jueves, febrero 12, 2009

Asilados (y 3)

El presidente de la República, don Manuel Azaña, estuvo con los embajadores en el papel que siguió casi desde el momento en que estalló la guerra: como queriéndose distanciar de su gobierno.

Los representantes diplomáticos estuvieron a verle a principios de octubre. Fueron los embajadores chileno y brasileño, éste último a pesar de que al parecer estaba enfermo. Fueron allí a pedir explicaciones de por qué el gobierno español no aceptaba el derecho de asilo. Y se encontraron, para su sorpresa, con que el Jefe del Estado español se descolgaba, si hemos de creer a Núñez Morgado, con una boutade de la leche.

-Soy tan partidario del derecho de asilo -parece que dijo- que si el general Franco me pidiese asilo, se lo proveería.

Azaña, según su opinión personal expresada en dicha entrevista, consideraba que la labor de las embajadas era encomiable y humanitaria, y les animó a que fuese tan amplia como les fuera posible.

Éste es otro síntoma, de los muchos, de que Azaña, ya en tan temprana fecha como octubre del 36, era un mero polichinela político que no contaba ni para nada ni para nadie. Cuando los embajadores le afearon el hecho de que España declarase en la Sociedad de Naciones que ampararía la salida de asilados del país pero luego la impidiese en la práctica, el presidente respondió mostrándose contrito, pero poco más. Por lo demás, los propios embajadores pudieron comprobar, el mismo día de la entrevista, cuán profunda era la sima del divorcio entre el gobierno y el jefe del Estado, pues tuvieron una breve entrevista con el ministro de Estado, Álvarez del Vayo; quien, lejos de apuntalar las ideas expresadas por Azaña, se limitó a insinuar que la postura del cuerpo diplomático no era la que expresaban sus representantes, pues al fin y al cabo el embajador de la URSS, Rosemberg, no era invitado a sus reuniones. Núñez Morgado se escudó en un formulismo para justificar que Rosemberg no hubiese sido convocado a las reuniones, aunque es más que probable que hubiese obviado al embajador soviético por incompatibilidad ideológica.

En todo caso, no era la URSS el único país, como sabemos, que disentía de la norma general. Estados Unidos, por ejemplo, informó en octubre de que no tenía ningún asilado en su legación, dada, dijo, su interpretación estricta del derecho de asilo (que muta en generosa cuando le conviene). Asimismo, Gran Bretaña tampoco se adhirió a ninguna de las comunicaciones del cuerpo diplomático al Ministerio de Estado porque, según dijo en la sesión de 28 de octubre de 1936, tenía órdenes terminantes de Londres de no mezclarse en nada relacionado con la guerra civil. Y velay que lo consiguieron.

A esta sesión de 28 de octubre asistió Rosemberg, el embajador de la URSS al que Largo Caballero acabaría expulsando de su despacho (gesto éste que le costaría el puesto). El embajador soviético trató de compartimentar el asunto del asilo. Argumentó que la interpretación generosa del derecho de asilo era algo propio de los países latinoamericanos, no los europeos, y que, por lo tanto, debían ser aquéllos los que se limitasen a aplicarlo. Aunque este movimiento está relacionado con la acción de varias embajadas, probablemente está muy relacionado con la de Noruega, cuyo representante, Félix Schlayer, se había mostrado muy activo en la aceptación de refugiados y, además, se había embarcado en un conflicto directo con el gobierno por la detención de De la Cierva (posteriormente sería asesinado) que había provocado incluso una protesta del gobierno español en Oslo.

Hay que romper una lanza en favor de la casi siempre insolidaria Francia, porque en este caso no lo fue. Lejos de amilanarse, el representante francés contestó a Rosemberg que eso que acababa de decir no respondía ni de coña al sentir de todos los países europeos. Pero, aún así, la URSS tuvo sus apoyos en la reunión. Fáciles de adivinar: Estados Unidos y Gran Bretaña, claro.

A principios de noviembre, conforme la presión de las tropas franquistas sobre Madrid se hace más opresiva, el gobierno decide, como es bien sabido, marcharse a Valencia. Y, siguiendo una norma lógica, se lo comunica al cuerpo diplomático. El traslado del gobierno supone un problema grave para los representantes diplomáticos, que no saben si marcharse o quedarse. Sobre todo los que tienen sus embajadas llenas de refugiados que, si ellos se marchan, quedarían en una situación más que embarazosa. Tanto el decano como otros embajadores latinoamericanos (Cuba, Guatemala), que son los más implicados en el asunto de los asilados, apoyan con vehemencia la necesidad de quedarse. A partir de ahí, en un Madrid en el que no ha quedado demasiado claro quién manda, el cuerpo diplomático y el Colegio de Abogados de Madrid iniciarán relaciones para tratar de garantizar la seguridad de las cárceles y de la ciudad en general. En estas gestiones, según los testimonios existentes, llegó a plantearse la posibilidad de generar una especie de zona internacional, libre de bombardeos, donde se pudiesen concentrar los civiles; incluso hubo una radio que, al parecer, distribuyó la noticia de que Franco aceptaría que el paseo de la Castellana y el barrio de Salamanca fuesen utilizados para ese fin. Sinceramente, me cuesta creerlo. Además de ser impacticable pues, como también comprobaron los miembros del cuerpo diplomático, nada más difundirse esta noticia, se colocaron metralletas en los altos de los edificios de la plaza del Marqués de Salamanca, signo inequívoco de que la eventual zona neutral, de haber existido, habría sido aprovechada por las tropas republicanas, eliminando con ello su significado.

