El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí)
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez
El 18 de septiembre, en la Prensa comienzan a aparecer noticias algo más jugosas que las oficiales sobre el consejo de ministros de San Sebastián. Allí, se informa, se leyó un informe de unas 150 páginas elaborado por los dos administradores de Matesa que sustituyeron a los dueños. En general, los signos de que el Estado va un poco a la defensiva en este tema son cada vez más claros. La Comisión Permanente de las Cortes no se atrevió, ésa es la expresión, a rechazar la posibilidad de celebrar un pleno sobre Matesa. Mientras tanto, una asociación llamada Justicia y Legalidad se persona en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que entiende de Matesa, para sustantivar una acción pública. Obviamente, nadie los acusó de ser de ultraderecha, porque allí todo dios era de ultraderecha.
La presión es evidente, y las reacciones también. Arriba, ahora, pide que el tema de despolitice: “No se le pueden buscar exageradas implicaciones a lo ocurrido a Matesa. Se trata de un hecho, por el momento, aislado”. Además, “la respuesta que se ha dado al caso Matesa ha sido la que correspondía a un Estado de Derecho”, El régimen recoge sedal. Ignacio Otaño López-Alén, portavoz de los acreedores privados de Matesa, sigue pensando que la incautación es la mejor solución para Matesa, aunque sólo sea para colocarla de nuevo en el mercado después. In extremis, el Juzgado de Delitos Monetarios permitirá a Matesa hacer uso de unos fondos sin los cuales no hubiera podido pagar los derechos de patente de su telar a la empresa Fatex; sin esos derechos, Matesa habría colapsado. El día 21 se informa de que Zabala y Trillo, los dos administradores impuestos por Hacienda en Matesa, han presentado su dimisión. Según algunas noticias que se venían publicando, llevaban ya días indicando que, con las restricciones de circulante que tenía la empresa por los embargos judiciales, no podían realizar su labor. Lo que no sabemos muy bien fue ante quién presentaron la dimisión, puesto que Matesa carecía para entonces de consejo de administración.
El 26 de septiembre, el número de devotos franquistas que han avalado con su firma el proyecto de que el escándalo Matesa sea motivo de una comisión de investigación parlamentaria asciende a 136. Los servicios de las Cortes, sin embargo, sostienen que la petición está “poco razonada”. Para entonces, son repetidas las noticias en la Prensa sobre presuntas ofertas, en ocasiones por Matesa, en ocasiones por sus existencias en el exterior, en ocasiones por ambas. En la empresa, por lo demás, la nómina de agosto se debe y, a pesar del pago del día 20, los plazos de abono de las patentes también se están echando encima. El 27 de septiembre, El Correo Catalán, fiel altavoz de los de la pela (léase “la subvención”, pues al último empresario liberal español lo fusilaron los mambises cubanos) se hace eco de la alarma que recorre todos los círculos de los empresarios exportadores, que ven peligrar la generosa y lenitiva política de apoyo a las ventas exteriores del Estado español. Quizá por ello, el consejo de ministros vuelve a dejar claro que no piensa girar ese gobernalle. Sin embargo, Andrés Ribera y Rovira, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, sigue clamando porque se acabe todo el nerviosismo alrededor de Matesa porque, dice, fuera de España hay toda una campaña contra sus exportaciones.
El 1 de octubre, los tribunales nombran interventor de Matesa en la persona de un jurista de mucho recorrido, Manuel de la Quintana Ferguson, que acabará por ser el alma mater de una de las principales aventuras inmobiliarias españolas: la empresa Urbis. Quintana, en ese momento, es sólo profesor adjunto de Derecho Civil en la Complutense. Por otra parte, Fernando Herrero Tejedor, fiscal del Tribunal Supremo (y padre del político y periodista Luis Herrero) designa dos fiscales especiales para el caso: José María González Serrano, que era fiscal general; y Félix Hernández Gil.
El día 2, para celebrar mi séptimo cumpleaños y también para tratar el asunto Matesa, el ministro José Solís Ruiz convoca a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Movimiento. Al finalizar la reunión, se entrega la siguiente nota (en la que, inexplicablemente, no se citó mi cumpleaños):
La Comisión Permanente expresó su plena confianza en que las responsabilidades penales, e incluso puramente administrativas, han de ser depuradas y exigidas con todo rigor por los tribunales y autoridades competentes, según los procedimientos pertinentes, dándose así satisfacción a las exigencias de la justicia, que son connaturales con nuestro Estado de Derecho, y que demandan la conciencia y los intereses de nuestro pueblo.
