Francorrupción: El escándalo Matesa (5): ¡A las Cortes!

Matesa como enigma
El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí) 
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez 

 

Pyresa, que era la agencia de prensa oficial del Movimiento, comienza a buscar grietas en la declaración oficial, y lo hace con dos argumentos: el primero, preguntarse por qué no se tomaron medidas antes, lo que en la práctica invalida la parte fundamental de las explicaciones del gobierno; y, en segundo lugar, el que será, quizás, el argumento más repetido: la pregunta de cómo es posible que 10.000 millones de créditos a la exportación llegasen a concentrarse en una sola empresa. La España católica, a través de su sempiterno Ya, le lanza un mensaje a Franco en el sentido de que ha hecho lo correcto, al editorializar que hay probablemente bastardos intereses que querrían como ámbito el silencio, pues así podrían llevar a cabo su campaña de difamación contra las instituciones y contra el Régimen.

Arriba, desde una posición más institucional, fue claramente instada aquel día a servir de freno de las pasiones: La nota del gobierno es clara y contundente. No conviene desorbitar las cosas ni sacarlas de quicio. Hay que esperar al resultado de la investigación. La Administración ha operado con máximo rigor, habrá que ver el grado de culpabilidad de los rectores de la empresa. Puede que todo quede reducido a una inadecuada aplicación de los créditos concedidos. Serenidad, confianza y seguridad de que se procederá con toda justicia y objetividad. Esto es lo menos que se nos puede exigir a los medios informativos en general. Ni siquiera creo que este editorial fuese redactado en la sede del periódico. No me digáis que no es Patxi López en estado puro.

Sin embargo, un ex director de ese periódico que está llamando a la calma institucional, Rodrigo Royo, no está de acuerdo con esa estrategia de esperar, ver y confiar. El 20 de agosto dedica su primera página en SP a tratar de deslindar el misterio de la junta de accionistas de Pamplona. ¿Cómo es posible, se pregunta el inteligente polemista, que en dicha junta, que teóricamente fue una junta totalmente libre y privada, los dos gestores de la empresa, señores Vila Reyes y Dalmau, decidiesen purgarse a sí mismos? 

Este detalle, verdaderamente mal explicado (siguiendo la nota del gobierno, el 15 de julio de 1969 nadie estaba preocupado por Matesa en la Administración; cosa que hoy sabemos que no es cierta) le permite a Royo especular con que en la empresa hubiese “intereses ocultos”, y le lleva a preguntarse: ¿Qué hay detrás de Matesa y Vila Reyes? ¿Cuántos y quienes han sido los beneficiarios de los suculentos créditos?

Alguna historiografía ha querido ver en estas insinuaciones ataques directos contra los tecnócratas, que serían motejados de corruptos en lo personal. Pero creo que estas interpretaciones están obviando cosas mucho más serias. Lo pretendiese o no, Royo, al tener que escribir de forma elíptica y romboide como en toda dictadura, no podía evitar convocar en la mente de muchos lectores otras figuras; y sobre todas las de Nicolás Franco Bahamonde, hermano del Caudillo y que, para entonces, ya era bastante conocido entre bambalinas por algunas operaciones societarias no demasiado claras. Como veremos pronto, en unos días SP tendrá que renunciar a ser diario por falta de financiación, básicamente, pública. Yo siempre he pensado que fue el precio de este artículo. Royo, por otra parte, reprodujo en su periódico, en esos días, un discurso pronunciado por José Antonio sobre el escándalo del estraperlo durante la II República; gesto éste que levantó ronchas en los ministerios económicos. Porque a los falangistas les pasaba un poco como a los comunistas con Lenin: cualquiera que fuese el tema que estuviese sobre la mesa, siempre podían encontrar un par de párrafos de José Antonio para dar por culo.

El 21 de agosto, Juan Vila Reyes dimite como presidente del RCD Español, después de un rosario de visitas a su casa, donde todavía convalece, del presidente de la Federación Catalana de Fútbol Pablo Porta, que sería presidente de la Española y frecuente objeto de las iras de José María García (Pablo, Pablito, Pablete). Informaciones cuenta que la dimisión se ha demorado (y de ahí la mediación de Porta, probablemente) porque Vila quiere que el club le devuelva unas decenas de millones que les ha prestado.

En su incansable búsqueda de grietas del sólido muro de censura (autocensura, más bien) que ha pretendido tejer el gobierno con su nota, la Prensa se ceba con la situación de Matesa en Portugal donde, se escribe, faltan actas de las juntas, los accionistas portugueses nunca tuvieron derecho de voto, y se han realizado ventas a precios muy superiores al valor real.

