lunes, enero 30, 2012

El marxista naïf (3)


Los primeros meses de gobierno de Allende fueron aclarando dos divorcios; o, mejor dicho, uno y medio, porque el allendismo nunca se divorció, en realidad, de la ultraizquierda. Evidentemente, la extrema derecha, Patria y Libertad, se extrañó por completo de los actos y proyectos del presidente, y a las pocas semanas de ocupar éste la Casa de la Moneda ya le prescribía la muerte que acabó teniendo. Por su parte, la ultraizquierda del MIR y de Vanguardia Organizada del Pueblo vaticinaba la sustitución de Allende por otro presidente más revolucionario; pero nunca terminaba de cortar las amarras con un gobierno que, al fin y al cabo, estaba haciendo más cosas que ninguno en la línea que ellos pretendían. Todo esto era presenciado a prudente distancia por el PC Chileno, a causa sobre todo de sus vínculos con Moscú, es decir con un centro de poder para el cual Chile sólo era una pieza más de un complejo ajedrez y que, por lo tanto, tampoco estaba dispuesto a darlo todo. 

El 8 de junio de 1971, el régimen vivió su primera gran prueba de fuego cuando la Vanguardia asesinó al político democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic. Las acusaciones a la Unidad Popular no se hicieron esperar pero Allende, llevando hasta el final el principio de respeto total a la legalidad y al orden, lavó esa mancha con una investigación en la que los terroristas fueron finalmente descubiertos.

Por el camino, y bajo la batuta del ministro Vuscovic, en Chile comenzaron a nacionalizarse industrias a puñados. Es elemento habitual de la literatura más proallendista recordar que esa situación se produjo en un ambiente de fuga masiva de capitales; el aeropuerto de Santiago se preñó de viajeros que volaban a Argentina con maletas que parecían embarazadas de cuero. Pero también es cierto que no tiene mucho sentido dejar el dinero dentro de un circuito que está siendo crecientemente nacionalizado; por mucho que la fuga de capitales sea una acción insolidaria, no lo es menos que quien aborda un proyecto para hacer estatal una parte fundamental de la economía, para tener bajo su sobaco un tercio del suelo agrícola de Chile como pretendía la ODEULAN, más le valdría haber previsto este efecto, porque cae de cajón.

Si los socialistas chilenos hubiesen leído la Historia de la II República española, también habrían previsto un efecto que, en parte, parece les pilló por sorpresa: el cierre patronal de facto producido en los fundos chilenos, que secó la producción agrícola; igual que pasó en España, sobre todo, durante la primera reforma agraria republicana.

Como consecuencia, Chile entró en una dinámica de moneda crecientemente desvalorizada, algo contra lo que el gobierno luchó poniendo a funcionar la maquinita de hacer billetes (o sea, echando gasolina a la hoguera); y, al igual que pasó en España durante la guerra civil en zona republicana, la toma del poder de gestión de las empresas por los trabajadores devino en una inmediata caída de la productividad y, en general, de la eficiencia. 

Ya en abril de 1971, Vuscovic tuvo que anunciar la imposición de contingentes a la industria nacional; no máximos, sino mínimos. «Se trata de producir más», sentenció.  De hecho, oigamos al mismísimo Allende: «mientras no se forme una conciencia política, y los obreros, los campesinos y los empleados, no entiendan que este país sólo progresa produciendo más y trabajando más, este país, sencillamente, va al fracaso». Esta frase, por cierto, instila otro de los elementos identificadores del allendismo, siempre según mi opinión: la Unidad Popular era un gobierno de izquierdas, y como gobierno de izquierdas actuó un poco como si considerase que los trabajadores harían lo que ella les pidiese, porque sí. 

