inasumibles. Concretamente, los camioneros querían frenar la estatalización en su sector.

El 11 de octubre se suma la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Villarín exige la devolución de Radio Agricultura. Allende no sólo no acepta, sino que lo detiene, como a otros activistas. Poco a poco, el desabastecimiento obliga al gobierno a declarar el estado de emergencia en varias provincias del país, hasta llegar a 25. El 12 de octubre, otras organizaciones, como la de comerciantes de Rafael Cumsille, se unen al paro. Pero sólo son los primeros. Pasando los días, se unirán: los constructores, los médicos, las matronas, los ATS, los empleados del Banco Central, propietarios campesinos, abogados y maestros. Poco a poco, una huelga gremial provocada por la subida estratosférica del coste de la vida se convierte en una huelga política, antigubernamental.

En este punto, el gobierno actúa de forma no muy democrática, la verdad. Como primera provisión, decreta que todas las emisoras del país deban pinchar, en determinados momentos, la señal de la Oficina de Radiodifusión Nacional; en este punto, habría que recordar que en España también pasamos un periodo en el cual el informativo nacional de radio, incluso en las cadenas privadas, tenía que ser el parte de Radio Nacional; periodo en el que quien gobernaba en España, muy demócrata no era.

Aprovechando este monopolio radiodifusor, Allende realiza una alocución al país donde asevera que «a Chile no lo paralizará la reacción derechista»; era y es, evidentemente, muy libre de decir cosa tal, pero tampoco deja de ser sorprendente que cuando las huelgas generales las convocan las izquierdas que, en aquel momento, apoyaban a la Unidad Popular, son actos justos y reivindicativos; pero cuando se convocan contra ellos resultan ser una «reacción derechista». Es obvio, al menos para mí, que las derechas, con aquellos paros, estaban sobreactuando y cantándole un órdago al allendismo; tan obvio como que Allende lo quiso, pasando de la natural prudencia que, en mi opinión, debe exhibir en estas circunstancias quien está al frente del Ejecutivo.

La huelga de los transportistas hace, además, que Allende profundice en un grave error, sobre el que volveré en el epílogo de estas notas, cuando cuente los que, en mi opinión, fueron los errores de Allende. Como digo, el error viene ya de antes. Ya desde meses antes del paro, todos los periodistas que siguen a Allende destacan el hecho de que nunca aparece en público sin estar rodeado de militares; y nunca deja de acudir a actos castrenses.

Que la apuesta del golpismo de derechas son los militares no es duda alguna; entre otras cosas, la derecha, en 1972, está pidiéndole ya sin recato a los milicos que se alcen. A Allende, esta tentativa le mueve a una reacción que seguramente él consideró genial, pero que, con el tiempo, desvelaría su truñesca naturaleza: si no quieres caldo, toma dos tazas.

En efecto, Allende, lejos de acorralar y amenazar a los militares, los corteja. Aprovecha para ello el martirio de René Schneider, que está bien presente en la cúpula militar; una cúpula, por cierto, con setenta veces siete más tradición de respeto al orden constitucional que el ejército español.

Los militares entran en el Gobierno Allende. Y, ante el caos de los paros, el general Héctor Bravo, que es jefe de la zona especial de Santiago, es nombrado por el presidente responsable del transporte de todo Chile; en otras palabras, el hombre encargado de organizar el regreso del país al orden. Hay que reconocer que es un movimiento inteligentísimo por parte del presidente. Lo que las derechas estaban esperando es que ese cargo recayese en algún Vuscovic de la vida, o peor, ¿por qué no?, en alguien cercano al MIR, para acabar de montarla. Fue un movimiento inteligente… a corto plazo. A largo plazo, le enseñó a los militares la puerta abierta de la implicación en política. Y Allende fue enormemente lila al imaginarse que podría colocarse él en el quicio de esa puerta y empezar a decir: tú sí pasas, tú no pasas…

En todo caso, el paro de los transportistas provoca toda una reacción popular. Sólo en el primer día de llamado para ello, se presentan 7.000 voluntarios para conducir vehículos. La ultraizquierda anuncia que va a asaltar los comercios, movimiento que el general Bravo aborta inmediatamente. Otro punto en el haber de Allende por haberle nombrado. El 15 de octubre, el mismo general Bravo cierra una emisora, Radio Nueva, que se ha solidarizado con los huelguistas. Las carreteras de Chile están repletas de miguelitos, clavos de tres puntas que los piqueteros, que salen todos siempre del mismo tronco sean de izquierdas o de derechas, colocan para joderle la vida a todo aquél que no les hace caso.

El 18 de octubre, la patronal de autobuses, que estaba al borde de la huelga, llega a un acuerdo con el gobierno. Para entonces, el toque de queda, desde el crepúsculo hasta las seis, se ha declarado en Santiago, Valparaíso, Cautín y Curicó. Hay atentados por todas partes, provocados por la extrema derecha, incluso con muertos. Desde el 22 de octubre, las acciones violentas se intensifican. A tres carabineros les ponen una bomba en un repetidor y los dejan para el arrastre. La ultraderecha se enfrenta con el ejército en la misma calle.

Para el 30 de octubre, Allende se siente lo suficientemente fuerte como para desconvocar la reunión que tenía convocada con los líderes gremialistas para discutir el conocido como Pliego de Chile, es decir la plataforma reivindicativa de la huelga. La oposición reacciona haciendo uso de su mayoría parlamentaria para denunciar ministros: denuncia a Jaime Suárez (Interior), Carlos Matus (Economía), Aníbal Palma (Educación) y Jacques Chonchol (reforma agraria).

El 1 de noviembre Allende, mucho menos presionado por la huelga, anuncia la ruptura de las conversaciones con los gremios. Y el 2 de noviembre, da la gran campanada con el nombramiento de un nuevo gobierno.

El gobierno de 2 de noviembre de 1972 es puramente allendista. Ya no cabe hablar, en mi idea, de gobierno de la Unidad Popular, porque en el mismo ya no se respetan las cuotas de los distintos partidos, sino que son ministros aquéllos que Allende quiere. Como los militares y, muy especialmente, el general Carlos Prats González, comandante en jefe del Ejército, que es nombrado ministro del Interior. El contraalmirante Ismael Huerta es nombrado ministro de Obras Públicas, y Claudio Sepúlveda, general del ejército del Aire, de Minería. Según la prensa de la época, podrían haber sido más. Otras figuras señeras del ejército chileno, altos mandos como Rolando González, Urbina, Pickering, Vivero, o los jefes de la Marina, almirante Montero, y del aire, general Carlos Ruiz, habrían declinado educadamente ante el presidente, en la mañana del día 2, sus ofertas. Allende ha metido en su gobierno a tres militares y a los dos altos representantes de la CUT.

Puede la defensa histórica de Allende, sin duda, atacar el movimiento reaccionario que meses después liderará el general Augusto Pinochet; sobre el cual, por cierto, a finales del 72 el presidente tiene una opinión bastante positiva. Puede, lo he dicho, criticarle por reaccionario. Pero no, en mi opinión, por actuar para tomar el gobierno, porque quien trazó primero esa línea fue el propio Allende. Lo hizo, desde luego, sin separarse de la senda constitucional; pero alguien que llega a presidir un país debería tener claro que ésos son matices despreciables para un militar golpista; y los gobiernos no gestionan lo que es moral, sino lo que es.  