El 22 de agosto, Royo se explica sobre el controvertido discurso de José Antonio que ha reproducido. Y lo hace echando leña: Efectivamente, el discurso de José Antonio en el parlamento es alusivo. Por eso lo publicamos, no faltaría más. José Antonio se refiere al Partido Radical y a su jefe, que era [Alejandro] Lerroux. No hay que ser muy avispado para comprender dónde está hoy el equivalente del Partido Radical y quién hace las veces de don Alejandro Lerroux en la España actual, mejorando lo presente. Ya, por su parte, mantiene su línea de reclamar total transparencia e información sobre el tema.

Aquel día, por lo demás, Vila Reyes, tras recibir el alta de sus médicos, ingresa en prisión.

El 24 de agosto, en SP, Rodrigo Royo decide saltarse (casi) todas las líneas rojas del franquismo. En la portada de su revista, un inusitado titular: Los ministros económicos deben dimitir. Dentro, en el texto, el ex divisionario se despacha a gusto: las directrices económicas del país han perdido su rumbo y necesitan ser corregidas (…) ¿Por qué ha surgido Matesa? ¿Dónde está la verdadera causa de que se produzcan situaciones como ésta, que tan preocupada tiene a la opinión pública y al país? Sin duda, en la orientación dada a la economía y la industria por el equipo de tecnócratas que lleva el timón de la economía. Mientras las piezas fundamentales de estos ministerios económicos no sean sustituidas por otras capaces de aportar savia más fresca a los tallos del tronco económico-industrial del país agotados por el desgaste que implica una actuación política demasiado prolongada, los casos Matesa seguirán proliferando, independientemente de que afloren o no a la opinión pública. Lo peor de este texto, probablemente, es la sugerencia que contiene a sus lectores falangistas de que, probablemente, no saben ni la mitad del cacho de un trozo de lo que está pasando. Eso, más la referencia, críptica como todas las hechas bajo la Ley de Prensa, a "una actuación política demasiado prolongada". ¿Se refería Royo a los ministros tecnócratas? ¿Seguro? En las barras de los bares hubo más que tertulias con aquello.

Aquel día, por lo demás, uno de los periodistas más libres del franquismo, el barcelonés Wilfredo Espina, le hace un poco, o cuando menos yo lo creo, el caldo gordo sin querer al falangismo, al sacar a pasear, por primera vez, la idea que en los círculos azules ya se estaba mascullando: ya que la investigación administrativa y judicial del caso ha quedado definida (y cerrada para ellos) por el consejo de ministros de 15 de agosto, hay que desplazar el tema a las Cortes.

Espina, como digo, y probablemente más por conciencia democrática que porque alguna mano meciese su cuna, o al menos así lo creo yo, escribe ese día: Más o menos, el consejo de ministros habló. Pero eso no basta. Porque si corresponde a las Cortes el control de la acción de gobierno, éstas deben hablar. Las Cortes deben hablar, porque nadie puede ser ni parecer al propio tiempo juez y parte. No puede ser la Administración sola la encargada de investigar y enjuiciar el affaire. ¿Por qué los procuradores en Cortes, ni siquiera el señor Tarragona [se refiere a Eduardo Tarragona Corbella, procurador por Barcelona y el tercio familiar, es decir por elección popular, que era partidario del reconocimiento de la identidad nacional catalana; fue diputado en la democracia por Alianza Popular], no han propuesto ahora una comisión investigadora?

El problema del comentario de Espina reside en que, en realidad, las Cortes franquistas no tenían reglamentada la creación de comisiones de investigación. O sea: existir, existían. Pero con unas restricciones brutales que, en la práctica, impedían, por ejemplo, el principal valor añadido de una comisión de investigación, que son la luz y los taquígrafos. El franquismo, en este punto, se hizo claramente un Patxi López y le dijo al país: “¿Qué más da?”, ante todos los temas que el país hubiese querido esclarecer.

En fin, he dicho que creo que Espina, más que nada por su carácter no muy identificado con el falangismo, escribió lo que escribió porque le petó. Pero hay, sin embargo, indicios de una cierta, por así decirlo, correlación o confluencia. Porque el caso es que ese mismo día que se publicaba en Barcelona el comentario de Espina, Falange daba el paso en las Cortes.

El procurador en Cortes Ezequiel Puig Maestro-Amado dirige un escrito a la Presidencia de las Cortes solicitando la reunión de las mismas y “si fuera necesario, del Pleno” para la constitución de una Ponencia compuesta por miembros de la Comisión Permanente que “lleven a cabo una investigación para poder exigir las responsabilidades pertinentes a todos cuantos por mala fe, negligencia o incompetencia, resultaren culpables” del asunto Matesa. Puig era un licenciado en Exactas sevillano, muy identificado con la línea falangista. Parece que, como a buen sevillano, no le faltaba sentido del humor, como demuestra la anécdota, referida por el periodista Antonio Burgos, de que horas antes de la proclamación de Juan Carlos I, tras la muerte de Franco, se probó personalmente la corona de España. Para entonces, por cierto, Tarragona, el apelado por Espina en sus corondeles, ya estaba también reclamando que se creasen las comisiones que fuesen necesarias para esclarecer el tema.

