Doping; (4: la década de la vergüenza)

De esta serie se ha publicado ya un primer, segundo y tercer capítulo.

Los Juegos Olímpicos de verano de Montreal iniciaron la lista, bastante más larga de lo que se pretende, de olimpiadas catastróficas. A los canadienses les costó un Congo organizar aquellos juegos; han tardado más de un cuarto de siglo en pagarlos, con retornos bastante más que discutibles. En materia de doping, tampoco es que fuesen como para tirar cohetes; más bien, la cosa fue como para meterse esos mismos cohetes por donde amargan los pepinos, y prender la mecha. Lo primero que faltó en los juegos de Montreal fue la realización previa, por parte de los comités nacionales, de pruebas razonables contra el doping. Y, allí donde se hicieron, no sirvieron de nada. En los juegos de calificación estadounidenses de Eugene, Oregón, 23 atletas, que se dice pronto, no pasaron el control antidoping; ni uno de ellos fue sancionado y todos aquellos que se ganaron la calificación, cruzaron la frontera con Canadá como unos pichis.

A lo largo de los juegos se recogieron 1.800 muestras de orina para realizar pruebas convencionales de localización de drogas. Se obtuvieron tres resultados positivos. De las 275 pruebas sobre el uso de esteroides anabolizantes, ocho dieron positivo. Dos de estos positivos fueron suspendidos: los halterófilos estadounidenses Mark Cameron y Phil Grippaldi. De nuevo, se montó la de Dios es Cristo en el Comité Olímpico Estadounidense. Su presidente, Philip Krumm, se declaró muy desagradablemente sorprendido por la suspensión de Cameron, y se quejó de que los equipos no hubiesen sido avisados de que se iban a hacer los controles (sí; así iban los temas, entonces, con el tema del doping. Si te voy a investigar por corrupto, me lo tienes que avisar antes) o de que las dos suspensiones hubiesen sido hechas públicas antes de informar al propio USOC. Los americanos, en todo caso, no fueron los únicos. El presidente del Comité Olímpico polaco, Boleslaw Kapitan, puso el grito en el cielo cuando, seis días después de acabados los juegos y tres semanas de haber recibido su medalla de oro, el halterófilo de aquel país Zbigniew Kaczmarek, fue suspendido por doping.

El problema de los polacos era bastante evidente: la eliminación de una medalla que ya consideraban suya. Pero el problema de los estadounidenses era otro: en aquellos juegos de Montreal, ni un solo atleta de la República Democrática Alemana fue sancionado ni total ni parcialmente; a pesar de lo mucho que sabemos hoy en día sobre lo petados de drogas que llegaron a aquella convocatoria. Lo lenitivo del comportamiento del olimpismo hacia el evidentísimo escándalo de la RDA (como competidores y periodistas señalaron repetidamente durante aquellos juegos, y cualquier filmación de las muchas que hay puede confirmar, la mayoría de las nadadoras germanodemocráticas eran más grandes y masivas que los competidores de sus compañeros) tuvo unas consecuencias deplorables para la limpieza del deporte. El saltador de palanca estadounidense Willie White lo dijo con evidente claridad: «si hemos de competir con atletas sintéticos, nosotros mismos deberemos ser atletas sintéticos». Consecuentemente, el USOC aprobó la creación de un comité, presidido por el cirujano cardiovascular Irving Dardik, encargado de investigar el uso de métodos médicos y científicos para mejorar el rendimiento de sus atletas. El objetivo del comité incluía el uso de drogas para mejorar el rendimiento muscular.

Los Juegos Olímpicos de Moscú llegaron en 1980 sin que el COI hubiese sido capaz de desarrollar un régimen eficiente de chequeo contra el doping; lo cual, tras lo que acabamos de escribir, no ha de extrañar a nadie pues, en realidad, en el seno del movimiento olímpico, y tras las experiencias de Munich y Montreal, no había nadie, salvo quizás el príncipe De Merode y eso con muchas dudas, que estuviera realmente implicado en la idea de desterrar el uso de drogas en el deporte de elite.

Alexander de Merode, en una declaración que debería pasar a la Historia del deporte por lo pollas, afirmó que los juegos de Moscú fueron «los más puros de la Historia» desde el punto de vista del doping. Lo dijo porque ni a un solo atleta le fue localizado el uso de drogas prohibidas; pero eso, en realidad, fue así porque los controles de Moscú fueron un puro cachondeo. Por su parte, los Estados Unidos, aunque ausentes en los juegos, o quizás más bien aprovechando esa situación, estaban para entonces desarrollando soluciones químicas para sus atletas, pensando en la convocatoria de 1984 en Los Ángeles, donde se sentían obligados a darle una pasada a sus competidores del Este. Además, estaba el hecho de que los juegos de 1984 fueron unas olimpiadas a la americana, esto es, diseñadas desde el minuto uno para dar dinero.

Estados Unidos, en efecto, siempre ha tenido muy claro que con unas olimpiadas se puede llegar a palmar pasta a paletadas (y si no, que se lo digan a los canadienses, o a los griegos), pero que ése no es su caso. Todo, en los juegos olímpicos celebrados en Estados Unidos en las últimas décadas, está subordinado a la consecución de beneficio económico. Y el beneficio económico, en Los Ángeles, era directamente incompatible con una política estricta antidoping que tuviese como consecuencia que semidioses del deporte que hubiesen recibido medallas y aplausos y admiración y titulares en los periódicos resultasen, días o semanas después, señalados con el dedo de la acusación (y no se equivocaban: Ben Johnson perdería, años después, una auténtica fortuna nada más ser acusado de haberse dopado).

La década de los ochenta, por lo tanto, transcurrió en medio de una clara falta de sensibilidad hacia el doping, mientras el movimiento olímpico, en realidad, se fijaba en otras cosas. Y es que, inevitablemente, el peligro de quiebra del movimiento olímpico no se estimaba pudiera venir del tema del doping, sino de los gravísimos desencuentros provocados por la Guerra Fría, y que provocaron las series de boicots producidos según los Juegos fueran en el Este, o en el Oeste.

En este entorno, el uso del dopaje era descarado. Frank Shorter, segundo clasificado en la maratón de Montreal y miembro del equipo de EEUU, fue preguntado por los periodistas sobre si pensaba ganar la prueba cuatro años después, en Moscú. Shorter, con total desparpajo, respondió: «Por supuesto; he encontrado unos doctores estupendos». Aquello era tan descarado y tan industrial, que John Anderson, médico jefe de la delegación estadounidense, afirmó que el doping en Moscú amenazaba con acabar con el movimiento olímpico (pero eso no pasó, claro, porque ya se encargó el COI, y el comité soviético organizador, de que los de Moscú fuesen «los juegos más puros de la Historia»).

Los resultados de Moscú fueron tan buenos, entre otras cosas, porque la RDA, para entonces, había modificado sus protocolos químicos, de forma que en las últimas semanas antes de competir se administraba a sus atletas Testosterone-Depot y otros compuestos no detectables en los análisis. Para entonces, el puesto más importante de todos los equipos atléticos de los países más importantes eran los expertos farmacéuticos que definían el momento exacto en que el atleta debía dejar de tomar drogas prohibidas para tomar otras, o tomar hormonas.

Al COI todos estos temas se la fumaban, porque no eran públicos. Pero la cosa se puso peor cuando Renate Neufeld, una velocista de la RDA, se las arregló para desertar a Occidente llevando consigo las píldoras que le hacían tomar. Los análisis demostraron que se trataba de anabolizantes esteroides.

Así las cosas, a nadie le extrañará que las autoridades soviéticas asegurasen al COI que todas sus regulaciones antidoping serían «estrictamente cumplidas» durante los  juegos del Osito Misha. El COI, ya lo sabemos, no sólo lo creyó, sino que defendió que así había sido. Eso sí, un cuarto de siglo después, en el 2003, Michael Kalinsky, que había sido director del departamento de bioquímica de la Universidad del Deporte de Kiev, facilitó un documento que detallaba el programa soviético para administrar esteroides anabolizantes a sus atletas.

Ni un solo atleta en aquellos juegos dio positivo, a pesar de los más de 8.000 análisis realizados. Pero, en realidad, todo lo que hicieron los atletas fue cambiar a la testosterona en el momento adecuado.

En realidad, si el movimiento olímpico internacional tuviese lo que debiera tener, no es que debiera recuperar aquellas muestras, analizarlas de nuevo, y quitarle las medallas y récords a los que hoy den positivo. Como han indicado diversos estudios sobre la materia, difícilmente habrá un medallista en Moscú, no desde luego uno de oro, que merezca su premio.

Lo que habría que hacer con los juegos de Moscú, Montreal y Los Ángeles, sería eliminarlos de la lista. Como si nunca se hubiesen celebrado.

Esclavo de uno mismo

En este enlace, donde se listan las colaboraciones que Arturo Pérez-Reverte realiza bajo el título Patente de corso, encontrará el lector ya hasta cinco capítulos que el escritor y académico ha publicado bajo el conceto de Una historia de España. Yo los he ido leyendo a salto de mata, porque considerando mis aficiones y las de muchos de mis amigos es prácticamente inevitable que acaben apareciendo en mi muro de Facebook, así pues difícilmente puedo estar desinformado de su aparición. Y, conforme los voy leyendo, más me voy decepcionando.

Mi decepción es más profunda teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, yo soy también, un poquito, de esa escuela. A mí me gusta, aunque algunas veces haya lectores a los que no, usar palabras malsonantes en mi discurso. Sinceramente, creo que las construcciones correctas y sutiles no son capaces de captar, a menudo, los hechos históricos. Lo que había en la Corte española durante los últimos meses de la vida de Carlos II era una zapatiesta de la hostia; cualquiera puede escribir un notable enfrentamiento entre banderías, pero, a mi modo de ver, captará menos la esencia de los hechos. Además, la Historia, tal es mi parecer, hay que escribirla en el lenguaje de quienes pretenden entenderla, porque si no, quienes la describen no consiguen su objetivo.

Otro elemento que a mí me parece notablemente útil al hablar de hechos pasados es acudir a ejemplos presentes para describirlos. Si alguien escribe que Franz Lizst era el Justin Bieber de su tiempo, no miente. Se ganará, probablemente, la enemiga de los melómanos estrictos, que verán en la comparación una grave afrenta a la figura del pianista decimonónico. Sin embargo, Lizst no sólo era famoso en su época por las piezas que componía o por cómo tocaba el piano, sino también por lo bueno que estaba. Las señoras de la sociedad sobre todo parisina, de hecho, iban a sus audiciones a desmayarse, exactamente igual que hacen sus tatara-tatara-tataranietas adolescentes en los conciertos de Bieber (o sus madres en los de los Beatles). Franz Lizst era un señor que tiraba absolutamente a todo lo que se movía; que además tenía una belleza bohemia, de malote macarrilla, de ésas que siempre le ha hecho tilín a las tías; y, además, solía tocar piezas al piano petadas de stacatti que él tocaba como nadie, arrobándose, moviendo la melena en sentido sur-suroeste con la violencia de los compases, entrando como en trance; cosa que se comunicaba a sus espectadoras, que se desmayaban de la emoción.

Ambas cosas, lenguaje coloquial y arrastre del pasado hacia el presente, son elementos que yo reputo fundamentales para hacer que la Historia sea interesante para el lector; para que el lector pase del segundo párrafo, que es la apuesta que hace todo blogger cuando escribe. Pero, exactamente igual que le pasa al competidor de Moto GP, existe el peligro de pasarse de frenada, o de acelerada. Esto es lo que, en mi opinión, le ha pasado a Pérez-Reverte.

Este hombre da la impresión de  haberse desdoblado. De modo y forma que, ahora mismo, tenemos al Arturo Pérez-Reverte ciudadano con DNI, por un lado; y al personaje Arturo Pérez-Reverte por otro, que es un tipo que coloca borderías en su discurso, dos o tres por minuto, cuadren o no; y que se ha convertido en una especie de apóstol de la Historia contada a los gentiles. Es lo que parece que intenta en la serie que se puede leer en el enlace.

