miércoles, enero 26, 2011

Y Cayo Mario dijo: ¿por qué no yo?

En los mejores tiempos de la República romana, los políticos tenían que seguir un camino, el denominado cursus honorum, rígidamente estipulado, y que establecía el lento escalar por el complejo organigrama del poder romano. Teóricamente, no se podía ser una cosa sin haber sido antes la otra; de esta manera, el sistema político republicano se garantizaba a sí mismo en su pervivencia, pues los candidatos al poder, en realidad, eran muchos menos de los que parecía.

El otro gran elemento de limitación en el acceso al poder era la riqueza. Para acceder al cursus honorum y ascender por él era necesario demostrar determinado nivel de riqueza. Teóricamente, ello se hacía para garantizar que el político (el senador, el edil, el cuestor, el cónsul) no tenía que trabajar para vivir, así pues se podía dedicar de lleno a la res publica. En realidad, sin embargo, aquella medida censitaria tenía como función mantener el poder en manos de una determinada clase, la de los patricios, de modo y forma que éstos, es decir las familias romanas de toda la vida, pudiesen, cuando les petase, dar alpiste a la nobleza ecuestre, a los tribunos de la plebe, a los itálicos o cualesquiera otros electrones de ese átomo llamado Roma y cuyo núcleo eran ellos. La República romana, por mucho que elementos como Suetonio o el emperador Claudio Druso Nerón Germánico imaginado por Robert Graves la recordasen como un régimen de libertades, no es sino el germen del Imperio. Pues el Imperio no es sino el resultado de una República en la que las circunstancias obligaron a dar a uno un especial poder sobre los demás: Mario por los galos, Sila por Yugurta y otras cosas, Julio y Pompeyo por las suyas y, finalmente, Augusto.

Desde Roma, cuando menos, existe el problema, o si se prefiere la gran pregunta filosófica, de si el político debe ser:

* O bien un profesional de la política,

* o bien una persona que pueda permitirse dedicarse a la política,

* o bien una mezcla de ambas cosas: alguien que tenga un modo de vida, pero también se dedique a la política.


Egipcios y griegos, que vienen antes de los romanos, no tienen ese problema, a mi modo de ver, cuando menos en la misma intensidad. Y Roma, que en buena parte es la civilización que formatea el disco duro de Occidente para que a partir de ahí se vaya llenando de datos (pero siempre con la estructura inicialmente establecida), no lo resolvió en modo alguno. Durante muchos siglos después de su civilización, el ámbito público y el privado se han mezclado sin problema en un inaprehensible potingue de poder. Ambrosio Spinola, por ejemplo, fue al mismo tiempo el commander in chief durante buena parte de la guerra de Flandes y su banquero (aunque a la larga el negocio no le salió muy bien). El asunto de los ejércitos en guerra es el mejor ejemplo de que el ejercicio del poder en una nación ha estado hasta hace muy poco reservado a los pudientes. Cuenta Jorge Vigón en su libro sobre el arma de Artillería en España que la misma ostentaba en el siglo XIX con orgullo su apellido de Real, que otras armas no podían llevar, porque en las guerras renacentistas y posteriores era costumbre que las únicas fuerzas militares que aportase el rey (esto es, el Estado) por sí mismo fuesen las artilleras; así pues, mientras caballeros e infantes eran en realidad propiedad del conde de tal o el barón de pascual, los artilleros eran reales. Todo lo demás, pues, ejército prestado.

Al menos hasta la Restauración, según tengo leído en algunos debates de las Cortes, el cargo de diputado era no retribuido. Los componentes del legislativo, por lo tanto, habían de ser gentes que se buscasen la vida de otra manera. Este esquema, que puede parecer excelente a todas las visiones que hoy quieren recortar los derechos de los diputados, es, sin embargo, en buena parte responsable de la intensa corrupción de la vida parlamentaria española, que solemos conocer como caciquismo. El diputado de la época era un señor de negocios, rara vez un profesional, que llegaba al escaño comprando votos o condicionándolos gracias a su dominio sobre el área de voto, y que, una vez llegado al hemiciclo, no apreciaba problema alguno en aprovechar esa posición para favorecerse en su vertiente de creador de valor añadido. En las Cortes había, desde luego, algunos freaks que vivían de lo que sus organizaciones políticas les aportaban, pero eran eso que los problemas de física del colegio llaman un rozamiento despreciable.