Ese día es también el primero en el que se hace público algo que ya ha aparecido en diversos comentarios y movidas, pero que todavía no se conocía con precisión: el papel del seguro. Se hace pública la información de que la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución SA había suscrito contratos de seguro con el Banco de Crédito Industrial para cubrir la prefinanciación de exportaciones con y sin pedido en firme. Estos contratos garantizaban el resarcimiento de las pérdidas derivadas de que la exportación prefinanciada no llegase a buen puerto por razón de insolvencia. Pero eso no es más que desvestir un santo para vestir a otro. Si el BCI recuperaría el dinero, ¿cómo lo recuperaría Crédito y Caución?

En un día como éste, en el que sabemos que la actividad de los azules del régimen fue tan intensa, Arriba, apenas horas después de haber jugado el papel de moderador en el debate que con seguridad se le había impuesto, sale a la palestra introduciendo nuevos elementos de duda. Hace unos tres años, relata, los grandes bancos privados comenzaron a recibir mensajes en el sentido de que debían conceder créditos a Matesa. El tema, seguía el periódico, era interesante, pero había “algo impalpable” (sic) que los hacía sospechar. Así que crearon una comisión para investigar a fondo a Matesa, que estaba “en sus días de vino y rosas”. El resultado, relataba el periódico, fue un informe confidencial, y una circular, también secreta, a todos los directores de agencia, en la que se ordenaba que “no diesen un duro” a la empresa. Aquella noticia fue un aldabonazo entre las personas enteradas del régimen. Arriba siempre se posicionaba al lado del gobierno, por definición. Aquella crónica, que venía a insinuar que la banca oficial no quiso ver lo que para los bancos privados era más que evidente, significaba un dramático cambio de estrategia. El de toda la vertiente falangista del régimen, en realidad.

El 28 de agosto, la Administración se da cuenta de que el comunicado del consejo de ministros, probablemente como habían pensado, no ha servido para calmar las aguas. Ya os he dicho que dicho comunicado es un ejemplo de transparencia; lo es incluso en un régimen democrático, así pues, a quienes lo impulsaron en el seno del régimen franquista, les debió de parecer un parto de tales proporciones que nadie se atrevería a poner un pero más a la situación. Dos semanas después, empero, el Estado se encontraba acorralado por la Prensa, incluso desde flancos que nunca había imaginado.

Por esta razón, ese día se hace saber, a través del BOE, que el interventor general de la Administración del Estado está practicando una investigación a fondo sobre el tema Matesa. Ocupa dicho cargo Felicísimo de Blas Hernando. En el decanato de los juzgados de Barcelona, Juan Badía Martorell y el Banco Rural y Mediterráneo presentan sendas demandas por impago contra el grupo Matesa. Los acreedores comienzan a impacientarse.

En París, Le Monde se fija en la portada de Royo en SP pidiendo dimisiones. Lo interpreta como un intento de lo que llama los ministros “sociales” del régimen para evitar un gobierno homogéneo de tecnócratas (sí: en el extranjero, los ministros falangistas tenían imagen de “sociales”, de defensores de los derechos de la gente. ¿Es o no es el hoy de España un falangismo reciclado?). El periódico francés, además, introduce un factor que fue muy importante en el escándalo Matesa, pero de cuya conexión con el mismo los españoles, obviamente, no tuvieron noticia: la reciente designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de la corona de España a la muerte de Franco. Esta designación, teoriza Le Monde, ha sido impulsada por los tecnócratas, aunque yo, personalmente, diría que, más bien, fue una designación impulsada por Carrero Blanco con el apoyo de dichos tecnócratas. El año 1969, por lo tanto, ha sido un año de pérdida de poder, quizás de todo el poder, a cámara lenta, para los falangistas. Reaccionaron con el caso Matesa como podrían haber reaccionado con otra cosa,

El Estado, por otra parte, está obsesionado con dejar claro que la maquinaria judicial está a tope con el tema. Se filtra que el ministro de Hacienda se ha reunido con el fiscal del Supremo para trasladarle toda la información de que dispone; mientras que el juez especial de Delitos Monetarios también ha trasladado información de sus actuaciones al ministerio fiscal, por si considera que debe deducir responsabilidades en la jurisdicción ordinaria.

En la Prensa se habla de una posible crisis de gobierno que daría el mismo a José Antonio Girón. Es un rumor poco creíble, pero da la seña de que entre los azules hay alguno que considera que deben acabar con Carrero.