El gesto de nombrar a Prats dilapidó la tradición de un ejército constitucionalista y envió mensajes equívocos muy jodidos a los ambiciosos, que siempre son los que mantienen la cabeza fría en estos ríos revueltos. Allende, probablemente, creía que todo el Ejército estaba con él. Por eso lo usaba de andador de la revolución. De haber seguido vivo en esos momentos, de seguro Iosif Stalin le habría susurrado al oído: nombra un cuerpo de comisarios militares, como en el ejército republicano español, como en el soviético, y quítales el mando. Si no les quitas el mando efectivo, nunca podrás estar seguro de que no te lo van a estrellar en la cabeza.

Pero Stalin estaba muerto, y Allende era demasiado naïf. Lo que siempre me ha extrañado, la verdad, es que su amigo Fidel no le pusiera las cosas claras.

El 5 de noviembre, los gremios aceptan las condiciones del gobierno, y vuelven a currar sin haber conseguido el Pliego de Chile que, en la práctica, propugnaba dar marcha atrás en el proceso revolucionario. Desde Santiago de Chile, Gorriarán clama en sus crónicas que el lock-out y su gestión ha hermanado a Allende con los militares. En realidad, esto ha pasado, sí: con algunos militares. El general Prats se declara, como miembro del gobierno, abierto partidario de la política del gobierno, que considera una política dirigida contra «el capital extranjero y los monopolios» (curiosa valoración de la que se deduce que los camiones, las escuelas, los aviones, los despachos de abogados, y todos los que han ido al paro en Chile son propiedad de multinacionales, que los explotan en régimen de monopolio). Hay personas que conciben que el constitucionalismo militar consiste en que los militares nunca se declaren, como tales, ni partidarios, ni enemigos, de nada; no era ése, desde luego, el concepto de Allende.

Las señales comenzaron pronto. El 8 de diciembre del 72, la Corte Marcial recorta más que sustantivamente la condena al general Roberto Viaux por la muerte del general Schneider, dejándola en dos ridículos años. A Jaime Melgosa, condenado a cadena perpetua por realizar los disparos contra el general, se la rebajan a diez años.

En la primavera de 1973, todos los problemas acumulados se pusieron a prueba en unas elecciones de amplio espectro que renovaban, sobre todo, el Congreso. Los relatos de la etapa de Allende, así como los argumentos de muchas personas, sostienen que la Unidad Popular ganó aquellas elecciones, como sostienen que ganó las presidenciales que hicieron a Allende presidente. Ambas afirmaciones, no obstante, son matizables. Muy matizables.

Teniendo en cuenta que la Unidad Popular defendía, pretendía y trató de ejecutar un cambio sistémico en Chile (esto es, que las cosas se hicieran de otra manera o, si se prefiere, acabar con el capitalismo), la UP no podía decir que había ganado nada en 1970, porque la mayoría de los chilenos se había mostrado contraria a dicho cambio sistémico. En marzo de 1973 ocurrió lo mismo; lo que se ventilaba en esas elecciones era, de hecho, si la oposición iba a conseguir la mayoría de diputados suficiente para echar a Allende.

Lo que sí es cierto es que la Unidad Popular, en el 73, ganó votos. Y que consiguió su objetivo, esto es que su oposición no fuese lo suficientemente fuerte como para echar al presidente. Pero los resultados del 73 también pueden interpretarse como la confirmación de que en Chile había una mayoría no revolucionaria. Conclusión que el gobierno no sacó en ningún momento, y es por ello que no faltan analistas que digan que Allende no supo administrar su derrota dulce, victoria pírrica, o como quiera llamarse.

Yo creo que la Historia demuestra que son escasos, si es hay algunos, los políticos que saben interpretar una derrota dulce. Éste fue el calificativo que hizo Felipe González del resultado de unas elecciones, aseveró que había entendido el mensaje, y se aplicó, a las horas 24, a demostrarle al país que no había entendido una mierda. Sabido es que mucha gente habla de lo que en España se llama Síndrome de La Moncloa y en Chile bien puede llamarse Síndrome de La Moneda. Presidir un gobierno es tomar constantemente decisiones jodidas, y es normal que, por pura sanidad mental, uno acabe rodeándose del Yago de turno que, aunque quizá secretamente busque nuestro mal, se dedique a decirnos, a cada momento, que nuestras decisiones son siempre perfectas y nuestros pedos huelen a J’Adore. La repetición constante de la mentira, como dijo Göbbels, la convierte en verdad. El gobernante acaba creyéndose que es más listo de lo que es, que la situación es mejor de lo que es, y de que tiene más poder del que tiene.

En marzo de 1973, Salvador Allende había terminado por torcerle el brazo a los gremios que le habían acorralado con sus paros y había mejorado su volumen de votos. Pudo interpretar que ese aval (no me cansaré de escribirlo: minoritario) se lo daban para consolidar lo hecho. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue interpretarlo, tal y como le reclamaba el senador socialista Altamirano, erigido en portavoz del radicalismo allendista, como una llamada a profundizar en las reformas revolucionarias.

La interpretación que hizo Allende de los resultados del 73 fue tan lerda, tan burda y casposamente revolucionaria, que ni siquiera reparó en el problema que le planteaba el relativo fracaso de la Democracia Cristiana. Con un 32% de los votos, Eduardo Frei seguía siendo el principal partido de la oposición, pero muy por debajo de lo que necesitaba y de hecho esperaba. Un 32% significaba que la DC no podía aspirar a ser, ella sola, alternativa a la UP; que es lo que, paradójicamente, le habría dado más fuerza al gobierno.

¿Por qué? Pensémoslo en términos españoles y actuales. Si tú, lector, fueses Rajoy, ¿preferirías que el PSOE obtuviese 110 diputados, u 80? Un punto de vista miope se decantará por lo segundo. Miope, porque no verá que los 30 diputados de menos del socialismo no serán, desde luego, para el PP. Serán para otros grupos de izquierda que, automáticamente, tendrán una fuerza para pactar con el PSOE que hoy no tienen. En conclusión, la oposición al gobierno del PP será más radical, más bloqueante, que la que pudieran ejercer los socialistas de dominadores del cotarro opositor.

La literatura comunista quiere ver en Eduardo Frei un golpista más y en la DC el centro del golpe de Estado. En mi opinión, si la DC acabó siendo una especie de civil colaborante del golpismo militar no fue por convicción, sino por debilidad; no tenía votos suficientes para oponerse al universo Partido Nacional-grupos de ultraderecha. Pero esto es algo que Allende, borracho de su presunto triunfo, no pudo, ni quiso, ver.

Otro factor importante de las elecciones es la debacle de los socios de la Unidad Popular. El Partido de Izquierda Radical, que había desertado de la UP y aspiraba a arañar un 3% de los votos, quedó laminado. El Partido Radical integrado en la coalición gubernamental no tuvo mejor suerte. La Izquierda Cristiana consiguió un solo escaño en la persona de Luis Maira. Y el MAPU tuvo unos resultados lo suficientemente raquíticos como para abocarlo a la división. El sector de izquierda, liderado por el ex subsecretario de Economía Garretón, se embarcó en un viaje hacia lo ultra que no le hizo ningún favor a la coalición.

¿Por qué fueron tóxicos estos resultados para Allende? Pues porque el destino que fijaban para los partidos minoritarios de la UP era su desaparición, fagocitados en las grandes formaciones de la coalición (partidos Socialista y Comunista; al gusto), cosa a la que, tras haber probado las mieles del poder compartido con marca propia, no estuvieron dispuestos a acomodarse. En consecuencia, la presión a la izquierda de la Unidad Popular será aún más fuerte. Como lo era a la derecha por la relativa debilidad de la Democracia Cristiana.

