lunes, mayo 30, 2016

Estados Unidos (30)

Recuerda que ya te hemos contado los principios (bastante religiosos) de los primeros estados de la Unión, así como su primera fase de expansión. A continuación, te hemos contado los muchos errores cometidos por Inglaterra, que soliviantaron a los coloniales. También hemos explicado el follón del té y otras movidas que colocaron a las colonias en modo guerra.

Evidentemente, hemos seguido con el relato de la guerra y, una vez terminada ésta, con los primeros casos de la nación confederal que, dado que fueron como el culo, terminaron en el diseño de una nueva Constitución. Luego hemos visto los tiempos de la presidencia de Washington, y después las de John Adams y Thomas Jefferson

Luego ha llegado el momento de contaros la guerra de 1812 y su frágil solución. Luego nos hemos dado un paseo por los tiempos de Monroe, hasta que hemos entrado en la Jacksonian Democracy. Una vez allí, hemos analizado dicho mandato, y las complicadas relaciones de Jackson con su vicepresidente, para pasar a contaros la guerra del Second National Bank y el burbujón inmobiliario que provocó.

Luego hemos pasado, lógicamente, al pinchazo de la burbuja, imponente marrón que se tuvo que comer Martin van Buren quien, quizá por eso, debió dejar paso a Harrison, que se lo dejó a Tyler. Este tiempo se caracterizó por problemas con los británicos y el estallido de la cuestión de Texas. Luego llegó la presidencia de Polk y la lenta evolución hacia la guerra con México, y la guerra propiamente dicha, tras la cual rebrotó la esclavitud como gran problema nacional, por ejemplo en la compleja cuestión de California. Tras plantearse ese problema, los Estados Unidos comenzaron a globalizarse, poniendo las cosas cada vez más difíciles al Sur, y peor que se pusieron las cosas cuando el follón de la Kansas-Nebraska Act. A partir de aquí, ya hemos ido derechitos hacia la secesión, que llegó cuando llegó Lincoln. Lo cual nos ha llevado a explicar cómo se configuró cada bando ante la guerra.


Comenzando la guerra, hemos pasado de Bull Run a Antietam, para pasar después a la declaración de emancipación de Lincoln y sus consecuencias; y, ya después, al final de la guerra e, inmediatamente, el asesinato de Lincoln.

Aunque eso no era sino el principio del problema. La reconstrucción se demostró difícil, amén de preñada de enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso.

En un decidido enfrentamiento entre las cámaras y el presidente, éstas crearon un denominado Comité Conjunto de los Quince, formado por seis senadores y nueve congresistas, destinado a auditar las credenciales de los Estados admitidos o candidatos para merecer dicha admisión. Sin embargo, estos representantes nunca fueron a una reunión; el Comité nunca las celebró. En febrero de 1866, el Congreso votó una ley que mantenía la vigencia del Freedmen's Bureau, esto es, la principal herramienta política efectiva de los radicales. Johnson vetó la ley, el Congreso votó contra el veto, pero el Senado lo aceptó.


Un mes después, el presidente vetó una nueva ley de derechos civiles, cuyo texto prohibía a los Estados discriminar a sus ciudadanos en base a su color o raza. Sin embargo, en apenas unas semanas algunas cosas habían cambiado, puesto que un grupo de senadores conservadores se había unido a estos puntos de vista, con lo que la perspectiva de que un eventual veto presidencial fuese apoyado en el Senado eran muy pocas. De hecho, ambas cámaras votaron en contra del veto presidencial. Crecido, el Congreso volvió a proponer otra ley que prolongaba el Freemen's Bureau, y en julio consiguió hacerla efectiva a pesar del veto presidencial.

El ambiente estaba ya suficientemente caldeado para poder plantear la medida definitiva: la décimo cuarta enmienda.

Esta enmienda constitucional trae causa en el miedo que tenían los republicanos del Congreso a que otro Congreso futuro, con otra composición, pudiese tumbar su legislación de derechos civiles cuando la pusieran en marcha. En efecto, una ley es una ley, y se tumba con otra ley. Para que las cosas se hiciesen permanentes, era necesario “subir” esa ley a la consideración de ley de leyes, esto es, incluirla en la Constitución.

