El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí)
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez
El 29 de octubre se produce la que, sin duda alguna, fue la crisis de gobierno en la época de Franco que más curiosidad provocó en la calle. Normalmente, las crisis de Franco eran cambios de cromos y modificaciones provocadas por la senilidad de los candidatos ya colocados. Pero en el aire huele que ésta tiene más cosas de por medio. Y no hablamos sólo del tema Matesa. No hay que olvidar, en modo alguno, el temita de la designación del hereu del Régimen. De alguna manera, también aquel gobierno es el primero en el que empiezan a colocarse las piezas respecto del proceso de apertura. Pero en lo que nos toca en este momento, hay que decir que dos ministros en relación directa con el tema Matesa abandonan sus ministerios; y otros dos fundamentales en el desarrollo del escándalo posterior a su conocimiento también fueron cesados (Juan José Espinosa San Martín y Faustino García-Moncó, por una parte, dejan de ser ministros de Hacienda y de Comercio; mientras que Manuel Fraga y José Solís abandonan, respectivamente, el Ministerio de Información y Turismo y la Secretaría General del Movimiento).
El día 13 de noviembre, Informaciones, usando con habilidad las posibilidades que la Ley de Prensa otorga para llegar a los sitios por alguna desviación comarcal, la emprende con las normas de funcionamiento de la comisión parlamentaria sobre Matesa, ya hechas públicas por la Comisión Permanente de las Cortes. Recuerda el periódico madrileño que, en Estados Unidos (y aquí dispara con bala, porque los franquistas empeñados en decir que el suyo es un régimen tan demócrata como cualquiera, gustan mucho de compararse con los USA) las conclusiones de la Comisión Warren sobre el asesinato de Kennedy se han vendido en los quioscos. El periódico recuerda, además, el pequeño detalle de que ninguno de los procuradores nombrados para la ponencia se adhirió al escrito de Ezequiel Puig; es decir, que se ha dejado fuera del tema a quienes más querían estar dentro.
La ponencia la componen: Alfredo Galera Paniagua, procurador por designación directa de Franco; Enrique Martínez-Cañabate y Moreno, representante de la Diputación de Granada; Cruz Martínez Esteruelas, consejero nacional por Teruel; José María Serrats Urquiza, representante de los empresarios del Sindicato Nacional de Pesca; y Joaquín Viola Sauret, procurador familiar por Lérida. Es decir: formalmente hablando, el único que tiene alguna vinculación algo importante con el tema es un procurador votado por la gente en Cataluña, por aquello del sector textil y tal. El resto, la verdad, parecen catedráticos de iconografía medieval oyendo defender una tesis sobre cromodinámica cuántica. Hay que decir, sin embargo, que siempre hay alguien que, aun probablemente escogido para no hacer nada, se empeña en hacer su trabajo. Es el caso del procurador Serrats, el pescador, quien se dirigirá oficialmente a la ponencia de la que forma parte para opinar que su ámbito de actuación y estudio no debería limitarse al informe ministerial; o sea, que se preguntaba por qué narices iba a estar toda la verdad en un escrito hecho por quienes, en el fondo, habían creado el problema. Asimismo, también se preguntaba si la ponencia podría o debería hacer alguna propuesta sobre régimen de incompatibilidades (las famosérrimas puertas giratorias, problema y denuncia que los progresistas de última hora, que no se pueden imaginar hasta qué punto son muchas veces falangistas reciclados, se empeñan en haber inventado).
Pero es que, además, las normas de la comisión propiamente dicha son la leche: las Cortes harán 30 copias del informe realizado por la Administración (unas 150 páginas llenas de información técnica). Estas copias nunca podrán salir de las Cortes, donde los procuradores podrán consultarlos, pero no copiarlos, ni fotografiarlos, ni nada. Esto durante veinte días (veinte días, recuérdese, durante los cuales más de 500 personas tendrán que repartirse la lectura de 30 copias de un informe), tras los cuales se abrirá un plazo de 15 días para que los procuradores hagan propuestas o presenten cuestiones a la ponencia. Con todo este material, la ponencia elaborará un informe, que será el tratado en comisión. A estas discusiones podrán acceder todos los procuradores, pero sólo los miembros de la Comisión tendrán voz y voto. La Prensa no podrá entrar. De ahí saldrá un dictamen que se comunicará al pleno y será publicado por el BOE. Esto es, literalmente, el máximo de transparencia que el franquismo podía dar. Pero, vaya, ya es más de lo que ha dado nuestra democracia en casos como, un suponer, las menores tuteladas de Baleares.
