La "normalidad" del 36 (5: marzo de hostias y muertos)

(Debo pediros a los seguidores de esta serie, y sobre todo a los que colgais comentarios, disculpas. Tengo muy poco tiempo para escribir estos días y escaso acceso a internet. La serie va lenta, pero si alguien está interesado, que no pierda el interés, que la acabaré).

El atentado contra Jiménez de Asúa marca una nueva etapa para Falange, pero también para el gobierno republicano. A partir de ese momento, el ambiente entre los republicanos será de tolerancia cero hacia la formación de Primo de Rivera, y su objetivo acabar con ella.

El entierro del policía José Gisbert no pudo ser pacífico. Una persona murió apuñalada en la calle Barquillo, y un militar de uniforme agredido. Se arrasaron una armería y una cafetería. En la noche, arden dos iglesias y la sede del viejo periódico primorriverista La Nación. Un conato de incendio del ABC es impedido por las fuerzas del orden.

La jornada del 13 de marzo adquiere una importancia esencial porque, aunque ya hemos visto en estas notas que hay pueblos de España donde lo ocurrido podría verse como un juego de niños, el hecho de que estos hechos ocurran en la capital de España multiplica su gravedad. De hecho, el Gobierno, que se reunió el 13 por la mañana para estudiar la convocatoria de elecciones municipales, siguió reunido hasta la madrugada del 14 haciendo un seguimiento de los sucesos y declarando, ya doblada la esquina de las doce de la noche, que «hay que evitar cierta clase de excesos [no sé si con esto querían decir que hay excesos que no se deben evitar], siendo los autores del Frente Popular los más interesados en ello».

Ya en la noche del 13 están detenidos José Antonio y la cúpula de Falange. El hijo del ex-dictador ya no saldrá de entrerrejas. Cuatro días después, 17, las actividades del partido quedan suspendidas por orden gubernativa.

El 15 de marzo por la tarde comenzaron su andadura las Cortes del Frente Popular. Fue una sesión preparatoria presidida por Largo Caballero, puesto que su acta de diputado había sido la primera en llegar al registro. Sin embargo, fue sólo una breve presidencia formal que Largo cedió inmediatamente al diputado electo de mayor edad, el almirante Ramón de Carranza, monárquico.

La única función de la sesión era proveer esa presidencia y convocar la reunión formal al día siguiente. Así lo hizo Carranza y, tras hacerlo, levantó la sesión. Fue en ese momento en el que el diputado izquierdista Ossorio Tafall le conminó a dar un viva a la República. A ello, Carranza, a pesar de ser gaditano, contestó con un castizo: «No me da la gana». Los diputados de izquierdas respondieron a eso poniéndose a cantar La Internacional, arengados, desde la tribuna, por uno de los cuatro secretarios recién nombrados, el comunista Uribe.

Poco más tarde de aquello, cuando Largo Caballero aún no había podido llegar a casa, el domicilio fue tiroteado. La policía detuvo a dos falangistas, Ricardo Marchitorena y Manuel Álvarez.

El 16 se constituyeron las Cortes y se eligió presidente de las mismas a Diego Martínez Barrio. El 17 se formó la comisión de revisión de actas, bajo la presidencia de Indalecio Prieto.

Cuestión histórica espinosa ésta de la revisión de actas. Los historiadores tienden a no poner en duda el hecho de que el Frente Popular ganó las elecciones; aseveración que a mí, cuando menos, me parece un tanto temeraria teniendo en cuenta que, que yo sepa, nadie, jamás, ha podido hacer una relación meticulosa de en cuántos colegios electorales puede considerarse la votación limpia; es decir, en cuántos puntos de votación se realizó un recuento y un acta convenientemente garantizado por las fuerzas del orden, o sea por el gobernador civil, y una remisión también por vía segura.

Pero, bueno, aún aceptando esta victoria, el hecho de que Portela el egoisto-gilipollas cometiese el desafuero de permitir que la misma coalición que había ganado las elecciones estuviese en el Gobierno en el momento en que dicha victoria había de ser fijada o medida hizo que la cuestión de las actas permanezca, cualquiera que fuese el resultado del 16 de febrero (que, insisto, al menos yo desconozco), como un borrón jodidillo en la pequeña historia de este año tan importante.

Se alegaron más de 200 actas en Cáceres, Granada, Cuenca, Pontevedra, La Coruña, Málaga, Soria... De todas estas alegaciones, se anularon 32 actas. Casualmente, todas correspondían a diputados no pertenecientes al Frente Popular. La revisión de estas actas se hizo con la intención poco escondida de volverlas a favor del Frente Popular, a pesar de que en algunas de estas circunscripciones era inimaginable que las derechas pudiesen perder, como por ejemplo Cuenca.