Es error común de muchos políticos olvidar que el común de los mortales no se rige tanto por principios ideológicos como ellos. El trabajador medio no come de las teorías de Lenin o las formulaciones de Gramsci. Su vida consiste en estar atento a la relación entre lo que gana y lo que le cuesta vivir, y montarla, si puede, cuando lo primero baja y lo segundo sube. Presos de una convicción un tanto angélica sobre las masas revolucionarias, ese Pueblo magnificado en la teoría marxista que, por lo visto, nunca se equivoca y nunca ataca a gobernantes de izquierdas, los dirigentes de la UP nunca pensaron encontrarse con el problema de que los trabajadores fueran a ser menos eficientes cuando les quitasen de en medio a su empresario; y mucho menos que fuesen a montar movidas reivindicativas salariales contra ellos. Pero los trabajadores lo hicieron: los textiles; los taxistas de Santiago, que montaron la mundial para conseguir la bajada de bandera de cinco pesos; e incluso, sorpresa de sorpresas, los trabajadores de las minas de cobre nacionalizadas. 

Como ilustración de esto que digo, de esta suerte de incapacidad de entender que pobre y trabajador no quiere decir revolucionario y menos aún marxista, copio aquí la descripción que el propio Allende hizo del problema nuclear de la reforma agraria: «La ley permite expropiar enseguida la tierra, pero hay que discutir con el patrón sobre los animales, maquinaria y todos los complementos del trabajo agrícola. El hecho de decir: “se expropia tal fundo” no implica que pase de inmediato a la Corporación de Reforma Agraria. Entonces, el campesino dice: “si este fundo está expropiado, es nuestro”. Y este fundo no va a ser entregado, como suyo, a los campesinos, sino que, sencillamente, lo trabajaremos en cooperativa y, en excepcionales casos, en haciendas del Estado. Eso hay muchos campesinos que no lo comprenden. Y es que hace falta tiempo y crear una conciencia».

En lo tocante a la llamada a producir más, las grandes empresas privadas, en general, objetaron de colaborar con el gobierno. Y, aunque el gobierno les había amenazado con multas e incluso la nacionalización, se la tuvo que envainar no pocas veces. A los empresarios les era muy fácil justificarse: no producían porque no podían importar materias primas que necesitaban. Lo cual, con la moneda local compitiendo a barrigazos en el torneo de los siete trampolines, era una puñetera verdad.

De todas formas, hay otro factor. Según el balance que haría el general Augusto Pinochet en las primeras semanas de su dictadura, la cifra de empresas nacionalizadas o intervenidas de forma significativa por la Unidad Popular rondó las 800. Casi todas ellas lo fueron desde el inicio del gobierno de la Unidad Popular hasta mediados de 1972. A partir de entonces, las nacionalizaciones se frenaron casi en seco. Un periodista tan poco sospechoso de ser crítico con Allende como Ted Córdova-Claure, en su libro Allende, No, reconoce que la clave de ese frenazo fue «la falta de autoridad de los interventores, en general tan sólo autoridades políticas, para imponer la necesaria disciplina de producción». 

Este balance nos dice dos cosas: una, que el gobierno ocupó la dirección de las empresas estatalizadas no con personas que supiesen lo que se hacían, sino que tenían la ideología, y tal vez las amistades, adecuadas. Dos, que esas personas o no pudieron o no quisieron evitar que las empresas cayesen en la turbia espiral de la cogestión de los trabajadores que, como sabemos bien por los pobres resultados de las industrias de guerra en la retaguardia republicana española durante la guerra civil, no suele funcionar lo que se dice bien.

El plan de estatalización, por lo tanto, chocó con dos cosas, ambas relacionadas, una vez más, con la sencillez de pensamiento con que Allende había enfrentado el problema: una, el hecho de que los obreros, cuando ven deteriorados los que consideran sus derechos, protestan; y tener que protestar contra un camarada no les detiene (a menos que ese camarada les condene a muerte, véase Stalin). Dos, que la Unidad Popular estuvo muy lejos de hacer una gestión modélica de las estatalizaciones, convirtiéndolas en cotolengos de comisarios políticos; ocupando puestos donde había que saber ingeniería con personas que lo que sabían era levantar el puño a buen ritmo.