Por lo demás, en 1866 los Estados Unidos tenían una legislación que, por extraño que pueda parecer a unos ojos modernos, no definía en parte alguna la ciudadanía. Por eso, la primera sección de esta enmienda definía la ciudadanía estadounidense mediante la inclusión en la misma de all persons born or naturalized in the United States. Una expresión que, de un plumazo, otorgaba la nacionalidad a todo negro que hubiese nacido en los Estados Unidos; lo que, asimismo, tras años de comercio internacional de esclavos prohibido, era la norma. La enmienda, además, prohibía a los Estados reducir los privilegios e inmunidades de los ciudadanos. Seguía la más famosa frase de esta enmienda, que decía que quedaba prohibido a cualquier Estado to deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law, o to deny any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

La segunda sección de la enmienda, inicialmente, habría otorgado el voto a los negros, como querían los republicanos más radicales. Sin embargo, el compadreo habitual en estos procesos acabó por eliminar esa cita, cambiándola por una penalización a los Estados que les negasen dicho voto. Esta penalización, sin embargo, nunca llegó a aplicarse y, obviamente, quedó obsoleta tras la décimo quinta enmienda.

Hay que reconocer que los redactores de esta enmienda fueron muy listos. Años después, con la norma ya vigente, se comprobaría la inteligencia de no citar a los negros explícitamente en el texto. La estrategia de hablar de “personas”, sin más, se reveló muy positiva cuando el Supremo hubo de dirimir sobre regulaciones que afectaban a empresas ferroviarias; el tribunal, como no podía ser de otra manera, recordó que “persona” se puede ser física o jurídica; que las sociedades, por lo tanto, son tan personas como cualquiera de nosotros; y que, consecuentemente, están igualmente amparadas por la décimo cuarta enmienda (si son estadounidenses, claro). Casi cien años después, la garantía de la protección igual ante la ley sería la base para la decisión del Supremo sobre la integración en las escuelas (1954).

La propuesta de la décimo cuarta enmienda fue saludada y temida en el Norte y en el Sur, respectivamente, como la reinstauración de la Unión. Como ya os podréis imaginar por lo que ya os hemos contado, al presidente Johnson no le gustó ni un pelo. En marzo de 1866, de hecho, recomendó a los Estados otrora confederados que rechazasen la enmienda cuando les fuese consultada. Los republicanos radicales de Washington, por su parte, todavía querían una enmienda más dura. Lo cierto es que diez de los once Estados secesionistas, con la única excepción de Tennessee, rechazaron la enmienda aquel mes de marzo. Teniendo en cuenta que dos Estados unionistas, Delaware y Kentucky, también la repelieron, aquello fue suficiente para rechazar la norma.

Todo esto ocurría en medio de la campaña para la reelección del Congreso. Durante la campaña, los candidatos republicanos se dedicaron a ridiculizar a Johnson, lo cual revela la enorme flexibilidad de la política estadounidense. Fue, además, una campaña extremadamente violenta. El 30 de julio, en Nueva Orleans, durante una demostración de radicales que pretendían defender el derecho de sufragio de los negros de Luisiana, hubo una contramanifestación esclavista, y en el enfrentamiento hubo nada menos que 41 muertos.

Los republicanos ganaron por goleada. Teóricamente, el nuevo Congreso no tenía que reunirse hasta diciembre de 1867, a menos que el presidente convocase una sesión especial. Sin embargo, el Congreso saliente le ganó por la mano, dictaminando su propia potestad para hacer eso mismo; y, de esa manera, el 4 de marzo, el último día que estaba vigente el viejo Congreso, se convocó la primera reunión del nuevo.

Y comenzó crecido. Se aprobó la First Reconstruction Act, que Johnson intentó vetar. Esta ley organizaba los Estados confederados en cinco distritos militares, cada uno bajo el mando de un general nombrado por el presidente, y dotados de tropas suficientes como para poder imponer la ley marcial si fuere necesario. La labor principal del general era organizar elecciones para una convención constitucional en cada Estado, con la participación de hombres adultos de todos los colores (excepción hecha de los altos funcionarios confederados). Estas convenciones nombrarían gobiernos en los que los negros podrían tener puestos. Para que estos Estados fuesen readmitidos en la Unión, deberían aceptar la décimo cuarta enmienda.

En junio de 1868, todos los Estados confederados salvo tres (la siempre relapsa Texas; Mississippi, que en el esclavismo se jugaba su modelo económico; y Virginia, donde empezó todo) habían sido reconstruidos por estas acciones, a tiempo para participar en las elecciones presidenciales. Los tres Estados recalcitrantes entrarían en 1870, junto con Georgia, que tiene el récord de ser admitida dos veces, puesto que había sido expulsada tras expulsar ella misma de su parlamento a los candidatos electos de color oscuro.

Como ya se ha dicho en otros puntos de este relato histórico, en Estados Unidos, como en otros países, hay una fuerza muy importante, que es el Tribunal Supremo. En España también, todo hay que decirlo, pero es ligeramente distinto porque, si bien en ambos casos los jueces son elegidos por políticos, en EEUU el hecho de que el Supremo no sea sólo una corte constitucional, y que por lo tanto los tipos que se eligen también deban fallar sobre cuestiones como accidentes de tráfico o derechos hipotecarios, hace que los jueces elegidos allí deban ser jueces de verdad, no representantes políticos con título de Derecho. Por aquí le vino el problema a los republicanos.