Pero además de los aspectos penales y administrativos que se deriven de unos expedientes concretos, y con independencia de que éstos sigan su trámite, existen implicaciones políticas de índole general, de las que el Consejo no puede estar alejado por imperativos de nuestra Ley Orgánica del Estado y de la Ley del Movimiento y del Consejo Nacional, y por ello la Comisión Permanente ha acordado interesar al gobierno la remisión de distintos informes, cuya preparación ha sido oficialmente anunciada, para que con la mayor brevedad posible puedan ser considerados por el Consejo Nacional, a través de los procedimientos previstos en sus normas reglamentarias, a efectos de que éste pueda cumplir debidamente con su esencial responsabilidad de defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional, que exigen del Estado, entre otras misiones, la de orientar el más justo empleo y distribución del crédito público.
Supongo que no tengo que explicar que en el Consejo Nacional del Movimiento, la presencia de la clase tecnocrática era, si alguna, meramente testimonial. El Consejo era el territorio de los falangistas, y por eso debéis de ver en esta reunión de la Comisión Permanente, y en sus demandas, una especie de Plan B de los impulsores del escándalo ante la opción, que ven bastante clara, de que la comisión en Cortes se quede en poca cosa. Trataban, pues, de cerrar el círculo por otro punto.
De hecho, al día siguiente, 3 de octubre, Antonio Iturmendi, presidente de las Cortes, acusa el golpe del día anterior haciendo unas declaraciones en las que afirma que, a la recepción de toda la documentación que se ha pedido sobre el tema Matesa (porque ellos también la han pedido) se actuará oportunamente en relación con el artículo 15 de la ley de las Cortes, es decir, el tema de las comisiones de investigación.
El 9 de octubre se informa oficialmente por el Consejo Nacional del Movimiento de la creación de una ponencia que elaborará un informe sobre el caso Matesa para la Comisión Permanente. En la ponencia están Alberto Ballarín Marcial, Gonzalo Botija Cano, José García Hernández y José Miguel Ortí Bordás.
En un gesto que no creo que fuese independiente de lo que acabo de relataros, el día anterior Antonio Iturmendi recibió a representantes de la comisión de investigación de Hacienda. El día 10, tal y como ya se había especulado, se levanta parcialmente el embargo sobre todo los bienes de Matesa para poder pagar los salarios atrasados. Era una medida totalmente necesaria, pues para entonces los trabajadores ya habían realizado varios encierros para exigir el parné.
El 12 de octubre, Día de la Raza, la Comisión Permanente de las Cortes estuvo reunida mañana y tarde. Tras tan largo conciliábulo, Iturmendi compareció ante los periodistas para informar de que la Permanente había decidido crear una Comisión Especial para el asunto Matesa, y otra para estudiar el crédito oficial. El día 16 se acuerda la lista de los integrantes de la comisión: Raimundo Fernández Cuesta, presidente (histórico del falangismo como pocos); José García Hernández, vicepresidente (consejero nacional del Movimiento por Guadalajara); Eduardo Villegas Girón (presidente del Sindicato Nacional de Transportes; ni se cambiaba los calzoncillos si no lo sabía José Solís), secretario; vocales: Alfonso María Abella y García Eulate (procurador familiar por Álava), Luis Álvarez Molina (consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes por la Organización Sindical, concretamente por la rama de Seguros), Manuel Atienza García (procurador en Cortes por el tercio de la Administración Local), José Bañales Novella (procurador en Cortes por el tercio Sindical), Manuel Batlle Vázquez (procurador en su condición de rector de la Universidad de Murcia), Fernando Bau Carní (procurador del tercio familiar por Tarragona), Mariano Calviño de Sabucedo y Gras (consejero nacional del Movimiento por designación directa del jefe del Estado), Manuel Baldomero Cerviá Cabrera, José María Echevarría Iraolagoitia (procurador del tercio de la Administración Local), Manuel Fuentes Irurozqui (procurador por el tercio Sindical y secretario del Consejo Nacional de Empresarios, consejero del Banco de España, del Banco de Crédito Industrial y de la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución), Luis Galdós García (procurador por el tercio Sindical y presidente del Consejo Nacional de Empresarios; el Garamierdi de la época, vaya), Alfredo Galera Paniagua (consejero nacional del Movimiento por designación del jefe del Estado, ex capitán general de la II Región Militar, ex consejero del Reino y ex suplente de Muñoz Grandes en el Consejo de Regencia), Antonio Gómez Picazo (procurador por el tercio de Administración Local), María Belén Landáburu González (procuradora por el tercio familiar en la provincia de Burgos), Enrique Martínez-Cañavate y Moreno (presidente de la Diputación de Granada, colocado por Solís en el Sindicato de Cereales), Cruz Martínez Esteruelas (consejero nacional del Movimiento por Teruel), José María Oriol y Urquijo (consejero nacional del Movimiento designado por el jefe del Estado), José Miguel Ortí Bordás (consejero nacional del Movimiento por Castellón), Fernando Pedrosa Roldán (procurador por el tercio de la Administración Local), José Antonio Perelló Morales (procurador del tercio familiar por la provincia de Valencia), Ezequiel Puig Maestro-Amado (procurador en representación del Colegio de Licenciados en Ciencias y Letras), Fernando Robina Domínguez (consejero nacional del Movimiento por Badajoz), Domingo Rojo Curto (procurador por el tercio Sindical), Fernando Suárez Fernández (procurador por el tercio familiar en la provincia de León), Antonio Zaragoza Rodríguez (procurador por el tercio Sindical) y Pedro Zaragoza Orts (procurador por la Administración Local).