El problema para esta forma de actuar es que supone doblar la Historia como una lámina, unir los puntos de espacio-tiempo al escribir sobre ellos, y convertirlo todo en hechos comprensibles desde el lenguaje de hoy, y también desde la forma que hoy se tiene de ver las cosas. Un ejemplo de su último artículo: «Y fue el caso, o sea, que mientras el imperio se iba a tomar por saco entre bárbaros por un lado y decadencia romana por otro, y el mundo civilizado se partía en pedazos, en la Hispania ocupada por los visigodos se discutía sobre el trascendental asunto de la Santísima Trinidad. (...) O sea, cristianos convertidos por el obispo hereje Arrio, que negaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieran los mismos galones en la bocamanga; mientras que los nativos de origen romano, católicos obedientes a Roma, sostenían lo de un Dios uno, trino y no hay más que hablar porque lo quemo a usted si me discute».

La primera idea que transmite este párrafo es la idea de una Hispania embarcada en una discusión bastante pollas (la de la Santísima Trinidad, que me perdonen mis lectores creyentes, lo es, y bastante. Porque la naturaleza de Dios, aun creyendo en Él, es un hecho tan inaprehensible que los hombres no deberían osar discutir sobre ella) mientras el resto del mundo va a otra bola. Ambas cosas son mentira. La discusión doctrinal sobre la naturaleza de Jesús (digámoslo así, con más exactitud; porque la discusión del arrianismo no es, propiamente hablando, una discusión sobre la Trinidad, sino sobre si el señor que bajó a la Tierra a lavar el pecado de la Humanidad era hombre, Dios, hombre-Dios, Dios-hombre, o qué) ni nació en Hispania ni tuvo en Hispania su principal teatro de desarrollo. De hecho Arrio, que era libio, encontró los apoyos fundamentales a teoría en las iglesias de la costa asiática de la actual Turquía, en la propìa Libia, en Egipto, y en Constantinopla.

A mi modo de ver, un perito en Historia, yo honradamente no sé si así se reputa a sí mismo Pérez-Reverte, debería contar esta movida con el significado que tuvo. Y no es necesario salirse de los ejemplos contemporáneos para hacerlo. Porque exactamente igual que en guerras contemporáneas que «vendemos» como conflictos religiosos cuando en realidad hay mucho subsuelo social y de otro tipo (piénsese en las guerras de musulmanes contra hindús; o en los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en Líbano), en la era de la Hispania visigoda lo que había en el mundo era un enfrentamiento cada vez más amargo entre dos bloques, el viejo imperio de Occidente y el de Oriente; que tomaban la cuestión de la naturaleza de Jesús como punto de fricción. Aquella era una lucha de poder, de zonas de influencia; y una Hispania arriana estaba, simple y llanamente, descolocada; era una bomba bizantina cebada en el patio de atrás del Papa (de hecho, en aquel entonces los bizantinos controlaban importantes áreas del Levante español). De hecho, para mí la conversión de Recaredo es la primera decisión española de nuestra Historia. Porque Recaredo, tal es mi idea, no se convierte porque se da cuenta de que la mayoría de la sociedad hispana de la época es cristiana niceica. No. Se convierte porque se da cuenta de que, solo, no va a poder garantizar la unidad de la península, así pues teme que le ocurra desde los Pirineos lo que acabará ocurriéndole a Don Rodrigo desde Marruecos. Y busca, por lo tanto, una alianza táctica con el otro gran poder fáctico de aquella Hispania, la Iglesia; alianza en la que los obispos le piden, a cambio, la conversión.

Así pues, da la impresión de que una tesis de partida (en España siempre hemos andado centrados en nuestras querellas y nos ha importado un culo lo que pasaba en el mundo) va siendo confirmada por el escritor con los datos; sean los datos proclives a la dicha confirmación, o no.  

Por lo demás, supongo que es ser muy tiquismiquis, pero la expresión «cristianos convertidos por el obispo hereje Arrio», se tiene muy poco. El ejército arriano no se nutría de aquéllos que eran «convertidos», o sea nuevos cristianos. Buena parte de su grey estaba formada por obispos de diversas diócesis (que, por lo tanto, ya eran cristianos) y sus correspondientes parroquias, que llevaban siendo cristianas, en no pocos casos, desde los tiempos de Pablo, o de Barnabás, de Orígenes, o de Tertuliano. Segunda cosa, Arrio no era un obispo hereje. Era un obispo que después de ser obispo, vio condenadas sus teorías. La expresión «obispo hereje» parece querer decir que, cuando Arrio desarrolló sus teorías, era consciente de estar montando una herejía. Y no hay tal, entre otras cosas porque teorías parecidas a las de Arrio, véase el docetismo, o el maurinismo, sin ir más lejos, convivieron en el mundo cristiano durante mucho tiempo, dejaron su huella en las páginas de los padres de la Iglesia, como Tertuliano; y no eran consideradas herejías propiamente hablando.

Con todo, ya lo que más llama la atención de este párrafo es eso de «y no hay más que hablar porque lo quemo a usted si me discute». Se dice, aunque no se sabe, que Arrio pudo morir envenenado. Pero lo que no murió, fue quemado. Como tampoco murieron sus seguidores; el emperador Constantino los condenó a muerte, pero fue ésa una condena más formal que otra cosa. La práctica de quemar a los herejes no se llevaba entonces. Ésta es, de hecho, una de las muchas cosas que se pueden recordar a un contertulio cuando te dice eso de que la Edad Media fue la pera limonera del oscurantismo y la violencia y, sin embargo, en el Renacimiento triunfó el Amor Humanista y el Buen Rollito Respetuoso. De todas formas, que nadie se llame a engaño, que ser judío en España en tiempos de los reyes godos no era ningún chollo.

Este párrafo, de los varios que he subrayado en estas cinco crónicas del insigne académico, es, para mí, una buena prueba de que una cosa es ser fiel al estilo propio, y otra distinta convertirse en esclavo de él. Hay mucho camino que recorrer en la explicación de la Historia, pero es un camino que debe hollarse con mucho cuidado, porque está minado. Minado de errores bienintencionados y, también, de puras y simples imbecilidades.

Es lo que hay

Las primeras noticias que leo hoy apuntan a que, a mediodía, el Consejo de Ministros anunciará una nueva reforma del sector eléctrico. Periodistas generalmente bien informados sobre esta cosa aseguran que esta reforma mantendrá el déficit tarifario, una vez que en el seno del gobierno el ministerio gastador (Industria) ha perdido la batalla con el ministerio pagador (Hacienda) a la hora de que el presupuesto público se comiese su parte del dicho déficit.

¿Por qué hablar de este tema en un blog de Historia? Pues porque es Historia. Tengo por casa un librito que recoge las actas de un Congreso Nacional del Carbón celebrado en 1925. Las conclusiones del dicho congreso son notablemente enternecedoras. La que más me gusta es aquélla que habla de que, a partir de ese momento, los vehículos militares españoles a carbón (o sea, los barcos) deberán moverse quemando carbón nacional. Dicho de otra forma: se le carga al presupuesto público (porque los barcos de nuestra Armada no se financian con donaciones de Militaristas Sin Fronteras, sino con los impuestos de todos) la merdé de que el carbón español no es suficientemente competitivo respecto de sus competidores extranjeros. Repetimos: estamos hablando de hace 90 años.

A los defensores de lo público les encanta hablar de los fallos del mercado. De que lo privado no es que no sea perfecto, es que es notablemente imperfecto. Si dejamos que sea el mercado el que rija las cosas, nos dicen, los enfermos pobres serán echados con cajas destempladas de los hospitales, sólo los ricos serán abastecidos de alimentos en sus mercados, etc. La verdad, que el mercado tiene fallos es algo que los economistas, sin necesidad de ser antiliberales, saben ya hace mucho tiempo; porque la economía, señores, o el mercado si lo prefieren, no deja de ser algo que diseñan y manejan seres humanos, así pues hereda toda la patulea de sentimientos encontrados y estulticia rampante de la que hacemos gala los humanos average.

Lo que me sorprende es que a esas mismas voces no les gusta nada hablar de los fallos de lo público. De hecho, es la suya una geometría publicocéntrica que tiene muchos teoremas y un axioma, o sea, un concepto que no se demuestra por su obviedad: lo público siempre gestiona en bien de la colectividad. Si, por poner un ejemplo tonto, el sistema de educación es público, trabajará por una sociedad alfabeta, cultivada y con sentido crítico; no como la educación privada, que como todo lo que le interesa es el beneficio, dejará a sus alumnos más secos que la mojama con tal de ganar dinero (es lo que hacen, todo el mundo lo sabe, en Harvard, la mayor fábrica mundial de estúpidos que no sirven ni para pegar mangas).

Tengo por mí que es por eso que cuando menos entre mis conocidos más publicófilos no gusta mucho hablar del sistema energético español; esto es, quiero yo pensar, porque el sistema energético español es la mejor de las demostraciones posible que tenemos en nuestra Historia reciente de que el ámbito público no sólo puede fallar, sino que falla. Y falla mucho. No es que sea capaz de gestionar aparte del interés público; es capaz de gestionar contra dicho interés.

A principios del siglo XX, según cuenta Juan Verlarde en su libro sobre la Historia contemporánea de la economía española, la pérdida de Cuba, y consecuentemente de su zafra azucarera, impulsó en España la molturación de la remolacha que permitiese sustituir aquella fuente de azúcar que ahora se había, repito, perdido. Pocos años después, la reacción había sido tan fuerte que el sector azucarero estaba saturado y, por eso, se redactó y aprobó una Ley Azucarera en virtud de la cual, en España, para poder poner una industria de azúcar, era necesario que el Gobierno te diese autorización. Ahí sitúa el profesor Velarde el nacimiento del intervencionismo estatal en la economía hispana.

Desde aquel lejano día, hace ahora cien años, hasta el presente, ha sido en el fondo el mismo principio el que ha regido la actuación de los gobiernos: la licitud y necesidad de que el Estado sea quien diseñe el crecimiento y evolución de las actividades económicas, para garantizar que éste se produce sin fallos de mercado. Y el sector energético ha sido, tal vez, el teatro principal de esta filosofía. En los últimos noventa años, de hecho, el Estado no ha hecho sino intervenir en el sector energético: conservando el empleo y la actividad en las cuencas carboníferas, levantando pantanos a tutiplén y, ya en los últimos tiempos, concibiendo la provisión de electricidad a empresas y familias como una actividad consistente en que una serie de empresas privadas y públicas (Endesa lo ha sido durante décadas) no hacían sino actuar en un tablero predefinido por las normas.

El entorno habitual de la normativa económica es como las reglas del ajedrez: los operadores privados, que son los que van a jugar la partida, deciden el tablero y las piezas. Y el actor público se coloca en medio para impedir que a uno o dos de los jugadores se les ocurra acordar que, de repente, el alfil sólo va a poder mover una casilla cada vez, o que el rey se va a poder enrocar con los caballos. A partir de ahí, la cosa se queda en que seas tan malo al ajedrez como yo, o seas un Kasparov de la vida.

El sector eléctrico es diferente. En el caso del sector eléctrico, el operador público se ha arrogado competencias mucho más amplias. Por ejemplo: a mitad de la partida, darle un manotazo a las fichas, coger el tablero, poner otro encima de la mesa y declarar: «ahora jugáis a la Oca». Sus razones para ello son dos: una, que el sector energético es estratégico para cualquier economía, cosa que me parece innegable. Otra, que el Estado, consecuentemente, es responsable de definir de qué manera se produce y distribuye la energía, para así garantizar un suministro suficiente y coherente con otras cosas; notablemente, la defensa del medio ambiente y de las producciones nacionales. Este segundo concepto me parece ya mucho más discutible.