La II República española supuso la entrada en tropel en el Legislativo de maestros, obreros, mediopensionistas et altera. Es casi la primera vez (antes puede haber habido otros casos pero, como digo, no son relevantes) en la que se plantea una nueva cuestión: la reacción de la persona que vive mejor siendo político que siendo lo que quiera que fuese antes.

Miguel Maura, político conservador que colaboró en la llegada de la República, fue ministro de la misma y acabaría renegando bastante de ella, cuenta en sus memorias que, en cierta ocasión años antes de la República, durante sus vacaciones veraniegas en su hotel (hoy decimos chalé) cercano a Villalba, en la sierra madrileña, oyó que le llamaban por su nombre. «¡Maura, Maura!». Él contestó la llamada, pero la voz siguió con la cantinela como si él no hubiese dicho nada. Finalmente, se levantó, salió al jardín y buscó la procedencia de la voz. Acabó asomándose a la valla baja que lo separaba del chalé de al lado, donde descubrió a la criada de Pablo Iglesias que buscaba al perro del líder del PSOE, al cual don Pablo, en un rasgo de fino humor, le había puesto el nombre Maura (aclaración: esta anécdota es equivalente a que, a día de hoy, Zapatero tuviese un perro que se llamase Aznar).

De esta anécdota aprendemos tres cosas: Pablo Iglesias tenía perro, tenía criada y veraneaba en un chalé en la sierra. Evidentemente, no lo pagaba con su sueldo de tipógrafo.

Con la única excepción de personas como Iglesias, casi nadie antes de la II República, ni Silvela, ni Sagasta, ni Cánovas, ni Narváez, ni Mendizábal, ni Cristo que los fundó, se encontró en la situación de tener que vivir de ser diputado. El padre de Miguel Maura, Antonio, líder conservador durante muchos años, reunía a sus correligionarios de las Cortes en su propia casa; lo cual nos da el dato interesante de que cabían, así pues no era cualquier casa.

El mundo contemporáneo, históricamente, se ha movido, pues, entre dos preguntas a la vez complementarias y contrarias. Una es: ¿acaso el político que no cobra lo suficiente no se corrompe? Y la otra es: ¿acaso el político que cobra mucho no tiene la tentación de profesionalizarse?

En las últimas horas ha declarado el diputado catalán Josep Antoni Durán Lleida que las medidas que se están proponiendo de obligar a los diputados a declarar sus patrimonios y actividades y tal vez recortarles las pensiones están abocadas a crear un parlamento de gente pobre. En realidad, se equivoca. A lo que pueden llevar esas medidas, y la Historia del parlamentarismo español lo demuestra, es a crear un Parlamento de cresos, ya que sólo éstos podrán atender las sesiones sin que sus hijos pidan teta y no tengan.

La sociedad española actual tiene una relación de amor-odio con sus diputados que viene de largo. La polémica sobre el sueldo de los diputados es como los brotes de gripe; surge cada dos o tres inviernos con una enorme virulencia, y se disuelve de repente. En la Transición, la sociedad española vivió una luna de miel con sus diputados y senadores, especialmente los españoles de izquierdas al ver a los exiliados regresar a la casa común e, incluso, encontrarse nada menos que a Dolores Ibárruri presidiendo el Congreso por razones de edad. Los hombres de la Transición, etapa cívica donde las haya, tuvieron el civismo de no recordarle que en aquellas mismas bancadas, un día ya lejano, aquella misma mujer había amenazado de muerte a otro diputado...

Esa euforia, sin embargo, duró poco, y fue sustituida por el lento goteo que, desde más o menos la primera victoria del PSOE, ha ido cristalizando en todas esas formas de pensar que sustentan frases como «todos los políticos son iguales».

Los diputados se sienten agredidos por quienes se meten con sus sueldos, con sus pensiones, con sus actividades y sus patrimonios, convencidos como están de que les asiste la razón. Y les asiste: como digo, el diputado que se sostiene por sí solo no es otra cosa que un representante público con patente de corso para corromperse. Pero, lamentablemente para ellos, no acaba ahí la historia. Hay más cosas, todo un mundo de conceptos que nuestros representantes políticos tienden a desconocer.

Las críticas a sueldos y pensiones no son otra cosa que una fiebre; no la enfermedad. La enfermedad es el extrañamiento entre los ciudadanos y las personas que los representan. Y este extrañamiento es algo que los politicos han buscado con ahínco, porque les viene muy cómodo.