Indalecio Prieto, que comenzó contestando con tono rubalcabiano los dicterios de Gil Robles sobre la manipulación de la comisión, acabó él mismo dimitiendo de su presidencia «por temor de que no pueda ser absoluta mi conformidad con los dictámenes que la Comisión haya de emitir en adelante, hasta el punto de que no podría sostenerlos ni con mi firma ni con mi palabra». Llama la atención, la verdad, que los hagiógrafos de Prieto suelan citar esta anécdota en términos encomiásticos, alabándole la integridad al político asturvasco. La verdad, a mi me parece algo de lo que no es muy lógico estar orgulloso. Prieto salió de najas de una comisión que presidía y en la que sabía bien, sus palabras son bastante evidentes, que se estaban cometiendo irregularidades sin cuento. Lo loable en un político que ve una actuación corrupta es que la denuncie y si hace falta arrostre las consecuencias de ello. Pero aplaudirle por mirar hacia otro lado, en fin...

Un ejemplo evidente de lo elástico de los criterios de aquella comisión fue la discusión de las actas de Orense, donde se jugaba nada menos que el derecho de José Calvo Sotelo a ser diputado. La intentona de la mayoría de anular este acta llevó a Calvo Sotelo a decir que a él el régimen parlamentario le importaba más bien poco y a decir aquéllo de «a España se le sirve aquí y fuera de aquí». Aquello fue, es mi opinión obviamente incomprobable, una inteligente celada. Con esa frase, Calvo Sotelo intentó que las izquierdas pensaran exactamente lo que pensaron: que el político gallego era mucho más peligroso en la calle que bajo el techo de la Carrera de San Jerónimo. Así pues, Calvo Sotelo conservó su acta.

¡Pero es que ya había sido anulada!

La comisión, sin embargo, la des-anuló, con todal desparpajo. Donde dije digo, digo Diego. ¿El Derecho, las normas, todo eso?

El 25 de marzo, en el cine Europa, Margarita Nelken, auténtica apostolesa de la democracia donde las haya, recién llegada de un viaje por Moscú, brama desde la tribuna: «La dictadura del proletariado es indispensable para establecer el socialismo». Más aún: «Para dictar justicia de clases no hacen falta magistrados reaccionarios. Basta con un panadero, que no importa que no sepa de leyes con tal de que sepa qué es la revolución». Ese mismo mes de marzo, en casa de Álvarez del Vayo, cada vez más cercano a los comunistas, se gesta la mayor victoria estratégica de éstos últimos durante el 36: la fusión del Partido Comunista con las Juventudes Socialistas, de la que es importante muñidor un joven y prometedor político llamado Santiago Carrillo.

El número de Claridad, órgano caballerista, de 19 de marzo, incluye el programa reivindicativo del PSOE en ese momento. Su primer punto es la toma del poder por la clase trabajadora por cualesquiera medios. El manifiesto termina anunciando la concertación con el PCE con vistas a una fusión.

El 17, ante unos gravísimos conflictos en la facultad de Derecho de Madrid, se decreta la caducidad de todas las matrículas, debiendo los estudiantes, uno a uno, solicitar la renovación a la Junta de Facultad. Seis días después, dos estudiantes mueren, hemos de suponer que a manos de estudiantes de medicina pues son acuchillados con un bisturí. Otro más fallece de un disparo. En Garabanzo, Asturias, es asaltado el domicilio del maestro, quien es asesinado en la acción. Ese mismo día, en Albacete, arden dos iglesias, el llamado Casino Primitivo, la sede de Albacete Religioso, la de Acción Popular, la del Diario de Albacete e incluso la del Club Cinegético. En Cieza, Murcia, las patrullas de polis aficionados sin placa ni autorización llegan a detener a sesenta personas. En Yecla, a lo largo de varios días, se prende fuego a 14 iglesias.

En Villanueva de Castellón es asesinado un militante de Derecha Regional Valenciana. En Sestao, Vizcaya, un joven es asesinado de ocho disparos. En Oviedo, un comunista es asesinado a tiros por falangistas. José Martínez Fernández, ex alcalde derechista de Mula (Murcia) es también tiroteado hasta la muerte. En Villazopeque, Burgos, hay un muerto en la reyerta producida después de que un joven haya sido agredido en la espalda con una hoz. La prisión de Lora del Río, Sevilla, es asaltada, acción durante la cual mueren dos funcionarios. En Piñeres, Asturias, un grupo de comunistas secuestra a un tal Francisco Álvarez, de Acción Popular, y lo asesina despeñándolo por un barranco. José Aramburu Lasarte, peneuvista, fallece a tiros en San Sebastián. Un cenetista muere en La Coruña durante el asalto de un local de la asociación empresarial local. En Madrid, un frutero es asesinado a tiros.

Alfredo Martínez, ex ministro de Trabajo de las derechas, cae asesinado a tiros en Oviedo. En Granja de Torrehermosa, Badajoz, un agente de la autoridad, Andrés Herrera Gordillo, es rodeado por izquierdistas, que lo disparan y apuñalan y, una vez muerto, lo apedrean. Al padre, que estaba presente, le dan una somanta de palos. El 25, en Bonete, Albacete, es asesinado el guardia civil Joaquín Alcázar. Como sospechosos del asesinato son detenidos el presidente de la Casa del Pueblo y varios concejales del PSOE.

Marzo, lo vemos, es sangriento. Pero abril será peor.

Mucho peor.

Los días 14 y 15 de abril se clavará el que, en mi opinión, es el penúltimo clavo necesario para apuntalar la inevitabilidad de la guerra.