El actor más adecuado para garantizar un suministro suficiente es el Estado, desde luego. Pero sus capacidades a la hora de garantizar que sea competitivo son muy limitadas, cuando no nulas. Por definición, todo aquél que maneja recursos propios propende más a ser competitivo que aquél que tira con pólvora del rey y/o lo que hace es regular el uso de recursos que no son suyos. La mejor forma de garantizarse que un sector, sea éste el energético o la fabricación de púas de bandurria, genera su producción en las menores condiciones de coste posibles, es dejar que en ese sector entren cuantos más competidores privados, mejor. Y que nadie se engañe pensando que eso nos lleva a la pura selva del capitalismo rabioso, contaminante y socialmente inequitativo; porque aun dejando en manos de los operadores privados la propensión a la competitividad, el actor público retiene notables cotas de poder.

La industria china contamina. Contamina un huevo. Pero eso es porque, desde luego, hay unos industriales a los que las emisiones de CO2 se la fuman; pero, sobre todo, porque hay un poder público al que se la fuma el doble. Cuando tú quieres que tu sector no contamine, le dictas normas técnicas que le obligan a tener en sus fábricas un esmorciador trifásico tragahumos marca ACME, o le pones un impuesto sobre las emisiones, o directamente le prohíbes trabajar en determinadas circunstancias que te parecen excesivamente contaminantes. Una vez que has hecho eso, el sector privado coge los decretos, se los lee, y busca un nuevo punto de maximización del beneficio con las nuevas circunstancias. Entonces el Estado observa cuál es el resultado del nuevo statu quo, y pueden pasar dos cosas. Una es aquello que dice el Génesis: «Y vio que era bueno». Otra, que haya cosas que aun no le gusten. Entonces, de nuevo, decreto al canto. Y nuevo punto de maximización del beneficio calculado por los operadores privados.

La regulación eléctrica española, tal y como yo la veo, ha ido, va y me temo que seguirá yendo, más allá. Es una regulación en la que el punto de maximización del beneficio no es calculado por los operadores privados, sino por el operador público. El Estado, o más bien los gobiernos, actúa de tal manera que la conclusión tenga que ser una. El caso más claro de esto es la moratoria nuclear, una decisión por la cual un gobierno quiebra la lógica inversora de un sector energético que ha concluido que la energía nuclear es la que tiene mayor capacidad de garantizar un suministro constante a costes razonables (hoy es el día, de hecho, que es la fuente de electricidad en España que más horas curra). Como al Estado esa decisión no le gusta y además asume el principio de los grupos ecologistas de que la defensa del medio ambiente justifica esos niveles de intervención; apoyado en esas dos cosas, digo, el Estado decide una moratoria que convierte en inservibles una serie de inversiones ya realizadas o comprometidas. Hay una diferencia entre regular cómo se produce y regular si se produce o no. Esa diferencia prácticamente no existe en la regulación energética; como no existió en la Ley Azucarera, como no existe en el entramado de ayudas al carbón.

La moratoria nuclear, que no sé si lo sabes lector pero es una cosa de hace un cuarto de siglo que sigues pagando a día de hoy; la moratoria nuclear, es decir la decisión de que no se va a producir energía nuclear aunque los productores quieran producirla, ha venido a juntarse con otra decisión, que es que se van a producir energías renovables aunque los productores no quieran producirlas. Por considerar a una viciosa y a las otras virtuosas, se han tomado dos decisiones contrarias que tienen la misma naturaleza: aquí se produce, no como (condiciones de seguridad, límites de contaminación, etc.) digo yo, sino lo que digo yo.

Como las energías renovables tienen problemas para competir con las otras, el principio general de que los productores no quieren producirlas se ha de equilibrar con una de dos medidas. Una sería crear una Empresa Nacional de Energías Renovables y, desde el capital público, asumir esa parte del mercado de producción que la empresa privada no considera rentable. Ojo, que esta jugada no siempre ha salido mal; ahí están Endesa y la vieja Inespal (a Telefónica no la considero, que ésta tuvo la insignificante ayudita de operar en monopolio) como demostración de que, a veces, apostar por algo por lo que los listillos del sector privado no apuestan, es buena cosa; basta con ver en el largo plazo. La otra solución es hacer rentable a los ojos del inversor lo que no lo es. En otras palabras: una subvención o, como se denomina mayormente en este mundillo eléctrico, una prima.

Un gobierno español tomó, hace no mucho tiempo, una decisión. No es ningún secreto porque la predicó a los cuatro vientos y hasta hizo una ley completa que se suponía que regulaba el proceso (porque, sí, en España ha habido, probablemente hay, y seguro que seguirá habiendo, gobiernos que creen que la evolución del modelo económico es algo que se puede decidir en el artículo ocho de una Ley Orgánica, que se puede votar en el Parlamento; que es, pues, objeto del pacto político). Esa decisión fue que el modelo productivo y económico español, una vez perdido el sustento del sector de la construcción, se asentaría sobre el sector de las energías renovables. Cualquier persona que se vaya a la página del INE, se coja la Contabilidad Nacional por sectores y la EPA y eche cuatro sumas, descubrirá, a mi entender, lo difícil de ese reto; porque para crear un puesto de trabajo en la construcción hace falta generar como la tercera parte de valor añadido del que hace falta en el sector energético; por lo que un modelo económico basado en la energía, ya no digo en las renovables sino en la energía como un todo, tiene que poner el PIB el triple de cachondo que la construcción para poder absorber todo el desempleo que ha salido de los tajos (esto sin mencionar el pequeño detalle de que, como tenemos un sistema educativo que es un creador non-stop de la generación mejor preparada de la Historia y tal, dicha absorción tampoco está tan clara...) Con todo, el  problema fundamental era otro; era que las energías renovables no eran capaces de ser tan rentables como sus competidoras. Para evitar eso, ese minus de competitividad se compensa, como se compensa el minus de competitividad del carbón nacional, mediante una subvención.

Esta filosofía general, que como digo no viene de las renovables sino que viene de más atrás: de la moratoria nuclear, de las corbetas quemando carbón nacional, del azúcar... Esta filosofía general, digo, ha generado un déficit tarifario porque, literalmente, lo que esos mismos gobiernos diseñan no se puede pagar con lo que se le puede cobrar a los consumidores sin que se considere que van a poner pies en pared. El déficit tarifario del sistema energético español no es otra cosa que la expresión de la conciencia por parte de alguien que ha montado algo de que ese algo no se sostiene. Y, consecuentemente, apuesta por la generación de un agujero, esperando que en el futuro llegue un mirlo blanco que lo tape de alguna manera.

Sólo hay, sin embargo, dos maneras de tapar ese agujero: que lo pague el Tesoro público, o que lo pague el bolsillo de los consumidores. Dos alternativas que, en realidad, son sólo una, porque no sé si te das cuenta, querido y paciente lector, de que el Tesoro no obtiene sus recursos concursando en Pasapalabra. Y lo que parece que ha pasado ahora es que el Tesoro ha dicho que él no paga una mierda. Así que, amigo, ya sabes lo que te toca: tarde o temprano llamarán a tu puerta y será el tío Paco el de la Luz, con las rebajas.

Se oyen voces, o más bien se leen dedos, por ahí, diciendo que el caos eléctrico lo deben asumir quienes lo han generado. Yo no sé si son conscientes de lo que dicen. Mal que nos pese, quienes nos han metido en ésta no nos pueden sacar de ella; negro sobre blanco, no tienen los recursos para hacerlo, porque lo que hay aquí es un agujero, un agujero de pasta. Y, en una economía, tener, tener, lo que se dice tener pasta, sólo la tenemos quienes la tenemos. Vendiendo los coches oficiales y poniéndole un impuesto a los propietarios de las fincas que ocupa Diego Cañamero no haríamos más que tirar un merengue contra el casco del Titanic.

A mi modo de ver, la evolución, que no la solución porque solución no existe, está en lo de siempre: en la transparencia. Hoy en día que las ciencias avanzan que es una barbaridá, y los ordenadores no te digo, no creo que le sea muy difícil al entramado energético ofrecerle al cliente un buen estadillo cada mes, siquiera construido con las medidas de todo el sistema, indicándole de dónde ha venido cada electrón que ha visitado sus cables, y qué costes ha traído aparejados. Las personas que pagamos todo esto deberíamos tener la posibilidad de saber en qué medida estamos pagando unas cosas y las otras, porque sin esa información la decisión sobre si queremos que nuestro sistema energético sea un sistema de galgos o de podencos se convierte en una decisión puramente ideológica. Peor: se convierte en lo que es, es decir, una decisión oscura, opaca y hurtada a la visión pública, tomada por unos pocos.

Y ya, puestos a pedir, no sería mala cierta reversión de la Historia, y que en este país nuestro comenzase a haber líderes sociales y políticos que concibiesen su papel en la economía como el de alguien que marca los límites de la adecuada política medioambiental, del mercado laboral adecuado y un par de cosillas más y, después, deja hacer. Pero, claro, tratándose de España, esto es un país en el que políticos que se dicen liberales han gobernado años regulando que en sus territorios las tiendas abrían cuando a ellos les saliese de debajo del ombligo; un país cuya opinión pública, ante el espectáculo de un subsector financiero entero gobernado por las instituciones públicas que se va al carajo va y le llaman a eso las consecuencias del neocapitalismo rabioso; de un país así, digo, más bien poco se puede esperar en este flanco.

Volveremos a tener Ley Azucarera. En cuanto se les ocurra.

De la discusión como arte perdido

Solicito el permiso de mis lectores (un permiso retórico; primero, porque no lo necesito; segundo, porque nadie tiene por qué aguantarme), hoy voy a escribir uno de esos posts que etiqueto como «Miscelánea», que es una palabrita que me sirve para decir, de otra manera, que el artículo va de «no Historia». A veces, en verdad, uno necesita contar, o contarse, otras cosas, aunque al final tengan que ver con lo mismo.

Y a mí me gustaría escribir hoy unas líneas que tienen que ver con nuestra contemporaneidad, con nuestros tiempos, con internet, y con alguna de las cosas que nos han pasado y nos están pasando.

Julio Cortázar grabó un disco hace muchos años en el que leía algunos de los textos de sus novelas, entre ellos la muy recomendable carta de La Maga a su bebé Rocamadour en Rayuela. En la introducción precisamente a esta lectura, el escritor argentino se quejaba de que el hombre moderno (moderno de su tiempo) ya no escribía cartas y que, de forma indefectible, con el tiempo perdería la capacidad epistolar. A la postre, Cortázar se equivocó un poco, porque el ser humano, cuarenta años después de que él grabase aquellos textos desde su casa de París, escribe muchas más cartas que entonces; eso, claro, si entendemos que un correo electrónico es una carta. No erró, sin embargo, en lo esencial. Porque la carta tradicional; ese texto de varias páginas en el que el corresponsal refiere a su receptor todo lo ocurrido entre el momento de la última carta y el momento en que escribe, aderezando los hechos con la descripción puntillosa de sus sentimientos y los de otros; ese tipo de carta que ya Cortázar añoraba, un pequeño relato en sí mismo, estaba condenado a morir desmadejado entre los engranajes de una civilización que todo lo hace con prisas y que, por lo tanto, no tiene tiempo ni para escribir, ni para leer.

La queja de Cortázar, tal y como yo lo veo, forma parte de una corriente magmática más anchurosa, que es un viaje hacia la simpleza. La Humanidad había comenzado en la segunda mitad un viaje hacia la simplicidad de las cosas, de la mano, sobre todo, de dos elementos: la publicidad, y la televisión. Ambas herramientas de comunicación se basan en el concepto de fogonazo. Un eslógan es un fogonazo, como lo es el corte de 25 segundos en un telediario. Nuestro mundo, pues, era ya una hoguera de simpleza a mediados de los noventa, cuando llegó internet, que se ha convertido en la gasolina del proceso. Su caja de resonancia. Su quintaesencia, quintaesenciada, asimismo, en el concepto básico de uno de los grandes ganadores del entorno, Twitter; la barra de un bar donde a ningún parroquiano le es permitido pronunciar más de 30 palabras seguidas. Son muchos los que me dicen, o dicen de mí por lo que leo en la red, que un defecto de este blog es que «sus posts son un poco largos». Están, me dicen los amigos que saben de esto, inadaptados a una cosa que se llama «lectura electrónica». Que no sé muy bien lo que es, pero sé que exige se escriba no más de cuatro párrafos.