Pero, sobre todo, el principal problema de Allende estaba en el hemisferio izquierdo de su cerebro político, llamado Partido Socialista. El senador Carlos Altamirano, en buena parte responsable de que el socialismo chileno aparezca en esos tiempos como mucho más radical (léase menos estratégico) que el comunismo, es la principal fuerza que susurra al oído del presidente aquello de: «Luc, soy tu padre». En este caso, además, es verdad.

El entonces director de L’Humanité, y por lo tanto comunista de libro, Etienne Fajon, visitó por aquel tiempo Chile y dejó escritos los que, en su opinión, eran los errores de la izquierda chilena (léase del Partido Socialista, de los grupos minoritarios, del mirismo extragubernamental, y del presidente que se obstinaba en no ver riesgos en todo ello). Leída la lista, no parece que haga falta buscar diagnósticos muy derechosos para criticar el proceso que llevó al debilitamiento de la Unidad Popular:

1.-  La toma de empresas por parte de los trabajadores más allá de los sectores y las individualidades en sus inicios considerados críticos, para extenderse hacia industrias de mediano tamaño, en no pocas ocasiones propiedad de empresarios que habrían apoyado el cambio socialista.

2.- La política salarial, pretendiendo primero poner más dinero en manos de todos para que hubiese más consumo (lo que empobreció más absolutamente a todos); y, después, basándose en una teórica política distributiva, por la cual a todos los chilenos bien pagados se les negaba el pan y la sal, como si eso no fuese a tener consecuencias, por ejemplo, en la productividad. 

3.- El nulo interés del gobierno por atacar las fallas de la productividad en el país, arrastrado por ese buenismo universal marxista, según el cual el obrero es el compendio de todo bien y jamás es vago, ineficiente o venal.

4.- El uso, dentro y fuera de la Unidad Popular y del gobierno, de un lenguaje encendidamente revolucionario, que negaba toda posibilidad de mando a quien no fuese obrero, que incluso incitó a los soldados a desobedecer a sus mandos, lo que dio alas a los sentimientos reaccionarios. La izquierda mirista, del PCR (maoísta) o de la Vanguardia Organizada del Pueblo, hablaba de cerrar el Congreso a leche limpia, de instaurar tribunales populares y de prohibir la prensa opositora, sin que la Unidad Popular hiciese otra cosa que aseverar que ésa no era su política, pero sin actuar propiamente contra unas fuerzas sobre las que, justo es decirlo, pocas herramientas de control tenía, pues no estaban en la coalición de gobierno.

En las últimas semanas antes del golpe, Allende pareció despertar de su hipnotismo revolucionario y, escuchando probablemente a los más razonables de los comunistas chilenos, decidió negociar con la Democracia Cristiana. Llamó a Patricio Aylwin para ello..., pero el centro-derecha ya no se dejó cortejar. ¿Para qué? Las derechas, de tiempo atrás, incluso antes de las elecciones, pedían un golpe de Estado. Había batallas campales en las calles. La teoría de Frei en  el seno de la DC, el llamado «golpe blanco» (obligar a Allende a abandonar, esto es, echarlo pero sin salir del sistema democrático) se daba por la única posible. El Partido Nacional ganaba adeptos cada día entre aquéllos para los cuales Chile se había convertido en un país que los trataba como apestosos burgueses y buscaba su lenta desaparición. Si tenía buena información, sabría, para entonces, que el ejército perdía a marchas forzadas su perfil constitucionalista y que en Washington, de tiempo atrás se había tomado la decisión de provocar en el país un golpe de Estado que pusiera las cosas en su sitio de nuevo.

Aylwin contestó con la más lógica contestación: yo sólo quiero escuchar de sus labios, presidente, el anuncio de su renuncia. Y Allende, que hacía ya más de un año que había vaticinado que de La Moneda saldría con los pies por delante, le contestó que y un huevo.

El 23 de marzo de 1973, el general Carlos Prats González renuncia al ministerio del Interior, y tras de él, como a la voz de ¡ar!, otros ministros militares dimiten. Prats es un militar sincero, constitucionalista, que ha dado el paso adelante de colaborar con el gobierno Allende porque cree en su mensaje contra los monopolios y el capitalismo salvaje, no así del socialismo revolucionario; porque siente que es su función amansar las cosas en un país donde han pasado cosas como el asesinato del general Schneider, de Pérez Zujovic y el paro gremial; y porque considera que es posible un pacto de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana.

Otra cosa que piensa Carlos Prats es que el general Augusto Pinochet, cada vez con más peso en los cuartos de banderas, es un constitucionalista convencido.

En todo, o casi todo, se equivoca Prats. La Unidad Popular no quiere frenar las ínfulas del gran capitalismo, sino borrarlo de Chile. Y el pacto con la DC es imposible, porque Allende se lo niega, no sé muy bien si porque no lo quiere (que lo dudo) o porque lo reputa imposible teniendo en cuenta que el contrario ya sólo aceptará que él se vaya.

El 29 de junio de 1973, el golpe de Chile tendrá un ensayo general en el llamado tancazo (juego de palabras que proviene del tacnazo, golpe contra Frei organizado en su día por Roberto Viaux, estando al mando del regimiento Tacna): la sublevación, al mando del coronel Roberto Souper, del regimiento Segundo de Blindados. Como el propio Allende recordaría en alocución radiada tras el intento, había sido recibido a la puerta de la Moneda, en el momento en que se estaba reprimiendo el golpe, por el general Prats, el director general de Carabineros… y el general Augusto Pinochet. 

Fue entonces, en realidad un poco antes (tras las elecciones de marzo), cuando las izquierdas chilenas, dentro y fuera de la Unidad Popular, comenzaron a preocuparse por la tendencia del ejército hacia el golpismo. Eso es tardísimo. En realidad, el golpismo chileno se forjó ya en 1972, sobre todo por la acción de oficiales muy jóvenes, y pudo haber estallado en septiembre del 72, de haber cuajado los planes del general de infantería Alfredo Canales, apartado de mando inopinadamente por el entonces ministro Tohá.

Pero no fue la izquierda la única que se equivocó. También se equivocaron los militares más proclives al allendismo, y al frente de ellos, Prats. Los militares gubernamentales creían que nunca habría golpe porque un golpe rompería el ejército en dos mitades. Como militares que eran, podrían haber entendido que Chile, aquel Chile de los setenta, era un país que, si no estaba en guerra, no podía bajar las manos, pues tenía conflictos serios, con Bolivia, con Perú y con Argentina; no sé si hará falta recordar que con la última casi llegó a las manos por el canal de Beagle.

El análisis de Prats era erróneo. El ejército, si se veía impelido a tomar una decisión, la tomaría binaria: o blanco, o negro. O rojo, o azul. Y no podía ser rojo porque la oficialidad joven se negaría en redondo a avalar la lucha de clases.

Los militares constitucionalistas, por lo tanto, pecaron de maulas. Según se publicó en Estados Unidos tras el golpe, la decisión de la oficialidad de derribar a Allende mediante un golpe de Estado data de noviembre de 1972, momento tras el cual los golpistas contactaron con dirigentes empresariales adictos a la derecha para recibir apoyo en forma de movilizaciones. Al principiar agosto de 1973, cualquier solución legalista a la situación estaba ya descartada: a los golpistas ni siquiera les valía la deposición del presidente.