El 19 de noviembre, llega al cuerpo diplomático la orden de desalojar las embajadas de Italia y Alemania, en las que hay refugiadas unas 65 personas, 20 alemanas y el resto españolas. El cuerpo diplomático exige, y obtiene, del general Miaja garantías para su traslado. Estos refugiados debían repartirse entre las legaciones de Chile, Rumanía, Noruega, Cuba, Holanda, Suiza, y otras.

El cuerpo diplomático acabó protestando por lo que consideró pasotismo de Miaja, contrario a sus promesas. El día del traslado de la embajada alemana, las tropas que el general había comprometido no aparecieron; los que sí aparecieron fueron milicianos, en varias decenas. Cuando menos de momento, no he podido establecer si hubo muertos por los disparos producidos. Los testimonios que he leído hablan de que se logró sacar a 22 personas de la embajada pero, dado que la cifra de 65 es conjunta con la italiana, no me es posible saber cuántos lo intentaron.

Madrid, en ese momento, está de los nervios. Es fácil de entender. Que nadie cree que vaya a resistir lo demuestra el valiente gesto del gobierno tomando las de Villadiego. Así que los que han quedado en la capital, o son vehementemente frentepopulistas (y revanchistas; de ahí los temores de los diplomáticos y los abogados sobre la seguridad de las cárceles), o están ahí obedeciendo órdenes y ligeramente encabronados por la perspectiva de palmarla. Es en este contexto en el que hay que entender el gravísimo incidente que se produce en la noche del 3 al 4 de diciembre, cuando la Delegación de Orden Público, al frente de la cual se encuentra Serrano Poncela, ordena que se entre en la embajada de Finlandia y se la desaloje.

Hay que tener mucho cuidado al juzgar estos hechos. La tentación fácil es cargar contra el gobierno español (más concretamente, contra las autoridades de Madrid) por tamaño atropello. Pero lo cierto es que el asunto es más complicado pues, al parecer, los refugiados en la embajada de Finlandia habían sido captados por un funcionario español que no tenía el estatus de jefe de misión y que, al parecer, cobraba por sus humanitarios servicios. A mi modo de ver, el hecho de que la medida tomada por Orden Público fuese tan casuística (es decir, se dirigió a la embajada de Finlandia, y no a las demás) sugiere que no hay detrás un intento general de sacar a todos los refugiados, sino algún tipo de desacuerdo, hay quien dice que incluso crematístico (pues parece que el asilador pagaba a fuerzas policiales para que le dejasen en paz) en la movida.

Pero hay otras interpretaciones. El embajador de un país tan poco sospechoso de profranquismo como México sostuvo, acerca de este evento, que se trataba de una llamada de atención de Serrano Poncela a todas las legaciones, pues quería solucionar lo de los refugiados a las bravas (recuérdese que no pocas personas pensaban en aquellos días que en unas pocas semanas Madrid sería de Franco).

Lo que sí quedó claro de todo este incidente, para desdoro de la República, es que una legación extranjera había sido violentada. La razón aportada por el gobierno, a través del Ministerio de Estado, es de chiste: en la legación había rebeldes armados que, al paso de unos milicianos, les tiraron bombas desde la terraza. En efecto, cuando has sentido el aliento de la muerte en la nuca; cuando has pensado que te van a llevar por ahí y te van a fusilar en cualquier arcén e, in extremis, consigues salir de casa, llegar a una embajada y ocultarte en ella, sin saber a ciencia cierta si algún día podrás salir vivo de allí, lo que más te apetece es salir a la ventana a tirarle lapos y bombas a los milicianos que pasen por la calle Fernando el Santo.

El año 37 estuvo ya presidido por la cuestión de la evacuación de los refugiados, una vez que la presión sobre las legaciones descendió cuando la situación de Madrid se estabilizó. En abril de 1937, por ejemplo, salieron dos expediciones de refugiados en la embajada chilena. El resto de las legaciones evacuaron a la mayoría de sus refugiados a lo largo de aquel año. Pero cuando Franco entra en Madrid, el 28 de marzo de 1939, todavía quedaban en la embajada chilena 700 personas.

El asunto de los refugiados en las embajadas de Madrid es un feo asunto para la República por muchas y variadas razones. La primera, su resistencia a aceptar el principio de asilo, que es un principio de lesa humanidad que, en realidad, lo que debemos sentir, a mi modo de ver, es que no se aplique más veces (en Ruanda, por ejemplo). Oponer tecnicismos de derecho internacional para amparar el hecho de que civiles desarmados puedan ser apresados, paseados y asesinados es, simple y llanamente, repugnante.

La segunda razón por la que fue un feo asunto para la República es por los daños que causaron a su imagen los diversos hechos con que se jalonó la polémica. El inexplicable (por estúpido) asesinato de los sacerdotes colombianos; el ofensivo (por simbólico) asesinato del descendiente del Almirante de la Mar Océana; y la inaceptable (por antijurídica) invasión de la legación finesa, son hechos que no ayudaron precisamente a construir la imagen de un gobierno puramente democrático agredido por unas fuerzas reaccionarias. Lejos de ello, a la luz de estas movidas, la República apareció más bien como un régimen incapaz de mantener el orden en su seno y, consecuentemente, poner en su sitio a la violencia obrerista. Claro que, probablemente, es que los hechos reales se acercaban bastante a esta descripción.

¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? Sí, sin duda. De haber usado la República para sus relaciones exteriores a personas más moderadas y más, por así decirlo, jurídicas que las que utilizó, probablemente la actuación habría sido otra. Lamentablemente para la República, ésta no fue ni siquiera la peor torpeza que cometió.