Y esto ha afectado, ya llego al centro del asunto del que quiero hablar, a otro elemento: la capacidad de argumentar, de discutir. De percutir conceptualmente.

Soy lector compulsivo de literatura parlamentaria. De hecho, creo que si alguien, algún día, me regalase los centenares de tomos que ocupará ya, supongo, el acta continuada de los plenos de las Cortes Españolas, dejaría de salir de casa y pronto moriría de inanición, dejando caer el rostro sobre el tomo abierto de alguna de las sesiones decimonónicas. Tal vez porque leo tantas intervenciones parlamentarias es por lo que no soy muy aficionado a alimentar esa idea que dice: «parlamentarios, los de antes». Ciertamente, nuestros patres y nuestros conscripti (que el latinajo se cita todo junto, a mi modo de ver, erróneamente, pues una cosa es una cosa y dos, dos) solían hablar mejor que los parlamentarios actuales. Pero, de Cádiz para acá, ha habido siempre en eso que hoy se llama sede parlamentaria miembros y miembras de verbo zafio, ideas dotadas de discutibles armazones reflexivos, y mucha, mucha, pero mucha, farfolla. Especialmente injusta es la fama de Cortes de altos vuelos dialécticos que tiene en la mente de muchos nuestra II República; siendo como son aquellas Cortes capaz de lo mejor, del verbo cansino pero al fin y al cabo luminoso de Azaña, de la claridad profesoral de un Besteiro o de la erudición accesible de un Sánchez Albornoz; pero también de lo peor, de la mano del verbo blenorrágico de Pérez Madrigal, los periodos superferolíticos salidos de la boca de José Calvo-Sotelo, la burrez rampante y ostentórea de gentes tan incapaces como Margarita Nelken, o las directas incitaciones a la violencia, tan deleznables como rechazables en la casa de la Democracia, de esa Dolores Ibárruri a la que hoy se tiene por «revolucionaria olvidada»; siendo lo cierto que olvidándola, la verdad, le hacemos tremendo favor.

Con todo y ser verdad, cuando menos mi verdad, esto que digo, también es cierto que en la mayoría de los discursos que se leen en las actas de cualquier sesión congresual del pasado remoto se reconocen estructuras. Normalmente, ésta:

1) Antecedentes.
2) Situación actual del problema.
3) Diagnóstico y solución propuesta por mi adversario.
4) Análisis de los puntos flacos de la tal propuesta.
5) Propuesta propia.
6) Análisis o mera descripción de sus fortalezas.

Puestos a hacer recomendaciones, yo haría dos: Antonio Maura, e Indalecio Prieto. Antonio Maura era un señorito con mucha pasta que gobernó la mitad de la mitad de la mitad del tiempo que debería haber gobernado. Llevó como un baldón toda su vida la Semana Trágica de Barcelona y la ejecución de Ferrer Guardia y, para cuando comenzó a sacudirse aquel problema, en su partido ya estaban los Datos de turno buscando un lugar propio bajo el sol, y le hicieron la cama. Como consecuencia don Antonio, puesto que no tenía oportunidad de gobernar, se dedicó a analizar, y es por ello que sus discursos son de lo más analítico que se puede leer.

Por su parte, Indalecio Prieto era un pígnico hijo de la clase baja, sin un mango y emigrante al País Vasco desde su Asturias original, que aprendió el oficio de taquígrafo para hacerse chupatintas, lo que le hizo pasarse tardes y tardes de su adolescencia y primera infancia tomando notas de discursos que su profesor leía en voz alta. Tomó su maestro la costumbre de leerle para los ejercicios el texto completo de muchos discursos de uno de los más grandes parlamentarios españoles, Emilio Castelar, y fue así, casi sin querer, como Prieto aprendió retórica, aprendió a polemizar, y aprendió cómo se explica, ante un público de diputados, un plan hidrológico o un plan de cercanías ferroviarias, cosas ambas que la marcha del rey le darían la oportunidad de hacer; cosas que lo hacen digno merecedor de la estatua que tiene en Nuevos Ministerios, mucho más merecedor que Francisco Largo Caballero, que como ministro de Trabajo no hizo otra cosa que desempolvar los jurados de empresa que había inventado antes que él un general golpista. Era tan demoledora la capacidad de Prieto de acumular ordenadamente argumentos en favor de sus tesis que, en el momento en que se convenció de que la República tenía perdida la guerra contra Franco, tuvieron que cesarlo como ministro de Guerra, pues no paraba de dar por culo al Gobierno de la Victoria (sic) cada vez que abría la boca en los consejos de ministros.

En Maura y en Prieto, como en otros muchos, encontrará el lector este esquema de seis puntos que antes he descrito. No le costará reconocerlo y lo paladeará con gusto. Y luego de haber realizado esa abstracta colación, puede sumergirse en la lectura o audición del discurso de alguno de nuestros oradores presentes. Notará, inmediatamente, que el esquema ha mutado, y se ha simplificado.

1) Ataque al contrario.
2) Juicio de intenciones sobre el contrario.
3) Regreso al punto 1, en bucle, hasta que se encienda la luz roja.

No obstante lo escrito, lo mejor es que el lector, si la siente, trate de no ceder a la tentación de concluir, a partir de estas afirmaciones, que los políticos han perdido la capacidad de ser buenos parlamentarios. Con ser esa afirmación cierta, no es más que el síntoma de un proceso mucho más general en el que han sido las sociedades modernas al completo las que han perdido la capacidad de argumentar. Discutir, hoy, y no digamos ya discutir en internet, se ha convertido en una labor tediosa en la que, en realidad, para hacer las cosas medio bien, habría que consumir la mayor parte del tiempo de la discusión discutiendo sobre la discusión misma; ya que, puesto que el mal es que el mundo está hoy petado de gentes que no entienden qué es, y qué no es, una argumentación, en realidad nunca se llega al fondo de las cuestiones, porque el modo en que las cuestiones son discutidas se convierte en el verdadero tema del coloquio.

Son varias las cosas que se han perdido por el camino, afectadas por el conocimiento simplificado con el que todos nosotros salimos ya, cada mañana, a enfrentarnos con el mundo, con nosotros mismos, y con los demás.

La primera es el vicio de modificar constantemente el tema de la discusión. No creo que haya que desplegar muchos argumentos para convencer a alguien de que, si dos personas creen discutir sobre el mismo tema pero, en realidad, lo hacen sobre temas distintos, el acuerdo es imposible. Un ejemplo muy claro de lo que digo son las discusiones entre rivales políticos; el famoso y tú más. Cuando un político es apelado por otro político sobre el asunto de la corrupción en Palencia, está sentando un diálogo sobre si lo ocurrido en Palencia es corrupción; sobre si es, o no, ilícito; y sobre las consecuencias que debería tener la ilicitud, de haberse producido. Sin embargo, el político apelado, en lugar de contestar a cualquiera de las tres cosas (no ha habido corrupción; las acciones han sido todas legales; consecuentemente, nadie debe dimitir) contesta: pues anda que vosotros, en Valladolid... Si es hábil, conseguirá lo que busca: que se empiece a hablar de Valladolid, asunto que se tratará con el mismo nivel de superficialidad con el que se ha tratado el asunto de Palencia.

¿Es un vicio de los políticos? Pues la verdad es que no. Piense en lector cuántas veces se ha visto a sí mismo, o ha visto a otros, cuando en su lugar de trabajo han sido apelados por haber hecho algo mal, o deficientemente. Cuántas veces han visto cómo la persona criticada contesta inmediatamente desarrollando un plañidero discurso sobre cierto agravio que sufrió el año que se convirtió Recaredo, o la escandalosa falta de bolígrafos azules que se aprecia en la oficina desde hace meses, o el hecho de que los de la competencia tienen una impresora láser a colores, y ellos no. La persona apelada no está haciendo otra cosa que intentar simplificar el debate; llevarlo a terrenos en los que, además de no poder ser acusado de nada, puede aspirar a concitar la solidaridad de otros. Aunque ni los bolígrafos ni la impresora maldita falta que le hubieran hecho para hacer bien su trabajo, que es de lo que, in illo tempore, se estaba hablando.

Muy vinculado con este retruécano está la segunda característica del debate moderno, auténtico tótem de la simplificada discusión de nuestros tiempos: el juicio de intenciones. Consiste esta técnica en trocar el tema de la discusión, al estilo de lo que ya se ha descrito, llevándolo, muy específicamente, al terreno, no del qué está diciendo el contrincante, sino del por qué lo dice. Este mecanismo es un clásico de los debates sobre Historia, y muy especialmente los que afectan a la guerra civil. En la mayoría de los foros abiertos por ahí, cualquier crítica hacia el bando republicano hace a su portador o emisor objeto de una acusación: esa persona es, se dice, un negacionista. Alguien que todo lo que busca es negar los males y sevicias del bando y del régimen franquista, y es por eso, y sólo por eso, que dice lo que dice, que escribe lo que escribe.

Así pues: alguien va y escribe que la Ley de Términos Municipales de Largo Caballero fue el mayor avance para la democracia y la igualdad social de la República. Otro alguien contesta a ese alguien que, según no pocos criterios, esa ley, aparte de construir un monopolio sindical que acabó siéndole notablemente incómodo a los partidos políticos, agostó la economía rural española en algunas zonas, por incapacidad de conseguir mano de obra a coste razonable, fomentándose con ello el absentismo o, si se prefiere, el lock-out terrateniente. Entonces el primero de los posteadores contesta: eres un negacionista... ¡que defiende a Franco! (que era todavía, escribo de memoria pero creo que no me traiciona, director de la Academia de Zaragoza cuando se empezó a diseñar y aplicar la LTM). A partir de ahí, el debate comienza a tender a su elemento atractor, que es claramente el negacionismo: un tema mucho más sencillo de dominar a la hora de emitir una opinión (la LTM es notablemente molesta como tema; como poco, hay que leérsela antes) y donde, además, es más fácil encontrar ñetas que opinen como tú y hagan patota. La discusión, pase lo que pase con ella, ya ha sido ganada por el segundo de los interlocutores; porque ese interlocutor no buscaba convencer a nadie. Buscaba, simplemente, que los carriles del debate no fuesen los que eran en su inicio. Buscaba simplificarlo, y lo ha conseguido.

El tercer gran elemento de la discusión moderna es la exhibición impudenda de la ignorancia. Ay de ti si convocas en apoyo de tus argumentos la palabra de otros, o unos mínimos conocimientos matemáticos, o un mínimo dominio de los datos de la Historia. Eso, en el entorno de una discusión simplificada, se considera soberbio a la par que prepotente. Vivimos en un mundo en el que recordarle a alguien en público que Manuel Azaña nunca fue un político comunista es desempeñarse con prepotencia ante esa persona. No digamos ya citar tres o cuatro publicaciones distintas en apoyo de una tesis. La discusión simplificada es, también, una discusión igualitaria en la que todo el mundo debe poder entrar si quiere; y eso pasa por bajar la mano, que se dice en tauromaquia, hasta que el más pastueño de los toros pueda pasar por la muleta. Especialmente estomagante en este terreno, quizás precisamente porque soy de Letras, es la actitud que los de mi barrio tienen hacia las personas versadas en Ciencias. Cuando, en el marco de una discusión cualquiera, alguien se atreva a apuntar que, para entender adecuadamente los términos de un problema, hace falta saber primero qué distingue una media aritmética de una geométrica, y a éstas de una mediana o de una moda, ello no le servirá para otra cosa que para ser apelado de elitista, soberbio y despreciativo para con sus congéneres humanos; los ataques que recibirá se convertirán, muy fácilmente, en una especie de reivindicación apasionada de la estulticia; una, como dijo Cayo Lara, exaltación del cinquillo.