Hay que recordar aquí un caso que, en 1868, ya estaba sentenciado. Se trata del caso ex parte Milligen, que en 1866 había juzgado la suspensión del habeas corpus en Indiana, decretada por Lincoln en medio de la guerra. En su decisión sobre la materia, el Supremo había dictaminado que “si el poder militar se extiende después de que los tribunales hayan sido restablecidos, se produce una evidente usurpación de poder”.

Esta frase, debemos recordar que introducida en una sentencia promulgada por la corte constitucional, era un torpedo en la línea de flotación de la First Reconstruction Act, pues cuando los mandos militares en el Sur fueron organizados y establecidos, las cortes judiciales en esos Estados ya estaban abiertas. Los confederados, que no eran tontos, aprovecharon un caso, ex parte versus McCardle, para hacer valer la contradicción, y los jueces se mostraron tendentes a hacerles caso. Los republicanos, que la verdad siempre han sido muy partidarios de retorcer el brazo de la ley cuando no les dice lo que quieren, introdujeron una enmienda en una ley menor que prevenía la apelación a los tribunales de los casos de habeas corpus. Sí, como suena: para defender los derechos de los negros, se llegaba a dejar de facto en manos de los políticos la suspensión impune de las garantías procesales de las personas. Con un par.

Johnson vetó la ley, pero el Congreso terminó aprobándola en marzo de 1868. El Supremo, a pesar de que ya estaba estudiando el caso ex parte versus McCardle, suspendió sus gestiones.

Ya le habían plantado cara a los jueces. Ahora quedaba el gobierno. Para pararle los pies a Washington, contaban con dos leyes que fueron aprobadas al mismo tiempo que la First Reconstruction. La primera de ellas, la Tenure of the Office Act, impedía que el presidente pudiese cesar a alguien nombrado por el Senado sin el consentimiento de éste. La segunda, la Command of the Army Act, prohibía al presidente cursar órdenes al ejército que no hubiesen pasado por el general en jefe (en esos momentos, Grant).

Estas dos leyes eran una grave amenaza a los poderes presidenciales, y muy especialmente a su consideración como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Johnson, de hecho, decidió provocar un conflicto con las cámaras en febrero del 68, cuando pretendió cesar al secretario Stanton; pero ese movimiento sólo causó que sufriese un impeachment del Congreso. Desde el 5 de marzo hasta el 16 de mayo fue juzgado en el Senado. Finalmente, gracias a la defección de siete republicanos, el voto para confirmar la expulsión fue derrotado o, más en concreto, falló a la hora de conseguir los dos tercios exigidos por la Constitución.

Para las elecciones presidenciales de aquel año, los republicanos tenían un candidato claro en el general Grant. Johnson trató de ser nominado por los demócratas, pero éstos, en una decisión difícil de entender, se decantaron por un oscuro político neoyorkino llamado Horatio Seymour.

La campaña demócrata fue básicamente económica. Con el final de la guerra, el Estado había comenzado una labor continuada de retirada de la circulación de los greenbacks de la guerra. Sin embargo, al hacer esto había reducido los medios de pago, con lo que muchos granjeros, votantes natos de los republicanos, se encontraban con dificultades para honrar sus compromisos, sobre todo hipotecarios. Los demócratas vieron ahí una oportunidad de arrebatarle a sus contrincantes a muchos votantes naturales, y ofrecieron la recirculación de estos títulos, siempre y cuando se utilizasen para amortizar bonos de guerra que no hubiesen sido emitidos con la exigencia de su amortización en oro.

Los republicanos, por su parte, se basaron en agitar la consigna de que los demócratas habían sido los grandes animadores de la secesión. Y les funcionó, aunque cualquier observador inteligente debería decir que más bien a medias. Grant ganó en todos los Estados Unidos por una exigua diferencia de 310.000 votos. Esto venía a querer decir que, de no haber votado los 700.000 ex esclavos que lo hicieron, el general habría perdido por una diferencia similar frente a Seymour, que era un candidato con menos glamour que Yurena.


El hecho de que en algunos Estados del Sur se hubiesen dado maniobras para “convencer” a los negros de no ir a votar, por lo demás, convenció a los republicanos que de que con la décimo cuarta enmienda tal vez no era suficiente. Por eso desarrollaron la décimo quinta, según la cual “el derecho a votar de los ciudadanos no podrá ser impedido ni recortado ni por los Estados Unidos ni por Estado alguno en razón de la raza, el color o una condición previa de esclavitud”. Esta enmienda fue ratificada en marzo de 1870.