En coherencia con lo que acabo de escribir, en realidad el golpe de Pinochet empezó semanas, si no meses, atrás. La derecha había presionado en el Congreso para lograr sacar adelante la Ley 17.798 de Control de Armas, a la que Allende no se supo oponer. Ordenó una actitud contemporizadora durante la fase parlamentaria que no le sirvió de nada y, cuando finalmente fue aprobada, en un gesto como poco inelegante, decidió vetarla. Sin embargo, ni eso le sirvió, pues el veto llegó al Congreso fuera de plazo y tan plagado de errores formales y legales que no pudo ser admitido a trámite. La anécdota quizás ilustra el intensísimo debate que se produjo en el Palacio de la Moneda; y la más que probable tesis de que Allende se resistió hasta el último minuto a dar su veto a torcer. No se olvide, a este respecto, que el médico de Valparaíso vivía básicamente convencido de que su actitud respecto de los militares le había granjeado su apoyo; lo que lo convertía en un moderno Casares Quiroga, convencido de que no habría golpe.

Esta ley daba amplias potestades a los militares para reprimir la posesión de armas por particulares, potestades que éstos utilizaron en toda su amplitud. Es por eso que en Chile hay muertos del golpe de Estado antes del golpe de Estado.

El 4 de agosto, un trabajador de la Industria Lanera Austral, Manuel González Bustamante, de 27 años, cae muerto por una ráfaga de ametralladora en el curso de un allanamiento practicado por fuerzas militares en aplicación de la ley de control. La peor noticia para la izquierda es que la operación fue coordinada por el general Manuel Torres Ruiz quien, apenas unas semanas antes, era hostigado en las calles de Santiago por los ultraderechistas a causa de su comprensión hacia el gobierno de la Unidad Popular. El día 5, mientras González fallecía en el hospital, moría en el Hospital Regional de Temuco Robinson Gutiérrez, obrero ferroviario, que había sido hallado malherido dos días antes. Gutiérrez formaba parte de una guardia obrera que vigilaba el puente recién reconstruido, pues había sido volado días antes por elementos ultraderechistas que apoyaban el paro de camioneros.

La ultraderecha tuvo en esos días la humorada de distribuir por las calles de Santiago un folleto que advertía de la inminente producción de un «golpe de Estado comunista con la ayuda de las Fuerzas Armadas».

El 25 de julio, en un clima casi de guerra civil, los camioneros van de nuevo a la huelga. El 17 de junio ha renunciado el general del Aire César Ruiz Danyau, ministro de Transportes, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. El gobierno reacciona a la movilización nombrando algo así como comisionado para la huelga al subsecretario del departamento, Jaime Faivovich, que comienza por requisar los camiones de los huelguistas. Sólo en la granja de Hugo Gálvez, un ex ministro de Alessandri, aparecen 760 vehículos escondidos.

El 9 de agosto, Allende forma lo que llamó «gabinete de seguridad nacional» y Ruiz Danyau vuelve a Transportes. Otra prueba de que el presidente no ve de qué manera están evolucionando los militares. El ministro limpia su ministerio de civiles y pone trabas a las requisas de camiones, así como a la ocupación estatal de las distribuidoras de combustible. Lejos del plan del gobierno, que incluía escoltar a los camioneros para protegerlos de los frecuentes atentados, el ministro se reúne con los líderes gremiales en su propia casa. Los camioneros reclaman: sobre todo, el cese de Faivovich. El 18 de agosto, el general dimite de nuevo.

Salvador Allende y el general César Ruiz se tuteaban.

El 18 de agosto hay un conato de golpe militar, pero los generales detienen los movimientos de los aviones que se dirigen de Santiago a Concepción: no quieren dar el golpe hasta que el general Prats esté completamente apartado, para no dar la oportunidad a militar alguno de elegir el bando contrario.

El 21 de agosto, una multitudinaria manifestación de mujeres, esposas de militares de diversas graduaciones con inclusión de las más altas, se agolpa frente a la casa del general Prats, exigiéndole que dimita. Un solo militar se presentará después a pedirle perdón al general por la actitud de su esposa; gesto que no le impedirá, semanas después, ser ministro de Pinochet.

El 22 de agosto, patotas ultraizquierdistas y ultraderechistas combaten en la calle, tapizada con pasquines exigiéndole a Allende que renuncie o que se pegue un tiro.

El 23 de agosto, desde muchos puntos de vista, cae Allende: el general Carlos Prats dimite. El 28 de agosto, dimite el gobierno en pleno.

El 4 de septiembre, el centro de Santiago es testigo de una imponente manifestación allendista. Es el tercer aniversario del triunfo de la Unidad Popular. Esa misma noche, el ejército allana más de una decena de fábricas, en busca de armas. El día 5, a duras penas consigue Allende convencer al almirante Raúl Montero que permanezca como comandante en jefe de la Marina; el estamento militar le presiona para que renuncie y deje su lugar al almirante José Toribio Merino.

El 6 de septiembre, el general Pinochet hace pública una nota en la que advierte a la población que no realice provocaciones al ejército «ya que tales actos podrían tener graves consecuencias en virtud de las órdenes dadas a la tropa».

El 7 de septiembre (¡el 7 de septiembre!) Allende informa a sus colaboradores más cercanos de que el ejército está contra él (el ejército que, en ese momento, hace diez meses que ha ordenado deponerlo). Los líderes de izquierdas todavía creen en la existencia de un golpe, apoyado por el Ejército de Tierra, para imponer a Eduardo Frei en la presidencia, pero sin acabar con el régimen democrático. Según ellos, Marina y Aire son los sostenes del golpe fascista y antidemocrático.

El 8 de septiembre (¡el 8 de septiembre!), esto es tres años y cuatro días después de haber ganado las elecciones a la presidencia, Allende plantea a su equipo la posibilidad de convocar un plebiscito sobre la transición al socialismo. Esta iniciativa, de haberse llevado a cabo, habría abierto un boquete en la Historia (el comunismo ha llegado al poder a través de la guerra o el golpismo; nunca ha sido impuesto por un referendo), pero es de suponer que hasta Allende, nada más ver la composición del Congreso, nada más ver los resultados de las elecciones de marzo, las mejores de toda su vida, se daría cuenta de que tal consulta la perdería. A mayor abundamiento, ese mismo día Eduardo Frei hace unas declaraciones en la prensa internacional en las que afirma que Chile está en peligro de guerra civil, porque «quienes controlan el poder están decididos a pasar por encima de cualquier consideración para imponer sus ideas, aunque la mayoría del país las rechace». Frase muy, muy importante, medida. Obsérvese que en ella no figura la expresión gobierno, ni Unidad Popular, ni siquiera presidente Allende. Enigmáticamente, Frei se refiere a los que controlan el poder, en plural.

El 9 de septiembre, la DC propone la renuncia de Allende, simultánea a la de todos los parlamentarios, y convocatoria de elecciones. El movimiento se interpreta como una intentona de la democracia cristiana más izquierdista, buscando evitar la pura reivindicación de su derecha (que Allende se vaya) y proponiendo, de alguna manera, el plebiscito del presidente, pero de una forma más ordenada y legal. Ciertamente, si esas elecciones se hubiesen celebrado, todo el mundo las habría considerado un plebiscito al allendismo.

La policía gubernamental informa al presidente de que el golpe de Estado será el lunes. Allende se reúne en su casa de la calle Tomás Moro (premonitorio) con Carlos Altamirano, el portavoz de la izquierda irredenta. Se ha escrito que la discusión acabó con unos berridos que harían imposible escuchar a los tres tenores que estuviesen cantando en la habitación de al lado. Tengo por mí que Allende, sin tener personalmente deseos de transar con los militares, estaba dispuesto a tragarse ese sapo. En la sostenella y no enmendalla del gobierno, Allende se lleva más de una torta que debería impactar en el metafórico rostro de Carlos Altamirano, el Luis Araquistáin de la tragedia chilena.