Esto es la sociedad moderna. Cójase un cuadernito y un bolígrafo y márchese a cualquier lugar concurrido. Una vez ahí, sáquese uno de esos temas bien enlodados: orígenes de la actual crisis económica y estrategias de salida; el problema catalán; el conflicto palestino; Cuba. Una vez lanzada la discusión, limítese el experimentador a tomar notas de la discusión; pero notas sólo cada vez que en la misma se aporte un dato, o un argumento, realmente nuevo. Pasada una hora o dos, váyase el amanuense a casa y trate de escribir más de dos o tres folios con las notas que ha sacado. No lo conseguirá. Normalmente, no pasará del medio folio.

Un viejo aforismo periodístico dice que a un buen periodista toda la vida le cabe en medio folio. De forma mucho más mordaz se expresó Joseph Conrad cuando dijo que el cerebro de un marinero cabe en media cáscara de nuez. Hubo una vez, sobre todo al final del siglo XX, en la que los reformistas burgueses, secretamente aliados con los primeros dirigentes obreros, soñaron con acabar con este tipo de personas. Soñaron con formar al iletrado para convertirlo en un rico argumentador. En algún momento tal vez difícil de dilucidar (y escribo «tal vez» porque quien me conozca bien sabrá que yo, cuando menos, opino que ese momento es dilucidable; es, en realidad, Mayo del 68) el objetivo cambió radicalmente. Ya no se trató de elevar al ignorante; se trató de simplificar al sabio.

Y allí que estamos, como escribió Santos Discépolo, todos manoseaos...

Doping (3: el surgimiento de la RDA)

De esta serie se ha publicado ya un primer y segundo capítulo.

Los Juegos de Munich de 1972 marcaron un punto de inflexión importantísimo para el movimiento olímpico. En primer lugar, por el cese de Avery Brundage y su sustitución por lord Kilanin. Pero, sobre todo, por el atentado palestino que se llevó por delante a trece miembros de la delegación israelí, y que de hecho, para algunos, supuso la prueba definitiva de que el movimiento olímpico era ya un monstruo económico de grandes dimensiones: cualquier otra celebración menos comprometida financieramente habría quedado automáticamente suspendida después de una acción tan brutal. En realidad, todas las polladas que se dijeron entonces de que había que seguir compitiendo para dar una lección a los terroristas con la normalidad, eran eso mismo: polladas. Los juegos de Munich tenían que haberse terminado en el mismo momento en  que se disparó la última bala por parte de los terroristas de Septiembre Negro. Pero ya aquellos juegos de Munich no podían hacer eso, porque ya aquellos juegos de Munich, hace cuatro décadas, tenían intereses económicos sobrados y le hubieran supuesto al COI la devolución de un montón de pasta que no tenía. Show must go on...

Por éstas y otras muchas razones, el movimiento olímpico fundado por el barón Pierre de Coubertin se encontró, en aquella primera Olimpiada de la década de los setenta, en un punto especialmente bajo. Brundage, de hecho, estaba convencido de que Michael Morris Kilanin sería el último presidente del COI, porque el movimiento olímpico no sería capaz de sobrevivirle a él. En realidad, se equivocó porque, como acabamos de decir, el movimiento olímpico tenía para entonces una fuerte inercia económica, en forma sobre todo de derechos de retransmisión, sobre la que el irlandés se subió y que su sucesor, el español Juan Antonio Samaranch, multiplicaría (entre otras cosas, porque era lo único que le importaba).

En algo tenía razón Brundage: el lord irlandés no era la persona más adecuada para asumir una recia política anti-doping. En febrero de 1973, una vez que los resultados de Munich estuvieron claros, Alexander de Merode solicitó un giro copernicano en la política antidoping del COI; un giro que supusiera, entre otras cosas, la elevación a los altares de las normas de hierro que siempre se cumplen de la promesa de que encontrar drogas en el miembro de un equipo supondría la descalificación inmediata de todo el mismo. Estos debates eran simultáneos a otros, producidos dentro de los comités olímpicos nacionales, sobre la escasa utilidad del sistema actual, por el cual cada federación asumía controles y gestión del doping de forma descentralizada. Sin embargo, como ya hemos señalado, estos esfuerzos se produjeron presionando sobre un máximo mandatario, Kilainin, que no quería problemas; y en un mundo en el que la política hacía, ya, totalmente imposible el juego limpio en el deporte.

Fue, en efecto, a principios de los setenta, cuando la República Democrática Alemana decidió iniciar una estrategia de desarrollo deportivo basado, fundamentalmente, en el entrenamiento casi militar y en la ingesta de cualquier tipo de drogas o sustancias que pudiesen mejorar el rendimiento de los atletas. Ya en Munich, el ratio de medallas de oro por cada 100.000 habitantes fue para la RDA quince veces, quince, más grande que el de EEUU. Un entrenador de la RDA, Henrich Misersky, declaró, tras la caída del Muro, que todos aquellos preparadores que se negaban a darle drogas a sus pupilos eran tratados como traidores, puesto que ganar en los Juegos Olímpicos se concebía como un proyecto militar; y finalmente apartados de la profesión.

Verdaderamente, en aquellos tiempos no faltaron medios de comunicación y comentaristas en Occidente que señalasen la sospechosísima capacidad de los, y sobre todo de las, atletas de la RDA. Pero, en general, en el marco de una Guerra Fría que provocaba (y provoca) no pocos sentimientos antiamericanos de este lado del Telón, el típico espíritu de quien está defendiendo a David contra Goliat hacía que las victorias de la RDA, un pequeño país de 17 millones de habitantes que, para muchos, comprometía el capitalismo con su misma existencia (años después se sabría que dicha existencia se basaba en una Stasi que vigilaba hasta los más furtivos pedos en los excusados); aquellos éxitos, digo, fuesen abrazados como la prueba de que «había otra forma de hacer las cosas que la de Estados Unidos». Eran tiempos en los que, de cuando en cuando, se publicaban noticias por aquí y por allá que le ponían fecha, y muy cercana, al día en que las mujeres tendrían las mismas marcas atléticas que los hombres. Quienes decían tales cosas no parecían darse cuenta de que los tiparracos que parecían amenazar las marcas masculinas, campeonato tras campeonato, más que bujarrones, parecían yetis.

Claro que esto acabó provocando la inquietud de un actor inesperado. La URSS.

El sistema soviético se basaba en la prevalencia de la URSS. Los países satélites de Moscú vivían del petróleo siberiano, del gas, de los cereales ucranianos, que la generosa Unión Soviética vendía a sus naciones camaradas a precio de amigo; de hecho, como ya hemos contado en este blog, el principio del fin del Telón de Acero se produjo cuando se acabó este momio y los países satélites comenzaron a pedirle préstamos a sus enemigos de enfrente.

Mucho antes de eso, sin embargo, los diferentes programas deportivos en el bloque soviético comenzaron a dar frutos. Hablamos, por supuesto, de la RDA, y de sus inalcanzables Marita Koch, o Kornelia Ender, o… Pero también de las invencibles competidoras rumanas de gimnasia deportiva, de las cuales la más brillante fue Nadia Comaneci, que se comió el mundo en Montreal. Y no hay que olvidar a otras delegaciones, notablemente Bulgaria, otro país pequeñito que sin embargo alumbraba atletas de elite con facilidad pasmosa.

Según documentos dados a la luz pública tras la caída del Muro, a principios de los setenta la RDA comenzó a usar un compuesto llamado Oral-Turinabol; un tipo de anabólico esteroide que fue administrado a la friolera de 10.000 jóvenes alemanes que ofrecían características positivas para la alta competición deportiva. Fue usado ya en México 68 con la lanzadora Margitta Gummel (la RDA todavía no era un equipo propio; lo fue desde Munich), quien estableció un nuevo récord del mundo lanzando el peso a 19 metros y 61 centímetros. Una de sus competidoras en aquella ocasión, Brigitte Berendonk, la describió de forma muy concreta: «She was clearly a she-man».

El Oral-Turinabol fue administrado incluso a niños, y sobre todo niñas, a partir de once años de edad. Incrementaba el desarrollo del músculo y reducía el periodo de recuperación, lo que permitía a quienes consumían la entonces famosa «pastilla azul» entrenar más tiempo, y más duro. La razón de que fuese principalmente administrado a mujeres es que, dado que las féminas producen naturalmente menos testosterona, los efectos del esteroide en su rendimiento eran mucho más diferenciales que en los hombres.

Lo más triste de la movida es que, según la documentación finalmente conocida, los atletas de menos de 18 años eran engañados: se les daban píldoras asegurándoles que eran vitaminas. Carola Beraktschan, que fue una más que aseada nadadora de estilo braza de aquellos equipos de natación de la RDA que eran conocidos como las Wonder girls, no supo hasta su edad adulta el tipo de cosas que estaba tomando. «Nos eligieron», dijo, «para demostrar que el socialismo estaba por encima del capitalismo».

Asimismo, esta documentación asevera que los atletas eran también engañados. El coordinador de la política de doping masivo de atletas, Manfred Höppner, decía a quien quería escucharle, de viva voz y por escrito, que las drogas eran usadas por todos los países (cierto: pero no en la medida que la RDA); además, le aseguraba a los entrenadores que el crecimiento incontrolado de tanto vello que ni 200 días al año de depilación colocarían las cosas en su sitio, la adopción de tonos más graves en la voz, y otros muchos síntomas de que las atletas se convertían en bujarras, revertirían en cuanto dejasen de tomar las drogas. Muchas de ellas siguen hoy vivas, y saben bien que no era verdad. Las consecuencias a largo plazo de aquel programa han sido cosas como: tumores hepáticos, fallos renales, problemas cardíacos, cánceres testiculares o de mama, trastornos depresivos, trastornos de la alimentación, o crecimiento acromegálico de las glándulas mamarias. La peor parte, con todo, se la llevaron aquellas mujeres que fueron drogadas desde muy niñas y que adquirieron aquellas condiciones semimasculinas. Algunas de ellas han parido niños con malformaciones. Quizás el caso más dramático sea el de la ex lanzadora de peso Heidi Krieger, que ha sufrido graves consecuencias físicas y sicológicas de su ingesta de esteroides. Para que nos hagamos una idea: su ración habitual era 2,6 veces la ración extraordinaria que Ben Johnson tomó para ganar la final de los 100 metros lisis en Seúl. Finalmente, Krieger, que hoy es oficialmente Andreas Krieger, tuvo que realizarse una operación de cambio de sexo. 

De hecho, la llegada del siglo XXI ha supuesto una cascada de demandas en los juzgados alemanes, fundamentalmente puestas por mujeres ex-atletas que reclaman compensación por un programa que ha jodido sus vidas. En un gesto muy honrado, incluso una de ellas, la nadadora Ines Geipel, llegó a reclamar que el récord del equipo de 4x100, realizado en 1984, sea retirado de los registros.

La actitud del olimpismo internacional ante estas prácticas fue, como poco, comprensiva. En fecha tan tardía como 1985, incluso, Samaranch impulsó la condecoración de uno de los grandes jefes del programa de drogas de la RDA, Manfred Ewald (un ex miembro de las juventudes hitlerianas que había cambiado de bando tras el final de la segunda guerra mundial) otorgándole la Orden Olímpica.

En 1975, después de mucho trabajo y dimes y diretes, el COI dio finalmente el paso de colocar los esteroides anabolizantes entre las sustancias prohibidas por los atletas; pero siguió sin hacerlo con la testosterona. La medida, sin embargo, fue tan leve que, en realidad, los atletas podían pasarse cuatro años tomando esteroides con embudo y luego dejarlo algunas semanas antes de competir, sin temer que los test impuestos fuesen a pillarles.