El día 26 de noviembre se nombra un nuevo juez especial para el caso Matesa en la persona de Francisco Pera Verdaguer. Se dice que esta sustitución está asentada en problemas de salud, pero la rumorología dio para mucho. A principios de diciembre, Vila Reyes ingresa en Carabanchel, mientras que Dalmau Salvat sale en libertad provisional.
En la Prensa, el escrito de Serrats Urquiza da para mucho. Wilfredo Espina, creo que yo que puntualmente informado por el autor, se apresura a interpretar, con bastante adecuación, que las cuestiones planteadas por el ponente vienen a sugerir que ha encontrado lagunas o defectos en el informe oficial.
El 27 de diciembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo se declara competente en el asunto Matesa,. La noticia es un bombazo. La competencia trae causa en el artículo 46.2 de la ley franquista de Régimen Jurídico de la Administración; texto que establece el aforamiento (derecho a ser juzgados por el Supremo) de subsecretarios, directores generales, gobernadores y civiles y autoridades o funcionarios con categoría de jefes superiores de la Administración. Nos encontramos, pues, ante el primer síntoma de que el asunto Matesa no se va a quedar en Vila Reyes y los de Palacagüina.
En ese día también se publica la noticia de que Matesa va a tener que, en lenguaje actual, hacer un ERE. El dato curioso de esta noticia es la indemnización de que serán beneficiarios los despedidos: 25 días por año trabajado; otros 25 días días más independientes de la antigüedad; 10.000 pesetas por esposa y 2.000 por hijo.
El 16 de febrero de 1968, Vila Reyes le escribe a Antonio Iturmendi para decirle que quiere deponer ante las Cortes sobre su gestión en Matesa. Pero, lógicamente, al franquismo no le apetece ni un huevo esa comparecencia. En dos años, hasta la primavera de 1970, serán unas quince personas las que acudan ante la ponencia para facilitar información. El 31 de marzo de dicho año, una vez enfriado el suflé por la propia llegada de nuevos temas a la opinión pública (entre otras, la llegada de joven Borbón larguilucho y su señora cabezona para eternizar el franquismo), la ponencia elaborará su informe, que se expondrá a puerta cerrada ante la comisión, con la asistencia permitida de aquellos procuradores que hayan presentado algún escrito sobre dicho informe (aunque, cabe recordar, éstos no pueden hablar).
Antes, sin embargo, están los jueces. El 13 de marzo, dos semanas antes de que la ponencia hable (con susurros) la Sala Segunda del Supremo dicta un segundo auto de procesamiento. Y vaya auto; es, más bien, un autobús que atropella al franquismo. Los nombres de los procesados:
Juan Antonio Ortiz García, director del Instituto de Crédito a Medio y Largo plazo (en lenguaje actual: el ICO)
José González Robatto, director del Banco de Crédito Industrial (en lenguaje actual: el banco público que existiría si le dejasen a los Podémers)
Juan Bautista Ginebra Torra, ex director general de Expansión Comercial y vocal del BCI (el número dos o tres del Ministerio de Comercio, según cómo se hagan las cuentas)
Tomás Galán Argüello, ex secretario general técnico del Ministerio de Industria y miembro del Comité Ejecutivo del BCI.
Álvaro Iranzo Comas, ex director general de Política Arancelaria y miembro del Comité Ejecutivo del BCI
Ángel Gutiérrez Martínez, ex consejero del BCI.
Asimismo, el TS dirige a las Cortes un suplicatorio para poder procesar a Ángel de las Cuevas, ex subsecretario de Industria, que es también procurador en Cortes. Al día siguiente, el TS procesará por delito de cohecho a cuatro funcionarios del BCI: Luis Alonso Calleja, José María Pellicer Guichot, Manuel Leira Coveña y Juan Vindel Miró. Todos ellos son sospechosos de haber sido untados por Matesa para lubricar expedientes y esas movidas. El 18 de abril, el Juzgado de Delitos Monetarios decretará libertad provisional para Fernando Vila Reyes, Trius y Banquells. Sin embargo, eso no quiere decir que salgan de la cárcel, pues todavía siguen imputados por lo penal en el Supremo.
El 11 de abril, las Cortes ponen a disposición de los procuradores el informe de la ponencia para que puedan consultarlo. De nuevo, nada de copias ni de llevárselo en taxi a casa. El informe tiene 131 páginas y, se dice, señala responsabilidades orgánicas.
El 22 de abril, la Sala Segunda del TS decide elevar la deliberación sobre el caso al Pleno. La razón sólo puede ser, y sólo es, una: el tribunal entiende que su enjuiciamiento va a terminar por afectar a personas que sólo pueden procesadas por el pleno; súper aforados, pues. En ese mismo día, las Cortes ni se plantean oponerse al suplicatorio de Ángel de las Cuevas.