El día 10, desde el Palacio de la Moneda, se filtra la idea plebiscitaria de Allende. La Democracia Cristiana anuncia una macromanifestación ese fin de semana para reclamar aumentos de salarios del 100%, para equilibrar el coste de la vida, desbocado. Una manifestación de mujeres, frente al Ministerio de Defensa, corea: «Fuerzas Armadas al poder, te lo pide la mujer…»

Ya es demasiado tarde.

Durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas chilenas hicieron los deberes. Amparándose en el derecho que la legislación les otorgaba de comprobar la existencia de armas en manos de civiles no autorizados para ello, diversas patrullas militares visitaron buena parte de las emisoras de radio del país. Muchos de los trabajadores de dichas emisoras se sintieron felices al comprobar que los milicos no encontraban armas; pero en realidad, los militares no habían ido para eso. Habían ido a sabotear las emisoras. A silenciar a Allende.

A lo largo de la madrugada han llegado a Santiago noticias de extraños movimientos de tropas en las zonas de San Felipe y los Andes, amén del acuartelamiento de la guarnición del propio Santiago, de la que el ministro de Defensa no sabía nada. En la calle Tomás Moro, situada en el barrio alto de Santiago, residencia de Salvador Allende, se encontraban ya, muy de madrugada, el propio Allende y sus ministros de Interior (Carlos Briones) y de Defensa (Orlando Letelier). Amén de varias decenas de miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente), la única fuerza armada que, al fin y a la postre, lo defenderá.

Pero el primer problema surgirá en Valparaíso. En dicha población costera se encuentra gran parte de la flota chilena, convocada allí para unas maniobras conjuntas con la armada de Estados Unidos, la Operación Unitas. Los marinos ya le habían plantado cara a Allende, al que, como hemos contado, habían exigido la cabeza del comandante en jefe, almirante Raúl Montero, a favor del vicealmirante José Toribio Merino. Tal vez Allende interpretó el gesto de la flota de partir, en la tarde del día 10, hacia alta mar, como un signo de que la sangre no iba a llegar al río. Si fue así, se equivocó, porque aquel movimiento significaba exactamente lo contrario.

La flota vuelve popas a las 5.30 horas del día 10. En todos los barcos, los altavoces anuncian a la marinería que retornan a Valparaíso para unirse a una insurrección militar cuyo objetivo es derrocar a Allende. La noticia llega a Tomás Moro aproximadamente una hora después, y genera una auténtica histeria. Allende se pone en contacto con José María Sepúlveda, Director General de Carabineros. En el Chile de 1973, como en la España de 1936 la Guardia Civil, los carabineros son cruciales, con sus 25.000 efectivos armados. Sepúlveda asevera su lealtad al presidente, pero lo que no sabe es que los conspiradores han contado con ello; para entonces, quien realmente manda en lo carabineros es el general César Mendoza, mucho menos proclive a la legalidad que él.

Augusto Olivares, amigo íntimo de Allende y director de la televisión nacional, que está con él y le hace de secretario, trata, infructuosamente, de contactar con los generales en jefe de los tres ejércitos: con Augusto Pinochet (Tierra) y Gustavo Leigh (Aire), no lo conseguirá porque ya no están, ni van a ir, a sus despachos del ministerio de Defensa. Con el almirante Montero (Mar), porque los conspiradores le han cortado todos los teléfonos; como han hecho también con el general Brady, responsable de la guarnición de Santiago.

Orlando Letelier llama al ministerio del que es titular, donde le atiende el vicealmirante Patricio Carvajal. Con total tranquilidad, éste le dice que no pasa nada y le anima a ir al ministerio a comprobarlo. Letelier cae en la trampa: nada más pisar el ministerio, será detenido.

Allende divide a sus GAP en tres grupos: el primero, de 23 hombres armados, le seguirá al palacio de la Moneda. El segundo se queda en Tomás Moro, acopiando armamento pesado, e irá más tarde (aunque, como veremos, éste será uno de los primeros reveses que recibirá el presidente). El tercero se queda defendiendo la casa del presidente, donde está su mujer, Hortensia Bussi de Allende. El presidente sale de su domicilio armado con la metralleta con la que quedará retratado para el mundo; un regalo de Fidel Castro con la inscripción A mi compañero de armas, Salvador.

La Moneda está ya, para entonces, reforzada con 300 carabineros con tanquetas. Sin embargo, a tan temprana hora la cosa ya no está clara en este cuerpo. El general Parada, prefecto de Santiago, no se define.

A las siete y media, las radios emiten la proclama de la Junta Militar, formada por Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza Durán, director general de carabineros. La proclama intitula a la Junta como salvadora de Chile frente al «yugo marxista» y trata de evitar los movimientos revolucionarios aseverando a los trabajadores que sus logros económicos y sociales serán respetados «en lo fundamental», sin más explicaciones.

A pesar de la exitosa labor de sabotaje de las estaciones de radio, dos de ellas adictas a Allende, Radio Corporación y Radio Magallanes, aún funcionan a esa hora. Ambas conectan sus estaciones para operar como una sola. En ese momento, el general Gustavo Leigh lanza un mensaje al ministerio de Defensa: si no hay rendición, a las once de la mañana bombardeará la Moneda.

Según algunos testimonios, bastante lógicos por otra parte, la noticia de la proclama altera notablemente al presidente Allende. Pero será inmediatamente después, más o menos a las nueve y veinte de la mañana, cuando reciba la noticia que, a la postre, será un rejón de muerte para su resistencia: los dimes y diretes, las vacilaciones, las dudas de los carabineros han cesado: los trescientos hombres que protegen el palacio presidencial deciden retirarse. Inmediatamente después, comienzan las negociaciones, desde el ministerio de Defensa, para que Allende se rinda. Su respuesta es: «me defenderé hasta el final, y el último tiro de esta metralleta me lo pegaré aquí», señalándose el paladar.

No obstante esta declaración tan categórica, Allende llamó (por gentes interpuestas) a los miembros de la Junta, asegurando que deseaba parlamentar con ellos en la Moneda. Los militares respondieron con la negativa e instándole a rendirse. En Valparaíso y Viña del Mar, ciudades que están sublevadas desde antes, un bando anima a la población a colocar banderas de Chile en los balcones si está de acuerdo con el movimiento; las ciudades, obviamente, se llenan de banderas.

A las 10 en punto comienzan las hostilidades en Santiago. Rápidamente, el centro de la ciudad se convierte en una ensalada de tiros.

Poco después, Allende logrará transmitir su último discurso a través de radio Magallanes. El discurso en el que pronunció ese famoso «sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor».

No faltan quienes intentan convencer a Allende de que se rinda y haga uso de la oferta de la Junta Militar (sobre cuya sinceridad nunca podremos estar seguros) de ofrecerle una salida del país. José Tohá, ex ministro amigo de Allende; y Carlos Briones, titular de Interior, lo intentaron inútilmente. En realidad, no cabe duda, por los testimonios, de que la decisión de Allende era firme. Pero también conviene tener en cuenta otros factores. Cuando menos a esa hora, es posible que Allende confiase en algunos elementos contrarios al golpe. Por ejemplo: dado que estaba aislado, no podía saber con certeza si se había producido algún levantamiento popular, en un país en el que se hablaba (y es que una cosa es lo que se habla y otra la verdad de las cosas) de 15.000 militantes de la Unidad Popular armados y dispuestos a luchar. También podía pensar que aquel golpe era algo así como el Tancazo de 29 de junio de aquel mismo año, que había sido finalmente sofocado. Otros testimonios indican que el presidente tampoco creyó demasiado en la amenaza de Leigh, pues consideraba que la aviación no sería capaz de bombardear la Moneda sin causar serios daños a otros edificios de la zona.