El cuerpo de pruebas preparado para Montreal se usó en plan ensayo en los juegos de la Commonwealth en Auckland, y también en los campeonatos de Europa de atletismo. En Nueva Zelanda, nueve atletas dieron positivo por esteroides anabolizantes, pero ni sus nombres fueron hechos públicos ni se les sancionó. En los campeonatos europeos, los organizadores declararon públicamente antes de empezar que los test eran sólo en plan investigación y tal, y que nadie sería sancionado.

En este estado de cosas se llegó a Montreal.

Doping (2: el caso DeMont)

De esta serie se ha publicado ya un primer capítulo.

La llegada, en los años setenta, del enfrentamiento deportivo entre los dos grandes bloques, provocó la inmediata marcha atrás del COI en su decisión primera de aceptar su responsabilidad en las pruebas antidoping. Todos los intentos del príncipe De Merode se encontraron con la actitud de Brundage, de modo y forma que el COI acabó convirtiéndose, a través de su comité médico, del supervisor de un proceso que, en realidad, era  controlado por las delegaciones nacionales. Tanto era así que la mentada comisión médica podía proponer que un determinado deportista fuese expulsado de los Juegos; pero dicha expulsión sólo podía ser ejecutiva tras la decisión en tal sentido de la federación correspondiente. Además, permanecía el problema de que los esteroides anabolizantes eran indetectables si el atleta había dejado de consumirlos algunas semanas antes de la realización de la prueba.

Incluso la propuesta del Comité belga, en el sentido de diseñar cuando menos unas reglas simples que fuesen de obligado cumplimiento para todo deporte y todos los países, fue rechazada en el seno de ese movimiento que se las da de altius, citius, fortius, y bla.

La situación era tan descarada que, incluso, un año antes de los Juegos de Munich, un atleta halterófilo estadounidense, Ken Patera, afirmó en una rueda de prensa que se veía capaz de ganar en los juegos a su gran rival soviético, Vasili Alexeiev, «ahora que puedo administrarme las drogas adecuadas». «Ya veremos», concluyó tan pancho, «si sus esteroides son mejores que los míos».

En 1972 se celebraron en Sapporo, Japón, los Juegos Olímpicos de invierno, famosos para los españoles porque en ellos el esquiador nacional Francisco Fernández Ochoa ganaría una medalla de oro. Se hicieron test de doping a 211 atletas, con un solo positivo: el jugador de hockey hielo de la República Democrática Alemana Alois Schloder. Pero hemos de recordar que los esteroides no fueron trazados.

El caso Schloder, además, mostró bien a las claras la debilidad del COI en estos temas. Sus propias normas establecían que si por cualquier razón un miembro de un equipo era encontrado culpable de alguna falta, el equipo completo debería ser descalificado. Cosa que no pasó con el equipo alemán democrático de hockey hielo.

Para colmo, durante esos juegos una delegación, la danesa, puso en duda los sistemas de chequeo del sexo utilizados, basados en la localización de un cromosoma. Un doctor alemán del equipo femenino de la RFA, Ingborg Bausenwein, llegó a declarar que, antes de 1968, casi la mitad de los récords de atletismo femenino habían sido conseguidos por hermafroditas. En realidad, los tests de sexo no cambiarían hasta los juegos de Albertville, en 1992.

Los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 acabaron con toda posibilidad, si es que alguna vez hubo alguna, de que el Comité Olímpico de Estados Unidos abanderase una lucha seria contra el doping. Un joven nadador estadounidense, Rick DeMont, ganó una medalla de oro en la prueba de 400 metros libres, de la que fue posteriormente desposeído por haber dado positivo en una sustancia prohibida. Según el propio nadador, la mañana del 1 de septiembre se había levantado algo resfriado, por lo que se había tomado tres tabletas de Marax, su medicamento habitual antiasmático; un producto que contenía efedrina. Los médicos de su delegación conocían ese uso, pero nunca le había sido consultado a la comisión olímpica.

A pesar de que inicialmente le dejó mantener la medalla, De Merode, en un rápido cambio de parecer que no termina de estar claro, no sólo defendió la idea de que debía arrebatársele la medalla, sino que abogó por la idea de que no le fuese permitido saltar a la pileta en la final de los 1.500 metros libres, prueba en la que en ese momento era recordman mundial. Como puede verse, el movimiento olímpico era, realmente, un movimiento browniano: las mismas personas que meses antes habían dejado permanecer y competir al equipo de la RDA de hockey hielo, a pesar de que el positivo de uno de sus jugadores no sólo despertaba sospechas racionales sino que estaba contra las propias normas del movimiento; esas mismas personas, digo, meses después aplicaban toda su rudeza con un atleta que tenía una razón objetiva para haber tomado efedrina.

Quienes sean aficionados al baloncesto recordarán aquellos juegos de Munich por la discutibilísima decisión en la final de este deporte, EEUU contra la URSS; en la cual los jueces afirmaron, al final del partido, que habían quedado unas decimillas de segundo por ahí perdidas que permitieron al equipo soviético meter una canasta más que probablemente fuera de tiempo, que les dio el oro olímpico. El affaire De Mont y la cuestión de la final de baloncesto crearon con rapidez en el Comité Olímpico USA una sensación sólida en el sentido de que el COI tenía veleidades a favor del Telón de Acero (de hecho, cuando la decisión de los árbitros fue apelada, la votación se ganó por la URSS gracias a los votos de tres países de su órbita contra el parecer de Italia y Puerto Rico; el equipo estadounidense, en una decisión casi sin precedentes, rechazó la medalla y, consecuentemente, ni siquiera participó en la ceremonia en la que se escuchó el himno soviético). Para colmo, el COI responsabilizó al comité olímpico de EEUU por el gesto de dos atletas negros, quienes, en México, tras haber quedado primero y segundo en los 400 metros, escucharon el himno, en el podio, levantando sendos puños enguantados de pitch black.

Como digo, eso acabó con toda posibilidad de que EEUU, una de las dos potencias atléticas del momento, hubiese liderado un movimiento en favor de la limpieza en el deporte.

Munich dio para más. Una serie de delegaciones olímpicas propusieron a la federación internacional de Pentathon moderno que una serie de tranquilizantes fuesen incluidos en la lista de sustancias prohibidas. Resultado: los controles entre los pentatletas, hasta entonces virginales deportistas que contaban sólo con sus fuerzas para ganar, arrojaron 16 positivos. Automáticamente, la Federación Internacional bramó que no había sido consultada para incluir los tranquilizantes, y el COI, faltaría más, dio marcha atrás, pidió disculpas, y los muy tranquilos pentatletas siguieron compitiendo.

No creo que haya que extenderse mucho para explicar que este rapto de comprensión del COI hacia la federación internacional de Pentathlon sentó a cuerno quemado en el CO estadounidense. El presidente del Comité, Clifford Buck, le escribió una amarga carta al presidente entrante del COI, Lord Killanin, pidiéndole explicaciones de por qué la comprensión mostrada con 16 pentatletas no había sido utilizada con Rick DeMont. De una forma para mí demoledora, Buck aseveraba en su carta que «DeMont es un chico de 16 años que estaba tomando la medicación normal que se le ha prescrito para una dolencia crónica y no para mejorar su rendimiento, mientras que los pentatletas son adultos que han tomado deliberadamente y con conocimiento de causa una droga prohibida para mejorar su rendimiento, violando con ello unas normas que conocen bien».

Para continuar con el caos olímpico, un jugador de baloncesto de la selección de Puerto Rico dio positivo en doping; pero los análisis y contraanálisis necesarios fueron tan lentos que al equipo se le permitió seguir compitiendo. Finalmente, los análisis dieron positivo, pero para entonces el baloncestista fue sancionado y, sin embargo, las victorias de Puerto Rico se conservaron (y siguen ahí, en el historial olímpico; como tantas otras victorias, segundos y terceros puestos, y marcas, que deberían ser borradas). Y eso se hacía mientras que el equipo danés de ciclismo era desprovisto de una medalla de bronce porque uno de sus miembros dio positivo por coramina.

Lo que se dice una coherencia de la hostia.

Doping (1)

Desde el día que recomendé la lectura de este libro prometí realizar algún post, o grupos de posts, sobre este tema. Porque es un asunto que a muchos preocupa y ocupa y sobre el que, sin embargo, faltan las obras de referencia que, como la de Thomas M. Hunt, aborden la descripción somera del proceso.

Spyridion Louis, en una historia que es bien conocida, fue el primer ganador de la maratón de la era moderna. La prueba se celebró ya en los primeros Juegos Olímpicos de dicha era, celebrados en Atenas. Spyridion Louis se convirtió en un héroe nacional para sus connaturales, hasta el punto de que, durante la vuelta al estadio tras la victoria, muchos de los griegos en las gradas le tiraban sus monederos con todo lo que llevaban dentro.

Spyridion Louis pasó la noche anterior a la carrera rezando y comiendo higos. Y, durante la carrera, se paró en un momento para beberse un vaso de vino que le ofrecían. Ganó, pues, en buena lid; simplemente, corriendo mejor que sus contrincantes.

Pero eso no habría de durar mucho.

Conforme avanzaba el siglo XX, médicos, químicos, preparadores y atletas se fueron dando cuenta de que la farmacopea ofrecía soluciones para conseguir un mejor rendimiento atlético. Tal vez la primera forma de doping en el deporte no fue, sin embargo, el uso de sustancias químicas, sino la estrategia de hacer competir a mujeres que estaban muy cerca de ser hombres, o tal vez lo eran. En fecha tan temprana como 1936, durante los famosos juegos olímpicos en el Berlín nazi, las protestas de la delegación polaca obligaron a los organizadores a hacerle unas pruebas de sexo a la velocista estadounidense Helen Stevens. Años después, en una confesión que de todas formas es puesta en duda por muchas fuentes, el atleta alemán Hermann Ratjen aseguró que, en las mismas olimpiadas, el comité germano le obligó a competir en salto de altura como si fuese una mujer. Sea como sea, el tema del doping tomó rápidamente fuerza y se hizo cotidiano en una competición, como los Juegos, donde era el orgullo nacional el que se ponía en juego.

Hunt «sitúa» el comienzo de su historia del dopaje olímpico el 26 de agosto de 1960, día en el que, en medio de los juegos de Roma, un ciclista danés que competía en la prueba de 100 kilómetros, Knud Jensen, se caía de la bicicleta, se fracturaba el cráneo y moría pocas horas después como consecuencia de una hemorragia cerebral causada por un ataque al corazón. Dos días después, y ante el hecho de que los ciclistas daneses parecían ser los únicos que parecían mostrar problemas con el calor (a pesar de que aquel agosto no fue especialmente tórrido), el vicefiscal general italiano, Ferdinando Cocucci, anunció una investigación. La autopsia de Jensen encontró en su cuerpo trazas de Roniacol, un compuesto destinado a mejorar la circulación periférica.

Aquella noticia no dio ni frío ni calor a los responsables olímpicos. En realidad, no iba con ellos. Las autoridades olímpicas, en aquel entonces, no tenían responsabilidades en materia de doping; eran las federaciones nacionales las que debían proveer de controles, y no lo hacían con demasiada pasión, conscientes de que ponerse estupendos con el tema de la química les supondría caerse del medallero.

En realidad, la tragedia de Jensen no hacía sino introducir un elemento luctuoso en una serie de cosas que ya estaban pasando de tiempo atrás. En los juegos olímpicos de invierno de 1952, los patinadores de velocidad iban tan petados de anfetaminas que muchos se pusieron enfermos. Y en los juegos de Helsinki, Bob Hoffman, entrenador del equipo de halterofilia los Estados Unidos, afirmó en una rueda de prensa pública que le constaba que el equipo soviético estaba tomando hormonas. Sin embargo, hasta entonces no había muerto nadie. El cadáver de Jensen cambió las cosas.