A la una y media de la tarde del 5 de mayo se reúne en el Salón del Palacio de Justicia el Pleno del Supremo bajo la presidencia de su presidente, Francisco Ruiz Jarabo. La reunión termina a las tres. Así pues, España se apresta a una sobremesa presidida por el siguiente comunicado:
El Pleno del Tribunal Supremo ha decidido aceptar inicialmente la competencia en la causa especial que se sigue a razón de las actividades relacionadas con la empresa Maquinaria Textil del Norte de España SA.
Esta decisión tiene carácter previo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en las palabras finales de su apartado primero, y se dirige únicamente a aceptar que continúe la instrucción sumarial ya iniciada, en orden a investigar, por un magistrado del propio Tribunal, con carácter de juez delegado, las conductas de personas que pudieran estar amparadas por el fuero del Alto Tribunal en Pleno. No se prejuzga con ello decisión alguna de carácter jurisdiccional sobre estas conductas, respecto de las que únicamente se autoriza que se realice por el juez la investigación necesaria. Pronto se supo que el juez especial sería Francisco Pera Verdaguer, y que el ponente también sería el mismo (Fidel de Oro Pulido).
El Supremo, pues, cometiendo un error que aun hoy sigue cometiendo (pensar que el resto del país tiene su nivel jurídico) pretendía bajar el suflé a base de colocarlo en sus precisos términos procesales. Pero con ello, la verdad, todo lo que consiguió fue abrasarlo en el horno.
Aquel día se supo que los escritos presentados por procuradores a la ponencia fueron quince, alguna de ellas, como la del procurador Díaz Llanos (apuesto a que era Rafael Díaz-Llanos Lecuona), muy extensa.
El 13 de mayo, el Juzgado de Delitos Monetarios dictó sentencia condenatoria contra Juan Vila Reyes, Fernando Vila Reyes, Luis Banquells Coll, Antonio Trius Pascual y otras 45 personas más, doce de ellas no españolas, como responsables de un delito de contrabando monetario.
A finales de mayo comenzó a reunirse la Comisión de Matesa de las Cortes, y el 30 de junio se celebró la sesión plenaria sobre el tema. Los periodistas sólo pudieron acudir a la lectura de las recomendaciones y conclusiones.
Con la lectura de estas conclusiones, el franquismo probablemente quería dejar cerrado el tema Matesa. Pero ya la vía judicial era imparable (lo cual, por cierto, demuestra que el franquismo no era un Estado fascista, pues en un Estado fascista, y un buen ejemplo de ello son los Estados comunistas, la judicatura no tiene estos adarmes de autonomía decisoria). El 21 de septiembre de 1970, la Permanente de las Cortes hubo de reunirse para estudiar el suplicatorio dirigido por el Supremo para procesar a un prócer del franquismo. La nota emitida por Alejandro Rodríguez de Valcárcel tras la reunión dice:
Bajo la presidencia del titular de las Cortes Españolas se ha reunido la Comisión Permanente de la Cámara. Tras la lectura del acta de la sesión anterior, la Comisión resolvió conceder un suplicatorio que se había dirigido al Presiidente del Tribunal Supremo para el procesamiento de un procurador.
Don Alejandro, ya lo vemos, no era un portento de transparencia. El procurador procesado no lo era por una multa de tráfico. Y no era cualquiera: era Mariano Navarro Rubio, el alma mater de los planes de desarrollo, el puto Míster X de la tecnocracia franquista. Tan poca transparencia no hizo sino disparar la rumorología de que la concesión había sido muy polémica, porque en la Permanente había habido una cerril oposición a la misma.
En su memoria anual, la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución introdujo un párrafo indicando que en 1969 se había dirigido a Matesa y el BCI para expresarles que consideraba “nulas e ineficaces” las pólizas de seguro a la exportación constituidas a favor de las operaciones de la primera. Que no había recibido respuesta pero que, aun así, constituía en su balance una reserva prudencial, constitución que era la única razón de que la entidad diese pérdidas. Lo cierto es que el escándalo Matesa acabaría provocando que el Estado decidiese crear una entidad totalmente pública para el crédito a la exportación (la actual CESCE), para así tener que dar menos explicaciones.
En fin, en estas circunstancias, y teniendo en cuenta que estamos ya en 1971 y que han pasado dos años desde que estalló el escándalo Matesa, el franquismo, acojonado con el tamaño del dragón que ha criado, decide hacerse un Pedro Sánchez: el 1 de octubre de dicho año se cumplen 35 de la exaltación de Francisco Franco Bahamonde a la condición de jefe del Estado (aniversario éste que no deja de ser una ful, porque la exaltación 35 años antes lo fue a Generalísimo de los ejércitos que tenían que ganar una guerra y no de jefe del Estado; pero a ver quién le tosía al pakinsoniano...) Con tan fausto motivo se dictó un indulto que, se apresuró a aclarar la norma, podría afectar a delitos sin necesidad de que se haya celebrado juicio oral ni, en consecuencia, se haya dictado sentencia. Esto, esto es un Sanxe en Modo Experto: no sólo indulto a condenados, sino que indulto a personas por condenar.