De hecho, las burlas de Allende fueron, en parte, su condena. Tras el Tancazo, Allende no había ocultado los comentarios sardónicos hacia los tanques que había utilizado, sin éxito, el coronel Souper para tomar la Moneda. En el golpe de septiembre, los tanques que rodearon la moneda fueron tanques Sherman, mucho más potentes y versátiles que los que había utilizado Souper. Los había hecho poner a punto el general Pinochet.

A eso de las 10,30, Allende recibe un nuevo revés. El grupo de GAP que llega de Tomás Moro con el armamento pesado, crucial para poder responder al ejército en igualdad de condiciones, es recibido con ráfagas de metralleta de los carabineros en la entrada al palacio de la calle Morandé. El presidente pierde ahí a unos hombres y unas armas que le son vitales. Y un revés más: la guardia de palacio se va, con el resto de los carabineros.

Cuando, al filo de las once de la mañana, surquen el cielo santiaguino los aviones Hawker Hunter que unos minutos antes han partido de Concepción, a unos 400 kilómetros de la capital, Allende tiene a su lado a unas cuarenta personas. Quedan con él los ministros Briones, Jaime Tohá (Agricultura) y Clodomiro Almeyda (Relaciones Exteriores); el subsecretario de Interior, Daniel Vergara, y el ex ministro José Tohá; Osvaldo Puccio, secretario del presidente, Fernando Flores, Secretario General del Gobierno, Augusto Olivares, director de la televisión nacional, y otros altos funcionarios.

Allende llama al ministerio de defensa a las 10,45 horas. Solicita diez minutos para que salgan las mujeres. El general Baeza, que fue quien atendió esa llamada y concedió la breve tregua para la salida de las seis féminas, declararía que, en esa conversación, el tono de voz del presidente había cambiado radicalmente; su voz había perdido todo rastro de agresividad, de donde cabe estimar que, probablemente, fue en la cercanía del bombardeo aéreo cuando Allende acató su destino.

El ataque aéreo se aplaza a las 11.30 horas. Por la puerta de Morandé salen mujeres y también hombres, entre ellos dos hijas de Allende, una de ellas embarazada. Sin embargo, hay una mujer que se ha quedado en la Moneda: Miriam Contreras Bell, más conocida como La Payita, secretaria privada de Allende, que no le abandonará.

A las 11.52, los aviones realizan la primera pasada sobre la Moneda, acción que repetirán siete veces más en los siguientes veinte minutos. Allende y los suyos han resistido el bombardeo en el sótano del jardín de invierno, pero ahora suben de nuevo al segundo piso, para rechazar el ataque de la infantería y la artillería. Según algunos testimonios, en ese momento Allende todavía tiene esperanzas. Cree que tres de sus ministros (Briones, Almeyda y Tohá) han salido en el grupo de liberados antes del ataque, y espera que puedan parlamentar. Sin embargo, todavía están en la Moneda. Se han refugiado en el sótano de la Cancillería, y allí encuentran, milagrosamente, un teléfono que funciona. Llegan a hablar con el ayudante de Pinochet, quien promete enviarles un vehículo para recogerlos, aunque minutos después se echará atrás, aduciendo el fuerte tiroteo. La penúltima (eso sí, más que probablemente inútil) tentativa de negociación ha quedado rota. Al parecer, las condiciones sobre las que pretendía negociar Allende eran: alto el fuego inmediato, garantías de que las poblaciones obreras no serían bombardeadas, inclusión de común acuerdo de un civil en la Junta golpista, e inicio de las negociaciones entre las partes; a cambio de lo cual Allende estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Si es cierto que esta oferta existió o pudo existir, no lo es menos que, frente a él, lo que tenía el presidente era un enemigo dispuesto al exterminio.

A las 12.30, los aviones bombardean la residencia privada de Allende.

Pasada esa hora, el general Javier Palacios, director de Instrucción del ejército, comienza la operación propiamente dicha de toma de la Moneda y apresamiento del presidente Allende.

A eso de la una y pico de la tarde, la Moneda se llena de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros. Allende, entonces, decide enviar a parlamentar a tres personas: Fernando Flores, Daniel Vergara y Osvaldo Puccio. Sin embargo, en el ministerio de Defensa el vicealmirante Carvajal recibe la oferta de los emisarios con una negativa rotunda. Esa noticia provoca en Allende la convicción de que ha de rendirse. Augusto Olivares, que es quien ha comunicado con el ministerio para obtener la negativa, baja al primer piso tras comunicárselo a Allende, y se mete en un baño en el que, tras orinar y hacer unos chistes con el doctor Óscar Soto, se pega un tiro. Es más que probable, ya lo hemos leído, que la intención de Allende fuese, desde muy en la mañana, no rendirse personalmente en caso alguno. Pero lo que es, también, evidente, es que si algún resquicio de duda le pudiera quedar, el suicidio de su amigo y colaborador lo embocó definitivamente hacia su propia muerte autoinfligida.

Cuando el general Palacios entra en la Moneda, aún bajo una lluvia de balas, un delantal blanco de médico ondea ya en una ventana del palacio, en señal de rendición. Una vez dentro, Palacios ordena al doctor Soto que suba al segundo piso a comunicar a Allende que tiene diez minutos para rendirse. Allende le contesta:
‑Bajen, bajen todos. Yo bajaré el último.

Pasan los diez minutos y en el segundo piso no dejan de disparar. A todas luces, los GAP aún supervivientes han decidido compartir el destino de su jefe. En el segundo piso del palacio hay una larga galería, la galería de los presidentes, donde están los bustos de todos los dirigentes de la nación. En ese pasillo se luchará puerta a puerta. Cuando llegan al salón O’Higgins, está en llamas; el sable del héroe de la independencia chilena se salva de milagro.

En el salón de la Independencia encontrarán a Allende, sentado, con la cabeza levemente ladeada. Un hombre muerto. Un mito que nace.





Una vez contada la historia de Salvador Allende y del allendismo, creo se impone un epílogo sobre sus errores.

No ha de entenderse mal este enfoque. Hablar de los errores de Allende no es hablar de que Allende fuera el único que se equivocase. Los errores de otros, y sobre todo de los Estados Unidos, existen y son materiales a la hora de explicar lo que pasó en Chile en el año 1973, bien que han sido ya bastante explicados. Es Allende, sin embargo, quien permanece más inmune a la crítica, como siempre le pasa a la figura histórica a la postre martirizada.

Salvador Allende Gossens, sin embargo, lejos de ser una persona que no dio más pasos que los que le eran lícitos; lejos de ser una persona que siempre trabajó para que no ocurriese lo que ocurrió, fue, en realidad, de palabra, de obra o de omisión, uno de los arquitectos de la situación de guerra civil larvada, o no tan larvada, que hizo crisis en Chile mediante el golpe de Estado militar, o sea la rociada de gasolina en la hoguera.

En realidad, a mi modo de ver, titular estas notas El marxista naïf es buscar para Allende la mejor sospecha posible. La más comprensiva con él. Otras personas piensan, lo han dicho y lo han escrito, que en realidad el médico de Valparaíso no tenía nada de inocente ni de bienpensado. Que, realmente, llegó a la primera magistratura de Chile con un plan para tensionar la sociedad y la política chilenas hasta el punto que lo hizo. Yo, sinceramente, al menos a mi nivel actual de conocimientos, no lo pienso. La imagen que yo me hago de Salvador Allende es la de una persona enormemente ideologizada, como había que serlo para liderar un Partido Socialista Chileno que, en los años sesenta, no es que no hubiese abandonado el marxismo; es que se declaraba leninista; y, además de ideologizada, de alguna forma tomada por esa desesperación de aquél que comienza a pensar que, en expresión muy común en España, se le había pasado el arroz. En 1970, Salvador Allende era un político fracasado, un jarrón chino polvoriento de la Historia de Chile; sólo el catastrófico fracaso de la presidencia de Frei lo pudo resucitar.