En una reunión celebrada en Atenas en 1961, el conde Jean de Beaumont, miembro del COI por Francia, intervino para decir que algo debía hacerse en materia de control del dopaje para evitar más tragedias como la ocurrida con el ciclista danés. El presidente del COI, Avery Brundage, apoyó la moción indicando que algo debía de hacerse y que se deberían imponer sanciones. Aunque, en realidad, conocedor como era de que el uso de drogas estaba tan extendido entre los países de la elite deportiva que una prohibición explícita y controlada podría dar al traste con los propios juegos, buscó inmediatamente una vía de escape: primero, habría que definir qué es y qué no es doping. Para lo cual se nombraría un comité. Este subcomité de doping fue creado en marzo de 1962, bajo la presidencia del presidente del colegio británico de cirujanos, doctor Arthur Porrit. Porrit era un decidido enemigo de la actuación del Comité Olímpico en estos temas; ya lo había demostrado en pasadas reuniones. Y no defraudó, por así decirlo, porque se llegó a los juegos de Tokio en 1964 sin que se hubiese hecho gran cosa en este terreno. En una reunión previa en Innsbruck, Bo Elklund, también miembro del Comité, quizás el más preocupado entonces por las consecuencias que el tema podía tener en términos de opinión pública, propuso que se realizasen análisis de sangre en los casos más sospechosos. En realidad, en Tokio apenas se hicieron análisis de algún tipo. Sin embargo, tal y como Elklund había temido, el tema alcanzó una dimensión cada vez peor para el COI; motivo por el cual, en 1965 fue el propio Porrit el que propuso una nueva política, basada en el rechazo público al doping, la obligación a los atletas de declarar formalmente que no lo practicaban, y el proyecto de destinar un equipo de médicos en futuros juegos olímpicos.

El interregno olímpico hasta los juegos de México puso las cosas todavía más calientes. A la discusión puramente médico-química se unió otra, muy ácida, sobre el tema del entrenamiento en altura. Teóricamente, se impuso una regla de que los atletas sólo podrían entrenar un mes en condiciones similares a las de México DF; pero pronto el Comité Olímpico estadounidense acusó a la URSS de estar entrenando secretamente a sus atletas en altura, concretamente en las montañas Tien Shan, en el actual Kirguizistán. En abril de 1966, el doctor Porrit presentó al COI una primera lista de sustancias dopantes que serían prohibidas en México. Sin embargo, este proyecto sufrió el obstáculo derivado de la decisión del propio Porrit de dimitir al frente del subcomité, interesado como estaba en ser gobernador general de Nueva Zelanda. Su salida forzó una reordenación de la estructura anti-doping del COI que acabaría por poner al frente de la misma al príncipe Alexandre de Merode.

En el encuentro del COI de 1967, De Merode fue finalmente colocado al frente del comité médico; comité que, sin embargo, bajo la presión de Brundage, que seguía creyendo que el tema de las drogas en el deporte debía seguir siendo tema de las organizaciones atléticas nacionales, tenía una función más de llamar la atención sobre los riesgos del uso de sustancias en el deporte que de implantación de controles sistemáticos y sanciones efectivas. No obstante lo dicho, en la reunión de Teherán se acordó la realización de pruebas sistemáticas para la localización de: alcohol, cocaína, vasodilatadores, opiáceos, anfetaminas, efedrina y cannabis. Para entonces, el COI sabía bien que los anabólicos esteroides eran sustancias potencialmente dañinas y usadas por muchos deportistas. Pero no los incluyó en la lista porque todavía no existía un test capaz de detectarlos.

El príncipe De Merode esperaba que esta nueva estrategia estuviese completamente desplegada con ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, que se iban a celebrar en Grenoble. Sin embargo, pronto surgieron problemas importantes en la interpretación del fenómeno del doping. La delegación británica, por ejemplo, argumentó, y no le faltaba razón, que al incluirse el alcohol entre las sustancias dopantes, hacer que los atletas firmasen una declaración en la que aseveraban que nunca lo habían bebido parecía como de chiste. Además, el propio COI seguía coqueteando con la idea de que fuesen las federaciones nacionales las que se comiesen el marrón. De todas formas, al no incluirse los anabolizantes esteroides en la lista, las pruebas practicadas durante los juegos no localizaron ni un solo caso de doping; a pesar de que, para entonces, la mayoría de los atletas de elite competían hasta las trancas de droga.

Durante aquel año de 1967, además, se reavivó la vieja polémica sobre el tema de la competencia ilegal entre las atletas femeninas. El COI afirmó que tenía la sospecha de que algunas delegaciones nacionales jugaban sucio con sus atletas, haciéndoles tomar productos químicos que les retrasaban la primera menstruación (esta acusación permanecería en el tiempo: en la Olimpiada de Montreal, el equipo rumano de gimnasia deportiva, que se lo llevó todo gracias al concurso de la estratosférica Nadia Comaneci y su compañera Teodora Ungureanu, fue repetidamente acusado de haber retrasado la pubertad de ambas hasta después de los Juegos).

Dado que el asunto éste de dictaminar si una atleta es buitre o palomi es una cosa jodida, el COI adoptó en Grenoble una especie de solución ecléctica, basada en que se realizarían pruebas de cromosomas a través de muestras de saliva; pruebas que, de todas formas, serían realizadas después de que los Juegos hubiesen terminado, y de forma secreta y confidencial. Dichos análisis, según reportó el COI, no encontraron nada anormal.

El COI llegó a México (1968) profundamente dividido, con Brundage, y una gran mayoría de miembros, defendiendo que debían ser las federaciones nacionales las que controlasen el doping; y una irreducible aldea gala donde el príncipe De Merode sostenía que el comité médico del COI debía de llevar la voz cantante de aquella movida. Después de largas discusiones en las que Brundage cambió de opinión varias veces, finalmente se autorizó a la Comisión Médica del COI, a través del doctor Eduardo Hay, a conducir los test de sexo y doping en México. Las federaciones nacionales se mostraron cooperativas con Hay, de forma que 803 mujeres atletas fueron objeto de análisis de cromosomas; sólo dos pasaron a una prueba de confirmación que, en cualquier caso, dictaminó su pertenencia al sexo femenino. En el otro terreno, se realizaron 670 análisis de orina. Se encontraron trazos de anfetaminas en dos de ellos, aunque el propio Hay, en su informe, escribió que se habían detectado indicios de otras sustancias químicas extrañas. Hablando en plata: las sustancias prohibidas no se habían encontrado, pero había indicios de otras, primas hermanas de ellas.

Las cosas iban razonablemente bien. Pero eso fue, claro, hasta que llegaron los años setenta. En los años setenta, algo iba a pasar que iba a hacer que la política olímpica antidoping diese serios pasos hacia atrás.

Ese algo fue que los dos grandes contendientes en la Guerra Fría descubrieron la Guerra Fría Olímpica.

Seis y medio

No es éste el momento de señalar las grandes deficiencias de nuestra enseñanza universitaria. Pero sí puedo lamentarme del estado de confusión o de atraso en que nuestros institutos y nuestros colegios dejan a la juventud española, que entra en la vida científica y literaria, o simplemente en el trato social que implica cierta cultura, desprovista de aquellos supuestos necesarios para el desarrollo de sus facultades y la apropiación de sus aptitudes. Así se observa el deplorable desconocimiento en que vive una parte de nuestro público de datos, conceptos, teorías y antecedentes a que se hace referencia incluso en la conversación diaria, y no digo ya en los centros de superior ilustración, en los círculos políticos, en la polémica periodística y en las altas esferas del Gobierno, la legislación y la cultura.

Rafael María de Labra. Conferencias de El Fomento de las Artes. Madrid, J. Góngora y Álvarez, editor. 1889.

Por lo que he podido leer, uno de los temas que anda por ahí rulando por el mundo mundial (español, claro está) es la opinión del denostado ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el sentido de que habría que sacarse un seis y medio de nota para poder optar a becas en la universidad. Las redes han reaccionado inmediatamente difundiendo, que yo haya visto, sendas fotocopias de los libros de notas de José María Aznar y Mariano Rajoy (aunque, en el caso de Aznar, la fotocopia que se adjunta se refiere únicamente a su nota de francés), con calificaciones que claramente no pasarían ese corte.

Esto último debo confesar que no lo entiendo. Tanto Rajoy como, sobre todo, Aznar, fueron niños wealthy, inscritos por lo tanto en familias que tenían recursos económicos no digamos que sobrados, pero sí, cuando menos, holgados. ¿Quiere decir, entonces, la fotocopia: que deberían haber recibido una beca para entrar en la universidad? Tal y como yo lo entiendo, en familias como la de Aznar o Rajoy, la decisión de entrar en la universidad o dedicarse a otra cosa debería competir únicamente al educando y a sus padres, que lo van a pagar.

El fondo de la cuestión, sin embargo, es otro. El fondo de la cuestión es ver una tentativa de numerus clausus como una forma de discriminación. Entre los muchos amigos que tengo y que están en contra de la idea expresada por Wert, cuando menos de momento el argumento que me exhiben viene a ser siempre el mismo: la educación es un derecho, y colocar un listón por encima del aprobado puro y duro (cinco sobre diez) es coartar ese derecho.

La primera pregunta es: ¿por qué por encima del aprobado? Mis interlocutores tienen muy interiorizado, como yo, el hecho de que para aprobar hay que sacar un cinco sobre diez. Es, además, una frontera intuitiva (la mitad). Pero no por eso deja de ser un límite totalmente arbitrario. Se aprueba cuando se demuestra un conocimiento de la mitad de la materia, pero, ¿por qué no se podría aprobar demostrando, digamos, un tercio? O un 10%. Aquí, de lo que se trata, es de fijar un límite que, de alguna manera, nos diga que el alumno se ha convertido en una persona suficientemente experta en una materia como para que el Estado le pueda extender un papelito que diga que todo aquél que necesite un experto en dicha materia, por la razón que sea, puede confiar en él, o ella. Y una beca no es sino una ayuda pública que se le concede a alguien para que pueda obtener esa certificación. Ayuda que se le puede conceder porque se tienen indicios racionales de que va a ser capaz de obtenerla con aprovechamiento; o, simplemente, se le puede conceder porque sí.

En todo caso, al fin y a la postre, ¿por qué saberse la mitad de la materia concede esa vitola de expertise? ¿Por qué no, repito, un tercio, o la cuarta parte, o la quinta? ¿Nos sentiríamos seguros en las manos de un médico que ha demostrado conocer un tercio de las cosas que nos pueden estar pasando? Parece que la respuesta más lógica es: no. Pero, una vez contestada esta pregunta, surge otra: ¿y si lo que sabe es la mitad de las cosas que nos pueden estar pasando?

Esta pregunta nos lleva, a mi modo de ver, a un desarrollo: la educación puede ser concebida como un derecho; pero, aunque así sea pensada, es mucho más. La educación es el cimiento sobre el cual se asienta la competitividad de una sociedad y de una economía. Es el elemento que garantiza que el médico va a dar con la verdadera dolencia que se esconde tras nuestros extraños síntomas; o el piloto que de repente va y se posa sobre un río; o el policía científico que encuentra la abstrusa prueba definitiva que mete al asesino en la cárcel. La educación es un proceso cuyo objetivo (otra cosa es que lo consiga) es garantizarnos que cuando haga falta que alguien haga lo que tiene que hacer, sepa que lo tiene que hacer, y sepa hacerlo.

Digo esto porque el debate sobre la discriminación en la educación tiende, a mi modo de ver, a confundirse muy a menudo con el egalitarismo. De hecho, en mi opinión, esto es exactamente lo que ha pasado en España durante el último cuarto de siglo. La educación no debe, o no debería ser, discriminatoria, en el sentido de que quien quiera y pueda utilizarla no sea apartado de la carrera por un quítame allá esa tuition. El egalitarismo es lo mismo, sólo que elimina las palabras «y pueda».