Otro problema de las estatalizaciones fue la credibilidad de su situación provisoria. Con el tiempo, hasta Allende y sus análisis se dieron cuenta de que, en un país que era mayoritariamente burgués y de centro-derecha, el gobierno no podía ir por ahí anunciando la implantación del marxismo. Así pues, cuando las estatalizaciones comenzaron, el presidente se dedicó a decir que en Chile había sólo (¡sólo!) 91 empresas cuya nacionalización era necesaria, y que las demás que se interviniesen era ejercer un «control público transitorio», con la finalidad de devolverlas. Sin embargo, el hecho de que el volumen de empresas intervenidas fuese ocho veces el prometido no ayudó a que la gente creyese estas palabras. Y, además, a Allende le surgió otro problema, sempiterno problema: su izquierda. Los trabajadores de esas empresas que algún día se devolverían, azuzados por los grupos que gritaban «avanzar sin transar», la ultraizquierda que, le gustase o no al allendismo, formaba parte de él, se negaron. Lógico. Cuando has llegado a ser el cogestor de tu curro, ¿qué aliciente verás en que la empresa le sea devuelta algún día a Don Ramón?

En diciembre de 1970, el proyecto de la Unidad Popular había recibido un balón de oxígeno por su izquierda. Tras la muerte, en un enfrentamiento con comunistas, del universitario mirista Óscar Arnaldo Ríos, el MIR, que hasta entonces se había extrañado de la labor del gobierno, decidió adoptar una actitud más moderada, retirando presión sobre el Ejecutivo. Pero el gobierno, en realidad, registraba los problemas por su derecha. Muy pronto, la policía comenzó a informar de conspiraciones desmanteladas, como la Acción Parral, destinada a acojonar a los comerciantes con la inminencia de un saqueo por activistas de ultraizquierda, buscando sembrar el caos en Santiago; o las reuniones de ex combatientes rumanos de la segunda guerra mundial en la residencia de Luis Callis, al parecer miembro del Partido Nazi.

A pesar del balón de oxígeno, no creo que sea alejarse dramáticamente de la realidad que, de alguna manera, todos debieran aceptar, si decimos que la izquierda de Allende no dejó de ser nunca un problema para su proyecto. En Cautín, por ejemplo, tanto el MIR como el MCR, Movimiento Campesino Revolucionario, desoyeron las órdenes del gobierno de colaborar con una reforma agraria tasada, con sus decretos y sus cositas, y se aplicaron a ocupar fundos sí o sí (otra analogía con la España republicana, pues esto mismo fue lo que pasó, sobre todo, durante la primavera del 36). En Pucón, un agricultor, Ronaldo Martus, falleció tiroteado mientras protegía su propiedad. Las acusaciones sobre el gobierno se sucedieron con fuerza. El allendismo, por lo tanto, se encontró con el mismo problema con el que se encontró el Frente Popular en la España del 36: la acción de ésos de los que la historiografía de izquierdas, quizá porque no le cuadran demasiado en su visión de una República idílica, considera incontrolados, como si por tener dicha calidad ya el gobierno no tuviese la responsabilidad de controlarlos. En mi opinión, los intentos del gobierno de Allende por controlar a sus incontrolados fueron más sinceros; pero igual de inútiles.

Ciertamente, mientras el 18 de julio del 36, cuando la legalidad republicana entró en una fase bien distinta, muchos de quienes habían cometido los desafueros en defensa de la revolución, entre ellos los asesinos de Calvo Sotelo, seguían por la calle haciéndose pajas a gusto, en Temuco la Corte de Apelaciones se apresuró a abrir un proceso y una investigación de total seriedad sobre la muerte de Martus. Pero eso no detuvo al MIR-MCR. La Unidad Popular se empleó contra los ocupadores ilegales, pero no paró la espiral. Los mapuches consideraban aquellas ocupaciones como plenamente legales, por referirse a tierras que decían habían sido suyas. Y los propietarios (es decir, la derecha) pronto dejó de confiar en el que el gobierno le fuese a resolver el problema, y empezó a tomarse la justicia por su mano. 