Esta composición es tal que así: seis consejeros nacionales, ocho procuradores sindicales, seis procuradores de los municipios, seis del tercio familiar, uno de los rectores de universidad, dos de los colegios profesionales y uno de designación directa por el jefe del Estado.
Como puede verse, Cortes y Consejo Nacional han pactado. Habrá investigación orgánica y parlamentaria, pero será la misma investigación, ya que la realizarán los mismos. Dos días después, el juez especial del caso Matesa comenzó a tomar declaración a Juan Vila Reyes. El día 18, dicta auto de procesamiento contra Vila Reyes, su hermano Fernando, Manuel Salvat, Luis Banquells Coll y Antonio Trius Pascual. A cada uno de ellos se les ha exigido una fianza de 12.000 millones de pesetas.
El día 20 de octubre, el inusitado ambiente de libertad que vive la Prensa franquista ha desbordado ya por completo los límites que cualquiera en el franquismo hubiese deseado. El centro de ese desborde es la comisión de las Cortes. Las voces comienzan a ser muchas en el sentido de que, digan lo que digan las normas, el régimen tiene la obligación de hacer que esa comisión funcione de una forma, digamos, democrática. Wilfredo Espina, en este sentido, escribe en El Correo Catalán que si el debate de la Comisión no es público, “respetuosamente queremos decir que la hemos pifiado”.
El 22 de octubre, se conoce la noticia de que, en un tiempo récord la verdad, la comisión especial designada por los ministerios de Hacienda y Comercio ha terminado sus trabajos de investigación sobre el tema Matesa, y se los ha entregado al vicepresidente del gobierno. Ese mismo gobierno, sin duda, quiere cerrar el caso Matesa cuando antes. Horas después, por los mentideros de Madrid se difunde el rumor de que Espinosa San Martín ha dimitido. Ya incluso se hace eco del rumor. El tema no le saldrá gratis. El 24 de octubre, la Dirección General de Prensa transmite el siguiente comunicado de prensa: Por la publicación y difusión de información basada en rumores que se consideran irresponsables se ha ordenado por el Ministerio de Información y Turismo la apertura de expediente administrativo a las direcciones del diario Ya y la agencia Logos.
El periódico católico se defiende. Afirma que se dirigió al Ministerio para que, en su caso, rectificase la información, y que el departamento no dijo nada. Que un redactor del diario se había presentado en el Ministerio y había pedido audiencia al ministro para que, eventualmente, desmintiese la información. El periodista no fue recibido por el ministro, pero se le contestó un no comment oficial sobre el tema. El periódico afirmó que el redactor advirtió a su interlocutor de que la noticia iba a ser publicada. ABC salió en defensa de su compañero de misas, afirmando que le parecía totalmente desenfocado hablar de “rumores irresponsables”.
Al día siguiente, el ministro Manuel Fraga informa de la recepción del informe sobre Matesa, y de la decisión del vicepresidente de remitirlo a las Cortes y al Consejo Nacional del Movimiento. Asimismo, se conocen unas declaraciones hechas por el ministro Espinosa, a eso de las siete de la tarde del día anterior, cuando llegó a Bilbao. El ministro no quiso desmentir las noticias sobre su dimisión y, cuando fuese conminado por los periodistas a valorar el expediente que se le había abierto al periódico que lo publicó, se limitó a decir que eso era el negociado de Manolo Fraga, y que él no tenía nada que ver (noniná).
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