El egalitarismo entiende que todo aquél que desee la educación (me refiero, obviamente a la voluntaria; la obligatoria, por definición, no hay posibilidad de no desearla) debe tener acceso a la misma. Y, consecuentemente, bloquearle dicho acceso es coartarle un derecho. Se lo discrimina, decimos; aunque, en realidad, ya digo que lo que estamos diciendo es que se rompe el egalitarismo de la educación española y, en general, de muchos países occidentales desde Mayo del 68, que es el padre esencial de todas estas teorías.

La primera consecuencia de este orden de cosas, a mi modo de ver, es que impide la planificación seria de la educación. Realizar planes a largo plazo para una facultad se convierte en una labor imposible. Porque planificar a largo plazo supone estudiar la calidad y cantidad del pastel educativo que se va a entregar a los alumnos; pero como se desconoce el número de alumnos que se va a tener (este guarismo depende de ellos; depende de cuántos de ellos deseen entrar en esa facultad), nunca podremos estimar el dato que es realmente relevante, esto es el tamaño global de pastel que vamos a tener que conseguir... Sí, ya sé que las facultades tienen numerus clausus. Hasta el día que la sociedad, o más bien parte de sus representantes, decidan, en aras del egalitarismo, que dicho numerus clausus deja fuera a demasiada gente. Ese día, el nivel de poder o autonomía de la universidad para poner pies en pared, y colocarse como Gandalf a la puerta de la facultad gritando «¡No puedes pasaaaar!», es nulo. Cero. Patatero.

El primer juego de ordenador que me fascinó se llamaba Dictator. Se jugaba en aquel Sinclair perralleiro y era una especie de sencillo juego de rol en el que tú eras el dictador de una república bananera y tenías que tomar decisiones para mantenerte en el poder. Era un juego genial porque, a pesar de su sencillez, te enseñaba muy rápidamente un principio que hoy está ausente del sentir de las sociedades modernas: casi todas las decisiones que puede tomar una sociedad (porque, teóricamente, las decisiones de los gobiernos las toman las sociedades), si no todas, tienen pros, pero también tienen contras. Son mantas pequeñas. Taparse los pies, casi siempre, supone dejarse la cabeza fría, y viceversa.

La marea verde de la calle opera como si este principio no existiese; en términos generales, todo aquel que reivindica lo hace tiñendo su reivindicación de un tinte de perfección absoluta: lo que él pide es posible conseguirlo sin, por decirlo mal y pronto, joder a nadie. La marea verde reclama más gasto en educación, sin añadir a su discurso dos elementos: el primero, la justificación de que mayor gasto vaya a suponer mejor educación (cosa que yo no tengo tan clara: un ordenador por alumno ni de coña quiere decir un alumnado ducho en informática); el segundo, que ese mayor gasto tendrá que salir de algún sitio y, como la educación es una cosa muy seria, cuando se echan cuentas se ve que con quitarle la subvención a la Iglesia, poner un impuesto a las grandes fortunas y vender los coches oficiales (los tres grandes mantras presupuestarios de la modernidad) tal vez no llegue. Especialmente si, acto seguido de ponerse uno la camiseta verde, va y se pone la bata blanca (más gasto sanitario), coge la pancarta de la I+D (más gasto para la investigación), aplaude a rabiar a los manifestantes que llegan del norte (más dinero para subvencionar el carbón), se indigna porque España va a convertirse en un páramo cultural (más dinero para el cine), y...

Lo mismo que pasa con el principio atractor de la educación moderna, que es el gasto presupuestario (todo debate sobre la educación tiende a este argumento; y los debates, los haga quien los haga, acaban pareciéndose enormemente unos a otros, convirtiéndose en debates fractales), pasa con el temita éste de las becas, los méritos, y el reparto de las ayudas. El problema no es que la sociedad española esté tomando una opción, porque ésa es su obligación. El problema es que, tal vez, no lo sabe.

La opción es clara: utilizar el sistema educativo como elemento redistributivo que haga que la sociedad tienda a la igualdad. El ejemplo a seguir son los sistemas educativos escandinavos, que son tremendamente igualitarios, nos dicen los pedagogos. Pedagogos que, como no suelen saber demasiado  de otros temas, olvidan que la igualdad social de los países escandinavos se apoya y nace de otras cosas, notablemente de su concepción del gasto social, que es bastante distinta a la nuestra (por decirlo mal y pronto: en Suecia jamás se aprobaría un programa del estilo del Plan de Empleo Rural); y que, asimismo, es hija de un espíritu colectivo de sostenimiento del Estado que está bastante lejos de las prácticas del español medio (ojo: he escrito medio, no rico), que está buscando constantemente la forma de hacer la pirula y pagar sin IVA. O no pagar en lo absoluto (gentes que ganan 2.000 euros al mes y se bajan de internet toda la música que escuchan y todas las series y películas que ven). Para alcanzar la perfección finlandesa hace falta más que estrategas en la calle de Alcalá diseñando una ley orgánica de educación. Mucho, mucho más.

Con este concepto redistributivo, la educación tiene que fabricar cohortes de españoles que tengan las mismas oportunidades. Lo cual supone tratar de forma igual a los desiguales, porque no todo el mundo se busca las mismas oportunidades; los que estudian más, se buscan más; pero, dentro de este sistema, tienen sustancialmente las mismas. El sistema de becas tiene que garantizar que todo el mundo que quiera estudiar, se esfuerce lo que se esfuerce, lo pueda hacer. Porque si el concepto que tiene el becario de estudiar es sacar cincos, esto es algo que el sistema de becas, por así decirlo, tiene que respetar.

Como opción, ya digo, es completamente factible y respetable. Lo que a mí me inquieta son dos cosas.

La primera es que este tema no se explique en toda su extensión. En España, de tres décadas para acá, no hay un debate educativo. Hay un sistema educativo egalitario encastillado que resiste numantinamente los ataques de cualquier otro modelo que se proponga; modelo que, además, y ésta es la segunda cosa que me inquieta, es tratado de modelo alienígena, exterior, extraño al sistema y a sus objetivos, pecaminoso.

Los pensamientos únicos no son nunca buenos. Y surgen siempre de la misma realidad: la ausencia de debate. El debate educativo español se basa en convencer a la gente de que no hay debate. De que aprés l'egalitarisme, le Deluge. Se basa en convencer a la gente de que pedir un seis y medio para conseguir una ayuda de los impuestos de todos para poder acceder a la enseñanza universitaria es colocarse extramuros del sistema educativo, hacer algo raro, al servicio de intereses espurios; algo que sólo va a servir para intensificar la desigualdad social española. Y, sin embargo, con el sistema actual de becas, que si Wert habla del seis y medio será, digo yo, porque las concede con cincos, hay 30.000  pollos que tienen que dejar la universidad porque no pueden pagar las matrículas. Con sólo suponer que el 5% de ellos sean buenos estudiantes, ya tenemos 1.500 españolitos que estudian, que se esfuerzan, que vienen de casas de pela corta; pero que, como el sistema de becas tiene que llegar también para sus compañeros de pupitre que se tocan los huevos en cuanto pasan del cinco, se tienen que ir a la puta calle, a hacer el curso CEAC de auxiliar de enfermería. Toma ya igualdad de oportunidades.

Yo pienso que es exactamente al revés; que el egalitarismo a quien beneficia es a quien puede pagarse una educación elitista, y jode al que podría haberse convertido en un ingeniero de puta madre estudiando en una universidad pública. Pero ése no es el tema. El tema es: ¿verdaderamente se fomenta una discusión de este asunto? ¿Verdaderamente hemos sopesado los pros y los contras? ¿Hay un plan sobre qué tipo de español formado necesitaremos en el año 2050? ¿Se ha ajustado la planificación de becas a dicho plan?

Y lo realmente importante, ya lo he dicho, es que aquí se ha producido una opción de la que yo creo que la mayoría de la sociedad no es consciente; no digo que no fuese la decisión de esa misma sociedad si fuese informada; digo que no se le ha informado.

La actual política educativa en España lleva ya décadas practicándose, por mucho que se haya ido cambiando o matizando mediante leyes. Esto quiere decir que ya está en condiciones de empezar a mostrar sus resultados. Hay uno que me parece especialmente importante, y que se puede leer en el reciente informe de la OCDE sobre la educación en España que ha sido presentado en nuestros lares.

La OCDE realiza un cálculo interesante del nivel de retorno que tienen los sistemas educativos: esto es: en qué medida el estudiante (dividido en dos: hasta la universidad, y universitario o FP Superior) realiza un retorno a la sociedad, entiendo que mediante el dinero que gana y que se convierte en declaraciones de impuestos, consumo, etc. El informe, así, calcula el valor actual neto de ese retorno, utilizando tres países (Estados Unidos, Alemania y Finlandia) como benchmark. He recolocado (que no reelaborado) los datos en el siguiente gráfico (el valor de los retornos está calculado en dólares USA), añadiendo (línea verde) la diferencia porcentual existente entre el retorno de los estudiantes hasta bachillerato, y de universidad (para los que se lean el informe: gráfico 2.12, página 28).

El gráfico demuestra, creo yo, que el sistema educativo español ya ha conseguido su objetivo fundamental: la igualdad social. Los retornos de los estudiantes hasta la universidad son básicamente los mismos que los retornos de los estudiantes universitarios; algo que no pasa en ninguno de los otros tres países, donde al universitario le cabe esperar, por así decirlo, una vida mucho más rentable que al no universitario. Incluso en la muy egalitaria Finlandia, de cuyo sistema educativo todos nos hacemos lenguas, pasar a la universidad supone generar un retorno (que yo entiendo como expectativa de beneficio personal) que dobla el esperado en el caso de no entrar en ella.

Citemos el propio informe: «En España, las ganancias absolutas, tanto públicas como privadas, de un hombre con estudios terciarios alcanzan 145.762$. Un titulado en segunda etapa de Educación
Secundaria o postsecundaria no Terciaria obtiene 124.251$». El incentivo económico de ir a la universidad, pues, son unos 20.000 dólares en términos de VAN. Incentivos que son mucho mayores en los países que se comparan.

España, por lo tanto, ya ha tomado una decisión. Su decisión ha sido construirse como un país donde las personas con educación secundaria son relativamente más prósperas que en otros países de su entorno, a costa de que las personas con educación universitaria sean relativamente más pobres que dicho entorno, conformando de esta forma una sociedad en la que la diferencia entre ir o no ir a la universidad es, realmente, muy pequeña (respecto, obviamente, de quedarse a las puertas, no de ser un analfabeto).

Es a la luz de estas cifras que cuando menos yo empiezo a comprender el debate del cinco raspado. No se trata tanto, a mi modo de ver, de que la persona que saca un cinco se merezca, per se, ser becada. Se trata de que esa oferta de becas es coherente con una estrategia que se basa en una universidad capaz de absorber en su seno a todo aquel que desee estar en ella, aunque llevando a cabo dicho deseo la universidad se masifique y genere este efecto que denuncia el gráfico, y es que licenciarse en una facultad española no supone tener expectativas de acceder a puestos súper-remunerados. Resulta paradójico comprobar que en España haya tanta titulitis, cuando resulta que el título apenas te mejora el nivel de vida un mísero 17%. Y, además, no se comprende que, por una parte, se defienda el actual modelo universitario y, acto seguido, se elaboren discursos críticos sobre la larga travesía en el desierto becario que han de pasar los licenciados, cobrando sueldos de hambre por hacer su trabajo y, en general, el bajo nivel salarial español. Una cosa está ligada a la otra; si se compra una, se compran las dos.

Y, como digo, como estrategia no es deleznable. Es una más. Pero yo me sigo preguntando si, verdaderamente, los ciudadanos españoles, y muy especialmente los que son padres, saben que esto es lo que están apoyando.