La distancia entre Allende y el MIR se acreció; obsesionado con cumplir la ley, el presidente llegó a hacer algo que es anatema en las reformas agrarias revolucionarias: devolverle tierras a propietarios que, a los ojos de la ley, las habían perdido por motivos ilegales. Al mismo Temuco fue Allende a decir que los propietarios que hubiesen cumplido la ley (es decir, que hubiesen invertido en el bienestar de sus jornaleros) no tenían nada que temer. Pero para entonces la derecha no le escuchaba. En el área de Linares, durante la ocupación legal de una finca, un ingeniero agrónomo, Hernán Mery, fue enviado a parcelar el Purgatorio.

En medio de esta conflictiva puesta en vigor de la nueva economía, el humor del Congreso y el Senado, donde no olvidemos que la Unidad Popular está en minoría, es cada vez peor; más antigubernamental. Pero no por ello Allende decide cambiar el ritmo y transar. Buen conocedor de los vericuetos legislativos como ex presidente del Senado que es, Allende aprovecha estas esquinas y pequeños huecos para colar su política económica. Un ejemplo es el de la nacionalización de la banca, que ejecuta por medio de la Corporación de Comercio, que se va haciendo, paulatinamente, con las acciones de los ahorradores pequeños y medianos. Así, la banca termina siendo estatal sin haber tenido que pasar por el cuerpo legislativo para obtener el nihil obstat.

Más o menos del primer año de mandato data un grave error de la Unidad Popular. Salvador Allende, que ya hemos dicho era en 1970 un político fracasado, había intentado muchas veces llegar al gobierno sin conseguirlo; eso, y la enorme desigualdad social de Chile, había provocado en el presidente unas prisas enormes por descontarla. De hecho, en el Chile de Allende acabaron por aplicarse medidas de dudosa legalidad, como que tender una línea telefónica en el chalé de una persona rica fuese mucho más caro que en el apartamento de un barrio humilde. Pero, más allá de esa progresividad que le causó enormes problemas al gobierno, en el primer año de su mandato, subido a la grupa de un análisis económico que calificaremos de pobre por no ser bastante más rudos y despreciativos, decidió mejorar las condiciones del obrero mediante aumentos salariales hasta del 100%. 

Es bastante lógico pensar que Salvador Allende Gossens no se hablase con José Antonio Girón de Velasco, uno de los leones más rugientes del franquismo irredento. Lástima para el chileno, en todo caso. Si se hubiesen hablado, Girón le podría haber contado que a mediados de los cincuenta del siglo pasado a él, entonces ministro de Trabajo, se le ocurrió la misma idea. ¿Los obreros viven mal? ¡Pues que cobren un 25% más, y Arriba España! 

Arriba España, una polla. Girón le podría haber contado a Allende lo que pasó, que no fue otra cosa que lo que pasó en Chile. Más dinero es más masa monetaria,  más masa monetaria más inflación, inflación es espiral, y, al final, los precios suben un huevo más que los salarios. El obrero cobra un 100% más, pero es un 20%, un 30%, un 50% más pobre. Bull’s eye!

Para colmo, para cuando la inflación se desbocó por causa de estos aumentos salariales, el gobierno perdió los nervios y, en lugar de gestionar la masa monetaria, la multiplicó de modo y forma que algunos escritores de la época se quejan de que «el Banco Central se ha convertido en una imprenta». El exceso de efectivo en circulación era en 1970 de 12.000 millones de dólares. La Junta Militar, a las pocas semanas de llegar al poder (1973), lo valoró en 406.000 millones. Sic.

El allendismo provocó, en términos generales, un importante deterioro en el nivel de vida de los chilenos, también de los más humildes a los que defendía. Este hecho explica la enorme conflictividad que ha de llegar; explica los conflictos entre un gobierno marxista y los obreros que son su Luz; y explica que la Unidad Popular lleve a cabo, lo antes posible y echando mano de interpretaciones un tanto forzadas, el principal elemento en el que sabe que puede encontrar el acuerdo de todos los chilenos porque, lejos de estar situado en el terreno de las ideas económicas o sociales, se sitúa en el terreno del orgullo nacional.

El 12 de mayo de 1971, Allende propone al Congreso la nacionalización del cobre.