En los años de la Restauración, los distritos electorales eran pequeñísimos. Se era diputado por Priego, o por Cabra. Los padres de la República vieron clarísimo que ahí residía la clave del caciquismo; el señor de tal o cual demarcación, el hombre que daba empleo a la mayoría de los ocupados en los campos de trigo de que formaba parte, era quien, al fin y a la postre, decidía a quién se votaba, o sea a él. Por eso, la II República reformó el régimen electoral para ir a las circunscripciones provinciales. Dominar el electorado de Córdoba o de Cuenca ya no es tan fácil.

A esta decisión, que como digo data de la II República, se une otra, producida ya durante la Transición, que es la opción por las listas cerradas y el voto a mogollón. Si vives en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, para ti votar es votar a un par de decenas de señores de una vez, de los cuales apenas conoces a uno o dos, y eso con suerte.

Listas cerradas es una expresión absolutamente sinónima de profesionalización de la política. Las listas cerradas son la sopa de Oparin de donde nace el político profesional, el político que sólo es político porque, en realidad, es un señor cuya pervivencia en el puesto ya no depende de sus electores, sino de su jefe o líder, que es el que, al fin y a la postre, mece la cuna de la Comisión de Listas del partido que se trate.

Lo que ocurre en la España moderna es, pues, simple de formular: hemos cambiado el sistema por el cual el diputado lo era gratis et amore et corruptione; para mutarlo por un sistema en el que la inmensa mayoría de quienes tienen la posibilidad de ser diputados acceden con ello a un nivel de vida que no pueden pagar en su vida civil. Su nivel de vida, pues, se liga al hecho de que pervivan como Padres de la Patria, así pues están dispuestos a hacer lo que sea por permanecer. Votan disciplinadamente, critican lo que haya que criticar, hoy están en contra de A y mañana, cuando su líder cambia de opinión, apoyan A con la misma pasión con la que la atacaban 24 horas antes. Para muestra, las opiniones de tantos y tantos políticos socialistas sobre el desplazamiento de la edad de jubilación, que hace seis meses eran unas y hoy son las contrarias.

Contra lo que pueda pensar Durán Lleida, el sistema actual dista mucho de ser justo y mucho menos perfecto. Si las personas perciben que el diputado tiene privilegios no es tanto por la cuantía de éstos, sino por una absoluta falta de empatía hacia el representante público. Hoy, 2010, estamos como hace cien años, durante la Restauración, cuando los diputados, en puridad, no representaban a nadie salvo sus propios intereses y los de su partido (que, insisto, con listas cerradas, son la misma cosa).

A mi modo de ver, es importante que los representantes públicos entiendan esto. Entiendan que, lejos de encastillarse en que ellos tienen la razón, el hecho de que en un debate tan importante como el de las pensiones de lo que se hable sea de las que va a recibir un grupo de menos de 2.000 españoles, es algo a lo que conviene prestar atención. A mi modo de ver, prueba de lo desnortada que está la clase política española hoy es el orgullo con el que el propio Durán Lleida asevera que él no tiene otra actividad nada más que la de diputado. ¿Es eso una virtud? Para él, sí. Para mí, no. El día que el señor Durán sea colocado frente a la decisión entre una medida que puede salvar el empleo de 100.000 catalanes pero puede costarle el puesto (que es, como el mismo dice, su única fuente de ingresos), y otra más populista pero que a la larga los llevará al paro, ¿que motivo tiene exactamente para no elegir la segunda?

Como decía al inicio de estas reflexiones, estamos hablando de un problema irresuelto desde el lejano día en que Cayo Mario, un pijo de provincias sin pedigree patricio y con notable inteligencia militar, decidió romper con la pana del rígido sistema de representación pública de la República romana, y consiguió ser siete veces cónsul. Pero si la clase política no lo mira a los ojos, no reflexiona sobre él, no conseguirá otra cosa que extrañarse de sus votantes y acentuar el carácter de logia cerrada que ya tienen los partidos políticos, en grado sumo, en la hora presente. A mi modo de ver, esta crisis tan profunda, que lleva camino de cambiar tantas cosas, también debería provocar un cambio: el fin, o cuando menos la mutación, de la figura del español que es, de profesión, dirigente partidario y representante parlamentario.

Remember: la repugnancia hacia los partidos políticos fue siempre la principal gasolina de aquel motor que hoy llamamos franquismo.