El 22 de octubre se reúne el pleno del Supremo para tratar el indulto a los procesados de Matesa. Bajo la presidencia de Ruiz Jarabo y la presencia de seis presidentes de sala y 57 magistrados (sólo faltaron diez), se decidió indultar a: Ángel de las Cuevas, Juan Bautista Ginebra, Álvaro Iranzo Comas, Juan Antonio Ortiz García, Juan José Espinosa San Martín, Faustino García-Moncó Fernández, José Fernández Robatto, Mariano Navarro Rubio, Ángel Gutiérrez Martínez y Tomás Galán Argüello. Seguían procesados: Juan Vila Reyes, Fernando Vila Reyes, Luis Eladio Alonso Calleja, Luis Marcelino Vindell Miró, José María Pellicer Guichot, Antonio Trius Pascual, Luis Blanquells Coll y Manuel Benito Leira Cobeña.
O sea: se libran ministros, subsecretarios, secretarios generales técnicos, subsecretarios y ejecutivos del BCI, que son los que de verdad pudieron cometer el latrocinio de Matesa. Pero seguían procesados los pobres pringaos a los que Vila Reyes había regalado un iPad.
Automáticamente, como el Supremo había decidido que los aforados eran indultables, se deshizo del caso Matesa y se lo pasó a la Audiencia Territorial de Madrid.
El 28 de agosto de 1972, esa misma Audiencia Territorial de Madrid decide mantener la prisión preventiva incondicional de Juan Vila Reyes, pero se le permite cumplirla en el domicilio que él designe. Un año después, el 28 de octubre de 1973, el Tribunal todavía le pone las cosas más fáciles a Vila Reyes, permitiéndole abandonar su domicilio los días laborables para realizar su labor profesional (para entonces, era dueño y gestor de las empresas MASA e IUSA); y los festivos de diez a doce para ir a misa.
Para entonces, en todo caso, el caso Matesa había desaparecido. Ya no era, ni de lejos, lo que sus instigadores habían pretendido: un ataque directo y exitoso a la mitad del franquismo que miraba a Europa, a las reuniones internacionales; el franquismo que soñaba con que algún día la Von der Mierden de turno le diese la mano con una sonrisa y le apelase de Quegido Pedgo, o similar. Un ataque directo y exitoso del falangismo que no sabemos muy bien adónde quería llevar a la España sin Franco: primero, porque no pudo llevar a cabo sus planes; y, segundo, porque yo tengo por mí que aquellos falangistas, la verdad, no tenían muy claro el destino que buscaban.
En este sentido, el caso Matesa fue positivo. O, al menos, yo lo creo así. El fracaso del escándalo Matesa, que no olvidéis que casi consiguió que tres pesos pesados de la tecnocracia franquista como Espinosa, Navarro y García-Moncó acabasen en el maco, le enseñó a los más inteligentes de los falangistas españoles razonablemente jóvenes que el camino era otro. Indultando a los tecnócratas, Franco envió un mensaje claro: apostaba por ellos, porque apostaba por Juan Carlos. Esta decepción hizo que muchos falangistas se convirtiesen a la democracia o, cuando menos, a la democracia tal y como la concebían ellos.
Si del franquismo nos tenían que sacar el Partido Comunista y la sedicente oposición antifranquista, aviados habríamos estado. Esto es lo que hoy se entiende cada vez menos en esta España de políticos de menos de cuarenta años para los cuales nada bueno ha pasado antes de que ellos echaron el primer polvo, y de maestros e investigaciones más preocupados de conseguir likes que de conocer los hechos. La Transición tiene mala venta porque su juicio está, básicamente, en manos de ignorantes que, además, creen que lo más importante que les ha pasado en la vida ha sido precisamente su ignorancia. Pero la Transición fue eso: un proceso impulsado desde dentro de la dictadura e impulsado, en buena medida, por aquéllos que quisieron asaltar el futuro del Estado español, pero se quedaron muy lejos de las almenas a las que querían subir.
El escándalo Matesa le enseñó a los falangistas que tenían que convertirse en demócratas avant la lettre. Que tenían, en una palabra, que suicidarse, como de hecho hicieron al votar la Ley de Reforma Política. Ahí, en ese fondo oscuro, reside su importancia.
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