Salvador Allende, por lo tanto, tuvo que alcanzar la presidencia de Chile con una sensación clara de ensayo único: lo que debiera hacer, debía hacerlo una vez, o no hacerlo. No habría otra oportunidad, al menos para él. Como buen conocedor de la política chilena, pues no en vano llevaba muchos años practicándola al máximo nivel, sabía que no podía preterirla pero, aun así, percibía la necesidad de eliminar las desigualdades inherentes al capitalismo; lo cual pronto lo llevó, en la creación de la Unidad Popular, a la idea de acabar con el capitalismo mismo.

Y aquí está el primer error de Allende: su idea de construir el socialismo en plena legalidad democrática, lejos de ser la aportación genial que sus admiradores quieren ver, fue su primer, fundamental, error. El gran error que surge de la inocencia y el buenismo del presidente y que condicionará todo el proceso; porque a unos, los partidarios de la Unidad Popular, especialmente los radicales, les regalará un aval para hacer lo que querían hacer; y a los otros, la democracia cristiana y el Partido Nacional, les dará la apoyatura argumental que necesitarán para plantear su total oposición al allendismo.

El experimento chileno de Allende, lejos de demostrar que el socialismo puede construirse en libertad, demuestra exactamente lo contrario. El socialismo, y hablamos del socialismo del PSCh, esto es de inspiración marxista-leninista, es un cambio sistémico. Es hacer las cosas de otra manera. Como ya he insinuado antes, está en el propio programa electoral de la Unidad Popular de 1970: Parlamento, no; Asamblea del Pueblo. Justicia separada del Ejecutivo, no; tribunales populares. Economía de mercado, no; intervención estatal de la economía, dejando lugar sólo para la pequeña propiedad y el pequeño negocio, quién sabe si, además, como una opción meramente estratégica. Y digo esto de estratégica por dos razones.

La primera, porque la Democracia Cristiana, tras las elecciones del 70, dio su apoyo a la presidencia de Allende tras la exigencia de un pliego adicional al programa electoral que introducía, básicamente, el respeto a la economía de mercado; pero el propio Allende declararía que aceptó aquello, simple y llanamente, para que le votasen.

La segunda, que precisamente eso (admitir la pequeña propiedad en los primeros albores de la revolución) está ya en Lenin; y todos sabemos lo que hizo Lenin al llegar al segundo cuarto del partido.

Los cambios sistémicos sólo se pueden imponer mediante la revolución, lo cual sólo en muy escasas ocasiones no incluye ciertas dosis, en ocasiones elevadísimas, de violencia gratuita y ciega. Como ya he escrito, muy lerdo hay que suponer a Allende para no imaginarse que su postrera propuesta de someter el socialismo a referendo supondría perder dicha consulta, pues los números de todas las elecciones anteriores cantan. 

Así pues, Allende pretendía implantar el socialismo, no sólo mediante la legalidad sino, además, en minoría. Ciertamente, esto lo hizo también Lenin; eso quiere decir bolchevique: la minoría. Pero Lenin lo hizo llevándose a los marineros de Kronstadt a la Duma para que apuntasen con sus fusiles a los socialrevolucionarios cuando tomaban la palabra; lo hizo cerrando los periódicos de otras ideologías, masacrando a los kulaks, destruyendo a la burguesía rusa. Vladimir Lenin prácticamente no hizo uso de un solo elemento democrático para arrimar el ascua a su sardina. Entendía que la única forma que tiene una minoría de imponerse a una mayoría es a hostia limpia.

La pretensión del allendismo de subirse a las instituciones democráticas chilenas para construir el socialismo nos conduce directamente al segundo error de Allende: la blandura con su izquierda. Hay que reconocer que la ultraizquierda chilena fue extremadamente inteligente respecto de la Unidad Popular. Con el socialismo altamiranista dentro de la coalición de gobierno, el MIR, la VOP y resto de grupos radicales no tenían ninguna necesidad de estar dentro de ella. Ellos no querían gobernar porque los ministerios eran fajas demasiado estrechas para ellos y, además, eran lo suficientemente listos como para imaginarse que Allende no les invitaría al club; pues hasta él habría entendido que un ministro mirista colocaba las cosas en su punto de ebullición.

El MIR y su mundo, por lo tanto, permanecieron fuera de la Unidad Popular; pero tan dentro que, de hecho, cuando todo acabó, eran ellos quienes permanecían alrededor del presidente, compartiendo su martirio. Pero esa extraterritorialidad fue tóxica para el proyecto de la Unidad Popular. Uno no puede controlar a alguien que no es socio suyo, salvo usando a la policía. Allende, sin embargo, quizá porque en su fuero interno entendía, si no compartía, los postulados de la ultraizquierda, o quizá por mero cálculo político relacionado con los equilibrios en el seno de la coalición, no sacó las porras lo suficiente para parar a los radicales. En la Historia hay un hilo invisible que une al Manuel Azaña que, un día de mayo de 1931, se niega en redondo a que la guardia civil reprima a quienes están quemando iglesias, colegios y bibliotecas; y al Salvador Allende que, un día detrás de otro, deja encima de su mesa papeles que le informan de la toma ilegal de fundos por parte de patotas de la ultraizquierda, y no hace nada, o casi nada.

Sobre Salvador Allende gravitaron siempre dos graves pecados a los ojos de Occidente. Uno, el hecho evidente de que había expropiado ocho veces más empresas de las que decía iba a expropiar; dos, que en su Chile, el Chile cuyo ejército, carabineros y policía en general, obedecían sus órdenes, quienes no sólo no creían en el camino legal hacia el socialismo sino que además lo decían públicamente, camparon por sus respetos desde el minuto 1 de su presidencia; y sólo cuando sus actos fueron especialmente execrables, es decir cuando hubo muertos, reaccionó como debía. Hasta la pastueña y bastante sectaria II República española fue más dura con su MIR, de soltera CNT-FAI.

Salvador Allende tenía prisa por construir el socialismo. Sabía que había ganado un mandato pero, preso de su misma teoría de respeto a las instituciones, sabía que debía devolverlo si no ganaba de nuevo. Esas prisas provocan el tercer error de Allende, que es la instrumentación de una política económica y social desastrosa. A despecho de acciones tan loables como eficientes desde el punto de vista de la imagen, como la campaña del medio litro de leche, el allendismo es, básicamente, un compendio de chapuzas económicas que no podía tener más resultado que el que tuvo: pobreza, estanflación, caos.

El problema del análisis de Allende, o quizá mejor debiéramos decir de Vuscovic, es el approach tremendamente maniqueo en que se basaba. Algo que marxistas y marxistoides aun hoy en día se resisten a entender: ni ellos son el compendio de todas las virtudes, ni sus enemigos, que eso son: enemigos, son una plétora de sevicias.

Ambos dos errores conceptuales los cometió Vuscovic, mientras su presidente aplaudía con las orejas; y, cuanto más se equivocaba Epi, más aplaudía Blas. El superministro económico asumió que, por principio, el mal de la empresa chilena era el empresario, también conocido como ladrón de la plusvalía del obrero. Para los marxistas chilenos, la plusvalía del obrero, como el dinosaurio de Monterroso, siempre estaba ahí, y siempre estaría. Todo lo que había que hacer, era liberarla. Estamos, por lo tanto, ante un marxismo decididamente naïf, yo diría que incluso de tonos anarcoides, porque asume la bondad intrínseca de la cogestión obrera igual que los ácratas que implantaban el anarquismo en los pueblos de Aragón antes y durante nuestra guerra civil estaban convencidos de que todos los humanos aceptarían el egalitarismo sin una protesta. 

La realidad, sin embargo, no fue ésa. Las nacionalizaciones no sólo fueron muchas, sino que se produjeron en un cortísimo espacio de tiempo que no llega a dos años. En consecuencia, el allendismo le dio la vuelta a la tortilla al tejido industrial chileno, lo colocó bajo la cogestión obrera, bajo la coordinación de camaradas no siempre bien preparados; y, como consecuencia, gripó la producción.

En este punto, el allendismo, o el vuscovismo, se portó como ese general imbécil que no se da cuenta de que a las tropas que avanzan y toman terreno enemigo hay que alimentarlas de alguna manera, y proveerlas de nuevos suministros. Da la impresión de que Allende creía que el socialismo era algo que caería de cajón, por su propia lógica; idea que es, en un político tan experimentado como él, de un simplismo intolerable. Allende primero creó el problema y luego, con total desparpajo, reclamó la solución, en su famoso discurso, ya citado, de que los chilenos tienen que entender que hay que trabajar y hay que producir más, bla.

La política económica de Allende fue tan caducamente equivocada que hay que remontarse, casi, siglos atrás para encontrar gentes que, como él y su gobierno, tuviesen una creencia tan intensa en que, en materia monetaria, un Estado puede hacer lo que se salga del pingo. En España, por ejemplo, esas convicciones provienen de los tiempos en que el país nadaba en la plata de América. Décadas, si no un siglo, antes de que Allende tuviese uso de razón, el mundo ya sabía que la masa monetaria no se puede hacer crecer sin tasa, porque eso, al final, alimenta la inflación. Sucintamente, en el Chile de Allende se tomaban medidas para frenar la depreciación del peso que, en realidad, lo que hacían era depreciarlo más; con ello los chilenos, todos los chilenos, se levantaban, cada mañana, un centímetro más pobres.

Por supuesto, en el ámbito económico no hay sino citar otro de los grandes errores de Allende, cual es su famosa doctrina expropiatoria. La Doctrina Allende fue notablemente lesiva para Chile y es, además, una teoría de dudosa legalidad. Como ya hemos tenido ocasión de comentar, la Doctrina Allende se basa en un hecho moralmente comprensible: si quien el expropiado ha obtenido sus riquezas mediante la explotación, no merece justiprecio; o, dicho de otra forma: si los esclavos hubiesen sido hecho libres, en alguna nación, mediante la nacionalización de las tierras o las fábricas en las que trabajaban, no habría sido justo pagarle indemnización a sus propietarios.

Que las ideas sean prístinamente comprensibles y moralmente exigibles no quiere decir, necesariamente, que sean legales. Allende no pudo evitar que su Doctrina sonase a subterfugio para no pagar y, en puridad, no es posible afirmar que no lo fuese. Pero es que, además, sólo los muy tontos piensan de sí mismos que podrán permanecer en el orden internacional sin guardar unas mínimas reglas de respeto hacia el Derecho y las reglas de juego entre naciones.

Con todo, y por lo menos para mí sin duda, el gran error de Allende, si exceptuamos el primero que los genera todos que es su extraña concepción de socialismo impuesto en el marco de la democracia, es su relación con el estamento militar. Como ya he insinuado en otros párrafos, es bastante habitual que en España, puesto que los españoles suelen desconocerlo casi todo incluso de sí mismos, se sea notablemente injusto con Chile desde un punto de vista histórico. Sobre todo hace unas pocas décadas, cuando nosotros ya éramos democracia y Latinoamérica era un rosario de espadones, los españoles tendían a mirar a Chile por encima del hombro, considerándolo uno más de esos países cuya Historia bien podía resumirse como un continuo de asonadas militares y periodos de dictadura.

Ese destino, no obstante, no es el que vivió Chile; se adapta mucho mejor a la Historia de España. Chile tiene prolongados periodos de parlamentarismo, y su ejército exhibe una tradición constitucionalista que nosotros no podemos aseverar de nosotros mismos. Tanto es así que algunos de los partidarios de Pinochet recuerdan la resolución del Congreso chileno de finales de agosto, en la que con palabras apenas veladas se reclamaba del Ejército la intervención para restablecer el orden; declaración que, según esta peripatética teoría, daría legitimidad constitucional al golpe de Pinochet (y, hemos de suponer, también su gesto posterior de cagarse y mearse encima de esa misma Constitución).

Saltos mortales dialécticos aparte, el problema estriba en que no fueron Washington, ni Eduardo Frei, ni siquiera la derecha o la ultraderecha chilenas, quienes señalaron a los militares el camino del poder. Fue Salvador Allende. El presidente Allende, convencido del gubernamentalismo del ejército chileno, decidió hacerlo suyo, ponerlo de su parte. Así las cosas, en los últimos veinte o treinta meses de su vida, apenas se dejó ver en público si no era rodeado de uniformes y, de hecho, convirtió al general Carlos Prats en su vicepresidente político plenipotenciario. En el marco de un análisis tremendamente simplista, Allende parece haber asumido que, una vez que el ejército chileno se bajase del faetón de la neutralidad política, iba a realizar ese gesto siempre por el lado izquierdo. ¿Por qué, en un país mayormente de centro-derecha, cuya institución militar además, como suele ocurrir siempre, tiene perfiles más conservadores que la media?

Alguien debió engañar a Allende; quizá, supongo, José Tohá, su ministro, primero de Interior, luego de Defensa, y el propio general Prats. Alguien le tuvo que decir al presidente que controlar la subversión reaccionaria en el seno de un ejército implicado de hoz y coz en la labor gubernamental, estaba chupado. Alguien se lo tuvo que contar; pero también es cierto que él se lo tuvo que creer. Que es algo que hacen, con demasiada asiduidad, las personas crédulas.

El Allende de las últimas boqueadas, el Allende de la primera semana de septiembre de 1973, se me aparece como un hombre desconectado de la realidad, víctima de sus propios análisis simplistas. Todavía cree en la fidelidad del ejército; todavía quiere fijarse en la prueba de total fidelidad aportada por el general Pinochet tras el tancazo. Sus círculos más ultraizquierdistas no le dicen eso; le dicen que hay una conspiración reaccionaria, y que la violenta aplicación de la Ley de Armas es su primer escalón. Pero Allende no lo ve, quizás porque para entonces ya no puede fiarse de esa misma ultraizquierda, que tantas veces le ha puesto las cosas difíciles y le ha engañado. Es probable, incluso, que cuando decide sacar a pasear el refrendo sobre el socialismo, piense que Chile le va a votar en masa, y que toda esa gente que ahora está contra él va a aceptar el resultado sin más.

El fondo de toda la cuestión es, a mi modo de ver, que Allende está convencido de tener la razón. Y, por alguna razón, eso le basta. Siendo más cierto que la Historia de la Humanidad está empedrada con los nombres de muchos personajes que tuvieron la razón, y de los que hoy no sabemos nada.

La mayor prueba del fracaso del allendismo es que, aunque al comunismo le quedaban el día que murió aun 16 años de vida, su experimento no se volvió a intentar. La vía hacia el socialismo desde la democracia parlamentaria quedó cegada en el momento en que él se reventó el velo del paladar.


Volvieron a florecer las alamedas. Pero lo fueron plantadas por hombres con mucha mayor dosis de realismo que Salvador Allende Gossens, el marxista naïf.